Después de la brutal agresión contra compañeros(as) bribris que están recuperando su territorio, en la finca usurpada por Rafael Salas Salazar, cinco compañeros(as) ya fueron atendidos(as) en la clínica de Buenos Aires y se encuentran bien, los nombres son:
Minor Ortiz Delgado
Mariana Delgado Morales
Elena Ortiz Rojas
Oscar Rojas Ortiz
Agritina Delgado Rojas
Se reportan agresores detenidos, por ahora no se conocen sus nombres.
El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) suma 30 años de existencia, periodo en el cual, ha evidenciado su compromiso con las razones que motivaron su existencia y que continúan guiando su trabajo.
La desigualdad, la discriminación y el rezago han acompañado la vida de las mujeres a lo largo de la historia, pero esa realidad fue reconocida mundialmente hasta que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró la década de 1975 a 1985 como el decenio de las mujeres.
Tras la celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México, los estados miembros de la ONU se comprometieron a iniciar un proceso de cambio que favoreció la legitimación de las luchas que mujeres en todo el mundo venían desarrollando.
El movimiento feminista en Costa Rica y el resto de Centroamérica también había emprendido sus procesos de organización para exigir demandas concretas que tomaban mayor fuerza cada día, en medio de un efervescente contexto regional.
La declaratoria de la ONU hizo un llamado al sector académico y particularmente a las universidades, para que contribuyeran con la construcción de instancias especializadas, así como programas de grado y pregrado que estudiaran la realidad de las mujeres.
El llamado tuvo impacto en todo el mundo y a partir de 1980 empezaron a consolidarse esfuerzos académicos en Europa y Estados Unidos. En 1887, la UCR se sumó a la iniciativa con la creación del Programa Institucional Interdisciplinario de Estudios de Género (PRIEG), adscrito a la Escuela de Psicología.
La unidad tuvo a cargo la coordinación e integración de las numerosas experiencias de investigación, docencia y acción social que se desarrollaban en la institución desde los años 70`s, con el objetivo de generar conocimiento sobre la condición que experimentaban las mujeres en el país.
Un año más tarde, el PRIEG se convirtió en un programa permanente de la institución, adscrito a la Vicerrectoria de Docencia y fortaleció la ejecución de importantes espacios de reflexión y debate, e incluso, en 1992 dio lugar a la Maestría en Estudios de Género.
El programa se adscribe al Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) y se imparte por primera vez en 1993, con lo que se consolida como el primer espacio académico de su tipo en toda América Latina y el Caribe. La Maestría promueve más tarde, la creación de una Red Centroamericana de Programas de Estudios de Género y de la Mujer.
En 1999, la UCR cierra las funciones del PRIEG para dar lugar a la consolidación del actual CIEM; las competencias otorgadas incrementaron las posibilidades de incidencia de la unidad y marcaron el inicio de procesos investigativos, académicos y de acción social con mayor autonomía e impacto social.
Las académicas fortalecieron más que nunca sus vínculos de trabajo con los grupos de mujeres en las diferentes localidades del país y generaron investigaciones que a partir de datos concretos evidenciaron la necesidad de consolidar legislación con perspectiva de género.
Desde entonces, el CIEM cumplió un papel clave en la formulación y aprobación de legislación y políticas públicas como la Ley de Igualdad Social de la Mujer, La Ley de Violencia Doméstica, la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y la Ley de Paternidad Responsable.
Las pequeñas acciones cotidianas y también los grandes logros han evidenciado el compromiso del CIEM con la construcción de una sociedad más justa, en la que las oportunidades sean equitativas y ninguna voz sea silenciada.
Una importante participación en el debate público, la preparación de mujeres que nutren la labor de instituciones públicas en temas de género y la consolidación de alianzas con 23 universidades alrededor del mundo, son solo algunas de las iniciativas que evidencian un norte claro en la labor de la unidad.
Lejos de intentar favorecer a un solo sector de la población o tratarse de una agrupación exclusivamente de mujeres, el colectivo feminista es cada día más diverso y reconoce abiertamente, la necesidad de seguirse fortaleciendo para atender los desafíos actuales.
Muchas de las demandas que motivaron el origen de la lucha feminista en el país y en el resto del mundo siguen pendientes y conquistas consolidadas en el pasado amenazan con revertirse, una realidad que obliga al movimiento a mantenerse vigilante.
El camino nunca ha sido fácil y la lucha sigue activa desde las calles y desde las aulas universitarias, una sinergia denominada activismo desde la academia que casi nunca ha sido respaldada o al menos bien valorada.
Pero el movimiento feminista sabe que la desaprobación es natural, cuando se lucha contra el sistema social establecido y se proponen otras formas de pensamiento, que cuestionan comportamientos, evidencian injusticias y incluso, perjudican los intereses que quienes ostentan el poder.
Hoy, tras 30 años de haber legitimado esta lucha desde la Universidad de Costa Rica, las mujeres que han liderado la labor del CIEM reconocen el valor de los logros alcanzados pero aún más, de la necesidad de seguir adelante con una misión que está lejos de ser cumplida.
La psicóloga Nora Garita Bonilla lideró los procesos de trabajo del CIEM como directora de la unidad del 2012 al 2016.
La socióloga Montserrat Sagot Rodríguez se desempaña desde el 2016 y hasta hoy como directora del CIEM.
La psicóloga Mirta González Suárez nutrió la labor del CIEM a lo largo de su carrera profesional y fungió como primera directora de la Maestría en Estudios de Género.
Laura Guzmán Stein, es trabajadora social y fungió como coordinadora del PRIEG de 1989 a 1999. Posteriormente, se convirtió en la primera directora del CIEM de 1999 al 2006.
Teresita Ramellini Centella, es psicóloga y tuvo a su cargo la dirección del CIEM del 2006 al 2012.
Más de 700 proyectos en ejecución, servicio social y programas de formación continua y abierta, definen a una Universidad que es para todos
Entrevista a Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social
Dentro de la formación integral y humanista que se desarrolla en la Universidad de Costa Rica desde la década de los años setenta, la acción social está integrada en el currículo de todas las carreras que se imparten mediante los proyectos de Trabajo Comunal Universitario (TCU).
La Vicerrectoría de Acción Social es la instancia académica encargada de facilitar la relación entre la Universidad de Costa Rica y la sociedad, de manera que la Institución pueda cumplir efectivamente con el propósito de contribuir con las transformaciones que se necesitan para el logro del bien común. La interacción permanente por medio de la acción social le permite a la Universidad construir nuevo conocimiento, entender y atender necesidades, escuchar demandas y enriquecer su labor, en estrecha relación con la comunidad.
Y precisamente sobre esa interacción de saberes entre la UCR y la sociedad en este 2017, conversamos con la Mag. Marjorie Jiménez Castro, quien está al frente de dicha Vicerrectoría.
–¿Cuál es el peso, la relevancia, de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) dentro del engranaje de la Universidad de Costa Rica?
Mag. Marjorie Jiménez Castro: El quehacer de la Acción Social tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos y también con el modelo de Universidad que aspiramos. Por eso es parte de la formación integral que se otorga en las diferentes disciplinas impartidas en la institución. La acción social es un eje que atraviesa todo el quehacerde la UCR, la docencia y la investigación; busca contribuir de manera solidaria y dialógica con los más diversos sectores del país, especialmente con aquellos con menores oportunidades.
Nuestra acción social posibilita una construcción dialógica entre la Universidad y los más diversos sectores sociales de nuestro país, pero sobre todo los vulnerabilizados. Es una oportunidad para que docentes y estudiantes se acerquen a otras formas de conocimiento que se aprehenden, cuando salimos de las aulas universitarias e interactuamos con las realidades nacionales. Con esta oportunidad crece la universidad y las comunidades en un aprendizaje mutuo.
Desde la Acción Social hablamos de solidaridad, del bien común, de fortalecer los grupos y comunidades excluidas y con menos oportunidades, de generar procesos de liberación y el desarrollo de las capacidades comunitarias. Esas son principalmente las comunidades y grupos sociales con los que queremos compartir desde las ciencias sociales y desde todos los ámbitos del quehacer universitario.
– ¿Cuáles ideas han sostenido su gestión durante este tiempo al frente de la VAS?
MJ: Mi gestión no se encuentra fuera de la controversia y de las ambigüedades a las que se enfrenta la acción social o la extensión universitaria en las muchas universidades latinoamericanas en la actualidad.
Con la extensión no solo se busca vincular los procesos de enseñanza y creación de conocimiento con los grandes problemas nacionales y necesidades de los sectores populares de la sociedad, sino que ha permitido articular proyectos políticos-académicos que implican una manera de hacer universidad.
Tenemos en la actualidad dos modelos principales de hacer acción social o extensión en la mayoría de los países latinoamericanos, uno que sostiene que todas las actividades que se hacen son extensión: por ejemplo, la difusión cultural, divulgación científica y transferencia tecnológica. El otro es una mezcla de las ideas de la educación popular y la investigación-acción-participación o extensión crítica en algunas universidades uruguayas o extensión popular en universidades brasileñas.
El III Congreso Universitario marcó un camino para la Vicerrectoría, se trata de aprender, formarnos mutuamente y compartir conocimientos. María Eugenia Dengo, vicerrectora de Acción social de 1974 – 1976, indicaba que “el contenido característico de la acción social ha de ser la interrelación con la sociedad costarricense, que sustente y dé sentido a la Universidad y a la que por lo tanto, la Universidad se debe. No es simplemente el criterio de proyectarse a la sociedad o de realizar extensión de las aulas hacia ella. Es trabajar de cara a la sociedad en labor recíproca de dar y recibir y de enriquecer continuamente el contenido de Acción Social”.
–¿Cuáles son los principales logros alcanzados desde que usted asumió el cargo?
MJ: Los logros alcanzados han sido producto de una serie de esfuerzos e iniciativas colectivas, han participado comunidades, estudiantes, docentes de todas las unidades académicas, funcionarios y funcionarias de la VAS. Por ello quisiera reconocer algunas de esas acciones formuladas y ejecutadas por los responsables de cada instancia:
Para empezar, la VAS brinda acompañamiento, talleres y asesorías a nueve programas de Acción Social, 116 proyectos de Extensión Cultural, 453 de la Sección de Extensión Docente (292 de Educación Permanente, 67 Servicios especiales y 94 de Trabajo en comunidad) y 156 proyectos de Trabajo Comunal Universitario. Esta labor cotidiana es fundamental para el desarrollo de los proyectos.
“La máster Jiménez es una persona que ha impulsado sobre manera la acción social en las comunidades del Golfo de Nicoya y ha impulsado proyectos en regiones altamente vulnerables», así se refirió a ella el rector Henning Jensen Pennington, al nombrarla en el puesto en mayo del 2016. Jiménez se había desempeñado como Directora de la Sede del Pacífico de la UCR.
Específicamente quisiera resaltar algunos proyectos de las diferentes secciones que cumplieron una labor muy importante durante este año 2017:
El 2017 constituyó para la Vicerrectoría de Acción Social, y en general para la Universidad de Costa Rica, un año de grandes logros en el trabajo junto a Pueblos Indígenas. Las acciones del Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas permitieron la realización de tutorías académicas a más de 400 estudiantes de décimo y undécimo año, de 11 colegios en territorios indígenas. Esta acción institucional fue posible mediante el trabajo conjunto entre la Universidad y las comunidades educativas de los colegios. Asimismo, se apoyó a 33 estudiantes de primer ingreso provenientes de territorios y pueblos indígenas en su proceso de adaptación a la vida universitaria.
Un hecho relevante para el 2017, fue el avance en la conformación de una Red Institucional para el trabajo con Pueblos Indígenas. La creación de esta Red permitirá a la Universidad tener una instancia que articule los diferentes proyectos de Acción Social y de otras vicerrectorías que se llevan a cabo en territorios, lo cual facilitará espacios de intercambio entre las iniciativas y un mejor uso de los recursos institucionales.
ED-74 “Atención Psicosocial ante situaciones de desastres y emergencias”, de la Escuela de Psicología”. Brinda atención psicosocial frente a emergencias y desastres ocurridos en la Universidad de Costa Rica y a nivel nacional cuando la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y atención de Emergencias lo convoca.
ED- 3207 “Construyendo un Modelo de Gestión Educativa Territorial” de la Escuela de Administración Educativa, el cual genera herramientas y un estilo de educación desde lo no formal en líderes y lideresas de Upala, además de emprender las acciones que se implementarán en el marco de recuperación del Huracán Otto.
TCU – 596 “Apoyo a la gestión local comunitaria en Costa Rica” de la Escuela de Geografía, el cual entrega a las organizaciones de base de las comunidades, la valoración integral de su espacio rural realizado mediante vinculo estratégico con la Asociación de Desarrollo Integral u organizaciones de productores comunitarios.
TCU-509 “Prevengamos los riesgos ante los desastres”, de la Escuela de Trabajo Social. El proyecto consistía en la gestión del riesgo de la localidad y el fortalecimiento de la gestión articulada entre diversos actores locales e institucionales.
TCU-486 “Contribución a la conservación y revitalización de la cocina tradicional costarricense”, de la Escuela de Nutrición, cuyo objetivo fue contribuir con acciones educativas, de investigación-acción, difusión y producción de materiales diversos sobre la cocina tradicional costarricense.
EC-408 – “Diversidad lingüística” es un proyecto que trabaja en documentar y revitalizar de las lenguas indígenas costarricenses.
El programa PROIN que como proyecto nació en el año 2009 para ofrecer a la población con discapacidad cognitiva moderada, la oportunidad de incluirse en el ambiente universitario a través de cursos libres que les permite cumplir con su derecho a la educación continua y a su desarrollo personal y social con dignidad. Un logro de la VAS fue la consolidación de este proyecto como Programa Institucional, lo que ha convertido a nuestra universidad en líder de la inclusión de personas con discapacidad, para convertirnos en la Universidad para realmente todos y todas.
El Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) se ha posicionado como un referente a nivel nacional e internacional en temas relacionados con la vejez y el envejecimiento, particularmente en lo que respecta a la educación para mayores. Razón por la cual participó durante el 2017 en distintos espacios vinculados al Ministerio de Salud Pública, Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional de Rectores, Encuentro Mundial de Zonas Azules, intercambio internacional con la Universidad de Alicante PUAM-UA y la Universidad de Extremadura;
Las “Iniciativas Estudiantiles” reunieron este año un total 26 propuestas. Las poblaciones con las cuales se trabajó fueron: población joven e infantil (60%), mientras que el 40% de los proyectos trabajaron con personas adultas. Se logró la consolidación del grupo de jóvenes «Liderazgo juvenil Salitre», el fortalecimiento de la RED de colectivos de mujeres de occidente y culminación de exposición fotográfica «Mujeres transformando espacios» en el Museo de San Ramón y la articulación con gobiernos locales, como Tucurrique y Curridabat (por medio de la Casa del Pueblo en Granadilla).Mediante la Resolución VAS-08-2016 sobre Trabajo Comunal Universitario, proyectos de Extensión Docente y Extensión Cultural y en coordinación con el despacho de la Ministra de Educación, se busca fortalecer la educación secundaria en el país.
Para la vicerrectora de Acción Social, el trabajo y el compromiso de los diferentes funcionarios y funcionarias de la VAS, hace posible que la UCR se acerque a las diferentes comunidades y poblaciones del país en una construcción mutua de conocimientos. Fotografía: Archivo VAS-UCR.
Los trabajos comunales afines a la temática educativa, así como otros proyectos de la VAS como Tutoría Indígenas, Habilidades para la vida de la Facultad de Educación, trabajan no solamente en reforzar los contenidos en materias de alto índice de exclusión escolar, sino que se realizaron actividades lúdico-creativas que benefician el desarrollo integral de los estudiantes de secundaria y de los universitarios. Durante el 2017, la Vicerrectoría de Acción Social cuenta con 177 proyectos de TCU, ED y EC en el tema educativo para un aproximado de 316 mil horas anuales dedicadas a este fin.
La Sección de Extensión Cultural tuvo a cargo la organización de una serie de actividades culturales y académicas en torno a la celebración de las declaratorias Por la Madre Tierra del año 2016 y Las Universidades públicas por la Vida, el diálogo y la Paz del 2017.
Se ejecutaron 20 proyectosde Fondos Concursables VAS. Estos proyectos se formularon desde unidades académicas, como Ciencias básicas, Agroalimentarias, Salud, Ciencias, Artes y Letras, instituto Clodomiro Picado, Centro Investigaciones Agronómicas, Sede del Caribe, del Pacífico y Recinto de Golfito.
