El 2 de octubre se llevó a cabo la 3ra Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia, partiendo del Parque de la Merced a la 1 p.m. Los participantes recorrieron el Bulevar de la Avenida Central hasta llegar a la Asamblea Legislativa. El evento destacó el mensaje de que “La paz es el camino” y subrayó la importancia de aprender y promover la noviolencia. Costa Rica, reconocida mundialmente por su compromiso con la paz, fue nuevamente escenario de este llamado global, organizado por el movimiento Mundo sin Guerras y sin Violencia.
El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, desde los primeros días, la emprendió contra el sistema democrático costarricense y rabiosamente contra los sindicatos.
La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución fundacional del Estado Social y Democrático, que el Gobierno pretende desmantelar y privatizar, aunque sea recurriendo a los actos, denunciados por UNDECA y otros, al Ministerio Publico, que resultaron en la detención en las celdas de OIJ la presidenta ejecutiva de la Caja y siete personas más.
UNDECA es el reducto de defensa de la Caja, su autonomía, recursos financieros y los derechos de casi 70.000 personas que laboran en esa entidad.
Nuestra inclaudicable posición nos ha costado que el presidente de la República y Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, acometan contra UNDECA, desplegando un conjunto de actuaciones que violentan los principios de libertad sindical.
A raíz que la conjura contra este y otros sindicatos institucionales ya resulta desproporcionada, llegando a extremos de violencia intolerable, UNDECA interpuso una denuncia en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) contra el Presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.
Las actuaciones más graves, entre otras, que sustentaron la denuncia son:
1.- Marta Eugenia Esquivel declaró, en la habitual conferencia de prensa de Casa Presidencial, que los sindicatos tienen secuestrada la CCSS.
2.- La misma jerarca declaró públicamente que los sindicatos son los peores enemigos de la Caja y las comunidades.
3.- Esquivel amenazó a los sindicatos por denunciar en el Ministerio Público, la cuestionada adjudicación de 10 áreas de salud a favor de cooperativas y un consorcio hospitalario privado.
El presidente de la República amplificó la agresión contra los sindicatos, atribuyéndonos que somos los responsables de las listas de espera.
4.- Esas prácticas antisindicales se coronan con el ataque deleznable que ha sufrido nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de UNDECA y representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja, contra quien el Consejo de Gobierno ilegítimamente ordenó la apertura de un procedimiento sancionatorio y una medida cautelar de separación de su cargo, que fue anulada por la Sala Constitucional, por violentar derechos fundamentales.
Las arteras acciones montadas contra nuestra compañera Martha Elena violentan el principio de autonomía e independencia sindical.
El conjunto articulado de actuaciones del Presidente de Gobierno y Marta Esquivel, configuran prácticas recurrentes y sostenidas de hostilidad y discriminación antisindical, que vulneran los principios de libertad sindical, contenidos en la Declaración de Filadelfia de OIT (1944) y los convenios internacionales de OIT, ratificados por Costa Rica.
UNDECA denunció que el Gobierno de la República está creando un peligroso clima de confrontación, amenazas, presión y desprestigio contra los sindicatos, que pretende, impedir que los sindicatos realicen su misión de manera eficiente y eficaz, y además, esos discursos incitan a la violencia, con el propósito que la ciudadanía rechace y repulse moralmente a UNDECA y los sindicatos de la Caja, declarados calumniosamente secuestradores y los peores enemigos de la Caja y las comunidades.
UNDECA comunicó la denuncia internacional al Director General de OIT y está solicitando que se declare que el presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez son autores responsables de la violación de los principios de libertad sindical.
En consecuencia, se solicitó condenar al Gobierno por el ejercicio de prácticas políticas incompatibles con la libertad sindical y ordenar a esas autoridades gubernamentales abstenerse de continuar con esas conductas de violencia antisindicales.
UNDECA terminó su denuncia citando la siguiente declaración del Secretario General de Naciones Unidas; Antonio Gutiérrez:
“El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, y las Naciones Unidas deben hacerle frente en todo momento por una cuestión de principios.”
El discurso de odio del presidente y Marta Esquivel contra los sindicatos es irreconciliable con los postulados de nuestra Constitución Política y los convenios de OIT en materia de libertad sindical.
Este conversatorio contará con la participación de tres personas expertas:
Mag. Wajiha Sasa, Cónsul Honoraria de Palestina ante Costa Rica.
Dr. Nicolás Boeglin, experto en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y conflictos.
MSc. Javier Johanning, docente e investigador de la ECP, CIEP y OPI.
El evento es organizado por el Observatorio de la Política Internacional y la Escuela de Ciencias Políticas (ECP). La actividad promete ser un espacio de reflexión y análisis sobre la situación de Palestina a nivel internacional.Este jueves 3 de octubre de 2024, se llevará a cabo un conversatorio titulado «Palestina. 76 años de Nakba: Apartheid y Genocidio». El evento se realizará en el Auditorio Plaza de la Autonomía de la UCR a las 2:00 p.m.
Habitantes en condiciones de vulnerabilidad sufren para hacerle frente a sus procesos de enfermedad
Una de las entidades más denunciadas por las y los habitantes ante la Defensoría de los Habitantes es la Caja Costarricense del Seguro Social por transgresiones al derecho fundamental a la salud, siendo algunas de las principales causas: tiempos de espera prolongados, problemas en la entrega de medicamentos, citas con especialistas a plazos irrazonables, realización de exámenes diagnósticos, insuficiencia de recursos humanos, condiciones de infraestructura, problemas en el equipamiento, entre otros.
Las denuncias de los habitantes, el resultado de las investigaciones, la observación activa de procesos de coordinación interinstitucional en el sector salud y las inspecciones de centros de salud, permiten a la Defensoría obtener una mirada que pone en la palestra los riesgos del sistema y la necesidad de acciones urgentes por parte de las autoridades. No sólo se trata de intervenir en la sostenibilidad financiera del sistema a través de una adecuada recaudación, sino también la incorporación de acciones innovadoras en materia de recursos humanos, financiamiento, infraestructura y equipamiento, que se traduzcan en forma efectiva en la satisfacción plena del derecho a la salud de los habitantes.
Los tiempos de espera para exámenes, consultas y cirugías, en múltiples ocasiones resultan irrazonables, situación que coloca a los habitantes en condiciones de vulnerabilidad para hacerle frente a sus procesos de enfermedad. La suspensión de muchos proyectos de infraestructura no sólo ha defraudado las expectativas de muchos habitantes, sino que incrementa los riesgos y ejercen presión sobre el sistema que de por sí, ya está sobrepasado por la demanda. La fuga de especialistas médicos nos da cuenta de un sistema que debe fortalecerse para atender en forma armónica las necesidades de la población, en consideración de saludables y atractivas condiciones laborales para todos los trabajadores del sector.
Procesos de formación de especialistas regulados y estratégicos, estudios de necesidades que sirvan de fundamento para la toma de decisiones con visión prospectiva, un uso máximo y racional de toda la infraestructura disponible, así como el aprovechamiento de todos los turnos horarios; son solo algunas de las líneas de acción que la Defensoría de los Habitantes considera que se deben valorar con urgencia.
La población se enfrenta a una oferta de servicios insuficiente y con problemas de calidad, que podrían tener explicación – en no pocos casos- en esa insuficiente oferta de servicios. Los retos son muchos y definitivamente deben pasar por el fortalecimiento del primer nivel de atención, con mayor capacidad resolutiva, en términos de calidad y cantidad y con un mecanismo definido de coordinación en red, que permita una maximización de los recursos disponibles y un servicio resolutivo más cercano a la población en términos geográficos.
En otro orden de ideas, la digitalización de los servicios sin duda alguna, es una herramienta que facilita los procesos de intervención en salud. El acceso a través de herramientas tecnológicas, ha facilitado a muchas personas su asistencia a los servicios, no obstante, el uso del EDUS y de las plataformas tecnológicas para la obtención de citas, no debe constituirse en una estrategia de intervención generalizada, que desconozca las diferencias en las poblaciones, la disposición de los recursos tecnológicos aptos para su uso y las posibilidades logísticas de los diferentes grupos, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad. Por ello, es necesario evaluar la medida y determinar dónde es idóneo para atender las necesidades de la población adscrita y dónde debe variarse la estrategia para la asignación de citas a las personas aseguradas.
La inversión en la salud de la población requiere un fortalecimiento sostenible en el tiempo. El perfil epidemiológico de nuestro país plantea retos que deben ser atendidos en tiempo y calidad, de tal suerte que la población pueda ver atendidas sus necesidades oportunamente. No resulta de recibo y así lo ha establecido la Sala Constitucional, que continuemos creando barreras a las necesidades de los habitantes en el campo de la salud, argumentando insuficiencia de recursos. Las necesidades del sector salud demandan acciones en las que participen todos los sectores que forman parte del sector, con una mirada hacia el fin público y la garantía del derecho a la salud de los habitantes, con una armonización clara, con rectoría firme y consistente del Ministerio de Salud, tanto en la articulación y regulación, como en la fiscalización del cumplimiento de metas. Y en ese proceso, la voz del paciente y sus organizaciones siguen siendo un punto de partida central, pues los pacientes – receptores directos de los servicios, también pueden contribuir a referenciar los puntos álgidos del sistema y comprender los puntos álgidos del sistema.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
En un video publicado el 30 de septiembre de 2024 , Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), hizo un llamado urgente a la ciudadanía y al Magisterio Nacional a estar atentos a los discursos del presidente Chaves. Díaz señaló que dichos mensajes han atacado directamente al sector educativo, poniendo en peligro su estabilidad y dejando de lado los principios establecidos en la Constitución Política, que consagra la educación como un derecho fundamental para todos los costarricenses.
Se resalta como hace unos días, en una entrevista realizada por Radio Columbia, el presidente Chaves abordó de manera desinformada y atacante un tema que preocupa a los estudiantes del país: el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el cual por primera vez no se alcanzó un acuerdo en la negociación de este fondo, lo que llevará el tema a ser discutido en la Asamblea Legislativa. Durante la entrevista, Chaves afirmó que la reforma constitucional de 2011, que estableció el financiamiento de la educación pública en un 8% del PIB, fue una concesión gratuita de la expresidenta Laura Chinchilla, destinada a beneficiar a grupos de interés y privilegio, como los sindicatos de la educación y las universidades públicas.
El SEC, por su parte, ha respondido afirmando que la educación es un derecho humano que avanza y se encuentra consagrado en la Constitución desde 1949 y que su financiamiento es clave para el desarrollo social y económico del país. Las críticas señalan que el presidente ignora la importancia de la educación como motor de igualdad social y herramienta para el progreso nacional. Además, se advierte que su postura pone en riesgo el futuro de la educación pública y, por ende, el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes costarricenses.
Díaz concluyó haciendo un enfático llamado a unir fuerzas para detener la mala gestión del presidente, advirtiendo que sus acciones están abriendo las puertas para que los jóvenes caigan con mayor facilidad en la marginalidad, donde prevalece la delincuencia. Es imprescindible promover un financiamiento adecuado del FEES, que garantice un futuro y una educación digna para el país.
El rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta señala en un video: «No vamos a claudicar en nuestro compromiso de defender la libertad de expresión, la educación y el pensamiento crítico, por más incómodo que esto resulte para los enemigos de la educación, la democracia y la paz».
Este lunes 1 de octubre de 2024, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunció ante la grave situación ocurrida el pasado 30 de septiembre, cuando la institución fue blanco de una amenaza directa de bomba. Gustavo Gutiérrez destacó que este tipo de eventos debería preocupar profundamente a todos los costarricenses que valoran y desean vivir en un país tradicionalmente pacífico, porque aunque la amenaza resultó ser falsa, es preocupante el mensaje que podría transmitir y que no debe permitirse que se repita o se normalice.
Se considera que este acto fue, en parte, el resultado de los discursos cada vez más frecuentes que provienen de los altos mandos del Poder Ejecutivo en el país. La estructura y el enfoque de la amenaza reflejan un patrón similar a esos mensajes que intentan desprestigiar la credibilidad de las instituciones y perjudicar a la educación pública universitaria, fomentando un clima de desconfianza y odio.
Esta situación es especialmente preocupante a su vez, ya que revela cómo para algunos actores la formación en humanidades, el pensamiento crítico y la libertad de pensamiento se han convertido en una amenaza tanto para ellos como para el país, cuando no es así. Por ello, es inaceptable que los miles de estudiantes que buscan un mejor futuro y más oportunidades sientan que su lugar de aprendizaje ya no es seguro. A pesar de esto, la universidad continuará fortaleciendo estos espacios día a día, reafirmando su compromiso con la educación, la seguridad y el desarrollo integral de sus estudiantes.
Le invitamos a ver el video con la exposición del rector de la UCR:
A un año para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque a las elecciones presidenciales en Costa Rica, programadas para el 1 de febrero de 2026, Óscar Aguilar Bulgarelli hace un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos para que se unan en la construcción de una alternativa democrática que saque al país de la actual crisis. Son 365 días para que las fuerzas democráticas se organicen, porque actualmente no se cuentan con bases de nada, no hay participación, no hay movimientos hacía esas elecciones, ni hay posturas firmes.
Se destaca a su vez la falta de liderazgo tanto en los partidos políticos como en otros movimientos, junto los mismos ciudadanos, advirtiendo del actual rumbo gubernamental, en donde ese camino se está dando bajo el odio y el conflicto. Siendo este un momento crucial para dejar de lado las diferencias y los intereses personales, con el fin de garantizar una opción política que promueva la libertad, la institucionalidad y la paz civil en el país.
El mensaje también incluyó una crítica hacia la actual situación de confrontación, en donde lejos de resolver problemas estructurales como las pensiones de la CCSS, las rutas de arroz, el narcotráfico o el sicariato, está generando un ambiente de agresividad y división que amenaza con desmoronar las instituciones costarricenses.
Finalmente, hace un llamado a todos los sectores a aportar desde sus respectivas trincheras, en un esfuerzo común por retomar el camino de la democracia y el respeto civil.
PRONUNCIAMIENTO – La FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS – FLAM-1
I) EXPRESA su profunda preocupación por el contenido de las recientes declaraciones del Sr. Presidente de la República de Costa Rica, en las que alude a la Fiscalía General como así también al juez encargado de conocer las medidas solicitadas por el Ministerio Público, en un proceso judicial que involucra a funcionarios públicos y directivos de una institución pública.
La función del Poder Judicial es la de asegurar el respeto de la supremacía de la Constitución, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella.
Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, a las instituciones de su país al emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias, resultando una injerencia indebida, sea del sector que fuere, en procura de obtener una determinada resolución judicial, pues ello implica una intromisión inaceptable en trámites de exclusiva función jurisdiccional. Por otra parte, no resulta admisible el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones.
El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que los Estados deben garantizar que quienes ejerzan una función judicial estén libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos. Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su trabajo o al contenido de sus decisiones y sentencias independientes.
En esa misma línea argumental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la independencia judicial debe ser garantizada por el Estado “tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el Sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación.” (párrafo 55) (CIDH., en el caso “Apitz Barbera y otros vs. Venezuela”, sentencia del 5 de agosto de 2008)
II) RECORDAMOS que conforme lo prescripto en el estatuto del Juez Iberoamericano, entre otros ordenamientos normativos semejantes:
a) el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos/as y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.
b) Que como garantía para los y las justiciables, quienes ejercen la magistratura son independientes en sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a las leyes con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.
Como consecuencia de ello, los otros poderes del Estado y en general todas las autoridades, instituciones, los organismos nacionales o internacionales; así como los diferentes grupos y organizaciones económicas, políticas y sociales deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.
En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces y juezas tampoco se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones de los casos a través de los recursos legalmente establecidos y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes y Tribunales Supremos.
III) Es por todo ello que esta Federación EXHORTA a las autoridades del Poder Ejecutivo de Costa Rica a cumplir con los principios enunciados precedentemente, respetando la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional y evitando avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios.
El respeto de ellos no solo importa un resguardo para los ciudadanos, sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno.
1 FLAM, es una entidad representativa de los jueces y juezas de 18 países de Latinoamérica, que tiene entre sus objetivos procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial, en todos sus aspectos, como condición esencial de la función jurisdiccional; cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2024.
Firmado por MARCELO GALLO TAGLE Presidente Federación Latinoamericana de Magistrados FLAM
El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a la cuarta actividad del ciclo Historiamusicaldelrocken Costa Rica, con la participación de Johnny Schroeder moderador, y los invitados Marco Antonio Saavedra y Raúl Saavedra.
La actividad se realizará el miércoles 2de octubre alas 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.
Dr. Fernando Morales Martínez Médico geriatra y gerontólogo Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica Miembro Honorario de ACANAMED
En el año 2017 un grupo de médicos geriatras y gerontólogos, investigadores del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, bajo mi coordinación, realizó una investigación clínica con la población centenaria de la Península de Nicoya, que buscaba conocer su condición clínica tomando en cuenta la cuadrifuncionalidad en el área física, mental, funcional y social, cuyo objetivo era aclarar, desde el punto de vista geriátrico y gerontológico, los factores de éxito de este grupo poblacional.
Para realizar esta investigación, de previo se consultó con los siguientes investigadores quienes tienen experiencia en estudios de población centenaria y fueron invitados presencialmente a Costa Rica: Dr. Robert Schreiber de la Universidad de Harvard; Dr. Thomas Perls de la Universidad de Boston y de las doctoras Karen Andersen y Signe Hoi. Rasmussen, ambas de la Universidad de Dinamarca. Además, en la reunión anual del grupo internacional de expertos en estudios de poblaciones centenarias que se llevó a cabo en el recinto de Santa Cruz de la Universidad de California, se presentó y se avaló el protocolo de la investigación.
La investigación puso en evidencia una serie de características que presentan los centenarios de la Península de Nicoya; todos estos hallazgos fueron publicadas en la revista científica Aging Clinical and Experimental Research, en el año 2019 en Europa.
Una Zona Azul es un área de mayor longevidad, en el mundo existen solo cinco: Okinagua en Japón, Cerdeña en Italia, Icaria en Grecia, Loma Linda en California, Estados Unidos, y la península de Nicoya en Costa Rica.
Para la realización de esta investigación se contó con el aval del Comité Ético Científico local y del Consejo Nacional de Investigación en Salud. Además, se solicitó el consentimiento informado, el cual tuvo la anuencia tanto de la persona centenaria como del familiar responsable.
Se inició con un proceso de inducción en el Hospital de la Anexión, en Nicoya, con las autoridades y profesionales de las Áreas de Salud de los cinco cantones de la zona: Carrillo, Santa Cruz, Hojancha, Nandayure y Nicoya. Luego los investigadores se trasladaron a la Península, con el fin de evaluar, in situ, a cada uno de los 43 centenarios.
Una vez concluida la recolección de información, debidamente procesada y analizada, se compartió con la Dirección Regional de Salud de la zona con la Dirección General, el Hospital de la Anexión, las áreas de salud y con los EBAIS donde están adscritos los pacientes centenarios, con el objetivo de que se les brindara el seguimiento correspondiente. Además, en los casos en los que se detectó alguna enfermedad, se coordinó con el Hospital de la Anexión para ser estudiados y tratados con el geriatra local y el apoyo del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.
Fotografía de Facebook de Nicoya Zona Azul Journey.
Nos aseguramos por diferentes rutas de que esa información llegara a todos los médicos que tenían la responsabilidad de estos centenarios. Se realizaron más de 50 diferentes exámenes, entre los que se contemplaron fuerza prensil, electrocardiogramas, test de la memoria, marcha, funcionalidad, actividades de la vida diaria, depresión, autopercepción (como se perciben ellos mismos), y múltiples exámenes de laboratorio. Con todos esos resultados, en cada caso, se hizo un análisis integral valorado por dos médicos especialistas en geriatría y gerontología.
Los centenarios viven en áreas rurales y están a distancias considerables entre ellos, por lo que se invirtió tiempo en los traslados del equipo a cada domicilio. Todos estaban en áreas separadas, pero dentro de los cinco cantones que componen la Zona Azul.
Del total de los 43 centenarios, 25 eran mujeres y 18 hombres. Predomina la viudez en las mujeres que suman 20 centenarias. La edad promedio es de 102 años. Eso se comprobó por medio de las constancias de nacimiento del Registro Civil y de bautismo de la Iglesia católica. La mayor concentración estaba en Santa Cruz, seguida de Nicoya. Las mujeres tienen en promedio más de seis hijos, la mayoría de los centenarios vive con su familia y solamente dos viven en el Hogar para Ancianos de Nicoya. En general tienen un buen apoyo familiar con tres, cuatro y hasta cinco generaciones alrededor, en algunos casos.
En cuanto a las enfermedades crónicas, la principal fue visual por cataratas intervenidas quirúrgicamente, hay presencia de hipertensión arterial (menor que en la población adulta mayor general), diabetes mellitus solo hubo cuatro casos, cáncer tres casos, cardiopatía isquémica (irrigación precaria en corazón) se detectaron cuatro casos, enfermedad pulmonar, obstrucción crónica, nueve casos y dos de anemia severa.
Destacó el poco uso de medicamentos, menos de uno por persona, lo que constituye la cifra más baja reportada por la literatura médica mundial a nivel de personas adultas mayores. El patrón del sueño fue en promedio de ocho horas diarias y solo siete casos tomaban algún medicamento para dormir.
En cuanto al estado anímico, 30 casos respondieron estar satisfechos, solamente uno tuvo un puntaje de diagnóstico de depresión, lo cual refleja la satisfacción de su estado de vida.
En relación con la nutrición, su dieta es rica en granos, frijoles, maíz, legumbres, cerdo, animales de corral, productos lácteos (queso tipo cuajada), frutas, verduras, baja ingesta de harinas y carbohidratos; su dieta, aunque modesta es suficiente. No se encontró ningún índice de masa corporal en rango de obesidad.
Fotografía de Facebook de Nicoya Zona Azul Journey.
Respecto al estado funcional, los hombres presentaban mejor funcionalidad que las mujeres.
Los exámenes de laboratorio se revisaron en dos ocasiones para tener certeza de que estaban correctos. Se lograron detectar dos casos de anemia severa. En cuanto a electrocardiogramas, el 20% no presentó ninguna afectación.
Estas personas han sido muy activas, trabajaron en el agro y tienen su parcela y habitaciones modestas donde viven rodeados de su descendencia que les apoyan presencialmente.
Debemos aprender mucho de ellos en cuanto a la actitud hacia la vida, sus buenos hábitos de salud y su gran espiritualidad, documentada en que el 100% de los participantes profesaba una religión: el 86% de la población era católica y el 14% de otras creencias religiosas.
Sin duda alguna las personas centenarias de la Península Azul han puesto a Costa Rica en un lugar especial en el mundo, por su gran longevidad; desafortunadamente, la evidencia demográfica reciente, parece indicar que, paulatinamente, este comportamiento longevo, desaparecerá en los próximos años.
Fotos: Nicoya Zona Azul Journey en Facebook.
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