Historia Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo
En el año 1990 se abre en el Hospital de Niños la Unidad de Cuidados Paliativos la primera en Costa Rica y América Latina, ese grupo conformado por la Doctora Lisbeth Quesada Tristán y colaboradores brindando atención hospitalaria y domiciliaria a los pacientes.
En el año 2000, Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo abre las puertas del Primer Centro Diurno de Cuidado Paliativo Pediátrico en América Latina y 5 alrededor del mundo, Albergue San Gabriel, que brinda atención eficiente y organizada al paciente que no es ni la casa, ni el hospital. Se atienden 1500 pacientes se les brinda la atención que requieren, los medicamentos que la Caja no tiene, alimentación cuando vienen a consulta, el transporte de manera gratuita.
En el año 2017 el Estado y el INFOCOOP donaran un edificio y una propiedad para construir la nueva casa de Cuidados Paliativos Pediátricos.
Para recolectar fondos, esta Fundación estará realizando desde el 01 de agosto una campaña con Kolbi de activación de códigos que consiste en enviar un mensaje con la palabra AMOR a los números #1721 se donan ¢1000, #1722 ¢2000 y #1725 ¢5000.
Además el pasado 31 de agosto se estrenó en todos los cines la película “Lo que de verdad Importa” a beneficio de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo y la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil y es 100% benéfico y positivo.
El señor Presidente Luis Guillermo Solís, anunció el 25 de julio en Nicoya, su respaldo y participación, para convertir al PAACUME en el principal proyecto de desarrollo hídrico para Guanacaste.
El PAACUME propone la construcción de un embalse en el Río Piedras, para dirigir esas aguas hacia proyectos, principalmente de riego, en Guanacaste.
Este embalse es un proyecto viejo de Oscar Arias, que originalmente se pensaba solo para riego. Tiene más de 20 años, y nunca se desarrolló.
Ahora, se le hace un maquillaje al proyecto original
La verdad es que PAACUME es un proyecto para seguir derrochando agua. El gran consumidor del agua es el sector agrícola, que gasta el 70% u 80% del recurso hídrico. En el sector donde se ubica este proyecto, existe un total acaparamiento del agua en muy pocas manos. Vamos a mencionar solo 4 de estos grupos empresariales: Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, El Pelón, y CATSA. Cada uno de ellos dispone de unos 7.000 litros por segundo, equivalente al consumo de unas 500.000 personas. Estas 4 empresas juntas consumen 28.000 litros por segundo, volumen que supera el caudal que se dice proveerá el proyecto PAACUME con el embalse, que se calcula en 20.000 l/s. Este punto es clave para el análisis del proyecto.
No pretendemos de ninguna forma, no es nuestra intención, impedir que estas empresas sigan trabajando. Esto lo aclaramos para que no sea usado como argumento de difamación en contra nuestra.
Solo proponemos que modernicen sus sistemas de riego, para no incidir, con su exagerado consumo, en los presupuestos del Estado y en la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este país, que los estamos subsidiando y asumiendo los costos ambientales de su inadecuada gestión del recurso hídrico.
De las cuatro empresas mencionadas, tres se dedican exclusivamente al cultivo de caña de azúcar. Un cultivo de siembra multianual, que aguanta unas 7 cosechas, y se siembra en hileras. Exponemos estos detalles por ser relevantes para asegurar que en estas plantaciones puede adaptarse el riego por goteo. Este tiene una efectividad que le permite ahorrar al menos el 80% del agua necesaria. Ahorrar el 80% de los 7.000 l/s que usa cada empresa, significa un ahorro de 5.600 litros por segundo por empresa. Que esto es posible y viable lo prueba la información que tenemos de que al menos dos de estas empresas (CATSA y El Viejo) han instalado unas 100 ha cada una con esta tecnología.
Si las tres empresas cañeras aquí mencionadas aplicaran riego por goteo a sus plantaciones, se ahorraría 16.800 l/s – que es casi la misma cantidad de agua que el PAACUME quiere destinar al riego de la rivera derecha del Tempisque. La diferencia es que no es necesario construir el embalse en Rio Piedra y el Estado y todos sus habitantes se ahorran el gasto de $ 500 millones.
Creemos sinceramente que estamos ante un inusual, inconveniente e injusto aprovechamiento de un recurso natural público tan imprescindible como el agua. Puede decirse que en la práctica hay una PRIVATIZACIÓN DE HECHO de dicho recurso, no solo por el acaparamiento y concentración que ya hemos expuesto, sino también por los aspectos económico-financieros que lo caracterizan.
Hoy en día, el sector arrocero y azucarero, recibe el recurso hídrico a costos subsidiados. La que es provista por SENARA, se paga así:
Se fija para el Distrito de Riego Arenal Tempisque de Senara la tarifa para el servicio de suministro de agua que de seguido se indica y que entrará a regir el 1º de enero de 2016 para un período de cinco años que finalizará en diciembre de 2020. Esta tarifa se mantendrá vigente hasta que se apruebe una nueva fijación.
Tarifa de colones por m3
Actual 2016 2017 2018 2019 2020
Caña azúcar 3,26 3,00 2,85 2,70 2,56 2,41
Se trata, como se ve, de tarifas fijadas en colones, a salvo de la inflación, y cada año – más barata. ¿Es esto justificable? ¿Contribuye a un uso más racional de un recurso escaso como el agua?
Estas son las tarifas fijadas por ARESEP a solicitud de SENARA. Por desgracia, la cosa es aún peor.
El mayor volumen de agua lo obtienen estas empresas vía concesiones otorgadas por la Dirección de Aguas de MINAE. Ahí la ARESEP no interviene. No hay estudios. Los cálculos y las tarifas son, a fin de cuentas, políticos. Se fijan por Decreto Ejecutivo.
En la actualidad está vigente el Decreto Ejecutivo 32868 MINAE del 2005, publicado en la Gaceta del 30 de enero de 2006.
Este Decreto tiene un privilegio especial, para el sector, que dice:
“Artículo 7º—El caso del uso de agua para el riego de los cultivos de arroz, caña de azúcar, pastos, café y palma africana, por tratarse de cultivos extensivos tradicionales, expuestos a condiciones especiales de mercado, deberán reconocer un monto de 0,12 colones por metro cúbico de agua para agua superficial en concesión y 0,16 colones por metro cúbico de agua subterránea en concesión “
Si, leyó correctamente: 12 centavos de colón si es superficial: río, quebrada, manantial. Y 16 centavos de colón si es agua subterránea de pozo.
Como se ve, este Decreto Ejecutivo establece precios que pueden verse como una burla para todos. Es un decreto ejecutivo que el señor Presidente, cabeza del Poder Ejecutivo, tiene la potestad de cambiar. ¿Por qué no lo hace?
Eso es lo que deseamos que responda el Señor Presidente, antes de endeudar al país con una obra que solo sirve a unos pocos.
Mediante la resolución RIA-009-2015 del 8 de setiembre de 2015, publicada en La Gaceta N° 180 del 16 de septiembre del 2015. Se fija para el Distrito de Riego Arenal Tempisque de Senara la tarifa para el servicio de suministro de agua que de seguido se indica y que entrará a regir el 1º de enero de 2016 para un período de cinco años que finalizará en diciembre de 2020. Esta tarifa se mantendrá vigente hasta que se apruebe una nuevafijación. El detalle del pliego tarifario es el siguiente:
Actividad
Tarifa (c/m3)
Actual
2016
2017
2018
2019
2020
Arroz
1,73
1,82
1,96
2,11
2,26
2,41
Caña de Azucar
3,26
3,00
2,85
2,70
2,56
2,41
Pastos
4,23
3,75
3,41
3,08
2,74
2,41
Papaya
3,60
3,27
3,05
2,84
2,62
2,41
Sandía
6,99
5,89
5,02
4,15
3,28
2,41
Cebolla
5,42
4,67
4,10
3,54
2,97
2,41
Cítricos
4,94
4,30
3,83
3,35
2,88
2,41
Algodón
3,72
3,36
3,12
2,88
2,65
2,41
Maiz
4,53
3,98
3,59
3,19
2,80
2,41
Piña
5,13
4,45
3,94
3,43
2,92
2,41
Piscicultura
N.D
2,33
2,35
2,37
2,39
2,41
*ND: No disponible. No es posible determinar la tarifa actual por unidad de volumen, ya que está compuesta por una tarifa binomial combinada que comprende el área y el volumen, no comparable con las nuevas tarifas que utilizan solo el volumen.
Texto del rector de la UCR en relación con la negociación anual del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la UCR
El Dr Henning Jensen especificó que «no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad» (foto archivo ODI; UCR).
El compromiso de la UCR con la sociedad costarricense se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas – y de las más importantes – es la regionalización universitaria, en la cual es pionera, y constituye la vía regia de democratización de la educación superior. Mediante su presencia en prácticamente todo el país, no solo con sus sedes y recintos, sino también con cientos de proyectos de acción social e investigación, alcanza la UCR a muchas comunidades. Este legado, iniciado hace medio siglo, tiene el propósito de favorecer el bienestar y progreso de la colectividad.
La UCR ha tenido siempre detractores que han pretendido rebajarla, dando a entender que en ella prevalecen el elitismo, la corrupción y el despilfarro. Aunque tenemos problemas, y muchos muy serios, ellos no pervierten lo que podríamos llamar la sustancia de la institución. El buen nombre nos ha acarreado un especial aprecio por parte de la comunidad nacional, lo cual se debe a que nuestra universidad está totalmente inserta en el engranaje de la sociedad costarricense.
La educación superior se traduce en progreso de personas, familias y comunidades. Los resultados de la inversión en talento no son instantáneos, pues deben cultivarse a lo largo del tiempo, pero la cosecha, si se hace con esmero, tiende a ser fructífera. En una sociedad con desiguales oportunidades, la promoción de la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo deben ser siempre una prioridad, aun en tiempos de crisis, puesto que precisamente las personas más vulnerables son las que mayor apoyo requieren del estado. Es a ellas a quienes, nunca, debemos darles la espalda.
Nuestro país enfrenta hoy serias situaciones económicas. Recientemente el gobierno calificó de «crisis de liquidez» la reducción del dinero disponible para honrar los compromisos existentes. En vista de la creciente desigualdad en nuestra población y la exigua reducción de la pobreza, esta «iliquidez» no puede menos que provocar una enorme preocupación.
La debilidad de las finanzas estatales no es un tema por tomar a la ligera. Más bien debe convocarnos, como ciudadanía responsable, a informarnos y tomar decisiones con sabiduría y rigurosidad. En el marco de las políticas económicas que este y los próximos gobiernos deberán revisar, implementar y fomentar, será indispensable considerar acciones para asegurar que el estado cuente con los recursos para salir adelante, y hacer frente a los compromisos adquiridos y a los problemas acuciantes, alejándonos de los círculos viciosos de deudas con malas inversiones y acercándonos a los círculos virtuosos de recursos bien empleados. Esto implica conocer muy bien la situación del estado, y con ello visualizar sus necesidades de transformación, así como tener visión de futuro y evaluar resultados.
Las alianzas son quizá una de las alternativas vitales para que un país como el nuestro logre prosperar, a pesar de la grave situación de las finanzas públicas, que el Estado de la Nación ha calificado de ‘insostenible’. Juntos, tanto el gobierno como la academia, los sectores sociales y la empresa privada, somos palanca y polea que realizaríamos un trabajo mucho mejor que muchas manos dispersas. Es ahí en donde el valor del trabajo en conjunto, la cooperación y la visión común de desarrollo juegan un papel esencial para acelerar soluciones y promover el talento, la innovación y la generación de empleos.
La UCR comparte esta visión desde su propia trinchera: la reducción de la desigualdad, el empuje a las fuerzas vivas de la sociedad, a los pequeños y medianos productores, y la promoción de la educación superior como medio de movilidad social, son los recursos con los que cada día demostramos el provecho que puede obtenerse de la ciencia, la tecnología, la innovación y el estudio de la sociedad. Somos una universidad que piensa y actúa en tres dimensiones: la docencia, la investigación y la acción social, y sobre estos ejes hemos constituido un quehacer integral que no solo prepara a las y los futuros profesionales que llevarán las riendas del país, sino que además podemos incidir desde ahora en situaciones actuales y urgentes.
Contamos con una población permanente de unos 40.000 estudiantes, distribuidos en todo el país; tenemos siete sedes y cinco recintos universitarios; ofrecemos 240 opciones académicas con diversos grados de titulación; publicamos más de 50 revistas académicas especializadas que han surgido con la generación de conocimientos; realizamos más de 1800 actividades de investigación; y aportamos prácticamente un millón de horas anuales a la comunidad nacional mediante la acción social.
Para preservar estos logros, los cuales reflejan historias de éxito y superación, en los últimos años hemos debido tomar medidas enfocadas en la reducción de gastos, así como la orientación de nuestros recursos hacia el fortalecimiento de nuestras actividades sustantivas. Esto es algo que, sin importar la crisis, nunca dejaremos de apoyar. Y hemos de tener en mente que la UCR, a pesar de las medidas de contención del gasto aplicadas durante los últimos cinco años, experimenta un gran florecimiento académico y goza de una reputación internacional inigualada en el pasado.
Creemos en la consolidación de condiciones propicias para que cada estudiante, cada investigador o investigadora, cada funcionario o colaborador de la UCR sienta la seguridad de encontrarse en una institución sólida, de renombre, que no mancillará sus derechos y será inclusiva y solidaria. Esto implica mantener nuestro sistema de becas; no escatimar en los recursos necesarios para el equipamiento de laboratorios e institutos de investigación; apoyar la construcción y remodelación de la infraestructura requerida para un estudio y trabajo dignos y de punta; respaldar aquellos acercamientos con las comunidades que permitan el progreso mutuo, y seguir estableciendo vínculos con prestigiosas universidades y centros de investigación de todo el mundo.
A pesar de que es prácticamente imposible el cumplimiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación el próximo año y, por lo tanto, tampoco será viable arribar al 1,5% para el FEES, hay que aclarar que este fondo tiene rango constitucional, y no será reducido en su monto. Sin embargo, tampoco está exento de sufrir las consecuencias de la situación fiscal que atraviesa el país.
En el caso hipotético de que el gobierno cumpliera con esa meta, en las condiciones actuales se produciría un crecimiento nulo en todas las demás áreas de atención social del Estado. Esto, desde todo punto de vista, iría contra los postulados humanistas de la UCR: nunca podríamos aceptar recortar programas sociales esenciales para las poblaciones vulnerables, a cambio de gozar de un FEES mucho mayor.
No olvidamos que existe una enorme evasión fiscal, a todas luces ilegal y antipatriótica que ofende a toda la ciudadanía. Tampoco ignoramos que deben mejorarse los mecanismos de recaudación tributaria. No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados. La primera medida, y que debemos tener muy presente, es recordar que no somos una institución aislada, sino plenamente inserta en el tejido social del país. Así, no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad. No se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, sino de compromiso social y solidaridad.
Es cierto que los atrasos en las transferencias del FEES han requerido nuestra observancia, pero, por el momento, no es una situación grave. Sin embargo, esas transferencias son un ingreso esencial para el trabajo de nuestra institución que, de no recibirse oportunamente, podría comprometer los aportes que brinda al país.
En síntesis, esperamos llegar a un escenario que efectivamente cumpla con el mandato constitucional, y que a su vez nos permita seguir ofreciendo calidad en la formación profesional y en los aportes técnicos y de conocimientos, siempre y cuando este crecimiento no sea presupuestaria ni económicamente ofensivo para los sectores desfavorecidos de la población costarricense, ni suceda a costa de su bienestar. Si no avanzamos juntos, debemos unirnos para que sea una realidad: hoy, más que nunca, debemos estrechar nuestras manos con quienes ven en las universidades públicas una esperanza.
Por otro lado, no cabe duda de que, en momentos difíciles, es una virtud volver la mirada hacia adentro. Las universidades estatales debemos practicar una autocrítica sistemática, incluso descarnada, pero razonable y basada en realidades, no en distorsiones, mitos ni rumores.
Nos satisface saber que, pese a las adversidades, somos una institución cuyo renombre surca cielos y mares. Una institución de aportes, resultados y progreso.
Como una iniciativa de la FEUCR y de estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, se elaboró dos videos en los cuales se expresa la preocupación existente por dos temas de importante trascendencia. El primero de ellos es acerca del negocio de la piña, el cual provoca destrucción ambiental y violación a los derechos laborales; el segundo habla sobre ¿por qué limitan los datos celulares al mes?
Situación no afectará las labores sustantivas ni el sistema de becas de la UCR
Andrea Marín Castro,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Con este acuerdo para el FEES 2018 todavía no se llega a lo establecido en la Constitución Política que dicta un 8% del PIB para la educación pública y un 1,5% del PIB para la educación superior pública (foto archivo ODI).
Los miembros de la Comisión de Enlace firmaron este martes 29 de agosto el acuerdo de financiamiento de la educación superior universitaria estatal (FEES) para el 2018.
Las partes acordaron establecer el monto del FEES para el próximo año en ₡496.266,72 millones y la transferencia de la UTN en ₡33.853,32 millones, lo cual corresponde a un incremento del 3,7% en relación con el monto del 2017.
Sonia Marta Mora, Ministra de Educación Pública, declaró que, a pesar de la compleja situación fiscal y económica del país, se evidencia un gran compromiso con la educación.
“Las universidades públicas son un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país. Este acuerdo reafirma los logros alcanzados para la educación universitaria, lo cual reviste una enorme importancia para Costa Rica”, manifestó Mora.
Ya el Dr. Henning Jensen, rector de la UCR se había referido al tema y había enfatizado que nunca será aspiración de la institución avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen. Dijo que no se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, si no de compromiso social y solidaridad.
“No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados”, acotó Jensen.
Así mismo aseguró que esta situación no afectará las labores sustantivas ni el sistema de becas de la UCR, ya que desde hace varios años la institución ha implementado distintas medidas de contención del gasto que le permitirán afrontar este acontecimiento.
Para Luis Guillermo Carpio, presidente de CONARE “al negociar tuvimos en cuenta la situación de la educación en general y de la educación superior en particular. En este acuerdo privó el reconocimiento de la compleja situación fiscal del país, como se evidencia en el hecho de que se mantiene en el mínimo que establece el artículo 85 de la Constitución de la República. Los rectores somos conscientes de la coyuntura presupuestaria y de los esfuerzos gubernamentales que se han realizado por enfrentar esta realidad. El convenio suscrito garantiza la operación normal de las universidades sin afectar aspectos sustantivos, becas y otros beneficios estudiantiles”.
En el acuerdo, las instituciones de educación superior estatal reiteran su compromiso de continuar las acciones de revisión y análisis, que ya se llevan a cabo, tendientes a la optimización de sus gastos operativos, la identificación de las oportunidades de mejora y la racionalización en el uso de los recursos.
También, se reafirma como principio asegurar un crecimiento equilibrado de los componentes del sector educación, para alcanzar el 1,5% del PIB nominal para el FEES en el tanto se alcance el 8% del PIB nominal para el sector educación en su conjunto.
El pasado 28 de agosto, las comunidades del área de Zapote, Catedral, San Sebastián y San Francisco, quienes asisten a la Clínica Carlos Durán, se manifestaron ante la falta respuestas y el colapso en los servicios de salud de esta Clínica; exigieron a la Dra. Sáenz, que se comprometa con las comunidades.
Un excelente audiovisual que visibiliza la dura realidad de los migrantes centroamericanos
Una investigación académica que deja evidencia de personas que buscan el bienestar individual y colectivo, en procura de la dignidad de seres humanos, que se mueven en contextos geográficos, económicos y sociopolíticos diversos.
Estudiantes del curso de Comunicación Social de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS de la Universidad Nacional-UNA organizaron un conversatorio para analizar la película “Casa en Tierra Ajena” declarada de interés institucional por el Consejo Nacional de Rectores-CONARE.
Este documental relata las historias y los sueños de personas que se encuentran en procesos de emigración forzada en Centroamérica. Asimismo, recupera las voces de quienes se han quedado en sus países resistiendo y transformando sus realidades.
La “Casa del Migrante de Saltillo”, situada en Coahuila, en el norte de México, es el lugar de encuentro de estos relatos, ya que es donde confluyen las diferentes personas migrantes que buscan un lugar seguro para descansar y retomar fuerzas antes de intentar cruzar la frontera a los Estados Unidos en busca del sueño americano.
El documental expone los factores de expulsión que fuerzan a las personas a salir de sus países, los mecanismos de control cada vez más violentos y represivos que se imponen los gobiernos para intentar retener a los migrantes, pero también la solidaridad que se teje sin fronteras.
En conjunto con la Productora Ivannia Murillo quien dirigió el documental y los académicos de la UNA Msc. Guillermo Acuña y Dr. Daniel Matul, se tuvo la oportunidad de compartir ideas en torno a la trama de la película y de la forma como se estructuró la realización audiovisual.
La productora comentó que la narrativa audiovisual de carácter transmedia de la producción, se basó en la investigación realizada por el académico de la Universidad de Costa Rica, Dr. Carlos Sandoval denominada: “No más muros exclusión y migración forzada en Centroamérica”, así como del contacto directo con la realidad en la que el equipo de producción se vio abocado.
Ante las consultas de los estudiantes, Ivannia explicó que el documental muestra la cruda e indeseable situación que viven y experimentan los hermanos de Honduras, Guatemala y el Salvador, que deciden migrar a Estados Unidos y se ven azotados por la extrema violencia, violaciones, amenazas, abatimiento de sus derechos y extremismo de los gobiernos.
La productora instó a los estudiantes a construir desde su profesión espacios alternativos de comunicación social, destacando que el documental es una herramienta poderosa para hacerle frente a la contra información en manos de los gobiernos, además de ser un lenguaje de comunicación que exige tomar postura, critica y reflexión, con seriedad, objetividad, y en donde la ética profesional es vital.
Ivannia Murillo, comentó que el guión se diseñó con el material que facilitó la investigación de Carlos Sandoval y de los testimonios obtenidos en el campo, asimismo, el poder contar con medios digitales como el celular les permitió tener alcance a materiales audiovisuales de los diversos espacios territoriales donde transitan los emigrantes: “Gracias a la red de voluntariado y colaboración de grupos comunales, organizaciones locales obtuvimos información y material audiovisual que de otra manera no hubiésemos podido incluir en la narrativa del documental”.
Para la productora, entre los factores que permitieron acceder a zonas geográficas conflictivas de difícil acceso para los comunicadores, están las organizaciones comunitarias, que jugaron un papel crucial pues facilitaron y negociaron con diversos grupos el permiso para ingresar con equipos y realizar las grabaciones con los migrantes, así como con los actores políticos, religiosos y líderes comunales.
Ivannia menciona que su trabajo audiovisual le deja una lección: que los escritos, relatos, imágenes, opiniones y situaciones reales, les permite valorar en su verdadera dimensión el papel de la comunicación social alternativa, que se constituye en herramienta para llevar un mensaje al resto del mundo y mostrar la lo que otros medios no hacen por intereses económicos y políticos.
Ante la pregunta de los estudiantes sobre la exigua acción de auxilio para los migrantes por parte de los organismos internacionales, el Dr. Daniel Matul, académico de la UNA comentó, que se puede palpar la impunidad por parte de estos organismos encargados de brindar tratados de paz y proponer soluciones, para actuar de manera correctiva en pro del mejoramiento de estas poblaciones en vulnerabilidad y desventaja social y jurídica.
Matul, acotó que más bien estos organismos, de cierto modo, en lugar de ayudar y establecer mecanismos internacionales de acción afirmativa, empeoran los hechos; por sus acciones inconcretas ante el crimen, la corrupción y la violación a a los derechos de las personas(niños-adultos) que se encuentran en esas zonas de conflicto, en donde los gobiernos como Honduras, Salvador y Guatemala no les interesa la solucionar estos conflictos, no les importa dar a conocer su historia, sus razones por las huyen, lo que dejan o no dejan, simplemente que el valor de la vida de los migrantes centroamericanos no es de carácter importante.
El master Guillermo Acuña, académico, indicó que Costa Rica no es ajena a las problemáticas migratorias, dado que grandes masas migratorias transitan por el país. Un caso digno de mencionar es la gran presencia de migrantes dedicados al trabajo informal en mono cultivo (piña), quienes además están expuestos a daños graves que dichas plantaciones generan al ambiente, también se exponen a la falta de sanidad, así como la excesiva pobreza y el mal pago por su trabajo.
Acuña, reconoció el mérito de la producción del documental e instó a los estudiantes del Curso de Comunicación Social de la EPPS-UNA, a procurar una formación integral, humanista y solidaria, comprometida con los sectores vulnerables y utilizar las posibilidades del tecnología actual para dar recoger las vivencias de las comunidades y sectores, de tal manera, que se elaboren narrativas que permitan sistematizar y divulgar el testimonio y la realidad de las comunidades donde les corresponda actuar
Conversatorio realizado en la Facultad de Filosofía y Letras-Campus Omar Dengo-UNA
Cifra se genera por una mayor oportunidad de denuncia y visibilización del problema
Población alzó su voz para demandar mayor respeto y amabilidad de trato en servicios públicos y privados
Jenniffer Jiménez Córdoba,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Los problemas que más aquejan al envejecimiento son de orientación económico. ¿Qué significa esto para los gobiernos de turno?: una redistribución de las cargas económicas destinadas a diferentes poblaciones, según la incidencia en el incremento de este grupo poblacional, afirmó Zulema Villalta del Conapam.
Maltrato, irrespeto y menosprecio, son algunas de las manifestaciones típicas de violencia que experimentan las personas adultas mayores en escenarios que van desde la atención en instituciones públicas o privadas, hasta en el uso del transporte público, e inclusive en el mismo hogar.
Así lo manifestaron un grupo de siete adultos mayores representantes de las sedes regionales y recintos de Puntarenas, Limón, Guanacaste y Alajuela, quienes compartieron sus experiencias de vida y retos que perciben ante diversas acciones cotidianas. Su presentación se dio en el marco de un Pre-Congreso realizado por el Programa de Posgrado en Gerontología de la Universidad de Costa Rica (UCR) el miércoles 23 de agosto, actividad que encabezó el VI Congreso Internacional de Gerontología que se llevó a cabo el jueves 24 y el viernes 25 en el Hotel Wyndaham Herradura.
Durante la exposición, los ponentes exigieron un mayor respeto, amabilidad, paciencia y calidad en el trato que reciben en diversos servicios públicos y privados, principalmente en hospitales, clínicas, bancos y transporte. La petición responde a una situación de violencia que ha estado viviendo esta población en los últimos años, y que ha incrementado en la cantidad de casos registrados.
De acuerdo con Zulema Villalta Bolaños, Presidenta de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), la institución atiende anualmente cerca de 1.500 reportes, y cada año la cifra aumenta aproximadamente en un 20%. Villalta explicó que ese número se genera no porque exista más agresión a nivel social, sino porque los adultos mayores tienen una mayor oportunidad de denuncia.
Dentro de los espacios más frecuentes de maltrato se encuentran los servicios de salud, el hogar y el transporte público, donde este último es el más común. Beatriz Grant Rojas, adulta mayor y expositora en la actividad, expresó que algunos conductores de autobús del servicio público aún se niegan a aceptar la cédula que los exonera del pago del pasaje. Esa situación se suele acompañar de malos gestos, irrespeto, poca paciencia y la retención ilegal del documento por parte de los choferes.
En cuanto a los servicios de salud, Villalta señaló problemas de infraestructura para brindar una atención óptima a la población adulta mayor. “Cuando hablamos de salud, hablamos de un hospital que ya está colapsado, sin salones modernos, que vuelve grosera la permanencia de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores están para cumplir con un programa de acompañamiento, de dignidad”, indicó.
Para enfrentar la situación de violencia que experimenta la población adulta mayor, la UCR ha impulsado el Congreso Internacional de Gerontología desde hace de más de 10 años, con el propósito de incidir en las políticas públicas, y promover cambios sociales para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Además, ha puesto a disposición un consultorio jurídico gratuito y especializado en la Facultad de Derecho, a fin de dar acompañamiento a los adultos mayores en la realización de dilegencias judiciales.
Un maltrato con secuelas
Filadelfio Sánchez Ramírez, también ponente en el pre-congreso y adulto mayor, enfatizó la falta de calidad en la atención al momento de realizar gestiones bancarias. En ocasiones quienes los atienden suelen evitar el contacto visual, y realizar los trámites sin tomar en consideración las limitaciones típicas de la etapa de la vejez.
“Queremos que se nos atienda con dignidad, como personas que somos, y que se nos respeten nuestros derechos. Deseamos que se eviten las actitudes de rechazo, y se nos dé una buena comunicación, que nos miren a los ojos. No es la primera vez que vamos a un banco y la persona que atiende no levanta la mirada porque es un adulto mayor. Esto es vergonzoso”, mencionó.
Los tipos de agresión que esta población sufre, abarcan desde el físico, sexual, psicológico, patrimonial y de abandono, hasta violencia institucional y estructural. El último se genera por la falta de políticas y recursos sociales para garantizar la calidad de vida de los adultos mayores.
Según información proporcionada por el Conapam, las consecuencias del abuso hacia las personas de edad avanzada genera fuertes repercusiones físicas y psicológicas, entre las que se destacan: daños físicos permanentes, dependencia a los medicamentos, trastornos en la alimentación, depresión, sentimientos de soledad, angustia, miedo y aislamiento, entre otros.
¿Cuáles son los principales mitos que dañan en la vejez? Averigúelo copiando la siguiente dirección y pegando en una nueva pestaña.
Actualmente, Costa Rica cuenta con diez leyes, diez decretos y seis declaraciones internacionales que protegen a las personas adultas mayores. Sin embargo, la presidente ejecutiva de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), Johanna Fernández, afirmó que aún se desconocen, no solo por parte de la población costarricense, sino también por las mismas personas en edad avanzada.
La situación hace que sean más vulnerables ante los malos tratos, la violencia y el abandono. Una de esas regulaciones es la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que aborda los derechos para mejorar su calidad de vida en diversos ámbitos de educación, salud, laboral y recreativo, así como laborales, de integridad, de imagen, y a los residentes o usuarios en establecimientos privados.
“Si una persona no conoce sus derechos, tampoco conocerá los canales para hacerlos valer. Cuando sé cuáles son mis derechos, yo puedo contar con una mejor calidad de vida a la medida que los puedo hacer exigibles. En este aspecto la educación es fundamental, tanto para los mismos adultos mayores, como para el resto de la población costarricense”, manifestó.
Otras de las regulaciones existentes son: la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el cual contempla el subsidio de bono de vivienda para las personas adultas mayores sin núcleo familiar; la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que proporciona un fondo económico a establecimientos destinados a su cuido y atención; y la Ley de Protección al Trabajador, orientada a otorgar una pensión a las personas adultas mayores en situación de pobreza.
De igual forma está la Ley 8718, que establece el porcentaje que destinar la Junta de Protección Social a los programas de atención, y la 8153 la cual define el permiso para los establecimientos que pretenda brindar servicios a la población adulta mayor. Finalmente se encuentra la Ley 7972, que asigna recursos al Conapam, y la 7936 sobre el costo del transporte en los servicios de transporte colectivo.
Esfuerzo UCR para proteger a la población
El Congreso Internacional de Gerontología es una iniciativa que desarrolla el Programa de Posgrado en Gerontología de la UCR, que inició en el 2005 y se lleva a cabo cada dos años, con el propósito de promover cambios sociales para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Este VI encuentro se reflexionó sobre la atención gerontológica centrada en la persona, es decir, como un individuo con necesidades y condiciones de vida diverso, que requiere una intervención diferenciada. Mabell Granados Hernández, directora del Posgrado de Gerontología, explica que dicho abordaje es esencial para tener una etapa de vejez con mejores condiciones, y preparar a Costa Rica para recibir un aumento considerable de la población adulta mayor en los próximos años.
“Aunque se han hecho muchos esfuerzos, todavía nos hace faltan muchas cosas por mejorar. Dese la academia procuramos contribuir en la calidad de vida de estas personas, y de nosotros mismos que estamos envejeciendo, para que tengamos un país más preparado, y podamos vivir una vejez en plenitud”, dijo.
Sobresale labor desde la Ingeniería Química para mitigar el cambio climático
Francesca Brunner Alfani,
Periodista Oficina de Divulgación e Información UCR
La Semana IQ 2017 se realizó del 21 al 25 de agosto y contó con diversas charlas y talleres para personas interesadas en esta área y estudiantes de la carrera (foto Archivo ODI).
En el marco de la Semana IQ 2017 organizada por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química se realizó una charla con el Ing. Kendal Blanco Salas, egresado de la Escuela de Ingeniería Química (EIQ) y quién presentó las diferentes opciones en las que un especialista de su área puede laborar y aportar en la lucha contra el cambio climático.
El Ing. Blanco Salas, graduado UCR en el 2014, trabaja actualmente en el Instituto Metereológico Nacional (IMN), en el apartado de Medio Ambiente y Emisiones de Gases, además de estar vinculado a proyectos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en temas relacionados.
En su charla titulada: Ingeniería química y cambio climático en Costa Rica, señaló que el papel de la ingeniera o ingeniero químico en esta área va desde la investigación profunda, monitoreo y estimación de gases de efecto invernadero en el ámbito local, hasta la medición de la huella de carbono, la determinación de los factores de emisión nacional y la realización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases, entre otras aristas.
De igual forma el Ing. Blanco Salas motivó a las y los estudiantes a entrar en el campo del medio ambiente y cambio climático, “estoy tratando de convencerlos, si les gusta la proyección internacional probablemente no hay otro tema con mayor proyección externa que este”, aseveró.
Algunos de los principales gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera son el metano, dióxido de carbono y óxido de nitrógeno (foto Archivo ODI).
Actualmente, este especialista está revisando inventarios de emisiones de gases de otros países como parte de su participación dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.
Además, contó que cuando estaba estudiando en la EIQ no sabía que el IMN contaba con ese programa y que se podía trabajar ahí, sin contar que él mismo pensaba que no quería trabajar en temas del medio ambiente ni para el sistema público, aunque terminó en ambos y dice amar lo que hace.
Su experiencia lo llevó a incentivar a las y los estudiantes a buscar otras opciones para que lleguen a trabajar en algo que realmente les cautive: “ese era el objetivo de la charla, que no sólo se enteraran de la parte de emisiones de gases, sino también que hay instituciones de las que uno no tiene ni la menor idea del campo que cubren y que la ingeniería química está ahí”, recalcó Blanco.
De igual forma expresó que en el ámbito nacional la labor más importante de esta carrera es “ayudar al desarrollo y a la misma sostenibilidad de ese desarrollo, elingeniero químico debería ser un factor clave para eso”, subrayó.
Comunicamos que el día de hoy, jueves 24 de agosto se realizó un piquete en la entrada de la CCSS, la actividad fue muy provechosa porque se presentaron representantes de organizaciones y movimientos en lucha por la defensa de la seguridad social, de organizaciones gremiales, de organizaciones de derechos humanos y paz, de partidos políticos y del movimiento social.
Nos acompañó una tumbacocos con música y sonido, hubo llamados vehementes a la Junta Directiva de la CCSS para que detenga estas formas solapadas de privatización.
El piquete se realizó de 10 am. a 12 m., se repartieron volantes para informar a los transeúntes sobre las decisiones que se están tomando en el seno de la Junta Directiva, el tema estaba programado para discutirse en la mañana, sin embargo, si discutió hasta la tarde.
Nos comunicaron que ayer, después de discutir el tema, la Junta Directiva de la CCSS aprobó solicitar una autorización a la Contraloría General de la República para prorrogar el Contrato con EBAIS-UNIBE por 24 meses y dar a las Gerencias de la CCSS, 2 meses para que presenten un Estudio de Factibilidad que demuestre que la CCSS lo puede asumir.
Además, recibimos información de fuente confiable, que existe una Carta entregada el 22 de agosto de 2017 y dirigida a la Junta Directiva de la CCSS, firmada por Edgar Mora Altamirano, Alcalde de Curridabat y por Marcel Soler Rubio, Alcalde de Montes de Oca, donde dicen que pueden asumir los EBAIS de sus cantones por medio de la SPEM (Sociedad Pública de Economía Mixta) de Salud constituida por la Municipalidad de Curridabat y donde recientemente se incorporó la Municipalidad de Montes de Oca.
En la Junta de Salud de Montes de Oca hemos venido dando seguimiento a esta nueva forma de tercerización y nos oponemos porque estas SPEM requieren para funcionar con un aliado estratégico, entonces ya no recibiremos nuestros servicios de parte de un tercero, sino de parte de un tercero que se alía con otro tercero para dar el servicio.
Ahora, el tema pasa a la Contraloría General de República, institución que en el oficio DCA-0165 del 23 de enero del 2013 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, indicó a la CCSS que el Contrato suscrito es improrrogable, de esta manera, en el punto III. Condiciones bajo las que se concede la autorización para la contratación directa concursada de estos servicios, se indica que la autorización se confiere en términos claros, entre estos:
“…Deberá la Administración adoptar las medidas necesarias para que ante la finalización del contrato o contratos que lleguen a suscribirse, con la antelación debida, se promuevan los procedimientos ordinarios que correspondan o se determine que los servicios van a ser asumidos directamente por la CCSS…”
“…Al ser procedimientos excepcionales autorizados sobre la base de las explicaciones acá brindadas, no es viable aplicar nuevas contrataciones al amparo del artículo 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley…”
Seguimos atentos, seguimos pidiendo información, seguimos la solicitud de intervención a la Defensoría de los Habitantes y seguimos la denuncia ante la Contraloría General de la República.