Los proyectos abarcaron prácticamente todas las regiones y provincias del país, y beneficiaron a poblaciones diversas, como comunidades indígenas, niños y niñas sordas del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, poblaciones de Puntarenas, maestros y maestras de territorios indígenas, agricultores orgánicos, consumidores, productores y procesadores de savia del coyol, docentes de preescolar y primaria del MEP de Golfito, mujeres participantes del Programa Estilos de Vida Saludable, estudiantes de colegios públicos, mineros del Distrito de la Sierra, mujeres en la dinámica de tráfico de drogas, población nativa y migrante de las regiones bananeras.
Se creó la Comisión interdisciplinaria por la justicia penitenciaria (CIJPE) como resultado del proceso de trabajo con el Ministerio de Justicia y Paz, desde la Unidad de Programas Institucionales y en conjunto con las Escuelas de Psicología, Antropología, Trabajo Social, Química, Ciencias Políticas, la Facultad de Derecho y proyectos de iniciativas estudiantiles.
El proyecto Habilidades para la vida es uno de los campos de trabajo de acción social, en conjunto con la Facultad de Educación, dirigido a jóvenes de secundaria de zonas alejadas del Gran Área Metropolitana, que ha venido a incrementar notablemente sus opciones de ingresar a la educación superior pública. Fotografía: Archivo ODI-UCR.
Los Campamentos de Desarrollo Humano, hacia el acceso universal de la educación es una propuesta intersedes, que se realizó durante los meses de enero, febrero y marzo 2017 en la Sede de Guanacaste, la Sede de Occidente, la Sede de Caribe, la Sede de Turrialba, la Sede de Pacífico, así como los Recintos de Golfito, Guápiles, Santa Cruz, Paraíso y Grecia. Se ofrecieron 355 a una población directa 4041 personas en el marco de 355 actividades educativas. Las temáticas fueron diversas, temas de medio ambiente, campamentos de marimbas y de conservación de murciélagos, y un campamento de trompetas.
Foro de Acción Social hacia la universidad de los saberes, por el bien común se inscribe como parte de las actividades de conmemoración de los 100 años de la Reforma de Córdoba y es un gran esfuerzo realizado por 46 unidades académicas que han reflexionado sobre su quehacer y el de las VAS. Se ha generado una histórica cantidad de materiales sobre la acción social y su papel en la Universidad. Solamente la unidad de Comunicación de la VAS generó más de 20 videos sobre el tema.
–En su criterio, ¿cuáles aspectos del quehacer de la Vicerrectoría de Acción Social se deben fortalecer?
MJ: Podría mencionar algunos aspectos señalados por las unidades y que comparto:
– Debemos superar la excesiva tramitología y dar paso a procesos más sencillos y fluidos. A partir del próximo año, iniciaremos con la puesta en marcha de una manera diferente de trabajar desde la VAS, espero que esta manera de trabajo contribuya a solucionar estas dificultades.
– Debemos fortalecer el reconocimiento a la labor de la acción social, me parece fundamental darle el mérito a quienes dedican su trabajo para que esta institución se siga considerando, por las comunidades y por muchos grupos sociales, humanista y solidaria. Desde la VAS debemos insistir y dar herramientas para la sistematización del conocimiento generado fuera de las aulas universitarias y revisar las evaluaciones aplicadas para el puntaje que se asigna. También creo que las unidades académicas deben, de acuerdo con sus planes de desarrollo y competencias, asignar más recursos a la acción social.
– Mayor claridad de todos los que participamos en este vínculo universidad – sociedad, sobre los alcances y lo que definitivamente no es Acción Social.
– Formación y preparación académica de los proyectistas de Acción Social en temas fundamentales para el desempeño en este pilar universitario.
–¿Cuántos proyectos de Acción Social se encuentran en etapa de ejecución?
MJ: Por medio de la acción social se defiende la universidad pública, a través de más de 700 proyectos presentados por docentes y estudiantes de las más diversas unidades académicas, por medio de los programas de Acción Social como PROIN, PIAM, KIOSKOS AMBIENTALES, PEA, entre otros.
Estamos desarrollando una Unidad de graduados y graduadas, lo primero es contar con una base de datos para tener información actualizada sobre la población graduada. Este es un primer vínculo que nos ha permitido recibir insumos de estas personas con solicitudes, propuestas y ansias de volver a estar en contacto con la Universidad.
Se inició la estrategia institucional Red Alumni UCR, la cual pretende enlazar el trabajo de las diferentes Unidades con la población graduada para dar atención integral, al tiempo que se recupere la especificidad de cada área, desde metodologías colaborativas. Desde esta red se realizará un plan de trabajo para una primera etapa de acercamiento con la población graduada durante todo el 2018.
Adicionalmente, como proyecciones, estamos planteando levantar una estrategia de apoyo profesional a comunidades (Consultorios) junto con la Unidad de programas institucionales de Acción Social. En la misma línea, estaremos incorporando a la población graduada a los proyectos que se desarrollan en las comunidades y abriendo espacios para la incorporación de grupos artísticos, deportivos y recreativos de ex alumnas-os que quieran volver a ser parte de la Universidad.
Otro proyecto importante es la Escuela de Verano organizada por la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, la UNA y la UCR. Esta escuela de verano de Extensión Universitaria y Acción Social será́ un espacio de formación, para docentes y estudiantes de universidades Latinoamericanas, que permita teorizar y discutir sobre los abordajes teórico-metodológicos de la Acción Social, la producción de conocimiento, los procesos organizativos, reivindicativos y de interacción con las comunidades, las cuales también serán participantes de la Escuela.
Con la Escuela de Verano y con el Manifiesto sobre el posicionamiento político de la Acción Social, concluiremos un foro histórico para nuestra institución justo en el marco de la celebración de la Reforma de Córdoba. Uno de los nuevos conceptos que se deberán incluir en las agendas políticas de las universidades de América Latina, será sin duda el de Acción Social o Extensión Crítica.
El tercer proyecto que desarrollaremos desde la VAS durante el 2018 es la EXPO UCR en las regiones, como parte de la celebración del año de la Regionalización. Cada sede universitaria organizará, en el marco de esta conmemoración y en colaboración nuestra, la presentación de los proyectos académicos importantes para las regiones y el país. Aprovecharemos el año de la Regionalización para hacer un reconocimiento al docente que se haya destacado en la Acción Social con el otorgamiento del premio María Eugenia Dengo.
–¿Cuáles son los principales derroteros de la acción social hacia los que la UCR se está enrumbando?
MJ: Las contradicciones que tenemos a lo interno, cómo enfrentarlas y cómo continuar, nos motiva a organizar una reflexión institucional que oriente nuestro quehacer hacia una construcción participativa de lo que debe ser Acción Social en la UCR, esa es la razón principal por la que organizamos un foro en el 2016 y que concluye con la visita de Boaventura de Sousa Santos en abril del próximo año.
Debemos repensar y revisar cómo funciona la Vicerrectoría de Acción, desde la estructura funcional, hasta los conceptos que estamos manejando. Si bien es cierto la Vicerrectoría nace como una Vicerrectoría de Acción Social, mantenemos ideas extensionistas que debemos superar, sobre todo en un contexto que cobra mayor importancia el trabajo en redes y no la departamentalización de los saberes y los espacios.
Algo similar ocurre en las unidades académicas cuando prevalece el interés por lo académico, sin tomar en cuenta las necesidades del otro. Por esta razón, nos hemos dado a la tarea de analizar, desde la Vicerrectoría, las comunidades y las unidades académicas, la manera en cómo estamos formulando proyectos, sobre las herramientas metodológicas y administrativas utilizadas, la forma en cómo queremos acercarnos y reconocer a las comunidades, el concepto de la Acción Social que debemos utilizar para ser coherentes con los principios y valores institucionales. Este enorme trabajo nos lleva a redefinir y reivindicar la acción social y lo que esto significa para una universidad estatal como la nuestra.
Otra gran tarea es continuar motivando, facilitando y apoyando a las unidades académicas, para que incluyan en sus agendas de trabajo en red y de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, la atención de grandes problemáticas nacionales como: el fortalecimiento de la educación en nuestro país por medio de los Campamentos de Desarrollo Humano y el TCU, la inclusión de los pueblos indígenas, la accesibilidad y oportunidades para la población con discapacidad, los consultorios universitarios, solidarios y gratuitos, los derechos humanos, el desarrollo comunitario y fortalecimiento global, la salud, el arte, las tradiciones, el desarrollo ambiental sostenible y la socio productividad.
–¿Qué cantidad de recursos han sido asignados en este último año a la acción social?
MJ: Para el año 2017, el presupuesto ordinario para la Acción Social de la Universidad de Costa Rica asciende a ¢ 7,908.4 millones, el cual corresponde a los recursos del Fondo de Educación Especial para la Educación Superior (FEES) que se destinan para fortalecimiento de la acción social, divulgación e información.
Dentro de la estructura programática de la Universidad de Costa Rica, el presupuesto de la Acción Social se distribuye en los procesos de Divulgación e información, el cual incluye un presupuesto de ¢4,126.4 millones, distribuidos entre los tres medios de comunicación institucional, el Semanario Universidad, las Radioemisoras, el Canal UCR, así como la Oficina de Divulgación e Información.
Por otro lado, las actividades de apoyo para la acción social se distribuyen principalmente en el aporte de recursos para el desarrollo de proyectos de extensión docente, extensión cultural o trabajo comunal universitario, así como las unidades de apoyo de la Vicerrectoría para el desarrollo de los mismos, financiamiento para las colecciones y museos y recursos para la convocatoria de fondos concursables para la acción social, cuyo presupuesto total asciende a ¢2,818.4 millones.
Se destina, también un presupuesto para el teatro universitario (¢97.3 millones), para el Centro Infantil Laboratorio, entre otros (¢313.2 millones), así mismo, la institución mantiene el presupuesto correspondiente a los compromisos adquiridos y que a la fecha se encuentran en proceso de liquidación, cuyo monto asciende a un presupuesto de ¢553 millones.
En lo correspondiente a la distribución de ₡260.000.000,00 (doscientos sesenta millones de colones) de la línea estratégica de regionalización, esta Vicerrectoría utilizó, ₡90.388.909,98 en 14 proyectos inscritos mediante el programa de Regionalización de la Vicerrectoría de Acción Social, que impulsa la formulación de proyectos en las regiones del país, con el fin de lograr objetivos específicos de desarrollo local en un período determinado, en una localización específica delimitada, con un impacto esperado y una forma integral de abordar el desarrollo humano. ₡93.859.805,29 se distribuyeron en los Campamentos de Desarrollo Humano, Encuentros Comunitarios, Etapas Básicas de Música, el Plan Maestro Upala para la atención del Huracán Otto, proyectos y programas que atienden lo sucedido con la Tormenta Nate, así como otros apoyos adicionales a proyectos inscritos en la Vicerrectoría. Finalmente se otorgaron ₡80.000.000,00 (ochenta millones de colones) para nombramientos de docentes que tienen a cargo proyectos en las sedes.
En estos días de celebración cristiana de la Navidad se ha dado a conocer la decisión del Gobierno norteamericano de Donald Trump de trasladar la Embajada de ese país en Israel, que está en la ciudad de Tel Aviv, a la ciudad de Jerusalén y de esa manera, aceptar esa ciudad también como capital de Israel. Esta decisión arbitraria viola el carácter neutral de Jerusalén, que la ONU ha mantenido desde hace casi 70 años, por ser una ciudad compartida entre judíos, musulmanes, cristianos y armenios, y tener para todos ellos una especial relevancia histórica religiosa.
Jerusalén es una ciudad con cuatro barrios: El más grande de ellos palestino musulmán, seguido por el palestino cristiano y luego por el palestino judío y armenio. En cada uno de esos barrios se ubican los templos más importantes de cada una de las tres comunidades religiosas.
En la parte judía, está el conocido Muro de los lamentos y el templo del Sancto sanctórum, que es el recinto más sagrado del judaísmo en el mundo. En la parte cristiana, compartida por los armenios, está la Iglesia del Santo Sepulcro que es el más importante sitio de los cristianos del mundo. En la parte musulmana está la Iglesia del santuario de la Cúpula de la Roca, donde los musulmanes veneran el ascenso a los cielos de su principal figura, y la Mezquita de Al-Aqsa, igualmente sitio de importancia mundial del islamismo.
El jefe del Gobierno israelí ha saludado la decisión de Trump e invitado a la comunidad de naciones del mundo a seguirlo y convertir a Jerusalén en una ciudad judía unilateral y violatoriamente sobre las otras dos religiones presentes en esa ciudad. Por casi 70 años ha prevalecido la neutralidad de la ciudad de Jerusalén y el impedimento de que ni Palestina ni Israel pueden tomarla como capital y por eso hasta ahora todas las embajadas del mundo estaban en Tel Aviv.
Al no existir ningún pronunciamiento oficial por parte del Gobierno de Costa Rica, se está caucionando esta insensatez condenada por la Unión Europea, Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional de manera casi unánime.
Por tanto,
La Red de Solidaridad con Palestina de Costa Rica, formada por personas y organizaciones sindicales, sociales y políticas diversas, condena esa irrespetuosa y violatoria decisión del Gobierno norteamericano de aceptar convertir a Jerusalén en una ciudad de una sola religión, judía, y de una capital de un Estado judío. Jerusalén debe ser la expresión de la convivencia que Palestina tuvo en el pasado de albergar a judíos, cristianos y musulmanes y no ser apropiada por una de esas religiones contra el simbolismo y creencias de las otras que la comparten.
Demandamos del Gobierno de Costa Rica se pronuncie condenando esa decisión del Gobierno del señor Trump y haga un vehemente llamado a que se respete la neutralidad de esta ciudad santa para las Tres comunidades mundiales religiosas. Costa Rica debe unirse al resto del mundo en contra de la decisión de EU de declarar a Jerusalén la capital de Israel.
Demandamos la afirmación del Gobierno de Costa Rica de no seguir el mal ejemplo de trasladar nuestra Embajada en Tel Aviv a Jerusalén.
Invitamos a un mitin pacífico de protesta frente a la sede de la Embajada norteamericana este jueves 21 de diciembre a las 3:00 p.m. para protestar por la decisión del Gobierno de Donald Trump de trasladar a Jerusalén su representación diplomática y legitimar las pretensiones del Gobierno israelí de adueñarse de esta ciudad convirtiéndola en su capital.
Dada en San José, Costa Rica, el 17 de diciembre de 2017
Red de Solidaridad con Palestina C.R/Pablo Hernández Arias, Coordinador Provisional/phdezarias@gmail.com
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota de SURCOS Catástrofe ambiental inminente en Gaza.
En una producción de Radio Machete, espacio que se transmite mediante Radio U, el consultor ambiental Allan Astorga señaló la necesidad de estudios científicos para fundamentar las obras que realiza el AyA en Sardinal de Guanacaste. Dudas en torno al caudal en la época no lluviosa así como en relación con el diámetro de la tubería utilizada y la cantidad de líquido que puede transportar generan cuestionamientos de parte del experto.
En un audio compartido por Giovanny Brenes, productor del espacio radiofónico, Astorga expone acerca de desarrollos inmobiliarios autorizados en administraciones anteriores y que hoy forman parte de la «herencia» que está presente en este conflicto. Le invitamos a escuchar el audio con la entrevista.
Alejandro García Valerio nos comparte un video acerca del Conflicto de Agua en Sardinal, Guanacaste en el que un vecino de la comunidad relata cómo su hijo, quien es menor de edad fue detenido y agredido por la policía de manera injusta.
Este miércoles 20 de diciembre a las 4 p.m. se llevará a cabo el Encuentro de Libre Expresión Solidaridad con Honduras en el Parque Morazán.
Será una jornada cultural e informativa de libre expresión, en solidaridad con el pueblo hondureño, que vive una situación de violencia y represión por parte del Estado. Tras el fraude del reciente viciado proceso electoral y el auto-golpe militar, el actual gobierno pretende perpetuar la criminal dictadura.
Se unirán voces, cantos, bailes y otras expresiones artísticas en un solo clamor: ¡FUERA JOH! ¡ALTO A LA REPRESIÓN! ¡ABAJO LA DICTADURA!
“Te invitamos a que te expreses en este encuentro, que es un canto a la vida”. Movimiento de Solidaridad con Honduras
Organizado por Centro de los Amigos Cuáqueros para la Paz; FECOU – Frente Ecologista Universitario; Asociación Costarricense de Derechos Humanos – Acodehu; Juventud Vanguardista Costarricense; Quilombo Laceuna; Partido Obrero Socialista CR (POScr).
Tormenta Nate deja al descubierto debilidades estructurales que requieren atención
Costa Rica no es un país sostenible
El rastro de dolor, muerte y daños que dejan eventos como la tormenta Tropical Nate (2017), el huracán Otto (2016), los terremotos de Sámara en Guanacaste (2012) y de Cinchona (2009) en Alajuela, así como el deslizamiento de Calle Lajas en el cantón de Escazú (2010) y en el Bajo el Cacao de Fátima de Atenas (2007), dejan en claro que existen vacíos en materia de gestión del riesgo y el análisis que hacen las voces expertas de la Universiad de Costa Rica permiten afirmar que Costa Rica no es un país sostenible.
Costa Rica está ubicada en un escenario de multiamenaza. Es afectada de forma recurrente por fenómenos sísmicos y volcánicos, como también de manera frecuente por fuertes lluvias. Aunado al impacto social, las expectativas futuras de desarrollo se ven frustradas cada vez que una de estas emergencias azota a nuestra nación.
Solamente la tormenta tropical Nate dejó 117 rutas nacionales afectadas, 423 puentes dañados, 113.000 hectáreas de producción agrícola anegadas, 26 centros de salud, siete escuelas impactadas y la muerte de 14 personas, según los datos de la Comiisón Nacional de Emergencias (CNE), con pérdidas que superan los $380 millones.
Algunas autoridades nacionales catalogaron a la tormenta Nate (2017) como uno de los eventos más intensos y destructivos, sin embargo, diferentes especialistas de la Universidad de Costa Rica no coinciden con esta posición. Nate no fue el más intenso sino sólo uno de los más destructivos por el aumento de la vulnerabilidad. Expertos de la UCR insisten que no se debe responsabilizar a la naturaleza del impacto de los desastres, al momento de delimitar las razones que ocasionan el verdadero impacto se evidencia que las causas son el crecimiento urbano desmedido e informal, el inadecuado ordenamiento del territorio y un tema de gobernanza, entre los factores más recurrentes.
Compartimos la posición de las voces expertas de la Universidad de Costa Rica sobre los principales problemas así como las opciones viables y urgentes para disminuir su impacto.
Efectos de Tormenta Nate no se puede atribuir al cambio climático
Para los investigadores del Centro de Investigaciones Geofísicas (Cigefi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Hugo Hidalgo León y el Dr. Eric Alfaro Martínez, los factores físicos que influyeron en el impacto de Nate fueron su posición con respecto al istmo centroamericano y su velocidad.
«El ciclón tropical Nate estaba posicionado de una forma tal que jalaba la humedad desde el océano Pacífico hacia el mar Caribe, con la particularidad de que ese aire húmedo y caliente que venía del Pacífico hacia tierra adentro se encontró con la cadena montañosa y provocó un temporal muy fuerte en la vertiente del Pacífico costarricense», comentó Alfaro. Además, la velocidad de desplazamiento del sistema era lenta y provocó que ese flujo siguiera entrando tierra adentro durante mucho tiempo. «Entre más dure el temporal, hay mayor acumulación de precipitación y mayores son los impactos desde el punto de vista físico», explicó Hidalgo.
La tormenta Nate ocurrió en una época en la que el istmo está expuesto a estos fenómenos hidrometeorológicos. De acuerdo con los estudios del Cigefi, el 71 % de los ciclones tropicales que ocurren cerca de América Central se producen durante los meses de agosto, setiembre y octubre, se trata de eventos esperables.
Otro factor mencionado por los físicos es que los ciclones tropicales responden a la variabilidad natural. «Hay años en los que las condiciones favorecen la aparición de ciclones tropicales y otros en los que no. Este año, el Atlántico tropical circundante a nuestra región estaba comparativamente más cálido que el Pacífico circundante a nuestra región», afirmó Alfaro, quien explicó que en los estudios realizados han encontrado que la calidez del agua es un factor que favorece la aparición de ciclones tropicales principalmente en la cuenca del Caribe, cerca de América Central.
Los científicos consideran que no se puede afirmar qué corresponde a la variación natural y al cambio climático, pues tendría que analizarse un período en el cual se puedan observar cambios o tendencias, y no a partir de un evento particular que ocurrió en cierto momento. Por tanto, no hay evidencia científica de que los ciclones tropicales en el Caribe y cerca de América Central estén aumentando o estén disminuyendo, según los investigadores.
A criterio de Hidalgo y de Alfaro, los impactos de estos fenómenos tienen muchas aristas, las cuales tienen que ver con la vulnerabilidad de la población debido principalmente a que el ordenamiento territorial no es el adecuado.
«Lo único que podemos hacer es ordenamiento territorial, y por supuesto, mejorar los sistemas de alerta para evitar impactos al menos en vidas humanas», expresó Hidalgo. Sin embargo, en la realidad son los mismos cantones y distritos del país los que reportan emergencia tras emergencia más impactos por la recurrencia de ciclones tropicales en el Caribe. Una evidencia más de que se puede y se debe planificar los riesgos.
«Si bien es cierto no hay evidencia estadística de que estén aumentando los ciclonestropicales cerca de América Central, cada año se reportan más impactos por laocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos en la región. Esto quiere decir que laexplicación de esa tendencia positiva no es física, sino socioeconómica y ambiental, ypor eso es fundamental el ordenamiento territorial«, concluyó Alfaro.
Visión desde la sociología: impacto de eventos naturales cuestionan el actual modelo de desarrollo
Aunque la Tormenta Tropical Nate que impactó el país el pasado 5 y 6 de octubre es sin duda un fenómeno natural, sus efectos evidencian también orígenes o causas sociales que plantean la necesidad de replanteat el modelo de desarrollo.
Allen Cordero, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), recuerda que los efectos adversos de diversos fenómenos naturales alrededor del mundo son favorecidos por estilos de vida insostenibles con el medio ambiente. “Quienes dominan el mundo no quieren cambiar la política dominante y ven como positivo el desarrollo económico sin cuestionamientos”, afirmó Cordero.
Tales modelos de desarrollo no solo priorizan la dinámicas de producción y consumo de una sociedad claramente desigual, sino que también ocasionan que los sectores en condición de exclusión social sean los más afectados por estos acontecimientos. Cordero explica que, las poblaciones más vulnerables tanto a nivel rural como urbano se colocan en las zonas más riesgosas y donde fenómenos como Nate generan un impacto más constante y contundente sobre las vidas humanas.
“Viven a orillas de ríos, en terrenos con pendientes muy pronunciadas o con muchas fallas, porque son los lugares más accesibles económicamente, o incluso, llegaron ahí vía toma de tierras o invasiones, porque no les queda otro remedio” denuncia el académico.
Tales poblaciones carecen de pólizas que respondan por los daños o de ingresos suficientes para reponer lo perdido, pero además, antes de que terminen de recuperarse se exponen a convertirse nuevamente en víctimas de otros desastres que los condicionan a una sobrevivencia cada vez más precarizada.
Cordero asegura que para tratar de mitigar los efectos de estos fenómenos es necesario iniciar una lucha socio-política que cuestione este sistema económico que no sólo es insostenible, sino que también genera una distribución desigual de sus efectos.
Lejos de la implementación de políticas asistencialistas tras las emergencias, se plantea la necesidad de una planificación económica y social inclusiva y participativa, que tome en cuenta las demandas de las poblaciones en riesgo, e incluso, sus recomendaciones para la atención de las zonas más vulnerables.
Tal participación de la ciudadanía no sólo involucraría la transmisión de vivencias personales, sino también, de una memoria social que permita conocer las modificaciones que se han hecho a los territorios o los resultados obtenidos con determinadas prácticas productivas.
“Prevenir a mediano y largo plazo requiere negociación de diversas fuerzas sociales y políticas, atender desastres es muy importante pero no debe limitarse a políticas para la atención de emergencias” concluyó Cordero.
Análisis desde la geografía para estudio de Nate incluye el componente humano
El paso de la tormenta tropical Nate evidenció la vulnerabilidad del país en materia de gestión del riesgo. Sin embargo, los investigadores de la UCR consideran que esta es una buena oportunidad para que a futuro se puedan implementar acciones más efectivas, tomando en cuenta las lecciones aprendidas en esta tormenta y en fenómenos anteriores.
Desde el ámbito de la Geografía, el MSc. Francisco Solano Mata y la Dra. Isabel Avendaño Flores aseguran que los efectos de Nate deben analizarse desde tres escalas: 1) la atmosférica y espacial, 2) la relación entre la movilidad del evento y el efecto orográfico de nuestro sistema montañoso y 3) la de orden territorial.
En la escala atmosférica, los expertos describen que Nate se extendió desde la costa de El Salvador hasta la costa de nuestro país, y que además –por su dinámica de movilidad –fue capaz de potenciar el desplazamiento de una gran cantidad de humedad atmosférica que se distribuyó de manera abundante en torno a nuestra vertiente pacífica (precipitaciones de 500mm).
Ambos expertos coinciden en que la movilidad del evento, sumada al efecto orográfico de nuestro sistema montañoso, hizo que la precipitación intensa sobre el relieve fomentara el aumento significativo del caudal de los ríos y la activación de procesos de remoción en masa y erosión intensa en las laderas. Esta situación aumentó la carga de los materiales acarreados por los ríos y quebradas, lo que provocó el colapso de puentes, carreteras e inundaciones en algunos lugares de la región pacífica.
Aunque el impacto del fenómeno de Nate involucró un gran conjunto de situaciones, entre ellas: el efecto de la localización geográfica del itsmo, la época del año, la ubicación de la zona de convergencia intertropical, las condiciones climatológicas y del efecto del sistema montañoso, los investigadores afirman que el impacto de Nate puede ser explicado por una tercera causa: el componente humano.
“Se debe considerar como una tercera razón, la escala del orden territorial, es decir el efecto que tienen las actividades humanas en el espacio, como por ejemplo la ubicación de viviendas, desarrollos inmobiliarios y aperturas de vías en zonas de dominio de los ríos y costas, situaciones que son muy recurrentes en el país y que ya han sido vividas y documentadas por efectos de fenómenos similares como Juana en 1998 y César en 1996”.
Lecciones que aprender
Desde la perspectiva de los investigadores, el país debe mejorar en materia de gobernanza y lograr la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial al 2040, una política pública que fue creada con el objetivo de fomentar la planificación de los gobiernos locales en materia de gestión del riesgo.
Ante este panorama, los expertos consideran que el estado debe tomar en serio la propuesta y ejercer un efecto vinculante y obligatorio en todas las escalas (nacional, cantonal, local y personal) de las herramientas que provee la Política Nacional de Gestión del Riesgo al 2030.
Otro punto que mencionaron, es la implementación por parte de las autoridades de una política de “cero tolerancia a la corrupción y al tráfico de influencias”, una práctica, que en su opinión, les ha permitido a muchos empresarios y constructoras desarrollar proyectos inmobiliarios y de vivienda en zonas de riesgo o espacios que no cumplen con la normativa.
Por último, los expertos de la UCR afirman que es urgente fortalecer la comprensión educativa de los ciudadanos en materia de geografía, donde se incluyan los diferentes ámbitos de acción (nacional, regional, local e individual).
Emergencia pone en jaque planificación del territorio
Durante los últimos 40 años, la mancha urbana se ha triplicado. Según datos del Estado de la Región y del Estado de la Nación del 2016, en Costa Rica, su capital y zonas periféricas, se pasó de 15.000 ha en 1995 a más de 20.000 ha en 2014, lo que representa un crecimiento del 46,5%, en una década. De 1975 a 2014 el crecimiento fue de un 157,5%, lo que hace visible la acelerada expansión que se ha dado en esta zona.
En términos demográficos también se dio un marcado crecimiento. Entre 1984 y 2011, la población de los cantones que conforman la GAM pasó de 1.288.082 a 2.268.248 personas.
Estos datos, sumados al casi nulo ordenamiento del territorio, generan crecientes niveles de riesgo para la población, la infraestructura pública y privada y las actividades económicas que se desarrollan en esos territorios, lo que se traduce en pérdidas económicas y humanas cuando ocurren desastres.
Para el Ing. Luis Zamora González, coordinador de Produs, una de las principales razones que provocan importantes impactos, como los ocasionados por la tormenta Nate, es la deficiencia que tiene el país para lograr un adecuado ordenamiento del territorio.
El proceso de ordenamiento territorial tiene como una de sus herramientas la planificación y como instrumento el plan regulador. En un país como Costa Rica es importante contar con este tipo de guías que permitan decidir la manera más adecuada para el crecimiento urbano.
Cuando se realizan los diagnósticos se obtiene información indispensable dentro de la cual se incluyen zonas de riesgo y amenazas que puedan afectar a las poblaciones que habitan en estos lugares. Esto es un insumo para que los gobiernos locales tomen decisiones al respecto. Los planes reguladores dan lineamientos y buscan establecer el correcto uso del suelo y así evitar problemas para las poblaciones que habitan en esas zonas.
“Mucho de lo que se ha hecho en el país no tiene una planificación de ese tipo porque no todos los cantones tienen un plan regulador, entonces hay una deficiencia inicialmente en cómo crecemos. Aparte de que, cuando está el instrumento para ejecutarse hay problemas políticos, pues a pesar de que se hace entre una parte técnica y la administración municipal, al final lo aprueba el Concejo Municipal”.
En la actualidad hay 31 cantones con un plan regulador vigente, sin embargo, no es un plan cantonal, si no de carácter parcial: 18 cantones sin plan regulador, 11 con el plan en proceso y 21 cantones sin plan regulador, pero con algún proceso iniciado.
Según explicó Zamora, las condiciones socioeconómicas de la población tienen como consecuencia que las personas ocupen zonas de riesgo para habitarlas y si no se encuentran soluciones tempranas, los asentamientos suelen hacerse más grandes, agravando la problemática y los posibles impactos.
Un ejemplo de esto es la invasión de los cauces de los ríos, que aunque existe legislación que crea zonas de protección, aun así las personas construyen en estos lugares, lo que pone a la población en condición de vulnerabilidad.
El impacto de los desastres en la capital responde a debilidades en el control de los usos de la tierra en los márgenes de los ríos, deficiencias en el manejo de residuos sólidos, impermeabilización de suelos y el mal estado y antigüedad del sistema pluvial
¿Cómo mitigar esos impactos?
Para mitigar el impacto de futuros eventos hidrometeorológicos, el Ing. Zamora fue enfático en decir que el país debe invertir en el análisis y la investigación que ofrezca datos para solucionar los problemas antes de que ocurran otros eventos similares o mayores a la tormenta Nate o al huracán Otto, por mencionar los más recientes.
En este sentido, es recomendable hacer inventarios de las poblaciones que se encuentran en zonas de riesgo, con el objetivo de re asentarlas o buscar las alternativas necesarias.
En los casos en que el re asentamiento no fuera posible, Zamora manifestó que se pueden hacer estudios a partir de modelos y posibles escenarios para así establecer sistemas de alerta temprana, que se activen cuando se alcancen las condiciones límite.
Crecimiento urbano
Crecimiento urbano no valora naturaleza geológica nacionalnaturaleza geológica nacional
La tormenta Nate, así como otros fenómenos naturales como el huracán Otto, han dejado al descubierto que las características geológicas no son incorporadas en los procesos de desarrollo y de gestión del riesgo en Costa Rica, a nivel municipal, institucional, gubernamental y educativo.
A criterio de los expertos en Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR), el responsable del impacto de estas lluvias no fue tanto el cambio climático, sino la intervención humana. Un ejemplo claro fue el hecho que no se presentaron deslizamientos masivos, sino casos puntuales de mal manejo de aguas y construcciones informales en la margen de los ríos.
El problema radica en que las características del suelo y geológicas no son criterios tomados en cuenta en el desarrollo urbano. A este factor se une una desordenada ocupación del terreno en pendientes fuertes y áreas de deslizamiento, áreas de depositación aluvial (sedimento), llanuras de inundación en ríos y quebradas.
En Costa Rica existe una formación geológica reciente y, por tanto, muy dinámica. A lo largo del territorio se localizan pendientes muy fuertes, suelos poco resistentes, fuerte humedad y rocas alteradas. El suelo busca su equilibrio por medio de un proceso natural que se denomina denudación del relieve, que consiste en el desprendimiento de la corteza provocada por la acción erosiva.
Por ello, ante eventos extremos como fue la tormenta tropical Nate, los suelos tienden a ceder. Hay suelos más susceptibles que otros. El problema se agrava con la intervención humana mediante la deforestación y un desarrollo urbano desordenado sin tomar en cuenta las características geológicas.
Ocupación informal
Tras la realización de más de 180 inspecciones para valorar el impacto de Nate por parte de especialistas de la Escuela Centroamericana de Geología de la UCR, corroboraron el crecimiento alarmante de la ocupación informal, aunado a la poca o nula supervisión del desarrollo del territorio por parte de las municipalidades. Estas, además, no cuentan con instrumentos suficientes para regular el uso del suelo y la construcción de infraestructura pública y privada bajo condiciones seguras o de riesgo aceptable.
Nate dejó en evidencia la actual condición de vulnerabilidad nacional, no solo en los centros urbanos, sino también en las zonas rurales, donde la construcción informal prolifera y en la mayoría de los casos bajo condición de alto riesgo.
Así lo señala Rolando Mora Chinchilla, geólogo de la UCR, quien enfatiza que el impacto de la tormenta se convirtió en un repaso de las zonas afectadas años atrás. “Es un repaso cada vez más doloroso, ya que Nate nos demuestra que no aprendimos la lección de eventos extremos que datan del siglo pasado, como fue el impacto indirecto de los huracanes Juana, César y Mitch. Las mismas zonas son afectadas pero con un claro aumento de la vulnerabilidad social”, advierte.
En la actualidad se cuenta con tecnología avanzada como la información satelital, perforadoras y sistemas de información geográfica, entre otras. Sin embargo, no es aplicada por parte de los sectores encargados de tomar las decisiones. “La emergencia demostró que hay un retroceso que está pasando la factura”, puntualiza Mora.
De acuerdo con datos del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la UCR, de los 133 cuadrantes en que ha sido dividido el país, solamente 30 cuentan con mapas geológicos a escala 1:50.000, equivalente al 22 % de la cobertura total. Lo anterior evidencia que se carece de más de tres cuartas partes de la información fundamental para realizar los planes reguladores, el manejo y la protección de los recursos naturales, entre otros factores.
Giovanni Peraldo Huertas, profesor e investigador de la Escuela de Geología señala la urgencia de mejorar la base cartográfica de Costa Rica para contar con mapas detallados e incorporarlos en los planes de ordenamiento territorial.
Es necesario, puntualiza Peraldo, “la existencia de herramientas básicas, como los mapas de áreas de inundación, inventario de laderas inestables y mapas geológicos, a una escala adecuada que permita contribuir en la implementación del ordenamiento territorial”. Para ello, se requiere que los gobiernos locales incorporen en su planilla a profesionales especializados en la gestión del riesgo, entre ellos, los geólogos, puntualizó.
Resalta, además, que las instituciones encargadas de la gestión del riesgo deben ser apolíticas. Al respecto, el director de la Escuela Centroamericana de Geología, Mauricio Mora Mora, coincide con este planteamiento.
Sostiene, además, que el Gobierno debe avanzar hacia la creación de un Servicio Geológico que permita concentrar y gestionar todo lo relativo a los recursos geológicos (agua, minería, entre otros), así como liderar los procesos de ordenamiento territorial con base en los procesos geológicos.
Mora subraya que “la geología es un tema transversal en el proceso de desarrollo de un país y desde la Escuela de Centroamericana de Geología tenemos que hacer ver ese papel de la Geología en la sociedad”.
El principal reto es el posicionamiento de la Geología en la cultura costarricense como una disciplina fundamental, a nivel de municipal, institucional, gubernamental y educativo, concluyen los expertos.
Inundaciones brindan beneficios, pero Costa Rica no sabe cómo aprovecharlos
Por lo general se suelen ver las consecuencias negativas que provocan las inundaciones en el ámbito humano. Sin embargo, este fenómeno natural, que a primera entrada podría considerarse perjudicial, permite la renovación natural del suelo, su fertilización con numerosos nutrientes y nuevas capacidades productivas. Este hecho hace que Costa Rica posea un proceso agrícola y ganadero sostenible en el tiempo, que se logra mediante uno de sus aliados más importantes: los ríos.
De acuerdo con el Ing. Rafael Oreamuno Vega, director del Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible (Ciedes) de la Universidad de Costa Rica (UCR), los ríos son claves para desarrollar importantes funciones ecológicas, ambientales, biológicas y socioeconómicas. Al haber una inundación esas contribuciones se potencian, pues los altos niveles de agua movilizan elementos esenciales para el desarrollo vegetal.
El problema es que Costa Rica no sabe beneficiarse del uso de las planicies de inundación, una situación que se acompaña de un mal manejo de residuos sólidos y un inadecuado desarrollo habitacional.
“La tormenta tropical Nate no fue un evento extraordinario. Ya hemos tenido situaciones de esta magnitud. Hay que tener claro que las inundaciones son un proceso natural y gracias a ellas las planicies son productivas. Ahora bien, lo que sí ha pasado es que la cantidad de habitantes ha aumentado y no se ha alcanzado un desarrollo en armonía con la naturaleza. Las personas construyen en puntos vulnerables de los cauces, en zonas con un claro peligro de deslizamiento e inundación” manifestó.
Costa Rica posee 34 cuencas principales. En esos territorios se ubican casi 1.400 comunidades en lugares de alto riesgo de derrumbe según información de la Comisión Nacional de Emergencias. Este dato revela un deficiente proceso de planificación territorial que va de la mano con la construcción de precarias infraestructuras.
“La cuenca es una unidad de gestión y de división, pero en Costa Rica usamos los ríos para dividir zonas y no para agruparlas como unidad. Esto ha provocado que no se planifique de forma adecuada el uso del territorio. Lo que debemos hacer primero es entender su dinámica natural e identificar fortalezas y peligros de tal manera que usted sepa las implicaciones de vivir ahí”, indicó la Ing. Paola Vidal Rivera, investigadora del Ciedes.
Manejo de cuencas es clave
Oreamuno señala que es clave “identificar las zonas, los tipos de suelos y la vegetación presente, entre otros aspectos, a fin de saber cuáles áreas pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades económicas y sociales, así como distribuir el recurso hídrico de manera que se alcance una mejor calidad de vida y un desarrollo social en armonía con la naturaleza”
Ya sea a nivel urbano o rural, las ventajas de una buena gestión de las cuencas permite establecer acciones orientadas a optimizar el recurso hídrico, disminuir la pérdida de suelo, la erosión, la contaminación de las fuentes de agua y las inundaciones cerca de los poblados.
Algunas de estas ventajas son la combinación de cultivos y árboles, los cuales fortalecen los terrenos de alta pendiente. También otras prácticas como la protección a la orilla de los ríos para retener el sedimento, la planificación de fincas para mejorar los rendimientos de producción y el desarrollo de alternativas como la pesca y el ecoturismo.
“Es necesario que se entienda que tenemos un país muy privilegiado pero también con riesgos asociados. Necesitamos que la gente entienda que construir en sitios no aptos conlleva riesgos y costos altos en medidas de protección y adaptación de las estructuras a las condiciones del sitio”, concluyó la Ing. Vidal.
Sector Agro requerirá hasta dos años para recuperarse después de la tormenta.
Las pérdidas de miles de hectáreas de cultivos y animales de producción ocasionadas por la Tormenta Tropical Nate dejaron al descubierto la vulnerabilidad de las zonas agrícolas en prácticamente todas las regiones del país, desde la Región Chorotega y Pacífico Central hasta la Región Brunca.
Sembradíos completos de arroz que estaban para cosechar se inundaron y se perdieron, decenas de agricultores no pudieron sacar los productos de las fincas, miles de aves fueron arrasadas y los estanques de acuicultura quedaron inservibles. La Región Chorotega, Pacífico Central y Región Brunca llevan contabilizadas pérdidas en producción agropecuaria superiores a los ¢3 mil millones de colones.
Pero los efectos de Nate sobre la agricultura continuarán manifestándose en los próximos seis meses, e incluso los pequeños y grandes productores de cultivos como la papaya o el banano sufrirán las consecuencias hasta dos años después. La capacidad de recuperación dependerá de los ciclos de producción de cada cultivo, según explicó Fernando Vásquez, agrónomo del Instituto de Investigaciones Agronómicas (IIA).
Álvaro Brenes, meteorólogo del IIA, quien se dedica a la vigilancia del clima con el propósito de informar a los agricultores sobre condiciones meteorológicas adversas, asegura que aunque han existido fenómenos de mayor intensidad, lo que hizo más peligroso a Nate fue la condición previa de saturación de suelos, caudales aumentados en los ríos y una respuesta tardía de los organismos nacionales.
¿Cómo mitigar el impacto de eventos hidrometeorológicos en la agricultura?
De acuerdo con los especialistas, la inversión en infraestructura y prácticas de conservación de suelos en zonas agrícolas, la implementación de un sistema de información climática para los agricultores y sistemas de alerta temprana son fundamentales para mitigar el impacto de futuros eventos hidrometeorológicos en el sector primario.
Señalaron, además, la necesidad del planeamiento de escenarios potenciales de afectación a nivel regional, la identificación de zonas de fragilidad de las cuencas, el reconocimiento de los niveles críticos de los ríos y la activación de un sistema de alerta temprana como algunas de las medidas a tomar.
Una de las prioridades debe ser invertir en infraestructura e implementar prácticas que conlleven a la conservación del suelo, particularmente en laderas, como coberturas, barreras vivas y muertas o siembra en contorno. En zonas bajas es necesario invertir en la construcción o rehabilitación de sistemas de drenaje como los construidos por la Compañía Bananera en las fincas de Palmar, que permitían canalizar adecuadamente el exceso de lluvias.
Cada productor además, debe tener una estrategia planificada de lo que ocurre con el agua que caerá en su finca y cuál es el rumbo que tomará según la disposición de los cultivos; esto puede ayudar a prever los caudales potenciales y esperables que se unirán al agua de una región y cuánto se logrará infiltrar, explicó Henríquez.
Otro aspecto fundamental que debe fortalecerse en nuestro país es la generación y disponibilidad de información relevante para los agricultores como información climática, análisis de suelos y plantas, caracterización de fincas y rutas de acceso e información de mercados. Esta estrategia debe acompañarse con la capacitación de los agricultores y agricultoras para garantizar que tengan acceso a las diferentes tecnologías de la información disponibles en forma rápida y sencilla, por ejemplo a través del teléfono móvil.
Puentes y carreteras no están hechos para resistir
Tres días duró el paso de la tormenta tropical Nate por territorio costarricense, siendo el jueves 5 de octubre el día que más fuerte se sintió este fenómeno; solo bastó esa corta embestida para que gran parte de la infraestructura vial del país colapsara y presentara daños considerables.
Pero, ¿cuáles son las razones por las que la infraestructura vial cedió ante un lapso torrencial de lluvia como el que presentó la tormenta Nate?, el Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, coordinador del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del LanammeUCR, indicó que esto obedece a que “en Costa Rica no se han incluido adecuadamente las variables climáticas en el diseño de obras de infraestructura».
Cuando hay daños importantes, en vez de mitigar la vulnerabilidad mediante trabajos que disminuyan sus efectos, solo se replica prácticamente la obra anterior, por eso ocurren los mismos daños”, puntualizó el experto.
Los ingenieros Rolando Castillo Barahona, Esteban Villalobos Vega (ambos del LanammeUCR) y Alberto Serrano Pacheco (profesor de la Escuela de Ingeniería Civil, EIC) señalan que los puentes y alcantarillas que cruzan los ríos se convierten en obstáculos que limitan el flujo del agua, que arrastran árboles, rocas y sedimentos.
“Entre los daños que pueden presentar las estructuras viales están la erosión de los márgenes de los ríos, el movimiento lateral de los cauces, la socavación en diferentes estructuras como los bastiones, pilas y rellenos de aproximación, así como la inundación de planicies, entre otros”, añadieron los especialistas.
Algunas de las propuestas dadas por estos expertos del LanammeUCR y de la EIC para lograr mitigar los daños que provocan las tormentas son: contar con un inventario de todos los puentes del país que se actualice cada dos años, que incluya información sobre la condición estructural, sísmica, hidráulica y de seguridad vial; elaborar un manual o lineamiento oficial en el que se indiquen los requerimientos mínimos que necesita el diseño hidráulico de puentes (actualmente no se cuenta con esta normativa); y crear una guía que permita evaluar aspectos hidráulicos de puentes para identificar elementos indicativos de vulnerabilidad del puente y del cauce.
El Ing. Loría Salazar agregó que, “hay que invertir, a pesar del costo, en obras de infraestructura vial que estén diseñadas para resistir el embate de fenómenos de cierta magnitud y, eventualmente, estudiar la relocalización de pueblos y edificaciones que se encuentren en zonas vulnerables”, subrayó.
De acuerdo con el informe preliminar del impacto en infraestructura vial tras el paso de la Tormenta Tropical Nate de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, los daños ascienden a $127 millones, de los cuales se contabilizan 117 carreteras de las rutas nacionales y 423 puentes reportados con daños.
¿Cómo financiar el riesgo? Enormes gastos tras cada emergencia nacional aprietan las finanzas públicas
El tema climático no se debe reducir a lo “ambiental”, debe incluirse en el presupuesto nacional y contabilizarse en las cuentas nacionales
Los efectos de la tormenta tropical Nate y de otros desastres tocan las bases de las finanzas públicas, sus costos crecientes obligan a planificar los que podrían significar pérdidas por riesgos naturales, que se calcula podrán superar al 2030 los $7.000 millones.
Se trata de una cifra que, según los pronósticos de pérdidas económicas y sociales citados por la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030, superará la capacidad nacional, de no tomarse las medidas para poder financiar y planificar el riesgo.
Aunque estudios del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica (Cigefi), citados por el Semanario Universidad, advierten que al menos el número de ciclones no ha aumentado en el tiempo, sí lo hacen los impactos de cada nueva emergencia y por ende también suben las pérdidas que genera.
El financiamiento de la reconstrucción tras los desastres es un tema pendiente, solo en el caso de la pasada tormenta tropical Nate, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) estimó que las pérdidas superan los $380 millones. El dinero se financió en una primera etapa con recursos propios de las instituciones, pero el Ministerio de Hacienda deberá asumir el costo mayoritario con deuda.
Lo anterior implica que la mayor parte de los efectos de Nate se sumarán al alto déficit fiscal del país, agravándose su situación con cada nueva emergencia. Para el cierre del 2017 la diferencia entre los ingresos y los gastos de Costa Rica será un faltante del 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra es la más alta de las últimas tres décadas y supone una estrechez financiera agobiante.
La situación no es sostenible y lo será mucho menos si las proyecciones por riesgo no se incluyen en los presupuestos.
“Un país no puede decir que es sostenible si la inversión y la infraestructura que sustenta el desarrollo no está protegida ante las amenazas” asegura Raúl Salazar, jefe regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Para el economista experto en clima, Marcos Adamson Badilla, de la escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, la planificación del riesgo debe obligar necesariamente a estandarizar las formas que tenemos para contabilizar y valorar las pérdidas.
Hoy, es la CNE, ente rector en materia de gestión del riesgo, la única que hace ejercicios que son calificados por Adamson como exhaustivos, pero que deben ser llevados a estándares que permitan dar seguimiento de las pérdidas por emergencias en relación con el PIB y que estas estén disponibles y presentes cada vez que se analicen las cuentas nacionales. Hoy por ejemplo, es difícil reconocer el impacto de las emergencias en la formación bruta de capital.
Lo anterior supone también flexibilidad por parte de la Contraloría General de la República, para generar nuevos rubros presupuestarios, que permitan contabilizar partidas relacionadas con el manejo del riesgo.
Inexistente inversión
La baja inversión pública en Costa Rica evidencia que el paso hacia una inversión planificada es una meta lejana.
Carlos Picado, funcionario de la CNE, señala que del presupuesto nacional solamente se destina un 1 % a la gestión del riesgo. Lo cual demuestra que la inversión es poca de acuerdo con el impacto de los desastres sobre Costa Rica.
El profesor Juan Andrés Robalino Herrera, de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, advierte que para enfrentar los retos se debe al menos invertir en generar información de forma permanente sobre lugares de riesgo y estudiar los cambios en los patrones de lluvia; monitorear zonas de riesgo de forma permanente, ya que factores socioeconómicos pueden empujar a la población vulnerable a mantenerse e inclusive llegar a estos lugares donde el precio de la tierra es más bajo.
Son acciones que parecieran lógicas, pero la realidad, advierte Adamson, permite afirmar que incluso construcciones de residenciales financiadas con bonos de vivienda se han levantado sobre zonas de riesgo, hay sistemas de agua que datan de la colonia y en general las formas de edificación (puentes, carreteras y ciudades) no están adaptadas al cambio climático.
La conclusión es una: no somos un país sostenible.