El jueves 26 de septiembre del 2024 se estará llevando a cabo el Foro Anual Virtual de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, con el tema “Atención adecuada de adolescentes en la CCSS y el rol del Hospital Nacional de Niños”.
El programa empieza a las 7:00 pm, con la bienvenida por el Dr. Aristides Baltodano, presidente del ACANAMED, y seguidamente por la presentación del foro por el pediatra Dr. Alberto Morales, experto en adolescencia, y coordinador del Foro Anual ACANAMED.
El primer tema se expondrá a las 7:20 pm, por el ponente Dr Carlos Jimenez, director general del Hospital Nacional de Niños, y tendrá que ver con la situación actual y visión de los adolescentes en el HNN.
Seguidamente, a las 7:35, se tocará el tema de la experiencia de la Clinica de Adolescentes en el HNN, por la jefa de esta clínica, la Dra. Daniela Carvajal.
Luego,a las 7:50 se presentará el ex-director del PAIA, sobre los principales problemas de salud de las personas adolescentes en Costa Rica.
A las 8:05 el ponente será el Lic. Minor Sequeira, director del PAIA, hablando sobre la política institucional en salud adolescente en la CCSS.
Finalmente, a las 8:20 habrá una ronda de preguntas, con el Dr. Alberto Morales, y un cierre con el Dr. Aristides Baltodano.
El pasado miércoles 18 de septiembre se llevó a cabo un espacio en Voces y Política, Radioemisoras UCR, para hablar sobre la contaminación del agua por agrotóxicos, en específico, el caso del derrame de Mancozeb en el río Barranca, en Puntarenas.
Como invitados estuvieron Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad; Elidier Vargas, agrónomo; y el comentario de Yamileth Astorga, bióloga. Sus aportes arrojaron luz sobre este asunto, el cual pareció ir y venir sin mayor revuelo, aun cuando tiene peligrosas implicaciones para la salud de las personas vecinas de Esparza y Barranca.
Yamileth Astorga comenta que el Mancozeb en seres humanos puede causar cáncer, y afectar el sistema endocrino causando daños a la tiroides y al sistema reproductor, entre otras complicaciones, y en crustáceos y peces es tóxico en extremo, causando la muerte inmediatamente. A esto, Henry Picado le agrega que siendo que en esta situación las personas llevaban más de una semana de estar en contacto con posibles trazas de funguicida, lo cual podría significar casos de intoxicación crónica, la cual se desarrolla a través del tiempo, diferenciada de la aguda, la cual se presenta inmediatamente en presencia de una gran cantidad del elemento tóxico.
Inicialmente, se describe el inicio de la situación, el 27 de julio del 2024 se vuelca una cisterna de fungicida Mancozeb, el cual cargaba 17 mil litros de este agrotóxico, y este se vierte en una quebrada, la cual lleva el fungicida al río barranca, y contamina capturas de agua de Esparza y Barranca, dejando a más de 100.000 personas sin agua por varios días.
Se habla también de los intereses políticos alrededor del fungicida, y la reticencia del Ministerio de Salud de mostrar los niveles específicos de componentes tóxicos, hasta que fueron forzados por un Recurso de Amparo a través de la Sala Cuarta. Esto tiene que ver con el poderío económico que tienen las bananeras, y sus exportadores en Europa, cuyos países, según comentan los ponentes, tienen prohibiciones alrededor del Mancozeb y otros plaguicidas y fungicidas, pero no los prohiben para venderlos y exportarlos a otros países, especialmente en Latinoamérica donde son una problemática. Además de esto, se comenta sobre un artículo extranjero de los efectos del Mancozeb en Costa Rica y sus bananeras, y como ha pasado desapercibido debido al fuerte poder político de la industria agroexportadora y distribuidora de pesticidas.
A este sector le interesa seguir utilizando este fungicida ya que en zonas calientes y húmedas como lo es Puntarenas, y en otras áreas con monocultivos de banano, se propagan hongos fácilmente y pueden destruir las cosechas, lo cual es prevenido por el fungicida, el cual lleva ya casi 4 décadas de ser utilizado en el país, lo cual podría explicar aún más la resistencia al cambio acerca de la prohibición de este.
No obstante, como comentan los presentadores, el problema se da cuando el Ministerio de Salud, emite un documento técnico hecho por tres personas en el que se permite a las zonas utilizar el agua. Henry Picado habla de cómo estos técnicos se saltaron la ley de aguas, y nota lo peligroso que fue darle agua a la gente en algunos casos solo 3 días después del incidente.
A esto Elidier Vargas le agrega las facetas de retroactividad jurídica, y la naturaleza vinculante del Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano. Lo primero, trata sobre como estos los técnicos al publicar este documento, se basan en leyes de los noventas acerca del máximo nivel permitido de elementos del fungicida, las cuales no solamente están rompiendo el principio de retroactividad jurídica al intentar subir un máximo permitido para agua potable y varios puntos del Tratado de Libre Comercio sobre acuerdos ambientales, sino que están basados en regulaciones obsoletas que se colocaron antes de que se descubriera la naturaleza cancerígena de los componentes de este fungicida.
Además, lo segundo, es que este reglamento fue firmado por el presidente, y el Ministerio de Salud en 2015, y se había mantenido vigente, haciendo imposible jurídicamente para tres técnicos ignorar los dictámenes previamente establecidos por este reglamento, incluyendo los máximos permitidos, y tampoco crear un reglamento temporal.
Estas circunstancias, si se dejasen pasar por alto, fijarían un peligroso precedente legal, el cual podría ser abusado por ciertos sectores para seguir creando vacíos legales e incrementos en las máximas cantidades permitidas, lo cual expondría a la población a más y más plaguicidas.
El 7 de marzo de 2023, se formalizó la creación de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811, un esfuerzo conjunto entre diversas comunidades de la zona con el objetivo de luchar por la mejora de esta vía. La ruta 811, que conecta a seis comunidades importantes, incluyendo La Ligia, Santa María, Irlanda, Santa Rosa, La Lucha y Escocia, se encuentra en un estado crítico, afectando gravemente la calidad de vida de sus habitantes y de aquellos que dependen de ella para desplazarse.
Silvia, una vecina de la comunidad de Escocia, destaca los esfuerzos que han realizado para hacer visible su problemática. Menciona que las comunidades han trabajado incansablemente, acudiendo a sesiones municipales, enviando cartas tanto al gobierno central como a las instituciones encargadas de infraestructura vial, como el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). A pesar de sus múltiples gestiones, la situación sigue sin resolverse, lo que ha llevado a la comisión a buscar nuevos medios para difundir su causa, usando diversas plataformas para hacer escuchar su voz.
Damaris Leiva Bermúdez, residente de la comunidad de Irlanda, también expresa su preocupación sobre el mal estado de la ruta y la frustración de no haber sido incluida en los planes de pavimentación aprobados recientemente. A pesar de que algunas comunidades se beneficiarán de la pavimentación parcial, Irlanda ha sido excluida del presupuesto asignado, lo que Damaris considera injusto tras 40 años de espera. Su testimonio refleja la impotencia de una comunidad que, aunque cercana a las mejoras, sigue marginada de los proyectos de infraestructura.
Por su parte, Félix López, coordinador de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de ruta 811 y residente de Río Jiménez, destaca la importancia de la ruta 811 para la región. Explica que esta zona es un centro agrícola clave, con producción de piña y banano, así como de ganado, y que la situación de la carretera afecta tanto la movilidad de los productos como la vida diaria de los habitantes. Félix subraya que durante el verano la ruta se convierte en una nube de polvo que afecta la salud de las personas, especialmente los adultos mayores y los niños con problemas respiratorios. En invierno, el barro impide el acceso adecuado a los servicios esenciales, como la educación y la salud, y agrava la situación de las familias. López también advierte que, debido al estado deplorable de la carretera, los servicios de transporte público, ambulancias y otros vehículos de emergencia ya no quieren transitar por la ruta, afectando aún más la vida diaria de estas comunidades. Aunque reconoce el avance de la aprobación de una parte del pavimento, recalca la necesidad de seguir luchando para que toda la ruta sea reparada.
La comisión ha recibido una carta de respuesta por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que aclara algunos puntos importantes sobre el financiamiento del proyecto de asfaltado. En la misiva, se confirma que el proyecto tiene un financiamiento aprobado de más de ₡1.000 millones, provenientes de los fondos del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín, destinado a la conservación de 11,07 km de la ruta 811, abarcando las secciones que conectan La Ligia, Irlanda y Río Jiménez. Además, se informa que el proyecto tiene un plazo máximo para su culminación en septiembre de 2026 y que la ejecución estará a cargo de la Municipalidad de Guácimo con el respaldo técnico del CONAVI.
Sin embargo, la carta de JAPDEVA, aunque ofrece una respuesta oficial, no aborda directamente las preocupaciones de las comunidades excluidas, como Irlanda, lo que deja una sensación de incertidumbre sobre si se tomarán acciones adicionales para beneficiar a todas las comunidades afectadas. Esto ha motivado a los líderes comunales a mantener su lucha, buscando soluciones integrales para que toda la ruta 811 sea mejorada en su totalidad, sin dejar a ninguna comunidad atrás.
El 7 octubre de 5 p.m. a 8 p.m, se realizará una vigilia por Palestina, al frente de la Asamblea Legislativa.
Tras 11 meses de ataques, más de 41 mil personas palestinas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, han perdido la vida. Más de 80 mil viviendas han sido destruidas, por lo que se estima que la reconstrucción podría ser hasta 2040.
Israel ha incumplido con leyes internacionales que protegen a la infancia exponiéndola a un alto nivel de violencia y trauma.
El Observatorio del Racismo (OBCRA) invita a toda la comunidad universitaria a sintonizar su próximo programa de radio, «Conversando sobre el racismo», que contará con la participación del reconocido escritor y activista Dr. Quince Duncan. En esta ocasión, se abordará el tema:
Costa Rica: 500 años de presencia y aportes de africanos y sus descendientes.
Fecha: martes 24 de setiembre
Hora: 8:00 a.m.
Sintoniza en: Radio 870 AM Saber Vivir, UCR.
El Dr. Quince Duncan es una figura clave en la defensa de los derechos étnicos en Costa Rica y a nivel internacional. Fue el primer Comisionado Presidencial para Asuntos Afrodescendientes y ha formado parte de diversas organizaciones de Derechos Humanos. Además, Duncan es autor de más de 60 publicaciones, incluyendo estudios sobre literatura costarricense y afrodescendiente, ensayos históricos, y varias novelas. Su obra ha sido galardonada con el Premio Editorial de Costa Rica y el Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría.
Todos los programas del OBCRA quedan grabados y disponibles en el Portal OBCRA:obcra.fcs.ucr.ac.cr para ser utilizados en espacios educativos.
La Escuela de Sociología de la Universidad Nacional compartió el análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. En un documento detalla los puntos más importantes de la administración actual, retratan la situación y mantienen al día las cuentas del gobierno.
Relatan cómo su estilo político es uno de enfrentamiento, lejano a la negociación, y critica a los Poderes de la República o a partidos y personas con lenguaje fuerte.
La estrategia presidencial se ha enfocado en crear una oposición más sentida de grupos y la interpelación es directa con pocas posibilidades de acuerdos.
Hay también una serie de puntos importantes que trata, y se colocan abajo, del documento que invitamos a nuestros lectores a revisar ya que tiene información puntual e importante sobre la situación coyuntural de esta administración.
Uno de los rasgos más característicos de la administración de Rodrigo Chaves Robles ha sido su persistente búsqueda del desmantelamiento de la institucionalidad pública, destacando particularmente intentos de vender empresas estatales, el cercenamiento del gasto público en sectores claves del país, el desfinanciamiento de instituciones públicas y el incumplimiento de deudas con estas.
Tanto en la praxis y el discurso: Chaves asume una retórica degradante contra las institucionalidad democrática y pública, intentando posicionarse como un líder popular y antisistema que incluso ha llegado a denominar a Costa Rica como una ‘‘dictadura perfecta’’, declaración que posteriormente fue rechazada públicamente por 8 expresidentes de la República (Campos, 2024, párr. 1). Tal y como señala Murillo (2024, párr. 6), para Chaves ‘‘su gobierno encarna una ‘revolución’ y aferrado a la figura de un ‘jaguar’ como metáfora de valentía en ocasión de un pretendido referendo… Chaves llegó a calificar como falsa la idea de que Costa Rica haya sido una democracia desde la mitad del siglo XX’’.
La educación ha sido un reto para el gobierno Chaves Robles, nos hemos enfrentado a hitos históricos y múltiples ataques y recortes en búsqueda de un desmantelamiento de la Educación Pública tal y como la conocemos. El gobierno no ha planteado una ruta precisa y clara y directa tanto en sustancioso de alta vulnerabilidad reinserción escolar formación de personal académico y en la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso educativo.
El enfrentamiento con la Contraloría se ha agravado en los últimos meses ya que en materia de contratación evaluación de órganos públicos y altos administrativos ha tratado de que esta institución salga del ámbito que le corresponde para tratar de limitar sus posibilidades, de hecho comenzó con un encuentro en la Contraloría General de la República para luego ampliar a otros niveles.
El gobierno de Costa Rica ha mantenido como constante el reducir gastos públicos como una medida para lograr mayores equilibrios macroeconómicos con la finalidad de reducir el déficit a niveles aceptables. De hecho, el Ministro Acosta ha logrado reducir sustancialmente el déficit, pero con ausencia de un de una estrategia que permita establecer objetivos que son necesarios para el país de hecho, el sector educativo se ha visto cómo el sector donde la reducción es fuerte en un momento que el modelo educativo es muy endeble y, con una inercia que no le permite responder al requerimiento del país.
Si bien en el plan internacional el gobierno de la república se ha comprometido con la cumbre del milenio y ser un país de vanguardia en esta materia. Las acciones parecieran ir en otro sentido. De hecho, el MINAE no cuenta con una política ambiental como fueron otros gobiernos que avanzaron hacia un país más sustentable por el contrario las mismas afirmaciones del presidente sobre la tala bosques en otro momento sobre explotación petrolera han puesto en duda la situación. De hecho, no se han firmado decretos que ayuden a mejorar, sino que en temas como la tala de bosques hay una omisión grande que ha terminado en un debate sórdido entre las partes lo cual nos indica que no hay élites que plantean acciones que mejoren en el campo ambiental.
La violencia estructural indicada en los últimos tres meses se mantienen femicidios, raptos, violaciones, desaparición de personas jóvenes y el sicariato en su máxima expresión. Se hacen esfuerzos por la dureza pública y otros organismos para fortalecer la vigilancia pero se requiere fortalecer el número de personas, pero con tecnología de punta para poder combatir a la misma, de igual manera el fortalecimiento de la fuerza marina es una necesidad de primer nivel y contar con equipos y grupos especializados en la vida aérea es parte de lo que se requiere en esta área con una legislación más oportuna para combatir al narcotráfico y otras formas similares.
Costa Rica ha vivido un periodo de intensos enfrentamientos entre los poderes del Estado, reflejando un deterioro notable en las relaciones institucionales y un ambiente político cada vez más polarizado. Durante estos meses, la confrontación entre el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional (Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Defensoría de los Habitantes (DH) y la Contraloría General de la República (CGR), ha alcanzado niveles sin precedentes, poniendo en cuestión la estabilidad democrática del país.
Se reconoce que, a pesar de las críticas hacia la labor de Luis Amador y del Ministro Marcelo Jenkins, ha habido una continuidad en los esfuerzos en esta área. Si bien se han logrado algunos avances, como en el caso de la carretera de circunvalación en Cartago, la ruta 32 con sus puentes y el mantenimiento estratégico, aún se está trabajando en lo que se ha denominado “rezago histórico”. El gobierno debería enfocarse en finalizar estas obras, como la carretera San Carlos, que son necesarias. Además, es fundamental fortalecer acciones en zonas de alta densidad, como los núcleos de zonas económicas y carreteras como Liberia-Nicoya, y dejar el planeamiento de estas iniciativas para los próximos años.
La inversión social no es un tema central en el gobierno de la república pese a que estamos en una situación en el cual la pobreza y las desigualdades las asimetrías son un factor presente con mayor profundidad para Costa Rica. Esta situación es preocupante porque más grupos se unen a la pobreza donde las oportunidades y por el tipo de formación no tiene posibilidades de desarrollarse. No hay recorrido del sector ni planes de mediano y largo plazo lo que se expresa en un alejamiento de la propuesta del plan nacional de desarrollo y se aleja fuertemente de los acuerdos firmados con la OCDE y la cumbre del 2030.
La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Grecia realizó una convocatoria urgente dirigida a diversas organizaciones y sectores, tales como asociaciones de desarrollo, juntas de educación, CEN CINAI, Hogar de Ancianos, Comité de Deportes, Gobierno Local, diputados, prensa local, organizaciones de sindicales y la sociedad civil.
La finalidad de la reunión fue discutir y articular esfuerzos para defender a la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), una institución pública que ha brindado un importante aporte a Costa Rica.
Durante esta primera convocatoria, la participación de los sectores invitados fue considerable, aunque se destacó la necesidad de continuar articulando esfuerzos para fortalecer la defensa de FANAL. Acuerdos alcanzados:
Creación de una Comisión Permanente para la Defensa de FANAL, conformada por la Unión Cantonal, Juntas de Educación, trabajadores de FANAL, asociaciones, regidores y sociedad civil.
La Comisión redactará un Manifiesto Público de Preocupación y Oposición al proyecto de ley que abre el mercado del alcohol, poniendo en riesgo a sectores que dependen de los ingresos del impuesto al alcohol.
El manifiesto será remitido a la Municipalidad y a la Asamblea Legislativa, con especial atención a las Comisiones de Asuntos Económicos y la Comisión de Alajuela, solicitando apoyo y audiencia para que escuchen a los sectores afectados.
Se convocará a una segunda reunión ampliada el viernes 4 de octubre a las 6 p.m., donde se invitará a los diputados de la provincia y de la Comisión de Asuntos Económicos para dialogar sobre la preocupación de los sectores involucrados.
Se insta de manera urgente a todas las organizaciones que reciben ingresos de FANAL a participar activamente en el proceso de defensa.
Fuente: Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Grecia.
El martes 17 de septiembre, como parte de las Jornadas de Investigación, Acción Social y Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales UCR, se celebró el Panel 7 titulado “Trabajos de Cuidados: Desafíos metodológicos y barreras en las políticas públicas”. Este panel se llevó a cabo en la Sala Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, en el marco de la conmemoración del 50º aniversario de la Facultad.
Con un enfoque en los trabajos de cuidados y los retos para su inclusión efectiva en las políticas públicas, las panelistas M. Sc. Irma Sandoval, M. Sc. Laura Alfaro, Lica. Natalia Dobles y Dra. Nancy Piedra compartieron sus investigaciones y experiencias en la materia, ofreciendo una perspectiva crítica y detallada sobre los desafíos metodológicos que enfrenta el análisis de los trabajos de cuidados no remunerados, un sector que sigue siendo invisibilizado en muchas partes del mundo.
Irma Sandoval, experta en estadística con enfoque de género, abrió el panel destacando la importancia de las encuestas de uso del tiempo como herramienta esencial para visibilizar el impacto económico de los trabajos de cuidados, que históricamente han sido invisibilizados y feminizados. Explicó que la medición del tiempo dedicado a estas actividades, mayoritariamente realizadas por mujeres, revela su papel crucial en el sostenimiento de las economías y en la calidad de vida de las personas. Sandoval insistió en que los datos obtenidos de estas encuestas deben ser considerados en la formulación de políticas públicas que busquen la igualdad de género y la equidad en el reparto de tareas, resaltando cómo la división sexual del trabajo genera una pérdida de autonomía económica y política para las mujeres. Además, subrayó la importancia de visibilizar el valor económico de estos cuidados para asegurar su reconocimiento en la sociedad.
Por su parte, Laura Alfaro y Natalia Dobles abordaron el tema crucial de la infraestructura y los servicios de cuidados. Alfaro resaltó la necesidad de invertir en sistemas de cuidados que beneficien tanto a las personas dependientes como a las mujeres, aliviando la carga desproporcionada que recae sobre ellas. Complementando esta perspectiva, Dobles enfatizó la necesidad de políticas que promuevan la corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y las familias, desmantelando la visión tradicional de que el trabajo de cuidados es una responsabilidad exclusiva de las mujeres.
Alfaro profundizó en cómo las políticas públicas en Costa Rica han tratado los trabajos de cuidados, destacando avances como la creación de la Red CUDI, que proporciona servicios de cuidado infantil. Sin embargo, también subrayó las limitaciones de cobertura y los recortes presupuestarios en la inversión social, señalando la necesidad de una corresponsabilidad social en el ámbito de los cuidados y de políticas que no solo se enfoquen en poblaciones vulnerables, sino que tengan un carácter más universal. Dobles, por su parte, presentó un análisis de las políticas públicas de cuidados en la primera infancia a través de un estudio de caso comunitario, exponiendo cómo las condiciones laborales precarias de las cuidadoras y la limitada inversión en infraestructura afectan la calidad y el acceso a los cuidados. También destacó el papel clave de las mujeres lideresas comunitarias en mitigar estas carencias.
Nancy Piedra ofreció una mirada crítica a las barreras que enfrentan las políticas públicas en esta área, mencionando la falta de voluntad política y los estereotipos de género como obstáculos principales. Resaltó que, aunque hay avances en la región, sigue siendo urgente transformar las políticas de cuidados en soluciones más universales que impacten no solo a sectores vulnerables, sino que promuevan la equidad de manera integral.
Finalmente, las panelistas coincidieron en que las políticas públicas actuales son insuficientes para atender la demanda de cuidados en Costa Rica. La falta de un sistema de cuidados robusto afecta principalmente a las mujeres, quienes cargan con la mayor parte del trabajo de cuidado. Los recortes en la inversión social agravan esta situación, limitando el acceso a servicios esenciales y perpetuando la feminización de la pobreza.
El panel culminó con un espacio de preguntas y reflexiones del público, donde se discutió cómo el reconocimiento del trabajo de cuidados es clave para avanzar en la igualdad de género y en la creación de sociedades más justas. También se subrayó que las ciencias sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo de investigaciones que aporten evidencia y herramientas para la implementación de políticas públicas más inclusivas.
En un período de 11 meses, más de 41 mil personas palestinas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, han perdido la vida debido a los ataques en la Franja de Gaza. Se estima que el número real podría ascender a las 300 mil víctimas. La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha exigido a Israel que ponga fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados en un plazo de 12 meses, una demanda que sigue siendo ignorada por el Estado israelí.
El impacto de la ofensiva israelí no se limita a las pérdidas humanas. Gaza enfrenta un desastre humanitario de gran escala. Se estima que limpiar las 40 millones de toneladas de escombros, algunos contaminados con asbesto y restos humanos, llevará al menos 15 años. La destrucción de más de 80 mil viviendas ha desplazado a miles de familias, y la reconstrucción de la ciudad podría alargarse hasta 2040 o más. Durante este proceso de reconstrucción, más de 220 empleados de la ONU han perdido la vida, lo que resalta los riesgos a los que están expuestos aquellos que trabajan en terreno para ayudar a la población civil.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó que los territorios palestinos ocupados constituyen una unidad y que las acciones de Israel violan el derecho internacional y los derechos humanos. Sin embargo, la violencia continúa, exponiendo a miles de niños palestinos a situaciones de trauma y violencia sistemática, desafiando las leyes internacionales de protección a la infancia.
En este marco de destrucción, enfermedades antes erradicadas como el virus de la polio han resurgido debido al colapso del sistema de salud. La situación es crítica, y las voces de la comunidad internacional, lideradas por la ONU, continúan clamando por justicia y un alto al genocidio.
El 7 de octubre, a las 5:00 p.m., se llevará a cabo una vigilia frente a la Asamblea Legislativa en conmemoración de un año del genocidio en Palestina, organizada por la Red de Solidaridad con Palestina. Esta vigilia busca sensibilizar y exigir el fin inmediato de las hostilidades y la ocupación israelí.
En contraste, la embajada de Israel y sectores sionistas han planeado una actividad paralela que ha sido descrita como una celebración camuflada de crímenes de lesa humanidad, apoyada por diputados afines al régimen israelí. Mientras tanto, la cifra de víctimas, la mayoría de ellas niños, periodistas, médicos y personal de Naciones Unidas, sigue aumentando.
«Nadie es libre hasta que Palestina sea libre» se ha convertido en el lema de aquellos que luchan por la paz y la justicia en este conflicto que ha cobrado la vida de miles de inocentes.
El Centro de Rehabilitación Cardiovascular, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la UNA, devuelve la esperanza y calidad de vida a las personas que han sufrido un evento cardíaco o deban someterse a un procedimiento
Concebido hace 20 años como un proyecto académico, el Programa Centro de Rehabilitación Cardiovascular de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (Ciemhcavi) de la Universidad Nacional (UNA) surgió ante la necesidad de contar en el país con un espacio, donde las personas con Enfermedad Cardiovascular (ECV) recuperen su calidad de vida mediante un acompañamiento multidisciplinario, el cual busca mejorar el funcionamiento físico, psicológico y social de los pacientes
Dicho centro inició en los albores de la década del 2000, primero como un proyecto, gracias a una investigación realizada para tesis de maestría de los académicos Jorge Salas y Luis Blanco; tiempo después se consolidó en uno de los programas de Ciemhcavi con altos beneficios a la población nacional, al punto que en 2023 entró en operación un centro homólogo en el Campus Liberia de la UNA.
De forma paralela, Ciemhcavi-UNA habilitó la terapia en rehabilitación para pacientes oncológicos, sobrevivientes a diferentes tipos de cáncer, que funciona los lunes, miércoles y viernes, el cual por ahora es gratuito y se basa en la prescripción del ejercicio.
Los estudios evidencian que este tipo de programas, basados en el ejercicio reducen la mortalidad entre un 20% a un 25%, mejoran la capacidad funcional entre un 10% a un 34%, disminuyen la presión arterial sistólica entre 6 y 4 mmHg y la diastólica en 2 mmHg. La rehabilitación cardíaca contribuye con la reducción de los factores de riesgo coronario, disminuye la inflamación del endotelio, reduce los niveles de estrés, el tiempo de hospitalización y mejora la calidad de vida de los pacientes.
Vencieron sus miedos
Según mencionan los especialistas de Ciemhcavi, cuando los pacientes llegan por vez primera al centro de rehabilitación cardíaca, su principal temor es retomar la actividad física, además de presentar cuadros de ansiedad y hasta depresión; sin embargo, una vez que inician la terapia, tanto en fase II como III, y con el paso de los días, la confianza y seguridad retorna a ellos.
Alfredo Calderón, paciente del programa de rehabilitación comentó que cuando se tiene un evento cardíaco, el principal problema es el miedo a la muerte y con ello el temor a ejercitarse de nuevo. “Pero cuando usted viene aquí y se monta en una caminadora vuelve a la vida. Además, el ambiente grupal conformado por personas que pasaron lo mismo permite intercambiar experiencias”, resaltó Calderón.
Rosario Villalobos, paciente condecorada este día por mantenerse en el centro de rehabilitación de la UNA desde hace 20 años, tiene la particularidad de que se ejercita no por haber sufrido un evento cardíaco, sino por recomendación médica al tener factores de riesgo, como el descontrol en sus niveles de colesterol. “Prácticamente nos daban ejercicio en la cancha, hacíamos caminatas hasta la Escuela de Veterinaria, tiempo después nos habilitaron el gimnasio de Ciemhcavi, donde hasta la fecha nos ejercitamos con máquinas y pesas”, dijo Villalobos.
Calidad de vida
José Andrés Trejos, coordinador del programa de RC resumió que durante 20 años de trayectoria en el campo de la investigación se han redactado más de 12 publicaciones científicas, a nivel de extensión la atención a más de 1000 personas y en docencia el desarrollo de más de 20 cursos de capacitación. “Sin duda nuestro mayor logro ha sido mejorar la calidad de vida de las personas”, agregó Trejos.
Destacó que en la actualidad se cuenta con un total de 50 pacientes, cuyo objetivo consiste en rehabilitar física, social y mentalmente a los pacientes con ECV, para procurar una mejor reintegración de la persona a la sociedad, su regreso a la vida cotidiana, trabajo y actividades familiares.
Ahora bien, para el coordinador del centro cardíaco, el mayor reto es impulsar la rehabilitación cardíaca fuera de la GAM. Si bien ya se cuenta con un centro de rehabilitación en el Campus Liberia de la UNA, desde se gestiona con la vicerrectoría de Extensión abrir dos centros; uno en Pérez Zeledón y otro en Nicoya, ya que la rehabilitación cardíaca se encuentra más accesible a los pacientes del Valle Central.
Jorge Salas, subdirector de Ciemhcavi y cofundador de dicho centro, resaltó que como escuela de ciencias, la tarea primordial es garantizar un servicio más actualizado, de la mano con la innovación tecnológica y en la medida posible traer instrumentos innovadores que permitan mejorar el proceso de rehabilitación cardiovascular de los usuarios.
Gretel Villalobos, coordinadora de fase III del programa de rehabilitación cardíaca expresó que la rehabilitación no solo incluye el ejercicio, sino que es educar al paciente en cuanto a temas de nutrición, psicología, ejercicio y otros, por lo que es fundamental el trabajo o la alianza con otras instituciones y profesionales, como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) o grupos participativos como la Asociación Costarricense de Cardiópatas Rehabilitados (Acocare).
María José Esquivel, asistente del programa, explicó que las personas interesadas deben solicitar una cita de valoración inicial al correo reahabilitacion.cardiaca@una.cr y adjuntar la documentación respectiva como exámenes referencia del especialista, epicrisis y lista de medicamentos. Una vez admitidos, portar ropa deportiva, agua, paño y merienda por si la requiere. Para información de costos pueden comunicarse al: 2562-6971/6734.
Fases del programa
Fase 1: Periodo en que el paciente está hospitalizado después de sufrir un evento o procedimiento cardíaco.
Fase 2: El programa debe iniciar según recomendación médica entre la primera y segunda semana posterior al evento cardiaco. Esta fase consta de 36 sesiones de ejercicio programado y monitoreado por medio de la telemetría, supervisión médica y sesiones de educación al paciente, en cuanto a la ECV, manejo de los factores de riesgo coronario y cambios en su estilo de vida.
Fase 3: Esta es de mantenimiento y seguimiento al paciente después de las fases anteriores y se recomienda que sea para el resto de su vida.
VÍDEO EN:
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
