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UCR. Un análisis del economista Rodrigo Cubero: el chock Trump 2.0 

Actividad organizada por el Capec-UCR

Estados Unidos ya no cree en el comercio internacional

El economista Rodrigo Cubero B. ofreció sus perspectivas de la economía internacional y nacional a través del Programa de Capacitación y Actualización Profesional en Economía (Capec). Capec nace como parte de las actividades de acción social de la Escuela de Economía y su propósito es promover la actualización profesional de los economistas o la capacitación de profesionales de otras disciplinas en temas relacionados con la economía. Foto: Archivo Semanario Universidad.

El economista y expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero Brealey, analiza lo que él llama el “chock Trump 2.0” que combina políticas nacionalistas, proteccionistas y aislacionistas, que en la segunda administración viene con una base más fuerte y tendrá mayor impacto y duración. La charla, ofrecida por el destacado economista, es parte de las actividades organizadas por el Programa de Capacitación y Actualización Profesional en Economía (Capec-UCR) de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. 

La actual gestión administrativa del socio comercial más importante para Costa Rica cree que el comercio internacional es una estafa. Ve con malos ojos el déficit comercial (cuando se compra o se importa más de lo que se exporta o se vende).  

De la misma forma, hoy la administración de Estados Unidos es adversa a la producción internacional (que empresas estadounidenses produzcan en otras naciones) y en consecuencia produzcan empleo fuera de Estados Unidos.  

Además, reconfigura a sus aliados en el globo y combate a toda forma de migración. En resumen; eso es el movimiento MAGA (Make America Great Again), que a criterio del experto es una “pésima decisión de política económica” desde el punto de vista de la eficiencia de la producción.  

También, el chock Trump 2.0, es disminución de impuestos; recortes a la inversión social (como el cierre de la agencia de ayuda externa y el intento de cerrar el ministerio de educación); una política deliberada para debilitar el dólar, para favorecer las exportaciones estadounidenses; y propone una política fiscal laxa que incrementará la deuda pública.

Por último, hay un cambio que propicia la desregulación ambiental y favorece la explotación de hidrocarburos.

A la espera de un sismo (de grandes consecuencias)

Nada destruye más las posibilidades de inversión que la incertidumbre, y ella cobrará la factura en mayor inflación y menor crecimiento.

  1. Entre los factores que están sumando presión están la creación de empleo que no es favorable, datos negativos para la administración Trump; a los cuales respondió con el despido del líder del Instituto de Estadísticas, lo que en consecuencia tiene un efecto nocivo de confiabilidad de datos en EE. UU.   
  2. Además, el clima agresivo y de arrestos en frontera y el aumento en el número de deportaciones, traerá como consecuencia la escasez de la mano de obra migrante con un efecto en la inflación. 
  3. Cuberto asegura que el efecto inflacionario del chock Trump 2.0 aún no se ha sentido.  
  4. Las tasas de interés en EE. UU. serán al alza y eso afectará al resto del mundo. Pues se reduce el espacio para la baja en la Tasa de Política Monetaria.   
  5. Es esperable una desaceleración de la economía a nivel global como consecuencia de las barreras arancelarias que hoy en promedio son del 18 %; el nivel más alto desde 1934. Antes de Trump, eran de 0 %.“Es un escalamiento sin precedentes”, afirma el experto.

Arancel y otras desventajas para Costa Rica

A partir del 7 de agosto pasado inició la aplicación de las barreras arancelarias al libre comercio, promovidas por Estados Unidos, donde se fijó un piso del 10 % a toda importación que ese país realice.  

Sin embargo, para Costa Rica, las noticias fueron peores. Debido a que Estados Unidos tiene un déficit comercial con el país, el arancel recíproco quedó fijado en un 15 %, asunto que coloca a las exportaciones costarricenses en desventaja frente a la gran mayoría de naciones centroamericanas, y especialmente en desventaja con México, país al que se le aplicó un 0 % a casi la mitad de su producción. 

Lo anterior tiene un fuerte efecto en la economía costarricense, pues del total de bienes exportados por el país, el 47 % tiene como destino los EE.UU. de un total de servicios del 50 %. Adicionalmente, el 70 % de la Inversión Extranjera Directa que recibe el país es proveniente de esa nación.  

Además, existe un nuevo peligro que se cierne sobre Costa Rica, pues dos senadores, uno del Partido Republicano (Jim Justice, de West Virginia) y otro del Partido Demócrata (Rubén Gallego, de Arizona), presentaron un proyecto de ley mediante el cual pretenden repatriar los centros de llamadas. Para ello, restringirían ciertos beneficios –como acceso a incentivos y préstamos garantizados por el Gobierno Federal– a las empresas que trasladen o mantengan esos servicios fuera de Estados Unidos. 

“En tiempos normales, no le hubiéramos prestado mucha atención a tan disparatada idea. Probablemente, se trataría tan solo de un nuevo proyecto que naufragaría en las aguas de la sensatez en Washington D.C., tal y como ha sucedido en el pasado con otras iniciativas de similar naturaleza. Pero, los tiempos han cambiado”, concluye Cubero.

Webinar: Coyuntura internacional y perspectivas para la economía costarricense

El webinar analizará el entorno internacional y sus implicaciones para la economía costarricense. Se tocarán las perspectivas económicas y los riesgos externos e internos para el rumbo de la economía nacional. Expositor: Rodrigo Cubero Asesor y consultor internacional en temas económicos y legales, y miembro de varias juntas directivas. Sirvió como presidente del Banco Central de Costa Rica entre agosto del 2018 y mayo del 2022.

Gabriela Mayorga López
Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Caminata urbano-histórica entre San Joaquín y San Francisco de Heredia

El grupo Caminantes de Costa Rica invita a participar en una caminata urbano-histórica para conocer atractivos naturales, históricos y turísticos del país. La actividad se realizará el próximo recorrido de 5,5 km entre la iglesia de San Joaquín de Flores y San Francisco de Heredia.

La salida será a las 8:45 a.m. y tendrá una duración aproximada de hora y media. La inscripción tiene un costo de ₡3.000 e incluye guía acreditado y refrigerio. Antes de la salida se tomará la presión arterial y la frecuencia cardiaca de las personas participantes.

Fecha: 23 de agosto; salida 8:45 am.

Para más información e inscripciones puede comunicarse al teléfono 7189-4252.

ANEP: Discrecionalidad, omisiones y doble discurso en Telecomunicaciones del ICE

En toda institución pública que se rija por el principio de legalidad, la aplicación del ordenamiento jurídico y las políticas internas debería ser uniforme, objetiva y ajena a favoritismos. Sin embargo, en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la realidad reciente deja entrever que la vara con la que se mide la conducta de sus funcionarios no siempre es la misma, lo que erosiona la confianza ciudadana y el sentido de equidad que debe imperar en la administración pública.

Mientras a algunos funcionarios se les pretendía iniciar un proceso de investigación por su asistencia a un evento de Huawei, trascendió que la actual gerente de telecomunicaciones, Leda Acevedo Zúñiga, fue designada en el cargo a pesar de haber participado la mencionada actividad, tal como lo reveló Semanario Universidad. El contraste es evidente y plantea una pregunta incómoda, ¿por qué para unos la participación en un evento de un proveedor es causal de cuestionamiento disciplinario y para otros no sólo pasa inadvertida, sino que incluso, posterior a ello, se le “premia” con un nombramiento de alto mando.

Este patrón de “aplicación selectiva” de las normas se refleja también en otros frentes. Hay voces que, con razón, exigen neutralidad tecnológica y evitan la dependencia de un solo proveedor para la implementación de la red 5G. Sin embargo, esas mismas voces guardan un silencio conveniente cuando se trata de la creciente dependencia tecnológica en la red de transporte IP a favor de la marca Cisco, algo huele muy feo. Esta dependencia quedó plasmada en la intención de compra publicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) bajo el rótulo “Adquisición de bienes y servicios para la actualización de la red de transporte IP marca Cisco”, una situación que ya había sido advertida por nuestra organización sindical, pero que no ha motivado el mismo clamor público ni exigencias de transparencia en algunos que hace unos meses se rasgaban las vestiduras.

A lo anterior se suma una preocupación adicional, la reciente implementación de enlaces internacionales bajo la figura de “capacidad transitoria”, sin que el proceso se encuentre documentado en el SICOP. Esta maniobra podría abrir la puerta a una compra directa hacia finales de año, eludiendo así los principios de publicidad y libre concurrencia que exige la contratación administrativa. Más grave aún, estos enlaces han estado vinculados a fallos recientes reportados por los clientes, lo que no sólo plantea dudas de carácter administrativo y financiero, sino también operativas.

Estas situaciones no pueden desligarse de un problema estructural más profundo, la falta de idoneidad de varios mandos medios y de la propia administración superior en puestos estratégicos. Se han asignado responsabilidades críticas a personas cuya experiencia y capacidades técnicas no se alinean con las necesidades reales del sector de telecomunicaciones del ICE, lo que deriva en decisiones desacertadas, omisiones graves y una gestión incapaz de anticipar riesgos o reaccionar con eficacia ante crisis. Cuando se privilegia la cercanía política o personal por encima de la competencia técnica, la consecuencia directa es el deterioro de los servicios, el aumento de la dependencia tecnológica y la pérdida de competitividad.

En un escenario así, resulta legítimo y necesario exigir a la administración superior una explicación clara y documentada sobre cada uno de estos puntos. El ICE, como institución pública, no puede permitirse criterios discrecionales para aplicar sanciones, aprobar compras o justificar dependencias tecnológicas según convenga a determinados intereses internos, como pareciera está ocurriendo.

El principio de igualdad ante la Ley y la transparencia en la gestión pública no son eslóganes opcionales, son mandatos constitucionales.

Cuando la dirección de una empresa estatal se percibe selectiva en la aplicación de las reglas y complaciente en la designación de puestos clave, el daño trasciende lo interno y mina la credibilidad institucional ante la ciudadanía y el mercado.

Hoy, más que nunca, el ICE necesita coherencia y esa coherencia empieza por aplicar las mismas reglas para todos y todas y por garantizar que los puestos estratégicos estén ocupados por personas idóneas y competentes. Sin excepciones, sin silencios convenientes y sin balanzas torcidas.

Paro global por Gaza

La Red de Solidaridad con Palestina le invita al paro global por Gaza, permanente desde el jueves 21 de agosto de 2025 y todos los jueves, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., en la Fuente de la Hispanidad, San Pedro, Costa Rica.

Traer cacerolas, carteles y banderas.

Pueblo Brörán alza su voz en Radio Universidad – En Voces y Política

Este miércoles 20 de agosto, a las 5:00 p.m., se transmitirá por Radio Universidad 96.7 FM el programa “Defensa de la vida y la tierra Brörán ante la usurpación Estatal”, con la participación de representantes del pueblo indígena Brörán.

La transmisión estará disponible también en el Facebook de Radio Universidad de Costa Rica, donde las personas podrán sumarse a la conversación a través de este enlace: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr 

Además, se podrán realizar intervenciones por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

La invitación queda abierta para acompañar y escuchar la voz de las comunidades indígenas en su defensa del territorio y la vida.

Gestión de personal médico especialista en deuda con el país

La Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social respecto de la planificación de necesidades de personal médico especialista y su distribución en los hospitales del segundo y tercer nivel de atención. Resulta relevante dado que el país ha enfrentado crisis recurrentes por déficit de especialistas, que han generado desigualdades en el acceso y sobrecarga hospitalaria. Es fundamental garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud especializados.

La planificación y distribución de personal médico especialista no cumple aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable, al no garantizar razonablemente un enfoque integral, informado y equitativo. Esta situación afecta directamente la disponibilidad y acceso de la población a la atención médica especializada en todo el país.

Los hospitales regionales y periféricos no superan el 74 % de cobertura de atención especializada, de acuerdo con su nivel de complejidad, lo que refleja brechas en la atención. El 56% del personal médico especialista de los hospitales de la CCSS está concentrado en el Gran Área Metropolitana. Hay 505 médicos especialistas laborando con jornada reducida, limitando la disponibilidad efectiva de atención en los centros de salud.

El Ministerio de Salud carece de una base técnica para estimar las necesidades país, de médicos especialistas. La CCSS no dispone de una planificación técnica y trazable para proyectar las necesidades de personal médico especialista y su asignación. La distribución de estos médicos no considera criterios epidemiológicos y de equidad que prioricen la atención de las necesidades reales de la población.

Conozca el informe completo en el siguiente enlace:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017931.pdf

Imagen de la UCR con fines ilustrativos.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo hace un llamado al cese de persecuciones contra liderazgos sociales en Costa Rica

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, expresa su más profunda preocupación y rechazo ante el reciente aumento en la persecución y hostigamiento contra diversos liderazgos sociales en nuestro país.

En las últimas semanas hemos sido testigos del incremento en las acciones que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la participación ciudadana y el rol fundamental de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en especial, destacamos los siguientes casos:

La destitución de la señora Martha Rodríguez, representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), acción promovida desde el Poder Ejecutivo. Esta decisión constituye, una vez más, un grave precedente que vulnera la autonomía de la CCSS y un profundo debilitamiento de los espacios democráticos de representación social.

La persecución contra liderazgos ambientalistas, específicamente los casos de Juan Bautista y Javier Adelfang, activistas digitales que han denunciado la crisis ambiental que atraviesa nuestro país y en específico Playa Panamá, quienes actualmente atraviesan un embargo interpuesto por una empresa hotelera, la cual, ha emprendido acciones judiciales en su contra, en represalia por sus publicaciones en defensa del ecosistema de Playa Panamá

La violencia territorial sobre los territorios indígenas, en específico el caso de la Comunidad Térraba Bröran en el Pacífico Sur, contra el compañero Pablo Sibar y la persecución que vive a raíz de la defensa del derecho a tierra en su territorio indígena, el cual ha sido llevado a la CIDH.

Estas acciones no son aisladas, forman parte de una tendencia de criminalización y hostigamiento contra ambientalistas, líderes indígenas, sindicalistas, lideresas feministas y otros actores sociales que alzan la voz y fortalecen y promueven nuestra democracia participativa.

Históricamente, se ha reconocido a Costa Rica a nivel internacional por la protección de los derechos humanos, su democracia y su institucionalidad. Sin embargo, estas acciones reiteradas y cada vez más comunes en nuestra sociedad socava nuestro legado histórico y abre la puerta a un modelo de gobierno autoritario, contrario al diálogo social.

Por esto, desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo exigimos el cese inmediato de cualquier forma de persecución, intimidación y hostigamiento contra liderazgos sociales, además, realizamos un llamado a promover las vías del diálogo social y la democracia participativa, siempre en defensa del bienestar colectivo y la justicia social.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar articulando esfuerzos entre sectores sociales y productivos para defender la democracia participativa, la justicia social y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

¡Defender a quienes defienden es defender la democracia!

CGR revela que 6 de cada 10 instituciones públicas no gestionan integralmente bienes y servicios

La Contraloría General de la República (CGR) evaluó la capacidad de gestión de bienes y servicios en 275 instituciones públicas, analizando la planificación, adquisición, administración, seguimiento y evaluación de los recursos requeridos para su operación.

Durante el 2024, se ejecutaron ₡6.490 millones en este ámbito, lo que evidencia la relevancia de contar con una gestión integral y estratégica que garantice servicios públicos de calidad, alineados con las necesidades reales de la población y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

El Índice de Capacidad de Gestión de Bienes y Servicios, emitido tras la revisión, muestra que seis de cada diez instituciones aún no gestionan de forma completa ni articulada los bienes y servicios que requieren. El 68,4 % de las instituciones no cuenta con una política para la gestión de bienes y servicios, lo que afecta áreas clave como estrategia y planificación, adquisición, administración, y seguimiento y evaluación.

En cuanto a la protección de los recursos públicos, el 71,3 % de las instituciones no gestiona los riesgos asociados a los bienes y servicios, y un 54,2 % no aplica mecanismos de control para cumplir con la normativa de prevención contra la corrupción. Además, el 52,4 % de las entidades carece de un registro de control formal sobre los bienes adquiridos y servicios contratados.

Estas deficiencias incluyen la ausencia de estrategias que orienten las compras, generando adquisiciones fragmentadas y aumentando el riesgo de bienes o servicios innecesarios o mal definidos. La falta de controles expone a las instituciones a irregularidades y limita la capacidad para anticiparse a amenazas.

Después de adquirir bienes o contratar servicios, muchas entidades pierden trazabilidad, lo que incrementa la probabilidad de desperdicio, deterioro de activos, incumplimiento de lo pactado y toma de decisiones sin información confiable.

Para leer el documento completo y conocer los resultados detallados, disponibles por institución, acceda al siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017279.pdf

Vidas en Peligro: 6 Países se retiran de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona

Por Pablo Ruiz*

De acuerdo con una nota de la Agencia EFE los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania han oficializado el proceso de retirada del Tratado de Ottawa o la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona la que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona. También Ucrania, Polonia y Finlandia han anunciado planes para hacer lo mismo.

Esta decisión es un retroceso y un claro peligro para la población civil si es que nuevamente se usan este tipo de armas en sus fronteras las que, hoy por hoy, producto de los conflictos en curso, son transitadas por la misma población o por migrantes que justamente quieren escapar de la guerra o la pobreza. Se conoce que el 80 % de las personas que mueren o quedan discapacitadas a causa de las minas terrestres son civiles y muchas veces niños.

De acuerdo a la Cruz Roja Internacional “La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (“Tratado de Ottawa”) forma parte de la respuesta internacional al sufrimiento generalizado que producen las minas antipersonal. La Convención se basa en normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables a todos los Estados. Estas normas prohíben el empleo de armas que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes o causen sufrimientos innecesarios o daños superfluos. La Convención se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1 de marzo de 1999”.

En un comunicado de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), coalición de ONG fundada en 1992 y ganadora del Premio Nobel de la Paz, sobre la retirada de los países bálticos, anunciada en la última reunión de los Estados parte del tratado, “representa un retroceso sin precedentes en un acuerdo de desarme humanitario que ha salvado innumerables vidas desde su adopción 1997”, señalaron.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según la nota de EFE, “firmó un decreto el 29 de junio para retirarse del tratado, aunque este prohíbe que los Estados lo abandonen si se encuentran en conflicto”. Ucrania había ratificado el Tratado de Ottawa en 2005.

La organización Handicap International, con sede en Francia y Bélgica, lamentó en otro comunicado la decisión ucraniana.

“Las minas antipersonal causan contaminación a largo plazo y representan graves riesgos para la población civil. A nivel mundial, más del 84 % de las víctimas de minas terrestres son civiles. El uso de estas armas pone en peligro vidas no solo durante los conflictos, sino también durante décadas posteriores, lo que dificulta la reconstrucción, el retorno seguro de las comunidades desplazadas y la consolidación de la paz a largo plazo. Instamos a Ucrania y a todos los Estados a que respeten las normas humanitarias internacionales y prioricen la protección de los civiles por encima de todo. Nos preocupa profundamente la decisión de Ucrania de retirarse del Tratado sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Además, la Convención no autoriza la retirada de la Convención de Ottawa durante un conflicto armado activo., señaló la ONG Handicap International.

¿Por qué es necesario prohibir las minas antipersonal?

“Las minas antipersonal no pueden distinguir entre soldados y personas civiles y suelen matar o mutilar gravemente. Al ser relativamente baratas, pequeñas y de fácil manejo, han proliferado por decenas de millones, causando indecibles sufrimientos y devastando social y económicamente a docenas de países en todo el mundo. Dado que resulta mucho más fácil colocarlas que retirarlas, ha sido difícil o imposible utilizar esta arma de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario en la mayoría de los conflictos en que se ha empleado”, indica la Cruz Roja Internacional.

Para Shabia Mantoo, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), “la presencia de minas y otros artefactos explosivos sigue causando un elevado número de muertes y lesiones graves, que a menudo provocan discapacidades permanentes, con un impacto desproporcionado en los niños, las personas con discapacidad y las personas que se ven obligadas a regresar en condiciones desesperadas», señaló a IPS .

