Rosaura Chinchilla Calderón: Fortalecer la educación, crear empleo y disminuir la desigualdad son claves para la convivencia democrática

Este 2023, Costa Rica está a punto de romper un récord histórico tras superar los 600 homicidios a tan solo tres meses de cerrar el año. Sin duda, el país sufre una oleada de inseguridad y violencia, que, aunada a otros elementos como una creciente desigualdad social, desempleo, poca inversión en educación y narcotráfico, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense.

En el 2022, el Poder Judicial reportó un total de 656 homicidios en el país, una de las cifras más altas de la historia de Costa Rica en cuanto a violencia social. Mientras que este año se proyecta que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes puede llegar hasta a 16 muertes, número considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.

Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la  mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua.

Desde la perspectiva de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.

Al respecto afirmó que los últimos gobiernos han trabajado desde un enfoque autoritario y de populismo punitivo, tratando crear leyes para castigar todo tipo de delito, sin tomar en cuenta que desde este enfoque de “condenar todo” se tiende a vulnerabilizar garantías y derechos humanos ya adquiridos y legítimos, como lo son la protesta social, la libertad de expresión y otros. La experta señaló que esto es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países vecinos como Nicaragua y El Salvador en donde se hacen juicios masivos, o se condenan personas por ir en contra de la ideología del gobierno de turno.

Por eso, la experta reiteró que el hecho de crear leyes para condenar delitos es una medida superficial que no ataca las principales raíces de la inseguridad y de la violencia social como lo son el autoritarismo, la desigualdad social, la baja inversión social en educación y la alta tasa de homicidios.

“Si nosotros correlacionamos datos, vamos a ver que conforme disminuye la inversión en educación, se incrementan los niveles de autoritarismo, asimismo se incrementa la desigualdad social y se va generando una importante violencia que se manifiesta a través de los homicidios, aunque no es la única forma. En esto es importante decir que las medidas tradicionales que se suelen utilizar para combatir la inseguridad a nivel de discurso oficial o político han sido en el plano meramente normativo y punitivo, en este momento existen más de 190 proyectos de ley en materia penal y ninguno de esos proyectos por los que apuestan las políticas populistas tienen la virtud de incidir en absolutamente nada. La inseguridad que se vive tiene otras causas y justamente las verdaderas causas se siguen socavando, es decir se sigue disminuyendo los presupuestos de educación para disque dárselos a seguridad, además existen medidas fiscales que impiden la inversión en los servicios del Estado y con ese discurso oficial lo que va a contribuir es aumentar las tendencias autoritarias, socavar el apoyo a la institucionalidad democrática y, en consecuencia, exacerbar la violencia en sus diferentes espectros” afirmó Chinchilla.

En su opinión, el país debe atacar esta problemática desde sus causas, con un plan nacional integral que logre fortalecer la educación, crear empleo, atraer inversión extranjera, en el cual se robustezca a las instituciones, y se capacite a las personas a cargo del tema judicial, pero sobre todo en donde se ofrezcan oportunidades de calidad a las personas de todas las edades en cuanto a trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación.

Por otra parte, Chinchilla ahondó sobre el tema de las consecuencias del populismo punitivo, ya que, además de no atacar de raíz las causas principales de la violencia social, así como de vulnerabilizar los derechos de protesta social y la libertad de pensamiento y expresión, es un mecanismo que está colapsando la estructura del sistema penal, en materia de recargo de labores de labores para los funcionarios judiciales, hacinamiento en las cárceles, incremento en el tiempo de los procesos de juzgamiento, entre otros.

“Ni el populismo punitivo, ni las manifestaciones de políticas tendientes a afectar el plano meramente normativo, no solo son una lectura superficial, sino que en realidad son una lectura distractora de las verdaderas causas. Es una, por decirlo con una expresión popular, una cortina de humo para distraer  la mirada de las personas hacia el verdadero escenario donde ocurren las cosas que deben atacarse” expresó Chinchilla.

Todos estos desafíos sobre la inseguridad y violencia nacional fueron abordados por la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, en el marco del III Foro Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad costarricense más segura y pacífica.

Para ver la exposición completa de la experta puede ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/cienciaspoliticasucr

Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR