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Resistencia colectiva al neoliberalismo – Paul Almeida y Amalia Pérez Martín, CLACSO

Escrito en . Publicado en Derechos.

“Resistencia colectiva al neoliberalismo” es un libro digital publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en febrero de 2023, escrito por Paul Almeida y Amalia Pérez Martín. El libro contiene los siguientes capítulos: “Resistencia al neoliberalismo”; “Los ritmos temporales y la geografía de la revuelta”; “Las consecuencias de la resistencia al neoliberalismo” y “El futuro del neoliberalismo y las alternativas”.

A continuación se comparte la Introducción del libro: 

Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, cientos de miles de agricultores de los estados del norte de la India marcharon y sitiaron la periferia de Nueva Delhi al realizar una sentada masiva y un campamento en las carreteras principales. Con una presencia prominente de mujeres, los agricultores dirigieron sus protestas contra la desregulación de los precios de los productos básicos agrícolas y las políticas relacionadas, y exigieron un precio mínimo para sus productos (Singh 2022). Los principales sindicatos de la India se unieron en una huelga de solidaridad de un día contra las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno en la que participaron unos 250 millones de trabajadores. Unos meses antes, el Primer Ministro Narendra Modi y su partido Bharatiya Janata (BJP) habían aprobado tres leyes en el Parlamento que rápidamente anularon la legislación que protegía a los productores rurales y que había sido promulgada en 1955 en el apogeo del desarrollo liderado por el Estado en el Sur global (Narayanan, 2020; Waghre, 2021). Las acciones dramáticas en la India representan

el nivel más alto de resistencia colectiva al neoliberalismo a nivel nacional hasta la fecha. A fines de 2021, después de un año de campamentos permanentes de protesta y derrotas electorales regionales, el Primer Ministro Modi anunció que derogaría las leyes agrícolas.

En Chile, en un período de diez semanas entre mediados de octubre y diciembre de 2019, diversos actores colectivos produjeron más de 3.300 eventos de protesta, con marchas en las calles que llegaron a tener un millón de participantes . Este estallido social constituye la mayor manifestación de disidencia masiva en décadas en este país (Somma et al., 2020). La represión policial a las protestas dejó como resultado veinte muertos y miles de heridos (Somma et al., 2021). Si bien las subidas repentinas de los precios en el transporte público desencadenaron el levantamiento inicial, las protestas más frecuentes en las semanas siguientes se dieron por el debilitamiento del Estado de Bienestar y las demandas estuvieron relacionadas con la atención médica, acceso a la educación, vivienda, y derecho sociales en general (Somma et al., 2021). Al igual que en la India, los chilenos también denunciaron los abusos de las fuerzas represivas (Godinez Galay y Binder, 2021). Las demandas de los chilenos para ampliar los derechos sociales de los ciudadanos parecen especialmente llamativas dado que durante décadas Chile sirvió como ejemplo de reformas de mercado exitosas en el mundo en desarrollo (Harvey, 2005). El levantamiento masivo también dio lugar a la elección de una nueva Asamblea Constituyente en 2021, en la que los partidos de centroizquierda y los nuevos distritos electorales de los movimientos sociales tuvieron un desempeño muy bueno. El año terminó con la victoria de la coalición progresista Convergencia Social en las elecciones presidenciales. 

Las protestas históricas en India y Chile demuestran de manera vívida la resistencia actual al neoliberalismo en todo el mundo. Estas campañas a gran escala también ilustran muchos de los componentes de la acción colectiva discutidos en las páginas siguientes. Examinamos la dinámica de diversas formas de amenazas económicas, campos organizacionales e infraestructuras, repertorios disruptivos de contención y las consecuencias políticas de la oposición movilizada contra el neoliberalismo. Estos desafíos colectivos siguen siendo relevantes, ya que los analistas de políticas pronostican una mayor austeridad económica por parte de los gobiernos de todo el mundo hasta 2025 (Ortiz y Cummins, 2021).

Los actores de la sociedad civil han cuestionado la transición de los últimos cincuenta años hacia una economía global, basada en los principios de la desregulación, el libre comercio y una sociedad de mercado cada vez más profunda. Tanto los académicos como los activistas suelen referirse a estos principios como la doctrina del neoliberalismo. Dada la omnipresencia de las reformas impulsadas por el mercado, la movilización contra las medidas neoliberales representa una de las formas más comunes de actividad de los movimientos sociales en todo el mundo. Más recientemente, en 2019, se produjo una nueva ola de levantamientos económicos en Chile, Ecuador, Francia, Honduras, Irak, Irán, Líbano, Sudáfrica y Sudán.

Incluso durante la pandemia mundial de COVID-19, entre 2020 y 2022, estallaron campañas de protesta popular masivas contra las políticas económicas en Ecuador, Costa Rica, Colombia, Cuba, Kazajstán, Panamá, Sri Lanka, Sudán e India. Varias de las campañas recientes rompieron récords nacionales debido a su tamaño y escala. 

En esta obra exploramos la evolución de la resistencia a la liberalización económica desde los años setenta hasta las dos primeras décadas del siglo XXI. El estudio destaca la oposición cívica masiva a la implementación de políticas de libre mercado en múltiples escenarios, incluyendo reflexiones sobre: las políticas económicas específicas que impulsan la acción colectiva; la distribución geográfica de los principales eventos de protesta en distintas localidades, regiones del mundo y épocas; la composición de las coaliciones de protesta; los resultados de las campañas de los movimientos.