De acuerdo a la ONU, “más de 143.000 personas han muerto o han resultado heridas a causa de la explosión de minas antipersona u otro tipo de artefactos terrestres entre 1999 y 2020”.

El caso de Chile

En el caso de Chile, por ejemplo, Chile suscribió la Convención de Ottawa el 3 de diciembre de 1997 y el 10 de septiembre de 2001 depositó el instrumento de ratificación ante el secretario general de las Naciones Unidas. En función de este compromiso posteriormente creó la Comisión Nacional de Desminado (CNAD).

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores el año 2020 “Chile culminó las operaciones de desminado humanitario, despejando todos los campos minados del territorio nacional. En total, se trató de 200 áreas, en las que fueron destruidas 179.815 minas y liberados más de 27 millones de m2, trabajo especializado en terreno que concluyó el pasado 27 de febrero”.

“Las minas (estaban) ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Magallanes, así como, la identificación de un campo minado en la región de Valparaíso y de un área considerada de peligro por contener posiblemente estos artefactos, en la región Metropolitana, fueron el centro de las áreas de trabajo” de la CNAD, señala un informe de Blanca Bórquez Polloni.

En la actualidad, 164 países habían suscrito el tratado: todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la mayoría de los países africanos, asiáticos y americanos. En cambio, Rusia, China, India, Estados Unidos e Israel figuran entre los que no han suscrito el Tratado de Ottawa.

* Pablo Ruiz es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Foto de Santiago Serna de la Agencia Anadolu (agencia de noticias propiedad del Gobierno de Turquía).

Libertad inmediata y respeto a su integridad a Leocadio Juracán Salomé, líder kakchikel y exdiputado del Congreso de Guatemala

Comunicado

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos denunciamos a nivel internacional que el día 13 de agosto, 2025, en Guatemala fue detenido arbitrariamente Leocadio Juracán Salomé, dirigente histórico del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), una de las principales organizaciones indígena-campesina de Guatemala.

Leocadio es el fundador de Café Justicia, instancia social colectiva del CCDA que apoya a pequeñas y pequeños productores en el altiplano guatemalteco, gracias a la solidaridad de organizaciones canadienses. También fue diputado entre 2015 y 2018 por el partido Convergencia.

Actualmente, Leocadio tiene el cargo de director del programa de Justicia Agraria del CCDA que acompaña a comunidades campesinas amenazadas por desalojos forzosos.

Leocadio fue detenido el 13 de agosto en el aeropuerto Aurora de la Ciudad de Guatemala, cuando iba a abordar vuelo hacia Suráfrica, invitado como ponente en una conferencia sobre campesinado en defensa de la sostenibilidad ambiental.

Está acusado de «usurpación agravada» por su acompañamiento a una comunidad amenazada con desalojo, en el departamento de Izabal, retenido en la cárcel Mariscal Zavala, en la ciudad capital.

¡Liberen inmediatamente a Leocadio Juracán Salomé!

Garanticen su protección hasta el momento de su liberación.

Cumplan con las recomendaciones recientes del Relator Especial de la ONU de declarar una moratoria inmediata de los desalojos forzados

y de otorgar la amnistía a todas las defensoras y defensores criminalizados.

Pongan fin a la criminalización de las y los integrantes, lideresas y líderes

de las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas.

Cc.

Ana Glenda Tager Rosado,

Secretariada Privada al presidente, – informacion@secretariaprivada.gob.gt

Francisco Jiménez Irungaray,

Ministro de Gobernación – despachoministerial@mingob.gob.gt

Claudia Samayoa,

Asesora al ministro de Gobernación – ddhh3@mingob.gob.gt

Le invitamos a seguir este enlace para firmar en demanda de la libertad inmediata y respeto a la integridad de Leocadio Juracán Salomé:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIjOvpoUGVz6ypg0oKVt3QDdaL-65yA4zgy-Q0SiX4FzB3Fg/viewform?usp=header

También puede expresar su apoyo mediante las siguientes direcciones de correo:

observatoriodhjusticia@gmail.com

mariatrejosmontero@gmail.com