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Alerta sobre la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

El Movimiento de Resistencia y Formación (MORFO), compuesto por diversas organizaciones comunitarias y defensoras de los territorios, lanza una alerta a la población sobre los impactos de la propuesta Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Esta ley busca privatizar el mercado eléctrico en Costa Rica, generando una serie de preocupaciones y posibles consecuencias que afectan a las comunidades, al medioambiente y a la sostenibilidad del país.

Puntos clave del análisis

  1. Conflictos socioambientales: La construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos y la privatización podrían generar conflictos, afectando los recursos hídricos y la integridad de las comunidades locales.
  2. Impacto en comunidades: Se teme que las empresas privadas muestren desinterés en invertir en comunidades pequeñas, priorizando grandes clientes y exportaciones, lo que podría aumentar las tarifas eléctricas y afectar a las comunidades más vulnerables.
  3. Regulación y transparencia: No se especifica quién regularía las tarifas ni los precios del mercado, lo que genera incertidumbre sobre el acceso y el costo de la electricidad, dejando en duda el futuro de la protección de los bienes comunes.
  4. Medioambiente y “sostenibilidad”: Aunque se presenta el proyecto como beneficioso para las comunidades, en realidad prioriza el lucro sobre el bienestar social y ambiental, promoviendo la explotación de recursos naturales y afectando la sostenibilidad.

Te invitamos a ver la infografía para más detalles y un análisis profundo sobre las implicaciones de este proyecto. ¡Es momento de actuar!

Presentación del libro «Memorias de luchas y resistencias del pueblo indígena Bribri»

El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica invita a la comunidad universitaria y al público en general a la presentación del libro de construcción colectiva titulado «Memorias de luchas y resistencias del pueblo indígena Bribri». Este evento contará con la participación de personas autoras y representantes de diversas organizaciones indígenas.

Detalles del evento:

  • Fecha: 24 de octubre de 2024
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Sala de Audiovisuales, Instituto de Investigaciones Sociales, UCR

Panelistas:

  1. Faustina Torres Torres – Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA)
  2. Marina López Morales – Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA)
  3. Maycol Morales Pita – PANI Talamanca
  4. Helga Arroyo Araya – IIS, UCR
  5. Koen Voorend – Moderador, IIS, UCR

Lucha por la mejora en el monto de pensión e información del Régimen No Contributivo

Contexto:
Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.

Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión
La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.

Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125
La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.

Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP
Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.

Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele
La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.

El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.

Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.

En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.

En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.

UNDECA y BUSSCO exigen medidas cautelares en el Caso «Barrenador» de la CCSS

Este viernes 11 de octubre, a las 8:00 a.m., se llevará a cabo una concentración en la Plaza de la Justicia, frente a los Tribunales de San José, convocada por el sindicato UNDECA y BUSSCO y personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los manifestantes exigen la pronta resolución de las medidas cautelares en el caso conocido como “Barrenador”, un polémico expediente judicial que involucra altos mandos de la institución en presuntos actos de corrupción.

Tras tres semanas de retraso en la definición de la situación jurídica de los imputados, la indignación crece entre los empleados de la CCSS y la población en general. Los organizadores de la protesta piden que el juez a cargo tome una decisión inmediata y actúe con la urgencia que amerita el caso.

Las demandas de la manifestación son claras: se exige la resolución de las medidas cautelares, la salida inmediata de Marta Esquivel de su cargo, y el fin de la corrupción que, según los manifestantes, ha comprometido gravemente el buen funcionamiento de la institución de salud pública. 

El lema central de la protesta es “¡Alcemos la voz y demandemos justicia!”, lo que refleja el creciente descontento de los trabajadores del sector salud, quienes también abogan por la transparencia y el adecuado manejo de los recursos de la CCSS. Esta manifestación se une a una serie de acciones que UNDECA ha impulsado en defensa de los derechos de los trabajadores y contra la corrupción dentro de la institución.

Celebramos que Costa Rica cuente con una ley de acceso a la información

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper) aplaude la aprobación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública número 23.113 e insta a un cumplimiento efectivo a todas las entidades del Estado en Costa Rica.

Si bien la Constitución Política y los recurrentes votos de la Sala Constitucional resguardan el derecho de acceso a información, Costa Rica era uno de los pocos países en el hemisferio sin una ley específica con criterios claros para solicitar y recibir información pública.

Además de una ley, el Colper estima que es fundamental trabajar en una cultura que favorezca que toda la información de las instituciones del Estado se encuentre publicada en formatos abiertos y que cuando una persona solicita algo que no esté disponible en el sitio en Internet, siempre exista una anuencia de entrega bajo la convicción de que la información transparente favorece la democracia.

El Colper ha desarrollado varios cursos sobre legislación de derecho de información y expresión, en alianza con el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica, dirigido a profesionales en comunicación en oficinas públicas. Este tipo de iniciativas deben extenderse a más personas en las entidades del Estado con el fin de que se comprenda la relevancia y el impacto del acceso a información.

La Ley Marco de Acceso a la Información Pública número 23.113, impulsada por el diputado Alejandro Pacheco, recogió lo mejor de distintos proyectos de ley que se analizaron en el pasado, así como la posición y criterios de distintas organizaciones defensoras de los derechos de expresión e información, por tanto, es una iniciativa positiva que fortalece la libertad de prensa y el derecho en general de toda la ciudadanía.

Respuesta del fiscal general a la diputada oficialista Paola Nájera

Una vez más: en defensa de nuestra institucionalidad ante ataques que pretenden debilitarnos como consecuencia de actuar ante presuntos casos de corrupción pública.

Con plena conciencia de que existe una intención sostenida para dañar mi imagen, inmediatamente después de la ejecución de dos actos de investigación de la fiscalía, autorizados por jueces de la República, ejecutados en dos entidades de gobierno y fundados en la probabilidad razonable de la comisión de presuntos delitos de corrupción, deseo anteponer el principio de transparencia que me ha caracterizado para aclarar a la población costarricense que no ha existido ninguna actuación ilegal o irregular que comprometa recursos públicos ni la ética que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera en el Poder Judicial, como fiscal y juez.

Fui invitado como delegación oficial del Ministerio Público a la Conferencia Internacional sobre la lucha contra las drogas, cuyo tema fue “Más allá de las fronteras: ampliando las asociaciones globales”, celebrada en Atenas, Grecia, del 21 al 27 de setiembre del 2024.

Este evento revistió de gran importancia para el país porque se logró reforzar lazos de cooperación internacional. Sostuve una reunión con la señora Anne Milgram, administradora de la DEA, para fortalecer la persecución contra el narcotráfico y tratar asuntos relativos a este tema, que están protegidos por la privacidad de las investigaciones, una oportunidad que únicamente tuvimos 15 de los 134 países participantes, lo cual evidencia la confianza que ese órgano ha depositado en mi persona, como representante del Ministerio Público, y la relevancia de nuestro país como socio estratégico del gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra este flagelo.

Además, participé en una mesa de trabajo con las jefaturas de los Ministerios Públicos de Colombia y Panamá, que tuvo por objetivo el tratamiento de temas comunes en materia de criminalidad y coordinaciones para operaciones antinarcóticos bilaterales o multilaterales.

La organización del evento asumió todos los costos correspondientes a mi participación. Es menester indicar que, así como consta en la invitación oficial de la DEA, esta agencia federal incentiva a los representantes a incluir en los viajes a cónyuges, parejas y/o acompañantes, para quienes, además, se ofrece un programa especial de actividades, paralelo a la misión internacional.

En virtud de lo anterior, y al no comprometerse bajo ningún concepto ni un solo recurso público, me hice acompañar por la señora Mora, quien viajó en calidad de turista y con un permiso sin goce de salario. Sus gastos por concepto de boletos aéreos fueron pagados con una tarjeta de crédito personal, a mi nombre, lo cual es fácil de corroborar.

El resto de costos fue asumido por ella, con recursos personales. Cabe destacar que el permiso sin goce salarial que se le extendió fue aprobado desde el 2 de setiembre del 2024, conforme al procedimiento establecido en la institución, que incluye el aval de su jefatura inmediata, el estudio técnico por parte de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y el aval final del subjefe de la institución.

Mora se desempeña como fiscal auxiliar del Ministerio Público y, como estructura vertical que tiene la institución, responde a su jefatura inmediata, que es una fiscala coordinadora. Esta, a su vez, tiene como jefatura al fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, y, adicional, el control de un fiscal adjunto de la Fiscalía General.

Finalmente quiero señalar que la innecesaria forma en la que fue expuesta la identidad y la fotografía de la señora Mora por parte de la diputada Nájera, haciendo público el oficio enviado minutos antes a la Fiscalía General, -y el morbo que ello ha generado- ha sometido a Mora a ser víctima de actos de violencia en su contra e insultos de toda índole, afectando su honor, su derecho a la privacidad y cuestionando su probidad.

Inclusive, la ha puesto en riesgo desde el ámbito propio del ejercicio de sus funciones, pues, como eslabón de menor jerarquía en la escala fiscal, le corresponde luchar en las calles contra el narcomenudeo, uno de los fenómenos que más violencia genera en nuestro país.

Una vez más preocupa que las acciones del Ministerio Público en el cumplimiento de sus deberes legales y en el combate a la corrupción genere este tipo de reacciones y ataques, con la utilización de retóricas que pretenden debilitar nuestra independencia e institucionalidad.

Quiero dejar claro que ni este, ni ninguno de los ataques calculados que sabemos que vendrán, van debilitar al Ministerio Público.

Es mi deber nuevamente garantizarle a la ciudadanía que defenderé la independencia de la fiscalía de cualquier injerencia que pretenda debilitarla y que las personas que integramos esta institución siempre actuaremos con decisión, valentía y fortaleza, apegados a la legalidad con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie.

Carlo Díaz Sánchez 

Fiscal General

Le invitamos a leer el PDF, para conocer respaldos aportados por el funcionario.

Se aprueba expediente para otorgarle Benemeritazgo de las Artes Patrias a Fidel Gamboa

El pasado 2 de octubre se aprobó el expediente 24071, para otorgarle el Benemeritazgo de las Artes Patrias al reconocido compositor de música de cámara e incidental, músico, cantante y artista Fidel Gamboa.

Este expediente, presentado por David Segura, diputado de Nueva República, fue firmado por las 57 diputaciones, lo cual muestra el gran entusiasmo y anuencia de la sala a otorgar este reconocimiento a su memoria y legado.

Fidel Gamboa, hijo de la pampa guanacasteca que heredó el amor por la música y el canto de su familia, cumple con los requisitos para ser declarado como Benemérito de las Artes Patrias de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea.

Gracias a su virtuosidad, este cantautor obtuvo reconocimientos notorios como el premio nacional Aquileo J. Echeverria y el ACAM como compositor y autor musical, pero sobre todo el cariño y reconocimiento que logró de tantas personas que se sintieron representados por sus canciones, entre las cuales compuso música de danza, cine, teatro, y comerciales, integrando con gran naturalidad la música clásica y popular.

Su legado permanecerá en la historia de nuestro país, y esta iniciativa busca honrar la memoria de este gran artista con una de las distinciones más altas, la cual será pronto votada en el plenario.

Información compartida con SURCOS por Erika Henchoz.

UNDECA: Urge renovación de fideicomiso de la CCSS con el Banco de Costa Rica

Se alza una alerta por la urgencia de que la CCSS renueve el fideicomiso con el Banco de Costa Rica para poder construir y equipar las áreas de salud y sucursales que necesita el pueblo.

De este fideicomiso dependen 29 áreas de salud, cuyas sedes van a requerir construcción y equipamiento, desde Alajuela hasta Cartago. También, 25 áreas de salud, las cuales van desde la región Brunca hasta Chomes de Puntarenas requieren construcción y equipamiento, haciendo esta situación sumamente crítica, mostrando la falta de cuidado que tienen las áreas periféricas del país en cuanto a seguridad social y salud.

¡No más corrupción y saqueo de la CCSS!

Voces y Política: Genealogías feministas latinoamericanas

Mañana, miércoles 9 de octubre a las 5:00 pm por medio de Radio Universidad 96.7 FM se estará transmitiendo el programa Voces y Política con el tema «Genealogías feministas latinoamericanas”, con la participación de la Dra. Verónica López Nájera, académica e investigadora.

Aquellos que deseen participar pueden hacerlo por medio de las redes sociales de Radio Universidad CR, o por medio de una llamada telefónica al 2234-3233.

Le invitamos a ver el programa a través del Facebook de Radio Universidad CR: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr

Defensoría urge medidas a CONAPDIS y CONAPAM tras investigación del caso Manos Abiertas

Tras una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes sobre el caso de la Fundación Hogar Manos Abiertas se ha determinado que tanto el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) deben implementar una serie de mejoras en su sistema de atención y supervisión para garantizar de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor. Es fundamental un actuar preventivo.

El análisis reveló limitaciones por parte del CONAPDIS en poder efectuar una adecuada fiscalización interdisciplinaria continua y oportuna de las alternativas residenciales para personas con discapacidad en condición de abandono, tal como ocurrió con la Fundación Manos Abiertas. El allanamiento realizado el 5 de marzo de 2024 evidenció fallas en el modelo actual de supervisión, lo que llevó a decisiones de emergencia para reubicar a los residentes de la fundación, ante la necesidad de proteger su integridad y derechos.

Este modelo implementado no ha permitido verificar en forma previa y adecuada la operatividad y funcionamiento de las alternativas residenciales. Ante esto, se hace necesario implementar protocolos de acción para prevenir situaciones similares en el futuro. Aunque CONAPDIS fue notificado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del allanamiento, la institución no estaba preparada, no contaba con los debidos protocolos para en un tiempo limitado, poder ejecutar un plan de acción adecuado.

A partir de los hechos, la Defensoría recomienda revisar y actualizar el modelo de servicios de convivencia familiar, así como establecer criterios claros y efectivos para la supervisión y fiscalización de alternativas residenciales. Adicionalmente, CONAPDIS deberá desarrollar un plan de capacitaciones para los encargados de estos centros, además de contar con instrumentos que permitan una atención adecuada en casos de emergencias judiciales.

Asimismo, no se logró identificar el mecanismo utilizado por CONAPDIS para determinar el consentimiento informado a ser trasladado a diferentes alternativas residenciales, tratándose de las personas mayores de edad que se encontraban albergadas en dicho hogar, en resguardo de los derechos de autonomía y capacidad de jurídica de las personas con discapacidad.

Por otra parte, la Defensoría calificó de “ausente” la participación del CONAPAM tratándose del caso de la Fundación Manos Abiertas. Como ente rector en materia de vejez, el CONAPAM tiene la responsabilidad de velar por las condiciones de vida de la población adulta mayor con discapacidad, independientemente de la fuente de financiamiento de los centros.

Ante estos hechos, la Defensoría recomendó que el CONAPAM establezca un proceso de coordinación con el CONAPDIS para garantizar una intervención conjunta en casos similares y garantizar la fiscalización de todos los centros que brinden atención a personas adultas mayores.

Recomendaciones a CONAPDIS

  1. Concluir el análisis y elaboración del nuevo modelo de servicios de convivencia familiar y establecer criterios claros para la supervisión y fiscalización.
  2. Calendarizar capacitaciones para el equipo de supervisión interdisciplinario.
  3. Elaborar un instrumento para la atención de futuras intervenciones administrativas y judiciales en alternativas residenciales, en resguardo de las personas con discapacidad, incluyendo acciones preventivas, correctivas, intervención de emergencia y su seguimiento.
  4. Garantizar que los traslados de los residentes se realicen respetando su autonomía y capacidad jurídica.
  5. Verificar que las personas trasladas de la Fundación Manos Abiertas a otra alternativa residencial cuenten con su debida afiliación y adscripción al centro médico que le corresponde.

Recomendaciones a CONAPAM

  1. Convocar una mesa de trabajo para elaborar un instrumento mediante el cual se identifiquen las medidas y mecanismos necesarios para ampliar la fiscalización de todos los centros de atención a personas adultas mayores.
  2. Recordar a las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de cuidado y atención a las personas adultas mayores en el país, su obligación de remitir los informes de las evaluaciones anuales sobre la atención brindada a esta población.
  3. Coordinar con CONAPDIS lo relativo a las ubicaciones de la población adulta mayor (las que no se encuentran en el hogar Carlos María Ulloa) y verificar las condiciones en las que se encuentra cada usuario así como las condiciones de la residencia.

La Defensoría de los Habitantes reafirma su compromiso de proteger los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor, instando a ambas instituciones a tomar medidas concretas para evitar que situaciones como la de la Fundación Hogar Manos Abiertas vuelvan a ocurrir.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes