SURCOS comparte el documento escrito por el doctor Manuel Soto Martínez, neumólogo pediatra, especialista en sueño. El doctor Soto Martínez es invitado de la Academia Nacional de Medicina.
En días recientes, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha recibido ataques y cuestionamientos a partir de argumentos que combinan señalamientos basados en información desactualizada, falsas o mezcladas con otras que constituyen desafíos. Pareciera que quienes quieren ver debilitada a la UCR les molesta la sólida valoración de nuestra institución de educación superior en los rankings internacionales independientes, o también la consistente consideración de ser la institución mejor evaluada del país en todas las encuestas en que esto se pregunta. También pareciera molestarle que ejerzamos la autonomía universitaria, establecida en la Constitución Política.
En el presente artículo se intenta deconstruir algunos de estos estereotipos con información sobre una de las actividades sustantivas que desarrollamos en la UCR: la investigación. Desde la comunidad universitaria debemos responder con datos veraces a la información falsa que propalan en contra la educación superior pública, con el propósito de debilitarla y reducirla al mínimo posible como consecuencia de la regla fiscal y la ley de empleo público.
Con frecuencia, las críticas parten de una comprensión equivocada de lo que es el modelo universitario de la UCR, resultado del desconocimiento de sus actividades sustantivas. Otras veces, la crítica responde a la intención de distorsionar la imagen institucional para deslegitimar a la institución.
La UCR es una universidad de vocación humanista. Esta formación, que inicia en los Estudios General y continúa a lo largo de la senda de formación universitaria, es sustancial porque permite formar y reflexionar sobre principios necesarios para la sociedad del mundo de hoy, como son la solidaridad, el respeto a las diferencias, la pluralidad, la justicia y la necesidad de cuidar el planeta, entre otros. La formación humanística es estratégica en la educación universitaria porque ayuda a la población estudiantil a desarrollar habilidades críticas y reflexivas, a comprender la complejidad y diversidad del mundo, mejorar sus habilidades de comunicación y a apreciar la cultura en su sentido amplio.
La UCR tiene una aspiración a la integralidad, es una universidad completa, con actividad en todas las áreas de conocimiento. Tiene vocación democrática, tanto en su forma de gobierno, como en su acceso y cobertura. Tiene una visión crítica, con vocación transformadora, en función del bien común y la sostenibilidad ambiental. Por eso su compromiso con la búsqueda de soluciones a los grandes problemas y desafíos que enfrenta nuestro país. Su quehacer sustantivo, es la docencia de grado y posgrado, pero también la investigación y la acción social. Esta concepción está reflejada en los principios y objetivos del Estatuto Orgánico institucional.
Una de las distorsiones frecuentes, en particular cuando se quiere recortar su presupuesto, es proyectar la imagen de que la UCR solo hace docencia. Es una forma de ponernos en el mismo plano que las universidades privadas, invisibilizando el importante aporte que se realiza en acción social e investigación. En las siguientes secciones, explicaré la importancia de la investigación dentro de la UCR y el impacto transformador en nuestra sociedad.
Con relación a la labor de investigación, se niega la misma o se hacen afirmaciones propias de producción de posverdad. Por ejemplo, se sostiene de manera tajante que no hay planificación de la investigación y que esta es resultado de las ocurrencias de investigadores, que obtienen el financiamiento a partir de su influencia personal, insinuando malas prácticas de gestión.
Lo cierto es que la formulación de proyectos y programas de investigación, así como la definición de los problemas que se intentan resolver no son resultado de ocurrencias antojadizas, sino de la investigación acumulada y producida desde las comunidades científicas, propias, nacionales e internacionales. También responden a la planificación de la actividad investigativa y de la evaluación rigurosa de los proyectos que se aprueban después de ser evaluados por pares internos y externos.
En esa línea, las propuestas de proyectos se presentan en diversos órganos científicos colegiados y estructuras de investigación que forman parte de las unidades académicas, centros e institutos, que a su vez integran la estructura de gestión de la Vicerrectoría que coordina esta actividad. Estos son los órganos que evalúan la calidad y la pertinencia de los proyectos y de orientar el quehacer de investigación de la institución.
La distribución de recursos y apoyos se realiza sobre la base de la calidad, la pertinencia y el aporte de las propuestas. Los temas y problemas por resolver en estas investigaciones no son antojadizos, son el resultado de procesos de análisis y estudio cuyo objetivo principal es garantizar que la investigación por desarrollar significará la producción de conocimiento original y, eventualmente, un aporte innovador o de impacto para la sociedad.
La planificación y perspectiva de mediano y largo plazo de la investigación también ha permitido importantes inversiones en infraestructura, equipos y materiales que permiten desarrollar proyectos en este campo de relevancia científica y tecnológica, así como de gran impacto económico, social y ambiental. Esto se hace con el apoyo y supervisión de la Vicerrectoría de Investigación y en conexión con las unidades académicas en la gran mayoría de los casos.
La investigación que realiza la UCR representa aproximadamente 60% del total que se produce en el país y cerca del 50% de la región centroamericana. La gestión de esta actividad se ha vuelto mucho más compleja y se desarrolla bajo los mejores estándares internacionales. Hoy, la UCR cuneta con 39 centros de investigación, 13 institutos de investigación, 2 laboratorios nacionales y 21 estaciones experimentales, fincas, jardines y reservas.
Hay cerca de 2000 personas investigadoras activas, de las cuales el 46% son mujeres. Cerca del 42% tienen doctorado, 27,7% tienen maestría y 23,8% tiene licenciatura. Es decir, es una comunidad científica con alta calificación en términos de su formación académica.
En términos de la cantidad de proyectos de investigación, en 2021 se tenían 1909 iniciativas activas. En perspectiva quinquenal, entre 2016 y 2021 se desarrollaron 3.509 proyectos en más de 100 disciplinas, en todo el territorio nacional, con gran impacto científico-tecnológico y con una significativa incidencia económica, social y ambiental.
En cuanto a las áreas de conocimiento, los proyectos activos en 2021 se desagregaron de la siguiente manera: Artes y letras 132 proyectos (6%); Ciencias Agroalimentarias 219 (11,5%); Ciencias Básicas 516 (27%); Ciencias Sociales 409 (21,4%); Ingeniería 193 (10,1%) y Salud, 273 (14,3%). Las sedes sumaban 143 proyectos activos en 2021 (7,4%).
Estos proyectos de investigación tienen estrecho vínculo con temáticas o problemas de la realidad nacional y, además, se ha apostado por el desarrollo inter, trans y multidisciplinario, como se puede observar a partir del agrupamiento por focos o ejes de investigación:
Salud y calidad de vida
Agronomía y nutrición saludable
Desarrollo de ciudades, preservación de patrimonio y cultura
Educación y desarrollo
La UCR ha hecho un esfuerzo importante para fortalecer el desarrollo de investigación aplicada y la transferencia de conocimiento orientado hacia la innovación y el emprendimiento con el propósito de fortalecer el vínculo con la sociedad costarricense, en particular con el sector productivo.
Para ello ha creado la Dirección de Promoción de la Innovación y el Vínculo para el Desarrollo (DIPROVID). Desde esta plataforma, por medio de sus distintas unidades, se impulsa 88 casos de proyectos con innovación en proceso y tiene 23 nuevas oportunidades para innovar.
Desde AUGE, la incubadora de la UCR y parte de la DIPROVID, se acompaña cerca de 150 proyectos de emprendimiento dinámico y tecnológico, así como de emprendimientos derivados o Spin-Off. Esta incubadora es la más grande del país y de la región centroamericana.
Un último punto para mencionar es que desde DIPROVID se coordina el Hélice, programa que es resultado de un convenio bilateral entre Costa Rica y Corea y que cuenta con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Corea (KOICA). Hélice cuenta con el acompañamiento de la Universidad de Corea y está orientado a fortalecer las capacidades de la UCR para desarrollar transferencia de conocimiento por medio de la colaboración entre la universidad y el sector externo, así como los emprendimientos universitarios. En este momento, se han aprobado 38 proyectos de cooperación entre la comunidad científica y contrapartes del sector externo. Estos proyectos responden a cinco focos de innovación: agricultura y nutrición saludable, salud y calidad de vida, tecnología y sociedad, creación y cultura, y, ambiente y energía.
Como queda en evidencia, se está realizando un importante esfuerzo institucional para aumentar el impacto de la investigación generada por la UCR por medio de su difusión y transferencia de conocimiento orientada hacia la innovación. Se busca incidir en la mayor cantidad de sectores y las distintas regiones del país y que derive en beneficios concretos para las MIPYMES, el ecosistema de innovación y emprendimiento nacional y la ciudadanía en general.
El análisis realizado evidencia que los estereotipos y acusaciones que se vierten sobre la UCR no tienen asidero en la realidad actual de nuestra institución, mucho más compleja y diversa que hace tres o cuatro décadas. Nuestra investigación no es improvisada, es evaluada seriamente y tiene un importante impacto en términos de innovación en todos los sectores del país. Por ello, somos un actor clave del eco-sistema de innovación y emprendimiento del país.
Sabemos que no somos una institución perfecta. Tenemos muchas oportunidades de mejora y somos conscientes de ello. Pero la UCR no es una promesa incumplida. Es la universidad con el mejor desempeño de la región centroamericana y una de las mejores de América Latina, según las variables que se utilizan a nivel de evaluaciones internacionales independientes y también según los estudios de la opinión pública nacional que nos colocan de forma sistemática como la institución mejor valorada del país.
No nos dormimos en nuestros laureles, seguiremos trabajando individual y colectivamente para mejorar y servir de mejor manera a nuestro país y, de esa forma, tal y como indica el artículo 3 de nuestro Estatuto Orgánico, contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común.
Alberto Cortés Ramos
Dirección de Promoción de la Innovación y el Vínculo para el Desarrollo (DIPROVID-UCR)
El proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC-765 Semillero Estudiantil para la Acción contra el Racismo de la UCR comparte la primera parte de la microcápsula sobre racismo y alimentación, elaborada con el material presentado en el programa de radio Saber Vivir 870 AM UCR 2022.
Créditos de las comentaristas del programa de radio Saber Vivir 870 AM: «Conversando sobre racismo y alimentación»:
Créditos del video, estudiantes del TCU:
La Coordinadora de la Lucha Sur Sur-CLSS compartió la participación de Eli Ortiz del Clan Tubölwak e integrante del Consejo Iríria SätKök del territorio indígena Yäbamï Dí Kátá conocido como Cabagra, en la conferencia de prensa: “Valoración de las medidas cautelares de la CIDH #321-12 y el papel del actual gobierno Chaves-Robles”, dada en la Asamblea Legislativa el 6 de diciembre de 2022, sobre la memoria histórica de las organizaciones propias y el marco legal respecto a la posesión de tierras.
En el vídeo, Eli Ortíz comenta que como organizaciones propias y pueblos originarios hay personas adulto mayores de entre 70, 80 y 90 años que conocen quién y qué está antes y después de la ley creada. Señala que existen personas que con mentiras arrebataron y usurparon sus tierras.
En el vídeo se señala una cita del Semanario Universidad del 20 de octubre de 2022, en la que la Sala Constitucional ratificó las sentencias de la Sala Primera, en el que establece que las personas que adquirieron tierras dentro de los territorios de pueblos originarios, posterior a que entrara en vigencia la Ley Indígena de 1977, tuvieron un actuar de mala fe y que dicha adquisición se anula.
Si desea ver el vídeo completo lo puede hacer al siguiente enlace: https://fb.watch/jhYMdpaUVh/
La Coordinadora de la Lucha Sur Sur-CLSS compartió la invitación de la comunidad de Crun Shurín para el próximo sábado 18 de marzo y domingo 19 de marzo de 2023, con motivo de la celebración de los 5 años de la lucha colectiva por la tierra de Crun Shurín (Tierra de Venados) en el Territorio de Brörán de Térraba, junto con otros pueblos hermanos y organizaciones amigas.
Se necesita apoyo económico solidario para la actividad, si desea colaborar lo puede realizar al Sinpe 8699-4843, a nombre de Roberth Morales.
Para confirmar su asistencia o ante cualquier consulta se puede comunicar al 8699-4843 o al correo: roberthmv1974@gmail.com.
Si desea observar la publicación completa lo puede hacer al siguiente enlace: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/721184092830325/?mibextid=Nif5oz
En el contexto de la celebración de los 50 años de la UNA, en una entrevista realizada el 14 de marzo de 2023 a Miguel Sobrado Chaves, comentó sobre los factores que favorecieron el nacimiento de esta universidad: el aumento en la tasa de crecimiento de la población en la década de los 50’s, una alta demanda universitaria, una gran faltante en la oferta de carreras y junto con dos fuertes tendencias del momento, la creación de una universidad europea y de una universidad que se acoplara a las necesidades nacionales. La creación de la Universidad Nacional se volvió una necesidad nacional.
A nivel externo, también habían condiciones especiales que intervinieron en su creación: cambio en la geopolítica regional, intereses por parte de Estados Unidos en impulsar reformas agrarias en Latinoamérica y el tema agrario como tendencia del momento.
En 1973 existía un proyecto para crear una universidad pedagógica, en el que se sumaban otros intereses de grupos por crearla. Su creación se dio en un momento en el que llegaban al país muchos exiliados altamente calificados y grandes intelectuales. Fue creada en torno al proyecto de la Escuela de Planificación y Promoción Social, del Padre Hugo Fernández, en el que llamaron a Miguel Sobrado Chaves a participar del mismo.
Comenta que, la Universidad ha llegado muy lejos en cuanto a la innovación en torno a la oferta de carreras, por ejemplo, ambientales, biología marina, ciencias deportivas, entre otras, que responden a las demandas y necesidades del país. Dice que la Universidad está para servir al país y para aprender de las experiencias y construir cambios a partir de los mismos.
Finaliza la entrevista con la idea de cuestionarse sobre qué hace falta y cómo podemos resolverlo; destaca que un aspecto faltante en la UNA es la autoevaluación, por lo que señala que es necesario capacitar y actualizar a los docentes sobre las tecnologías nuevas y cambiantes para acoplarse al mundo tecnológico.
Si desea ver la entrevista completa lo puede hacer al siguiente enlace:
El Movimiento del Este convoca a plantón en la Casa Presidencial este próximo viernes 17 de marzo de 2023 a las 9:00 a.m., esto con motivo de reclamar por tarifas justas y por un transporte público solidario.
La información que publicó el 12 de marzo de 2023, el medio CRHoy.com en la nota titulada UNED declara a todo su personal “exclusivo y excluyente” para evitar salario global, y cuyo cuerpo de la nota indica “para así escaparse del salario global”, es completamente falsa e induce a error a la persona lectora.
No es real que la UNED esté “escapando” o “evitando” el salario global, ya que el acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 2951-2023, Art. III-A, inciso 9), celebrada el 09 de marzo del 2023, que la misma nota informativa menciona, tiene como finalidad, precisamente, incluir el salario global como forma de remuneración a las personas funcionarias de la institución.
El acuerdo se toma en estricto cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público, que establece en sus artículos 31, 32, 33 y 34, que la Metodología de valoración de trabajo, Grados dentro de las familias laborales, Clasificación de puestos de trabajo en familias laborales y grados, y Columna salarial global, deben ser establecidas por las instituciones de educación superior, al ser una Universidad pública con autonomía organizativa.
Ante la nueva modalidad de pago que será establecida por las casas de enseñanza superior, las cinco universidades públicas del país, incluida la Universidad Estatal a Distancia (UNED), trabajan en forma conjunta en la formulación del Régimen de Empleo Superior Universitario (RESU), el cual, entre otras cosas, establecerá el salario global que regirá para las universidades.
Mientras los equipos profesionales de las cinco universidades terminan con esta formulación del RESU, el Consejo Universitario de la UNED ha instruido a la Administración, en el mismo acuerdo referido en la nota, para que elabore una propuesta de salario global transitorio para el personal universitario que ingrese a la institución, bajo la vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, como se indicó al inicio, justamente para el cumplimiento de lo establecido en la Ley.
El RESU es formulado desde el seno del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en concordancia con lo destacado por la Sala Constitucional en las consultas realizadas cuando entonces dicha ley era un proyecto de ley, que declaró inconstitucionalidad en algunos artículos debido a que no excluían a personas funcionarias que realizan labores propias de la actividad universitaria.
Asimismo, no se establecía que, en atención a la Autonomía Universitaria, la construcción de la familia de la columna salarial y sus características corresponde en forma exclusiva y excluyente a los máximos órganos de los entes universitarios.
“Es claro que este es un elemento esencial que afecta a la Autonomía Universitaria en relación con el funcionariado que se desempeña en la docencia, en la investigación, en la extensión social y cultural, así como aquellos funcionarios, profesionales y técnicos, que realizan labores administrativas vinculadas con la materia universitaria. De ahí que los órganos competentes para construir la familia y sus características, desde la óptica constitucional, lo hacen con independencia de las directrices y disposiciones reglamentarias que en este ámbito emita el MIDEPLAN o el Poder Ejecutivo”, dictaminó la Sala Constitucional.
Es así como en mayo del 2022, mediante oficio CNR-181-2022 del 2022, a solicitud de la coordinación del RESU y siendo la UNED la Universidad que presidía el CONARE, se procede a la declaración de que “la totalidad de los puestos existentes en las universidades y el CONARE se encuentran vinculados en forma exclusiva e incluyente, al cumplimiento del PLANES (Plan Nacional de la Educación Superior), de tal manera que ningún puesto podrá quedar excluido del sistema de empleo público universitario y sometido a la administración del Poder Ejecutivo”.
Por esta razón es que también el Consejo Universitario de la UNED acordó el 9 de marzo declarar a su personal, sin excepción alguna, como exclusivo y excluyente “para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas, así como para cumplir la misión, visión, objetivos y funciones encomendadas a la universidad”, no para evadir el salario global, sino para defender la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de nuestra Constitución Política.
Así las cosas, solicitamos al medio CRHoy.com que se publique la información real sobre los procesos internos que sigue la UNED frente al cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público.
Nota de la edición: Derecho de respuesta solicitado por la UNED al diario CRHoy y enviado a SURCOS.
El colectivo Mujeres por Costa Rica se manifiesta en contra del proyecto 23.380 “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” (FEES)
El proyecto del Gobierno de Costa Rica de una “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” y las afirmaciones, que a menudo se escuchan por parte de sus funcionarios, sobre estas instituciones, constituyen una de las mayores agresiones de un Gobierno de la República y, evidencian un desconocimiento, impropio del Poder Ejecutivo, sobre su función fundamental.
El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor aún, equivocada de lo que son las universidades públicas; se desconocen profundamente sus características y la esencia de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, es claro que se omite que durante las décadas de 1980 y 1990, ese financiamiento se vio severamente disminuido. En esos años el FEES pasó del 1,15% del PIB al 0,79%, con las consecuencias negativas que muchas personas conocen. La educación no debe entenderse como un gasto, es una inversión: se invierte para generar conocimientos, formar profesionales y técnicos capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad costarricense.
Las universidades públicas no son simples casas de enseñanza, formadoras de profesionales, como se deduce del proyecto; son instituciones que generan la mayor parte de la investigación en ciencia, tecnología y las diversas ramas del conocimiento e invierten el 70% de los recursos nacionales para esos fines; en los campus universitarios se encuentra el 72% de institutos y centros de investigación y trabaja el 83% de los investigadores del país. Ese aporte a la sociedad costarricense se hace gracias al FEES y a los recursos propios que generan las universidades mediante proyectos con instancias públicas o privadas, nacionales o extranjeras. La mayor parte de los proyectos se dirigen a sectores sociales productivos específicos, favoreciendo el desarrollo social. Además, es conocido que existe una profunda imbricación entre el quehacer universitario y la sociedad.
No es cierto, como equivocadamente se presenta en el proyecto 23.380, que los presupuestos universitarios se destinan, fundamentalmente, a financiar generosas anualidades y privilegios. En general los salarios universitarios están acordes o por debajo del resto de la administración pública y varios de los aumentos, que inciden en el balance presupuestario, han respondido a disposiciones o resoluciones de tribunales nacionales, como es el caso, de los profesionales del sector salud, en la UCR, en donde un fallo de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007), obligó, al acatamiento de la Ley de Incentivo Médicos.
En cuanto a su estudiantado, los presupuestos universitarios han permitido ofrecer una educación de calidad a jóvenes provenientes de 81 cantones del país, un 79% de su totalidad son jóvenes que salieron de colegios públicos o subvencionados y un 21% de colegios privados. De esta forma, nadie que tenga las condiciones académicas ha dejado de estudiar por falta de recursos, debido al robusto sistema de becas que existe; se ha aprovechado el talento rural y urbano, lo que ha permitido que jóvenes que viven bajo el nivel de pobreza tengan la posibilidad de estudiar.
Cuando, además, se señala que las universidades no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la necesaria pregunta: ¿qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales, principalmente, para la empresa privada y su interés mercantil?. La visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demanda la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto, tan necesario en tiempos presentes, de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, del arte y las humanidades?. Esas son, precisamente, las humanidades, las que desarrollan en sus graduados, las destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, la convivencia que tanto han influido en la idiosincrasia nacional, en fin, con una calidad superior para el servicio social.
No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades viven exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario, siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc.), de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente.
No es admisible, tampoco, una propuesta que irrespeta los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, en el proyecto 23.380, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), que quinquenalmente ha elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, con intereses politiqueros, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES.
Un planteamiento gubernamental, que viola la autonomía de las universidades es inadmisible. La Constitución de 1949, fue muy clara y es contundente en ese principio, al darle a la universidad, “independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio”. El Estado tiene un compromiso y una obligación con el desarrollo nacional y esto incluye, el respeto de la autonomía universitaria y el adecuado financiamiento de las universidades, como lo señala la Constitución Política.
Por todo lo anterior, la defensa frente a un proyecto que atenta contra los derechos de las universidades se impone, de manera necesaria y urgente; así como ante cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.
Hay que tomar decisiones sobre el rumbo del país, que estas decisiones conllevan, requerimos, pensar principalmente en caminar hacia la sociedad del conocimiento y la información y, en el papel vital de la educación superior pública para un desarrollo compatible con las riquezas naturales que tiene nuestro país. La discusión que se enfrenta en el presente no es solamente técnica o financiera, es política y debe enmarcarse en términos de un desarrollo nacional sostenible, equilibrado, equitativo e inclusivo; justo y acorde con los derechos de solidaridad.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica insta a la comunidad nacional a luchar, hoy más que nunca, por defender la perspectiva de que la educación superior sea de calidad, que sea una opción viable y acorde al desarrollo integral de las comunidades, las familias y las personas, y que mantenga su concepción de bien social y no se instrumentalice al servicio de intereses particulares, sino que signifique una oportunidad de movilidad social y una estrategia para lograr equidad y evitar las desigualdades, siendo generadora de identidad cultural.
Por el colectivo Mujeres por Costa Rica
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Alicia Eugenia Vargas Porras
Dra. Lupita Chaves Salas
Dra. Nora Garita Bonilla
Bach. Erika Henchoz Castro
Dra. Virginia Ramírez Cascante
M.Sc. Sandra Cartín Herrera
Licda. Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021
Licda.Vera Victoria Sancho Mora
Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Dra. Margarita Bolaños Arquín
Arq. Eugenia Solís Umaña
Licda. Martha Lorena Moreno Herrera
Licda. Josefina Pujol Mesalles
Dra. Eiliana Montero Rojas
San José, jueves 16 de marzo del 2023
El miércoles 15 de marzo, a las 4 pm se reunió la «Comisión Comunal Pro-Asfaltado de Ruta 811”, en el Salón de Catequesis de Río Jiménez.
Se acordó nombrar al compañero Félix López como coordinador y a la compañera Silvia Zambrano como subcoordinadora de dicha comisión. También se ratifica como asesor al compañero Orlando Barrantes Cartín y en calidad de voceras/os a Luis Vásquez y Mariela Marín.
La confección de un sello será tarea prioritaria para que toda la documentación que se envíe vaya debidamente firmada y sellada.
Se acuerda solicitar a Casa Presidencial una reunión urgente con esta Comisión, citando a los respectivos responsables, con el acompañamiento de los señores diputados de la provincia de Limón. Así mismo solicitar un informe a la Contraloría General de la República sobre el Presupuesto para la Ruta 811.
Además, continuamos con la tarea seguir recolección de firmas en las diferentes comunidades afectadas.
¡No descansaremos hasta lograr nuestros sueños colectivos!
¡Calles y carreteras en buen estado es un Derecho Humano!
Félix López y Silvia Zambrano
