Este miércoles 12 de febrero tendremos el programa:
“La situación de las personas defensoras de los derechos humanos en El Salvador”.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.
Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)
Las Américas, 6 de febrero de 2025. Las organizaciones internacionales firmantes advertimos sobre el daño irreparable al acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno, que podría producirse de anularse la sentencia condenatoria contra cuatro altos mandos militares implicados en el Caso Molina Theissen, cuyos hechos datan de 1981.
El 23 de mayo de 2018 el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo C condenó a Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y por delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio de Emma Guadalupe Molina Theissen. Por este delito también se condenó a Francisco Luis Gordillo Martínez. El tribunal también encontró responsables a los exmilitares por la violación agravada en perjuicio de Emma Guadalupe Molina Theissen. Por ende, los señores Zaldaña Rojas, Callejas Callejas y Lucas García cumplen con una pena de 58 años de prisión, y el señor Gordillo Martínez de 33 años de prisión.
Este fallo representó un avance en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Molina Theissen en 2004 que condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada del niño Marco Antonio y le ordenó investigar los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. La condena de estos altos rangos militares representó un hito en la justicia transicional guatemalteca.
Sin embargo, los cuatro condenados no han cesado de presentar recursos legales maliciosos para quedar en libertad y lograr impunidad. Además, sus representantes legales y allegados han mantenido una campaña de desinformación, acoso y criminalización en contra de la familia Molina Theissen.
El jueves 6 de febrero se desarrollará una audiencia ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, para resolver los recursos de apelación especial contra la sentencia. De proceder los recursos, los procesos realizados y las sentencias corren el riesgo de ser anuladas, y los perpetradores verían garantizada su impunidad.
Advertimos que, en un contexto de debilitamiento de la institucionalidad democrática y cooptación del sistema de justicia, el riesgo de retrocesos para las víctimas y familiares que siguen exigiendo justicia, verdad, reparación y no repetición, es cada vez más alarmante en Guatemala. El Estado se arriesga además al desacato de la sentencia de la Corte Interamericana.
Reiteramos nuestra solidaridad con la familia Molina Theissen, ejemplo de dignidad y resistencia en su demanda de verdad, justicia y no repetición. Así mismo, hacemos un llamado al Estado de Guatemala para que cumpla las sentencias y resoluciones internacionales y ratifique la condena contra los cuatro militares responsables de los crímenes que se cometieron contra la familia Molina Theissen.
FIRMAN
Impunity Watch
Washington Office on Latin America -WOLA
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL
Guatemala Human Rights Commission -GHRC
Due Process of Law Foundation – DPLF
Robert F Kennedy Human Rights
Latin America Working Group – LAWG
La Defensoría de los Habitantes, desde el anuncio de la sustitución del programa de afectividad y sexualidad integral por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), realiza un análisis técnico sobre esta decisión, los criterios que les sustenta, la legalidad del acuerdo y estudiar las diferencias existentes.
Adicionalmente esta Defensoría ha realizado gestiones ante esa cartera para que remita toda la información necesaria que dio sustento al cambio de programa, las evaluaciones realizadas previo a la puesta en práctica del nuevo programa llamado Estudio de Educación para la Paz y la Convivencia y todo el material realizado a este caso.
“Como Defensoría venimos revisando una serie de aspectos de acuerdo con nuestra competencia. También requerimos conocer los contenidos del nuevo programa, el acta donde se tomó el acuerdo, los cambios realizados con respecto al anterior y a partir de este análisis técnico, valorar nuevas acciones a emprender”, dijo esta tarde la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
Incluso el día de ayer, personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Defensoría de los Habitantes, sostuvo una reunión técnica con grupos de organizaciones de la sociedad civil para conocer sus preocupaciones y observaciones, como parte del estudio que se realiza desde un enfoque de derechos humanos.
Comunicación
Defensoría de los Habitantes
El pasado lunes 3 de febrero el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó una moción presentada por el regidor suplente Jorge Mora Portuguez y la regidora propietaria Marta Corrales, suscrita además por los regidores Jorge Espinoza, Irene Salazar, Gustavo Campos, Jessica Mora y el síndico de San Pedro Sergio Rodríguez; donde se condena la decisión del gobierno de la República de eliminar el Programa para la Afectividad y Sexualidad Integral, los protocolos anti bullying y anti discriminación contra la población LGBTI+ en escuelas y colegios, así como la eliminación del Comisionado de la Inclusión Social.
En dicha moción también se manifiesta la oposición de este Concejo Municipal al aumento en las penas por interrupción del embarazo pretendidas por el Poder Ejecutivo; así como la utilización con fines político-electorales de estos temas.
Dicha moción que fue aprobada por 6 votos a favor y un voto en contra (PLN) dice lo siguiente:
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el programa de afectividad y sexualidad integral vigente en nuestro país desde el año 2012 ha sido muy exitoso, logrando la reducción de embarazos en adolescentes, al pasar de un 20% del total de embarazos en el 2012, a un 9% en el 2023.
SEGUNDO: Que el abordaje de la sexualidad de un modo integral, vinculado a la afectividad es una herramienta efectiva que supera la antigua visión de la educación sexual reducida a la “salud reproductiva”, incorporando elementos que son parte esencial de una sexualidad sana, como son el afecto, la autoestima, un enfoque de derechos humanos, entre otros.
TERCERO: Que la eliminación de este programa por parte del MEP, los protocolos anti bullying y antidiscriminación por orientación sexual en escuelas y colegios, así como la eliminación del Comisionado de la Inclusión Social, representan un grave retroceso que tendrá impactos muy negativos sobre la población adolescente de nuestro país.
CUARTO: Con independencia de la posición que tengamos en torno al aborto, rechazamos el aumento en las penas de prisión por esta causa. La criminalización y la persecución a las mujeres que interrumpen el embarazo, no solo las revictimiza, sino que también provoca que está práctica se realice en forma cada vez más clandestina y sin regulaciones, ni controles. Muchas niñas, adolescentes o mujeres víctimas de violaciones sexuales, de embarazos no deseados, o cuya vida corre riesgo por padecimiento de enfermedades relacionadas a embarazos, sufrirán sanciones penales en lugar de recibir atención y acompañamiento médico y psicológico.
QUINTO: Que estas decisiones del gobierno de la República tienen un fin claramente político electoral que procuran acercar a sus tiendas a sectores conservadores de la población, a costa de sacrificar el bienestar y el desarrollo integral de la juventud costarricense, y solo logran profundizar la polarización y crispación social ya existente en nuestro país.
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:
PRIMERO: Rechazar y condenar la decisión del gobierno de la República de eliminar el Programa para la Afectividad y Sexualidad Integral, los protocolos anti bullying y anti discriminación contra la población LGBTI+ en escuelas y colegios, así como la eliminación del Comisionado de la Inclusión Social.
SEGUNDO: Manifestar la oposición de este gobierno local al aumento en las penas de prisión relacionadas con el aborto, por no ser un medio eficaz para el abordaje de este tema, que provoca la revictimización de las mujeres, adolescentes y niñas que por diversas razones interrumpen el embarazo, y que además estas prácticas se vuelvan aún más clandestinas y fuera del control y regulación del sistema de salud.
TERCERO: Instar al Gobierno de la República a mantener y fortalecer el Protocolo de atención del bullying y contra la discriminación de la población LGBTI+, la Circular DM-024-05-2015 y la Circular DM-0040-07-2018, como herramientas esenciales para proteger a estudiantes en situación de vulnerabilidad, así como a mantener y fortalecer el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral que garantiza un abordaje de la sexualidad científico, laico y basado en los derechos humanos; así como mantener vigente al Comisionado de la Inclusión Social.
CUARTO: Instar a los demás gobiernos locales a pronunciarse en este mismo sentido y comunicar este acuerdo a los medios de comunicación, a las demás municipalidades, al Gobierno de la República, al Ministerio de Educación Pública, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial y a los medios de comunicación. Instruir a la Secretaría del Concejo la respectiva coordinación con el área de comunicaciones de la Municipalidad para los fines anteriores.
Intentan silenciarnos: represión contra la manifestación pacífica frente a Casa Presidencial
Bloque Verde. San José, 4 de febrero de 2025. Este miércoles, sectores ecologistas llevaron su acción directa no violenta frente a Casa Presidencial, con el fin de unirse en apoyo a la manifestación pacífica convocada por el movimiento estudiantil contra las más recientes políticas del Chavismo costarricense.
Amparados en el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, el sector ecologista sumó a la marcha un perifoneo contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, y las políticas de destrucción ambiental que ha impulsado como jerarca de esta importante cartera.
Pocos minutos después de iniciada la acción, oficiales de tránsito y de la fuerza pública se acercaron al conductor del tumbacocos y, sin justificación alguna, le exigieron abandonar la manifestación de inmediato. Ante este amedrentamiento, los manifestantes se agruparon en un círculo alrededor del vehículo para impedir que se lo retiraran sin razón alguna.
Acto seguido, los oficiales entregaron una multa al conductor, quien contaba con todos los permisos requeridos para realizar su labor comercial de perifoneo y para circular por las calles de San José. El motivo de la multa fue “irrespetar las instrucciones del oficial de tránsito”, quien le exigía al conductor mover el vehículo, a pesar de que el camino estaba completamente bloqueado por los manifestantes, lo que hacía imposible que pudiera hacerlo.
No conforme con esta acción, al finalizar la manifestación, oficiales de tránsito esperaban al conductor con grúas, aparentemente con el interés de quitarle el vehículo y dejarlo sin su herramienta de trabajo. Ante esta situación, valientemente, los estudiantes rodearon el tumbacocos y lo acompañaron hasta las instalaciones de la Universidad, evitando que el vehículo fuera retirado.
No contentos con el amedrentamiento, oficiales del Poder Ejecutivo ingresaron al recinto universitario con la intención de perseguir el tumbacocos. Sin embargo, poco después fueron obligados a salir de la Universidad. No obstante, los reportes desde la Sede de la UCR en San Pedro indican que la policía permaneció en las salidas de la universidad, esperando presumiblemente la salida del vehículo y su conductor, en clara actitud intimidatoria.
Denunciamos el claro amedrentamiento y la persecución ciudadana por parte del Poder Ejecutivo. No cederemos ante la intimidación. Continuaremos defendiendo el derecho a la protesta y exigiendo acciones reales para proteger el medio ambiente y el futuro del país.
Cabe destacar que esta acción de perifoneo se viene realizando desde el viernes pasado, cuando un grupo de manifestantes del Bloque Verde recorrió las principales calles de la capital (3-2-25, Bloqueverde).
¡No nos callarán!
Comunicado
El Instituto Regional de Estudios en sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) se pronunció ante el anuncio realizado por el Ministerio de Salud de modificación al decreto 38924-S “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”.
Investigadores piden ampliar discusión técnica de los valores máximos admisibles de contaminantes y sus implicaciones para la calidad del agua para consumo, salud humana y ambiental. Asimismo, hace las recomendaciones para prevenir la contaminación de este recurso.
Transcripción del pronunciamiento con respecto al borrador MS-AJ-CB-2932-2024 para la modificación del DecretoEjecutivo No. 38924-S:
En atención al principio precautorio y al de no regresión en materia ambiental, el Instituto Regional deEstudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, solicita a la señora Ministra de Salud detener la modificación del decreto 38924-S “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”, debido a la necesidad de ampliar la discusión técnica de los valores máximos admisibles de contaminantes como el plaguicida clorotalonil, sus metabolitos y otros compuestos químicos, y de las amplias implicaciones que este cambio normativo tendría en la calidad de las aguas de consumo humano, la salud humana y ambiental.
Esta solicitud se hace considerando que:
− La modificación propuesta debilita la legislación para la protección de la calidad del agua, ya que convierte el valor de admisibilidad a un valor de alerta. En el caso de los metabolitos del clorotalonil, esto resulta en unaumento de las concentraciones permitidas por un periodo indefinido.
− Bajo el principio de no regresión ambiental, la normativa no debería retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. Esto considerando que la Constitución Política de Costa Rica consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derechohumano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. Instamos a mantener el carácter preventivo que impulsó al Estado Costarricense a adoptar estas premisas en sus leyes.
− Aunque reconocemos que el decreto busca operacionalizar una estrategia para la gestión de riesgo ante eventos por contaminación de plaguicidas en el agua, creemos que estos procedimientos deben ser producto de un análisis multidisciplinario e intersectorial, incluyendo a la academia. En este sentido, por parte del IRET estamos en total disposición de aportar insumos científicos a un equipo de trabajo para esta temática, tal como lo hemos hecho con anterioridad.
− El IRET ha publicado diversas investigaciones en las que se han calculado riesgos significativos a la salud yal ambiente por exposición a plaguicidas en distintas regiones del país, considerando diversas fuentes de exposición, un aspecto que este decreto no considera.
Recomendamos, para prevenir la contaminación y los riesgos a la salud pública y ambiental:
− Fortalecer las políticas estatales para la reducción del uso de sustancias peligrosas, con metas yprocedimientos cuantificables. Por ejemplo, fomentar la política agrícola integral para la reducción del usode agroquímicos, incrementando el apoyo técnico al sector agrícola y con un plan para la prohibición de ingredientes activos de alta peligrosidad, reconocidos a nivel internacional.
− Mantener la legislación actual sobre límites admisibles y crear un plan para la atención de emergencias por contaminación de aguas que considere sistemas de evaluación y gestión de riesgo, mediante un abordaje multidisciplinar y con tiempos definidos en los cuales la población recibirá agua por encima del valor máximo admisible y por debajo del Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR).
− Establecer una ruta de trabajo para el monitoreo de agua por contaminación de plaguicidas, y la remediación de cuerpos de agua contaminados, que incluya un análisis de las fuentes de contaminación, el transporte y eldestino de los contaminantes, así como la revisión de las medidas de protección y seguimiento a estos cuerpos de agua.
Aclaramos que el IRET no se pronunció durante el periodo de la consulta pública que el Ministerio de Salud publicó sobre la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S ‘Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable’, debido a que coincidió con el receso institucional del fin de año de la Universidad Nacional.
Atentamente,
Comisión de Académicos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
El caso de la CCSS es de honda preocupación por las situaciones que se han dado en cuanto a la falta de una adecuada gestión pública en seguridad social.
El estilo de la Presidencia Ejecutiva deja mucho que desear, ya que en materias claves como contratación administrativa no se siguen los principios básicos en esa área. De igual manera, la falta de citas rápidas y oportunas, la ausencia de programación eficiente y eficaz, la toma de decisiones casi en secreto, el no tener propuesta para plazas médicas, el sistema de citas en forma anacrónica, el no presentar un verdadero plan de desarrollo futuro, la carencia de obras como el hospital de Cartago y no pensar acciones para mejorar los servicios, dicen mucho sobre la situación.
La situación se ha agudizado en alto grado, que era algo existente, pero lo paradójico es que antes de enfrentar esas adecuadamente esas anomalías se hace lo contrario.
La ausencia de estructura idónea y de políticas sustantivas pone a la institución en mayor indefensión, en alto grado.
A esto hay que agregar que la Junta Directiva en muchos casos ha perdido el espacio que debería tener. Las personas pensantes fueron sustituidas por otras que solo obedecen a las directrices superiores sin revisar los fundamentos que debería tener esta institución.
Es necesario debatir no sobre medidas inadecuadas, sino que en los próximos años se dé un verdadero rescate.
Esto, en función del derecho a la salud para fortalecer la vida humana y el bienestar que debe ser fundamento de una sociedad democrática.
La otra lección es que la Ley de la CCSS en los próximos años debe ser modernizada con un manejo racional, con equidad, donde la cima estratégica sea dirigida para personas competentes con una adecuada ética pública propia de este sector.
Este planteamiento lo hago en miras de ser un país de real bienestar, viviendo en las condiciones adecuadas que hemos mantenido y como producto de un Estado Social de Derecho.
Comunicado
Las Feministas del Abya Yala nos pronunciamos para denunciar que las mujeres política y socialmente activas en Irán corren especial riesgo de ser detenidas, torturadas y encarceladas. Verisheh Moradi y Pashkan Azizi, fueron condenadas a muerte por el Tribunal Revolucionario de Teherán, en procesos sin resguardo jurídico adecuado.
Como feministas internacionalistas, nos dirigimos a los gobiernos de Abya Yala, de Europa, África y de Medio Oriente, para que intervengan con urgencia evitando estas ejecuciones, y exigiendo la libertad de todas las presas y presos políticos en Irán, que cesen las torturas y que se garanticen condiciones de vida dignas para sus pueblos, y en particular para las mujeres.
Nos dirigimos también a todas las feministas del mundo, para que realicemos acciones públicas frente a las embajadas de Irán y a las cancillerías de nuestros países, exigiendo el cese de las ejecuciones y la libertad de las compañeras.
Nuestras luchas no tienen fronteras.
Jin Yijan Azadi. Mujer. Vida Libertad.
Más información: https://www.instagram.com/feministasdelabyayala/reel/DFqPwFnRkKD/
Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.
Luego de realizar un detallado análisis de la propuesta de reforma al Decreto Ejecutivo N.o 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 12 de enero de 2015, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, instó a las autoridades competentes a reconsiderar su decisión en cuanto al aumento en los límites de plaguicidas permitidos en el agua potable para consumo de la población.
Así lo hizo saber mediante un pronunciamiento, en el cual esta casa de estudios superiores mostró su preocupación, pues de aprobarse el proyecto se modificaría el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, para introducir nuevos Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo, los cuales superan ampliamente los límites establecidos en la normativa nacional actual.
Para la Universidad de Costa Rica, la propuesta que salió a consulta por parte del Poder Ejecutivo, permitiría que el agua potable en el país contenga niveles alarmantes del plaguicida clorotalonil, prohibido desde 2023 por su clasificación como cancerígeno y detectado en numerosas fuentes de agua. En consecuencia, la reforma podría exponer a la población al consumo de agua con mayores concentraciones de residuos de pesticidas, lo que representa un potencial riesgo para la salud pública.
Adicionalmente el Órgano Colegiado señaló la importancia de especificar cómo se abordarán las dificultades técnicas para determinar los valores de riesgo para la población y, en consecuencia, cómo se garantizará la implementación ágil de medidas de control.
El decreto propuesto presenta una deficiencia técnica, ya que no establece los mecanismos con los cuales estas metodologías serán definidas. Esto es especialmente crítico cuando se detectan múltiples residuos químicos en una muestra de agua.
Para los integrantes del Consejo Universitario es importante contar con las regulaciones y normativas rigurosas, así como actualizadas para garantizar la calidad y seguridad del agua potable, protegiendo así la salud pública.
Para este Órgano, estas normativas deben basarse en evidencia científica, aplicar el principio precautorio y asegurar un monitoreo constante, permitiendo la detección y mitigación de riesgos para la población.
El plenario se solidariza con las comunidades que actualmente enfrentan la exposición a plaguicidas en su agua de consumo, reconociendo los riesgos que esto supone para la salud y bienestar.
Comunicado
Pronunciamiento emitido el pasado 31 de enero exige al Gobierno de la República cumplir con la transferencia del presupuesto ordinario aprobado. Esta es la transcripción del acuerdo:
CONSIDERANDO:
El pasado miércoles 27 de noviembre de 2024, por unanimidad, el Plenario Legislativo de Costa Rica, aprobó en segundo debate el expediente 24535, denominado LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, el cual fue publicado en el ALCANCE NO 197 A LA GACETA N 230 Año CXLVI del viernes 6 de diciembre del 2024.
Esta ley incluye el presupuesto nacional para las universidades públicas para el año 2025 y contempla un aumento de 2,0% para el financiamiento del próximo año del Fondo Especial para la Educación Estatal (FEES).
En dicho texto se establece:
Reconocer al Fondo Especial Para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) 2025, un ajuste del 2% sobre el FEES acordado para 2024, como variación del poder adquisitivo de la moneda, tomando como referencia la meta de inflación establecida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el informe de Política Monetaria de julio 2024. Dicho ajuste corresponde a un monto de ¢11.521.740.110, monto que se sumará a la transferencia corriente del FEES 2025 y formará parte de la base de negociación del FEES 2026, tal y como dicta la Constitución Política en el artículo 85.” (Expediente 24.535, p. 99).
Además, en el dictamen del expediente 24535, según el ARTÍCULO 7- Normas de ejecución presupuestarias se señala lo siguiente:
Se insta al Consejo Nacional de Rectores (Conare), por medio de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), a priorizar un modelo de gestión institucional de resultados basado en indicadores que les permitan medir el fin público para el cual fue creada cada universidad. Asimismo, sea este modelo el mecanismo de seguimiento de la ejecución de los recursos asignados mediante el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) y otras transferencias realizadas mediante el presupuesto nacional de la República.
Para ello, informará a la Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN los avances trimestrales del cumplimiento de los indicadores y metas de la programación presupuestaria, quien remitirá un informe a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios del cumplimiento de esta disposición.
Se insta al Consejo Nacional de Rectores (Conare) a fomentar, a través de sus programas de acción social, procesos de sistematización para la gestión del conocimiento sobre buenas prácticas aplicadas en los sectores de mayor demanda laboral en el mercado empresarial de Costa Rica, con la finalidad de que las universidades públicas ajusten su oferta académica a los requerimientos nacionales en materia de empleabilidad e innovación para así incrementar la cantidad de graduandos en las áreas de mayor demanda laboral, para lo cual remitirá informes de seguimientos sobre estas iniciativas al Consejo Superior de Educación, quien analizará y emitirá las recomendaciones pertinentes.
Según el oficio CNR-751-2024 del 20 de setiembre de 2024, el monto que le corresponde a la UNA del aumento del FEES en un 2% es de ¢2.053.131.479.
De acuerdo con lo establecido en Plan de Mediano Plazo Institucional 2023-2027, este presupuesto se destinará a la vinculación de los ejes transversales de Responsabilidad Social, Inclusión y Equidad, Compromiso Social, Regionalización, Innovación, y Creación simbólica, cultural y artística. Este se fundamenta en tres ejes estratégicos de largo plazo, cada uno con su respectivo objetivo estratégico a largo plazo, y contiene prioridades institucionales, que dan un objetivo estratégico a mediano plazo para el ejercicio 2023-2027.
Asimismo, se priorizará el apoyo en materia de vida estudiantil, mediante el reforzamiento de las becas estudiantiles con especial atención en aquellas destinadas a la población estudiantil en condiciones de pobreza y pobreza extrema, la movilidad e internacionalización y la vinculación con el quehacer académico como espacio de formación profesional,
Además, este presupuesto se enfatizará en consolidar la excelencia y la pertinencia académica, mediante el fortalecimiento de recursos para la apertura de nuevas carreras en ámbitos de la oferta en ciencia, tecnología, ingenierías y matemática (STEM) y aquellas ofertas de estudio de alta empleabilidad y demanda laboral, de igual forma a través de recursos para el apoyo a la acreditación de carreras y el equipamiento científico-tecnológico y pedagógico, promoviendo la asignación de recursos de operación e inversión a las sedes regionales y campus universitarios, orientados al mejoramiento de la infraestructura física disponible, adquisición de equipos tecnológicos, mejoras en las condiciones de vida estudiantil y la excelencia académica.
De manera puntual el incremento del 2% del FEES en el caso de la Universidad Nacional se proyecta para la ejecución de manera mayoritaria en las siguientes acciones:
• Asignación de becas y apoyos socioeconómicos para estudiantes de menos ingresos.
• Dotación de recursos para apoyar la apertura de carreras nuevas y aumento de cupos de estudiantes de primer ingreso.
• Asignación de recursos de inversión y operación para el fortalecimiento de las Sedes y Campus Regionales.
Y partidas presupuestarias que de no ser giradas por el Ministerio de Hacienda provocaría limitaciones significativas para asignar becas a los estudiantes que requieren este apoyo para poder ingresar y permanecer en la UNA, dado que provienen de hogares de menores ingresos, así como, resultaría una clara afectación al fortalecimiento de las Sedes Regionales.
Pese a ser un mandado del Poder Legislativo, en declaraciones a los medios de comunicación emitidas por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, asegura que congeló un 2% de ese fondo, equivalente a ₡11.522 millones que corresponde al aumento que aprobaron los diputados el año anterior. (Semanario Universidad, 2025)
De no girarse ese dinero se afectarían de forma significativa las ayudas estudiantiles de becas, horas estudiantes, programa de movilidad estudiantil, el apoyo e impulso de mayor matrícula para las carreras nuevas y recursos para mejorar las capacidades operación e inversión en Sedes, Sección regional y Estaciones experimentales entre otras necesidades.
La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a las personas de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar el desarrollo sostenible. Por ello la Universidad Nacional reitera su compromiso con la educación, con los valores sociales y con el bienestar de la sociedad costarricense para seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva.
Exigimos al gobierno de la República cumplir con lo establecido en la Constitución Política, a cumplir con la ley de presupuesto 2025 aprobado por la Asamblea Legislativa, a no lesionar más los derechos de la ciudadanía y a respetar la autonomía universitaria y garantizar el estado social de derecho y la institucionalidad de nuestro país.
POR TANTO, SE ACUERDA:
A. EXIGIR AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, PUBLICADA EN EL ALCANCE NO 197 A LA GACETA NO 230 AÑO CXLVI DEL VIERNES 6 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE TRASLADAR A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EL PRESUPUESTO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN SU INTEGRALIDAD. ACUERDO FIRME.
Atentamente,
M.Sc. Steven Oreamuno Herra
Presidente del Consejo Universitario
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica