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Gran Marcha Nacional 25N: Ni una menos

Este 25 de noviembre a las 5:00 p.m. en el Parque Central de San José se estará dando la Gran Marcha Nacional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La marcha está organizada por diversas organizaciones universitarias, activistas e independientes.

Le invitamos a participar de esta marcha, y hacer que se escuchen sus voces: ¡Basta de violencia machista en Costa Rica! ¡Ni una menos! ¡Emergencia ya!

¿Qué es y cuáles son las consecuencias para Latinoamérica de las nuevas normas europeas sobre Debida Diligencia?

Imagen: https://www.parservicios.com

Por dos días tendremos la oportunidad de comprender, discutir y pensar las oportunidades y riesgos que este marco jurídico implica para países como Costa Rica. Personas expertas de Italia, España y Latinoamérica, en el marco del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica debatirán al respecto el 21 y 22 de noviembre, incluyendo el análisis de ese marco normativo, la discusión de proceso en marcha y la inclusión de perspectiva de género, flujos migratorios, cambio climático y los daños en las cadenas de valor.

Este evento, que se llevará a cabo en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tiene como objetivo discutir y analizar el marco normativo europeo y su impacto en las cadenas de valor globales, así como los desafíos y oportunidades que esto representa para el trabajo y los derechos laborales. A continuación, se resume las actividades a llevar a cabo cada día:

Día 1: Jueves 21 de noviembre

–   Apertura: Inicia con una inscripción y una mesa inaugural con representantes académicos y del colegio de abogados.

–   Primera Mesa: En esta sesión, se abordan temas como el marco normativo europeo en la debida diligencia, la relación con acuerdos internacionales, la negociación colectiva y el cambio climático. Los expositores incluyen expertos de universidades europeas que discuten cómo estas regulaciones impactan la sostenibilidad corporativa.

–   Segunda Mesa: Se enfoca en casos específicos y estudios sobre la aplicación de la debida diligencia en sectores como el transporte y las industrias textil y agrícola. También se explora la situación de las cadenas de valor de productos como la piña y el banano y las relaciones con sindicatos europeos y latinoamericanos.

–   Presentación de Informes Nacionales: Delegaciones de países latinoamericanos presentan sus informes sobre la situación laboral en sus respectivos países, abriendo un espacio para el análisis de problemáticas específicas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Costa Rica.

Día 2: Viernes 22 de noviembre

–   Tercera Mesa: Este bloque se enfoca en temas específicos como la migración en cadenas de valor, la perspectiva de género en los acuerdos internacionales, y los daños en el ámbito laboral. Estos temas son abordados desde una óptica latinoamericana.

–   Cuarta Mesa: Se discuten los impactos socio-ambientales y las externalidades en las cadenas de monocultivos, el papel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el marco europeo de debida diligencia. Además, se analizan los riesgos y oportunidades de estos acuerdos como espacios de disputa.

–   Cierre y Mesa de Trabajo: Al final del evento, los delegados exbecarios se reunirán en mesas de trabajo para discutir las oportunidades y amenazas de la debida diligencia y los acuerdos internacionales en el contexto de sus propios países. Este cierre busca formular conclusiones y fortalecer el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.

Este encuentro promete ser una plataforma importante para el diálogo entre personas expertas y la promoción de mejores prácticas laborales en cadenas de valor globales, considerando las realidades y desafíos específicos de cada región.

Puede descargar el programa a continuación:

Relación conflictiva entre el gobierno y la CCSS

De Martín Rodríguez Espinoza

En el video adjunto al final de este texto, se señala al presidente Rodrigo Chaves y su gobierno, con un enfoque principal en la relación conflictiva entre el gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la entidad responsable de los servicios de salud pública en Costa Rica. Donde se analiza que el gobierno está saboteando las operaciones de la CCSS al evitar que el Ministerio de Hacienda le transfiera los fondos necesarios para su funcionamiento, una acción que se considera violatoria de la constitución y las leyes nacionales.

