El pasado 23 de mayo, se realizó el Foro: «Amenazas para el Sistema de Pensiones Costarricense: Consecuencias y Estrategias para su Defensa», organizado por el Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional. En dicho evento se contó con la participación de la Gerencia de Pensiones de la CCSS y la Junta Administradora del Fondo de Pensiones del Poder Judicial.
Al cierre de este evento las organizaciones gremiales concluyen que hay un claro ataque del gobierno al Magisterio Nacional, que se hace más evidente con las 9 iniciativas de ley que se encuentran en la corriente legislativa, las cuales no solucionan integralmente el tema de pensiones, sino que ponen en riesgo la seguridad social de la población por los cambios en los regímenes básicos de pensiones que pretenden.
«Con este análisis quedó claro que la seguridad social está siendo desmantelada. Esto llama al Magisterio Nacional además de las personas trabajadoras del Poder Judicial a unirse para dar una lucha en la defensa de los regímenes especiales de pensiones, una lucha que no puede esperar, tiene que ser ahora y en las calles de ser necesario», así planteó la dirigencia del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional. Hacemos un llamado al señor Presidente de la República y a su diputada interlocutora Pilar Cisneros, para que no mancille la labor, honestidad, vocación y dignidad del Magisterio Nacional con mentiras y frases populistas dirigidas al pueblo, que pretenden lograr su aceptación en reformas a los regímenes pensiones y jubilaciones.
Ya basta de su discurso populista sin ofrecer soluciones integrales a los problemas sociales, económicos y políticos que requiere este país. Les invitamos a preocuparse por atender correctamente los problemas estructurales que asfixian al pueblo como por ejemplo: mejorar nuestro sistema educativo, fortalecer a la CCSS, reactivar la economía, generar empleos dignos, eliminar la pobreza, proteger al pequeño y mediano productor, mejorar y proteger nuestra soberanía alimentaria entre otros.
Las personas trabajadoras de la educación son quienes que han formado a este país, los que han cruzado ríos y montañas para llevar el conocimiento a nuestro pueblo, los que han dedicado años para formarse y llevar a las aulas de primaria, secundaria y Universitaria la formación para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La pensión que hoy disfrutan es merecida con creces, pagaron por ella, han cotizado toda su vida.
Queremos que los políticos dejen en paz a las pensionadas y los pensionados del Magisterio Nacional, ya que muchos pertenecen a la población adulta mayor, también pedimos respeto para todas las personas trabajadoras de la educación.
Basta ya de proyectos de Ley nefastos como el 23.625 presentado por el Sr Diputado Rodrigo Arias y el 23.733 presentado por la Sra. Diputada Pilar Cisneros, los cuales pretenden en contubernio con la SUPEN, desmantelar el Régimen de Capitalización Colectiva al reducir las cotizaciones estatales o patronales. Su objetivo es llevarnos a la unificación de regímenes, así lo dijo la Superintendente de Pensiones Rocío Aguilar al asumir el cargo.
El Foro de Presidentes y Secretarios Generales de las Organizaciones del Magisterio Nacional, deja claro que de ninguna manera permitirá más ataques de cualquier índole, que perjudiquen el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional.
Defenderemos hasta las últimas consecuencias nuestros derechos, nuestro Régimen de Pensiones y nuestro sistema educativo público, basta ya de ataques, basta ya de injurias, basta ya de confusión a la opinión pública.
Señor Presidente, señoras y señores políticos que persiguen al Magisterio Nacional: están provocando con sus desacertadas decisiones un clima social muy inconveniente para la paz, no destruyan este país; investiguen, infórmense, para que puedan tomar decisiones acertadas. Trabajemos por la paz y edifiquemos un país más justo, sin llegar a una convulsión social.
El programa radial “Alternativas” le invita a sintonizar: “Guatemala entre las sombras: Panorama Político”, el próximo viernes 9 de junio de 2023 a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), por Facebook Live Alternativas, también a través de las diferentes plataformas digitales y en la retransmisión radial por medio de Radio La Gigante 8:00 a.m. el próximo sábado.
El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica-COLPER, abre el diálogo y foros de trabajo para construir el Código de Ética para las 7 Profesiones del COLPER.
Imagen aportada por la Oficina de Comunicación, Universidad Nacional.
CARTA ABIERTA
Asistencia social, Educación y Cultura para niñas, niños y personas adolescentes, sin discriminación: pilares del Desarrollo Humano y la prosperidad en Costa Rica
Señoras y señores
Diputadas y diputados
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Pilar Cisneros Gallo; Jefa de Fracción, Partido Progreso Social Democrático (PPSD)
Óscar Izquierdo Sandí; Jefe de Fracción, Partido Liberación Nacional (PLN)
Alejandro José Pacheco Castro; Jefe de Fracción, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
Sofía Guillén Pérez; Jefa de Fracción, Partido Frente Amplio (PFA)
Fabricio Alvarado Muñoz; Jefe de Fracción, Partido Nueva República (PNR)
Eli Feinzaig Mintz; Jefe de Fracción, Partido Liberal Progresista (PLP)
Carlos Felipe García Molina; Presidente, Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia
Monserrat Ruiz Guevara; Presidenta, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos
Paulina Ramírez Portuguez; Presidenta, Comisión de Asuntos Hacendarios
Estimadas señoras y señores:
Reciban un saludo atento de parte de las instancias y organizaciones que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica.
Esta comunicación tiene por motivo externar y hacerles traslado formal de nuestra preocupación y rechazo categórico frente a los recientes anuncios del Ejecutivo sobre decisiones presupuestarias de recortes que, aunque puedan estar fundamentadas en buenas intenciones, de ser aprobadas y puestas en vigencia, sus implicaciones vulnerarían derechos de las personas menores de edad y ocasionarían un impacto negativo en sus trayectorias de vida y en sus posibilidades de desarrollo óptimo, contrario al compromiso que adquirimos como país al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y otros instrumentos jurídicos conexos.
Nuestra preocupación y rechazo se refiere a los siguientes hechos:
Según el Informe de Monitoreo de la Contraloría General de la República DFOE-CAP-MTR-00001-2023, el presupuesto del sector educación para 2023 es el más bajo de los últimos 9 años respecto al PIB y decrece un 1,2%, en relación con el presupuesto inicial de 2022 (ver: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023002148.pdf).
Adicionalmente, señala el Informe citado, que el presupuesto 2023 de becas y subsidios para el sector educación decrece un 5,1% respecto al 2022, generando una posible disminución de 3,8% en la cantidad de beneficios a estudiantes. Indica esta fuente también, que la partida de transferencias refleja una disminución neta de 2,2% para 2023, siendo las correspondientes a Juntas de Educación y Administrativas las de mayor disminución (3,4%). Esto acarrea el riesgo de una posible afectación, entre otros, del servicio de subsidios de transporte a estudiantes, pues los recursos solo cubren las necesidades del primer semestre de 2023.
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR, 2023) estima que el recorte de becas producirá que 5.866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza. Esto significa que 12.000 personas menores de edad ingresarán a esa condición, y ante la falta de recursos, unos 7.000 estudiantes de colegio dejarían las aulas.
Aunado a lo anterior, y estableciendo el contexto en el que se dan estas decisiones, distintas entidades han señalado en los últimos meses, un aumento de las condiciones de pobreza extrema de la población más vulnerable, así como la constante salida de personas de la fuerza de trabajo.
Según el análisis del mercado laboral y pobreza en Costa Rica del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, se evidencia un aumento en la pobreza extrema en el país, del 6% al 8% durante el último semestre de 2022 (IICE-UCR, 2023; ver: https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/informe_mercado_IV_2022_1.pdf), además, la última medición trimestral de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, refleja una constante salida de personas del mercado laboral, que en comparación con el mismo periodo de 2022, refleja que más de 190 mil personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo (INEC, 2023; ver: https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-05/coECE_FMA2023_01062023.pdf), todo ello sumado a un contexto en el que se presenta una pérdida del 6% del poder adquisitivo o de compra, descrito como una pérdida de los salarios reales en términos interanuales, según el Informe de Política Monetaria presentado por el Banco Central de Costa Rica en abril pasado (BCCR, 2023; ver: https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM-abril-2023-informe.pdf).
En este respecto, existe abundante evidencia científica nacional e internacional que demuestra el impacto negativo que tiene la reducción de la asistencia social en las condiciones de vida de las familias en pobreza, especialmente en el bienestar y progreso de sus integrantes menores de edad. Entre los principales hallazgos se tienen:
Los programas de ayuda económica y cuido permiten a las familias más pobres y vulnerables un respiro en medio de sus difíciles circunstancias. Cuando estos sufren una reducción, estas familias quedan desamparadas frente a sus dificultades para poder mantener a sus hijas e hijos estudiando y recibiendo servicios de estimulación y aprendizaje, los cuales son cruciales para que puedan romper los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza (Banerjee & Duflo, 2012i).
Las personas en condición de pobreza ven perjudicada gravemente su capacidad cognitiva, pues la carga mental de su situación de carencia económica les impide disponer eficazmente de sus recursos cognitivos, lo cual les dificulta pensar claramente y les lleva a tomar decisiones perjudiciales para su propio bienestar (Mani et al., 2013ii). Además, cuando la condición de pobreza es crónica y ocurre desde la infancia, sus efectos neuronales son destructivos, pues afectan gravemente al cerebro de forma estructural y funcional (Center on the Developing Child, 2007iii; Lipina, 2021iv).
En el caso de los niños y las niñas, una investigación reciente en Costa Rica encontró que las carencias socioeconómicas están asociadas a un menor desempeño en tareas de autorregulación, lo cual perjudica su desempeño educativo y afecta su comportamiento negativamente (Chaverri-Chaves et al., 2022v), dificultando su avance y superación. Es decir que:
las necesidades económicas no satisfechas perjudican la capacidad de autocontrol, lo que a su vez afecta negativamente el comportamiento social, el desempeño cognitivo y el aprendizaje en niños, niñas y adolescentes; y
los entornos inestables y de pobreza disminuyen la capacidad de niñas y niños de controlar su comportamiento, en parte por el aumento en sus niveles de estrés, lo cual les lleva a ser más impulsivos y a centrarse en lo inmediato, mostrando un comportamiento menos autorregulado (Chaverri-Chaves et al., 2021avi, Chaverri-Chaves, 2021bvii).
Por otra parte, la evidencia es igualmente amplia en demostrar que los programas de cuido, estimulación y apoyo a la crianza de las niñas y los niños producen efectos positivos en el corto y largo plazo (Gertler et al., 2014viii; Chaverri-Chaves et al., 2018ix), y entre más temprana su intervención en la vida y mejor su calidad, mejores son sus resultados a largo plazo (Heckman & Mosso, 2014x). En consecuencia, este tipo de programas, cuando se implementan con calidad y a gran escala, representan, más que un gasto, una inversión con resultados favorables tanto para el desarrollo individual como para el desarrollo social y económico.
En consideración de todo lo anterior, las organizaciones que suscribimos esta comunicación, hacemos un llamado urgente al Poder Legislativo que ustedes representan, como autoridades con voz y voto para decidir el rumbo que toma la política nacional en sus disposiciones, para que hoy más que nunca, valoren y actúen de conformidad ante el hecho innegable de que en Costa Rica resulta imprescindible que las medidas presupuestarias que afecten instituciones con mandatos en niñez y adolescencia, sean siempre tomadas en apego a las obligaciones adquiridas por el Estado Costarricense en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que tutela los derechos de este sector fundamental del desarrollo nacional
De igual manera, desde una visión de inversión social estratégica, es claro que en lugar de recortar presupuestos en programas esenciales para el buen desarrollo de niñas, niños y adolescentes, se deben tomar decisiones basadas en evidencia (Chaverri-Chaves et al., 2020xi), no solo en función de abordar necesidades y problemas presentes, sino también pensando en su impacto en el corto, mediano y largo plazos.
Por supuesto que no podemos estar de acuerdo con el traslado de fondos del MEP y Cultura para abordar temas de seguridad y lucha contra la criminalidad, cuando los pilares de prevención de la delincuencia son precisamente la Educación y la Cultura. Tampoco podemos aceptar el argumento de la sub-ejecución como respaldo a las decisiones de recorte en instituciones y programas que benefician a los sectores de la población más vulnerables, cuando la sub-ejecución lo que evidencia son las dificultades de eficiencia en dichas instituciones (lo cual debería ser el foco de atención y de mejora), pero no la ausencia de necesidades de la población, como a veces se da a entender.
Por todo lo anterior, las organizaciones aquí representadas, solicitamos la intervención pronta, diligente y responsable de sus despachos en la toma de las acciones que estimen necesarias para prevenir o corregir, según se trate, los recortes presupuestarios que motivan nuestra preocupación y rechazo, tal como queda aquí documentado.
¡La Patria, las niñas, los niños y las personas adolescentes así nos lo demandan!
Dado en San José, a los ocho días del mes de junio de 2023.
/
Sra. Angie Cruickshank Lambert; Defensora de los Habitantes de la República
Sra. Gloriana López Fuscaldo; Ministra de la Niñez y la Adolescencia
Sr. Nogui Acosta Jaén; Ministro de Hacienda
Sra. Anna Katharina Müller Marín; Ministra de Educación
Sra. Yorleni León Marchena; Ministra de Desarrollo Social
Sra. Marta Acosta Zúñiga; Contralora
Medios de Comunicación
i Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2012). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs.
ii Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041
iii Center on the Developing Child (2007). The Impact of Early Adversity on Child Development. Recuperado de www.developingchild.harvard.edu
iv Lipina, S. J. (2021). Pobre cerebro: Lo que la neurociencia nos propone pensar y hacer acerca de los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional. Siglo Veintiuno Editores.
v Chaverri-Chaves, P., Conejo, L. D., León-González, S. P., & Arrieta-Ávila, L. A. (2022). Delay of Gratification in Costa Rican Preschoolers: Effect of Trust in the Experimenter and the Socio-Economic Status (Postergación de la gratificación en preescolares costarricenses: efecto de la confianza en el experimentador y el estatus socioeconómico). Journal of Applied Cognitive Neuroscience, 3(1), e00224586. https://doi.org/10.17981/JACN.3.1.2022.04
vi Chaverri-Chaves, P., Barrantes Pereira, R., & Conejo, D. (2021a). El test de la golosina en contexto: ¿cómo influye el entorno social en la toma de decisiones y el autocontrol? Ciencias Psicológicas, 15(2). https://doi.org/10.22235/cp.v15i2.2486
vii Chaverri-Chaves, P. (2021b). La educación en la pandemia: ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1–22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725
viii Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178
ix Chaverri-Chaves, P., Conejo D., Molina, I. (2018). Informe de evaluación experimental del programa Familias en Acción (FAMA) de la Academia de Crianza del PANI (pp. 1-196). INEINA-Universidad Nacional.
xi Chaverri-Chaves, P., & Arguedas Ramírez, A. (2020). Políticas Públicas Basadas en Evidencia: una revisión del concepto y sus características. Revista ABRA, 40(60), 49-76. https://doi.org/10.15359/abra.40-60.2
Se le invita a participar de los talleres de culminación del proyecto de “Empoderamiento a través del uso de la bicicleta”. Estos se realizarán el día sábado 10 de junio; habrá un horario en la mañana a las 9: 00 a.m. y otro por la tarde a las 2 p.m, para que pueda acomodar el que mejor les quede en su agenda.
Los talleres de la mañana se realizarán en el colegio Anastasio Alfaro, Montes de Oca, y por la tarde en el Salón Comunal de San Marino de Montes de Oca.
La sesión está dividida en 3 partes:
Mecánica de bicis: esta es una inmersión profunda para saber todos los tips y trucos para reparar tu bici. (Y si tienen algo que reparar de una vez la traen para resolverlo)
Defensa personal: herramientas para la seguridad personal, sobre todo dirigida a las mujeres, pero bienvenidxs todxs.
Nuestro barrio y comunidad caminable y costeable: diseño ciudadano para mejorar y crear espacios inclusivos, seguros y amables en Montes de Oca.
Si nos puede acompañar, confirme por este medio: WhatsApp 8823 4501.
Como parte del proyecto: “Análisis de los efectos económicos, ambientales y sociales del Turismo y la Cultura en Costa Rica”; la académica de la Escuela de Economía UNA, María Fernanda Vega Solano, comparte un análisis de la cultura como eje central para el desarrollo sostenible de la economía en el país.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cultura abarca desde los grandes y famosos museos y monumentos históricos, hasta el arte contemporáneo y las prácticas de patrimonio vivo. Es el alma de una sociedad, tiene la potestad de unir a la gente por medio de los museos, teatros u otros. Además, nos ayuda a definir quiénes somos y nos brinda una identidad ante los demás; la cultura tiene muchos beneficios, de los cuales una gran parte son personales.
La participación en actividades culturales durante etapas tempranas mejora las habilidades, aumenta la autoestima y se convierte en un motor de superación importante para quienes se encuentran en riesgo social, estudios como el de Díaz y Ledezma (2019), demuestran que los estudiantes que participan en este tipo de actividades tienen más posibilidades de avanzar en sus estudios, es un aprendizaje para toda la vida, les permite una mejor comprensión de la historia y fortalece sus competencias blandas.
Por su parte, cuando se trata de adultos mayores se ha demostrado que el arte trae consigo grandes beneficios, potencia la habilidad mental (razonamiento, memoria, pensamiento creativo), se convierte en un alivio a dolores de carácter emocional, ayuda a la mejora de la motora fina, es un factor fundamental para una adecuada salud mental y le da sentido a la vida de esta población tan vulnerable, pero que aumenta día a día.
Aun cuando en la Agenda 2030 no se plantea la cultura de manera explícita, se ha convertido en un eje transversal de este proyecto mundial, por tanto, la UNESCO en el 2022 elaboró el documento denominado “Re|Pensar las políticas para la creatividad: Plantear la cultura como un bien público global” donde el objetivo 3 específicamente establece “integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible” y menciona que los datos recolectados evidencian que la cultura brinda recursos para el desarrollo local, hecho que potencia el progreso de los países y contribuye al crecimiento económico y la innovación.
La inversión en cultura es relativamente baja a nivel mundial, no supera el 1% del PIB, son pocos los países que como Estonia, Hungría, Dinamarca, Francia y España destinan más de 1% al sector; a nivel de Latinoamérica, un estudio realizado por Aguayo y Argüello (2021), demuestra que el gasto público en cultura rondó el 0,1% del PIB en 2020, y que Costa Rica es el país que mayor inversión cultural realizó en 2020 con 0,94 %, seguido de Chile con 0,87 %.
Costa Rica, en su Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026, cuenta con 3 metas sectoriales en cultura, y que están en su totalidad vinculadas a los ODS; el propósito está en aproximar las instituciones culturales a la población costarricense, principalmente a las periferias. Uno de los objetivos definidos para el sector está relacionado con el apoyo para emprendimientos e iniciativas culturales y artísticas, a partir de capacitaciones e incentivos económicos que estimulen, dinamicen y potencien la producción artística y la gestión cultural.
Pese a lo anterior, recientemente el ministro de Hacienda informó que el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica sufrirá un recorte a su presupuesto 2024, mismo que fue reducido cerca de 2% para el 2023. Estos recortes atentan contra la funcionalidad de una serie de entidades como son el Teatro Nacional, el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), el Museo de Arte Costarricense, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, entre otras instituciones adscritas al Ministerio de Cultura y Juventud.
La cultura fortalece nuestra identidad, brinda oportunidades a quienes viven de su creatividad y talento, tiene un valor dual al poseer un valor económico y un valor simbólico que contribuye al desarrollo integral de los países, por tanto, no es un gasto es una inversión y debe ser tomada como tal, respetando lo establecido en las políticas nacionales y con miras al cumplimiento de lo estipulado en la Agenda 2030.
Costa Rica, el país que condimenta la malnutrición con el alto precio de los alimentos
Un conversatorio en la UCR abordó los desafíos del país y las soluciones nacionales que actualmente se llevan a cabo
Los datos del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) divulgados a inicios del 2023 mencionaron que la inflación en Costa Rica aumentó y, además, se agravó por las restricciones de suministro global y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Esa situación de inflación, por supuesto, puede cambiar durante el año. Las expectativas a 12 meses comunicadas por el Banco Central de Costa Rica muestran pronósticos más alentadores.
Sin embargo, desde la mirada nutricional, la inflación (aunque sea en porcentajes menores) es un hecho que persiste y afecta en el precio de los alimentos y la energía, los que más tienden a subir según explica la OCDE.
¿El resultado de esas dinámicas económicas? Para las y los especialistas la respuesta es solo una: una influencia directa en la inseguridad alimentaria y nutricional de la población.
Así se habló en el conversatorio “Sumando acciones hacia la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional (SSAN) desde los gobiernos locales”, liderado por la Escuela de Nutrición, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva —ambas de la Universidad de Costa Rica (UCR)— y la Red de Economía Social Solidaria (RedESS).
Durante el conversatorio, en el cual participaron profesionales del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Red Costarricense de Agricultura Familiar y la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las y los profesionales analizaron los importantes desafíos que vive Costa Rica en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Los datos son claros.
Si se hace una cuidadosa revisión estadística en la tabla de la OCDE, esta indica que en enero del 2023 la inflación de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas de Costa Rica se posicionó con una cifra de inflación del 18.5 %.
Dicho porcentaje, uno de los más elevados, hizo que nuestro país ocupara el lugar número 17 entre las naciones de la OCDE con mayor inflación en ese mes de enero. Esta tendencia no era nueva y ya se venía registrando meses anteriores.
En agosto del 2022, por ejemplo, la OCDE comunicó que la inflación en el precio de los alimentos en Costa Rica alcanzó el 22.5 %, lo que ubicó a nuestro país en el top de las naciones con uno de los mayores aumentos registrados.
Lo anterior es especialmente importante ante un contexto en el cual los salarios e ingresos de la población no suelen aumentar tan rápido como la inflación.
“Si le decimos a las personas compren frutas y vegetales, pero la estructura de precios en nuestro país no lo permite porque somos uno de los que tienen los más altos costos de los alimentos —que son el pilar del sistema alimentario— es claro que se va a afectar la seguridad alimentaria nutricional a nivel nacional, especialmente a las poblaciones más vulnerables”, dijo la Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias del Ministerio de Salud.
Por fortuna, en los últimos tres meses de febrero, marzo y abril de 2023, la misma OCDE registró una dinámica diferente con datos más positivos. Los porcentajes de inflación fueron 14.3 %, 12.3 % y 9.9 %, respectivamente para cada mes. Sí, los porcentajes son menores pero el fenómeno de inflación continúa.
¿Una posible solución? Fortalecer el consumo de alimentos nacionales y de temporada. Esto ayudaría no solo a dinamizar la economía local y alimentos a un menor costo, sino también a incentivar una alimentación saludable, un punto en el cual Costa Rica ha estado bastante alejado.
Dicha condición de sobrepeso y obesidad aumentó en todas las naciones de la región de América Latina y del Caribe entre 2000 y 2016, donde Costa Rica, Haití y República Dominicana predominan con un aumento significativo en más de 10 puntos porcentuales, señala la FAO.
Lo mismo refleja el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (Elans), al respaldar en Costa Rica el problema de obesidad. Por supuesto, la población infantil tampoco es la excepción. El censo de Peso y Talla reveló en el 2016 que más de 118 000 escolares tienen sobrepeso y obesidad. Algunas personas profesionales en nutrición desde el 2019 ya catalogaban este fenómeno en Costa Rica como una “epidemia de obesidad”.
¿Los lugares más afectados con esa “epidemia”? Cuatro de los distritos con los índices más bajos de desarrollo social (IDS): Zapotal, Picares, Caldera y Desamparaditos, zonas cuya prevalencia de obesidad es superior al 50 %, según el Censo de Peso y Talla 2016. Así, no es de extrañar que el alto precio de los alimentos incida en la malnutrición. Para algunas familias las comidas baratas y poco nutricionales son sus únicas opciones.
¿Y qué está haciendo el país?
La respuesta es solo una: mucho. Ante los desafíos económicos, una de las iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional es la agricultura familiar.
Actualmente, la agricultura familiar es uno de los principales generadores de alimento en el país pero, al mismo tiempo, uno de los más inseguros y pobres, expresó la Lic. Karen Rodríguez, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
De acuerdo con la FAO, más del 70 % de los alimentos en la región de América Latina y el Caribe se genera a raíz de la agricultura familiar. En Costa Rica, los datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) expresan que aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar. Estas representan un 26 % de la extensión total de uso agropecuario del país.
Sin embargo, a pesar de esa importante contribución, el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030 del MAG informa que en la región seis de cada diez de los hogares, que dependen de la agricultura, viven en situación de pobreza e inseguridad. Precisamente, por esa razón nace este Plan Nacional, con el fin de cambiar esta realidad, disminuir la pobreza que vive el sector, dinamizar la economía y favorecer la nutrición a nivel nacional.
“La agricultura familiar es un modo de vida. En Costa Rica esta se relaciona con familias rurales, urbanas, y periurbanas a nivel de población indígena, afrodescendiente y, también, con las organizaciones que promueven la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, tanto en la familia como en la población. La agricultura familiar tiene tipologías como el autoconsumo o el mercado para comercializar. No hablo solamente de las huertas familiares, sino en diferentes agronegocios”, ahondó la Lic. Rodríguez, quien además coordina el Plan Nacional desde el MAG.
La experta dijo que el plan actualmente está conformado por 36 intervenciones y ocho pilares estratégicos. Todos ellos, además de fortalecer a las familias, propician el desarrollo territorial mediante el apoyo de la infraestructura productiva, incubación de microempresas familiares y el fomento del emprendimiento en mujeres y jóvenes.
Asimismo, robustece el desarrollo de mercados locales, las alianzas entre el sector público y privado, el fomento de la asociación de los productores familiares y hasta la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional.
En este sentido, Wagner Suazo Chanto, de la Red de Economía Solidaria de Costa Rica, concuerda. Además, agregó el componente de economía solidaria que está directamente conectado con el tema de la agricultura familiar. Esto es especialmente importante si se conoce que el país tiene 736 asociaciones de productores identificadas, un número bastante considerable con base en la última estadística del 2017 de Infoagro.
“La producción de alimentos es, esencialmente, asociativa y está presente hasta en el tema de la comercialización. En el país existen 85 ferias del agricultor. Esto quiere decir que siguen siendo un espacio de comercialización y de acceso a los alimentos importantes de manera directa y, en muchos casos, sin intermediarios. También, organizadas por asociaciones o centros agrícolas cantonales”, expuso Suazo.
¿El impacto económico para las familias? Mucho. Suazo mostró que el 5 % del ingreso de los hogares proviene de la producción para el autoconsumo, donación y trueque. En cambio, para los hogares de menores ingresos, este porcentaje de ingreso se eleva considerablemente a un 12 %, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018-2019.
“Estamos hablando de unos 40 000 o 50 000 colones por hogar dependiendo si es rural o urbano. Esto juega un rol importante para que las personas mejoren su situación”, añadió.
En Costa Rica, aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar.
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
Una guía
A esas acciones de agricultura familiar y economía solidaria se le suma otra: las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios de Costa Rica del Ministerio de Salud, que iniciaron su implementación en 1997.
La Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión, manifestó que las guías alimentarias reconocen la necesidad de reforzar prácticas y hábitos alimentarios nutricionalmente adecuados como el consumo de frutas y vegetales.
Además, se orientan en promover la modificación de aquellas prácticas inadecuadas como el consumo excesivo de sal o azúcar e, incluso, motivar la incorporación de nuevos alimentos. “Especialmente, revitalizar toda la agricultura, los alimentos autóctonos tradicionales y la incorporación de nuevas prácticas alimentarias”, comentó la Dra. Madriz.
Por supuesto, la especialista fue clara que se deben intervenir los sistemas alimentarios y el entorno para generar los medios y las condiciones que le permitan a la población tomar decisiones más saludables. Una de esas condiciones está en el precio de los alimentos si lo que se busca es tener un impacto integral.
“En las guías partimos de una realidad nacional y es la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, relacionadas con una inadecuada nutrición. Es así que surge la necesidad de iniciar todo un proceso nacional para mejorar la salud de la población mediante una alimentación saludable, dado que estas enfermedades son las responsables de las altas cargas de morbimortalidad y de los altos costos de atención al seguro que generan grandes pérdidas económicas y un importante impacto social”, profundizó la Dra. Madriz.
Ejemplos de éxito
En el conversatorio también se compartieron algunos ejemplos de éxito sobre acciones vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional. María Carmen Elizondo Soto, licenciada en Trabajo Social y coordinadora de Asuntos Sociales y Económicos de la Municipalidad de Sarapiquí, dio a conocer algunas de las ideas que se realizan en su cantón.
Una de las iniciativas más importantes fue incorporar el enfoque de mejoramiento de vida, cuyo objetivo final es lograr el bienestar mediante el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de las comunidades y de las familias. El enfoque tiene como pilares los hábitos del capital social y la economía familiar, con los cuales se busca mejorar la nutrición, la autoestima y la expansión económica.
“El enfoque de mejoramiento de vida surge en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno y las agrupaciones empiezan a acercarse a las comunidades para ver qué es lo que tienen las personas y cómo, a partir de sus recursos disponibles, lograr el bienestar y la mejora continua. Este enfoque lo iniciamos en el 2019 y lo hemos estado incorporando en el acompañamiento a giras, en el conocimiento de las comunidades y en propiciar que se articule lo que se puede desde la municipalidad”, mencionó la Lic. Elizondo.
Los primeros logros ya se hacen evidentes. Tres comunidades del cantón este 2023 cumplen dos años o más de estar participando en el Programa de Mejoramiento de Vida. Estos son: el distrito de Puerto Viejo, Cerro Negro y la comunidad de Río Magdalena. El enfoque ha permitido que la comunidad pueda trabajar temas de jornada diaria, comunicación y alimentación.
“El enfoque le dice a la comunidad coman rico, coman saludable, cuiden su salud y produzcan con lo que tienen disponible. Además, se ven temas sobre cómo manejamos nuestras finanzas y cómo las ordenamos. El enfoque no busca que las familias se conviertan en productoras a gran escala, sino que puedan ser capaces de tener una estabilidad financiera que les permita un balance y un acceso económico y oportuno a los alimentos”, completó la Lic. Elizondo.
A eso se le añade el empoderamiento que ganan las comunidades, al romper las barreras culturales e incentivar el trabajo en equipo desde las necesidades de la zona. Todos y todas se involucran gracias a diferentes metodologías participativas y el trabajo interinstitucional (academia-organizaciones-instituciones).
“Sarapiquí es un cantón meramente rural, con capacidades para la producción, para la agricultura y para la ganadería. Estas metodologías nos acercan a poder entender qué es lo que las comunidades pueden hacer, cuáles son sus capacidades y cómo pueden desarrollarse”, profundizó Elizondo.
Llama la atención que Costa Rica tenga importantes índices de sobrepeso y obesidad cuando posee un alto precio de los alimentos. Para las y los nutricionistas, gran parte se debe a que las familias terminan por inclinarse a consumir comidas más baratas y poco nutricionales.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Santa Bárbara saludable
Otro ente que compartió sus experiencias fue la Municipalidad de Santa Bárbara. El Ing. Victor Manuel Hidalgo Solís, alcalde de esa municipalidad, habló sobre la política cantonal en seguridad alimentaria y nutricional que han implementado. El esfuerzo se enfoca en unir todas las acciones que se realizan desde la individualidad y generar un trabajo permanente que, a su vez, se adapta al día a día con base en las nuevas necesidades y cambios.
“Santa Bárbara es un cantón ubicado en Heredia. Somos un territorio en el cual la agricultura ha sido la base desde tiempos atrás y, para nosotros, un eje importante es la reactivación de la economía, específicamente, poder producir. Lo que nosotros actualmente producimos se va, no lo comemos. Nuestra feria del agricultor viene de afuera y la plata se va. Vienen agricultores de otros lugares y son muy pocos, o casi nada, los agricultores del cantón que logran poder posicionar sus productos”, expuso el Ing. Hidalgo.
Justamente, esa es una de las realidades que se busca cambiar, y más, si se toma en cuenta los retos actuales que amenazan la producción nacional, como el cambio climático, la escasez de agua, la escasez de alimentos, los residuos, los plásticos, la economía y la salud.
“Somos un país agrícola con una tierra riquísima para cultivar, pero ya nadie quiere cultivar. Todo el mundo quiere vender las herencias, quiere construir casas y nadie está pensando en la comida. ¿La traemos de otros países? ¿Qué pasa si vuelve otra pandemia? ¿Y si nos cierran las fronteras qué vamos a comer? ¿Cemento? Estas cosas nos preocupan y, sobre todo, por las nuevas generaciones”, enfatizó Hidalgo.
La idea, comentó el alcalde, es sacarle provecho a la gran cantidad de tierra que tiene disponible Santa Bárbara, así como ríos y fuentes importantes de agua para sostener proyectos de agricultura. ¡Claro! También se contempla la economía circular que fortalezca el reciclaje y la creación de abono mediante el compostaje.
Por eso, hoy Santa Bárbara tiene una política basada en el consumo saludable que engloba la nutrición, la calidad de vida y la salud de la población. Para el alcalde, la prioridad es sembrar y que los agricultores de la zona puedan vender la comida en el cantón. Además, generar espacios permanentes para la agricultura que no se pierdan en el tiempo.
¡Ya la cosecha se está recogiendo! Al día de hoy ya se han logrado más de 30 acciones materializadas, precisó el Ing. Hidalgo.
Entre ellas están las campañas de recolección de residuos de manejo especial, educación ambiental, modernización de un sistema de riego cantonal, reintegración al clima local de semillas, seis fincas bajo programa de agroinnovación tecnológica para reducir los agroquímicos y hasta fincas en el Programa de Bandera Azul.
Un camino por delante
Si bien Costa Rica ha tenido grandes avances, aún falta un largo trayecto por recorrer y una deuda pendiente por pagar.
Wagner Suazo sostuvo que en el pasado hubo una destrucción sistemática del agro que inició a mediados de los años 80 por ajustes de corte neoliberal. Además, desde su criterio, Costa Rica experimentó fuertes cambios en el modelo de desarrollo. Por ejemplo, pasamos de ser un país agricultor a ser un productor de servicios.
También, se pasó de apoyar la producción local a la atracción de inversión extranjera directa la cual, “hay que decirlo: es un fracaso. El desempleo no ha dejado de subir. En los últimos 30 años, tenemos 25 % de pobreza. La mitad de las personas que trabajan en este país lo hacen desde la informalidad. Entonces, es una apuesta que salió bastante mal”, aseveró Suazo.
Ante esto, y a pesar de las políticas a nivel país realizadas y de las acciones efectuadas por los gobiernos locales, es claro que el pasado generó intereses por saldar, con la gran diferencia de que hoy hay menos recursos.
“Solamente el año 2018 a 2022, el presupuesto anual de las instituciones del sector agropecuario se redujo casi en 30 000 000 000de colones. En este contexto, nos parece que el rol de los gobiernos locales se vuelve clave para fomentar el reconocimiento, la visibilización y el apoyo. Cuando decimos reconocimiento desde lo asociativo, se trabaja mucho desde la parte de emprendimiento individual, pero hay que reconocer que la producción de alimentos se hace de manera asociativa y hay que tener claridad de las implicaciones que tiene ese tipo de particularidades”, mencionó Suazo.
Así, el experto añadió que se deben hacer nuevos marcos normativos, generar más espacios de diálogo, promover la capacitación de actores en economía social, apoyar el fortalecimiento organizativo y estimular la demanda social.
Por último, Raquel Hernández, nutricionista de la Municipalidad de Santa Ana, platicó sobre el proyecto de gobiernos locales de la FAO. La iniciativa busca apoyar la sensibilización y la educación a los líderes y tomadores políticos de decisiones en temas de seguridad alimentaria y nutricional.
Desde la FAO, comentó Hernández, se da acompañamiento, seguimiento y articulación para que cada gobierno local pueda ir trazando una ruta hacia la seguridad alimentaria nutricional, con acciones cada vez más concretas y debidamente institucionalizadas.
“Cuando un gobierno local trabaja la seguridad alimentaria y nutricional, no hay pérdida, todo es ganancia. Estamos trabajando en el desarrollo integral del municipio, en la calidad de vida de las personas de ese municipio y en pro de la agricultura del cantón. Es un tema que nos compete a todos”, remarcó Hernández.
El gran sueño ahora, concluyó Hernández, es que en algún momento Costa Rica tenga más oficinas de seguridad alimentaria y nutricional de la FAO, que trabajen desde las municipalidades para que verdaderamente se pueda llegar a acciones concretas.
Gracias a la acción constante y bien fundamentada del Frente EcoCipreses, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso orientado a garantizar la salud de la población.
Puede verse un detalle del proceso mediante este enlace:
El acto protocolario y firma del convenio se llevó a cabo al finalizar una caminata en la que participaron autoridades de ambas instituciones, senderistas del PIAM, personas estudiantes y funcionarias.
En el marco del en el Día Mundial del Medio Ambiente ambas instituciones firmaron un memorando de entendimiento
Alrededor de 400 millones de toneladas de desechos plásticos se producen cada año en el mundo, y en Costa Rica, 50 toneladas de plástico se lanzan cada día al medio ambiente. Según datos de Naciones Unidas, la producción mundial de plástico primario sigue creciendo y alcanzará los 1.100 millones de toneladas en 2050.
Para ayudar a combatir esta crisis planetaria, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un memorándum de entendimiento para la cooperación en el marco del Proyecto de Paisaje Libre de Plástico.
La firma se realizó el lunes 5 de junio, a las 10:00 a. m, en las Instalaciones Deportivas de la UCR, durante la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día del Transporte Sostenible que se celebra desde hace 15 años en esta casa de estudios superiores.
Carmela Velázquez Carrillo, directora del Consejo Universitario, Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector, José Vicente Troya, Representante Residente de PNUD en Costa Rica, Roberto Guillén Pacheco, vicerector de administración y Kattya Elizondo Orozo, coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental duarnte la firma del convenio.
“Estamos hablando de combatir uno de los lados más complicados de la ecuación: la contaminación por plásticos. Necesitamos construir una respuesta que atienda los hábitos de consumo, modifique los patrones de producción y genere espacios de responsabilidad extendida dentro de quienes están produciendo los distintos bienes y servicios de la economía” apuntó José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente de PNUD en Costa Rica.
El Representante explicó que esta alianza permitirá generar investigación y conocimiento para la reducción plásticos trágicos, la fijación de plásticos en industrias como la construcción y la contención de aquellos plásticos que se están fugando al ambiente.
Por su parte, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la UCR, celebró la firma de este convenio, pues permite unir esfuerzos, instancias, colaboraciones, investigaciones y generar conocimiento por el bien del país, y especialmente por los océanos, que acumulan entre 75 y 199 millones de toneladas de plástico que degradan los ecosistemas.
“El plástico vino a solventar unas necesidades del ser humano en una determinada época, pero poco a poco tenemos que desarrollar conocimiento para dejar de utilizar este plástico y que todo ese micro plástico que está llegando a los océanos, a los ríos y a los lagos dejemos de depositarlo a corto plazo”, reflexionó Gutiérrez.
El convenio además establece la creación de un Observatorio de Economía Circular en el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo que dará seguimiento al avance del país hacia una economía circular y hará posible establecer indicadores para la generación de política pública en este tema.
El rector, Gustavo Gutiérrez Espeleta, y el Representante Residente de PNUD en Costa Rica, José Vicente Troya recorrieron la milla universitaria.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Compromiso contra el plástico
Desde el año 2018, la UCR atendió al llamado de las Naciones Unidas y del Ministerio de Ambiente y Energía de convertir a Costa Rica en una zona libre de plástico de un solo uso o plástico desechable.
La intitución instauró una política, que rige a partir de enero del 2018, la cual, exige a todos los comedores y sodas en el campus universitario eliminar el plástico de un solo uso; además dio el lineamiento a las provedurías internas de hacer compras únicamente de materiales biodegradables.
La UCR además estrecha alianzas con instituciones públicas, gobiernos locales y comunidades que también trabajan en favor del medio ambiente. Entre ellas, destacan las campañas de recolección de residuos, la limpieza de playas y ríos, así como iniciativas de economía circular que se realiza en las diferentes sedes y recintos universitarios.
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, del 5 al 9 de junio, se realizanmásde50actividadesen diferentes partes del país. La celebración de este año se enfoca en reflexionar, específicamente, sobre el papel que le hemos dado en nuestras vidas al plástico.
Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
La Coordinación de Lucha Sur Sur, CLSS invita el próximo miércoles 7 de junio a las 8 a.m. a la manifestación en apoyo a las denuncias y demandas de organizaciones propias de cuatro territorios: Salitre, Yäbamï Dí Kátà (Cabagra), China Kichá y Térraba.
Esta manifestación tiene como fin mostrar el repudio sentido hacia la campaña de afiliación masiva a las ADIs en Territorios Indígenas que promueve el gobierno actual y la intervención irrespetuosa de DINADECO en estos territorios. Se exige respeto a las organizaciones, autonomía y normas culturales de los pueblos originarios
La manifestación tomará lugar en las oficinas de DINADECO, 100 mts al sur del Parque de Zapote.
