Defensoría investiga financiamiento al sector agrícola no exportador por parte de la banca pública

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación para determinar el rol de los bancos públicos en el financiamiento del sector agrícola no exportador en el país a partir de un enfoque desde los derechos humanos y del desarrollo sostenible, mediante el uso de indicadores de productividad, acceso al crédito y reducción de brechas socioeconómicas, aplicando análisis comparativos y revisión de normativa.

El estudio incluirá a los bancos del Estado a partir de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional N° 1644, la cual establece disposiciones específicas sobre las operaciones de crédito para el sector agrícola. Es por eso que, la Defensoría solicitó a los Bancos Nacional y Banco de Costa Rica información de las políticas institucionales y normativas; los criterios que utilizan para definir las condiciones de financiamiento dirigidas a este sector, si cuentan o no con políticas o programas específicos que promuevan el acceso al crédito para pequeños productores, mujeres rurales, personas jóvenes y personas adulta mayor y si existe o no alguna línea de crédito específica para prácticas agrícolas sostenibles, resiliencia climática o tecnologías verdes.

También consultó sobre los datos estadísticos de los últimos 10 años relacionados con el monto total de crédito agropecuario desembolsado por año, cantidad de personas productoras beneficiadas, tasas de interés promedio para el sector agropecuario y el porcentaje de participación del sector agropecuario en la cartera total de crédito del banco. Además, conocer si se recopila la información de las solicitudes de crédito rechazadas y sus principales motivos.

En cuanto a los procesos internos, qué tipo de asistencia técnica, acompañamiento o evaluación social brinda el banco antes o después de otorgar crédito al sector agropecuario, qué tipo de barreras o dificultades ha identificado que enfrentan los productores agropecuarios, particularmente mujeres, jóvenes

y adultos mayores, para acceder al crédito y si existen mecanismos de seguimiento o evaluación del impacto de los créditos agropecuarios.

Sobre la colaboración institucional, la Defensoría consultó si el banco articula su oferta crediticia agropecuaria con programas de instituciones como el INDER, MAG o el Sistema de Banca para el Desarrollo y si participan en programas con enfoque de inclusión financiera rural o estrategias de educación financiera para personas productoras.