El contexto económico de la movilización, especialmente en términos de las distintas formas de comercio, regulación del mercado y relaciones entre el Estado y el capital, es usualmente desestimado en los estudios actuales sobre los movimientos sociales. Las obras más influyentes que incorporan la economía política en los análisis de los movimientos tienden a utilizar comprensiones neopolanyianas amplias sobre el “doble movimiento” como oposición a las formas irrestrictas de la sociedad de mercado (Roberts, 2008; Silva, 2009).

Dado que el neoliberalismo opera a nivel global como la formación económica dominante y la movilización de masas a menudo es desencadenada directa o indirectamente por sus políticas específicas, un enfoque sostenido en los impulsores económicos de la protesta y el

malestar popular ofrece enormes beneficios a nuestra comprensión de los movimientos sociales en múltiples continentes y períodos.

Ahora bien, la información sobre los autores: Paul Almeida es un sociólogo, máster y PhD en sociología por la Universidad de California, es profesor de Sociología en esta misma universidad. Sus investigaciones se enfocan en la eficacia de la movilización colectiva, entre sus trabajos se encuentran la documentación de movimientos sociales a gran escala, la acción climática, la salud, las condiciones de las sociedades, entre otros. 

Amalia Pérez Martín es profesora en la Universidad Estatal de California, Sacramento, es doctora en Sociología por la Universidad de California, Merced, y Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, posee también estudios en Ciencias Políticas. Sus intereses investigativos giran en torno a las intersecciones del Derecho, los movimientos sociales y las revoluciones sociales en América Latina y Cuba, de igual forma, las desigualdades de género, los movimientos feministas, las identidades políticas y el legalismo autocrático. 

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Información compartida con SURCOS por German Masís Morales.

Prisma Latinoamérica: El fraude del que no se habla

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Prisma Latinoamérica compartió un vídeo en su página de Facebook titulado: “El fraude del no se habla en Costa Rica”, acerca del fondo para las pensiones de los docentes. En él, se expone lo siguiente: los docentes costarricenses cotizaron entre 1958 y 1992 para crear un fondo que atendiera sus pensiones, sin embargo, el Estado malversó esos recursos en actividades ajenas por ley, y no aportó a los fondos de los docentes como dicta la ley. 

Para cubrir con esta obligación, se creó el Régimen Temporal de Reparto, como si este fuera un fondo de gracia, y no como corresponde ante una indemnización por el daño causado por el desvío ilegal e inconstitucional de los fondos de la pensión de los docentes.

A pesar de ser víctima del desvío ilegal de los fondos por parte del Poder Ejecutivo y con la ayuda del Poder Legislativo y la Contraloría General de la República, los docentes de este régimen son tratados o acusados como los responsables de que no existan recursos para las demás pensiones.

Si desea observar el vídeo completo lo puede hacer al siguiente link: https://fb.watch/i_k1bBtuG-/?mibextid=2Rb1fB

 

Información compartida con SURCOS por Miguel Sobrado y por Carlos Sáenz.

Denuncia relacionada con los ingresos y gastos de los seguros a cargo de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos.

Rodrigo Arias López, miembro de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social dirigió una denuncia este 25 de febrero de 2023 relacionada con los ingresos y gastos de los seguros a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social dirigida a Olger Sánchez Carrillo de la auditoría interna, en el que presenta una serie de denuncias y solicita a dicha Auditoría Interna a que se investigue los hechos que comparte y que se emitan las recomendaciones y acciones que correspondan con el ordenamiento jurídico. 

A continuación se adjunta lo escrito en la denuncia: 

De conformidad con los artículos 27, el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y según el “Poder ciudadano de denunciar” del Reglamento de esta Ley, así como la Ley de Regulación del Derecho de Petición, presentó las siguientes denuncias y solicitó a esa Auditoría Interna que se investigue lo siguiente y se emitan las recomendaciones y acciones que correspondan con el ordenamiento jurídico y las potestades de ese órgano auditor.

Primera denuncia.

Como es del conocimiento de esa Auditoría, hasta antes de alrededor del año 1970 la CCSS solo tenía bajo su cargo el seguro social (seguro de los trabajadores asalariados y sus familiares dependientes económicamente); el cual, como todo seguro, era para atender las contingencias una vez que sucedieran; no para prevenir esas contingencias.

A pesar de la universalización de las coberturas del seguro de salud a toda la población, promovidas por las leyes 5349 y 5905, esa condición de seguro “reparativo” no preventivo se mantuvo, tal y como consta en el artículo 6 de la Ley 5349 original. No obstante, a partir del año 1993 con la promulgación de la Ley 7374, se trasladó hacia la CCSS la medicina preventiva (antiguas unidades sanitarias del Ministerio de salud o primer nivel de atención de la salud, que hoy corresponden a las Áreas de Salud). Conforme a los artículos 7, 8 y 9 de esa Ley. Este último artículo dice así:

“ARTICULO 9.- El Ministerio de Hacienda, a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la presente Ley, tomará las previsiones presupuestarias, para trasladar mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos financieros necesarios, a fin de cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención a las

personas.”

