Presupuesto 2015 ¡Vehemente exhortación al Parlamento!
Los recortes llevarán al caos, afectarán a los más débiles y abren escenarios de confrontación en el corto plazo
Plenamente convencidos de que la serie de recortes aplicados en el proyecto de presupuesto del 2015, según el Informe de Mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios del parlamento, a una serie de importantes programas de varios de los ministerios del Poder Ejecutivo, afectarán a una diversidad de programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de la población en desventaja económica; “PATRIA JUSTA” formula por esta vía la más respetuosa pero vehemente exhortación, a los señores diputados y a las señoras diputadas de la actual Asamblea Legislativa, para que no se vote ese presupuesto con semejantes decisiones que profundizarán la peligrosa senda de la exclusión y de la desigualdad sociales que el país viene atravesando en los últimos años.
QUITARLE un centavo de lo presupuestado para la atención de la niñez en los CEN-CINAI y otros programas sociales del Ministerio de Salud;
GOLPEAR la ya maltrecha situación financiera del Sistema Penitenciario Nacional, en cuyo seno cada vez ingresa más gente pero con menos gente y menos plata para atender a la población penal recluida;
AGRAVAR posibilidades para impulsar políticas de empleo (especialmente, el juvenil);
DEBILITAR las labores de protección del patrimonio ecológico y ambiental del país;
PRECARIZAR los sistemas informáticos para el control de la espantosa evasión y elusión fiscales;
CERRAR la posibilidad de mantener algo de los valores culturales patrios y del patrimonio histórico-arqueológico del país;
PARALIZAR programas destinados a la rehabilitación social de personas excluidas por situaciones psicosociales de pobreza extrema;
DESFINANCIAR la gestión policial de seguridad ciudadana en momentos en que la violencia delictiva y el crimen organizado parece que están fuera de control;
REDUCIR al mínimo el control migratorio en los puestos fronterizos;
RESTRINGIR las posibilidades de la estadística y los censos tan vitales en la constatación del crecimiento de la desigualdad creciente;
IMPEDIR el fortalecimiento de la política pública para el relanzamiento de la agricultura nacional y de los sectores productivos de la pequeña y mediana empresa agropecuaria;
DESESTIMULAR el emprendedurismo bajo los conceptos de la Economía Social de tan necesidad estratégica para conectar el mercado interno con el externo y lograr una economía de dos motores trabajando a la misma velocidad;
Son entre otras, decisiones desacertadas que nos han de sumir en un caos creciente y, de manera evidente, alimentar escenarios de confrontación en el corto plazo.
No son estas maneras adecuadas de enfrentar el problema fiscal del país, cuando bien sabemos que la “procesión va por otro lado”; es decir, por la vía de la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, en la que PATRIA JUSTA cree y para lo cual, incluso, hemos estado defendiendo una propuesta construida desde los sectores sociales y sindicales responsables al efecto: “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”.
Por tanto, reafirmamos nuestra vehemente exhortación para que no se voten en el presupuesto del 2015, esos injustos, peligrosos y hasta criminales (socialmente hablando), recortes en los programas sociales citados y otros de naturaleza análoga.
San José, miércoles 19 de noviembre de 2014.
Albino Vargas Barrantes
Coordinador de PATRIA JUSTA:
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP)
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
En noviembre celebramos la Lucha contra la Violencia de Género:
«Toda pieza de teatro es un ajuste de cuentas, un enfrentamiento más o menos inmediato con la sociedad»
El próximo jueves 20 de noviembre se estará presentando la obra «Ellas, Nosotras y Ustedes» basada en los monólogos El Nombre y El Despojamiento de Griselda Gambaro (Argentina).
«Ellas, Nosotras y Ustedes» se estrenó un 25 de noviembre en el Centro Penitenciario La Reforma y el Buen Pastor. Fue beneficiada por el Programa Proartes y llevada a varios territorios indígenas, comunidades en las provincias de Guanacaste, Alajuela, Limón, Puntarenas, Cartago y San José.
Habrá una exposición fotográfica de Mariana Delgado basada en el proceso de montaje de la obra Ellas, Nosotras y Ustedes.
L@s esperamos, jueves 20 de noviembre, 7 p.m; Amón Solar (Barrio Amón).
Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, Los Santos conformada por los cantones de Tarrazú, León Cortés y Dota es la zona que presenta mayor cantidad de intentos de suicidio por cada 100 mil habitantes en el país. Fue en Dota donde su alcalde, un pastor evangélico y un médico de la localidad decidieron pedir ayuda a la Universidad de Costa Rica (UCR) para investigar el por qué de tantos intentos de suicidios en un lugar con pocos habitantes (6.946, según el Censo Nacional del 2011). Las autoridades comunales solicitaron también la búsqueda de posibles soluciones para este fenómeno.
El rector de la UCR, Henning Jensen, en conjunto con el vicerrector de Acción Social (VAS), Roberto Salom, gestionaron la elaboración de una propuesta que creó el proyecto Desarrollo de Capacidades en la Comunidad de Santa María de Dota para la Prevención de Suicidios, desarrollada por las escuelas de Psicología y Sociología, en coordinación con la VAS.
La primera fase de esta iniciativa dio inicio a finales del año pasado. El grupo investigador está compuesto por la socióloga Carolina Castillo y la psicóloga Adriana Maroto, además de dos asistentes; todos ellos bajo la asesoría de Salom; del director de la Escuela de Sociología, Asdrubal Alvarado y del director de la maestría Clínica en Sociología, Manuel Martínez.
Después de un año de análisis, que conllevó la realización de entrevistas, una reunión con los Asistentes Técnicos de Atención Primaria de Salud de la zona (ATAPS), grupos de discusión y talleres con instituciones, adolescentes y mujeres, las investigadoras lograron identificar algunas características que podrían incidir en que Dota tenga la tercera tasa de intento de suicidios más alta del país (ver gráfico) y el décimo lugar de suicidios por cada 100 mil habitantes.
Entre los factores se encuentra el que Santa María, cabecera del cantón de Dota, sea una comunidad donde es normal que sus habitantes se conozcan, y por tanto se pierda cierta privacidad; la falta de espacios y actividades recreativas hace de los jóvenes víctimas presa fácil del consumo de drogas ilegales y legales (principalmente del alcohol), además de la violencia intrafamiliar, e inclusive de incestos.
Tanto Castillo como Maroto aseguran que si bien esos elementos no son causales directos de suicidio, sí se trata de problemáticas a tomar en cuenta para explicar el fenómeno. Además, señalan que aunque no hay casos de suicidios consumados todos los meses, los intentos de atentar contra la propia vida sí tienen esa frecuencia, al punto de que es bastante frecuente que personas de la comunidad conozcan a alguien que se ha suicidado, o que al menos lo ha intentado.
Entre los datos proporcionados por ambas docentes se afirma que por cada suicidio consumado hay entre 10 y 20 intentos fallidos y que un 20% de quienes intentan suicidarse lo vuelven a hacer en el lapso de un año. De ellos, un 10% de ellos lo consigue. En Dota, los adolescentes son quienes más intentan acabar con su vida.
Las investigadoras coinciden en que, pese a que la comunidad de Santa María tiene claro el problema, existe poca participación de sus habitantes para solucionarlo: “a veces convocamos a 20 personas y llegan solo 2”, ejemplificó Maroto, aunque Castillo agregó que aún están en el proceso de integración con la comunidad. Los resultados del trabajo de campo se presentarán a la comunidad en la primera semana de diciembre.
Para el próximo año, el proyecto impulsará acciones para prevenir el suicidio, para lo cual se implementarán procesos participativos y de concientización focalizados en adolescentes, jóvenes adultos, grupos de mujeres organizadas e instituciones locales.
El compañero indígena Bribri Sergio Rojas Ortiz, del territorio indígena de Salitre fue detenido el pasado jueves 06 de noviembre; y desde ese día está detenido en la Prisión de San Isidro de Pérez Zeledón, con “medidas cautelares”, ante el Juzgado Penal de Buenos Aires, por solicitud de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, a cargo de la Licda. Adriana Céspedes del Ministerio Público; quién alegó la existencia en “grado de probabilidad”, el “peligro de fuga y obstaculización a la investigación”, pidiendo “medidas cautelares”, una caución o fianza de 50 millones de colones, el impedimento de salida del país, la prohibición de contactar a los denunciantes y testigos, además de ser inhabilitado del cargo como Presidente de la Asociación –ADI de Salitre.
El Expediente # 12-200679-0634-PE se tramita en la Fiscalía de Asuntos Indígenas del Primer Circuito Judicial, contra Sergio Rojas Ortiz y otros por el delito de administración fraudulenta.
Ante esta situación, nosotros jóvenes indígenas decidimos al ser las 10:15 de la mañana de hoy miércoles 19 de noviembre, tomar las Oficinas de la Fiscalía de Asuntos Indígenas; para exigir la liberación inmediata del compañero Sergio Rojas, ya que consideramos que actualmente es un preso político del Estado costarricense.
Consideramos que la actuación de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, del Poder Judicial y del Ejecutivo ha sido injusta, desproporcionada y cargada de prejuicios racistas; por lo que exigimos un proceso judicial justo y en libertad para Sergio Rojas.
Ante el proceso de recuperación de tierras que ha venido desarrollando el pueblo Bribri de Salitre; grupos de terratenientes y otros sectores dominantes han perpetrado actos de violencia contra el pueblo indígena, con ataques con arma de fuego, machetes, tortura, persecución de mujeres y niños en la montaña, quema de ranchos, amenazas y otros actos violentos; ante los cuales la administración anterior y la actual actuaron de forma complaciente con los grupos de matones y agresores.
¿Dónde estaba esta Fiscala Céspedes y el Ministro Gamboa, cuando ocurrieron las agresiones citadas antes? ¿Cuántos despliegues de policías se han hecho y allanamientos similares, para capturar a los /as responsables de esos actos delictivos contra los vecinos dueños de la tierra /territorio de Salitre? ¿Por qué no se resuelve el Recurso de Amparo, para desalojar al ex juez Carlos Gutiérrez y la abogada Thais Vidal que poseen tierras ilegalmente dentro del territorio?
Nosotros como jóvenes indígenas, hacemos un llamado a los demás hermanas y hermanos indígenas a solidarizarse y manifestarse por la libertad de Sergio Rojas, así como a profundizar la organización en nuestros territorios para defender nuestros derechos.
El día de hoy, a las 8 am, el no indígena Armando Gómez (conocido como tito Gómez), junto con otros hombres armados ingresaron al Territorio Indígena Salitre, zona sur de Costa Rica, y se dirigieron a la zona de La Fortuna.
Según informes de la comunidad, estos agresores se introdujeron en la tierra recuperada de la familia de Camelia Ortiz, les intimidaron con las armas de fuego, y luego les quemaron el rancho y sus pertenencias.
La señora Ortiz, su hermana, 8 niños y un hombre -todas y todos, indígenas bribris- huyeron hacia la montaña para protegerse de la agresión, y hasta hace pocos minutos se tuvo certeza por parte de la comunidad de que ya se encuentran a salvo.
Los informes de la comunidad indican que los agresores no indígenas se encuentran dentro de la finca de la familia Ortiz, mientras continúan sus intimidaciones contra la comunidad indígena accionando las armas. Se reportan constantes sonidos de balas.
Según indican los y las compañeras indígenas, el informe de la Fuerza Pública de Buenos Aires, que llegó a revisar la situación, describe que no hay ni disparos, ni ranchos quemados ni intimidaciones. «Todo se encuentra normal».
La comunidad pregunta, ¿Dónde está la Fiscal Indígena?
Información enviada a SURCOS Digital por Radio 8 de Octubre.
En el ámbito internacional, tanto la ONU en el 2010, como la OEA en el 2012, reconocieron el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida (foto archivo ODI).
Derecho humano al agua debe tutelarse aunque no sea reconocido como tal en la Constitución
“El problema de los derechos fundamentales ya no consiste en su reconocimiento, sino en la posibilidad de hacerlos efectivos. Por eso el derecho humano al agua y al saneamiento debe tutelarse, independientemente de que éste sea o no reconocido por la Constitución Política”.
Así lo manifestó el M.Sc. Mario Peña Chacón, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), durante la segunda jornada del II ForoInstitucional 2014 Diagnóstico y Planificación del Recurso Hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua.
En la actividad, organizada por la Comisión Especial Interdisciplinaria (CEI) de la Rectoría, el especialista se refirió a los principios, derechos y obligaciones derivadas de los tratados internacionales vinculantes suscritos por Costa Rica, mediante los cuales ese derecho humano al agua debería ser efectivo en el ámbito nacional.
Entre ellos citó la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres, la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo adicional al Convenio de Ginebra relativo a las víctimas de conflictos armados internacionales y la interpretación ambiental del Artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que se deriva el derecho humano al agua y al saneamiento. “Se trata del derecho de todos al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Aunque Peña es partidario de que siendo el agua un recurso finito, vulnerable y que requiere costos económicos para su gestión no debe ser gratuito, existe un deber estatal de proveer el servicio a las poblaciones más desfavorecidas colocando cerca una fuente de agua y un sistema de saneamiento.“El derecho humano al agua debe privar en hospitales, centros de salud, escuelas, orfanatos, estaciones de bomberos y asilos de ancianos, que no deberían sufrir cortes o interrupciones del servicio y ser gratuito para poblaciones alejadas, organizaciones comunales y pueblos indígenas”, indicó.
El recurso hídrico debe tener un valor económico para desestimular su mal uso y que cubra al menos los costos de mantenimiento y traslado del agua al punto de abastecimiento, indicó el M.Sc. Mario Peña (foto Rafael León).
Sin embargo –acotó- la estructura tarifaria debería reflejar los niveles de recuperación económica y castigar el desperdicio. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que una familia no debería gastar más de un 5% de su presupuesto en la tarifa hídrica y que cada persona debería tener acceso diario a entre 50 y 100 litros de agua diarios para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene, lavado, saneamiento y agricultura de subsistencia. “Quedan por fuera de ese derecho humano los usos del agua comerciales, industriales, para la agricultura extensiva y para la producción de energía eléctrica”.
Chacón explicó que actualmente Costa Rica está al nivel de un país desarrollado como Suecia en lo referente a la distribución de agua potable con un porcentaje de 90.1%. No obstante, en cuanto al tratamiento de las aguas residuales el país está al nivel de Haití, ya que solo se trata el 3% de esas aguas a nivel nacional y únicamente el 0.79% en la Gran Área Metropolitana (GAM).“El resto se descarga directamente en los ríos Tiribí, María Aguilar, Torres y Rivera, que acaban en la cuenca del Grande de Tárcoles, la más contaminada de toda Centroamérica”.
Discusión nacional
Mientras países como Suráfrica en 1996, Uruguay en el 2004, Ecuador en el 2008, Bolivia en el 2009 y México en el 2011, reconocieron en sus respectivas Constituciones que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y que el Estado es el que debe garantizar ese derecho, en Costa Rica solo está plasmado a nivel de un Decreto Ejecutivo del MINAE de junio del 2002.
“En UICN buscamos que los instrumentos del derecho internacional sean plasmados en normativas nacionales en los diferentes países de la región”, indicó la M.Sc. Rocío Córdoba (foto Rafael León).
Como en el país es poco probable que se dé una reforma constitucional semejante, dijo Chacón, en el 2003 en su Sentencia 4654-2003, la Sala Constitucional reconoció como parte del Derecho de la Constitución el derecho humano al agua, derivado de los derechos fundamentales a la salud, a la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y a la vivienda digna, haciendo el mismo ejercicio que hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Además actualmente en la corriente legislativa circula un Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, presentado mediante iniciativa popular por la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) en el año 2007, que contempla este derecho de manera expresa en el artículo 2.
Aunque esta iniciativa fue aprobada en primer debate, luego de una consulta a la Sala Constitucional fue devuelto a la Comisión Permanente Especial de Ambiente donde se analizan tres artículos que fueron declarados inconstitucionales. Asimismo, en la corriente legislativa circula un proyecto de reforma al artículo 50 de la Constitución Política, para incluir a nivel constitucional derecho humano al agua, al que se han opuesto sistemáticamente los diputados del Movimiento Libertario.
Entretanto, comentó Chacón, las estadísticas nacionales dejan mucho que desear, pues indican que ese derecho humano al agua no es efectivo. “Pese a las sentencias que en la materia ha dictado la Sala Constitucional, el nivel de cumplimiento de las mismas por parte de las entidades del Estado es muy bajo: el MINAET un 15,9%, el Ministerio de Salud un 13,1%, Acueductos y Alcantarillados un 16,4%, el ICE un 21,1%, el MAG un 25% y el INCOPESCA un 0%”.
Mencionó como claros ejemplos de esta ineficacia la situación de contaminación del agua por plaguicidas o arsénico que sufren desde hace años las comunidades El Cairo, Milana, La Francia y Luisiana de Siquirres, Guanacaste y San Carlos, y que siguen sin resolverse en beneficio de sus habitantes, a pesar de existir recursos de amparo con lugar que son vinculantes.
Únicamente 0.26% del agua del planeta está disponible para consumo humano en lagos, embalses y canales (foto archivo ODI).
Además, de las 439 denuncias que se presentaron en el 2012 en el Tribunal Ambiental Administrativo, solo salieron cuatro resoluciones de acuerdo conciliatorio, 31 resoluciones de desestimación y 10 resoluciones finales, lo que denota una acumulación de procedimientos. Igual situación ocurre en el Ministerio Público, por cuanto de las 1 763 denuncias que se presentaron en el 2012 por delitos ambientales, hubo 26 sentencias condenatorias y 56 sentencias absolutorias. Las demás siguen sin resolución.
Para Chacón la palabra clave es efectividad, porque si a través de su ejercicio los derechos no se materializan, no sirven de nada, concluyó.
Recursos hídricos
La M.Sc. Rocío Córdoba Muñoz, coordinadora para Mesoamérica de Medios de Vida y Cambio Climático de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), indicó por su parte que pese a que no existe en el ámbito internacional una convención del agua que regule de forma holística todo el ciclo hidrológico, hay varios tratados, convenios y mecanismos internacionales que se refieren directa e indirectamente a la gestión integrada de recursos hídricos, su relación con los ecosistemas y con la sociedad.
“Nuestras instituciones están permeadas por la corrupción. De otra manera los votos de la Sala Constitucional se acatarían”, sentenció Álvaro Sagot (foto Rafael León).
En su opinión, son estos instrumentos del derecho internacional los que promueven un ambiente propicio para que los Estados dialoguen, negocien, consensuen y cooperen, sobre todo aquellos que comparten la gestión de lagos y cuencas fluviales.
Datos aportados por el Ing. Gerardo Fumero Paniagua, moderador de la mesa, indican que en el planeta existen 263 lagos y cuencas fluviales transfronterizas. Un total de 145 naciones tienen parte de su territorio en cuencas que comparten varios países y otras 21 se sitúan en su totalidad en el interior de cuencas compartidas por varios países.
La mayoría de las cuencas hidrográficas son compartidas por más de dos países, pero existen 13 cuencas que son compartidas por grupos de entre cinco y ocho naciones. Las cuencas de los ríos Congo, Níger, Nilo y Zambeze, todos en África y el río Rin en Europa, son compartidas por grupos de entre nueve y 11 países. El río que atraviesa la mayor cantidad de naciones es el río Danubio, que fluye a través de 18 naciones.
Esa condición de compartir las cuencas hidrográficas, unida a la cada vez menor disponibilidad del agua y un creciente deterioro de su calidad, hace que se incremente la competencia por este recurso, lo cual obliga a procurar tratados internacionales que establezcan acuerdos sobre su uso.
Por esa razón, continuó Rocío Córdoba,los tratados internacionales que tienen que ver de una u otra forma con el tema del agua proveen principios específicos relacionados con la gobernanza y el uso del agua, establecen, parcialmente instrumentos y mecanismos para su gestión efectiva e integral, y algunos contienen mecanismos de sanciones para asegurar la observancia de sus disposiciones por los Estados parte.
La cada vez menor disponibilidad del agua y un creciente deterioro de su calidad, hacen que se incremente la competencia por este recurso lo que obliga a procurar tratados internacionales que establezcan acuerdos sobre su uso (foto archivo ODI).
Al respecto, mencionó la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ratificada por el país en 1950, que se orienta a la protección de áreas de captación de agua como ríos, lagos, humedales y zonas costeras y que toma en cuenta diversos ecosistemas y su relación con el ser humano. Tal es el caso del Parque Nacional Talamanca-La Amistad y el Parque Nacional Marino Isla del Coco.
Otra es la Convención sobre los Humedales de importancia Internacional (Ramsar), que entró en vigor en 1971 y que el país aprobó en 1992, en la que Costa Rica es muy activa y que busca la conservación y el uso racional de estos ecosistemas acuáticos tanto de aguas dulces, como de aguas salobres y saladas y que contempla lineamientos para integrar la conservación de humedales dentro del manejo de cuencas hidrográficas.
Un tercer instrumento es el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (CDB) que entró en vigor en diciembre de 1993 y fue ratificado por Costa Rica en 1994. Este contempla la cooperación para la conservación de la diversidad biológica dentro y más allá de las jurisdicciones nacionales y resoluciones de las partes contratantes de la convención sobre diversidad biológica de aguas dulces.
Aparte de esos tratados, Córdoba mencionó instrumentos regionales dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que son políticas y estrategias a nivel regional que se han elaborado con participación de todos los países con el fin de buscar una mejor gestión de los recursos hídricos.
Entre otras mencionó la Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, ratificada por los ministros de Ambiente en el 2002, y la Estrategia Regional de Cambio Climático, aprobada en el 2010.“Esta última es muy importante porque la variabilidad climática no puede ser desligada de ninguna forma ni en la región, ni en el país, de los recursos hídricos porque está relacionada con fenómenos hidrometeorológicos”.
El 75% del agua dulce del mundo se usa para la agricultura. Si se continúa en esa línea, se prevé que hacia el 2025, el 66% de los habitantes del planeta sufrirá condiciones de sequía o escasez (foto archivo ODI).
Finalmente, hizo referencia a dos instrumentos internacionales que sí están ratificados, que aunque no incluyen todo el ciclo hidrológico, se refieren a cursos de agua internacional o cuencas transfronterizas, incluidas las aguas subterráneas, “que casi nunca se toman en cuenta porque no se ven”.
Se trata del Convenio de Helsinki, que se convirtió en instrumento global en febrero del 2013 y la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la Navegación, que entró en vigor el 17 de agosto del 2014.“Ambas convenciones toman en cuenta los principios de cooperación, desarrollo sostenible y subsidiaridad y establecen una serie de principios del derecho internacional que son obligatorios para los países parte, la cual, hasta el momento, no ha sido ratificada por ningún país de América Central, ni de Latinoamérica”.
Durante los comentarios finales el M.Sc. Álvaro Sagot Rodríguez, consultor ambiental, concordó con los expositores en que a pesar de las directrices de la Sala Constitucional, todo parece indicar que las instituciones como tal y sus funcionarios aún no están sensibilizados con el tema del agua como derecho humano fundamental, no obstante que es reconocido incluso por convenciones internacionales ratificadas por Costa Rica. “Cuando se revisan los votos de la Sala Constitucional pareciera que a las instituciones se les repite una y otra vez que están violando derechos humanos fundamentales y con todo lo lamentable que puede ser, pareciera que contaminar el agua no es tan grave como el robo de un reloj o una cadena”.
A juicio de Sagot muchas de esas actitudes de los funcionarios públicos hacia la normativa existente, se deben a que en algunos casos existe corrupción, que responde a intereses de empresas extranjeras que invierten en el país, como ocurre en el caso de las comunidades de Siquirres, que desde el 2009 obtuvieron un voto favorable y continúan consumiendo agua contaminada por pesticidas.“Esto hay que dejarlo perfectamente claro: nuestras instituciones están permeadas por la corrupción. De otra manera los votos de la Sala Constitucional se acatarían”, concluyó.
En este proyecto participan jóvenes de décimo y undécimo año de diez colegios de Sarapiquí y Nicoya (foto Laura Rodríguez).
La joven Paola Montiel Gómez es estudiante de la Telesecundaria de Ostional, tiene 17 años y desde hace varios meses mejora sus habilidades de expresión y de razonamiento lógico- matemático a través de un novedoso proyecto educativo que impulsa la Universidad de Costa Rica.
Todos los sábados, ella se traslada con entusiasmo, desde su comunidad hasta el centro de Nicoya, para recibir las clases del “Programa + Equidad”, una iniciativa de la rectoría, mediante la cual, se les brinda a estudiantes de colegios de zonas alejadas, las herramientas cognitivas básicas para enfrentar distintas situaciones de la vida cotidiana.
Al igual que Paola, el joven Eliab Gómez Sánchez de 16 años y vecino de Bocas de Nosara asiste a estas clases, con el fin de mejorar sus destrezas de comprensión de lectura y de razonamiento cuantitativo, y así lograr alcanzar su sueño de convertirse en médico.
Junto a Paola y Eliab, otros 185 estudiantes de diez colegios públicos de Sarapiquí y Nicoya experimentan una nueva forma de aprendizaje a través de un planteamiento curricular y metodológico no tradicional.
Estos jóvenes son guiados en su proceso de formación por estudiantes avanzados de la Escuela de Formación Docente y de la Escuela de Orientación de la UCR, quienes mediante juegos y dinámicas ayudan a los colegiales a mejorar sus habilidades de argumentación y de razonamiento cuantitativo.
Paola Montiel complementa la formación que recibe en la Telesecundaria de Ostional con las tutorías del Programa + Equidad de la UCR (foto Laura Rodríguez).
Novedosa Metodología
Este proyecto educativo se basa en la teoría de “La espiral del conocimiento”, la cual propone, que el aprendizaje se da a partir de elementos como la socialización, la observación, la externalización, la internalización, entre otros.
La mayoría de ejercicios que se plantean en las ocho sesiones de trabajo, son integrales, interactivos, dinámicos y hasta lúdicos; los estudiantes no memorizan contenidos sino que aprenden a través de la interacción y el intercambio del conocimiento.
“Las clases son diferentes, son entretenidas, uno interactúa con los compañeros y tutores y así uno aprende mejor” dijo Samarina Loría Chavarría, estudiante del Colegio Técnico Profesional de Nicoya.
Sus compañeras Meybis Obando y Amanda Suarez coinciden en que este método les ha permitido mejorar sus habilidades de expresión y las ha ayudado a resolver de manera simple operaciones matemáticas.
Eliab Gómez del Liceo de Bocas de Nosara también forma parte del programa de la UCR (foto Laura Rodríguez).
El plan de formación se complementa con sesiones de orientación vocacional por medio de las cuales, los estudiantes identifican sus fortalezas y debilidades, esto con el objetivo de que en un futuro, puedan tomar decisiones informadas sobre su proyecto de vida.
¿Cuál es el propósito del Programa + Equidad?
El Programa + Equidad es una iniciativa que impulsa la Rectoría y de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UCR desde hace año y medio, en varios colegios de Nicoya y Sarapiquí.
Con el apoyo del posgrado en Planificación Curricular de la Escuela de Formación Docente y de la Escuela de Orientación, la UCR prepara a estos colegiales, con el objetivo de que emprendan de manera informada su proyecto de vida, indistintamente de si desean, o no, ingresar al sistema de educación superior.
Sin embargo, uno de los objetivos del proyecto, radica en persuadir a estos jóvenes para que tomen en cuenta el ingreso al sistema de Educación Superior y conozcan su papel de agente para la movilidad social.
Los jóvenes del plan piloto son preparados por la UCR con el objetivo de que emprendan de manera informada su proyecto de vida, indistintamente de si desean, o no, ingresar al sistema de educación superior (foto Laura Rodríguez Rodríguez).
Los estudiantes que participan en el proyecto, fueron seleccionados de acuerdo con un estudio que realizó la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en alianza, con el Ministerio de Educación Pública (MEP).
En este estudio se analizó el comportamiento de los colegios del país en las distintas etapas del proceso de admisión y su desempeño en las pruebas nacionales de Bachillerato en español y matemáticas.
Fue así como la UCR logró seleccionar para este programa, a aquellos colegios públicos del país, en los cuales, un porcentaje muy reducido de sus graduados logran ingresan al Sistema de Educación Superior.
Según la M.Sc. Ruth De La Asunción Romero, vicerrectora de Vida Estudiantil, esta iniciativa reafirma el compromiso institucional, con el fortalecimiento de una sociedad costarricense más justa y equitativa.
Los colegios de Sarapiquí que participan en el programa son: el Liceo de San José del Río, la Telesecundaria Los Arbolitos, el Liceo Rural La Gata y el Liceo Rural Las Marías. Mientras que, en la región de Guanacaste participan estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, del Liceo de Copal, del Liceo de Belén, del Liceo Rural La Esperanza, el Colegio Bocas de Nosara y la Telesecundaria de Ostional.
Durante la visita al CTP de Nicoya, la ministra instó a los estudiantes a continuar con sus estudios (foto Laura Rodríguez).
Para ejecutar este programa, la Universidad despliega una serie de esfuerzos de articulación, ya que la entidad debe coordinar permisos con el MEP y con las autoridades de los colegios. Asimismo, la institución se hace cargo de la logística de transporte y alimentación de los estudiantes.Programa Modelo
A pesar de que el “Programa + Equidad” es un proyecto piloto, las autoridades de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública (MEP) valoran la posibilidad de evaluar el efecto de esta propuesta curricular,con el objetivo de definir acciones de mayor impacto y cobertura a nivel nacional.
Con el fin de observar y escuchar las experiencias de los estudiantes y docentes que participan del programa, la Ministra de Educación, Sonia Marta Mora Escalante, visitó el sábado anterior, el Colegio Técnico Profesional de Nicoya, uno de los centros educativos involucrados en este proyecto.
Durante su visita, la Ministra atendió las necesidades de los estudiantes y los motivó a aprovechar la oportunidad de formación complementaria que les brinda la UCR con este programa.
La Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Piñeros de Costa Rica, COSIBACR solicitaron al movimiento sindical nacional e internacional y al movimiento sindical publicar de la manera que esté a su alcance el siguiente documento relativo a la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 377 (párrafo primero) del Código de Trabajo, el cual abre espacio para el movimiento sindical costarricense.
Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Piña COSIBACR
A propósito del reciente voto de sala constitucional sobre la huelga y sus beneficios
¿Qué es una huelga ilegal?
¿Por qué los sindicatos bananeros y piña, planteamos una acción de inconstitucionalidad en contra del párrafo primero del artículo 377 de código de trabajo?
Voto: nº 2011-010832
Los sindicatos bananeros: Sindicato de Trabajadores de la Chiriqui Land Company, (SITRACHIRI); Sindicato de Trabajadores Agrícolas Ganaderos Anexos de Heredia, (SITAGAH) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Privado Empresarial (SINTRAPEM), todos miembros de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Pina de Costa Rica, COSIBACR, se manifiestan sobre su acción de inconstitucionalidad, planteada contra el artículo 377 del código de trabajo, voto 2011-010132, de la sala constitucional, lo que consideramos un rotundo éxito para todas y todos los trabajadores de Costa Rica, al respecto presentamos la acción, entre otras razones debemos señalar:
1-Que con la resolución de huelga ilegal en firme, se despedía a todos los trabajadores sin responsabilidad patronal, sin una previa advertencia a los trabajadores para que se reintegraran a los labores, como ahora sí se logró con la acción promovida por los sindicatos bananeros y piñeros, igual se hace extensivo para todos y todas las trabajadores que laboran en Costa Rica, lo cual se constituye en pequeño aporte de COSIBACR al movimiento sindical; por cierto ya los compañeros de JAPDEVA/SINTRAJAP fueron amparados por esta acción de inconstitucional, mediante la resolución que abajo se indica.
2-Que se consignaba el derecho a la huelga en nuestra Constitución Política, como un derecho fundamental pero en la realidad de la vida laboral era inalcanzable para los trabajadores, en virtud de una serie de solemnidades o requisitos formales de difícil alcance para los trabajadores, especialmente los peones agrícolas.
3-El procedimiento para llegar a la huelga legal, es en exceso lento por parte del poder judicial y les da tiempo a los patronos para mediante la coacción e intimidación y amenazas se pueda boicotear cualquier huelga inclusive despidiendo a los trabajadores/as perdiendo interés el movimiento.
4-Es una norma sancionadora propia de un Código Penal! violentado el derecho de toda persona al debido proceso según artículos 39 y 41 de la Constitución Política de Costa Rica.
5-Es una norma ambigua y omisa, con grandes interrogantes y lagunas jurídicas que han venido a interpretarse hasta ahora con el voto de la Sala Constitucional.
6-En muchos casos lo que existió fue un simple abandono de trabajo y lo tipificaron como huelga ilegal, despidiendo a los trabajadores sin pago de liquidaciones.
7-Violenta los derechos humanos y constitucionales, constitucionalmente, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo en un proceso judicial sin la debida advertencia legal y una representación legal o por lo menos una notificación que le indique que hay un proceso judicial en su contra, esto nunca sucede en la denominada calificación de huelga, con el asunto del reconocimiento judicial.
8 -El código de trabajo señala los requisitos formales o solemnes para la legalidad de la huelga pero no los presupuestos de hecho y derecho para la declaración de ilegalidad. Quedan al libre arbitrio del juez laboral, quien es transportado por la parte patronal al lugar de los hechos, lo que no es ético.
9-Solamente en el primer párrafo del artículo 377 del Código de Trabajo, se dice algo en concreto sobre la denominada huelga ilegal. Lo único que se dice es la sanción a trabajadores cuando se declara huelga ilegal pero no dice como se configura la ilegalidad de esa huelga.
10-La ley o esa norma, debe otorgar mínimamente una prevención de veinticuatro horas a las y los trabajadores para que se reintegren de forma inmediata a sus labores, caso contrario se harán acreedores a la sanción del despido.
11-Los trabajadores, en el reconocimiento judicial, deben de ser advertidos de que sus manifestaciones les pueden perjudicar y se pueden abstener de hablar.
12-Que deben contar con un abogado al momento del reconocimiento judicial y que toda acción judicial debe de ser notificada previamente a los trabajadores. Que en todo reconocimiento se debe de identificar a las personas que no quieren laborar.
13-Que la norma cuestionada, debe quedar sin efecto por su carácter de ambigua, omisa, inoperante y parcializada a favor de la parte patronal. En casos de duda en este tipo de proceso se debe aplicar las reglas del indubio pro operario
Es por estas razones y sin número de razones de peso más, que los sindicatos bananeros, resolvieron plantear la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 377 del Código de Trabajo, lo que vino a ser interpretado de buena forma por parte de la Sala Constitucional, en dicha resolución, en los casos de que se califique de la ilegalidad de la huelga, se ordena prevenir a los trabajadores que se reintegren a sus labores, caso contrario si serían despedidos. En nuestro criterio, la acción viene a satisfacer parcialmente nuestra pretensión, esto constituye un gran éxito para los trabajadores y sindicatos bananeros y piña y todos los trabajadores de Costa Rica.
*060144170007co*
Expediente Nº 06-014417-0007-co
Resolución Nº 2011-010832Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas y treinta minutos del doce de agosto de dos mil once.
Acción de Inconstitucionalidad promovida por r.g.m., portador de la cédula de identidad […], vecino de […] limón, en su calidad de […]; contra los artículos 373 y 377 del código de trabajo.
Ramón Barrantes Cascante
René García Miranda
Pablo Villalta Sandoval
Lic. Warren Flores Castillo
Información enviada a SURCOS Digital por Ramón Barrantes.
Al ICE que aclare los plazos para archivar proyectos
El 11 de noviembre el Consejo Municipal de Buenos Aires decidió rechazar el veto a la intención de derogar la moratoria a los proyectos hidroeléctricos privados interpuesto, por tercera vez, por la Vice Alcalde Rosario Cordero, el pasado martes 28 de octubre.
Ahora será un Tribunal Contencioso Administrativo quien resuelva el diferendo entre algunos miembros del Consejo y las autoridades municipales que aprobaron la moratoria (Acuerdo 25-2013 y ratificado 11-2-2014) hasta tanto no se resuelva el conflicto con proyectos de abastecimiento de agua potable para las poblaciones del cantón.
Vencimiento de plazos para proyectos. Las acciones de lucha de las comunidades en defensa del agua han tenido sus frutos logrando archivar tres proyectos hidroeléctricos en ARESEP (Monteverde I, Monteverde II y Consuelo), y continúan, ahora el Movimiento Ríos Vivos solicitó a SETENA el archivo de los proyectos San Pedro, San Rafael y Peñas Blanquitas II por vencimiento de plazos para presentación de información técnica y la falta de una solicitud de prórroga.
En el caso de proyecto San Pedro, mediante el Oficio 595-2014, la SETENA otorgó plazo de 6 meses para la presentación del Anexo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que venció el 26 de setiembre pasado. Mientras el Peñas Blanquitas II, mediante el Oficio 538-2014-SETENA, se le otorgó plazo de 6 meses para la presentación de un anexo al EIA que venció el pasado 19 de setiembre sin costar ninguna solicitud de prórroga en el expediente.
Al proyecto San Rafael la SETENA le otorgó 6 meses de tiempo para la presentación del Anexo al EIA, mediante el oficio 578-2014. El plazo para presentar el estudio venció el pasado 24 de setiembre 2014 y el documento no fue entregado. A pesar de haber vencido el plazo, se presentó una solicitud de prórroga (ver documento) con fecha de recibido el 26 de setiembre, por tanto dicha solicitud se presentó a destiempo.
Mediante una carta respaldada por el diputado Edgardo Araya Sibaja, el 30 de octubre de 2014 solicitaron al Presidente Ejecutivo del ICE Carlos Obregón información sobre los plazos de los proyectos Consuelo, Monteverde II, Monteverde I y San Rafael, que fueron seleccionados en las licitaciones del ICE (N°01-2012) y (N° 02-2014) y en teoría, tenían un año para cumplir con la presentación de requisitos como la Evaluación Ambiental, concesión de aguas y servicio público de generación eléctrica, aprobada por Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.
La carta de compromiso del PH Consuelo y el ICE, firmada en 21 de febrero de 2013, asegura que tendría un año para cumplir con esos requisitos, por lo que Ríos Vivos quiere saber las razones y el estado de los otros proyectos, y que informen si es el caso, las ampliaciones otorgadas.
Los proyectos Consuelo y Monteverde I por estar en el cantón de Buenos Aires no cuentan con el uso conforme necesario para la aprobación de EIA por la moratoria municipalidad vigente para la construcción de proyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se resuelva el conflicto con proyectos de abastecimiento de agua potable para las poblaciones del cantón. Por esta razón, así como el criterio técnico vinculante como el caso de AyA y MINAE solicitaron dar por terminado el compromiso del ICE con estos proyectos.
Informes: Roberto Granados del Comité Cívico Bonaerense al tel: 8860 0011 Jiri Spendlingwimmer del Movimiento Ríos Vivos al tel 8880 6385
