El estar aprobándose la Ley 4-3 sería el último éxito del Capital contra el trabajador y sus organizaciones.
Logran condiciones para continuar fortaleciendo la incrementación de ingresos-riqueza, al tiempo que muestran que tienen el poder. Debilitan a la contraparte.
Ya antes, otro triunfo, La ley de empleo público. Y, antes, otro, una ley contra las huelgas. Y, antes otro, una reforma tributaria.
Un principio básico de sentido común estratégico dicta que, si lo que se está haciendo no está logrando sus objetivos hay que decidir, radicalmente, abandonarlo. Ni se está impidiendo el deterioro económico-político de los trabajadores, ni se está construyendo un poder popular.
Hay que tomar la iniciativa. Centrarse en un camino que integre sectores. Un aspecto fundamental es la Educación. Comenzar, no por creer que hay que cambiarla, sino por reconocer que es tal.
No hay Derecho, la Educación no es un derecho porque, no existe todavía.
Hay que tomar la iniciativa para construir el Derecho a la educación creándola desde las aulas, uniendo sectores, padres, educandos, educadores, personal de apoyo.
He aquí el problema, superar el temor, enfrentar las barreras, pasar del solo hablar a crear, organizando, integrando recursos, distribuyendo responsabilidades.
Los primeros 7 meses de este 2023, han sido duros para todos y todas quienes amamos la Caja, líderes políticos de turno y una Junta Directiva espuria que tomo la Caja con el propósito de debilitarla y dañar su imagen.
Hoy podemos decir que estamos en un escenario distinto, no porque hayan cambiado los pensamientos de los políticos de turno, ha sido por la lucha de trabajadores y trabajadoras humildes y sencillos, los criterios externos objetivos e independientes, pero sobre todo porque Dios protege esta hermosa CCSS y su misión en la salud y pensiones.
Hemos pasado por muchos golpes, una retórica recurrente que en la CCSS nada, ni nadie sirve y que está plagada de corruptos (existen sin duda cisas por cambiar profundamente), pero el tiempo ha traído verdades, todos los males criticados por Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva han sido replicados por ella:
1- Presunto maquillaje de datos con la complicidad en apariencia de Carolina González Gaitán, de la Dirección Actuarial y Susan Peraza, Directora de Planificación.
2- Nombramientos cuestionados por presuntos actos irregulares, ilegales y hasta inmorales, Juan Ignacio Monge, Joselyn Chacón, Vilma Campos, Michael Espinoza, entre otros.
3- Posible condonación de deuda a la Directora actuarial, que participó en el presunto maquillaje de informe citado en el primer punto.
4- Decisiones apartadas de criterios técnicos y en contra de la constitución, por ejemplo, los acuerdos sobre: exclusivos y excluyentes, portafolio de inversiones entre otros no menores.
5- Directivos que buscan en apariencia beneficios para grupos de poder económicos y para sí mismos (reformas a segmento de trabajadores independientes que presuntamente condonan deudas a propios directivos de la CCSS), lo que podríamos decir que es corrupción, le tocará a la fiscalía definirlo, pues ya presentamos denuncia formal.
Todos ejemplos muy tristes, pero que nos hacen poner las barbas en remojo, no bajemos la guardia, y sigamos luchando por la CCSS, pero principalmente por nuestros usuarios.
Que este día de la madre, festejemos con las mujeres que la vida nos puso en el camino o recordando con amor a las que partieron y tengamos la consigna de defender esta Caja, que se representa con la mujer con un bebé en brazos y eso no es casualidad, es reflejo de la visión e importancia de la CCSS en Costa Rica.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Como si no hubiese sido ya lacerante el escrutinio al que fueron sometidas cientos de miles de personas en condiciones de movilidad humanaa nivel global durante la época pandémica, el mundo sigue esforzándose hasta el retorcimiento con acciones concretas y discursivas en contra de estas humanidades.
Entre julio y agosto los ejemplos han sido contundentes. Algunos lejanos, otros más cercanos a los contextos costarricenses.
El nombre Bibby Stockholm quizá no diga mucho para alguna gente por estos lares.Pero si ese enunciado se explica con una imagen extraña, llena de incertidumbre, como sacada de alguna trampa ficcional de cuento o novela, entonces adquiere otra dimensión.
Trataré de describirla.
Es una gran caja cuadrada de varios cientos de metros de extensión. Incrustada en algún lugar de los mares europeos como la noción moderna del Arca de Noé.
A simple vista parece un mal diseño de un crucero de turistas, de esos que un día sí y otro también bajan borrachos en puertos exóticos y se sacan fotografías hirientes con la pobreza y la desigualdad que el sistema neoliberal ha generadoen casi todos los destinos paradisiacos del amor líquido, como llamó el sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman al turismo posmoderno alguna vez.
Pero esta caja no es ni por asomo ningún crucero del amor. Se trata de un proyecto más de esa Europa fortaleza, encargado por el gobierno británico para alojar allí, en el mar al sur de Inglaterra, cerca de 500 migrantes irregulares a la espera de la resolución de su estatus jurídico.
Es una cárcel flotante.
Se estima que en los próximos meses sean instalados más proyectos de este tipo, para “alivianar la carga social y económica que representan miles de migrantes en su intento de ingresar a esa Europa”, cada vez más conservadora y autoritaria.
Es una vergüenza compartir en la misma generación en la que estas ideas han sido puestas en funcionamiento.Da vergüenza y dolor.
Por otra parte, el ejemplo más cercano lo vemos en las calles costarricenses, donde de forma cotidiana se producen las actitudes de rechazo, sospecha y discriminación contra las migraciones en tránsito, sea de donde sea que vengan y éstas son traducen en discursos xenofóbicos vertidos en redes sociales y medios de comunicación.
Es esta una hora clave para la humanidad.Si nos logramos entender, habremos sido capaces de superar la pandemia del odio y la intolerancia. Habremos trascendido la vergüenza.
Pero si segregamos y rechazamos al otro, o lo desechamos fuera de nuestras fronteras como basura humana, los propios miedos y errores nos ganarán la partida. Seremos partícipes de la clausura de nuestra especie.Definitivamente.
“POLICIA SE TOMA RESIDENCIA DE LOS JESUITAS EN LA UCA. La policía se tomó la residencia Villa del Carmen, donde viven los sacerdotes jesuitas de la UCA, y los expulsó. Todos los jesuitas se vieron obligados a retirarse y se marcharon a la comunidad San Ignacio del CCA en Managua”.
En relación con este tema, Jesuitas de Centroamérica emitieron un comunicado en el cual expresan:
1. Son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, el 15 de agosto del 2023, en el que se le califica como «Centro de terrorismo», y se le imputa de haber «traicionado la confianza del pueblo nicaragüense» y de «haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país». La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8, 32).
2. La prestigiosa labor docente e investigativa ejercida por la Universidad durante sus 63 años de existencia ha sido reconocida nacional e internacionalmente, se ha realizado conforme la tradición educativa de la Compañía de Jesús y las orientaciones de la Iglesia católica.
Se puede leer el comunicado completo siguiendo este enlace.
El Instituto de Investigaciones en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional publicó un informe técnico en dónde demuestran que Costa Rica es un alto consumidor de plaguicidas considerados altamente peligrosos: las sustancias usadas en la agricultura convencional más aplicadas en los campos costarricenses, como mancozeb, glifosato, 2,4-D, clorotalonil, diazinon, clorotalonil, paraquat, diuron, etoprofos, clorpirifos, oxamil, entre otras, se consideran de alta peligrosidad.
Los criterios para identificar los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) son: alta toxicidad aguda, efectos tóxicos a largo plazo (crónicos) para el ser humano, alteración endocrina, peligro ambiental, riesgos para los servicios ecosistémicos (por ejemplo, toxicidad para las abejas) y aquellos que son causa de una alta incidencia de efectos adversos graves o irreversibles. Algunos de estos criterios se encuentran como regulaciones internacionales manifestadas en los convenios de Estocolmo, de Rotterdam y el Protocolo de Montreal.
El Dr Fernando Ramírez, autor de este estudio, demostró que de los 10 plaguicidas más usados en el país, 8 son PAPS, y el 90% del total de plaguicidas que usa Costa Rica cumplen con las características para considerarlos PAPs. Con base en la evidencia científica reconocida por organismos internacionales y nacionales especializados en el tema, sobre la peligrosisdad que presentan ciertos plaguicidas, se hace necesario un cambio en la legislación existente para aplicar los criterios de precaución e incorporar criterios de exclusión que permitan cancelar y no autorizar más registros de plaguicidas considerados PAPs, buscando el bien común de protección y respeto de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente.
Ramírez destacó que: “el uso de los PAPs, por las características que poseen, representa un grave riesgo a la salud humana y al medio ambiente, y vulnera un conjunto de derechos humanos, como son el derecho a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud, a la protección de los niños, de los trabajadores y al derecho constitucional de tener un medio ambiente sano y equilibrado, y a una alimentación adecuada, entre otros. Esto lo han reconocido los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas en el tema de sustancias químicas y desechos peligrosos”.
Especialistas advierten sobre cómo el proyecto de ley podría vulnerar uno de los principales derechos conquistados por las y los costarricenses
Desde hace varios años, especialistas en salud y defensores de la lactancia materna han sido contundentes: amamantar es una de las mejores inversiones en salud para la supervivencia de la especie humana y el costo de no hacerlo tiene enormes implicaciones a nivel individual, familiar y social.
Pero, a pesar de los enormes beneficios de la lactancia ya comprobados por la ciencia, en ocasiones pareciera ser que al mundo empresarial se le olvida y surgen cambios que podrían vulnerar este derecho.
A ese consenso llegó la Lic. Ingrid Broitman Trooper, de Lactanza Costa Rica; la M.Sc. Virginia Marín Arias y la Lic. Ivannia Solano Jiménez, ambas de la Defensoría de los Habitantes y la Dra. Sonia Chaves Quirós, de Aprolama Costa Rica, durante la VII Jornada de Promoción de la Lactancia Materna, desarrollada por el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
De acuerdo con la M.Sc. Virginia Marín, con las modalidades de jornadas que propone el proyecto de ley 4×3 —una diurna de hasta doce horas con tres días libres, y otra nocturna de hasta doce horas con cuatro días libres—, las protecciones que por tanto tiempo el país ha luchado a favor de la lactancia materna, las madres y la niñez costarricense podrían debilitarse. ¿Las razones? Varias.
El primer motivo, comentó Marín, se debe a que “el proyecto de ley, simplemente, lo que hace es prohibir las jornadas excepcionales para las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia o en embarazo”. Si bien esa medida puede entenderse como una acción proteccionista, también se podría considerar como una medida discriminatoria que, eventualmente, podría vulnerar la lactancia materna.
“Se dice que las jornadas excepcionales son voluntarias. Pero, ¿hasta qué tanto pueden ser voluntarias? ¿Hasta qué tanto las mujeres, que no se les permite trabajar jornadas excepcionales y que están bajo el periodo de lactancia, podrían verse obligadas a tomar la jornada excepcional y renunciar a su derecho de lactancia? Esto es un riesgo. Si se les excluye, esto no significa que la lactancia materna no vaya a tener consecuencias. ¡Claro que sí! Puede ser que las mujeres decidan no dar más de lactancia para someterse a jornadas excepcionales y renunciar a su derecho”, mencionó Marín.
Lo anterior se vuelve más retador si se contempla que el proyecto de ley propone pagar un porcentaje adicional a la hora mínima que se establezca. Según Marín, esto constituye un verdadero peligro para los derechos de las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia o embarazo. Muchas, con el fin de conseguir ese dinero adicional por sus condiciones de vida, pueden verse obligadas a acogerse a jornadas excepcionales ampliadas y renunciar a sus derechos.
Como si eso no fuera suficiente, el proyecto de ley también tiene otros puntos débiles. Uno de los aspectos señalados por la especialista es el periodo de adaptación. El proyecto de ley plantea que la persona trabajadora tiene tres meses para adaptarse a la nueva jornada y, si no lo logra, deberá ser reinstalada en su jornada ordinaria. No obstante, si del todo se comprueba imposibilidad, la persona deberá ser liquidada.
“O sea, yo voy a probar y, si a los tres meses soy consciente de que no me sirve esa jornada porque no me siento bien, aquí el inciso le permite al empleador ser despedido. Entonces, nos enfrentamos a una reforma normativa que viene a remover nuestros derechos y las garantías que por años hemos disfrutado”, mencionó Marín.
En lo mismo coincidió la Lic. Ivainia Solano Jiménez. Para ella, este proyecto —ya de por sí complejo— posee muchas reformas. De todas, la más desafiante son las jornadas excepcionales y cómo se utilizarán los tiempos, pues marca una visión distinta a la que tiene Costa Rica actualmente.
“Cuando la Defensoría hizo el criterio de este proyecto de ley, se trabajó entre áreas porque esto afecta la vida de todas las personas trabajadoras, de sus familias, personas dependientes y de todas las diversidades y habitantes del país. Entonces, cuando la Defensoría de la Mujer participa en el criterio, los llamamos a tomar en cuenta otros elementos como el trabajo decente”, mencionó Solano.
¿Trabajo decente? ¡Sí! Uno que incorpore el ingreso justo, la seguridad, el desarrollo, la libertad de expresión, así como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
También, el uso del tiempo para que la persona tenga un balance entre lo privado y el trabajo. Precisamente, por eso la ley ampara la jornada de ocho horas, porque permiten un balance sano en la vida de la persona: ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de disfrute.
“¿Qué le dijimos a la Asamblea? Que antes de meterse a las jornadas tenemos que revisar cuáles son las condiciones que nos van a garantizar los componentes del trabajo decente, incluyendo la posibilidad de tener un balance entre las responsabilidades familiares, el trabajo doméstico no remunerado y su vida laboral”, enfatizó la licenciada.
Lo anterior es especialmente importante si se revisa la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2022, la cual revela que incluso, en la división de tiempo convencional de ocho horas, las mujeres son las que dedican más tiempo al trabajo doméstico no remunerado (32 horas) versus los hombres (15 horas), semanalmente. Entonces, si trabajan jornadas excepcionales, ¿cómo harán frente a tantas tareas, entre ellas la lactancia?
“Esto puede exacerbar las prácticas laborales discriminatorias contra las mujeres, sobre todo, en edad fértil de procrear. En caso de embarazo o lactancia a ellas no se les puede incluir en la jornada excepcional. Entonces, su contratación no contribuye al objetivo de la empresa”, reflexionó la abogada.
En efecto. Tan solo analice: ¿qué pasará si una empresa decide consolidar el servicio 24/7?, ¿para qué la empresa va a pagar tres turnos si ya tiene la jornada excepcional?, ¿qué va a pasar cuando ya no estén disponibles puestos con jornadas de ocho horas y las mujeres no puedan permanecer en el empleo porque solo esa jornada le sirve?
Una mirada biológica
La Lic. Ingrid Broitman Trooper, de Lactanza Costa Rica, hizo una reflexión similar pero desde la biología humana.
Para Broitman, las jornadas extendidas generan periodos importantes de separación entre la madre y el bebé que pueden afectar la salud física y hasta mental del lactante. Además, incide en una menor producción de leche activa y abundante. La razón radica en nuestra más pura esencia: somos mamíferos.
“El ser humano es un mamífero placentario de la familia de los homínidos. Nos comparamos con los simios, chimpancés y orangutanes. Nosotros estamos hechos y diseñados para que las crías se alimenten con leche materna por varios años. Esto no solo favorece la salud, sino que también el vínculo afectivo. Lo que queremos son sociedades más saludables, amorosas y con mejores seres humanos y parte de ese proceso inicia en ese momento”, argumentó Broitman.
Si quiere comprobar lo anterior tan solo voltee a ver la naturaleza. Con esto se dará cuenta de que los mamíferos amamantan a sus crías entre dos y doce veces. ¡Claro!, hay excepciones. “Están los osos pandas gigantes que amamantan cuarenta veces y los canguros rojos que lo hacen solo una vez cada tres días. Si fuéramos “canguras rojas” tal vez ahí sí nos funcionaría la jornada extendida, pero no lo somos”, acotó Broitman.
A esa retadora realidad se le acompaña otros elementos característicos de nuestra especie, como el tener bebés altamente vulnerables que requieren largo tiempo de cuidado para garantizar su desarrollo físico y cerebral, así como glándulas mamarias incapaces de almacenar leche.
Si algo hay que tener claro, es que la glándula de la mujer está hecha para producir la leche en el momento del estímulo al pecho y su óptimo funcionamiento radica de un vaciamiento frecuente. Si un bebé no mama frecuentemente, la producción será sensible a esos cambios y la producción irá desapareciendo.
“Ya hoy en día, con la jornada normal, es sumamente difícil mantener la lactancia. En las estadísticas se ve claramente cómo decae la lactancia materna exclusiva en la madre que se reincorpora al trabajo. Si la mujer está mucho tiempo afuera y decide acogerse a la ley, ¿cómo será si tiene que ir doce horas? La producción es sumamente sensible y puede perderse muy rápido”, mencionó la expositora.
¿Alternativas? Muchas, pero ninguna ha logrado igualar a la biología humana. La succión de un extractor, por ejemplo, jamás será igual que la cascada hormonal que produce esa mujer cuando tiene a su bebé en el pecho y la leche de fórmula nunca podrá asemejar en su totalidad el oro líquido de la leche materna original.
“En los últimos 100 años hemos sustituido la leche con el boom de las fórmulas. ¿Y qué tenemos? Bebés más enfermos, una marcha alérgica acelerada, obesidad infantil, problema de enfermedades no transmisibles y otro montón de cosas más. La leche materna no es solo comida, es contacto, comunicación, es seguridad, es calor, es amor”, aseveró Broitman.
Deudas pendientes
La Dra. Sonia Chaves Quirós, de Aprolama Costa Rica, dejó claro que todavía hay mucho por hacer. Tan solo el Código de Trabajo data de 1943 y, si bien muchos artículos han tenido sus reformas, hay varios que rigen tal cual fueron escritos en sus inicios. “Muchos siguen siendo ambiguos y por eso tenemos que recurrir a la Sala Cuarta porque la ley siempre ha sido muy omisa”, afirmó.
La Dra. Chaves también resaltó la discriminación, la desigualdad en cuanto a horas de lactancia (las mujeres de la CCSS tienen una hora y media), así como la distribución horaria.
Por su parte, la M.Sc. Viviana Guerrero Chacón, docente de Filosofía de Ética Médica y Bioética de la UCR, tampoco se aleja de esa realidad. La filósofa amplío que las personas encargadas de realizar políticas públicas no han entendido el peso social que tiene la lactancia.
“Aquí el tema es que parece que tenemos otro desafío de que nos estamos sacando las cartas entre gitanas. Nosotras lo sabemos, pero ¿lo saben las otras personas que están en la Asamblea Legislativa haciendo esa política pública que le llamamos ley?”, reflexionó la experta.
Guerrero mostró algunos de los desafíos pendientes y el más importante de todos es el de la pluralidad. No, no existe la mujer, sino las mujeres y las personas lactantes como hombres trans. En Costa Rica existe una gran diversidad que no ha sido contemplada en las leyes porque, incluso, hasta los pueblos indígenas viven la lactancia de manera diferente.
Ante esto, es necesario ir construyendo una política pública suficientemente abierta de tal manera que quepan todos los sujetos que lactan, no solo mujeres. De igual forma, es importante empezar a cambiar la noción de que el cuerpo es una cosa cerrada y todos son iguales.
“Las mujeres cábecar o bribri no ven la lactancia de la misma forma y nosotros aquí decimos: las mujeres indígenas, como si todas fueran iguales. No se puede universalizar el sujeto de la lactancia. Esto discrimina a las personas. Además, las políticas no las definen las mujeres lactantes, sino los médicos. Hay un autoritarismo médico, político y de solo algunas voces. Tenemos que exigir que nos escuchen porque están haciendo políticas sobre nuestros cuerpos y jamás nos preguntaron qué queríamos. Como mujeres tenemos que aliarnos. No intentando que todas pensemos igual, sino uniéndonos en la diversidad”, consideró Guerrero.
Reviva la jornada completa en
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Costa Rica arrastra hace muchos años problemas con el agua.
AyA no sale de su crisis con el agua potable y no avanza con la solución de alcantarillado.
MINAE como administrador del recurso hídrico en su totalidad, es un desastre. Ríos contaminados, acuíferos costeros salinizados, canon regalado para los amigos, concentración en grandes y negación para los pequeños agricultores, miles de pozos ilegales.
Este ministerio ha fracasado en 4 intentos de cambiar la Ley, y con el gobierno de Rodrigo Chaves decide MATAR LA LEY DE AGUAS.
Si. Aunque usted no lo crea, en Oficio DM-564-2023 del 19 de julio, nos dice MINAE que ellos han “abrogado” la Ley de Aguas.
Abrogado es anulado, suprimido, desaparecido, terminado.
La Ley de Aguas vigente es la N° 276 de 1942 con reformas posteriores que se le han hecho.
Pero MINAE y este gobierno, no la cumple y ante consultas, y presiones para que respete la ley, salieron con domingo 7.
Dice MINAE:
“Es imposible obviar esa realidad y pretender extender al presente la aplicación de una norma como el artículo 172 de la Ley de Aguas, que perdió completamente su vigencia en virtud de su abrogación. En el lenguaje jurídico, el término abrogación se refiere a la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de una norma jurídica, sin necesidad que se haya derogado explícitamente.” (folio 11 DM-564-2023).
Claro, eso viola la Constitución Política de Costa Rica que dice:
“ARTÍCULO 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial.
Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público. Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa.
La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario.
Por vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución.” Pero parece que MINAE y este gobierno, están por encima de las leyes y de la Constitución y que a ellos no les toca respetar la legislación vigente.
Por la ley, tienen que entregar dineros a las Municipalidades; tienen que nombrar Inspectores Cantonales de Aguas; tienen que cobrar doble canon a quienes riegan derrochando agua y NO LO HACEN.
Si la ley molesta, la matan. La abrogan. La desaparecen.
Los diputados pueden quedarse en sus casas.
Los jueces quedarse mudos.
MINAE no los necesita.
Hacemos del conocimiento público esta carta recibida desde el MINAE, para documentar, quienes son los responsables de los desmadres con el AGUA en Costa Rica.
El ente administrador del recurso agua, no cumple con las leyes vigentes en la materia.
La ley los nombra a ellos, Ministerio de Ambiente y Energía como responsables de esa importante tarea.
Lean el oficio DM-564-2023, firmado por Ministro a.i., largo, lleno de leguleyadas y a veces confuso, contradictorio, pero resumido en la conclusión de que, LA LEY DE AGUAS ESTÁ MUERTA.
Esta es la respuesta de MINAE.
MAS CLARO QUE EL AGUA.
Desde la Asociación Confraternidad Guanacasteca seguiremos exigiendo el cumplimiento de las leyes vigentes y el castigo para los que no cumplan y violen las normas.
