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13 de enero Día Mundial de Lucha contra la Depresión

Dr. Luis Diego Herrera Amighetti
Especialista en psiquiatría de niños y adolescentes
Miembro de Número, Academia Nacional de Medicina

Usamos el término depresión en forma coloquial con diferentes connotaciones, y también lo usamos en forma técnica, como diagnóstico clínico. En el uso coloquial, depresión se utiliza para expresar como nos sentimos cuando se tuvo un mal día, o una mala experiencia, hasta reflejar el impacto de una pérdida de un ser querido o una crisis laboral. En el sentido clínico, depresión significa la presencia de sentimientos sostenidos, frecuentes, de tristeza, desesperanza, vacío y sentimientos exagerados o inapropiados de culpa, acompañados de dificultad para concentrarse, pérdida de interés y satisfacción en las actividades cotidianas, alteraciones del sueño, del apetito, agitación o retardo psico-motor y en algunos casos, a menudo los más severos, deseos de morir o quitarse la vida.

Si utilizamos las estadísticas más sólidas de la Organización Mundial de la Salud y los estudios epidemiológicos con más poder estadístico y los extrapolamos a nuestra población, en un día en Costa Rica, hoy, hay aproximadamente 350.000 personas con depresión en el sentido clínico descrito anteriormente. Este es aproximadamente el mismo número de personas que tienen diabetes; no debe quedar duda de que la depresión es un problema de salud pública muy relevante por lo que es totalmente justificado dedicar un día, el 13 de enero, para aumentar el nivel de consciencia sobre la depresión en el mundo. Conforme se ha progresado en lo que se llama la transición epidemiológica, los problemas de salud mental están cada vez más representados en las consultas y hospitalizaciones en Costa Rica; según algunas estimaciones, la depresión es el cuarto diagnóstico de consulta en la CCSS y el primero o segundo en el costo por concepto de incapacidades. De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud en más de 90 países, la depresión y la ansiedad aumentaron en un 25% como resultado de la pandemia por COVID-19. Esto hace aún más necesario aumentar el grado de vigilancia y recursos destinados al tratamiento de esta condición.

La depresión ha estado presente desde que tenemos documentos médicos, nunca ha disminuido o desaparecido y su prevalencia es cada vez más frecuente. Las causas de la depresión, como las entendemos modernamente, no es tan diferente a otras enfermedades crónicas; existe una vulnerabilidad genética, heredada, por lo cual la depresión se tiende a agregar en familias; esta vulnerabilidad se expresa en grados variables, dependiendo de experiencias a lo largo de la vida, siendo muy importante las experiencias adversas en la niñez, el uso de alcohol y drogas y estilos de vida poco saludables. Todo lo anterior, lleva a alteraciones metabólicas, procesos inflamatorios y cambios en ciertos neurotransmisores en el sistema nervioso que, eventualmente, producen los síntomas depresivos.

Como en toda enfermedad o condición que tiende a la cronicidad, es fundamental intentar prevenir la depresión; esto se logra mediante educación a la población general sobre los factores de riesgo, la importancia de estilos de vida saludables, con intervenciones de muy bajo costo como son el ejercicio, la buena nutrición y evitar las sustancias adictivas y psicoactivas.

En ocasiones esto no es suficiente y, la combinación de tratamientos farmacológicos con ciertas técnicas de terapia psicológica, logran un alto porcentaje de recuperación y remisión, permitiendo una vida plena y productiva, incluso en aquellas personas vulnerables.

Nogui Acosta enemigo de la educación pública

Comunicado del SEC

Nogui Acosta ministro de Hacienda, se pronunció esta semana por varios medios de comunicación rechazando la resolución de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional el presupuesto asignado a la educación pública en el presente año 2025, por no respetar el artículo 78 de la Constitución Política que fija una asignación mínima de un 8% del PIB para la educación.

Dicho ministro anunció al país que ordenó congelar las transferencias presupuestarias aprobadas a la educación pública en 8 mociones introducidas al presupuesto 2025 por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, las que asignaron 38 mil millones de colones para financiar partidas urgentes como las becas «Avancemos», los subsidios para transporte estudiantil y el Programa de Comedores Escolares, las transferencias a las juntas de educación y a los colegios científicos así como el faltante en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), entre otras partidas omitidas por el Poder Ejecutivo al enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa.