Se menciona también el impacto negativo de estas acciones en la población costarricense, al señalar que muchas personas enfrentan largas esperas para recibir atención médica básica debido a la falta de recursos. Se aborda que los ciudadanos deben hacer fila desde horas tempranas en la madrugada frente a las clínicas y hospitales para intentar conseguir un turno, lo cual refleja un sistema de salud saturado y falto de recursos. Este problema se agrava con la escasez de especialistas, equipo médico, medicamentos e infraestructura adecuada. También se aborda el caso específico de la construcción del nuevo hospital en Cartago, la cual, ha sido sistemáticamente bloqueada por el gobierno, a pesar de que dicha infraestructura es urgente para mejorar la atención médica en la región.

Por estas razones, se acusa directamente al presidente y al ministro de Hacienda de negligencia y falta de responsabilidad en su gestión, responsabilizándolos de las muertes y la pérdida de vidas de costarricenses que no reciben atención médica oportuna. Se cuestiona si el gobierno está buscando protegerse de posibles responsabilidades al no cumplir con sus obligaciones hacia la CCSS y al no permitir que su Junta Directiva funcione adecuadamente para aprobar decisiones críticas para la salud pública.

Finalmente, se denuncia lo que considera una falta de ética y patriotismo por parte de quienes ocupan altos cargos en el gobierno, acusándolos de seguir órdenes del presidente sin considerar el bienestar del país y sus ciudadanos, enfatizando una percepción de que el gobierno está actuando en contra de los intereses del pueblo costarricense, protegiendo sus propios intereses y debilitando el sistema de salud pública en el proceso.

Se puede visualizar este video en el siguiente enlace:

https://vm.tiktok.com/ZMhCPkUxE

Evolución histórica y el impacto social de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en Costa Rica

De Martín Rodríguez Espinoza

El video adjunto al final de este texto, trata sobre la evolución histórica y el impacto social de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en Costa Rica, desde su fundación en 1941 hasta el presente. Al mismo tiempo, se destaca cómo la creación de la CCSS marcó un cambio significativo en el acceso a los servicios de salud, especialmente para las personas menos favorecidas, ya que antes de su existencia, solo los ricos podían acceder a atención médica a través de médicos privados.

También, se menciona cómo la Caja impulsó el desarrollo del sistema de salud en el país, lo que redujo la mortalidad infantil, mejoró la atención a los ancianos, y permitió realizar procedimientos médicos complejos. Este sistema de salud solidario se financia a través de contribuciones de trabajadores, empleadores y el Estado, con un enfoque en que quienes ganan más aporten más. La infraestructura de salud pública -con hospitales, clínicas y centros de atención primaria- ha sido fundamental para el desarrollo del país, mejorando las condiciones de vida y permitiendo que los costarricenses trabajen y estudien en un entorno saludable.

Por otra parte, se expresa preocupación por los intentos actuales de privatizar partes del sistema de salud pública y el deterioro de la Caja, situación que el autor relaciona con decisiones tomadas desde la década de 1980. Según el expositor, el Estado y algunos sectores empresariales no están cumpliendo con sus aportes a la CCSS, mientras se incrementan los servicios tercerizados al sector privado, a costos elevados para la institución. Este endeudamiento, que supera los 4000 millones de colones, podría ser usado para resolver los problemas financieros de la CCSS y mejorar su eficiencia y calidad en la atención.

Finalmente, en el video se hace un llamado a los ciudadanos costarricenses a defender la CCSS para asegurar su continuidad en el futuro. Para más información se invita a observar el video en el siguiente enlace:

Historia de todas las mujeres: primeras diputadas

Haydee Hernández Pérez del departamento de Gestión Documental y Archivo de la Asamblea Legislativa elaboró este material recordando a las primeras diputadas del país. Estela Quesada Hernández, María Teresa Obregón Zamora, y Ana Rosa Chacón González fueron las primeras diputadas, cada una con logros propios que marcaron la historia del país. 

Estela Quesada fue la primera mujer electa para ocupar un cargo propietario en el directorio legislativo, la segunda secretaría, en 1953. Maria Teresa Obregón fue la primera mujer en dar un discurso en el congreso, según el acta de la Asamblea Legislativa #088, también en 1953, y Ana Rosa Chacón realizó el segundo, en esa misma fecha.

Este 1 de noviembre se cumplieron 70 años desde ese día, cuando estas primeras diputadas ejercieron su derecho a la ciudadanía y a representar a su género en el plenario.

Compartido con SURCOS por Ana Leonor Ramírez.

Invitación a las Jornadas de Investigación del Posgrado Centroamericano de Sociología 2024

El Programa de Posgrado Centroamericano en Sociología invita en el marco de su 45 aniversario a las Jornadas de Investigación del 2024, en donde habrá 7 mesas temáticas con distintas ponencias y exposiciones.

La mesa 1 desarrolla el eje de: Conflictos, estallidos sociales y represión. Esta se programó para el lunes 4 de noviembre a las 6pm en el mini auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales.

La mesa 2 desarrolla el eje de: Migración y movilidad humana. Esta se desarrollará el miércoles 6 de noviembre a las 2pm en la Sala Posgrado C.A. en Sociología.

Por su parte se encuentra la Mesa 3, que desarrolla el eje de: educación, exclusión social y desigualdades. Y la mesa 4, que trata sobre el eje de: Trabajo, género y sindicalismo. Ambas se llevarán a cabo el martes 12 de noviembre. La primera a las 2:00 pm y la segunda a las 5:30 pm respectivamente, en la sala #4 de la escuela de antropología.

Seguidamente, la Mesa 5 desarrolla el eje: Educación, exclusión social y desigualdades y la mesa 6 el eje de: Cultura, música y desigualdades. Ambas se desarrollarán el miércoles 13 de noviembre, la primera a las 2:00 pm y la segunda a las 5:30 pm respectivamente en la Sala de Maestría C.A. en sociología.

Por último, se encuentra la mesa 7, que trata el eje de: Movimientos sociales y ciudadanía, esta se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre a las 2:00 pm.

Todas las actividades serán transmitidas en las redes del Posgrado, transmisión en vivo:
Web TV de la Facultad de Ciencias Sociales, Youtube y Facebook Live
Maestría Centroamericana en Sociología, YouTuve Facebook Live
Colegio de Profesionales en Sociología Costa Rica, Facebook Live
Asociación Centroamericana de Sociología, ACAS, Facebook Live.

Compartido con SURCOS por Nancy Piedra Guillén.

Defensoría pide informes ante levantamiento de alerta en varias nacientes de agua en zona norte de Cartago

La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Salud y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) una serie de informes y referirse al sustento jurídico para levantar las órdenes sanitarias que pesaban sobre varias nacientes que abastecen las Asadas de Cipreses, San Pablo y Sata Rosa.

La Defensoría de los Habitantes ha venido realizando un acompañamiento interinstitucional sobre la problemática por la contaminación con metabolitos de clorotalonil en la zona norte de Cartago, específicamente, con la comunidad de Cipreses de Oreamuno. Se ha asistido a reuniones mensuales en la oficina ORAC Este del AyA, se ha visitado la comunidad y reuniones con vecinos de Cipreses.

A lo largo de estos meses, la Defensoría de los Habitantes ha estado pendiente de los nuevos muestreos que se estaban realizando en la zona norte de Cartago y se estaba a la espera de los resultados, con el fin de velar por la salud de la población y del ambiente sano. Esta semana, en la información que se maneja, el AyA convocó a varias Asadas y vecinos de la comunidad, para presentar los resultados de los muestreos realizados en meses pasados. No obstante, la Defensoría de los Habitantes no fue convocada a dicha actividad, sin embargo, se tuvo acceso al oficio MS-DPRSA-USA-2187-2024 de fecha 25 de octubre de 2024, en el cual se detalla las acciones realizadas, conclusiones de los muestreos, medidas inmediatas y a largo plazo, así como recomendaciones generales.

En el presente caso, es necesario tener en consideración el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo suscrita en 1992, que indica el papel de los Estados para la protección del medio ambiente y que estos deben aplicar el «criterio de precaución» cuando exista peligro de daño grave o irreversible.

Asimismo, el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, número 6227, establece que: “en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia”, por lo que basar una decisión para levantar órdenes sanitarias por contaminación de fuentes de agua basado en un estudio técnico que dispone de los parámetros de calidad de agua distintos a los ya establecidos en la normativa nacional y a la norma europea, lo cual, puede ir en contra la normativa nacional así como del principio de no regresión en materia ambiental.

Ante la preocupación por el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Salud y al AyA informe detallado de lo siguiente:

  • Copia de las órdenes sanitarias que se emitan a las nuevas comunidades que presentaron niveles de metabolitos de clorotalonil superiores a lo recomendado.
  • Informe completo de los muestreos realizados con la debida evaluación de estos.
  • Referirse al sustento jurídico utilizado para levantar las órdenes sanitarias vigentes en contraposición de lo dispuesto en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable y basado, únicamente, en un informe técnico. Asimismo, remitir las razones técnicas para solicitar la reforma de este reglamento.
  • Indicar si se realizó un análisis del riesgo toxicológico para cambiar los parámetros existentes en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, de ser así, remitir copia de éste.
  • Remitir el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS Informe CTL Ministerio de Salud CIR) en el que se basan para cambiar los parámetros del reglamento vigente y utilizar los Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo (VMAAR).
  • Remitir cualquier otra información que considere necesaria aportar para el conocimiento de la Defensoría de los Habitantes.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Sala IV da plazo de 5 días a ministro de Seguridad para entregar información a Defensoría

Rendición de cuentas sobre Política Nacional de Seguridad Costa Rica Segura Plus 2023-2030

La Sala Constitucional ordenó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, entregar, en un plazo de 5 días, a partir de la notificación de la sentencia, la información que requiere la Defensoría de los Habitantes como parte de una intervención de oficio que realiza respecto a la Política Nacional de Seguridad conocida como Costa Rica Segura Plus 2023-2030.

El recurso de amparo presentado por la Defensoría fue declarado parcialmente con lugar y obliga al ministro a rendir cuentas por escrito en los siguientes puntos:

  • Si se cuenta con una reglamentación que precise aspectos del funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional, máximo órgano directivo de dicha Política, un flujograma de toma de decisiones, la periodicidad de las reuniones, metodología de trabajo, y el auxilio de un secretaría técnica, entre otros aspectos,
  • También debe entregar cuentas sobre las fechas en que se ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional.
  • También ordenó la Sala Constitucional contestarle a la Defensoría porqué razón se prevé una disminución únicamente de 34 delitos por cada 100 mil habitantes al año 2030 e informar los motivos técnicos que justificaron una meta tan modesta.
  • Asimismo, deberá detallar la propuesta de sostenibilidad financiera y fuentes de financiamiento para ejecutar la Política Nacional de Seguridad y, por último,
  • Deberá informar de los plazos y a través de qué medios se realizarán las evaluaciones de la Política Nacional de Seguridad, los informes periódicos y la rendición de cuentas a la ciudadanía, aspectos que se mencionan, pero no se detallan en el documento de la Política.

Toda esta información estuvo contemplada en un oficio que se le remitió al ministro de Seguridad el 03 de abril del año en curso y que no respondió, por lo que la Defensoría recurrió al Tribunal Constitucional en respeto al derecho de acceso a la información pública, indispensable para esta Defensoría en el avance de su labor de control.

La Sala Constitucional le indicó a su vez al ministro de Seguridad, que no es válida la argumentación presentada en el sentido de que es necesario completar el Plan de Acción para atender los requerimientos formulados por el órgano defensor en lo que respecta a la implementación de la Política Nacional de Seguridad conocida como Costa Rica Segura Plus 2023-2030.

Asimismo, se le recordó al Ministro Zamora, que la Defensoría de los Habitantes de la República goza de un acceso privilegiado a la información en el ejercicio de sus funciones en condición de sujeto activo del derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y que este órgano puede investigar de oficio o a petición de parte sobre presuntas irregularidades, de ahí que el legislador le dotó de competencias para poder acceder a la información pública, ya sea por parte de quien ejerza como jerarca de la institución o por sus delegados.

Cabe señalar que datos del OIJ, revelan que, al 28 de octubre de 2024, el país ha registrado 715 homicidios, cifra muy superior a la “meta” fijada en el Plan Nacional de Desarrollo de la presente Administración, que cifró el dato en 533 homicidios para todo el año 2024.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes