Ir al contenido principal

En la ONU: 53 votos contra la resolución que condena la glorificación del nazismo

Félix Madariaga Leiva
Periodista

El pasado 17 de diciembre en la Asamblea General de la ONU se votó, como todos los años, la moción contra la glorificación del nazismo, que además de condenar y rechazar el horror que provocó, busca evitar el renacimiento de grupos que busquen ensalzar, difundir y reconocer el legado de esa ideología.

Desde 2005 la Federación Rusa presenta esta resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que, a pesar del constante voto en contra de Estados Unidos, siempre ha sido aprobada mayoritariamente. En 2024 – ante la incredulidad de muchos – 119 países votaron a favor, 10 se abstuvieron y 53 países la rechazaron, número no menor si consideramos que entre las abstenciones y los rechazos se encuentran varios países fundadores de la ONU, es más, también se encuentran varios países que vivieron en carne propia el horror de la II Guerra Mundial.

La glorificación del nazismo es una forma de racismo e intolerancia que se combate en gran parte del planeta, nos parece lo mínimo en un mundo que se declara civilizado. En el caso de América, Latina se está observando – deberíamos con temor – el surgimiento de movimientos y organizaciones que escondidos detrás de una “democracia liberal” que todo lo soporta, promueven un nacionalismo extremo. Como ejemplo Chile, con las ideas del diputado Joanes Kayser que a 360º (radio, tv y diarios) invita y seduce a sus seguidores con proclamas contra los extranjeros, contra el voto de las mujeres y contra las diversidades sexuales con la justificación de “salvar la nación”.

De mal en peor

El consenso sobre la valoración internacional del nazismo y el fascismo como ideología totalitaria, sanguinaria, capaz de genocidio, se alcanzó en 1945 como resultado del trabajo del Tribunal de Nuremberg, y en ese momento histórico, fue absolutamente aceptado por el peligro que representó para la humanidad. Casi 80 años después, frente al rechazo de Estados Unidos y varios países de la Unión Europea a la moción, nos preguntamos qué razones hay detrás de sus votos: ¿un cambio en la ética, intereses geopolíticos, superficialidad? Cualquiera sea la respuesta, nos parece peligrosa, porque de una forma u otra, sugiere que quieren cambiar la historia, que se olvidaron o quieren olvidar lo que fue el nazismo, y sus consecuencias.

Dentro de los 53 países que votaron en contra se encuentran Estados Unidos, Ucrania, Canadá, Italia, Polonia, Austria, Alemania, Bélgica, Australia, Dinamarca, Francia y Finlandia, Irlanda y Japón, entre otros. Curiosamente, en muchos de ellos, hoy gobiernan políticos de derecha o de extrema derecha. Quizás por ello, la memoria se ha vuelto tan corta.

Quizás por eso hoy escuchamos declaraciones egoístas e interesadas de parte del presidente electo de Estados Unidos, quien ha dejado claro que los intereses de su País están por sobre el resto. No cuentan los compromisos ni las alianzas cuando ellos tienen mucho que ganar. Así hemos visto a Trump declarando con mucha soltura que en sus planes podría estar el control de Groenlandia, la anexión de Canadá y recuperar el control del Canal de Panamá. Nada más y nada menos mostrando que a él no le complica el expansionismo de su país, sólo le preocupa el de los demás.

En este juego de simplificaciones, de grandes y pequeños, de buenos y malos, de vencedores y vencidos, ya casi nada parece sorprender, pero aún hay algunos que sienten vergüenza frente a países ayer enemigos y hoy aliados contra un “enemigo” común. Cuesta entender, por ejemplo, que Polonia parece haber olvidado el verano de 1943, cuando el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), fundado por los partidarios de Stepán Bandera inició una masacre en las regiones de Volinia y Galitzia Oriental (en ese entonces parte de la Polonia ocupada por Alemania), asesinando se calcula a unos 100.000 civiles.

Ejemplos hay muchos, demasiados para nuestro gusto, incluso en el fútbol. Sí, sucedió hace unas semanas en Italia durante un partido de la segunda división italiana, donde Romano Floriani Mussolini marcó el gol de la victoria para su equipo la Juve Stabia contra el Cesena. Los hinchas celebraron haciendo gestos fascistas en honor a Benito Mussolini, bisabuelo del jugador, este los manda a callar

Y no es de tontos graves preocuparse por lo que pasa en los estadios, es irresponsable no entender que el nazismo nunca ha dejado de estar presente en nuestras sociedades. Y los votos en contra de la resolución de la glorificación del nacismo – que es de sentido común – sólo demuestran la incapacidad de los gobiernos y de las instituciones internacionales de frenar el descontento frente a una realidad internacional que no es capaz de integrar, acoger y asegurar un futuro cierto a sus ciudadanos.

Y entonces es simple, es fácil, es de perogrullo que surjan discursos de odio hacia el extranjero, hacia las diversidades, hacia el progresismo, hacia el cambio. Se necesita un enemigo al que culpar por la falta de oportunidades, por el estancamiento de la economía, por la falta de servicios… la lista es interminable y el enemigo será siempre el más débil.

Chile lo vivió con la dictadura de Pinochet, Chile dio refugio a fugitivos nazis, Chile permitió que nuestro Sur se manchara de una Colonia Dignidad, Chile también sufrió en carne propia el odio hacia el que no pensaba como el sistema; y hoy, hoy sólo podemos afirmar y reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos, exigiendo a nuestro gobierno de turno, votar una y otra vez, hasta el cansancio e incluso en soledad, contra la glorificación del nazismo. ¡Lo exigimos, como exigimos que Nunca Más!

¿Cuba terrorista?

Mg. José A. Amesty Rivera

El pasado 14 de enero del año 2025 en curso, el gobierno saliente de EEUU anuncio la decisión de A) excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo; B) hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se pueda tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales presentadas al amparo del Título III de la ley Helms-Burton; y C) eliminar la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras, lo que ha tenido efecto en terceros países.

Recordemos que, Cuba formó parte de esta lista desde 1982 hasta 2015, cuando Barack Obama la sacó de ella. Luego, el presidente Donald Trump, en 2021, la incluyó nuevamente, como una de sus medidas últimas de su anterior mandato. Ahora, a pocos días de la finalización del mandato de Joe Biden, la excluye nuevamente.

Que, por cierto, Biden decidió cumplir la promesa que hiciera al asumir su función como mandatario de los Estados Unidos, y dispuso el retiro de Cuba de la denominada «Lista de Países que patrocinan el Terrorismo».

Algunos aducen que Trump, ahora, puede volver a incluir a Cuba en la lista; pero necesita una excusa y crear el contexto, la primera vez demoró 4 años y lo impuso en sus últimos días en el gobierno, como ya lo indicamos.

Precisemos y reflexionemos sobre algunos elementos de la designación-expresión del Departamento de Estado norteamericano al designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.

  1. ¿Qué significa patrocinar? Según la Real Academia Española, significa: Apoyar o financiar una actividad. Nos preguntamos, desde la década de 1960, cuando ya a Cuba se le había impuesto el embargo económico comercial, hasta ahora que continúa, ¿cómo una isla pequeña de las Antillas podía, sin recursos económicos, podrá patrocinar alguna actividad de cualquier índole?

A su conveniencia, EEUU desde 1983 ha utilizado la siguiente definición referente al terrorismo, que afirma: «Terrorismo: Violencia premeditada y con motivos políticos perpetrada contra objetivos civiles por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a un público determinado». Que es la que le sirve para sus andanzas.

Ahora, precisamos que Cuba, si ha podido con su potencial humano, enviar brigadas médicas y de otra índole, a varios países del mundo, entonces, ha patrocinado el bienestar humano y la solidaridad.

En este sentido, ha sido más bien antiterrorista y humana. Como señala una expresión coloquial venezolana, ¿Cuba terrorista?, «ponte a creer«.

  1. Así mismo, esa política cruel e injusta de estar cambiando de cuando en cuando, la designación de terroristas, revela una falta de legitimidad, de argumentos válidos, de ética, de consistencia y razón en su conducta por parte de EEUU contra Cuba.

Así como un juego macabro y malsano, irrespetuoso y grosero, para cualquier país o nación.

  1. Por otro lado, el sacar a Cuba de la ignominiosa lista, se trata, de una medida que no merece aplauso ni gratitud de parte de nadie; porque implica una decisión que nunca debió ser adoptada por Estados Unidos y que, si hoy es revocada, eso hay que atribuirlo al rechazo generalizado que se suscita en el escenario mundial.
  2. Por ende, esta medida debió haberse llevado a cabo hace muchos años, «como acto elemental de justicia, sin reclamar nada a cambio y sin fabricar pretextos para justificar la inacción, si es que se deseaba actuar correctamente. Para excluir a Cuba de la lista arbitraria de Estados patrocinadores del terrorismo, debió bastar el reconocimiento de la verdad, la ausencia total de razones para tal designación y el desempeño ejemplar de nuestros países en el enfrentamiento al terrorismo, lo cual han admitido incluso agencias del gobierno de Estados Unidos», como lo señala el escritor peruano Gustavo Espinoza M.
  3. La inclusión arbitraria de Cuba en la espuria lista no buscaba combatir el terrorismo, sino asfixiar económicamente a la Isla con esa medida adicional, de las tantas que le aplican como parte de la guerra económica.

Por ello, desde 1960, ya lo señalaba el entonces subsecretario de Estado Lester Mallory al indicar:

«…El único medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a la Revolución es a través del desencanto y el desaliento, basado en la insatisfacción y las dificultades económicas… Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba; negarle dinero y suministros para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno».

Esta es la verdadera razón para incluir a Cuba en la lista, lo demás es propaganda de la acostumbrada contra países que defienden su derecho a ser independientes de los dictados de Washington.

  1. Para ir concluyendo estas reflexiones, cierto es que EEUU en su práctica política, utiliza la categorización de terrorista, según su conveniencia, así lo ejemplifica el escritor cubano Arthur González, al señalar, «una prueba de la manipulación que hace Estados Unidos de la clasificación del terrorismo, se puso en evidencia en estos días al levantar de un plumazo el ofrecimiento de 10 millones de dólares por la captura del rebelde sirio Ahmad al-Sharaa, llamado hasta hace poco Abu Mohammad al-Jolani, líder del grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, considerado una peligrosa organización, después que este logró tomar el poder de Siria y derrocar al presidente constitucional Bashar al Asad».
  2. Finalmente, Cuba debe seguir el camino de aguantar, que no es poco; y es mucho. Debe continuar enfrentando las crisis, que no significa su muerte, ni mucho menos su antesala. La Revolución cubana tiene, todavía, un horizonte estratégico, para avanzar hacia él. Por lo que, hay que terminar de hacer, la Revolución cubana, para ejemplo de otras revoluciones. Ya que, la suerte de la Revolución cubana es, también, la suerte de las luchas de los pueblos de la América Latina, el Caribe y el mundo.

Biotecnología agrícola: ¿una solución para la seguridad alimentaria?

Por Vladimir Huarachi Copa

Aunque la biotecnología agrícola se presenta como una posible solución para mitigar los efectos del cambio climático, como la sequía y las heladas, así como para afrontar otros desafíos de la agricultura, en varios sectores de la sociedad boliviana persiste una fuerte resistencia hacia su adopción. Esta reticencia se debe, en parte, a las preocupaciones sobre los posibles efectos negativos de las técnicas biotecnológicas, especialmente relacionadas con las promesas de mayores ganancias, incremento de la producción, reducción de agrotóxicos y la noción de que los transgénicos podrían “salvar el planeta”.

En cuanto a las ganancias, los principales beneficiados por los cultivos transgénicos son, en su mayoría, los grandes empresarios agroindustriales, no los pequeños agricultores. Respecto a la mayor producción, no hay evidencia suficiente que respalde la afirmación de que los cultivos transgénicos generen más ni mejores alimentos. En cuanto a los agrotóxicos, el uso de tecnologías biotecnológicas no ha demostrado reducir su aplicación; por el contrario, puede aumentar su dependencia, lo que representa un grave riesgo para el agua y el suelo. Finalmente, los transgénicos no contribuyen a salvar al planeta del cambio climático; de hecho, algunos estudios sugieren que podrían ser uno de los factores que agravan el calentamiento global.

No obstante, el 12 de agosto de 2024, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, expresó públicamente que el uso de biotecnología debe ser regulado por una ley y no a través de un decreto supremo. Además, propuso que su alcance se amplíe a otros sectores, como la salud y la industria, siempre dentro de un marco de evaluación rigurosa. Esta declaración se produce en un contexto en el que, hasta la fecha, el uso de biotecnología en Bolivia solo ha sido aprobado para un evento: la producción de soya resistente al herbicida glifosato (evento RR), autorizado en 2005, un herbicida que ha sido señalado como potencialmente cancerígeno y que afecta la producción agrícola sostenible.

En este sentido, el uso de biotecnología se presenta como un tema controvertido y complejo. Tal como señaló el ministro Lisperguer, su implementación y regulación deben llevarse a cabo mediante una ley, y no a través de un decreto supremo. Esto se fundamenta en el artículo 409 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece que “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”. Sin embargo, también se encuentra en conflicto con el artículo 255, numeral 8, de la misma Constitución, que promueve la “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población” y prohíbe la “importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

Actualmente, se encuentra en tratamiento dentro de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley N° 104/2024-2025 C.S. “Que Implementa y Regula el Uso de la Biotecnología Agrícola en el Estado Plurinacional de Bolivia”. Este proyecto, que está siendo evaluado por la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, busca regular no solo la importación, sino también la comercialización de cultivos, incluidos los cultivos hidropónicos, que emplean biotecnología agrícola.

En conclusión, a pesar de las controversias y preocupaciones expresadas en este documento, es fundamental generar espacios de diálogo entre todos los sectores sociales involucrados en la agricultura y la seguridad alimentaria del país. El objetivo debe ser encontrar puntos de convergencia que aseguren la seguridad alimentaria a través de un enfoque equilibrado, que contemple tanto la agricultura familiar como la industrial, en el marco de una regulación coherente y sostenible.

Carta a Rodrigo Chaves Robles

Sylvia Montero Mejía

Rodrigo Chaves Robles:

Comienzo haciéndole una aclaración.

No quiero romper la regla ortográfica que dicta el uso de mayúscula al inicio de una oración. Pero la verdad es que usted no merece ni mayúsculas ni mucho menos el título de presidente. Tampoco respetaré otras mayúsculas porque les quedan grandes a sus servidores.

Pues bien, chaves, ¡qué descaro el suyo!

Le ordenó hace unos meses a su ministro de seguridad, incondicional servidor, que facilitara las vías, que quitara los estorbosos puestos de control en nuestras costas y los escáneres en los puertos. Libre vía al narcotráfico. ¡Ese fue el acuerdo!

Y vuelve usted ahora a impartir órdenes con la certeza de que otra fiel “pieza”, (no digo “peón” porque esa es una palabra muy digna), el de transportes, las acataría. Le dio, sin duda, instrucciones precisas de que nada ni nadie obstaculizara la instalación de unas monumentales vallas en las principales vías de San José.

No cabe la menor duda de que sus asesores conocen y manejan muy bien esas tácticas propagandísticas. Saben cómo manipular a la gente, cómo torcer sus mentes y cómo condicionar sus reacciones para así lograr sus propósitos. Ya iniciaron sus troles su perversa campaña para el 2025.

Y no contento con abrirle nuestras costas al narcotráfico, les permite ahora a más pillos usurpar nuestras carreteras. Ha tenido el atrevimiento de manchar, de ensuciar, de embarrialar nuestras vías más transitadas, con vallas ofensivas e irrespetuosas financiadas por un negociante de controvertida trayectoria.

¡Qué descaro, chaves! ¡Es usted un perfecto desvergonzado!

¡El que tiene que irse es usted!

¡El que tiene que desaparecer de nuestro entorno es usted!

¡El que tiene que dejar de hacernos daño es usted!

Nos repugna su risa, detestamos sus palabras, aborrecemos sus insultos.

Pero como sabemos que no va a parar, no le decimos basta sino una y mil veces: ¡Que se vaya!

15 de enero de 2025

Repudian presencia de Edmundo González Urrutia en Costa Rica

Comunicado

Desde el Movimiento Ríos Vivos Costa Rica rechazamos y repudiamos el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela por parte del gobierno de Costa Rica y la Asamblea Legislativa, entre otros por los siguientes motivos:

1) Edmundo González posee un pasado oscuro como ex agente de la CIA vinculado con varias masacres en El Salvador, asesino de sacerdotes jesuitas entre ellos Oscar Arnulfo Romero.

2) Rechazamos la política nacional injerencista en los asuntos internos de terceros países; Costa Rica debería mantener el principio del derecho internacional de autodeterminación de los pueblos asi como volver a posiciones pacifistas y de neutralidad.

3) El reconocimiento de Edmundo González no ayuda a promover la paz en Venezuela, por el contrario, es parte de una agenda externa y de la oposición venezolana para crear división, desestabilizar y generar caos con el pueblo como principal perjudicado.

Movimiento Ríos Vivos Costa Rica,
15 de enero del 2025.

Convocatoria: Proceso de reflexión ¿Aún sigue vigente la transformación? Crisis Educativa y Educación Popular

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

¿Qué educación queremos para qué tipo de sociedad?

La versión mercantilizada de la educación se ha convertido en la respuesta dominante en múltiples espacios educativos. Ante esta realidad, enfrentamos un desafío crucial: construir propuestas educativas que busquen la transformación y la profundización de nuestros derechos sociales y culturales.

Estamos en medio de una disputa por los sentidos de la educación, que no es otra cosa que el debate sobre el proyecto de sociedad que queremos construir. Esta disputa se materializa en leyes, reglamentos, programas de estudio y otros dispositivos que dan forma al sistema educativo.

Se nos presenta una falsa dicotomía entre educación básica y universitaria, técnica y humanista, como si una representara una visión privilegiada a expensas de la otra. Sin embargo, abordar estos argumentos de manera superficial nos aleja de una reflexión esencial:

¿Qué tipo de educación queremos para construir la sociedad que soñamos?

En este espacio de diálogo, reflexionaremos sobre preguntas clave:

  • ¿Qué se cuestiona realmente en un sistema educativo?
  • ¿Qué elementos se utilizan para desacreditarlo?

Te invitamos a participar y reflexionar sobre la coyuntura educativa actual.

Duración:
5 sesiones: 19 y 26 de febrero, 5, 12 y 19 de marzo.

Horario:
6:00 p.m. a 8:30 p.m.

Lugar:
Kioscos Socioambientales, San Pedro.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/JiAD9jyKQPpUqu4d9

Para más información, descarga la convocatoria o escribe a:
observatoriobienescomunes@gmail.com

Por una Costa Rica democrática, popular y solidaria

Juan Arguedas Chaverri.

Juan Arguedas Chaverri

Algunos elementos para una agenda, con miras a una alianza.

  1. Implementación de los Derechos Humanos: La protección y promoción de los derechos humanos son fundamentales para garantizar la dignidad de todas las personas. Al implementar estos derechos, se fomenta una sociedad más justa y equitativa, donde cada individuo puede vivir sin miedo a la discriminación, la violencia o la opresión.
  2. Desarrollo Económico, Social y Político: Reconocer a las personas como sujetos del desarrollo y centro de este, implica que deben tener voz y participación en las decisiones que afectan sus vidas. Esto no solo empodera a las comunidades, sino que también promueve un desarrollo más sostenible y adaptado a las necesidades locales.
  3. Fortalecimiento de Instituciones Públicas: Las instituciones públicas son la columna vertebral de un Estado Social de Derecho. Al fortalecerlas, se mejora la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, como la educación y la salud, lo que a su vez contribuye al bienestar general y a la cohesión social.
  4. Vivienda para Todos: El acceso a una vivienda digna es un derecho humano básico. Garantizar este acceso no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también contribuye a la estabilidad social y económica, reduciendo la pobreza y fomentando comunidades más saludables.
  5. Economía Mixta: Una economía mixta permite combinar la eficiencia del sector privado con la responsabilidad social del sector público. Esto puede resultar en un crecimiento económico más inclusivo, donde se priorizan las necesidades de la comunidad y se promueve la equidad.
  6. Democracia Socialista y Popular: Este enfoque busca una democracia que no solo sea política, sino también económica y social. Al priorizar el bienestar de la comunidad, se fomenta una participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, lo que puede llevar a una mayor justicia social.

7.Promover una agricultura campesina, indígena, feminista, no patriarcal. Esto no solo respeta la cultura y los derechos de las comunidades, sino que también puede contribuir a la sostenibilidad ambiental y a la seguridad y soberanía alimentaria.

  1. Lucha contra el Narcotráfico y la Corrupción: Estos problemas son interdependientes y afectan gravemente a la sociedad. Combatir el narcotráfico y la corrupción no solo mejora la seguridad, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y promueve un entorno más justo y equitativo.
  2. Aumento de Salarios: Ajustar los salarios en función del costo de la vida es esencial para garantizar que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas. Esto no solo mejora la calidad de vida, sino que también estimula la economía al aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.
  3. Regulación del Costo de Alimentos: La regulación de los precios de los alimentos es crucial para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada. Esto puede ayudar a combatir la pobreza y la desnutrición, promoviendo una sociedad más saludable y productiva.
  4. Derecho a la Diversidad Sexual: Este derecho implica el reconocimiento y respeto por la identidad y orientación sexual de cada individuo. Promover la diversidad sexual es fundamental para garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir libremente y sin discriminación. Esto no solo fomenta una sociedad más inclusiva y equitativa, sino que también contribuye a la salud mental y emocional de las personas, al permitirles ser auténticas y aceptadas en su comunidad.
  5. Derechos Reproductivos: Los derechos reproductivos se refieren al derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos, la atención prenatal y la posibilidad de interrumpir un embarazo de manera segura y legal. Estos derechos son esenciales para la autonomía de las personas, especialmente de las mujeres, y son fundamentales para garantizar la igualdad de género. Al asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva, se promueve el bienestar de las personas y se contribuye a la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida en general.
  6. El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos

El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es un aspecto fundamental de los derechos humanos y la igualdad de género. Este derecho implica que cada mujer tiene la autonomía y la libertad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos, la atención prenatal y la posibilidad de interrumpir un embarazo si así lo desea.

  1. Defensa de los Derechos de la Madre Tierra.

Por una Costa Rica, Democrática, popular, no fascista.

Para la construcción de una agenda común para una alianza.

Sectores sociales se oponen a los retrocesos en el reglamento de calidad del agua

  • La Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) inicia campaña de recolección de firmas

  • Ecologistas realizan consultas y acciones ante la Defensoría de los Habitantes, Universidades, ARESEP y ASADAS

La propuesta de modificación del Decreto Ejecutivo Nº 38924-S, «Reglamento para la Calidad del Agua Potable» ha desatado un amplio y contundente rechazo por parte de diversos sectores, como estudiantes, sindicatos y ecologistas. La flexibilización de este reglamento plantea riesgos para la salud pública, lo que genera una creciente preocupación en la sociedad (Bloqueverde 8-1-25) .

La FEUCR ha lanzado una campaña de firmas en la que denuncia que la reforma al reglamento de agua potable representa un grave retroceso para la salud pública y el medio ambiente. Según la Federación, «el agua es un derecho fundamental que debemos proteger. Esta reforma pone en peligro la salud de nuestras comunidades y contradice los principios de sostenibilidad que definen a nuestro país». En este contexto, han lanzado una petición en línea con el objetivo de alcanzar 10,000 firmas y garantizar que las autoridades administrativas consideren esta solicitud con la seriedad que merece (Circular DIR-2-2025).

La presidenta de la FEUCR Artemisa Villalta aseguró que “es importante comprender que el agua no es negociable. Es un derecho humano fundamental, y cualquier intento de permitir su contaminación con agroquímicos es una agresión directa contra la vida, la salud de las personas y la soberanía de nuestras comunidades, así como de nuestros ecosistemas. Como Federación de Estudiantes de la UCR, denunciamos con absoluta firmeza esta reforma promovida por el Ministerio de Salud, que traiciona su deber de protegernos y se arrodilla ante intereses económicos. Esta medida no solo pone en riesgo nuestras fuentes de agua, sino también nuestro futuro como país”.

Por su parte, el Frente Ecológico de Cipreses ha presentado una solicitud formal a la ministra de Salud, Mary Denisse Muñive, en la que cuestiona los fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma, especialmente en relación con el manejo de casos de contaminación del agua con agroquímicos. La reforma busca tergiversar el principio precautorio, que actualmente es la base de la legislación ambiental, para permitir que se realicen análisis de riesgo con el fin de suspender el suministro solo después definir un valor especifico. Este enfoque ha sido utilizado por el Ministerio de Salud en situaciones de contaminación con Mancozeb en Barranca y Clorotalonil en Cartago (ver casos de implementación de la reforma al decreto previo a su publicación).

En la carta, los ecologistas piden aclaraciones sobre el cambio del «Valor Máximo Admisible» a un «Valor de alerta», dado que en Costa Rica no existe un monitoreo continuo de las fuentes de agua ni de los operadores de abastecimiento de agua, ni por parte del Ministerio de Salud y con capacidad limitada para detectar la mayoría de agrovenos. Actualmente, los exámenes se realizan de manera anual y no detectan de manera proactiva la contaminación por agroquímicos. Además, recordaron que en Costa Rica hay más de 250 ingredientes activos registrados para su uso en la agricultura, pero el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad para analizar más de 40 de estos ingredientes activos. Esto significa que, cuando se detecta un agrotóxico, es posible que muchos otros ya estén presentes sin poder ser detectados.

Finalmente, las organizaciones ecologistas han enviado cartas a la ARESEP, Universidades, ASADAS y la Defensoría de los Habitantes para que se pronuncien sobre la reforma mencionada. En sus comunicaciones, insisten en que «el Reglamento para la Calidad del Agua Potable siempre ha considerado las regulaciones de la Unión Europea, que son mucho más estrictas y cuentan con un componente ético de toxicidad. Por lo tanto, es fundamental mantener el ‘Valor Máximo Admisible’ y no reemplazarlo por un valor de alerta».

Este rechazo generalizado refleja la preocupación de distintos sectores por los posibles impactos negativos de la reforma en la salud y el bienestar de la población.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Más de 200 de entidades deportivas sin protocolos contra el acoso sexual

Defensoría detecta debilidades en implementación de Ley contra el Acoso Sexual en el Deporte

Defensoría llama a deportistas víctimas de violencia denunciar ante la entidad deportiva correspondiente e informar al ICODER. Se registra, a marzo del 2024, un total de 21 denuncias en el ente rector del deporte.

De tratarse de otros casos graves como abusos sexuales de personas menores de edad dirigir la denuncia ante el Ministerio Público.

A casi tres años de la entrada en vigor de la Ley N° 9967, Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, la mayoría de las entidades deportivas beneficiarias de fondos públicos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) no ha cumplido con su obligación de presentar los protocolos para prevenir y atender denuncias de acoso sexual. De las 233 entidades registradas, solo el 7% ha presentado su reglamento (es decir, 16).

Para las autoridades deportivas evidencia una falta de compromiso y poco conocimiento e interés por parte de dichas entidades por cumplir con lo que dicta la Ley 9967.

De acuerdo con un informe emitido por la Defensoría de los Habitantes, se determinó que, hay dificultades en la implementación de la normativa. Estas incluyen la falta de recursos humanos y financieros, vacíos legales en la ley y esa baja respuesta de las entidades deportivas ante la obligación de implementar protocolos contra el acoso sexual. Adicionalmente, hay una necesidad de reformar aspectos importantes de esta ley como la falta de sanciones para las entidades que incumplen y la protección adecuada para personas menores de edad involucrados en estos casos.

Datos de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CIHS) del ICODER, entre enero del 2023 y marzo del 2024, indicaron haber recibido 21 denuncias asociadas con acoso y hostigamiento Sexual en el ámbito deportivo, las cuales se encuentran en seguimiento y requieren de la actualización de los respectivos expedientes.

Para esta Defensoría, es importante que las organizaciones deportivas asuman su responsabilidad en la prevención y erradicación del acoso sexual, garantizando entornos deportivos seguros, sin discriminación, sin acoso, sin abusos y respetuosos para todas las personas participantes. Incluso, a solicitud de la CIHS del ICODER, funcionarias de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, acompañaron al proceso de capacitación sobre esta temática, así como la entrega de material visual a personal de las organizaciones deportivas y del ICODER, en mayo del año anterior.

Ante este panorama la Defensoría en su informe recomendó al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, definir con claridad la asignación presupuestaria y de recursos humanos para la CIHS. Además, que la CIHS reciba capacitación por parte de la Defensoría de la Mujer de esta Defensoría en el tema de Hostigamiento Sexual, en aras de garantizar la protección de derechos que les asisten a las personas inmersas en el ámbito deportivo y el mejor ejercicio de sus funciones.

También se le recomendó revisar las recomendaciones realizadas por la CIHS orientadas a implementar en forma adecuada el cuerpo normativo, conformar una comisión de trabajo para revisar las propuestas de reforma al Reglamento de la ley 9967 en relación con la función de la CIHS de informar a esta Defensoría sobre las denuncias que se presenten y las resoluciones finales y valorar la interposición de la propuesta de reforma legislativa a la Ley 9967, conforme a los principios de protección a las personas menores de edad y proponer otro tipo de sanción para cuando se trate de una persona menor de edad la que sea sancionada como hostigadora, así como para equiparar los plazos de prescripción para la interposición de las denuncias y el establecimiento de posibles sanciones en el caso de que las federaciones,

asociaciones o entidades deportivas incumplan con la aplicación de esta normativa.

A la CIHS del ICODER, esta Defensoría le recomendó promover programas de prevención y capacitación en la materia de hostigamiento sexual tal cual se encuentra establecido en la Ley 9967 y su reglamento, a las Federaciones, Asociaciones y demás entidades deportivas que de alguna manera están vinculadas con el ICODER, para ello pueden valorar la coordinación necesaria con la Defensoría, también realizar campañas enfocadas a que conductas de hostigamiento sexual en el ámbito del deporte no van a ser permitidas, ni toleradas y toda situación que se conozca al respecto, debe ser debidamente denunciada y puesta al conocimiento de la Comisión y revisar el formulario establecido para la recepción de denuncias, para que este contenga los requisitos estrictamente necesarios establecidos en la ley y elaborar una base de datos con el registro de sanciones en firme, que sea de acceso al público, que pueda ser consultada por cualquier persona interesada, garantizando el resguardo de la identidad, datos personales y cualquier otra información sensible de las víctimas.

Si no hay una respuesta de la entidad deportiva y tampoco del ICODER ante una denuncia, la persona víctima puede presentar el caso ante la Defensoría de los Habitantes para exigirle cuentas a la entidad rectora pública. Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en su informe.

Comunicación institucional
Defensoría de los Habitantes