Pronunciamiento público: Estado de Costa Rica mantiene impune el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, situación que agrava la ocupación ilegal de los territorios indígenas y la violencia contra los pueblos originarios.
– Organizaciones firmantes de este comunicado denuncian la impunidad sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak y del Pueblo Bribri de Salitre.
Miércoles 24 de enero 2024. El pasado viernes 19 de enero, la familia Rojas Lázaro comunicó que el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur decidió el sobreseimiento definitivo del caso judicial que investigaba el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. El caso fue conocido por el Juzgado Penal de Buenos Aires, con el número de expediente 19-000178-0990-PE y los imputados eran los no indígenas Edwin Guevara Mora y Víctor Zúñiga Fallas. Como consecuencia del sobreseimiento ambos serán liberados sin ninguna consecuencia judicial; también las investigaciones no continuarán y con ello la impunidad para Sergio, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre se impondrá.
De esta manera, la impunidad y la deuda histórica del Estado costarricense con los Pueblos Originarios se fortalece. Como si eso fuera poco, envalentona a los ocupantes ilegales, agresores y todos los sectores que obtienen beneficios económicos, sociales y políticos de la ocupación ilegal, colonial y racista de los Territorios Indígenas. La violencia institucional y el nulo acceso a la justicia por parte de los Pueblos Originarios es estructural y sistémica. Pese a la continua y sistemática violencia a la que sobreviven los Pueblos Originarios y las múltiples denuncias establecidas antes las instancias judiciales ningún caso ha sido resuelto, muchos menos ninguna persona no indígena ha ido presa por amenazas de muerte, intentos de homicidio y muchas otras formas de agresión. El único fue el asesino confeso del Brörán Jerhy Rivera Rivera, Luis Eduardo Varela, quien fue puesto en libertad meses después por el Tribunal de Apelaciones de Cartago.
Muy al contrario, ha sido la situación de los Pueblos Originarios ante las instancias judiciales: el mismo Sergio fue privado de libertad por 7 meses entre el 2013 y 2014, por una causa judicial que al día de hoy no cuenta con pieza acusatoria. Así, aunque la investigación penal contra la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Salitre (de ese momento) inició en 2012, el Poder Judicial ha sido incapaz de construir una pieza acusatoria. 12 años después la investigación continúa y Sergio fue privado de libertad, aunque esa fase no terminará.
Dolorosamente, las consecuencias de esta sentencia se extienden al Pueblo Bribri de Salitre y otros Pueblos Originarios. La impunidad sobre el caso de Sergio fortalece a los ocupantes ilegales -entre los que sobresalen los imputados en el caso de Sergio, Edwin Guevara y Víctor Zúñiga- a los terratenientes, a los discursos de odio y racistas y, en general, promueve una cultura de violencia en los Territorios Indígenas y comunidades aledañas. La desidia, falta diligencia y celeridad de la Fiscalía tiene consecuencias graves sobre cuerpos, vidas de infancias, mujeres y hombres. Así, el Estado lejos de proteger a los Pueblos Originarios se convierte en uno de sus mayores verdugos.
En diciembre del 2023, en medio de la amenaza al archivamiento del caso que investiga el asesinato de Sergio, 106 persones y 54 organizaciones de al menos 20 países diferentes enviaron cartas solicitando al Juzgado de Buenos Aires que rechazaran la solicitud de sobreseimiento. Entre las organizaciones se encontraban políticas, de Pueblos Originarios, sociales, de Derechos Humanos, ecologistas, entre otras.
En este contexto, se exige al Poder Judicial realizar de forma diligente y urgente las investigaciones y diligencias necesarias hasta dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato de Sergio Rojas para establecer las consecuencias penales respectivas.
Más allá de las exigencias a las instancias gubernamentales e internacionales, como Pueblos Originarios continuaremos los procesos de resistencia. En el fortalecimiento de los procesos organizativos, la reafirmación territorial y la autonomía está la principal arma que nos defenderá de un Estado racista, colonial y violento y los ocupantes ilegales.
Suscribimos este pronunciamiento:
– Coordinadora de Lucha Sur Sur
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
– Alakölpa Ditsö Ajkönúk (Salitre).
– Ditsöpa Keneblok (Salitre).
– Consejo Iriría Sätkök de Yabamï Dí Kátá (Cabagra).
– Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
– Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
– Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
– Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
– Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
– Comunidad Brörán de Crun Shurin.
– Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
– Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas Iríria Tsochok.
– Asociación Costarricense de Derechos Humanos.
– Asociación Voces Nuestras.
– Partido Vanguardia Popular.
– Kioscos Socio-ambientales, UCR.
– Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI).
– Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina).
– Costa Rica Afro.
– Colectiva por el Derecho a Decidir.
– Mujeres Rurales de Costa Rica.
– Asociación Tinamaste.
– Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
– Bloque de Vivienda.
– Asociación Solidaria Comparte-Costa Rica.
– Partido Obrero Socialista (POS.)
– Red Solidaridad con Palestina.
– Bloque Verde.
– Red de Gestores Locales del Pacífico Sur (REGELOPS)·
– Movimiento Buen Vivir Costa Rica.
– Fundación Pedagógica Nuestramerica.
– Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).
– Asociación El Camino de la Semilla. Territorio indígena de Térraba.
– Colectivo Agua es vida, no mercancía.
– CR Solidaria.
– Movimiento humanista.
– Asociación Ecologista Desamparadeña (ASECODES).
– Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC.
– Unidas en Justicia e Igualdad de San Ramon de Alajuela.
– Movimiento Popular Costarricense.
– Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI).
– ACI-PARTICIPA, Honduras.
– Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Honduras.
– Organización del Pueblo Kichwa Saraguro, Ecuador.
– Coordinadora de Comunidades afectadas por TRECSA, Guatemala.
– Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), México.
– Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.
– Soldepaz – Pachakuti, España.
– Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza.
– Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EEUU.
– Alianza por la Justicia Global, SOA Watch, EEUU.
– Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos.
– Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela.
– Red de Colectivos La Araña Feminista, Venezuela.
– Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Venezuela.
– Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela.
– Colombianas y Colombianos por la Paz.
– Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colombia.
– Observatorio de Paz, Colombia.
– Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury.
– Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia.
– Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala.
– Comisión Multisectorial del Uruguay.
– Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador.
– Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
– Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá.
– Movimiento Alfa y Omega de Perú.
– Movimiento de Favelas de Rio Janeiro, Brasil.
– Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche.
– Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall).
– Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina.
– Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina.
– Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH).
– Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), México.
– Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC).
– Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI).
– Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH).
– Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX).
– Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco).
– Taller del Sur.
– Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas.
– Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ).
– Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH).
– Colectivo Ocho Trueno.
– Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA).
– Colectivo Insurrección Visual.
– Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México.
– Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América.
– ComuniSur.
Foto: Reuters.
