Observatorio Bienes Comunes
El pasado 3 de junio asistimos a la conformación de la Filial de Limón del Frente Nacional por la Seguridad Social, y reflexionamos con algunas de las personas asistentes ¿cuáles son los desafíos que enfrentan?
Comunicado
‘’Hacia un pacto nacional por la educación pública en Costa Rica’’
• Organizaciones en todo el país, convocan a una gran marcha pacífica para solicitar un “Pacto por la Educación Pública” y la defensa del presupuesto por constitución, para la sostenibilidad del sistema educativo en Costa Rica.
• La marcha será el próximo martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo del Parque de la Merced.
• Convocatoria conjunta del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las organizaciones del Magisterio Nacional y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva.
Ante la peor crisis educativa en los últimos 40 años y la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las organizaciones firmantes y presentes nos unimos para convocar a una gran marcha en defensa de la educación pública, como pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, a realizarse el martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo de la Iglesia de la Merced con rumbo a la Plaza de la Democracia.
El objetivo es realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública, mismo nos permita salir de la actual crisis educativa, así como una misiva ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre la no aceptación de recortes presupuestarios para la sostenibilidad de la educación pública, por el contrario, la búsqueda del fortalecimiento de esta.
Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores del país unamos esfuerzos para visibilizar la grave situación que atraviesa el país. La actual crisis educativa es histórica y multicausal, pero sus detonantes inmediatos pueden rastrearse en diversos eventos y omisiones a lo largo de al menos los últimos 13 años, pero siempre desde rezagos estructurales.
En síntesis; la crisis educativa se puede dividir en los siguientes ejes de afectación: crisis educativa y pedagógica, la crisis presupuestaria y de prioridad en política educativa, todas entrelazadas generando mayores retos que comprometen el futuro de las familias en este país y sus propias comunidades.
Nos encontramos ante escenarios país y educativos realmente alarmantes, encontramos serias limitaciones en el acceso a transporte, alimentación y una infraestructura adecuada en el sistema educativo público, lo anterior solo la punta del iceberg de la crisis, pues imposibilita a familias completas en el acceso a la movilidad social mediante la alfabetización primaria, secundaria y técnica, así como educación superior. Hoy se enfrentan negociones presupuestarias, que no garantizan crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo, así como una clara violación constitucional del 8% del PIB para educación pública que debe garantizarse su distribución ética en TODOS LOS NIVELES. Por tanto, no será de recibo que justifiquen los recortes, para trasladar a otros programas educativos, cuando todos deberían estar garantizados con el presupuesto que le corresponde por constitución.
No es casualidad, que veamos con preocupación las afectaciones directas que empiezan a sufrir los pilares de lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, desde las afectaciones al sistema de salud como la CCSS y su autonomía, el rechazo hacia una política de estado por la seguridad y soberanía alimentaria, la amenaza de las garantías laborales y derechos humanos mediante el proyecto de ley ‘’4×3 Jornadas flexibles’’, amenazas al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el terrible recorte de un 8% del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud, frente a la paradoja de un sistema de seguridad debilitado sin enfoque multisectorial y comunitario, con recursos limitados y con afectaciones graves en las garantías laborales del personal de seguridad en todo el país.
No obstante, desde la aplicación de la regla fiscal, han dejado secuestradas las funciones fundamentales de las instituciones públicas en el país, limitando su presupuesto y agravando a sectores que son motores de la economía en el país, o afectaciones a personas en riesgo social. Hasta ahora, la receta del Poder Ejecutivo, en este contexto país, ha sido el recorte presupuestario, la violación a la libertad de prensa e irrespeto a la institucionalidad, la Constitución Política y los Poderes Democráticos de la República en el país, generando un efecto adverso en las garantías sociales y laborales de las personas trabajadoras y habitantes del país, como parte de una estrategia clara en el debilitamiento del Estado Social de Derecho.
Por todo lo anterior, es urgente la generación de soluciones ante los múltiples retos de la educación pública, si buscamos sostener los pilares de la democracia y el Estado Social de Derecho, entre los que destacan: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, fortalecimiento de la educación técnica, participación comunitaria y multisectorial, articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.
Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, como establece la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un país mejor y no deje a nadie atrás.
Buscamos fortalecer el Estado Social de Derecho mediante la defensa del 8% que por Constitución, que le corresponde a Educación en Costa Rica, para ello, invitamos a todas las organizaciones sociales, productivas, estudiantiles, sindicales, multisectoriales, comunales, académicas, familias y sus comunidades, a sumarse a esta gran marcha por la educación pública.
¡MARCHEMOS A DEFENDER LO NUESTRO!
¡YO CONFÍO Y DEFIENDO LA EDUCACIÒN PÚBLICA!
Las organizaciones, familias y personas interesadas pueden aportar en la organización de la marcha, para ello pueden comunicarse mediante el siguiente correo: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com
13 de junio del 2023. Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.
Esto se negoció de esa manera, porque se incluyó en la cláusula segunda del acuerdo de la Comisión de Enlace para el financiamiento de la educación universitaria estatal (FEES) 2023, en la que se indica “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario y d) para la definición del 2024 se utilizará como base el establecido para el año 2023 con los ajustes correspondientes”.
Sorprende que el Gobierno en reiteradas ocasiones ha manifestado la mejora de la situación fiscal y económica del país para el presente año, no obstante en la reunión de la Comisión de Enlace del día de hoy, el Ministro de Hacienda indica que no pueden cumplir con ese 1% adicional debido a que la Asamblea Legislativa cuando aprobó el presupuesto de la República para el año 2023 lo hizo con la distribución propuesta por la Comisión de Hacendarios que era diferente a la del Ejecutivo.
Sin embargo, la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%, ampliamente divulgada por el Gobierno de la República en los medios de comunicación y mediante conferencias de prensa, no parece ser suficiente argumento para otorgar a la educación universitaria estatal el reconocimiento del 1% sobre el monto del FEES 2023, en cumplimiento del convenio vigente, cuyo monto es de 5.591 millones de colones.
Este monto compensaría en parte todas las afectaciones a los presupuestos universitarios estatales generados por la pandemia COVID-19 y su impacto en la situación financiera y fiscal del país, este monto representa apenas un 7% del total de dichos rebajos.
En lugar de sustentar el otorgamiento del 1% en la mejora fiscal y financiera se escuda para no hacerlo en argumentos atribuidos a la Asamblea Legislativa y específicamente a la Comisión de Hacendarios.
Por lo tanto, en la próxima sesión de la Comisión de Enlace, el CONARE y las universidades públicas presentarán sus observaciones y contraargumentos a la presentación del Ministro de Hacienda, con el objetivo de demostrar que no es justo ni válido escudarse en la Asamblea Legislativa para no conceder ese 1% adicional que permitiría atender necesidades básicas como lo son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para fortalecer la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación, la extensión y la acción social en atención de las necesidades específicas de las comunidades y de los grandes problemas nacionales.
Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical de la Caja Costarricense de Seguro Social
Trabajador Hospital San Juan de Dios, Servicio de Cirugía Ambulatoria
El día de la huelga (08 de junio 2023) en la sesión de 4 a 9pm la Junta Directiva de la CCSS invisibiliza al Gerente Financiero, una forma sutil de pedirle que se vaya de vacaciones o renuncie.
Y en la sesión del 09 de junio 2023, posiblemente en ese mismo horario, la ilegal Junta Directiva de la CCSS, toma un acuerdo de «solicitarle» a la asesoría jurídica de Junta Directiva (sin duda totalmente afín a Doña Marta Eugenia Esquivel), revise » la legalidad” del acuerdo de la Junta anterior que ordenó el pago del aumento salarial adeudado que fue cancelado en diciembre 2022 a la familia laboral de la CCSS.
Y para cerrar con broche de oro convocan a los sindicatos a reunión el lunes 11 de junio para proponerles «un proceso» de diálogo» que inicia el sábado 17 de junio 2023. Por favor seamos serios.
Desde la implementación de la regulación de las tasas de usura en Costa Rica, se ha observado una reducción notable en las tasas de interés en comparación con otros países de la región y a nivel global. A tres años de aprobada esta normativa, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), presentó un estudio con resultados de la implementación de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocida como la Ley contra la Usura Crediticia.
La regulación de las tasas de usura tiene como objetivo principal proteger a los consumidores y promover la estabilidad y la equidad en el sistema financiero, y rige desde el 20 de junio del 2020 (Ley N° 9859), siendo aprobada durante la pandemia por el COVID-19.
Dentro de las principales acciones, la ley busca proteger a los consumidores financieros, fomentar la transparencia, estimular la competencia, promover la inclusión financiera, reducir el endeudamiento excesivo, y mantener la estabilidad financiera.
El catedrático y coordinador del núcleo de investigación en Regulación y Políticas Públicas del CINPE, Leiner Vargas Alfaro, expuso los principales resultados desde su implementación.
Primero, en el caso de las tarjetas de crédito, las tasas de interés en Costa Rica han disminuido en promedio alrededor de 10 puntos porcentuales desde la implementación de la ley de usura. Esto ha permitido que las tasas de interés en el país sean más competitivas en comparación con las de otros países de la región, donde las tasas de interés de las tarjetas de crédito pueden ser significativamente más altas.
En el caso de los créditos personales, también se ha observado una reducción en las tasas de interés, aunque en menor medida que en las tarjetas de crédito. La disminución en las tasas de interés en los créditos personales ha mejorado la accesibilidad al crédito para una mayor cantidad de consumidores y ha estimulado la demanda de préstamos.
Por otra parte, esta regulación ha obligado a las entidades financieras a ser más transparentes en cuanto a las tasas de interés y otros cargos asociados a los préstamos, lo que ha permitido a los consumidores tomar decisiones más informadas al solicitar créditos.
“La mayor transparencia en el mercado financiero costarricense se ha dado en varios aspectos, principalmente en la divulgación de información sobre las tasas de interés y otros cargos asociados a los préstamos. Esto ha sido resultado de la regulación de las tasas de usura y otras medidas adoptadas por las autoridades regulatorias”, indicó Vargas.
Cabe destacar que al contar con información clara y detallada sobre las condiciones de los créditos, los consumidores pueden comparar diferentes opciones y elegir aquella que mejor se adapte a sus necesidades y capacidad de pago. La transparencia en la divulgación de las tasas de interés y otros cargos permite a los consumidores comparar fácilmente las ofertas de diferentes instituciones financieras. Esto incentiva a las entidades a ofrecer mejores condiciones y productos más atractivos para los consumidores, lo que beneficia a todo el mercado.
Para el economista del CINPE-UNA, tener información clara sobre las condiciones del préstamo, permite a los consumidores evaluar su capacidad de pago y tomar decisiones más responsables en cuanto al endeudamiento, evitando caer en situaciones de sobreendeudamiento.
“La regulación de las tasas de usura ha ayudado a mantener la estabilidad del sistema financiero al evitar que las entidades financieras asuman riesgos excesivos en busca de mayores rendimientos mediante tasas de interés elevadas. La protección de los consumidores y la reducción del endeudamiento excesivo son dos objetivos clave de la regulación de las tasas de usura en préstamos personales, tarjetas de crédito y microcréditos”, explicó Vargas.
En conclusión, el académico Vargas, señaló que hay desafíos pendientes, como por ejemplo el acceso al crédito para sectores vulnerables y pequeñas empresas, lo cual es crucial para promover la inclusión financiera y el crecimiento económico en Costa Rica.
UNDECA
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, secundada por el presidente, en un show político presenta un panorama desolador, que no corresponde a la realidad institucional para justificar:
1.- No pagarle a la CCSS la multimillonaria deuda que tiene con la Institución, certificada en casi 3 mil millones de millones, por la atención a la población más vulnerable de nuestro país.
2.- No trasladarle a la Caja los recursos, que, de conformidad con la Constitución Política y la Ley Constitutiva, el ministro de Hacienda está obligado a presupuestar y trasladar anualmente a la institución para la universalización de los seguros Sociales.
3- La Ley 7374 de 1993 trasladó del Ministerio de Salud a la Caja diez programas de atención primaria por un monto de ₡7 mil millones de millones, que el Estado no ha pagado.
4.- Además, a la Caja le adeudan una millonaria inversión en títulos valores del Ministerio de Hacienda, para la construcción de toda la infraestructura indispensable para la ciudadanía.
5.- La incompetencia para resolver las listas de espera y el deterioro de los servicios que promueve este gobierno, no lo pueden esconder mediante este tipo de maniobras.
6.- Sobre el tema de las mascarillas y el proceso de compra del edificio Océano, el sindicato UNDECA, entre otros, había realizado las respectivas denuncias.
7.- Sobre el pago de ajuste salarial a los trabajadores de la Caja, este fue autorizado por el Consejo de Salarios del Sector Público, con la firma de Rodrigo Chaves siendo ministro de Hacienda de Carlos Alvarado.
Rechazamos toda ofensa que denigra la función de los trabajadores de la salud pública que día a día salvan vidas, como en la reciente Pandemia de Covid-19.
Este gobierno sigue violentando la autonomía constitucional y la Junta Directiva de la Caja ha sido secuestrada por el gobierno de Rodrigo Chaves, hacemos un llamado al pueblo costarricense a defender esta institución.
San José, 14 junio 2023
A partir de este día la mayoría de los costarricenses podrán descargar en sus celulares la aplicación (app) de alerta para terremotos para Costa Rica, denominada Alerta Temprana de Terremotos en América Central, creada por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA), en conjunto con el Servicio Sismológico Suizo del Instituto Tecnológico Suizo en Zúrich y con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
Martino Protti, sismólogo del Ovsicori-UNA, explicó que esta es una aplicación gratuita y un servicio que brinda la UNA como complemento al trabajo de diseminación de información que realiza el OVSICORI-UNA, el cual es un sistema completamente automatizado que enlaza múltiples instrumentos y algoritmos y por lo tanto es susceptible a fallas técnicas.
Protti agregó que la aplicación es efectiva solo en distancias entre unos 50 y 150 km, dado que más cerca no hay tiempo para alertar y más lejos, aunque el sismo pueda ser sentido, no causará daños tan importantes como para que amerite una alerta.
La App funciona en dispositivos con sistema operativo Android versión 8.0 (Oreo) o superiores. Además, los dispositivos deben tener los servicios de Google Play para poder recibir las notificaciones; sino, no funcionará correctamente.
La App está disponible enhttp://www.ovsicori.una.ac.cr/ATTAC/ovsicoripublico.apk con el nombre OVSICORI-UNA Alerta de Terremotos.
Vicent Laurent, jefe de misión de la Embajada de Suiza en Costa Rica comentó que junto al Ovsicori el desarrollo de esta aplicación tuvo el apoyo técnico de la escuela politécnica federal de Zúrich en Suiza, con fondos de la cooperación Suiza en América Central. “Esperamos que esta ampliación pueda salvar vidas y sea un modelo para otros países latinoamericanos”, aseveró Laurent.
Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que esta herramienta viene a fortalecer los procesos desarrollados por la CNE en el país, como los simulacros, el plan familiar de emergencias, los grupos de búsqueda y rescate en Costa Rica. “Esta app nos brinda los segundos para reaccionar ante un evento sísmico para luego iniciar el proceso de evacuación de los inmuebles».
Si hay actualizaciones de la App, éstas serán notificadas por medio de la misma y también se publicarán en la página Facebook del OVSICORI-UNA, en conjunto con más detalles del sistema de alerta temprana de terremotos.
Tres tipos de alerta
El sismólogo agregó que sistemas similares, como parte de esta misma iniciativa, serán pronto liberados también en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En marzo de 2024 concluye el financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y, por lo tanto, los países deben asumir el costo del mantenimiento de las redes y de los algoritmos de alerta temprana.
Vídeo resumen de la conferencia de prensa:
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
Cuando la irracional intransigencia le gana a la razón
San José, 14 de junio de 2023:
“La violencia es el miedo a los ideales de los demás.” Mahatma Gandhi.
Costa Rica fue testigo, el pasado 12 de junio, de uno de los peores síntomas de la enfermedad que ya contagió a nuestra democracia, otrora la más consolidada de América Latina. Sin que mediara provocación alguna por parte del movimiento sindical ̶ más que la defensa del derecho de los trabajadores a una jornada laboral justa, a la institucionalidad democrática y a los ideales propios de nuestro Estado Social de Derecho ̶ , un grupo de enardecidos acólitos del oficialismo, desplegaron un oprobioso e injustificable acto de violencia política-simbólica en su contra, para lo cual llegaron a provocar a las inmediaciones de la sede de la ANEP (Asociación de Empleados Públicos y Privados), en la ciudad de San José.
Estos energúmenos buscaron irracionalmente generar una espiral de violencia con oscuros propósitos y con el fin de intimidar, coaccionar e imponer la agenda Neoliberal y Neoconservadora, en detrimento de las libertades básicas individuales, los derechos ciudadanos y las conquistas de la clase trabajadora. Está demostrado en los videos públicos exhibidos, que fueron estos fanáticos de alquiler quienes hicieron uso de la única herramienta que les quedaba ante su falta de razón y argumentos, y que muestra su verdadero rostro: el insulto, la descalificación personal, la amenaza mediante el grito y su retórica violenta.
Hacemos un llamado general a toda la Sociedad Civil costarricense para que, en aras de la cordura ciudadana y la tolerancia, no se deje llevar hacia este bajo y peligroso nivel de polarización antidemocrático.
Sin embargo, a la vez, instamos vehementemente al Ejecutivo a entender que esta no es la histórica vía costarricense de solucionar las diferencias políticas.
Les pedimos respetuosamente a todos los miembros del Ejecutivo y, en particular, al Sr. Presidente, que varíen su estilo de comunicación tan confrontativo y violento, pues es un pésimo ejemplo cívico y empodera y arenga a estos confundidos y manipulados costarricenses. Les solicitamos respetuosamente, que, por el contrario, dirijan al país, como es el deber constitucional de la Presidencia de la República y de acuerdo con la altura de su alta investidura nacional.
No se trata de alardear más en sus discursos de “quemar puentes” (sic), ni de llamar gratuitamente “Filibusteros” (sic) a la Oposición. Así no se gobierna en democracia.
La única vía costarricense históricamente exitosa, ha sido, es y será el Diálogo Social, el respeto al criterio disidente de la oposición y, sobre todo, a las organizaciones civiles y movimientos sociales, que son la base de cualquier democracia moderna y de su paz social.
Podemos y debemos manifestarnos, diferir y debatir, pero siempre con respeto por el Otro. Los “discursos de odio” y su lógica sólo han llevado a grandes tragedias sociales.
Los efectos de la violencia irracional no pueden ser otros que más irracional violencia hasta llegar a una espiral de violencia creciente al decir del gran pensador brasileño y latinoamericano, el arzobispo Hélder Câmara. Latinoamérica y Centroamérica están llenas de estos ejemplos trágicos; y nuestra Patria no fue la excepción en 1948.
Ningún grupo humano es dueño de la verdad absoluta; por lo que el respeto, en medio de las diferencias, es la única forma racional y ética de lograr consensos y construir el País más justo y solidario que todos y todas anhelamos.
Finalmente, hacemos un público y enérgico llamado a todas las fuerzas sociales y políticas costarricenses, a no instrumentalizar más el Fanatismo religioso, para no manipular a ciertos grupos desinformados y extremistas. Los Fundamentalistas e Integristas religiosos siempre han sido adalides no sólo de su propia agenda cultural y social Neoconservadora, sino que, además, son peones ciegos de la agenda económica Neoliberal. Para esto precisamente fueron creados, financiados y fue estimulado su crecimiento internacionalmente, en medio de la anomia social y los vacíos colectivos existentes.
Recordamos que algunos pocos de estos grupos Fundamentalistas se han infiltrado no sólo en el Sector Público sino incluso, desafortunadamente y frente a los vacíos ideológicos existentes, hasta en una minoría del Sindicalismo. El Sindicalismo debe ser diverso y plural ideológicamente, pero hacemos un llamado de atención a todas las organizaciones sociales y sindicales en general, a estar siempre vigilantes frente a la intromisión del Fundamentalismo y del Fanatismo religioso, y su agenda Neoconservadora. La Desinformación ideológica, la despolitización reinante y los prejuicios socialmente inerciales tampoco ayudan.
Por lo demás, y en medio de nuestras naturales particularidades, queremos proclamar que éste es el momento justo y necesario para, precisamente, articular nuestras diferencias en un interés común superior y patriótico. Hacemos un llamado urgente al Diálogo Social y a la amplia unidad de todas las fuerzas populares con vocación democrática y humanista, para juntos/as rescatar y defender al Estado Social y Democrático de Derecho y al mismo Estado de Derecho.
Por todo lo anterior, insistimos en hacer un llamado público nacional e internacional a la solidaridad militante con los y las compañeros/as de la ANEP, sindicato histórico de lucha sociopolítica en Costa Rica, así como a rechazar cualquier acto violento e irracional contra cualquier otra organización sindical y social.
Responsabilizamos de todo este clima de polarización política nacional directamente al estilo de Gobernanza de la administración Chaves, a sus imposiciones Neoliberales causantes de la creciente, aunque heredada, Desigualdad y a su Campaña de Desinformación sostenida.
En consecuencia, nos declaramos vigilantes del carácter del ejercicio del poder de esta Administración con franca vocación autoritaria. Tal y como lo habíamos advertido de forma consecuente, previo a la Segunda Ronda Electoral del 2022.
Fraternalmente, por la Mesa Coordinadora del Encuentro Democrático:
Sr. José Solano Saborío, Sra. Johana Hernández, Sra. Tatiana Herrera Ávila, Sr. Jiddu Rojas Jiménez-
“Un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense», así califica el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR al estudio de Incopesca que aumenta de 34 a 234 las especies susceptibles de explotación comercial. La Universidad de Costa Rica rechazó el nuevo estudio sobre pesca de arrastre hecho por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, denominado «Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024″ en relación con la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas de Costa Rica.
La lista fue publicada el pasado 28 de abril en el Diario Oficial La Gaceta, e incluye flora y fauna proveniente de diversos grupos, tales como: peces, crustáceos, macro algas, micro algas, zooplancton, cnidarios, equinodermos, esponjas, anélidos, reptiles, anfibios y moluscos. Para la UCR, esa nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense. “Dicho estudio carece de la rigurosidad científica para determinar la viabilidad de este tipo de pesca en el país” y se señala al Gobierno de la República la importancia de que los nuevos estudios que se realicen sobre la pesca de arrastre se elaboren con la rigurosidad científica correspondiente.
Del mismo modo, el pronunciamiento de la UCR señala que diferentes instancias especializadas de las universidades públicas del país han brindado criterios en torno a esta seria de problemáticas:
Además, la UCR también señala que el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°14 de la Agenda 2030, establece la necesidad de proteger la vida submarina, debido a su rol fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. No obstante, este se ha visto limitado por la gran cantidad de contaminación y la sobreexplotación de la población marina, la cual afecta a los medios de vida de más de 3 000 millones de personas en el mundo, las cuales dependen de la biodiversidad marina.
María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
14 de junio 2023. Vía decreto el gobierno de Rodrigo Chaves excluye a la Red de Coordinación de Biodiversidad (RCB) de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), y a cambio, introduce a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). Esta grave decisión realizada sin consulta previa reduce la participación ciudadana, e incrementa la influencia de intereses privados sobre un espacio de decisión fundamental que regula la biotecnología agrícola. Este cambio en la balanza sucedió vía decreto N° 44020-MAG publicado en la Gaceta N. 105, este martes 13 de junio, donde se reformó el artículo 112 del Reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado.
El gobierno de Rodrigo Chaves elimina una representación del sector ambiental para sumar la participación de la CNAA, que dicho sea de paso tienen entre sus filas a las grandes transnacionales de los agrotóxicos y los transgénicos. Es decir, el MAG incorpora a la CTNBio una representación que tiene conflicto de intereses dentro de la comisión, pues la mayoría de los permisos en revisión por la misma son solicitados por los miembros de la Cámara de Agricultura y Agroindustria.
Es importante recordar que gracias a la participación de integrantes de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON) en la CTNBio, se pudo alertar en el 2012 a la población costarricense sobre la solicitud hecha por la subsidiaria de Monsanto, Delta & Pine Land Semillas Ltda., para sembrar maíz transgénico en Chomes de Puntarenas. Lo cual fue recibido como una amenaza a la cultura del maíz muy presente en la zona. Gracias a esta alerta, organizaciones sociales y ambientales gestaron distintas acciones, como la Caminata en Defensa del Maíz, logrando detener el maíz de Monsanto y así proteger las semillas nativas o campesinas de una posible contaminación genética. Las movilizaciones sociales presionaron para que se lograra el 25 de julio del 2014, «Declarar al maíz (Zea mays), en sus variedades autóctonas (nativas y criollas) como Patrimonio Cultural de Costa Rica» (Nº 38538-C-MAG). Además, se ganó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional expediente 12-017013-0007-CO en el cual los magistrados dieron la razón a los argumentos ecologistas para proteger el maíz criollo de la amenaza de contaminación transgénica. Gracias a la participación de las organizaciones ecologistas se ha podido contar con la participación de especialistas en la materia como el Dr Jaime García, catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Entre el 2013 y el 2015, alrededor del 92% de las municipalidades adoptaron declaratorias de territorios libres de transgénicos. En el año en curso, se sumaron los cantones de Los Chiles y Paraíso de Cartago. En total, 74 cantones, de los 81 existentes, han emitido declaraciones municipales declarándose libres de cultivos transgénicos.
Este decreto de la administración Chaves-Robles contradice la resolución Nº 15017 – 2014 de la Sala Constitucional, que dispuso en un voto histórico, como obligatoria la participación social en materia de liberación de transgénicos al ambiente. Además, el artículo 47 de la Ley de Biodiversidad, que se complementa con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en las acciones cuyo propósito sea la protección del ambiente.
La participación ciudadana en el proceso de tramitación implica el acceso a la información relacionada con dichos procesos, posibilidad de incidir en la toma de decisiones y la fiscalización de las acciones en cuerpos colegiados. Este decreto ejecutivo representa un retroceso y una afrenta a tratados internacionales ya ratificados por Costa Rica como: el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Cartagena, específicamente en temas de evaluación de riesgos, tecnologías y participación ante la protección de la salud humana y los ecosistemas frente a posibles efectos adversos de los OGMs.
