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Defensoría respalda fallo que elimina orden de ocultar etiquetado frontal de alimentos

Circular derogada incumplía diversas normativas

La Defensoría de los Habitantes respaldó la resolución de la Sala Constitucional, anunciada ayer, de eliminar la circular emitida por el Ministerio de Salud que ocultaba los sellos de advertencia nutricional en el etiquetado frontal de alimentos. A inicios del presente mes, la Defensoría notificó un informe a Salud donde recomendó a Salud dejar sin efecto jurídico dicha circular, luego de un amplio análisis técnico y jurídico.

La Defensoría sostuvo que el Ministerio de Salud no demostró, con estudios con información cuali-cuantitativa, que el Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN) de los productos importados que lo portan confundía al consumidor y que se contaba con el fundamento jurídico correspondiente. Dicha investigación, en criterio de esta Defensoría, debería realizarse con los aportes de los sectores académicos, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales.

Dado que los consumidores dedican poco tiempo a la compra de alimentos, la inclusión de sistemas simplificados de información nutricional podría mejorar su capacidad de encontrar y comprender la información nutricional, lo que fomentaría la toma de decisiones fundamentadas con respecto a los alimentos. Por este motivo, la inclusión de sistemas de etiquetado nutricional en la parte frontal del envase es considerada una prioridad en la formulación de políticas.

Se trata de una herramienta costo-efectiva para la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas no trasmisible, sino que además responde a equiparar los desequilibrios que presenta el consumidor. De igual forma, lo protege de potenciales riesgos a la salud y le permite hacer elecciones bien fundadas para su propio bienestar, respondiendo al derecho del consumo informado y responsable.

Debe recordarse que mediante la Circular MS-DRPIS-UR-1588-2023 de fecha 22 de junio de 2023, el Ministerio de Salud estableció la instrucción de que los comerciantes eliminen la información del EFAN particularmente el de los productos importados que contengan los octágonos o rombos negros recomendados por la Organización Panamericana de la Salud. Entró en vigencia el 22 de diciembre de ese mismo año.

Esta medida no fue consultada con instituciones u organizaciones con competencia en esta materia. Tampoco existe suficiente fundamentación jurídica para eliminar el EFAN porque no se cuenta actualmente con una norma sobre el etiquetado nutricional frontal simplificado. En el ámbito centroamericano, no existe norma que regule el tema. Tanto COMISCA como el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), según informe del Ministerio de Salud, aún no han aprobado una normativa centroamericana al respecto.

Además, en criterio de esta Defensoría, el Ministerio de Salud mediante esa resolución estaba reformando tres reglamentos centroamericanos debido a una errónea interpretación y aplicación de estas disposiciones. La falta de un motivo y una motivación debidamente demostrados está ausente en esta circular. Con todo, esta Defensoría considera que el EFAN debe contar con una adecuada regulación que debe estar armonizada al menos con el contexto centroamericano y para ello es necesario un pronunciamiento conjunto de al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) y Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO).

Más bien por el contrario, existe abundante evidencia de estudios realizados en el contexto latinoamericano y particularmente en Centro América y Costa Rica en relación con la superioridad y ventajas de la comprensión para el consumidor de los sellos octogonales como la mejor de las estrategias de la EFAN. Sellos que, además, cuentan con el respaldo de la OPS.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Presentación de los libros «Desde la buhardilla de lo femenino» de María Bonilla y «El amarillo es violeta» de Jorge E. Castro

La Benemérita Biblioteca Nacional y la Editorial Estucurú se complacen en invitarle a la presentación de los libros Desde la buhardilla de lo femenino de María Bonilla y El amarillo es violeta de Jorge E. Castro.

La actividad se realizará el martes 30 de abril a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y se transmitirá por el Facebook de la Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Protección del Humedal de Coris de Cartago, en Voces y Política

Por Sofía Jiménez Murillo

Radio Universidad de Costa Rica presentará un segmento especial acerca de la protección del Humedal de Coris de Cartago que contará con la participación de personas vecinas y ecologistas de la organización Nido de Halcón. 

Recuerde sintonizar la frecuencia de Radio Universidad a través de la estación 96.7 FM. También podrá observar la programación a través de la transmisión en vivo por Facebook que brindará Radio Universidad a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/radiouniversidad 

¡Radio Universidad esperamos su participación a través de nuestras redes sociales o llamando al 2234-3233!

IMARES-UCR invita a un conjunto de charlas el 25 de abril

La Unidad de Ingeniería Marítima, de Ríos y de Estuarios (IMARES-UCR) invita a las charlas: 

  • Integrando ecosistemas en la protección costera, por una costa más resiliente. Por el Investigador Luis Fernando López Arias. El jueves 25 de abril a las 10 am.
  • IH Cantabria: un modelo de investigación, transferencia y capacitación en el ámbito del agua. Por el Investigador José Antonio Juanes de la Peña. El jueves 25 de abril a las 4:30pm.
  • Los patrones espacio-temporales de los ecosistemas costeros y el modelado de su respuesta frente a las variables ambientales. Por la investigadora Bárbara Ondiviela Eizaguirre. El jueves 25 de abril a las 5 pm.

Todas las charlas serán en el mini auditorio 2, Facultad de Ingeniería, UCR.

Nos comparte Herberth Contreras.

La Facultad de Ciencias Sociales de la UCR se une a la marcha de este 24 de abril

Por Sofía Jiménez Murillo

A través de SURCOS, se comunica que la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) se une a la marcha en defensa de la CCSS, el Estado Social de Derecho, y acceso al agua potable, este miércoles 24 de abril de 2024 a partir de las 9:00 a. m. en el Parque La Merced, en el marco del 54 aniversario de la lucha contra ALCOA.

SITUN convoca a la movilización del 24 de abril

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la UNA convoca a la Gran movilización del 24 de abril a las 9 am saliendo del Parque de la Merced. 

Convocan a la movilización por la defensa de los derechos de todos los costarricenses. Así mismo se posicionan en contra de las políticas neoliberales del gobierno. Buscan defender la CCSS, la educación, AYA, ICE, el medio ambiente, la agricultura y el Banco de Costa Rica.

Indican que saldrá un bus a las 8 am de la Plaza 11 de abril en la UNA.

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Histórico triunfo para las personas defensoras de derechos humanos

CEJIL

Queremos compartir una excelente noticia para nuestra región. 

El mes pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia histórica en el caso Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) vs. Colombia en la cual por primera vez reconoció el derecho a defender derechos humanos y condenó al Estado colombiano por la vigilancia ilegal, amenazas y hostigamiento de los integrantes de CAJAR durante las últimas 3 décadas. Esta es la primera sentencia en la cual los integrantes de una organización de personas defensoras, que recurrentemente defiende a víctimas ante la Corte IDH, son reconocidos como víctimas directas. Desde CEJIL, acompañamos a CAJAR hace más de 30 años en su búsqueda de justicia. 

-Décadas de amenazas y hostigamiento

CAJAR es una organización de personas defensoras de Derechos Humanos que nació en Colombia en 1980. En la actualidad, acompaña casi 500 casos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos y garantizar la sanción de los responsables. Por más de 30 años, los y las integrantes del Colectivo han vivido actos de estigmatización, hostigamiento, amenazas, agresiones y acciones de inteligencia ilegal con la intención de impedir su trabajo contra la impunidad en Colombia, lo que incluso ha llevado al exilio de algunos integrantes. No sólo integrantes de CAJAR sufrieron estas amenazas, sino también sus familiares, incluidos hijos e hijas menores de edad. En Colombia, cada año más de 100 personas son asesinadas por defender derechos.

«Recibimos esta decisión de la Corte con gran satisfacción. Creemos que es un paso en la dignificación de los y las integrantes de CAJAR y de sus familias. Han sido décadas de persecución y esta sentencia tiene un elemento de reparación importante».

 -Impacto de la sentencia  

El 18 de marzo, en un acto público llevado a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá (Colombia), CAJAR y CEJIL recibieron la sentencia acompañadas de familiares, representantes de la comunidad de derechos humanos colombiana, académicos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y periodistas, entre otras. Esta sentencia crea avances muy importantes para la defensa de derechos humanos en la región ya que por primera vez: se condena a un Estado por la violación al derecho a defender derechos como un derecho autónomo, lo que CEJIL ha impulsado en diversos procesos ante el SIDH, y que podría ayudar a avanzar en la protección tanto en Colombia como en la región en el ejercicio de este derecho. Ello debido a que reconoce que la violación del derecho a defender derechos humanos genera afectaciones distintas y adicionales a aquellas relacionadas con la violación de otros derechos; la Corte introduce el concepto de “derecho a la autodeterminación informativa”, que refiere al derecho de acceso y control sobre la información personal frente a actividades de vigilancia e inteligencia estatal contra personas defensoras. 

Además, la decisión señala  los vacíos y obstáculos existentes en la normativa colombiana sobre inteligencia y acceso a la información, y con ello, las consecuencias e impacto que ha tenido no contar con toda la información generada y recolectada respecto de las y los integrantes del Colectivo y sus familiares. La sentencia también reconoce la particular afectación que experimentaron las mujeres defensoras, así como los graves impactos sufridos por aquellos que se vieron obligados a abandonar el país debido a amenazas, agresiones y hostigamientos derivados de su labor de defensa de derechos. 

La sentencia establece más de 16 medidas de reparación, incluyendo reformas a la ley de inteligencia y manuales de inteligencia, el establecimiento de un mecanismo para el reconocimiento de nuevas víctimas integrantes de CAJAR que hayan sido objeto de actividades de inteligencia y vigilancia, la puesta en marcha de un mecanismo de acceso a la información personal producto de actividades de inteligencia, entre otras.  

-Línea de tiempo del caso frente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 

2002 – CEJIL presenta una petición conjunta con Cajar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

2006 – La CIDH admite el caso.  

2019 – La CIDH emite el informe de fondo del caso y concluye que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y dignidad, libertad de expresión, libertad de asociación, derechos del niño, circulación y residencia, y protección judicial.  

2020 – El caso avanza de la CIDH a la Corte IDH.  

2022 – Se lleva a cabo la audiencia pública del caso en la Corte IDH.  

2024 – La Corte IDH encuentra responsable internacionalmente a Colombia por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad,  a la honra, a las garantías judiciales,  a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos diversos derechos de los miembros del Cajar y sus familiares.    

– ¡Nuestra lucha sigue!  

La sentencia es sólo el primer paso hacia cambios reales en las vidas de las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por violaciones similares a su derecho a defender derechos en Colombia. CEJIL acompañará a las víctimas durante la implementación de las reparaciones, con el compromiso de trabajar incansablemente hasta que cada una se cumpla. 

¡Este es el momento de cambiar realidades y usted puede ser parte de esta misión! Su donación el día de hoy nos permite continuar defendiendo el derecho a defender derechos en la región. CEJIL representa más de 200  casos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, alcanzando a más de 30.000 personas y apoya a 400 organizaciones en las Américas. 

Información compartida con SURCOS por Center for Justice and International Law (CEJIL) Center for Justice and International Law. (2024). Histórico triunfo para las personas defensoras de derechos humanos [Correo electrónico].

Falencias en la tutela de Derechos Humanos de personas afrodescendientes por parte de la Defensoría de los Habitantes

Marco Levy Virgo hace una solicitud a la Defensoría de los Habitantes la cual es respondida en el oficio N° DH-DIND-0329-2024. En este documento, en resumen, explica que la Defensoría no puede intervenir en asuntos que están pendientes de resolución judicial. Sin embargo, se proporciona información sobre las leyes y normativas vigentes relacionadas con la protección de los derechos de las personas afrodescendientes en Costa Rica, así como el seguimiento realizado por la Defensoría en temas de interés social. Además, se informa sobre un simposio internacional organizado para abordar la aceleración de los derechos de las poblaciones afrodescendientes.

Marco Levy en representación de la comunidad Afrodescendiente emite un comunicado dirigido a la Defensora de los Habitantes, en el cual se expresa la preocupación por “la falta de acción de la Defensoría” en la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. El documento, emitido en respuesta al oficio N° DH-DIND-0329-2024, señala una aparente contradicción en la postura del organismo en relación con los derechos de esta comunidad.

Según la comunidad afrocostarricense, la Defensoría reconoce en su oficio la importancia de garantizar el funcionamiento del sector público conforme a la moral, la justicia y la Constitución Política, así como el respeto a los derechos humanos y libertades sociales de las personas afrodescendientes. Sin embargo, critican que, pese a este reconocimiento, la Defensoría no habría actuado de manera efectiva para detener las violaciones de derechos humanos que están sufriendo.

Uno de los puntos clave de la crítica es la aparente inacción de la Defensoría frente a la violación del derecho de propiedad ancestral sobre tierras en comunidades como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. La comunidad afrocostarricense alega que la Defensoría no ha intervenido para garantizar el respeto y reconocimiento de estos derechos, protegidos por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Además, el comunicado destaca que la Defensoría ha reconocido en informes previos la violación de derechos de la población afrodescendiente, pero no ha tomado medidas para evitar estas violaciones. Se menciona específicamente la falta de consulta previa en decisiones que afectan a la comunidad afrodescendiente, incumpliendo recomendaciones internacionales.

En respuesta a estas preocupaciones, Marco Levy en representación de la comunidad afrocostarricense menciona una serie de solicitudes para un correcto accionar de la Defensoría de los Habitantes. Se solicita a la Defensoría intervenir de manera directa e inmediata para garantizar el respeto a la propiedad ancestral afrodescendiente según el convenio OIT 169. Gestionar con el Estado el funcionamiento de este para que se proteja este derecho. Proteger y respetar las comunidades de Cahuita, SIquirres, Matina, Parismina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. Gestionar la emisión de una ley especial a favor de la población afrodescendiente y garantizar el derecho a consulta previa y participación efectiva. Intervenir a la Defensoría en favor de la población afrocostarricense  y cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente. Entre las acciones solicitadas se encuentran la delimitación y reconocimiento de territorios ancestrales, así como la protección de derechos de consulta y participación efectiva en decisiones que afecten a estas comunidades.

El comunicado concluye instando a la Defensoría a asumir un papel más activo en la protección de los derechos de la población afrodescendiente, especialmente en el contexto de las violaciones graves y directas que están sufriendo en relación con sus territorios ancestrales y otros derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Reseña del programa Alternativas: Crisis en el sistema de salud costarricense

El 12 de abril el programa Alternativas realizó el foro sobre el tema Crisis en el Sistema de Salud Costarricense. Le presentamos una reseña de la conversación. Las personas participantes aparecen en el afiche que compartimos.

El movimiento «Unidos por la Caja» se originó en abril de 2023 como parte de la lucha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta iniciativa ha generado una notable empatía entre diversos grupos de la población civil. Su objetivo primordial es salvaguardar lo que tantos años ha costado construir a las diferentes generaciones del país. A pesar de las múltiples deficiencias que pueda presentar la CCSS, que a continuación se abordarán, se mantiene la convicción en un sistema de salud universal e igualitario para todas las personas.

La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución de gran envergadura, con múltiples sindicatos y movimientos. Sin embargo, ha experimentado desestabilización debido a intereses económicos y políticos que insisten en la idea de su supuesta insostenibilidad financiera. La privatización se presenta como una solución propuesta bajo el argumento del mercado.

El ambiente laboral en la institución ha sido afectado por la partida de profesionales altamente especializados, lo cual repercute en la calidad de atención que merece la población costarricense. Es importante destacar que la situación actual de la CCSS no es exclusiva de este gobierno, sino que se ha gestado a lo largo de las últimas décadas, erosionando su autonomía. Es la institución con mayor grado de economía en el país, sin embargo, la constante injerencia gubernamental en la presidencia ejecutiva ha afectado su estabilidad. Además, la deuda de la institución continúa en aumento.

El gobierno actual y la presidencia ejecutiva han manifestado su interés en privatizar el sistema de salud, lo cual se refleja en los ataques públicos, violentos y directos hacia los funcionarios de salud. No existe fundamento jurídico para la supuesta emergencia y dicha situación ha propiciado contrataciones expeditas que han implicado un gasto millonario, sin una negociación efectiva que busque fortalecer la institución.

El movimiento «Unidos por la Caja» denuncia los intereses políticos y económicos detrás de la privatización del sistema de salud, argumentando que este modelo excluyente generaría endeudamiento para la población. Se destaca la importancia del pacto social de 1948 y se enfatiza que Costa Rica, a pesar de no ser un país desarrollado, cuenta con estándares de salud comparables a los de estas naciones, lo cual indica que el sistema actual está funcionando. Asimismo, rechaza la avaricia de unos pocos que buscan lucrarse a costa del sistema de salud solidario y universal. Se resalta que las personas beneficiadas por este sistema no son meros indicadores macroeconómicos, sino individuos con rostro y relevancia.

El movimiento también señala la precarización del servicio de salud, que ha llevado a profesionales especializados a migrar del país en busca de mejores condiciones laborales. Se argumenta que la privatización de la salud y la educación responde a un enfoque lucrativo a nivel mundial, donde los servicios privados se benefician del trabajo de profesionales formados en instituciones públicas. El gobierno es instado a fortalecer la seguridad social, pues se considera que esto motivaría el retorno de especialistas al sistema público y obligaría a los proveedores privados a mejorar sus condiciones laborales y competir con la CCSS.

Entre las áreas de mejora identificadas se encuentran la accesibilidad para personas con discapacidad y la atención oportuna a los pacientes. Se denuncia el retraso en el pago de salarios de incluso 2, 3 o 4 meses, la sobrecarga laboral y las malas condiciones en los centros de salud como consecuencias directas de la privatización.

Comunidades afectadas por falta de agua anuncian que se organizan y hacen demandas al Gobierno y al AyA

Comunicado de la Mesa Intercantonal por el Agua

Jueves 18 de abril, 2024

Organizaciones cantonales afectadas por la falta de agua de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás, se han unido en un espacio desde el cual elevan sus reivindicaciones al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, a la Asamblea Legislativa, Acueductos y Alcantarillados y demás autoridades competentes con el manejo y distribución del recurso hídrico. Hacen un llamado a que las comunidades se organicen en defensa del agua.

Desde hace años, Alajuelita, Goicoechea y Hatillo han sufrido constantes interrupciones del servicio hídrico, que se agravan durante la estación seca. Este 2024 ha habido un salto en cuanto al acceso al recurso, que ahora se ha extendido a muchos otros cantones.

La contaminación con xileno en Coronado y en Turrialba, que se presume ha sido utilizado en la preparación de sustancias ilícitas y que afectó el abastecimiento de agua de decenas de miles de personas fue la gota que derramó el vaso. Es dramática la condición en que miles de personas quedaron ante la posición del Gobierno sobre la compra de agua ante la situación de la contaminación por xileno, que no consideraba las diversas situaciones económicas, con gente que debía escoger entre comprar agua o la comida del día siguiente.

Este ha sido un claro ejemplo del deterioro generalizado en que todas las anteriores administraciones permitieron que cayera el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En este momento, por ejemplo, no se cuenta con un plano actualizado de las tuberías y alcantarillados a nivel nacional y se detuvo sin motivo aparente la construcción del proyecto Orosi II. En general, afrontamos un problema de distribución desigual del agua. Se han priorizado los sectores industriales y comerciales, las grandes empresas, frente a los intereses de las personas en sus comunidades. Así se pisotea la Constitución Política de nuestro país que prioriza sus ciudadanos ante los intereses económicos.

En el marco de la crisis climática global, la perspectiva se torna lúgubre para el pueblo costarricense, acostumbrado a pensar incluso en nuestra identidad nacional asociada al agua. La falta de acceso al recurso hídrico hace más difícil la vida para las amas de casas, para las mujeres trabajadoras, para las y los docentes en instituciones sin agua, para familias que no tienen agua para atender las necesidades de sus hijos o abuelos. 

Somos conscientes de que el agua es vida, y de que lastimosamente el Gobierno ha permitido el deterioro de los recursos naturales fundamentales para nuestra existencia y para nuestra identidad. Somos conscientes de que miles de vecinos y vecinas no pueden expresar su voz ni dar a conocer las condiciones cotidianas en que viven. Somos conscientes de que nuestra reivindicación por el acceso al recurso hídrico es parte de la necesidad de modificar nuestra relación con el medio ambiente para garantizar un futuro a las nuevas generaciones.

Nuestras peticiones se sintetizan en:

  • Abogamos por la protección de las fuentes naturales de agua, como nacientes y mantos acuíferos, los cuáles cada día se deterioran más con la construcción de nuevos condominios y su intervención para uso comercial.
  • Queremos agua en cantidad y calidad adecuada, tal como demanda la Constitución Política de Costa Rica; porque somos seres humanos y ciudadanos miembros de comunidades a las cuales no se nos está cumpliendo nuestros derechos.
  • Exigimos al AyA que se realicen las obras estructurales necesarias que asegure el flujo de agua para las generaciones actuales y futuras. Estas obras deben priorizarse y finalizar antes del 2026; así como la reactivación y financiamiento de Orosi II; la cuál sigue siendo necesaria para finalizar los problemas de agua en la Gran Área Metropolitana.
  • Clamamos por el desprocesamiento de los dirigentes y vecinos de Hatillo, que fueron cobardemente detenidos por la policía por exigir el acceso vital al recurso hídrico. Este tipo de detención y enjuiciamiento es en los hechos la criminalización de la protesta social, tal y como lo hemos visto en el caso de Orlando Barrantes, por ejemplo.
  • Denunciamos que este proceso tiene como objetivo desmovilizar a las y los Vecinos de Hatillo, que busca amedrentar a todos y todas las dirigencias cantonales y comunitarias que luchan por el agua. Es un accionar completamente antidemocrático de parte del Gobierno y las autoridades judiciales.
  • Por todo lo anterior comités cantonales de vecinos de Alajuelita, Guadalupe, Hatillo, Moravia y Tibás se han organizado en un espacio unitario y lanzan el llamado a todas las comunidades del país afectadas por falta de agua para que nos sumemos a una plataforma nacional de defensa de recurso hídrico para el pueblo de Costa Rica. Hemos dado el paso adelante en la conformación de la Mesa Intercantonal por el Agua, por la protección de nuestros derechos fundamentales.

Hacemos un llamado a movilizarnos el próximo 24 de abril, en el marco de la movilización

convocada por el Frente Nacional de Lucha, a las 09:00 a.m. para hacer escuchar nuestra voz de manera conjunta en la calle con las diversas organizaciones que ese día se movilizarán.

Representantes comunales de Alajuelita, Goicoechea, Hatillo, Moravia y Tibás.