Como queda claro, el costo de atención de la salud del primer nivel de atención es por cuenta del Estado y no se pueden utilizar los dineros del Seguro Social para financiar ese costo, pues el artículo 73 de la Constitución, en su tercer párrafo lo prohíbe, tal y como se observa en la sentencia siguiente:

En la sentencia de la Sala Primera del 8 de marzo de 2018 expediente No. 13-006261-1027-CA, en el que establece las obligaciones del Estado: “…que el Estado debería trasladar, mensualmente y sin límite de tiempo los recursos financieros para cubrir su continuidad, a efecto de lo cual el Ministerio de Hacienda debía tomar las previsiones presupuestarias. 

Ahora bien, la Junta Directiva de la CCSS y las autoridades administrativas de la CCSS de manera irresponsable y violentando los artículos 11 y 73 de la Constitución Política y los artículos 3 siguientes y concordantes de la Ley No 8422, no le cobran al Estado el costo real que se le trasladó a la CCSS de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley 7374. De la misma forma, las autoridades de Gobierno no han pagado ni siquiera lo poco que la CCSS ha cobrado al Estado. Consta, por ejemplo, en los estados financieros del seguro de salud del 2021, que la CCSS le cobró al Estado ₡20.462 millones, supuestamente por el costo del primer nivel de atención de la salud trasladado a la CCSS con Ley 7374.

Tal y como consta en los párrafos anteriores, la CCSS pretende cobrar al Estado un monto de ₡190.773 millones por el costo de la atención primaria de la salud de 6 meses de 2019, que corren de abril a setiembre; es decir, a razón de aproximadamente ₡380.994 millones por el año 2019 completo. De la misma manera, lo pretendido por la CCSS en dicho expediente es contradictorio con las cifras que se presentan en el Cuadro 32 del estudio actuarial del seguro de salud con corte al 31/12/2021. 

En la imagen se proyecta los gastos destinados a la atención de la Salud; para el 2023 será de 728,425 millones de colones, para el 2024 de 836,074 millones de colones y para el 2025 963,101 millones de colones. 

Por otro lado, un tema que se destaca es la distribución de los gastos del Seguro Social del 2017 al 2021 en millones de colones: Es decir, los gastos crecieron en ese período un 5,91% en promedio por año (2018 a 2021). Si proyectamos la pretensión de la CCSS ante los tribunales y deflactamos el valor del costo de “Áreas de Salud” de 2023 del Cuadro 32 anterior, usando esa tasa media de 5,91%, y tomamos las diferencias, se tiene una diferencia del 52% entre lo que se indica en el estudio actuarial y lo que la CCSS solicitó a los Tribunales, que en cinco años acumularía una diferencia de ₡1,1 billones.

Por tanto, la solicitud para la denuncia 1 es: se requiere que esa Auditoría Interna determine el monto del gasto real en que la CCSS ha incurrido por el traslado del primer nivel de atención de la salud desde el Ministerio de Salud hacia la CCSS, desde el año 1993 hasta la fecha, incluyendo los intereses legales y la indexación. Así mismo, que esa Auditoría determine las responsabilidades administrativas y políticas, tanto de funcionarios de la CCSS como de Gobierno, en relación con la falta de aplicación del artículo 9 de la Ley 7374, para lo cual en caso de que lo considere necesario puede recurrir a solicitar colaboración de la Contraloría General de la República.

Segunda denuncia. 

Para esta segunda denuncia cita un cuadro respecto a los ingresos por cuostas, gastos en salud y subsidios en millones de colones del 2021: el gasto del Cuadro anterior corresponde al año 2021 y suma ₡2.512.681 millones, el cual es un 7,4% superior al monto de ₡2.34.538, lo que parece razonable si observamos las tasas de crecimiento que se presentan en el Cuadro 16 del

mismo informe. De aquí se concluye que el Gasto del Cuadro 43 incluye el costo del primer nivel de atención de la salud, el cual, como quedó demostrado, es por cuenta de los salarios y no se debe cargar a ninguno de los grupos o modalidades de aseguramiento. En el año 2022 dicho costo, según la estimación del Cuadro A, es de ₡687.842 millones. Por otro lado, en cuanto a los ingresos del Cuadro 43, todos sabemos que el Estado no aporta nada hasta la fecha por el costo del primer nivel de atención de la salud.

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 73 de la Constitución y lo indicado por la Sala Primera de la Corte en cita de arriba, el costo del primer nivel de atención de la salud no se puede cargar sobre las planillas de salarios o ingresos de ninguna modalidad de aseguramiento, por lo que el monto de ₡687.842 millones debe excluirse del Cuadro 43, prorrateando según la columna “Gasto (B)” del mismo cuadro. Así se obtiene que la cuota que el seguro de salud requiere para el seguro de los trabajadores asalariados y sus familias de conformidad con los artículos 22, 23 y 32 de la Ley Constitutiva de la CCSS, es de un 7% y que en el año 2022 le sobraron ₡999.425 millones a dicho seguro, los cuales debieron ser utilizados en el régimen de capitalización de Invalidez, Vejez y Muerte (Ver Cuadro B). Aclaro que este procedimiento mostrado en el Cuadro anterior, lo denuncio por primera vez ante esa Auditoría y lo obtuve a partir de los razonamientos de la Sala Primera de la Corte, antes citados.

Como se observa en el cuadro anterior (Cuadro C: Relación de ingresos con masa de ingresos, año 2022. Montos en millones de colones) que aparece en el Reglamento del Seguro de Salud, de donde se concluye que los ingresos que se indican en el Cuadro 43 no son ingresos efectivos, sino ingresos reglamentarios calculados, por lo cual, dicho cuadro no muestra la realidad de lo que sucedería en el año 2022, ya que no considera la morosidad del Estado del 68% que se indica en la página 6 del mismo informe actuarial. Lo anterior también se desprende notando que el informe actuarial es de octubre de 2022, por lo que aún no se conocían los gastos ni los ingresos efectivos del año 2022; a pesar de lo cual, en el mismo informe tampoco se muestra el balance según modalidad de aseguramiento del año 2021.

