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Ciclos de aumento en el ritmo de construcción concuerda con episodios de movilización en comunidades costeras de Guanacaste

Arturo Silva Lucas

El pasado de 13 de julio el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) hizo público el comunicado en el cual confirma que Guanacaste es la provincia que registra mayor intención de metros cuadrados (m²) de construcción para proyectos urbanísticos y habitacionales durante el primer semestre del año 2023. Desde el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (OTMS) hemos apuntado en boletines anteriores esta tendencia ascendente desde el año 2014 [1] [2].
Los datos previamente publicados por el OTMS señalan que durante el año 2022 y el primer semestre del 2023 los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, y, en menor medida, Liberia como los que concentran la mayor cantidad de m² destinados a proyectos urbanísticos, habitacionales, y en tercer lugar de tipo comercial. En Nicoya resaltan los destinos costeros de Nosara y Samara; en Santa Cruz las playas de Tamarindo y Cabo Velas. En el cantón de Carrillo el distrito de Sardinal, lugar donde se ubica Playas del Coco. Por su parte en el cantón de Liberia sobresale el distrito cabecero del mismo nombre y Playa
Nacascolo. Estos siete destinos se consolidan como puntos calientes del mercado de bienes raíces postpandemia. También, por el tipo de construcción se confirma que en Guanacaste se consolida la oferta turística residencial por sobre otras como la hotelería tradicional.
Lejos de ser un crecimiento de m² inédito, datos que abarcan desde los años 1984 a 2022 demuestran una tendencia afín, especialmente, desde la entrada del siglo XXI. Una primera lectura de los datos recolectados del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y analizados por el OTMS evidencian que la provincia de Guanacaste vive un segundo repunte de inversión igual de importante a la experimentada entre los años 2002 y 2007, hasta la crisis financiera global del 2008 que supuso la desaceleración del mercado inmobiliario a escala planetaria. Con la diferencia que el actual repunte evidencia un ritmo mayor en un periodo de tiempo más corto. Mientras que en el pico de inversión del 2007 llegó a 711,195 de m² en periodo de siete años; para el 2022 alcanzó los 724,315 m² en solo dos años luego descenso a causa de la pandemia. Con una tendencia creciente que parece se mantendrá en este 2024.

Un análisis más detallado sobre la tendencia de inversión inmobiliaria en Guanacaste permite reconocer correlaciones relevantes vinculadas a episodios conflictivos. La revisión bibliográfica de los principales conflictos socioambientales en la provincia vinculados a desarrollos turísticos inmobiliarios en los cuales se haya utilizado repertorios de acción colectiva directa como bloqueos, marchas, perifoneo, vigilias y/o sentadas evidencia que suceden con cada aumento de inversión turística inmobiliaria. Desde el inicio de la explosión inmobiliaria en el año 2000 hasta el 2021 se registran diecisiete acciones directas importantes en cuatro comunidades del norte hacia el sur de la provincia:
La Lorena (Santa Cruz): En el año 2000 la comunidad de La Lorena registró cuatro movilizaciones en contra de la intención del Hotel Meliá Conchal de tomar agua del acuífero Nimboyores para abastecer sus instalaciones [3]. Posteriormente, en el 2014 y 2018 se registran dos últimas movilizaciones de la comunidad por el mismo motivo [4].

