Proyecto Conflictos por Territorios y Decolonialidad en Pueblos Originarios de Costa Rica (Pueblos Originarios y Universidades ED-3622)
Hoy se cumplen tres años del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán. Jehry nació el 1 de noviembre de 1974 en Térraba. Desde joven fue un valiente y vehemente dirigente que luchó contra el despojo de tierras y la discriminación, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos luchando contra la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís. Él decía “El río no se da a cambio de una carretera o una construcción”.
El activista fue sujetado y acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Bröran, de Térraba, a la edad de 46 años, en medio de un linchamiento de usurpadores no indígenas con clara responsabilidad del Estado que fue testigo del hecho y no intervino.
El pasado 1 de febrero en un tribunal de Pérez Zeledón, fue condenado Juan Eduardo Varela Rojas a 22 años y 15 días de prisión por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, por portar ilegalmente un arma y por amenazas agravadas contra Melisa Garbanzo. La representación de la familia de Jerhy había solicitado 39 años de prisión.
Varela Rojas asesinó al indígena Bröran “con alevosía” cuando estaba ya “doblegado, lo tenían sujetado, no representaba ningún peligro”, dijo el juez 1 de febrero de 2023, cuando se leyó la sentencia. El único argumento de supuesta “legítima defensa” expuesto por los abogados y testigos de Varela, fue descartado en el juicio. En un hecho sin precedentes, el 18 de agosto de 2022, en una reunión auspiciada por el Gobierno de Costa Rica, Varela proclamó “yo fui el que lo maté”. La concurrencia lo aplaudió en varias ocasiones y las autoridades del Gobierno presente permanecieron impasibles.
Jerhy fue asesinado cuando se iba a cumplir un año del asesinato de Sergio Rojas Ortiz dado el 18 de marzo de 2019. La falta de justicia con Sergio Rojas está convirtiendo su asesinato en un caso consolidado de impunidad que pone en duda la voluntad del sistema de administración de justicia de Costa Rica.
Por décadas, la inacción, omisión y la impunidad ha marcado la relación del Estado con los Territorios indígenas. Esta inacción hace que sean las instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que ordene al Gobierno en 2015 y nuevamente en 2016, que tome medidas especiales para proteger de la violencia y las amenazas que sufren las comunidades indígenas por parte de los ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.
A pesar de que se castigó el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, el Estado costarricense sigue sin asegurar el cumplimiento pleno de la legislación nacional y los convenios internacionales. Es por eso que la justicia con los Pueblos originarios sigue pendiente.
Dos asesinatos, 26 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más 149 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas – registrados durante 2020 y 2021 documentado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur -, evidencian que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares sino también que, es responsable de no detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas.
Esa justicia requiere, entre otras prioridades, garantizar que todas las instancias judiciales, como lo ha hecho la Sala Primera y lo ha ratificado la Sala Constitucional, cumplan las leyes y particularmente la Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, que confirman los territorios de los pueblos originarios como su legítima propiedad colectiva.
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