En relación con estos asuntos, esa Auditoría interna informó en el oficio AI-0315-2023 del 17 de febrero de 2023, que “(…) se incluyó dentro del Plan Operativo 2023 en la evaluación denominada “Auditoría de carácter especial sobre la oportunidad en la emisión de las evaluaciones actuariales del SEM e IVM y la aplicación de la Base Mínima Contributiva proporcional”, la cual tiene como parte de los objetivos verificar el cumplimiento de los artículos anteriormente mencionados de la Ley Constitutiva (…)”, por lo cual solicito que en dicho estudio se consideren los elementos técnicos y legales aquí mencionados, entre ellos la elaboración del Cuadro 43 del estudio actuarial del SEM antes citado, considerando los ingresos efectivos y los gastos efectivos de varios años ya observados y excluyendo los gastos que son responsabilidad del Estado de conformidad con el artículo 9 de la Ley 7374.

Compartimos el documento completo con imágenes:

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Información compartida con SURCOS por Rodrigo Arias López.

Estudiantes del Colegio Humanístico Costarricense protestan por falta de recursos del MEP

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Tomaron las calles de Heredia con carteles con “justicia y presupuesto para el Huma” ante los retrasos burocráticos del MEP que tiene al colegio sin presupuesto desde año pasado.

En un comunicado la directora Yanixa Miranda Benavides explicó que “ya se cumple la fecha límite para el depósito de parte de Ministerio de Hacienda, para cumplir con las obligaciones estudiantiles, salariales y gestión operativa del Colegio. Lamentablemente a esta hora no hemos recibido dicha transferencia. De parte del viceministro Leonardo Sánchez Hernández, quien brinda un comunicado a la Junta Administrativa, mencionado que el día de hoy fue firmado el decreto ejecutivo, y que está listo para publicación en la Gaceta. Lo que permite deducir que hoy tampoco estaremos recibiendo el pago de lo adeudado”.

“Es por eso que, desde la dirección, estoy convocando a la población estudiantil, personal docente, administrativo, y personas que deseen apoyarnos; nos estaremos manifestado en las afueras de la Institución evidenciando nuestra inconformidad con esta situación, debido a que se están vulnerando los derechos fundamentales de nuestra comunidad”.

“En caso de no ocurrir la transferencia el día de hoy 1 marzo, el día jueves 2, la manifestación de la protesta se trasladará a las afueras del Ministerio de Hacienda en Heredia”.

Cuba protesta enérgicamente el otorgamiento de asilo en Estados Unidos a secuestrador de nave aérea

Escrito en . Publicado en Derechos.

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

El 27 de febrero de 2023, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, convocó a la Cancillería al Encargado de Negocios de los Estados Unidos, Benjamin Ziff, para trasladar formalmente la enérgica protesta de Cuba por el otorgamiento de asilo político al ciudadano cubano Rubén Martínez Machado, autor del secuestro de una aeronave civil cubana el pasado 21 de octubre de 2022.

El Ministerio de Relaciones Exteriores había solicitado en cuatro Notas verbales anteriores la devolución del autor de este acto de piratería aérea y de la aeronave, propiedad de la Empresa Nacional de Servicios Aéreos S.A. (ENSA). En esas Notas, como en esta ocasión, se reitera que los actos de piratería aérea constituyen delitos tipificados en varios convenios internacionales ratificados por Cuba y los Estados Unidos; que este hecho representa una violación del espacio aéreo, de la seguridad operacional y de las regulaciones aeronáuticas cubanas en correspondencia con lo estipulado en los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), y que la impunidad sobre acciones de esta naturaleza constituyen un precedente negativo y peligroso.

Otorgar asilo político a quien cometió el secuestro de una aeronave con fines de emigrar constituye, además, una violación de lo consignado en la Declaración Conjunta en materia migratoria suscrita por ambos países el 12 de enero de 2017, que establece la obligación de las partes a “desalentar resueltamente los actos ilícitos vinculados con la migración irregular, promover la cooperación bilateral eficaz para prevenir, y procesar el tráfico de personas, así como los delitos asociados a los movimientos migratorios, que ponen en peligro su seguridad nacional, incluyendo el secuestro de aeronaves y embarcaciones”.

El Viceministro recordó que la historia de la piratería aérea alentada y tolerada por los Estados Unidos con fines de desestabilización y hostilidad política contra Cuba tiene una trayectoria conocida y de consecuencias muy negativas y sensibles, que debería servir de enseñanza para que el gobierno estadounidense asuma una conducta responsable ante hechos de tanta gravedad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba deplora esta decisión del gobierno de los Estados Unidos y de su sistema judicial, que los convierte, en la práctica, en cómplices y estimuladores de la piratería y el secuestro aéreo, delitos que, de tolerarse y protegerse, podrían estimular actos ilícitos similares con repercusiones negativas para la seguridad nacional de ambos países.

La Habana, 27 de febrero de 2023

Fuente: Cubaminrex.

UCR, Voz experta: Aportes del estudio de la cognición social para la comprensión de los problemas de la desinformación en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Rolando Pérez Sánchez, profesor Catedrático de la Escuela de Psicología e investigador en el Instituto de Investigaciones Psicológicas.

Por: Rolando Pérez Sánchez (Instituto de Investigaciones Psicológicas, Posgrado en Ciencias Cognoscitivas)

La desinformación es un fenómeno que está afectando el devenir de las democracias a nivel global. A nivel nacional, la situación es cada vez más preocupante, y sobre la cual se requiere ofrecer respuestas y soluciones desde una perspectiva multidisciplinaria y multiperspectivista. En este sentido, es de mi interés presentar algunos aportes de la investigación socio-cognitiva al estudio de la desinformación y al desarrollo de herramientas que ayuden a combatirlo.

El proceso de formación de la opinión pública en el contexto de Internet y las redes sociales se ha modificado rápidamente, adquiriendo nuevas características y tendencias. En su versión más tradicional, se trataba de una estructura centrada en la comunicación asociada a los medios masivos tradicionales, el flujo de comunicaciones verticales y jerarquizados marcadas por disputas entre élites, grupos de poder y determinado por la agenda e intereses a los cuales se adscribían los medios de comunicación. En contraste nos encontramos ahora ante una pluralización de canales, plataformas digitales, formas de comunicación y perspectivas que coexisten y convergen con los medios tradicionales, definidas sin embargo por criterios algorítmicos que delimitan las interacciones y el acceso a la información, así como por la formación de cámaras de eco, que homogenizan y estandarizan la discusión y la información circulante.

En este contexto, la desinformación como elemento conformador de la opinión pública adquiere igualmente nuevas características, a sabiendas de que el fenómeno no es novedoso, como sí lo es la forma en que esa opinión se expresa en la actualidad y sus repercusiones a futuro.

Desde el inicio del actual gobierno, somos testigos de una serie de tendencias preocupantes que pueden tener consecuencias duraderas en el devenir de nuestra democracia. Enumeremos algunas de ellas que actúan de forma conjunta:

  1. Una comunicación del gobierno que recurre más bien a estrategias propias de la propaganda
  2. Un estilo de liderazgo autoritario, que centra la comunicación y la toma de decisiones solo en el presidente.
  3. Un estilo de retórica para la comunicación política centrado en la descalificación y el no reconocimiento de las personas o grupos que divergen o lo adversan.
  4. El uso de la desinformación como herramienta de presentación de propuestas, resultados y afrontamiento de críticas.

En este marco hemos sido testigos, por ejemplo, de afirmaciones del Presidente de la República que, de forma infundada, indicaban que las universidades públicas no rendían cuentas y carecían de controles en la administración de los fondos asignados, todo ello para justificar un proyecto de ley que pretende la intervención del ejecutivo en la toma de decisiones y en el uso de fondos de las universidades públicas. Precisamente el uso de desinformación como herramienta política y de ejercicio del poder es una forma claramente documentada en la literatura científico social como medio de legitimación, control y de injerencia en la opinión pública. Es allí donde la investigación socio-cognitiva está realizando aportes relevantes para su estudio y comprensión.

La cognición social de la desinformación se refiere a la forma cómo las personas atienden, procesan, comprenden, evalúan y aceptan o rechazan la información que reciben cotidianamente ya sea que sea verdadera, falsa o en general de carácter desinformativa. Desde el punto vista de la ciudadanía nos preocupa el manejo que se hace de los contenidos desinformativos, atendiendo tanto a las posibilidades de crítica y evaluación como de la aceptación y difusión irreflexiva de estos contenidos. La investigación socio-cognitiva ha identificado una serie de mecanismos que tienden a favorecer la aceptación de los contenidos desinformativos, pero también ha logrado empezar a distinguir herramientas que logran identificar dichos contenidos.

Algunos de los mecanismos que se han logrado identificar y que presentan la característica de actuar de forma automática, no reflexiva o consciente incluyen:

  • La tendencia a buscar información que confirme o apoye las opiniones y creencias previas, descuidando o no atendiendo a si el contenido es verdadero o falso.
  • La tendencia opuesta que rechaza información que contradice las opiniones propias y creencias previas. Esto puede hacer que las personas sean más propensas a aceptar y compartir mensajes falsos que apoyen sus opiniones previas, ya que la información falsa puede proporcionar una justificación para rechazar información contraria.
  • Ante informaciones u opiniones que puedan contradecir las propias creencias o convicciones, las personas tienden a buscar informaciones que ayuden a contra-argumentar y mantener las convicciones propias, aunque esto signifique recurrir a contenidos falsos.
  • En los últimos años se ha visto incluso que la sola exposición repetida y prolongada a informaciones desinformativas hace que las personas terminen por considerar sus contenidos como verdaderos.
  • De igual relevancia es la confianza depositada en ciertas fuentes de información, de modo que todo lo que estas difundan van a tender a considerarse válido
  • Asociado a esto último, se ha encontrado que las personas tienden a confiar en la información difundida por su grupo de referencia o personas más cercanas.

Estos dos últimos resultan además problemáticos cuando el tipo de intercambios que se generan en las redes sociales se suceden en el contexto de cámaras de eco, aumentadas por los criterios algorítmicos de las mismas redes, que tienden tanto a descartar las opiniones y flujos de información contrapuestos o disímiles y a favorecer la homogenización de criterios, puntos de vista, fuentes y perspectivas.

Junto con estos mecanismos se ha encontrado que el sistema de valores e ideologías de las personas hace que tiendan a aceptar informaciones que sean consonantes con esas ideologías o valores. Esto aún más en contextos de polarización, actualmente característicos de los entornos digitales y presenciales en el país.

Ante estos mecanismos, y conociendo que en su mayoría actúan de forma automática o no consciente, se han buscado algunas alternativas para contrarrestarlos, las cuales buscan promover

  • mecanismos cognitivos que favorezcan la reflexión y la activación de estrategias de procesamiento consciente de la información,
  • mediante la generación de estrategias que permitan la evaluación del contenido, de modo que las personas logren atender a recursos básicos para verificar la la falsedad o la veracidad del contenido,
  • así como estrategias que posibiliten la valoración de las propias capacidades para dicha evaluación, de modo que las personas analicen si las herramientas con las que cuentan son suficientes,
  • junto a ello se persigue promover la flexibilidad cognitiva que contribuya a considerar información alejada de las propias creencias, como insumo válidos para la toma de posición o las decisiones respecto a determinado tema.

En el Instituto de Investigaciones Psicológicas estamos trabajando precisamente en la identificación de estos mecanismos cognitivos de la desinformación en el país para la elaboración de herramientas concretas que reduzcan su aceptación y la tendencia a compartir estos contenidos desinformativos.

 

Rolando Pérez Sánchez
Instituto de Investigaciones Psicológicas, Posgrado en Ciencias Cognoscitivas, UCR

Pérdida de valor que han sufrido los montos de las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Rodrigo Arias López compartió unos cuadros con la pérdida de valor que han sufrido los montos de las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), esto según señala, debido a que la Junta Directiva de la CCSS no le repone a los pensionados la inflación de los precios, y en el momento en que acuerda algún reajuste, este es cancelado de forma tardía y devaluado.

En ambos cuadros se incluye «periodo de vigencia» que es el período de años en que se pensionaron las personas respectivas, la «pensión promedio actual» es el promedio de los montos de pensiones vigentes en setiembre de 2022, «pensión promedio inicial actualizada» es el promedio de las pensiones iniciales actualizadas con el Índice de Precios al Consumidor al 31/1/2023, el «monto promedio mensual de pérdida» es la diferencia entre la «Pensión promedio inicial actualizada» y la «Pensión promedio actual», la «Pérdida porcentual de valor de la pensión» es la relación de el «Monto promedio mensual de pérdida» y la «Pensión promedio actual», el «Monto anual dejado de pagar por la CCSS» es el la «Cantidad de pensiones» multiplicada por 13 veces el «Monto promedio mensual de pérdida», para incluir el aguinaldo. Y a esto se debería agregar el costo del 14% que el Seguro de Salud dejará de recibir.

El Cuadro 1 que comparte contiene a todos los pensionados de la planilla de setiembre de 2022, exceptuando un grupo de tres mil personas que se pensionaron antes de 1985, en este cuadro aparecen las pensiones que han tenido alguna ganancia como las que han tenido alguna pérdida. En este se observa que la CCSS estaría haciendo un ahorro anual a partir de los pensionados de ₡163.624.500.172.

El Cuadro 2 incluye únicamente las pensiones que han tenido pérdida. En este cuadro 2 se observa que la CCSS estaría haciendo un ahorro anual a partir de los pensionados de ₡179.316.405.592. Además, un total de 287.853 de pensiones han sufrido pérdida de valor, de ellas 274.754 pensiones fueron otorgadas de 1995 en adelante. Por ejemplo, cada una de las 40.866 personas del Cuadro 2 que se pensionaron por vejez en el período 2010-2014 está perdiendo en la actualidad en promedio ₡39.382,78 por mes (9,9%) o ₡511.976,09 por año.

De igual forma, compartió un tercer cuadro titulado “Pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a setiembre de 2022” en el que expone sobre la suficiencia de las pensiones de IVM. El cuadro incluye el “rango de la pensión”, la “cantidad de pensionados” para un total de 330.397, la “distribución relativa” y la “distribución acumulada” por el rango de pensión. 

Si desea observar las publicaciones de Facebook completas lo puede hacer a los siguientes enlaces: https://www.facebook.com/1136685301/posts/pfbid028E39bu7XDG9wPUxfwdtbycbHsw3cRiq3XMjHVsYT5KurWcFSA3ZRrEn9uHrwCFKHl/?mibextid=Nif5oz y https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XiS5pTmkhMiGiCvAb3LfMGbnP4t11qvnxM7Gog3wbSnMBRQ8EaTYX7GbxsYqcQhGl&id=1136685301&mibextid=Nif5oz

Gobernanza del agua en Costa Rica: para qué y para quién – síntesis, video y presentaciones

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

El pasado miércoles 22 de febrero de 2023 se realizó un foro titulado: “Gobernanza del agua en Costa Rica: para qué y para quién», transmitido a través de la plataforma de Facebook Live de SURCOS Digital. El foro fue organizado por la Alianza por una Vida Digna (Costa Rica) y por el Grupo de Trabajo Pensamiento Crítico Latinoamericano de CLACSO, colectivos que buscan reflexionar sobre temas muy diversos de la realidad nacional costarricense y latinoamericana. En esta oportunidad el tema central era sobre la gestión y gobernanza del agua, del cual el doctor José María Gutiérrez invita a reflexionar crítica y constantemente. El espacio fue moderado por el doctor José María Gutiérrez y expusieron Raquel Bolaños, de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica; Dany Villalobos de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y de la Alianza de Comunidades por el Agua en Puntarenas y Alberto Gutiérrez, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y miembro del Grupo de  Trabajo del Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano CLACSO. 

Alberto Gutiérrez expuso sobre “las tres claves de análisis para una crítica a la “gobernanza” del agua en Costa Rica”, en el que conversó sobre la carga ideológica al término de gobernanza: una buena gobernanza, neoliberalización de la gobernanza ambiental/hídrica, y el Estado es “ineficiente” en la gestión del agua. Su segundo tema fue la gobernanza del agua y la tecnificación de la política; en la que incluyó la gobernanza en términos técnicos y normativos, la despolitización del tema del agua y sobre un “discurso sin adversarios”, y su último tema fue centrado en el cuestionamiento sobre ¿una forma de legitimar el despojo y la injusticia hídrica? en el que incluyó la correlación entre el discurso de gobernanza hídrica y el modelo de extractivismo de acumulación por despojo, la injusticia hídrica, la hidrocracia público-privada y la intervención tecnocrática. Culmina su exposición con la reflexión del agua en el contexto costarricense; la gobernanza del agua con diferentes escalas y actores, discurso dominante en las instituciones públicas del país y los conflictos socioambientales por el agua. 

Raquel Bolaños expuso respecto al agua como recurso, el río como un territorio en disputa, lucha entre comunidades desigual, interpolación del espacio; compartió las diversas situaciones que se dan a partir de las luchas por el agua, como expropiaciones, desplazamientos, asesinatos en contra de los miembros de las comunidades y en contra de los defensores del agua y con esto la formación de alianzas, reuniones, confrontaciones, entre otros, por la defensa de los territorios y del agua. 

Dany Villalobos expuso sobre “el manejo comunal del agua como ruptura al desgastado modelo de gestión del agua en Costa Rica” basada en la experiencia de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, en el que comenta el contexto local del río Veracruz, el Aranjuectio, el Acapulco y río Guacimal, y la ausencia de estudios ambientales en la zona, junto con un agravamiento de las condiciones por las sequías. Caracterizó al modelo actual, dominio público del agua, ausencia de límites ecológicos, incapacidad de ejercer control sobre las usurpaciones y concesiones, exclusión total de la participación de las comunidades en la toma de decisiones, entre otras, y propone un nuevo tipo de modelo, con mejores prácticas, con regulaciones jurídicas, límites ecológicos claros, proyectos de economía ecológica, fiscalización de las fuentes de agua, establecimiento de caudales ecológicos, entre otros. 

De igual forma el doctor José María Gutiérrez en sus intervenciones preguntó sobre la interseccionalidad de temas como el del agua en las comunidades con asuntos y luchas ambientales, por el territorio, luchas campesinas, por temas de economía social solidaria, de vivienda, ambiente y del bienestar de la población. Destacó si existen o no familiaridades en la región latinoamericana respecto a la gobernanza del agua, sobre el reglamento del cálculo de los caudales. Retoma el tema de la importancia del agua y la visión del agua como un tema ideológico y político y  el agua como recurso y tema en disputa. Comentó que se debe de problematizar y sobre el cual se debe de debatir. A partir de las experiencias de las luchas de las comunidades por la defensa del agua y de los territorios, estableció que existe una participación democrática a nivel comunitario que plantea alternativas con consecuencias bastante positivas y equitativas. Como reto, planteó el pasar de dinámicas reactivas a propositivas, que replanteen la forma de ver y cuidar el agua, contemplando distintos niveles, como la ideología, hegemonía, luchas sociales, entre otros.

A partir del foro surgieron al final algunos comentarios y preguntas; entre ellas la importancia de la organización social y la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones; un segundo comentario fue con respecto a la legislación nacional. Se utilizó como ejemplo el reciente proyecto de ley sobre una reforma a la ley de aguas. En tercer lugar, sobre la educación pública respecto al abordaje del tema del agua y a la lucha por el recurso; el tema de la aprobación de pozos bajo criterios técnicos, y finalmente, sobre la evaluación de la articulación e integraciones entre distintas organizaciones y luchas. 

Se le invita a observar este foro en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, o bien en Facebook.

Facebook: https://fb.watch/iSmlhKVT8s/

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UCR, Voz experta: A propósito de la inclusión de Costa Rica en la lista gris de la Unión Europea

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Dr. Carlos Araya Leandro.

Por el Dr. Carlos Araya Leandro

El actual ministro de Hacienda y su antecesor mantienen actualmente una disputa con respecto a quién le corresponde la responsabilidad ante la decisión tomada por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), de incluir a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia fiscal. Ambos tienen una cuota de responsabilidad, pero la mayor parte la tienen algunos gobiernos y diputaciones de las últimas décadas, que no han aceptado la recomendación de eliminar el carácter cedular y territorial de los principios que rigen el impuesto sobre la renta en el país.

El carácter cedular se caracteriza por no gravar la riqueza en forma global, sino que la grava por secciones relativas a tipos específicos de ingresos, lo cual permite fraccionar de forma legítima la renta. En consecuencia, el sistema no tiene como eje el principio de capacidad económica de las personas contribuyentes y, por ende, atenta contra una premisa básica de todo sistema tributario, como lo es la equidad en el pago de impuestos.

Así, por ejemplo, si se cobra una tasa baja para los ingresos por concepto de intereses sobre inversiones y una más alta para los salarios – bajo el supuesto de que las personas con rentas más altas son las que tienen una mayor proporción de ingresos generada por intereses – el pago de los impuestos, como proporción de la renta total, podría ser menor para las familias de mayor poder adquisitivo. De esta manera el sistema resulta regresivo.

Por otra parte, el carácter territorial de este impuesto grava de forma exclusiva la riqueza producida dentro del territorio nacional. Es decir, los ingresos generados por ciudadanos costarricenses en otros países (por ejemplo, por consultorías, intereses o dividendos) están exentos.

Uno de los mayores inconvenientes del principio de territorialidad es que impide a la Administración Tributaria gravar las rentas que perciben en forma recurrente ciudadanos y residentes, en particular profesionales liberales y cuerpos directivos de entidades privadas, a quienes eventualmente se les retribuye una parte de su trabajo en Costa Rica y otra en el extranjero. Como alternativa, existe el principio de universalidad, en el que se gravan los ingresos de los ciudadanos residentes independientemente de si fueron generados o no en el país. Este se aplica en la mayoría de países desarrollados.

La decisión de la Unión Europea (UE) de incluir a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia tributaria -con un evidente desprestigio para el país- se debe a la ausencia, en el sistema tributario costarricense, de una norma que grave las ganancias obtenidas en el exterior, producto de rentas pasivas, por ejemplo, intereses o dividendos.

Ahora bien, este tema no es nuevo, sino que forma parte de una discusión que se ha dado por más de veinte años. Hasta el momento no ha sido posible echar a andar una enmienda compatible con el principio de universalidad, a pesar de que tanto las reformas fiscales promovidas por las administraciones Pacheco de la Espriella y Chinchilla Miranda persiguieron este fin. En ambos casos, las reformas legales aprobadas por mayoría legislativa, fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a errores cometidos en el trámite legislativo.

En abril de 2002 una comisión ad hoc de exministros de Hacienda presentó al expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría un informe denominado Agenda de transformación fiscal para el desarrollo, en el que recomendó, en materia de impuesto sobre la renta, entre otros, dos elementos esenciales: por  un lado la adopción de un sistema global de impuesto sobre la renta, en sustitución del actual sistema cedular; y por el otro lado, una base universal o mundial aplicada a todos los ingresos con independencia del territorio donde se generen.

En esta misma línea se expresan los autores del libro El sistema tributario costarricense: contribuciones al debate nacional, publicado en 2002 por la Contraloría General de la República, así como Araya Leandro (2010) en el artículo “El sistema tributario costarricense: análisis y contribuciones para su reforma”. Como señalé anteriormente estas recomendaciones técnicas y académicas fueron incorporadas en proyectos de ley sin un resultado positivo.

La exigencia de la UE en materia tributaria representa una extraordinaria oportunidad para el país, pero en particular para el presidente Rodrigo Chaves Robles, de establecer una reforma legal que produzca equidad en el sistema tributario y que permita reducir las posibilidades de evasión y elusión fiscal, definidas por el presidente – en su anterior calidad de ministro de Hacienda  – como un “deporte nacional”. 

Cabe recordar que, en su primera intervención ante la prensa nacional, el entonces ministro Chaves Robles señaló, entre otros aspectos, que “tenemos que aumentar la recaudación de los tributos que ya son ley de la República, pero especialmente de los evasores que tienen recursos para pagar los impuestos y que tienen la obligación, pero no lo hacen” (La República, 26 de noviembre de 2019).

De igual forma, en la nota en que él le comunica al presidente de la República su renuncia al Ministerio de Hacienda, afirmó: “mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el Ministerio, es decir un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas” (El Observador, 28 de mayo de 2020).

Luego, en su condición de candidato presidencial, el señor Chaves Robles cuestionó al entonces presidente Carlos Alvarado Quesada en estos términos: “¿por qué no ha luchado por eliminar destinos específicos, regalos de las parafiscales, las exoneraciones a los grupos poderosos y reducir la evasión fiscal que nos cuesta casi $5 mil millones al año?” (La República, 21 de setiembre de 2021).

Según la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2023), la recaudación por impuestos en Costa Rica es inferior al de la mayoría de países adscritos a esa organización. El promedio de recaudación en estos países alcanza el 33,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Costa Rica llega al 22,9 %, esto en contraste con Dinamarca, cuya recaudación es del 46,5 % del PIB.  

Si bien es cierto el requerimiento que la UE le hace al país es eliminar el principio de territorialidad para rentas pasivas (intereses y dividendos), el momento es propicio para que la administración Chaves Robles promueva ante la Asamblea Legislativa una reforma integral al impuesto sobre la renta que elimine su carácter cedular y territorial. Esto daría paso a una renta global como sucede en la mayoría de los países del mundo y como lo han sugerido – desde hace más de dos décadas – sectores técnicos, políticos, académicos y el mismo órgano legislativo, en particular a propósito del informe sobre los conocidos “Papeles de Panamá”. 

Una reforma en esta línea generaría un mayor nivel de equidad en el sistema tributario, cerraría portillos a la elusión y evasión fiscal, incrementaría la recaudación tributaria, reduciría el déficit fiscal y disminuiría la relación porcentual de la deuda pública respecto del PIB. Además, fortalecería los postulados y compromisos del presidente de la República de dar una lucha frontal contra la evasión y elusión fiscal y nos permitiría salir de la lista de países no cooperantes en materia tributaria de la UE.

 

Carlos Araya Leandro
Profesor catedrático, UCR