El SEC denuncia estas acciones del ministro de Hacienda como impropias de un jerarca del Poder Ejecutivo de un Estado democrático; primero porque irrespeta el principio de supremacía constitucional. Como bien conocemos la Constitución Política representa el nivel normativo superior al cual están sujetos, no solo los jueces constitucionales, sino todas las autoridades de gobierno incluyendo al señor Nogui Acosta por más «superministro» que se crea. El congelar estas partidas autorizadas por diputadas y diputados, es una burla porque él no está por encima de la ley para irrespetar las disposiciones de la Sala Constitucional (sentencias firmes) y de la Asamblea Legislativa (leyes de la República). Es una violación sin precedentes del principio de separación de poderes, provocando un peligroso conflicto constitucional de competencias entre los poderes, de consecuencias imprevisibles para el Estado de Derecho.

El SEC denuncia la evidente intromisión del señor Nogui Acosta en asuntos que son propios de educación, suplantando una vez más la autoridad de la ministra de Educación Pública quien brilla por su ausencia.

No es el Ministerio de Hacienda la autoridad llamada a fijar el rumbo de la educación pública costarricense. Sin embargo, con total atrevimiento sobre este tema que no conoce ni le compete, pretende delinear «la ruta de la educación» para los próximos 25 años, preguntándose: «¿Cuántos niños vamos a tener en 2050? (…) ¿tiene sentido el 8% de la educación en 2050?».

Obviamente don Nogui desconoce el contenido del Informe del Estado de la Educación y las recomendaciones de organismos internacionales especializados entre ellos la UNESCO, que señalan la importancia de incrementar el financiamiento de la educación pública como medio para solventar el empobrecimiento de los conocimientos de las personas estudiantes provocado por la pandemia COVID 19 y como mecanismo idóneo para mejorar la calidad educativa.

Es el momento ideal para mejorar la asignación de recursos por estudiante y para reducir el tamaño de los grupos en el aula procurando una educación más personalizada. Los informes especializados advierten sobre el peligro de desatender las obligaciones estatales con el financiamiento educativo, lo cual podría ser motivo de retrocesos irreversibles en la calidad de vida de las personas, en la capacidad productiva del país y en la vigencia misma de los valores democráticos de la Nación. El ministro Nogui Acosta se muestra así, como un completo ignorante de la lección fundamental sobre educación que impartió el benemérito de la patria don Mauro Fernández Acuña en 1885 — hace 140 años – al dotar al país de una visión educativa de largo plazo, proporcionándole a la educación pública los mejores recursos que el país podía ofrecerle, con lo que nos heredó una Costa Rica educada, culta, democrática y emprendedora, que es orgullo nacional así como motivo de reconocimiento internacional.

El SEC solicitará el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, y de las señoras y señores diputados para establecer el conflicto constitucional de competencias que establece el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Consideramos que toda la comunidad educativa, padres y madres de familia que verán afectados los servicios educativos para sus hijos, organizaciones sociales y magisteriales debemos declarar «non grato» al ministro Nogui Acosta, por considerarlo enemigo público de la educación costarricense.

SEC junto al pueblo.

Piden información sobre la remoción de placas relacionadas con los Derechos Humanos en el Palacio de Justicia de Argentina

El documento está firmado por Claudia V. Rocca, presidenta de la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas y por Cristina Caamaño Iglesias Paíz, rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

Las placas fueron eliminadas del Salón de los Derechos Humanos en el Palacio de Justicia. Con base en el derecho al acceso a la información pública se pide indicar los detalles de ese hecho.

El Salón de los Derechos Humanos es un importante espacio icónico de la Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. En ese lugar se realizó el juicio a las juntas militares.

SURCOS comparte la carta:

30 de diciembre de 2024

Al Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Horacio Rosatti

 Nos dirigimos a usted y, por su intermedio, a los demás integrantes del máximo Tribunal que Ud. preside, a fin de solicitarles tengan a bien informar a quienes suscribimos la presente, como así también a la sociedad argentina toda, la razón o circunstancia por la cual han sido removidas las placas que estaban emplazadas a ambos lados de la Puerta 2045 de la Planta Baja del Palacio de Justicia -Talcahuano 550 de esta ciudad- y que, como es de público conocimiento, hasta hace aproximadamente tres (3) meses atrás señalizaban un importante espacio icónico de la Memoria/Verdad/Justicia de nuestro país y el mundo entero: el Salón de los Derechos Humanos. Para ello, invocamos el derecho al acceso a la información pública que nos asiste de acuerdo con lo previsto en la Ley Nacional N° 27.275, tanto en lo personal como en representación de los colectivos aunados en las organizaciones que encabezamos y citamos al pie.

Dicha histórica Sala de Audiencias, según tomamos conocimiento, sería administrada por la Habilitación de otro de los tribunales que desarrollan sus actividades judiciales también en el más popularmente llamado Palacio de Tribunales. Cuenta con ambas placas desde hace más de diez años, una a la derecha de la puerta de entrada, con la leyenda que la identifica, y la de la izquierda, haciendo mención de los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que en realidad fue un regalo a la Corte Suprema que usted encabeza. La sala fue bautizada así por su importancia en la lucha contra la impunidad y por la necesidad de investigar la verdad y castigar los crímenes de lesa humanidad. Y es tristemente célebre, como hubiera dicho el escritor Ernesto Sábato, porque en 1985 se llevó a cabo en ella el «Juicio a las Juntas Militares».

Por todo ello es que, solicitamos a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), como máximo tribunal de la República Argentina y órgano máximo del Poder Judicial, que entre sus funciones se encuentran: asegurar la supremacía de la Constitución, ser el intérprete final de la Constitución Nacional, y custodiar los derechos y garantías de la Constitución Nacional; nos haga llegar la información solicitada.

Asimismo, le pedimos nos haga saber también las actividades previstas o a agendar por el Tribunal Supremo para 2025 relativas a la manda de la Acordada 42/08, como así también de la Comisión Interpoderes que desarrollaría su actividad en torno a estas cuestiones.

Agradeciendo su atención, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Claudia V. Rocca
Presidenta de la Rama Argentina
De la Asociación Americana de Juristas

Cristina Caamaño Iglesias Paíz
Rectora de la Universidad Nacional
Madres de Plaza de Mayo

Diplomacia torticera

Por Carlos Meneses Reyes

08-01-2.025. La presidenta Sheinbaum, subrayó que México no interfiere en los asuntos internos de ningún país. La postura del Gobierno de México reafirma su compromiso con los principios de no intervención y respeto a la soberanía, en un contexto regional marcado por tensiones políticas y ataques a la estabilidad democrática en Venezuela. Enviará un delegado del gobierno a la investidura de su homólogo venezolano y que podría ser el embajador, Leopoldo de Gyves.  El anuncio de Sheinbaum coincide con los intentos de desestabilización en Venezuela encabezados por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien no aceptó los resultados de las elecciones del pasado 28 de agosto. Ante la victoria de Nicolás Maduro, González Urrutia se autoproclamó vencedor y trató de difundir resultados falsos a través de un sitio web que simulaba ser el del Consejo Nacional Electoral y en donde se publicaron actas fraudulentas que contenían una serie de irregularidades. Esos intentos de manipulación ocurrieron en medio de miles de ataques cibernéticos contra servicios públicos y plataformas oficiales, que buscaban obstaculizar la difusión de los resultados legítimos. (Informes tomados de Telesur)

En tanto, el presidente de Colombia G. Petro U, como jefe de la diplomacia en ese país, reitera el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos. No obstante, contradictoriamente, exigió la presentación de las Actas electorales, desconociendo el funcionamiento electoral constitucional interno, del Poder Electoral Bolivariano. Manifiesta que no asistirá personalmente a la posesión del presidente Nicolás Maduro M y no indica la autorización de un enviado oficial a ese acto soberano de posesión presidencial. Solicita la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas, incluido su amigo Enrique Márquez, excandidato presidencial, también derrotado en las urnas; junto con Carlos Correa, de nacionalidad venezolana y española. Impulsa la propuesta de un dialogo interno de concesión a exponentes opositores, acusados de traición a la patria; bajo condición subjudice y en momentos en que las fuerzas armadas constitucionales (Guardia Bolivariana y Milicias populares) ejercen control y medidas preventivas para la preservación del orden interno constitucional bolivariano. Por último, reafirma su posición de no romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Físico gatopardismo de juego diplomático internacional, ante la defensa a ultranza de la soberanía bolivariana. La fiesta del bravo pueblo no se afectará con su inasistencia y se fortalecerá el nuevo Estado Comunal en respuesta del trasnochado neoliberalismo a lo Milei.

El SEC exige cumplimiento del 8% del PIB para la educación en el 2025

SEC pide a la asamblea legislativa ordenar las transferencias completas aprobadas al MEP para este año

La Sala Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto de educación 2025 aprobado por la Ley N° 10.620, al no cumplir con el mandato constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a la educación pública, considerando que este presupuesto que asigna solo el 4.98% del PIB, viola el derecho fundamental a la educación gratuita y costeada por la Nación, según lo establece el artículo 78 de la Constitución. La resolución responde a una consulta de la Defensoría de los Habitantes y reclamos del SEC, otros sindicatos, universidades públicas y la Mesa de Diálogo Social y Productivo.

Aunque la Asamblea Legislativa ajustó parcialmente el presupuesto con 438.000 millones adicionales, esto no cubre el mínimo constitucional. Ahora, el Poder Legislativo debe aprobar presupuestos extraordinarios para garantizar el financiamiento de los servicios educativos en 2025.

Cabe recordar que ya existía otro antecedente similar en 2016, en el cual además se advirtió que esta reincidencia podría derivar en sanciones penales contra autoridades como diputados, ministros y el Presidente, según el artículo 314 del Código Penal.

El SEC advierte que solicitará las acciones penales correspondientes en caso de que las autoridades mencionadas insistan en desacatar lo ordenado por la Sala Constitucional, en ambos votos, por lo tanto, instamos a los sectores políticos como sociales para que nos unamos alrededor del objetivo común de defender y exigir el cumplimiento del 8% del PIB para la Educación Pública.

El pronunciamiento de la Sala Constitucional nos llama a no aceptar más recortes presupuestarios a la Educación Pública.

iSEC JUNTO AL PUEBLO!

Comunicado del SEC.

Declaración de la Asociación Americana de Juristas ante graves violaciones de los derechos humanos en el Ecuador

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) expresa su preocupación ante el grave peligro y momento crítico de la falta de protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la República del Ecuador, principalmente por el incumplimiento de las obligaciones constitucionales del gobierno del presidente Daniel Noboa. Pese a las reiteradas advertencias de organizaciones políticas y de derechos humanos, de no involucrar a las Fuerzas Armadas, así lo hizo, incluyendo, en una consulta popular, una enmienda que las vinculó, bajo el pretexto de enfrentar una supuesta guerra interna contra bandas criminales. Como resultado, algunos militares han causado la desaparición forzada de niños, entre 11 a 15 años, tras ser detenidos, violando todos los principios y protocolos. Saúl Arboleda, Steven Medina, Josué Arroyo e Ismael Arroyo desaparecieron luego de ser detenidos por militares el 8 de diciembre de 2024 en el sector de Las Malvinas en Guayaquil.

Al momento de esta declaración, la Fiscalía ha formulado cargos contra los presuntos autores, al haberse encontrado, el 31 de diciembre, los cuatro cuerpos calcinados, en un pantano cercano a la Base Militar de Taura. Los cadáveres están, además, desmembrados y las pruebas de ADN de sus familiares determinaron, que los cuerpos encontrados eran los de sus hijos.

Por otra parte, resulta intolerable que Noboa pretendió destituir a su propia vicepresidenta, Verónica Abad, a quien, una juez, en sentencia, absolvió de una sanción de suspensión por 150 días, por el supuesto abandono a su cargo de trabajo, como “embajadora” en Israel y luego transferida a Turquía, ciudad a la que no llegó en los tres días que le dispuso la Canciller. La sentencia “fue acatada” por Noboa para, inmediatamente, volver a designarla como funcionaria -no como embajadora- de la misión diplomática en Turquía.

Noboa ha mantenido en estado de excepción al país durante todo su periodo, incluso en este momento, que el 5 de enero del 2025 se inicia, un proceso electoral, en el que Noboa participará, violentando expresas normas constitucionales. Finalmente, designó a otra vicepresidenta, pese a que la actual, ha sido reconocida por los organismos judiciales del Ecuador.

El presidente Daniel Noboa no acata lo dispuesto en el Art. 93 del Código de la Democracia, e incumple lo dispuesto en el Art. 225 de la Constitución que obliga al funcionario público a solicitar una licencia, para participar en las elecciones en las que busca su reelección, aparte de impedir que la vicepresidenta Abad asuma la presidencia. Además, el 4 de enero de 2025, la Asamblea Nacional, en su sesión 1002, resolvió, con la presencia de 129 Asambleístas, con 79 votos a favor, 19 abstenciones y 31 votos en contra, que:

“Todos los Asambleístas que participen en el proceso electoral, en busca de su reelección, deben pedir licencia sin sueldo, pues así lo dispone una sentencia de la Corte Constitucional, la propia Constitución en su Art. 225 y el Código de la Democracia, en su Art. 93.” Es claro que, si se llega a una función pública mediante un proceso electoral, y el resultado es ser electo por la participación en ese proceso como candidato, al buscar una segunda participación al mismo cargo, en un proceso electoral consecutivo, eso es optar por la reelección. Noboa no ha solicitado licencia y aparentemente no lo hará pues el plazo vence 5 de enero.

Por tanto, ante los hechos expuestos, la AAJ exige una exhaustiva investigación para traer a la justicia a los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada de los cuatro niños. Asimismo, responsabiliza a Noboa por las graves violaciones a los derechos humanos que han sucedido en Ecuador durante su mandato y acate las disposiciones de la Constitución y el Código de la Democracia.

A 5 de enero de 2025

Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental

Luis Carlos Moro. Secretario General

Compartido con SURCOS por Carlos Meneses Reyes.

Sala Constitucional: La omisión de incluir en el presupuesto de Educación el 8% del PIB viola el mandato de la Constitución Política

La Sala Constitucional “determinó que la omisión de incluir en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) el porcentaje correspondiente al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a financiar la educación pública constituye una violación al mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política”. La consulta facultativa de constitucionalidad fue interpuesta por la Defensoría de los Habitantes.

SURCOS comparte el comunicado para descargar.

Mensaje del nuevo rector de la UCR al iniciar su gestión

El pasado 1º de enero, el nuevo equipo de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica inició oficialmente su gestión. Así, este lunes 6 de enero, ya concluido el receso de fin y principio de año, comenzamos las labores ordinarias al servicio de nuestra institución y, por extensión, también de la sociedad costarricense a la que nos debemos y en la que encontramos la auténtica razón de ser.

Estamos en el último año del primer cuarto del siglo XXI, lo que implica grandes retos y nuevos rumbos para la humanidad y, por consecuencia, para toda institución de educación superior. Si bien los procesos de cambio son inevitables, las transformaciones en marcha exceden, en buena medida, muchos de los límites de nuestra imaginación.

Estas circunstancias obligan a dirigir nuestra mirada hacia el ser humano y a emprender acciones para que, como especie, de nuevo aprovechemos estos puntos de inflexión históricos en beneficio de la sociedad. Debemos pensar más allá de las circunstancias individuales, en un ejercicio virtuoso y constructivo que vele por el bien común, la paz, la solidaridad, la empatía y la mutua comprensión; y que rechace las ideas negativas y nocivas que tanto abundan.

La Universidad es terreno fértil para producir y divulgar esos pensamientos que la sociedad necesita, pero también para implementarlos en el contexto universitario. Recordemos que la Universidad de Costa Rica es la primera casa de enseñanza en la región, que somos la institución mejor calificada, año tras año, por nuestra generosa comunidad costarricense y que debemos responder a los retos con la excelencia que nos caracteriza.

Como equipo, y consecuentes con todo lo anterior, realizaremos una gestión basada en el trabajo colaborativo, debidamente articulado y coherente, que atenderá, entre otros, los siguientes aspectos:

a– Dignificar el quehacer académico, de manera que la Universidad resguarde, nuevamente, el auténtico ejercicio docente como eje esencial, realizado en primer término en el encuentro del estudiantado con el profesorado, pero siempre dentro del debido respeto de nuestros valores éticos, del ejercicio de la libertad de cátedra y del pensamiento crítico.

b– Comprender la gestión docente-administrativa como un ámbito prioritariamente investigativo, de servicio pleno y ejercicio pedagógico, más que como un escenario puramente jerárquico, burocrático y administrativo. La condición de autoridad implica un compromiso de servicio y entrega.

c– Fomentar el diálogo académico, porque partimos de la certeza de que todo ser humano posee saberes y necesita aprender continuamente. Cada saber es necesario y cada ser humano es docente y estudiante; por lo tanto, procuraremos democratizar y universalizar, cada vez más, el quehacer académico universitario, por lo que las iniciativas estudiantiles y populares también serán bienvenidas.

d– Comprender al estudiantado, en toda su dimensión, como los fines próximos del quehacer del Alma Mater y, a su vez, como medios para que nuestra Universidad cumpla con su misión ante el país, a quien nos debemos, pero sin olvidar que también somos parte de una comunidad global con la cual también asumimos responsabilidades.

e– Realizar una gestión de puertas abiertas, basada en un ejercicio virtuoso que partirá de los siguientes principios: el diálogo, la proximidad, la flexibilidad, la alteridad, la reciprocidad, la diversidad, el respeto, la cortesía, la confianza y la justicia. Dicho en otras palabras, procuraremos una casa de enseñanza superior profundamente humanística.

f– Garantizar la jerarquización idónea y armónica de los discursos que deben guiar nuestra práctica universitaria cotidiana, ocupando el primer lugar la motivación estrictamente académica, seguida de una clara orientación ética, de modo que se resguarde indefectiblemente un ejercicio moral que permita, entre otros aspectos, el diálogo afectivo y solidario, antesala para la solución alternativa de cualquier diferencia o conflicto; y, solo posteriormente y como última alternativa, se deberá recurrir al discurso jurídico. De esta forma restituiremos la función responsable de todas las autoridades.

g– Resituar los importantes ámbitos administrativos y tecnológicos como herramientas complementarias para las labores sustantivas del Alma Mater, recuperando el orden lógico del ejercicio institucional en el seno de nuestra comunidad universitaria.

h– Observar indefectiblemente los fines y los principios orientadores de nuestra casa de educación superior, de manera que cumplamos con las responsabilidades inmediatas en el claustro académico, así como con los deberes humanísticos, científicos, políticos, sociales y culturales que debemos atender frente a nuestra sociedad.

Es un deseo de esta Rectoría que este año sea un período de crecimiento intelectual, profesional y personal para cada miembro de nuestra comunidad universitaria, en el marco del respeto mutuo y la búsqueda del conocimiento al servicio de la sociedad.

Defensoría: Acceso al transporte público está vinculado con el ejercicio de otros derechos

La Defensoría de los Habitantes recordó nuevamente al Consejo de Transporte Público (CTP), su obligación de garantizar y respetar el derecho de las personas con discapacidad al acceso del transporte público modalidad autobús, esto a raíz de una denuncia por un acuerdo tomado por la Junta Directiva del CTP.

Los directivos del CTP, según el acta N°47-2022, acordaron pedir un criterio jurídico a la Dirección Jurídica del CTP sobre la posibilidad de que se hagan excepciones al requerimiento de que todas las unidades de buses cuenten con rampa y no continuar aplicando las obligaciones de la Ley 7600.

En el acta N°12-2023 se conoció dicho criterio jurídico el cuál fue negativo, ya que señalaron que no se pueden hacer excepciones a la aplicación de una determinada ley, si no es que la misma norma las contempla y por ello, debe aplicarse en la totalidad de los casos, garantizando un respeto y protección a las personas con discapacidad; señalando puntualmente que la ley 7600, por principio de legalidad, se debe aplicar tal y cual se encuentra vigente y, la única forma de modificar la aplicación de la norma es por medio de una modificación a dicha ley.

Al respecto la Sala Constitucional en varias resoluciones ha indicado que todas las personas deben tener accesibilidad a las unidades de transporte público, y no es viable hacer excepciones a la Ley de 7600, debe existir efectivo y pleno cumplimiento de los derechos de la población con discapacidad. De ahí la importancia de que, el pronunciamiento de la Dirección Jurídica del CTP sea de conocimiento generalizado para evitar que este tipo de “malentendidos” o “malas interpretaciones” vuelvan a reproducirse.

La Defensoría ha abordado en diversos informes finales este tema en los que ha indicado que el transporte público es un elemento de suma importancia para que todas las personas en general y en particular, las que presentan discapacidad, puedan alcanzar la plena participación dentro de la sociedad. Si los miembros de la población con discapacidad no pueden tener acceso al transporte público, tampoco tendrán acceso a los centros de enseñanza, laborales, sanitarios, recreativos, entre otros.

Es decir, el transporte público no es sólo indispensable para el ejercicio de la libertad de tránsito, sino que se encuentra vinculado con el ejercicio de otros derechos. Aquí se evidencia claramente una de las características más relevantes de los Derechos Humanos: la interdependencia. Los Derechos Humanos se encuentran estrechamente ligados entre sí. Casi siempre que se violenta uno, muchos otros también se lesionan.

La Defensoría recomendó al CTP efectuar las acciones necesarias para garantizar la difusión del criterio legal emitido por parte de la Dirección Jurídica de dicho Consejo, con la finalidad de que el CTP como ente rector en la materia de transporte público garantice y tutele los derechos de la población con discapacidad y se eviten lecturas erróneas a la legislación internacional e interna vigente sobre transporte de personas con discapacidad, como en el presente caso. Además, capacitar al personal del Consejo de Transporte Público en relación con la efectiva y oportuna aplicación de la Ley 7600 en el transporte público.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Continuo caminar

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

A menos de 20 días para la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, las caravanas de personas migrantes han empezado a formarse de nuevo, tal vez como último recurso antes que empiece la anunciada política antiinmigrante a ser implementada en las primeras directivas que tomará en sus primeras horas de mandato.

Ni tan siquiera se habían apagado los fuegos artificiales despidiendo 2024 y dando la bienvenida a este incierto 2025, cuando se anunció la conformación de un numeroso grupo de personas migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Ecuador, principalmente.

Para muchas de estas personas el destino final es la frontera entre México y Estados Unidos, para intentar cruzarla.

Pero también se reconoce la dificultad que implica el cruce y la estancia en Estados Unidos, frente a la implementación de una línea de política migratoria más dura, cuando el republicano asuma la presidencia. Ya hemos dicho que nos parece una línea más dura, dado que la administración demócrata que termina ha sido una de las más castigadoras contra las personas migrantes, en particular las de origen centroamericano.

Estos primeros grupos conformados salen del sur de México, concretamente Tapachula, escenario de una escalada de violencia en medio de la cual las personas migrantes han quedado atrapadas, sin otra posibilidad más que emprender el viaje.

A seis años del inicio de estas formas inéditas de movilización humana (grupos, colectivos, visibles en carreteras y fronteras internacionales en Centroamérica y México) su continuación se explica por la permanencia de las condiciones expulsoras en los países desde donde se originan: violencias, inequidad, desigualdad, pobreza, desempleo.

México aguarda por un posible aumento de personas devueltas o deportada al iniciar la administración Trump.

Esto desencadenará sin duda la intensificación del riesgo y la vulnerabilidad, que han producido ya 120.000 personas migrantes desaparecidas en ese territorio federal 2010 y un número aún no confirmado que ronda 7.500 personas migrantes fallecidas en los últimos diez años.

Antes estos hechos, el continuo caminar se convierte en estrategia, recurso y respuesta desde las mismas personas migrantes para tener al menos una pequeña esperanza de contar con un futuro mejor que su complejo presente.

Aguardemos por la suerte de este grupo que salió recientemente de Tapachula y esperemos más grupos a lo largo de este mes, antes que Donald Trump jure como el presidente #45 de la historia estadounidense.