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Arrancan audiencias para reconocer el derecho al cuidado

  • República de Argentina planteó la solicitud de una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el año anterior; otros Estados, entre ellos Costa Rica, se han sumado.

  • Un conversatorio analiza los avances y los pasos a seguir dentro de este proceso que busca alcanzar un nivel de igualdad y equidad en favor de las mujeres, a quienes se les encarga tradicionalmente las tareas de cuido.

UNA Comunica. 13 de marzo de 2024. La labor de cuido ha recaído históricamente en las mujeres y ello ha conllevado a que se normalice una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra. Para atenuar esta situación, la República de Argentina planteó una solicitud, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado.

Justamente esta semana, del 12 al 14 de marzo, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, recibió en audiencia a los Estados y organizaciones que apoyan esta tesis.

La Universidad Nacional (UNA), por medio del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) apoyan y colaboran en esta gestión de la que son parte, además de Costa Rica, Colombia, México, Chile, Paraguay y Uruguay, países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Como Universidad, estamos plenamente identificados con aquellas acciones que garanticen la igualdad en las relaciones sociales que han propiciado una brecha importante en los roles entre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente se ha encomendado a la mujer, en su papel de madre y de cuidadora del hogar, la responsabilidad de velar por la seguridad de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando esta responsabilidad debería ser compartida y asumida con absoluto apego a la justicia y la equidad”, manifestó Irma Sandoval, investigadora del Idespo.

La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022 reveló que, en Costa Rica, las mujeres incrementaron en un 16,4%, entre el 2017 y el 2022, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En términos nominales, las mujeres dedican 32:04 horas a la semana a estas labores, mientras que los hombres destinan 16:30 horas. Por ejemplo, el cuidado de personas totalmente dependientes está a cargo de las mujeres en un 77%.

La valoración de estos datos la hizo el Programa Estado de la Nación el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, al señalar que “muchas de las brechas en el mercado laboral se asocian con factores culturales y sociales históricos, al valorar de manera diferenciada los roles de género en los distintos ámbitos de interacción. Un ejemplo es la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado”.

A escala mundial, el panorama no tiende a cambiar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que las mujeres dedican 3,2 veces más horas que los varones a los trabajos no remunerados.

El proceso

Fue el 20 de enero del año anterior cuando la República de Argentina dirigió un oficio a Juan Enrique Pérez Manrique, juez de la Corte IDH, solicitando una opinión consultiva sobre el tema del cuidado.

En el escrito, se detalla que “las desigualdades en el ámbito del cuidado anteceden y explican las diferencias entre los géneros en el ejercicio y goce de los derechos humanos: el papel social y tradicional de las mujeres como proveedoras de los cuidados y encargadas del trabajo doméstico, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral formal y coartado su autonomía económica”.

Luego de la presentación de la solicitud por parte de la República de Argentina, la Corte admitió la presentación del pedido y habilitó una instancia para que los distintos actores presentaran la documentación que argumenta la posición de que el cuidado debe considerarse un derecho desde el sistema interamericano.

“Estos documentos se les conoce como amicus curiae que son presentados por las partes solicitantes de una opinión consultiva de parte de la Corte, y donde se aporta información relevante que le va a permitir al Tribunal deliberar e interpretar. Este proceso ya concluyó y ahora empezamos esta semana con las audiencias orales, para que luego se proceda con la parte deliberativa de cara a una decisión final”, detalló Laura Pautassi, experta de referencia internacional de cuidados y académica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en el país para participar las audiencias.

Conversatorio

En el marco del proceso de audiencias públicas, el próximo 14 de marzo se llevará a cabo el conversatorio El reconocimiento del derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, a partir de las 5:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Durante el conversatorio se hará un recuento de las acciones que han conllevado a la presentación de esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del estado de situación en los países y de los retos que se avecinan en la lucha para que se avance en el reconocimiento de este derecho.

“Desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado que el derecho al cuidado se viene configurando de manera progresiva, que es un derecho cuyo reconocimiento y protección debe fortalecerse. Sobre esa perspectiva, los Estados deben avanzar para que la justicia social y económica garantice una mayor equidad en favor de las mujeres”, agregó Leonela Artavia, economista y coordinadora del proyecto Trabajo y Crisis de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

Comunicado ALAMUD

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

El día 14 de marzo era un día importante, la administración Chaves Robles tuvo el encuentro para establecer un diálogo con el Comité de la Organización de Naciones Unidas, para abordar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el encuentro se desarrolló en Ginebra Suiza, mismo donde las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica presentaron sus informes y el encuentro fue una completa decepción. Según las palabras del señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité “estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.

Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido, reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación.

En sus palabras de cierre el embajador de Costa Rica, MR Christian Guillermet Fernández, -a quien le correspondió asumir la representación ante la ausencia de una delegación del Gobierno-, mencionó “…. Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”.

Desde ALAMUD denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad.

La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y mujeres de 6 organizaciones más y activistas independientes presentaron un informe alternativo al del Estado e hicieron enormes esfuerzos para redactar el informe recogiendo la realidad de mujeres con discapacidad de las 7 provincias del país. Lo hicieron sin recursos y para poder presentarlo en la sede de Naciones Unidas debieron buscar los apoyos de otras organizaciones para que se financiara la participación, sin contar con recursos públicos.

Es importante, indicar que las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros.

Situación de las Mujeres con Discapacidad en Costa Rica

Somos el 61% de la población con discapacidad y el 17,6% del total de mujeres del país estamos en situación de discapacidad. Un 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado al menos una forma de violencia, el 31.1% han sufrido maltrato físico y el 20% han sufrido violencia sexual. Somos el 82.8% de las personas que tienen “mayores dificultades” para el desempeño de actividades de la vida diaria. Por otro lado, el 62.3% de las mujeres con discapacidad señalan que sus condiciones de salud son de regulares a malas.

En materia laboral el desempleo afecta a más del 70% de mujeres con discapacidad y si ya el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo, disminuye a un 23% más bajo cuando se trata de mujeres en situación de discapacidad.

Ante esta realidad el Gobierno, es indiferente, guarda silencio y desatiende sus obligaciones, debilitando el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.

Compartimos el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de las Disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado Costarricense, en relación con los Derechos de las Mujeres y las Niñas.

Día Internacional de la Narración Oral: presentación de libros de la Fundación Festival Puro Cuento y actividad Impro Cuento

El  Festival Puro Cuento y la Benemérita Biblioteca Nacional le invitan a la Presentación de libros de la Fundación Festival Puro Cuento y a la actividad Impro Cuento, en celebración del Día Internacional de la Narración Oral.

La actividad se realizará el miércoles 20 de marzo en la Benemérita Biblioteca Nacional a partir de las 2:00 p.m.

Presentación del libro «A-Dos- Hados» de Laura H. Zúñiga y Jorhan Chaverri

La Benemérita Biblioteca Nacional le invita a la presentación del libro A-Dos- Hados, de Laura H. Zúñiga y Jorhan Chaverri.

La actividad se realizará el martes 19 de marzo a las 5:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y también se transmitirá por el Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Urge mayor apoyo a agricultores para garantizar la seguridad alimentaria del país

Defensoría investigó impactos sobre la agricultura

Si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.

Así lo determinó una investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y al cambio climático, aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales para afrontar los desafíos del sistema alimentario.

En el caso de Costa Rica, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, en 16 de cada 100 hogares en Costa Rica, al menos una persona adulta se vio obligada en ocasiones, a reducir la calidad o cantidad de su dieta, debido a la falta de dinero u otros recursos (16,42 %). Mientras que dos de cada 100 hogares se vieron afectados por inseguridad alimentaria severa (2,33%). Esto implica que en esos hogares al menos una persona adulta tuvo que reducir la cantidad de alimentos consumidos o inclusive, pudo haber pasado un día entero sin comer. En este sentido el Estado de la Nación señala que, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave sigue aumentando, principalmente entre las mujeres. 

Para algunos expertos, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Así como lo han señalado la Contraloría General de la República y el Estado de la Nación, la Defensoría de los Habitantes concluye que si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

La investigación permitió determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa, por lo que la Defensoría destacó la importancia de construir mecanismos para una adecuada implementación de las acciones y recursos y alcanzar consensos entre los distintos actores del sector para avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas.

Entre los retos que persisten, es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además, se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes. 

En materia de cambio climático, urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

En este sentido, la Defensoría de los Habitantes le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Planes de la CCSS sin sostenibilidad para enfrentar listas de espera y otras necesidades de las personas usuarias

Defensora, Angie Cruickshank.

Persisten las dudas sobre acciones propuestas

Luego de hacer un análisis de informes, gestiones y consultas realizadas a la Caja Costarricense del Seguro Social en el año 2023 con respecto al abordaje de las listas y los tiempos de espera, la Defensoría de los Habitantes tiene más dudas que respuestas en cuanto a la efectividad y sostenibilidad de las propuestas.

Preocupa que no existe claridad sobre si la propuesta que fue anunciada tiene o no el aval de la Junta Directiva o si existen los estudios financieros y jurídicos respectivos, como fue el caso, del plan copago. De igual manera, predomina la propuesta de las jornadas de producción como una medida extraordinaria para atender la emergencia, pero no parece haber acciones estructurales claras para evitar el incremento de la lista o mejorar la oferta para atender la demanda de los pacientes. Es decir, se atiende la fase aguda del problema, pero no se generan propuestas claras que intervengan en su prevención.

Llama la atención de la Defensoría que no se observa que se propicie un funcionamiento de la atención en salud en red, sino que se mantiene una operación fragmentada. En otras palabras, no existen propuestas de trabajo coordinado en red en el sentido de que los usuarios en listas de espera críticas puedan ser atendidos indistintamente de la red a la que pertenecen.

Algunos plazos previstos en las rutas propuestas para atender la cuestión de los médicos especialistas a cargo de la Comisión de Alto Nivel están vencidos desde noviembre 2023. Por ejemplo, ése es el caso del reglamento unificado de realización de estudios de especialidad médica. Tampoco existe una propuesta para financiar adecuadamente a la CCSS, en particular respecto de la deuda estatal, así como otras formas de financiamiento.

Para la Defensoría también el panorama se complica con las discrepancias internas en la CCSS entre su órgano político -Junta Directiva-, gerencial y técnico que genera choques entre propuestas. En un año, la CCSS ha contado con tres Gerentes Médicos, y tres coordinadores de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE). Este problema de gobernanza no logra articular propuestas unificadas y coherentes.

No se observa que las propuestas integren el aprovechamiento de los tres turnos de atención en aquellos casos que así lo permitan. Tampoco se menciona la existencia de estudios de uso eficiente de tiempo del personal de salud, en particular en los servicios de quirófanos. No se documentan estrategias tendientes al máximo aprovechamiento de las mismas en todos los centros de salud.

Otro punto que destaca la Defensoría es que aún no existe claridad en la forma en que se espera la articulación con el sector privado para mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, en cuanto a las condiciones de tercerización siendo una necesidad la conceptualización y definición regulatoria de la propuesta.

Tampoco se observan reglas ni un sistema de control adecuado para utilizar los recursos disponibles en forma eficiente y la propuesta de ruta pareciera una iniciativa estrictamente institucional, sin definir la participación de los diversos actores sociales que tienen relación directa con la CCSS como la sociedad civil, los sindicatos, los colegios profesionales y sector académico. 

En criterio de la Defensoría se carece de una propuesta contundente y sostenible de articulación y coordinación permanente y continua. Resulta indispensable la contabilidad de costos institucionales para establecer las tarifas de los modelos propuestos como la tercerización y el pago de servicios institucionales, porque sólo se contempla la información de costos de los 29 hospitales y 10 Áreas de Salud, en sus servicios sustantivos de atención y hospitalización. Es necesaria la implementación de una solución tipo Planificación de Recursos Empresariales (ERP).

Las propuestas para retener en la CCSS a los médicos especialistas son débiles y poco estructuradas. Asimismo, es necesario mejorar las condiciones de contratación del personal de enfermería para ser retribuidos según su formación profesional.

Respecto de la formación de médicos especialistas, es necesario que los contratos de retribución social sean revisados en cuanto al monto de garantía que asumen los especialistas y las condiciones generales del mismo.  Las regulaciones del acceso universitario a las especialidades médicas deben unificarse en una sola norma nacional a cargo del Ministerio de Salud como rector en la materia, de tal suerte que la dispersión normativa y la falta de univocidad de criterios, no favorezca la insuficiencia de recurso humano.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Proceso de emisión del certificado de discapacidad por medio de Conapdis y Edus

Las plataformas de Conapdis y del Expediente Digital Único en Salud (Edus), tendrán acceso entre ambas instituciones con el fin de agilizar el trámite para la solicitud del certificado de discapacidad.

De igual manera, a partir del 1 de marzo del 2024, cualquier persona que solicite el carné o certificado de discapacidad no deberá presentar (salvo en casos excepcionales) el dictamen médico para dicho trámite.

El formulario para solicitud de la certificación de discapacidad incluirá un consentimiento informado para que el equipo profesional del Servicio de Certificación de la Discapacidad (Secdis), pueda ingresar al Edus y tener acceso de manera ágil a la información.

Este nuevo formulario se descargar en la dirección: https://conapdis.go.cr/download/solicitud-de-certificacion-de-la-discapacidad/

Otra facilidad en el trámite es la solicitud de manera digital, en la cual la persona que requiera el certificado de discapacidad podrá enviar el formulario firmado y los documentos requeridos al correo certificaciondiscapacidad@conapdis.go.cr

Según explicó Karla Rodríguez Montero, jefa del Secdis, «Por medio de este correo únicamente se tramitarán solicitudes de certificación firmadas digitalmente».

Las personas que no cuenten con el dispositivo de firma digital pueden retirar el formulario de solicitud en la sede de Conapdis más cercana, firmarlo a mano y entregarlo en la misma sede, junto con los demás requisitos.

Con este esfuerzo interinstitucional las personas con discapacidad recibirán su certificación en un plazo máximo de dos meses.

Los requisitos para el proceso de solicitud del certificado de discapacidad son:

* Formulario de solicitud lleno con declaración jurada firmada y consentimiento informado.

* Copia de la cédula de identidad, permiso de residencia, constancia de nacimiento, pasaporte o cédula de residencia en el caso de personas extranjeras.

* En caso de ser menor de edad, certificado de nacimiento/cédula de menores y cédula de la persona encargada.

* Dictamen médico con fecha de emisión no mayor a un año, el cual debe ser emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social o por un médico privado. En caso de ser emitido por médico privado debe ser mediante la plataforma SEDIMEC del Colegio de Médicos y Cirujanos por un médico especialista afín a la discapacidad.

Consulta: ¿Cuáles expectativas tiene sobre la metodología para el foro Diálogo Nacional de Alto Nivel?

Taller: ¿Qué expectativas existen sobre la metodología para el Foro Diálogo Nacional De Alto Nivel? a realizarse el 18 de marzo de 2024 a las 4:30 p.m en la Sede Central ADEP Avenida 12, Calle 10.

Confirmaciones de asistencia al 8628-5530 / mesa.nacionaldedialogo@gmail.com / asambleainforma@bp.fi.cr

Invitan: CONARE, Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

UCR. Pronunciamiento del Consejo Académico de Áreas a favor de las iniciativas de ley para prohibir toda forma o manifestación de »terapias» de reconversión por motivos de orientación sexual e identidad de género

Foto: Cristian Araya Badilla, UCR.

Proyectos de ley se ventilan actualmente en la corriente legislativa

Quienes suscriben, miembros integrantes del Consejo Académico de Áreas, han conocido la Resolución CC-CSE-2-2024, con fecha 21 de febrero de 2024, del Consejo Superior Estudiantil, que coordina el estudiante Nickolas José Guevara Díaz, donde solicita expresamente a este Consejo “sumarse al llamado y manifestar un apoyo afirmativo al proyecto y que realicen un esfuerzo conjunto para instar a las diputaciones en la Asamblea Legislativa a votar afirmativamente en primer y segundo debate el proyecto de Ley 20.970”, que busca “PROHIBIR TODAS AQUELLAS ‘TERAPIAS’ DIRIGIDAS A REVERTIR O MODIFICAR CON FINES DE PRETENDIDA ‘CURACIÓN’ LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS LGBTI”.

Al respecto, las y los aquí firmantes manifestamos nuestro rotundo respaldo al proyecto y otras iniciativas de Ley en ese sentido. Apoyamos de forma contundente el llamado del Consejo Superior Estudiantil para instar a los Diputados y Diputadas de la República a aprobar, en primer y segundo debate, dichas propuestas.

Sobradas manifestaciones éticas y científicas concuerdan en que las llamadas “terapias de conversión” atentan contra la dignidad y la salud física y mental de las personas, y constituyen una flagrante violación a los Derechos Humanos. Esas “terapias” equivalen a verdaderas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Constituyen además una de las formas más violentas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género contra la población LGBTQI+, cuyas manifestaciones se han dado impunemente a lo largo de la historia.

Estudios científicos llevados a cabo desde diferentes áreas del conocimiento han desarrollado ampliamente el tema y concuerdan en condenar estas prácticas. En esa dirección, importantes instancias se han manifestado en contra de las “terapias de conversión”, como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Colegio de Profesionales en Psicología, numerosos organismos internacionales, Embajadas acreditadas en el país e incluso el Ministerio de Salud, yendo hasta proponer que sean enjuiciadas penalmente aquellas personas que en el ejercicio profesional de las ciencias de la salud induzcan o incurran en dichas prácticas, con lo cual estamos de acuerdo.

Por tanto, exhortamos a los Diputados y Diputadas de la República a votar a favor del proyecto de Ley 20.970 y de cualquier otra iniciativa de proyecto de ley que se ventile en la corriente legislativa, cuyo objeto sea prohibir todas aquellas “terapias” dirigidas a revertir o modificar, con fines de pretendida “curación”, la orientación sexual de las personas LGBTQI+, ya que las mismas constituyen una verdadera amenaza a la salud pública.

Suscriben el 8 de marzo, 2024 en oficio CAA-22-2024

Dr. Francisco Guevara Quiel, decano de la Facultad de Letras y coordinador del Consejo Académico de Áreas

Estudiante Valentina Palacio Mora, presidenta de la Federación de Estudiantes UCR

Dr. Orlando Arrieta Orozco, decano de la Facultad de Ingeniería

Dra. Magda Cecilia Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas

Dra. Rosaura Romero Chacón, decana de la Facultad de Ciencias

Dr. Norman Rojas Campos, decano de la Facultad de Microbiología

Dra. Isabel Avendaño Flores decana de la Facultad de Ciencias Sociales

Dr. Oriéster Abarca Hernández, coordinador del Consejo de Áreas de Sedes Regionales

MGA. Enrique Montenegro Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias

Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina

PhD. Cristina Barboza Solís, decana a. i. de la Facultad de Odontología

M.Sc., M.L. Jáirol Núñez Moya, director de la Escuela de Estudios Generales

M.A. Juan Carlos Calderón Gómez, decano de la Facultad de Artes

Dra. Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho

Dra. Flor Jiménez Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado

Consejo Académico de Áreas
Consejo Académico de Áreas, Universidad de Costa Rica