Sardinal (Carrillo): En el 2008 la comunidad de Sardinal registró siete movilizaciones en oposición a la instalación de un acueducto para trasladar agua de los acuíferos locales a un conglomerado residencial en Playas del Coco [3]. Posteriormente en el 2019 se registra una última movilización en contra de la inauguración formal del acueducto [5].
Potrero (Santa Cruz): en octubre del 2014 la comunidad de Potrero realizó una sentada frente a las oficinas administrativas del acueducto rural que incluyó un enfrentamiento con la Fuerza Pública. Posteriormente realizó una vigilia nocturna en las bombas de agua que abastecen a la comunidad. Las dos acciones manifestaban un rechazo a la pretensión de varios complejos residenciales de la zona de tomar agua para abastecer sus instalaciones [6].
Nosara (Nicoya): El 5 de junio del 2021 grupos organizados marcharon en apoyo a un reglamento que pretende regular el crecimiento de residencias turísticas en Nosara y áreas circundantes al Refugio de Vida Silvestre Ostional. El acto fue en respuesta a la suspensión del reglamento provocado por un desarrollador inmobiliario de la zona [7].
Esto permite llegar a unas primeras conclusiones del fenómeno turístico inmobiliario en Guanacaste. Primero, que el ritmo de inversión actual provincial evidencia una mayor recuperación que en el periodo previo de 2002 al 2007. Segundo, cada ciclo de aumento de inversión parece estar vinculado a episodios de protestas y movilización social en comunidades costeras de la provincia. Tercero, la relación inversión inmobiliaria y conflictos socioambientales se mueve históricamente hacia las playas al sur de la provincia a partir de la ubicación de las cuatro comunidades señaladas.

Notas
[1]. Barboza Núñez, E. (marzo, 2023) Boom inmobiliario dispara construcción en zonas costeras de Guanacaste
[2]. Díaz Soto, M. (agosto, 2023) Al cerrar el primer semestre de 2023, Guanacaste concentra el 25% del total de metros tramitados para construcciones de tipo habitacional en el país
[3]. Silva Lucas, A. (2019) Conflictividad hídrica en Guanacaste como consecuencia del desarrollo turístico: el caso de la comunidad de Sardinal. En: Agua y Poder en Costa Rica 1980-2017. Felipe Alpízar R,; editor. Centro de Investigación y Estudios Políticos, Escuela de Ciencias Políticas, Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa Rica.
[4]. Silva Lucas, A. (2018). Lorena (Guanacaste): Agua, territorio y espacios de representación. Alba Sud, 05/12/2018
[5]. Silva Lucas, A. (2019). Inauguración del acueducto CocoOcotal: ruptura y profundización del modelo turístico en Guanacaste. Alba Sud, 13/03/2019
[6]. Bolaños Blanco, C. (2016) Conflictos socioambientales por la gestión del agua: el caso de la comunidad de Playa Potrero, Guanacaste. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
[7]. Silva Lucas, A. (2021) Nosara se moviliza en apoyo al reglamento de construcciones. Alba Sud 24-06-2021

Eres hombre y ¿Quieres apoyar el 8 de marzo?

El Día Internacional de la Mujer no es un día para felicitar, mejor comprométete y:

Ayuda a que tus amigos eviten conductas machistas.

  • No justifiques a otro hombre por ser violento, acosador o abusador.
  • No uses objetivos femeninos para ofender o burlarse y no compartas chistes machistas.
  • No juzgues a las mujeres por su vida sexual ni te burles de la masturbación o la menopausia.
  • No insistas si te dicen no.
  • No compartas fotos de mujeres y no mandes fotos que no te han pedido. 

Renuncia al machismo y ayuda a tus compas a que también lo hagan.

Nota escrita con base en el afiche adjunto compartido con SURCOS por Nora Garita.

Mujeres de plantaciones bananeras denuncian discriminación laboral en el Día Internacional de la Mujer

Mujeres trabajadoras de plantaciones agrícolas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, alzan la voz, ante diversas situaciones de discriminación que viven en sus trabajos, especialmente cuando se afilian a un sindicato.

Hoy, 8 de marzo, mujeres que forman parte del sector agrícola denuncian las diversas situaciones que viven a nivel laboral. Delatan la falta de respeto por sus derechos, la discriminación y la persecución que sufren en manos de sus superiores. Además, mencionan como alejan y manipulan a personas que quieran afiliarse a los sindicatos.  

Estas declaraciones ganan mayor importancia al tomar en cuenta los intentos por mantener la imagen limpia de las plantaciones agrícolas. Yaney Elizondo hace énfasis en las repercusiones físicas, como alergias e irritación, a las que se ven expuestas por la cercanía a los productos químicos. Asimismo, Lolita Ortega denuncia su despido injustificado tras un accidente laboral. Cristina Pérez también señala la fatiga diaria que sufren por las largas horas laborales y la poca empatía por parte de los superiores. 

La ANEP busca que estas mujeres gocen de derechos laborales, libertad sindical y justicia sin que esto afecte el desarrollo, la producción, y la exportación de la fruta. 

Video de YouTube:

Reflexiones sobre el Foro de la Multipolaridad Rusia 2024

El Movimiento Manuel Mora Valverde organizó la charla Reflexiones sobre el Foro de la Multipolaridad Rusia 2024, que impartirá el docente e investigador Mauricio Ramírez Núñez quien compartirá su participación y experiencia en dicha actividad.

– Fecha y hora: sábado 9 de marzo de 2024 a las 4:00 p.m.
– Lugar: Barrio Colonia del Río. Guadalupe, Goicoechea.
– Cupo limitado. Si desea participar puede comunicarlo al 8318-8273, con Antonio Naranjo.

¡Esta actividad busca ampliar perspectivas e invitar al diálogo y el análisis geopolítico!

¡Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer! Se modificará artículo que condiciona disfrute licencia de maternidad

Comunicado de SINAE Afines

El SINAE Afines acudió a la Defensoría de los Habitantes para que intermediara ante la CCSS y así lograr la modificación del Artículo 42 del Reglamento de Salud que condiciona a la trabajadora interina tener un nombramiento activo para disfrutar del pago de su licencia de maternidad o lactancia.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, compartimos la buena noticia del trabajo realizado desde hace un año, cuando la Sala Constitucional nos dio la razón en dos ocasiones, en defensa de nuestras afiliadas.

Ellas habían sido incapacitadas por complicaciones durante su embarazo, situación que las llevó a no contar con un nombramiento activo y se les negaba la licencia de maternidad y lactancia, basándose sus jefaturas en lo dispuesto en el Artículo 42 del Reglamento de Salud.

Desde marzo 2023 iniciamos la lucha a favor de los derechos de la madre y el niño, hoy en #SinaeAfines estamos seguros que muy pronto informaremos la buena noticia a las madres trabajadoras interinas de la institución, de que no serán discriminadas por su condición de interinas.

El lunes 4 de marzo, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank y la Defensora de la Mujer, Kattia Rodríguez, recibieron al #SinaeAfines, así como a representantes de las gerencias Médica, Financiera y Administrativa de la #CCSS. En esta reunión quedó muy claro que debe modificarse el artículo para hacer válidos los derechos de la madre y el niño, establecidos en la Constitución Política.

En #SinaeAfines estamos junto a las mujeres trabajadoras…

Asociación de Desarrollo y Movimiento Comunitario de Cahuita rechaza audiencia y Plan Regulador de Talamanca

El día de hoy en la tarde la Municipalidad convocó nuevamente una audiencia pública obligada por la Sala Cuarta (Resolución N° 2023031756) ante la falta de consulta a la comunidad indígena de Kéköldi, mediante una carta enviada a la Municipalidad por la Nueva Junta Directiva 2023-2025 rechazó el plan y pidió suspender la audiencia.

La carta señala que la Propuesta del Reglamento y Zonificación del Plan Regulador “es impuesto por la Municipalidad de Talamanca, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), atenta contra nuestra cultura, desarrollo y seguridad territorial del pueblo tribal afrodescendiente, al pretender imponernos un Modelo de Desarrollo Costero Nacional, ignorando el convenio N° 169 de OIT donde los pueblos tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”.

Aseguran que “no estamos a favor de este plan regulador dado a que violenta nuestra forma de vida, nuestra historia, nuestra ancestralidad, nuestras tierras y nuestro ambiente. Como comunidad Tribal Afrocostarricense de Cahuita, defendemos el derecho a una consulta adecuada a las características propias, de buena fe, libre previa e informada (según artículos 6 y 7 del Convenio 169)”.

Solicitaron “respetuosamente suspender la audiencia pública y proponemos sentarnos a la mesa y planificar la regulación de nuestro territorio de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones donde se respete la integridad de nuestro pasado, nuestro presente y para nuestro futuro”.

La ADI de Cahuita -que no se había pronunciado hasta ahora- justificó su rechazo basados en el Convenio 169 de la OIT donde «Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación»;  fundamentado “en que se declaró de interés público a la población afrodescendiente de nacionalidad costarricense asentada en comunidades del Caribe costarricense”,  “y se reconoce a Cahuita miembro de pueblos tribales afrocostarricenses”  y que es la comunidad de Cahuita encargada de la creación del Foro Tribal de Afrodescendientes y que en el Decreto N° 43532 del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Educación Pública.

La ADI “es el órgano que da voz a la Asamblea General y a la comunidad tribal de Cahuita” y asegura reconocer “la urgente necesidad de ordenar el territorio de nuestra comunidad y establecer lineamientos y regulaciones para el crecimiento y desarrollo de nuestra población, haciendo énfasis en la conservación de nuestras costumbres, cultura, historia y en integración con el ambiente marino costero que nos sostiene”.

Mientras el Movimiento Cahuita Unida en un pronunciamiento asegura que el Plan Regulador “ha sido declarado en varios de sus procesos con irregularidades, no representa el deseo ni sentir del desarrollo que nuestro pueblo costero de Cahuita quiere y se merece”.

Para el Movimiento “es evidente que el proceso de análisis, estudios y programación del Plan regulador han sido mal hecho, ya que constantemente la Sala ha evidenciado que en alguno de los pasos administrativos hay inconsistencias o asuntos incompletos”.

Recuerdan que la además de esta nueva consulta exigida por la Sala en febrero también obliga al SINAC a completar la Certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo “evidenciando que los estudios previos estaban malos e incompletos y que bajo esa premisa no se puede administrar de buena fe el territorio. Además, la SETENA argumenta que la certificación es un trámite más y que luego de hacerlo se adjuntará al plan sin certificar que, las modificaciones realizadas, cambian del todo el panorama inicial de gestión territorial para el desarrollo del plan regulador”.

Instituciones en deuda con atención de población migrante bajo el enfoque de género

  • Proyecto de investigación concluirá en junio de este año e incluirá un proceso formativo para que las instituciones puedan cerrar las brechas identificadas.

  • Razones para migrar por parte de nicaragüenses variaron luego de la crisis política y social de 2018.

UNA Comunica. 8 de marzo de 2024. “No tenía conocimiento de mis derechos por miedo… por no tener dinero, por no tener un trabajo, no podía ejercer ese derecho de solicitar la residencia, entonces aguanté… aguanté maltrato laboral el cual me trajo consecuencias porque tuve una pérdida y en esa pérdida sufrí depresión, no quería existir por tanto que yo había pasado, pero como siempre han sido mi fuerza mis hijos”.

Este relato es real. Refleja, en un solo párrafo, varias situaciones que una mujer nicaragüense sufrió desde que migró a Costa Rica: acoso laboral y falta de acceso a atención de salud clínica y psicológica.

Es la realidad también de muchas mujeres cuyas historias de vida se ocultan bajo el anonimato. El proyecto de investigación Representaciones sociales, migración nicaragüense, discursos y prácticas de igualdad en Costa Rica, a cargo de las académicas Sileny Mena, María Amalia Penabad y Fanella Giusti, del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), hizo una aproximación a esta problemática humanitaria.

Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y ante la necesidad de visibilizar realidades sobre las desigualdades que afectan a las mujeres, este proyecto, que se mantiene en ejecución, determina que las instituciones del Estado encargadas de velar por la atención de población migrante, no han introducido, en su mayoría, abordajes integrales bajo el enfoque de género.

“Hay de repente un enfoque de género muy general, pero no aplica a la población migrante en específico. Por ejemplo, se les atiende indistintamente de si se es hombre o mujer, pero hace falta abordar si es migrante, si es madre jefa de hogar, si posee alguna condición de discapacidad, por ejemplo”, manifestó Sileny Mena, una de las investigadoras.

La otra cara de la moneda son las organizaciones no gubernamentales (oenegés). Este tipo de entidades sí tienen una atención más personalizada de la persona migrante y de su situación particular; sin embargo, les afecta la falta de recursos para poder operar y establecerse con institución de apoyo.

“Ocurre que en estos casos muchas personas que trabajan en oenegés son también migrantes y entienden muy bien la realidad de las personas que se acercan en búsqueda de algún servicio. Se puede decir que hay una sensibilidad diferente”, indicó la investigadora María Amalia Penabad.

La investigación consta de cuatro fases. La primera consistió una serie de entrevistas con población migrante, la segunda fue el trabajo con instituciones (del Estado, oenegés e internacionales) y la tercera fue la realización de una conferencia y una presentación que incluyó una serie de mesas de trabajo. Estas tres fases ya concluyeron y la cuarta está en ejecución.

Después del 2018

La base de esta investigación parte de la premisa de que “las mujeres ocupan una posición de mayor inferiorización y desventaja social respecto a la población masculina, ya que ellas no solo son discriminadas por su condición migratoria, sino por ser mujeres, poseer un cuerpo racializado y en la mayoría de los casos, su condición económica es precaria”, se lee en la presentación de resultados de la tercera fase.

Un dato de la Organización Internacional para las Migraciones, incluido en la presentación, indica que un 87% de las personas migrantes hacia Costa Rica lo hicieron porque aquí podrían satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, y de acuerdo con Sileny Mena y María Amalia Penabad, este dato hace referencia a la realidad antes del 2018, cuando se dio el estallido social y político en Nicaragua que dejó como saldo más de 350 personas fallecidas en protestas populares en contra del régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

“Antes de que se diera este conflicto, la migración nicaragüense hacia el país estaba compuesta en su mayoría por hombres, en edad productiva. Pero después del 2018 el panorama cambió y comenzaron a llegar a Costa Rica tanto hombres como mujeres de muy diversos perfiles, desde profesionales, estudiantes, representantes de la comunidad LGTBI y es ahí donde cambia la dinámica y se acentúa más la violencia de género y la violencia política”, enfatizó Mena.

Una publicación del medio nicaragüense El Confidencial de diciembre anterior, reveló que solo en el 2023, 115 mil ciudadanos de esta nación emigraron por la situación política y económica que se vive. Estados Unidos y Costa Rica fueron sus principales destinos. Mientras tanto, de acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, de enero a octubre de 2023 se recibieron 25.451 peticiones de refugio por parte de nicaragüenses.

En este contexto, la investigación aborda los casos de las mujeres que han migrado a Costa Rica, donde se han enfrentado a situaciones que van desde la explotación laboral, las desigualdades salariales, la violencia sexual y reproductiva, recargo en las labores de cuido, renuncia a posibilidades de estudio y capacitación, para que sus esposos o hijos puedan acceder a ellas.

“Perdí un embarazo en mi trabajo, tuve una pérdida en el cual, la jefa no me quiso dar atención médica, no me dejó ir, eso para mí fue algo muy duro porque no se supera, por mi condición no hice valer mis derechos, no dejé el trabajo por miedo también a que mis hijas pasaran hambre”, relata otra de las mujeres migrantes que formó parte de la investigación.

Proceso formativo

Para las expertas del IEM, es algo novedoso que desde el Instituto se esté trabajando el tema de migración con perspectiva de género a partir de esta investigación. En este momento se encuentran diseñando la cuarta fase que consiste en la presentación de una propuesta formativa dirigida a las instituciones para que puedan fortalecer sus políticas de género en el abordaje y atención de la población migrante.

El cierre del proyecto está previsto para junio de este año, por lo que se espera que antes de ese mes puedan contar con el instrumento que propondrán a las instituciones identificadas. Desde las etapas anteriores, una mayoría de ellas manifestaron su anuencia a participar de este proceso formativo.

Temas como la sensibilización y la capacitación, el fortalecimiento en el vínculo intersectorial, el acompañamiento y el contar con estadísticas e indicadores de género son aspectos que se han contemplado como oportunidades de mejora para la labor que realizan estas instituciones.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

8 de marzo: ¡Tomamos las calles en defensa del aborto legal!

¡Contra el gobierno y los grupos antiderechos, contra la violencia machista, la represión y el ajuste neoliberal!

Conmemoramos el origen del 8 de marzo (8M) “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, el cual se remonta al año 1911 para recordar a las obreras fallecidas tras la explotación laboral que llevó a su patrón a asesinarlas. En Costa Rica las luchas por los derechos de las mujeres y otros grupos oprimidos por el patriarcado tienen una larga trayectoria. Actualmente vemos estancamiento en derechos que costaron sangre y sudor de compañeras del pasado, y retrocesos en otros derechos, por lo que este 8 de marzo al igual que cada año el movimiento feminista inunda las calles en contra de la desigualdad, el patriarcado y la violencia, y sostenemos nuestro derecho a la protesta y a la manifestación.

Las mujeres y disidencias sexogenéricas de Costa Rica nos levantamos en contra de las políticas misóginas implementadas desde el gobierno del acosador Rodrigo Chaves, así como desde otros poderes de la República, entre ellos el Judicial, al incumplir con la justicia para las mujeres, víctimas de femicidio y familiares afectades donde las cifras van en aumento. Instamos a la población a consultar los mapeos y cartografías sociales de los femicidios que buscan mantener viva la memoria de quienes nos han sido arrebatades.

Seguimos luchando por aborto legal, seguro y gratuito, por su despenalización y reivindicamos la consigna de educación sexual y salud pública para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

En esta misma lucha, nos pronunciamos en contra de la violencia obstétrica y exigimos calidad de vida para las infancias y adolescencias, así como dignidad menstrual para todas las personas menstruantes y levantamos la lucha por los derechos de las personas seropositivas y contra el tabú que rodea al VIH debido a la discriminación.

Denunciamos la aprobación de recortes y ajustes neoliberales y antipopulares por parte de la Asamblea Legislativa en contra del bienestar de las mujeres, impulsadas y apoyadas desde el oficialismo junto con los demás partidos políticos tradicionales, grupos antiderechos, fundamentalistas religiosos, conservadores y ultraderechistas. A su vez la violencia política fomentada por este gobierno acosando sindicalistas, diputadas, cooperativistas y demás compañeras luchadoras. Es necesaria la aplicación de la Ley “10.235 “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política” y su reglamento en todas las instancias, así como la aprobación de la reforma a dicha ley con proyecto de Ley 23443 “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política”.

Posicionamos que la crisis del agua en distintos sectores del país muestra cómo se ven afectadas las vidas de las mayorías trabajadoras y populares. Apoyamos de forma solidaria a los Comités de vecinos y vecinas que defienden el derecho humano fundamental al agua potable.

En esta misma línea de políticas nacionales, instamos a las diputaciones a aprobar el proyecto de ley 20.970 “Ley para prohibir todas aquellas «terapias» dirigidas a revertir o modificar con fines de pretendida «curación» la orientación sexual o identidad de género de las personas”, apoyar el proyecto de ley 23.809 “Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex”. Abordando temáticas relacionadas al cupo laboral, educativo y estudiantil dirigido a personas trans y no binaries.

Rechazamos la provocación del Gobierno sobre su “intención” de desconocer la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así como los ataques a la institucionalidad. Nos pronunciamos en contra de la reestructuración del INAMU sin plena consulta hacia la sociedad civil, de los nombramientos absurdos en el AyA, contra los recortes en educación y cultura, en vivienda e inversión social, y en salud. Demandamos: ¡que se paguen todas las deudas a la CCSS, incluida la del Gobierno!

En el país, los índices de pobreza y desempleo generan que las responsabilidades familiares recaigan sobre las mujeres, entre ellas se encuentran las adultas mayores asumiendo el cuido y labor doméstica. Rechazamos todo proyecto de ley que implique jornadas de 12 horas diarias, como el proyecto de ley 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, ya que implica mayor explotación laboral y la salida de mujeres de la fuerza laboral al no poder asumir las jornadas de trabajo.

Señalamos el reconocimiento de la inclusión del trabajo sexual como categoría ante la C.C.S.S., como un paso en el reconocimiento del derecho a la salud de las mujeres trabajadoras sexuales y demandamos acciones de protección estatal a quienes son víctimas de la trata de personas, explotación y violencia física y sexual.

Destacamos la violencia estructural que sufren las mujeres con discapacidad. Además, de la violencia en contra de las comunidades indígenas por parte de personas usurpadoras de tierras. Exigimos al Estado medidas concretas para combatir el aumento de la deserción escolar en nuestras comunidades, resultado del abandono estatal y la falta de acceso a una educación de calidad y oportunidades laborales. También, que se aborde la situación de las poblaciones afro que se ven obligadas a involucrarse en organizaciones criminales para subsistir. Demandamos el fin de la discriminación racial en todos los ámbitos de la sociedad. Es fundamental que se reconozcan y valoren los aportes de las mujeres afro e indígenas a la sociedad, y que se promueva activamente su participación y liderazgo en todos los niveles.

Además, la lucha de las mujeres es por las que están dentro de una cárcel descontando una condena, las mujeres que acompañan a sus familiares privades de libertad, las que cuidan, y sostienen el tejido social de los barrios y comunidades más estigmatizados del país.

Marchamos porque las hembras no humanas conforman un sector que también es violentado y asesinado diariamente. El objetivo es acabar con el consumo, opresión y cosificación especista y sexista a la que pertenecen los cuerpos disidentes y hembras, logrando la liberación de todas las especies.

Al mismo tiempo, alzamos la voz en contra de la violencia hacia las personas LGBTIQA+, por las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, no heterosexuales, asexuales, arrománticas, queer, trans y personas no binaries.

Manifestamos un apoyo a las mujeres centroamericanas que desafían regímenes autoritarios y represivos como los liderados por Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Exigimos la liberación de todas las personas encarceladas por la represión, mientras reconocemos y valoramos la contribución de las mujeres nicaragüenses migrantes a la sociedad costarricense, a pesar de los obstáculos que enfrentan, como el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de la xenofobia y el racismo.

Nos posicionamos firmemente en solidaridad internacional con las diversas luchas que enfrentan las mujeres y la diversidad sexual en todo el mundo. Por ello nos solidarizamos con la Marea Verde en Argentina que enfrenta el intento del presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, de prohibir el aborto legal, una lucha histórica del movimiento feminista. Nos unimos con determinación a la Acción Global Feminista y al paro internacional del 8 de marzo, reconociendo la necesidad de unificar reclamos y denunciar las injusticias que persisten en nuestras sociedades. Condenamos la ocupación y el genocidio perpetrado por Israel en Palestina, que respalda el imperialismo estadounidense y europeo, y rechazamos la complicidad de jefes de Estado como Rodrigo Chaves en estos crímenes de guerra.

Este 8M llamamos a todas las feministas y al movimiento amplio de mujeres en nuestras diversidades y pluralidades, y las personas LGBTIQA+ a marchar unides en defensa del aborto legal y contra todas las formas de opresión.

¡Solamente articulades hacemos frente al gobierno y los grupos antiderechos, machistas y neoliberales!

Imagen ilustrativa.

Hoy no se celebra, se conmemora. Día Internacional de la Mujer

8 de marzo

Desde la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta le recordamos al Estado ejercer su trabajo por reconocer la igualdad de oportunidades en materia de justicia abierta hacia el género en su diversidad política, económica, social y cultural.

Seguimos sin avances en materia de desigualdad social en género, contabilizamos un año sin mucho avance con mucha violencia y criminalidad contra las mujeres.

Hoy No se felicita banaliza el sentido de la conmemoración; el acceso y ejercicio pleno de las mujeres a todos los derechos a la igualdad, no discriminación y a una vida libre sin violencia.

Desde la METJA reconocemos a las mujeres, sus aportes a la vida económica, social, política y cultural desde la ciudadanía participativa e inclusiva.

Instamos a seguir construyendo ciudadanía como sociedad, aún falta mucho para cerrar la brecha al género.

¡Hoy conmemoramos a quienes no están! ¡La Igualdad aún no se ve!!

METJA

Defensoría: CCSS debe reconocer el pago de licencia de maternidad a su personal interino

Sostuvo encuentro esta semana con gerencias de la CCSS y sindicato SINAE Afines

La Defensoría de los Habitantes intervino ante las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social para que valore la posibilidad de modificar un artículo del Reglamento de Salud que impide, a personal interino de la institución, el pago de la licencia de maternidad.

El problema se registra cuando la CCSS aplica el artículo 42 del Reglamento de Salud, donde indica que “para tener derecho a los subsidios en dinero por licencia de maternidad, es necesario que la asegurada activa haya cotizado el mes inmediatamente anterior a la fecha de inicio de la licencia o parto, o seis en los doce meses anteriores al inicio de la licencia o parto. En caso de incapacidad previa, este requisito debe entenderse en relación con el período anterior al inicio de dicha incapacidad”. Esto ha provocado que a personal interino se le niegue ese subsidio legal porque al día de la emisión no se encontraba con nombramiento activo. Esto hace que, la persona afectada, deba acudir hasta la vía constitucional para el reconocimiento del derecho.

Ante ello la Defensoría de los Habitantes convocó esta semana a las Gerencias Financiera, Administrativa y Médica de la CCSS, y a representantes del sindicato SINAE en busca de acuerdos a esta problemática laboral, alcanzando los siguientes compromisos:

  • El Departamento de Recursos Humanos de la Caja Costarricense del Seguro Social se comprometió en una semana a realizar el cambio de la indicación «asegurado activo» en el Instructivo que utiliza la institución a nivel interno, para poder gestionar el pago a las funcionarias que se acogen a licencia de maternidad y están en condición interina y sin nombramiento activo, pero que cumplen los requisitos legales para obtener la licencia de maternidad.
  • La representante de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades de la Gerencia Médica, indicó que se presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta para valorar la reforma del artículo 95 del Código de Trabajo y mientras esto avanza, realizarán una propuesta para que sea revisada por las demás Gerencias, la Administrativa y Financiera para valorar la reforma al artículo 42 del Reglamento de Salud de la CCSS, para que el reconocimiento de este derecho sea de forma amplia.

La negativa del reconocimiento al pago del subsidio de la licencia por maternidad bajo el argumento de que la reglamentación de la CCSS no lo permite, resulta ser una justificación que no tiene ninguna validez según lo ha indicado la Sala Constitucional, principalmente por dos razones fundamentales: en primer lugar por cuanto la protección a la familia, al niño o niña a la madre y a la salud de ambos, son derechos de rango constitucional lo que implica que la licencia de maternidad se encuentra intrínsecamente ligada al ejercicio pleno y efectivo de esos derechos y; en segundo lugar por cuanto con tal actuación se demuestra un evidente desconocimiento por la condición humana de las afectadas, por sus derechos fundamentales y por la salud y la vida del bebé que recién ha dado a luz.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes