Detenidos por exigir agua en Hatillo
Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.
El martes 18 de marzo, un grupo de personas se unieron para demandar un correcto suministro de agua en Hatillo, y como respuesta institucional se empezaron a realizar arrestos hacia los líderes de dicha movilización.
El video adjunto a esta nota evidencia los arrestos, donde el autor del video destaca la detención selectiva de personas, al ser a los líderes de la protesta a quienes están arrestando, además se reporta una agresión policial a una mujer durante el suceso.
Se reportan 12 personas detenidas, quienes se encuentran en la delegación de Barrio México, a la espera de ser trasladados al primer circuito judicial. Entre los detenidos se encuentran Jorge Arturo Zúñiga Carrasquilla, Valery Nicole Durán Vargas, David Contreras Mora, Harold Araya Coto, Jorge Sánchez Bogantes, Juan Carlos Redondo Araya, José Manuel Ramírez Solari, Laura Bonilla Vargas, y una mujer no identificada.
Ante esto, el sindicato de trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (AyA) solicitan una liberación inmediata a los ciudadanos de Hatillo que exigen agua en cantidad y calidad, e infraestructura para las comunidades, no “curtidas con cisternas”, como mencionan.
El sindicato indica que el Presidente Ejecutivo del AyA brinda a empresarios luz verde para disponibilidades, pero no resuelve sobre el recurso para los habitantes. Ante esto demandan urgencia para un decreto que active infraestructura para las comunidades vulnerables, y la redistribución de agua de zonas adineradas a zonas con menos recursos.
Indican que se esperaba un número mayor de detenidos, junto con el ingreso de patrullas a la delegación. De esta forma, llaman a la solidaridad con las personas detenidas ya que la protesta social es un derecho y no un delito.
UNDECA respalda moción en junta directiva de la CCSS para construir hospital de Cartago
Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.
De parte de la UNDECA de la CCSS se emitió un comunicado aplaudiendo la moción presentada por el sector laboral en la junta directiva de la CCSS, acordada en la sesión 9418 de este jueves 14 de marzo 2024, que instruye a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, la Dirección Jurídica y la Junta de Adquisiciones para que en definitiva presenten, en el término de 15 días, la recomendación técnica final para la construcción del Hospital de Cartago.
Esperan que esa recomendación se traslade oportunamente y que la Junta Directiva tome por fin y, sin más cortinas de humo por parte de la presidenta ejecutiva Marta Esquivel, la decisión de construir este importante hospital.
Finalizan exclamando la necesidad de que Cartago tenga un nuevo hospital.
Pronunciamiento Frente Nacional de Lucha
Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.
El Frente Nacional de Lucha (FNL) alza su voz a modo de protesta en contra de la detención de Jorge Arturo Zúñiga Carrasquilla, Valkyrie Nicole Durán Vargas, David Contreras Mora, Harold Araya Coto, Jorge Sánchez Bogantes, Juan Carlos Redondo Araya, Juan Manuel Ramírez Solari, Laura Bonilla Vargas y una mujer no identificada, el día de hoy, lunes 18 de marzo de 2024, que se da durante la manifestación de vecinos y vecinas de Hatillo, quienes reclamaban por el derecho humano al agua potable.
Esta detención se realiza, según declaraciones de Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, porque existe una denuncia interpuesta en Flagrancia en contra de algunas de estas personas y el fiscal Álvaro Montoya ordenó su detención. Consideramos que esta es una detención sistemática y selectiva que recae sobre las personas líderes de este movimiento, dentro de quienes destacan miembros del recientemente electo Consejo Municipal del cantón San José, entre los cuales se encuentra David Contreras, regidor electo por el Partido Frente Amplio (FA). Además, después de estos hechos, la policía ha continuado amenazando a las personas manifestantes con realizar más detenciones.
