La política de austeridad es una amenaza al desarrollo del país

Gilberto Lopes
San José, 13 de noviembre de 2026

Se renuevan las propuestas de venta de activos públicos costarricenses, de privatización de los sistemas de pensión, de las medidas de austeridad, contempladas en el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa.

Con la deuda pública superando nuevamente el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) se aplican las medidas de contención del gasto de acuerdo con la ley aprobada en el gobierno de Carlos Alvarado.

No faltan quienes sugieren que el Estado no puede gastar más de lo que ingresa, que las reglas de la economía de una sociedad son iguales a las de una familia. Vale la pena detenerse en esa idea: ¿es realmente así? ¿Qué países desarrollados se rigen por esa regla?

Es cierto que una familia que vive endeudada, que vive de préstamos, probablemente terminará por arruinarse cuando ya no pueda honrar sus compromisos. El Estado, por el contrario, no puede dejar de gastar para que la sociedad funcione. Lo cierto es que un Estado no quiebra. Inclusive cuando entra en default, cuando no puede pagar su deuda, el resultado es muy distinto a lo que ocurre con una empresa o una familia.

No hay que perder esto de vista, porque tiene importancia para entender cuáles son nuestras alternativas y por qué nos tratan de asustar con argumentaciones como estas.

Por lo general quienes argumentan así apuntan a las privatizaciones y a las políticas de austeridad. Las primeras responden a los intereses de cierto capital, con frecuencia internacional. Las segundas, al deterioro del nivel de vida de las mayorías. Me parece que ninguna de las dos responde a los intereses de las mayorías nacionales –trabajadores y empresarios– y no son, por lo tanto, un camino que responda a los mejores intereses nacionales.

La relación entre la deuda y el PIB varía no solo cuando crece la deuda sino también cuando lo hace el PIB. En un debate sobre las políticas económicas en la reciente campaña electoral en Brasil se destacó que, en un país con grandes desigualdades económicas y sociales, donde las políticas públicas son un factor esencial para su reducción, la austeridad fiscal termina contribuyendo a aumentarlas y a debilitar la democracia. No es muy distinto el panorama en Costa Rica.

La austeridad fiscal no es solo una política económica, es un proyecto político. Las inversiones públicas y las medidas redistributivas aplicadas por el Estado tienen consecuencias importantes en la realidad social de un país. El énfasis en la austeridad desdibuja el proyecto de desarrollo que un país necesita.

Por qué la deuda no disminuye

En una reciente discusión sobre el tema en el diario El Financiero, se preguntaban por qué la deuda no disminuye en Costa Rica, pese a las medidas para contener el gasto.

Un economista español, Juan Torres López, catedrático de la Universidad de Sevilla, ha escrito mucho sobre el tema. Hace años lo fui a entrevistar a su universidad y desde entonces no he dejado de asomarme a sus análisis.

Europeo, su referencia es el Tratado de Maastricht que, en 1992, fijó las normas para la creación de una Unión Económica y Monetaria en la Unión Europea y para la creación de la moneda común europea, el euro.

El Tratado de Maastricht estableció que los déficits públicos de los países miembros no debían superar el 3% del PIB; y la deuda pública, el 60%.

La excusa –dice Torres en su artículo– “fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits”. Pero no hay una sola razón científica para asegurar que mantener déficits inferiores al 3% del PIB, o una deuda inferior a 60%, permitirá reducir la deuda y que no tendrá un efecto negativo en la actividad económica del país, afirma.

Los intereses políticos

Es evidente que no hemos sido muy originales cuando, en el gobierno Alvarado, fijaron el límite de gastos y estipularon drásticas medidas de austeridad para reducir el déficit. Sin embargo, las políticas de austeridad, ni en Europa ni aquí, lograron ese objetivo. Por el contrario, al reducir el gasto público, la deuda aumentó en lugar de disminuir.

El tema de la deuda es objeto de miles de páginas de economistas, políticos, académicos. Es un tema importante, pero que no tiene soluciones ajenas a intereses económicos y políticos. No se trata de un problema “científico”.

En un estudio sobre el tema, publicado en el Cambridge Journal of Economics en diciembre del 2013, tres economistas –Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Pollin– se preguntan si una alta deuda pública afecta consistentemente el crecimiento económico.

Tres años antes, dos colegas, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, habían escrito un artículo –Growth in a Time of Debt– en el que respondían afirmativamente a esa pregunta.

Herndon, Ash y Polin no estaban de acuerdo. Su respuesta muestra, en primer lugar, el manejo equivocado de los datos por parte de Rogoff y Reinhart. Al contrario de lo que sostienen, los datos sobre el crecimiento, cuando la deuda pública supera inclusive el 90% del PIB, no difieren de manera drástica, cuando la deuda es inferior.

Rogoff y Reinhart presentaron sus conclusiones al Comité de Presupuesto del Senado estadounidense y estas fueron luego reproducidas por grandes medios de comunicación: The Economist, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Fox News, National Public Radio y otros.

Los resultados sirvieron para justificar las medidas de austeridad que se impusieron en Estados Unidos, en Europa y también en América Latina.

La necesidad de una nueva propuesta

En Costa Rica, con atraso y gracias a la alianza con los sectores más conservadores del país, un gobierno elegido con promesas distintas impuso una política de límites de gasto que no van a resolver el problema de la deuda, lo van a agravar. Solo han servido para descarrilar el proyecto económico del país e imponer una pesada carga para la inmensa mayoría de la población.

Como lo señalan los estudios citados, terminaron dando pie a renovados esfuerzos de grupos interesados en privatizar los recursos públicos y en aplicar políticas de austeridad.

Una nueva visión de país necesita repensar este esquema, analizar sus efectos y avanzar en la elaboración de una nueva propuesta que responda al interés de la mayor parte de la población.