Tres de las personas detenidas fueron trasladadas al Circuito Primero de Flagrancia y las demás personas permanecen detenidas en la Delegación de Barrio México, donde Sofía Guillén, diputada del FA, ha llegado a dar su apoyo, en la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas. En estas circunstancias, se evidencia el incumplimiento de los cuerpos policiales de Costa Rica para preservar y proteger la libertad, la dignidad y la vida de la población, y denunciamos la línea autoritaria de gobierno que intenta criminalizar y desmovilizar una protesta social que exige agua potable para los hogares. Esta criminalización tiene como fin continuar con el modelo de privatización de la salud, la educación, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, los seguros, etc., que son servicios y derechos vitales para que la población tenga una calidad de vida digna. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar las protestas, acorde a los estándares de derechos humanos, ya que estas están estrechamente vinculadas a la promoción y defensa de la democracia. La indignación de las personas manifestantes debe ser considerada como una demanda colectiva, para un cambio social en favor del cumplimiento del derecho constitucional al agua potable. Desde el FNL consideramos que esto es un ataque directo en contra del derecho a la protesta y censuramos la falta de cumplimiento de las obligaciones de respeto y de garantía frente a los derechos involucrados; desaprobamos la vulneración de los derechos a la libertad y la seguridad personal de quienes participaron en la manifestación.
El Frente Nacional de Lucha indagará el origen de la denuncia interpuesta en Flagrancia en contra de las personas líderes del movimiento y los motivos específicos de específicos de su detención para denunciar nacional e internacionalmente las injusticias a partir de las cuales nos pretenden imponer un modelo de estado en el cual el agua no sea un derecho humano, sino un bien económico y donde las leyes sólo sirvan para el beneficio de unos cuantos grupos de poder.
Presidente recibe consulta sobre derechos que asisten al Pueblo Tribal Afrocostarricense
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Por José Daniel Gamboa Araya
En una solicitud dirigida al Presidente Rodrigo Chaves Robles y al Comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa, Marco Levy Virgo, ciudadano afro costarricense, ha requerido clarificaciones sobre el reconocimiento y protección de los derechos de la población afrodescendiente en el Caribe costarricense.
El pedido se fundamenta en decretos ejecutivos que reconocen la presencia de la población afrodescendiente en la región y establecen disposiciones específicas para su protección. Sin embargo, Levy Virgo busca respuestas a diversas interrogantes, entre las que destacan:
- Dado que el Estado reconoce que la población afrodescendiente se encuentra asentada en el Caribe, indicar cuál es el territorio material que ocupa y ha ocupado de manera ancestral la comunidad tribal afrodescendiente del Caribe Costarricense, cuáles son sus límites, dimensiones, ubicación, extensión, pues históricamente los afrodescendientes ocuparon toda la costa del Mar Caribe, cuya extensión es de 212 kilómetros de largo y se extiende de noreste a sureste.
- Debido a que el Estado costarricense en el DECRETO EJECUTIVO N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, reconoce a la población afrodescendiente como Población Tribal, y que dicha población está protegida por el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aclarar, por qué razón la actual Ley Indígena no incluye ninguna norma que proteja también a los derechos de los ciudadanos miembros de los pueblos tribales afrodescendientes, sobre su territorio, derecho de propiedad, costumbres, etc. pues en atención al derecho humano de esa población, el Estado ha asumido internacionalmente la obligación de generar la normativa interna necesaria para tutelar ese derecho a la propiedad de los afrodescendientes, y por ello en atención al principio de seguridad jurídica de los afrodescendientes sobre sus tierras ancestrales, debe delimitar, demarcar y titular los territorios de los pueblos afrodescendientes tribales.
- Indicar cuáles normas emitidas por el Poder Ejecutivo o mediante alguna Ley, garantizan a la población afrodescendiente, su derecho de participación efectiva, desde las primeras etapas, en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en sus tierras y territorios ancestrales de buena fe y de una manera apropiada. Y en caso de existir alguna norma en este sentido, solicito aclarar cómo fue impuesta dicha norma sin antes haber delimitado su ámbito de aplicación al no haberse delimitado cuáles son los límites de los territorios afrodescendientes.
- Indicar cuales son las medidas tomadas por el Estado Costarricense para impedir la violencia y el desplazamiento forzoso de la población afrodescendiente en la comunidad de Cocles, Puerto Viejo, Limón y sectores vecinos, los cuales han sido demandados penalmente, en vía ordinaria agraria y contenciosa, para ser desplazados y sacados de sus tierras ancestrales, a solicitud de otro pueblo tribal como lo es la Asociación de Desarrollo Indígena Kekoldi, cuyos miembros reconocen nunca haber ocupado esos terrenos, pero alegan que el Estado les entregó dichas tierras mediante un decreto y por ende son de ellos.
- Informar cuales son las medidas tomadas por el Estado Costarricense y focalizadas en la comunidad de Puerto Viejo y Cocles, para hacer respetar y reconocer el derecho humano de los afrodescendientes sobre sus tierras y para evitar la violencia, despojos y desalojos judiciales y administrativos de los afrodescendientes que son demandados para sacarlos de sus tierras ancestrales.
- Establecer de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación, cuales son las medidas tomadas por el Estado costarricense para garantizar, al igual que lo ha hecho con los pueblos indígenas, que la población tribal afrodescendiente, también protegida por el convenio 169 de la OIT, cuente con una Ley que establezca sus derechos, deberes y obligaciones como población tribal, y así publicitar las regulaciones sobre sus derechos de propiedad, territorio, límites, costumbres, cultura, organización, etc. Tome nota que, en materia de derechos humanos, existe la prohibición de diferencia de trato arbitraria – entendiendo por diferencia de trato, distinción, exclusión, restricción o preferencia – y otra es la relacionada con la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados.
- Indicar cuales son las medidas tomadas por el Estado Costarricense para asegurar el derecho de la población afrodescendiente a la consulta y consentimiento previo, pues dicha población cuenta con el derecho humano como pueblo Tribal de ser consultado de previo y de obtener el consentimiento del pueblo respectivo, para adoptar cualquier decisión del Estado que pueda jurídicamente afectar, modificar, reducir o extinguir los derechos sobre su territorio, ya sean por los efectos que pueda implicar en temas ambientales, de paisaje, salud, educación, o de derecho de propiedad sobre sus terrenos ancestrales.
- Indicar cuales son las medidas especiales y acciones afirmativas tomadas por el Estado Costarricense, para asegurar la protección y avance de la igualdad, que son necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de la población afrodescendiente que sufre desigualdades estructurales que han llevado a esa población a ser víctimas de procesos históricos de exclusión, como por ejemplo al no contar con una ley que le tutele sus derechos como pueblo tribal, a diferencia de los indígenas que son también una población tribal y a la cual el Estado la ha protegido con gran cantidad de leyes y decretos.
- Indicar cuales son las medidas especiales y acciones afirmativas tomadas por el Estado Costarricense para asegurar a los afrodescendientes el derecho de propiedad y posesión sobre sus tierras ancestrales.
Queda ahora en manos de las autoridades gubernamentales dar respuesta a estas interrogantes, contribuyendo así al fortalecimiento de los derechos humanos y la igualdad en el país.
Imagen ilustrativa: UCR.
Partido Vanguardia Popular expresa gratitud y solidaridad al embajador y al pueblo chino
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El Partido Vanguardia Popular (PVP) desea expresar, en nombre de sus miembros, un mensaje de apoyo y agradecimiento a Tang Heng, embajador saliente de la República Popular de China, y al pueblo chino por su apoyo y camaradería durante su estancia en el cargo diplomático.
Destacan que la labor desempeñada por el embajador ha permitido fortalecer los lazos de amistad y promover el internacionalismo entre nuestras naciones, algo que valoran profundamente. Mencionan que la colaboración entre nuestros países ha sido fructífera y ha contribuido al mutuo beneficio.
Asimismo, desean mostrar solidaridad tanto al embajador como al Partido Comunista y al pueblo chino en general. Reconocen y admiran los avances y logros que han alcanzado en diversos ámbitos, así como su contribución al desarrollo económico y social a nivel global.
Además, hacen notar la preocupación que las acciones del gobierno de Costa Rica generan, por ejemplo, que excluyen a nuestro país del acceso a la tecnología de 5G. Consideran que esta decisión es de mucha estrechez mental y no refleja los beneficios que podría aportar una colaboración más estrecha en este ámbito. Instan a las autoridades costarricenses a reconsiderar su postura y a promover la cooperación y el intercambio tecnológico.
Se suscriben, con sentimientos internacionalistas, comprometidos con el fomento de la cooperación y la amistad entre nuestros pueblos.
Ciudadano afro costarricense solicita aclaración a la Defensoría de los Habitantes en relación con gestiones, actuaciones y solicitudes a favor de la población tribal afrodescendiente
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Marco Levy Virgo, en ejercicio del principio de igualdad otorgado por el Convenio 169 de la OIT, solicita a la Defensoría de los Habitantes que informe sobre las gestiones y acciones realizadas para garantizar la protección de los derechos de la población afrodescendiente en el Caribe costarricense.
Entre las principales preocupaciones planteadas se encuentran:
Delimitación y reconocimiento de tierras ancestrales: Se solicita información sobre las gestiones realizadas para que el Estado proceda a delimitar y demarcar las tierras ancestrales de la población afrodescendiente en el Caribe costarricense. Históricamente, esta comunidad ha ocupado la costa del Caribe de manera ancestral, pero aún no se han establecido los límites, dimensiones, ubicación y extensión de estas tierras en ninguna ley o decreto.
Protección legal de los derechos de la población afrodescendiente: El solicitante destaca la importancia de que la población afrodescendiente sea reconocida como una «Población Tribal» y que se le brinden las mismas protecciones legales que a los pueblos indígenas, en virtud del decreto ejecutivo N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP y el Convenio Núm. 169 de la OIT. Se solicita información sobre las gestiones realizadas para promover la elaboración de una ley especial que proteja los derechos de esta población.
Participación efectiva en proyectos de desarrollo: Levy pide que se garantice el derecho de participación efectiva de la población afrodescendiente en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo que afecten a sus tierras y territorios ancestrales.
Prevención de la violencia y desplazamiento forzoso: Se solicita información sobre las gestiones realizadas para evitar la violencia y el desplazamiento forzoso de la población afrodescendiente en la comunidad de Cocles, Puerto Viejo, Limón y áreas circundantes. Estas tierras han sido ocupadas históricamente por personas afrodescendientes y han sido objeto de demandas legales para su expulsión.
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, como organismo encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes, se espera que dé seguimiento a estas solicitudes y continúe abogando por la protección de los derechos de la población afrodescendiente en el país. La defensa de la igualdad, la justicia y la promoción de los derechos humanos son pilares fundamentales de su mandato.
Imagen ilustrativa, SITRAHSAN.
Ciudadano limonense manifiesta la importancia de los derechos afro costarricenses a la Asamblea Legislativa
Escrito en . Publicado en Cultura, Derechos.
En una misiva dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el ciudadano Marco Levy Virgo ha solicitado a la comisión que tome medidas para proteger los derechos de la población afrodescendiente en Costa Rica.
En su comunicado, Levy Virgo hace referencia a disposiciones legales y decretos ejecutivos, como el N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, que reconocen la existencia de una población afrodescendiente en el Caribe costarricense y la importancia de preservar su identidad cultural, tradiciones y territorios ancestrales. Sin embargo, señala que hasta la fecha no se ha promulgado una ley específica que garantice plenamente los derechos de esta población tribal.
El solicitante destaca que la Asamblea Legislativa, al aprobar la Ley Indígena en 1977, excluyó a la población afrodescendiente de sus disposiciones, des-aplicando así el Convenio Internacional de Derechos Humanos N°107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegía los derechos de las poblaciones indígenas y tribales, incluyendo a los afrodescendientes.
En vista de esta situación, Levy Virgo solicita a la Comisión de Derechos Humanos que informe sobre las gestiones, acciones y proyectos de ley planificados a favor de la población afrodescendiente. En particular, se enfoca en dos aspectos clave:
Delimitación y demarcación del territorio ancestral afrodescendiente: Dado que el Estado reconoce la presencia histórica de la población afrodescendiente en la costa del Caribe costarricense, se solicita a la Comisión que intervenga para que el Estado proceda a establecer legalmente los límites, dimensiones, ubicación y extensión del territorio ancestral afrodescendiente, protegido por el Convenio 169 de la OIT.
Creación de una ley especial para proteger los derechos de la población tribal afrodescendiente: Aunque el Estado reconoce a la población afrodescendiente como población tribal y su protección bajo el Convenio N°169 de la OIT, no existe una ley específica que salvaguarde sus derechos de propiedad ancestral. En este sentido, se insta a la Comisión a tomar medidas para promover la creación de una ley que proteja plenamente los derechos de la población afrodescendiente, de manera similar a la ley existente para los pueblos indígenas.
La solicitud de Marco Levy Virgo pone de relieve la necesidad de garantizar la igualdad de derechos y protección para la población afrodescendiente en Costa Rica. Se espera que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa tome acciones concretas y promueva la promulgación de leyes que salvaguarden los derechos de esta comunidad tribal, asegurando así la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos costarricenses.
Imagen ilustrativa.
Cuba convoca al encargado de negocios de EEUU para protestar por la conducta injerencista de su gobierno
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Comunicado del MINREX
El 18 de marzo de 2024, el Encargado de Negocios de los Estados Unidos, Benjamin Ziff fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores por el viceministro Carlos Fernández de Cossío, quien le trasladó formalmente el firme rechazo a la conducta injerencista y los mensajes calumniosos del gobierno estadounidense y su embajada en Cuba ante asuntos internos de la realidad cubana.
Con la entrega de una nota formal de protesta, se le recordó al diplomático estadounidense los estándares mínimos de decencia y honestidad que se esperan de una misión diplomática en cualquier país y que la embajada de los Estados Unidos en Cuba se muestra incapaz de observar, a la vez que se enfatizó que esa oficina diplomática y su personal están obligados a comportarse conforme a las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
En el encuentro, también se llamó la atención sobre la responsabilidad directa del gobierno de los Estados Unidos ante la difícil situación económica por la que atraviesa Cuba en estos momentos y, en específico, ante las carencias y dificultades que enfrenta la población de manera cotidiana, con la depresión e insuficiencia de abastecimientos y servicios esenciales, bajo el peso e impacto del bloqueo económico diseñado para destruir la capacidad económica del país.
Se repudió el empeño ostensible del gobierno de los Estados Unidos en limitar y obstaculizar cada esfuerzo del Estado cubano por encontrar soluciones y dar respuestas las necesidades económicas y sociales del país.
El plan desestabilizador y su ejecución son evidentes a la vista de todos. Descansa en el reforzamiento de una guerra económica despiadada para provocar y explotar la natural irritación de la población. Se financia cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de los Estados Unidos. Cuenta con una poderosa infraestructura tecnológica para explotar las redes digitales desde territorio estadounidense y con propósitos agresivos. Disfruta de la complicidad de importantes medios de comunicación de la gran prensa estadounidense e internacional, y el respaldo mercenario de personas radicadas fundamentalmente en el sur del Estado de Florida en los Estados Unidos, cuyo único modo de vida es la industria de la agresión a Cuba.
Si el gobierno de los Estados Unidos tuviera una preocupación mínima y honesta sobre el bienestar de la población cubana, sacaría a Cuba de la lista arbitraria de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo; pondría fin a la persecución de los suministros de combustible que requiere importar el país; dejaría de perseguir cada transacción financiera de Cuba en el mundo; pondría fin a la grosera persecución contra los programas de cooperación médica de Cuba en el mundo; dejaría de intimidar a empresarios, visitantes, artistas y toda persona que se sienta con el interés y el derecho de interactuar con el pueblo cubano.
(Cubaminrex)
Ante la desidia del Gobierno frente al Comité de la CDPD-ONU
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Comunicado
El día de ayer, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que aborda el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recibía al Estado Costarricense para que brindará su informe sobre el cumplimiento y seguimiento de este Tratado Internacional suscrito por el país, sin embargo, la Administración Cháves Robles ha dejado una vez más plasmado su desinterés por las más de 670.000 personas en situación de discapacidad del país.
No solo no enviaron a una delegación desde Costa Rica que tenga conocimiento y preparación sobre el tema -que de paso nos preguntamos una vez más, ¿dónde está el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, el señor Ricardo Sossa y el CONAPDIS?-, sino que las personas que estuvieron presentes, como el señor Embajador de Costa Rica en Ginebra, MR. Christian Guillermet Fernández, no supo responder a ninguna de las interrogantes realizadas por el Comité, e incluso manifestó: “Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”, terminando él y las otras personas que le acompañaron agachando la cabeza ante la vergonzosa participación que tuvieron.
Fue tal la lamentable participación de Costa Rica, que el señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité manifestó: “Estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.
Desde el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad no solo denunciamos nuestra decepción y enojo ante la falta de seriedad y compromiso por parte del Gobierno de Costa Rica hacia las personas en situación de discapacidad, sino que exigimos una explicación ante la lamentable y vergonzosa participación que tuvieron y por qué el rector en materia de discapacidad (CONAPDIS) y el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, no estuvieron presentes.
¡LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD MERECEMOS RESPETO Y UN ESTADO QUE GARANTICE NUESTROS DERECHOS!









