En el proyecto de Ley 23331 se pretende autorizar la venta del conglomerado BCR, a lo cual el movimiento social y sindical se opone.
Esa lucha procura exigir el respeto a todos los derechos laborales.
En comunicado recibido por SURCOS, se señala que el conglomerado del BCR se enfoca en tres ejes importantes:
La pretendida venta del BCR implica el desmantelamiento del Estado Social de Derecho de nuestro país, a partir de la privatización o venta de activos del estado.
El valor social que representa la venta del BCR para cada uno de los ciudadanos costarricenses, que por estimaciones que se han realizado, este costo social ronda por los 400.000 millones de colones.
Dar la lucha por los derechos laborales de todos los ciudadanos costarricenses es urgente en este momento.
Por lo tanto, ¡El BCR no se vende con este proyecto y con ningún otro!
El ingreso a la Alianza del Pacífico, como lo venimos advirtiendo hace muchos años, representaría un golpe bajo al sector agrícola nacional, pero sobre todo a los trabajadores y trabajadoras agrícolas. Hoy el presidente sostiene que nadie y menos él los va a sacar de la pobreza.
Como partido de gobierno nos opusimos en las dos administraciones anteriores al ingreso de la Alianza del Pacífico. Siempre hemos respaldado una posición clara y firme en torno a que los acuerdos comerciales deben ser negociados justa y abiertamente entre las partes involucradas y garantizar las condiciones necesarias, a los diversos sectores productivos, para competir en los mercados internacionales bajo normas que antepongan los intereses nacionales y el bien común.
El Partido Acción Ciudadana considera al sector agropecuario como un pilar estratégico en el entorno de la guerra en Ucrania y sus implicaciones en el abastecimiento global de alimentos. El sector agropecuario y la agroindustria costarricense, bastiones del desarrollo nacional, requieren de medidas urgentes de apoyo para garantizar el suministro de alimentos de nuestra población en las actuales circunstancias de crisis mundial, incertidumbre de los mercados, inflación, aumento desmedido en los precios de los insumos y la ruptura de las cadenas de producción y comerciales. Lo correspondiente es implementar acciones técnicas y financieras de fomento productivo, garantizar mercados, e impulsar políticas tecnológicas agresivas adaptadas al cambio climático, como, por ejemplo, la agricultura sostenible.
Por lo tanto, el PAC se opone al ingreso a la Alianza Pacífico, pues pone en riesgo nuestra producción nacional y vulnera las zonas rurales que requieren de generar más empleo y bienestar.
Costa Rica ya tiene Tratados de Libre Comercio en vigencia con los cuatro países que conforman ese bloque comercial (Chile, Colombia, México y Perú), y el comercio es pleno con esas economías.
Los cuatro países tienen subsidios implícitos en costos de producción (insumos, seguros, combustibles, crédito, entre otros), mientras que los salarios mínimos y las prestaciones sociales son extremadamente bajas, lo que significa una competencia desigual debido a que abaratan sensiblemente los costos de producción, por lo que afectaría injustamente a nuestra producción nacional, que paga mejores salarios y cubre las prestaciones sociales.
Del riguroso análisis en los procesos de negociación elaborados por el PAC, se determinó que los rubros arancelarios debían quedar por fuera de los tratados porque las políticas aplicadas en esos países provocarían la quiebra de la producción nacional. Esos rubros son menos del 7% del total de los bienes objeto de comercio.
El impacto negativo que tendría incluir ese 7% de rubros arancelarios, implicaría la pérdida estimada de hasta 100 mil de empleos de las actividades agropecuarias y de la agroindustria, en las zonas de menor desarrollo y contribuiría al deterioro de la pequeña y micro producción agropecuaria.
Quienes impulsan tal acuerdo, son un reducido grupo que ve una oportunidad de buenas ganancias, pero la política comercial costarricense debe velar por el beneficio de la sociedad como un todo, con un sentido de equidad y solidaridad.
Instamos a las personas y organizaciones del sector agropecuario a mantenerse en pie de lucha en defensa de la producción nacional en todos aquellos espacios que permite nuestra institucionalidad democrática, y nos ponemos a la disposición para brindar el apoyo necesario para evitar la adhesión a la Alianza Pacífico.
Esteban Ibarra y Claudio Vargas
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Por Esteban Ibarra y Claudio Vargas
Las escuelas unidocentes costarricenses representan un bien cultural y educativo que debe preservarse y fortalecerse debido a su riqueza pedagógica y porque expresan el compromiso de una sociedad que ha apostado por la educación como un derecho humano que, a su vez, es habilitador de otros derechos que deben estar al alcance de todas las personas sin discriminación alguna.
Cada una de estas instituciones se considera como la primera puerta de acceso a la educación con que cuenta la población que habita en comunidades rurales. De allí la relevancia de que el Estado continúe garantizando su funcionamiento y acceso, que el currículo nacional se contextualice a la diversidad de ruralidades del país y que el personal docente que las atiende se encuentre capacitado para asumir su quehacer según las particularidades que les caracterizan.
Actualmente, en el país existen cerca de 1 200 escuelas unidocentes (MEP, 2021), conformadas, generalmente, por un grupo multigrado de 30 o menos personas estudiantes, las cuales se atienden de manera simultánea por una persona docente (Cartín, 2018). Esta última, a su vez, asume la gestión institucional; ello representa, por lo tanto, una significativa complejidad pedagógica y administrativa.
Pese a la presencia de factores negativos que afectan hoy la calidad de la educación que se brinda en las escuelas unidocentes: la geografía donde se ubican que hace complejo el acceso y el transporte, la pobreza de las comunidades, la carencia de recursos didácticos contextualizados, una oferta curricular incompleta, el aislamiento de las personas docentes y una sobrecarga laboral, entre muchos otros, en estas escuelas, los porcentajes de repitencia, rendimiento (aprobación, aplazamiento y reprobación) y exclusión intra-anual, han estado por debajo de la media nacional. (MEP, 2016, citado por Cartín, 2018).
En suma, estas escuelas resultan ser centros estratégicos para el desarrollo comunal, pues son espacios físicos que se prestan para múltiples propósitos en los que se involucran otras instituciones estatales y organizaciones locales. Por estas razones, debe reconocerse el esfuerzo que el Estado, las comunidades y el personal de las escuelas unidocentes realizan para garantizar la calidad del servicio que se brinda.
Desde esta perspectiva, es fundamental profundizar en una serie de aspectos que caracterizan a estas instituciones y que se relacionan con su valor social y pedagógico. Por una parte, tal como se ha mencionado, estos centros educativos se sitúan, mayoritariamente, en zonas rurales con una baja densidad poblacional, lo cual las faculta para atender al estudiantado perteneciente a zonas geográficas y culturales distintas.
En algunas de estas escuelas, además, se brindan servicios que buscan suplir necesidades fundamentales del estudiantado y sus comunidades, como, por ejemplo: preescolar heterogéneo, educación especial y otras asignaturas con docentes itinerantes (segunda lengua, música, artes plásticas, lengua y cultura en escuelas indígenas), proyectos de informática, alimentación (comedor escolar) y transporte estudiantil. Este esfuerzo del Estado, vinculado con la calidad de estas instituciones, debe profundizarse y ampliarse para que sea una realidad en todas las escuelas unidocentes del país.
A lo antedicho se suma, como parte de su valor pedagógico, la relación cercana entre el profesorado y el estudiantado. Por un lado, el hecho de que la población escolar sea pequeña y que la convivencia de la persona docente sea más permanente en la comunidad, favorece la adquisición de un conocimiento más profundo y amplio de cada estudiante y de su familia, lo cual es vital para brindar una educación más personalizada. Por otro lado, el que la persona docente deba atender en forma simultánea estudiantes de varios niveles, conlleva la necesaria aplicación de metodologías activas, centradas en el estudiantado y no en el profesorado.
Esa descentralización del rol de la persona docente implica una organización del proceso de aprendizaje que incluye actividades y materiales que le permiten al estudiantado trabajar con autonomía, es decir que, al llegar a la escuela, encuentra dispuesto el material de aprendizaje con el que debe trabajar durante el día y puede hacer uso de este gestionando sus propios aprendizajes. La dinámica de trabajo de la persona docente en el aula, se trata de rotar entre los grupos para explicar y orientar, en general, el proceso de aprendizaje. Esta dinámica favorece el desarrollo de valores y destrezas tales como la interdependencia, la cooperación, el liderazgo, la creatividad y la autoestima.
En el aula multigrado también se aplican actividades en las cuales el estudiantado de diferentes niveles trabaja de manera cooperativa, lo que favorece el trabajo interdisciplinario, la ayuda entre estudiantes de diferentes edades, capacidades y niveles, aspectos que constituyen al aula multigrado en una comunidad de aprendizaje en la que el trabajo en equipo suscita aprendizajes mutuos o “por contagio”.
Un currículo contextualizado, es decir, adaptado a la cultura local, tiene como efectos una relación más cercana entre la escuela y la comunidad, lo que favorece en el estudiantado un aprecio por la cultura local y su entorno, además de afianzar su identidad como persona y miembro de una determinada colectividad.
La importancia de las escuelas unidocentes radica en que:
a) Garantizan el derecho humano a la educación a poblaciones que son clave para el desarrollo rural-nacional, las cuales, empero, han sido tradicionalmente excluidas.
b) Representan una oportunidad de mejorar los niveles de alfabetización y escolarización, entendidos como medios para que las personas puedan acceder a niveles superiores dentro del sistema educativo costarricense.
c) Contribuyen a la movilidad social de las personas que habitan en la comunidad, ya que se constituyen como centros estratégicos para el desarrollo comunal (económico, social, cultural, ambiental, entre otros).
d) Coadyuban en la preservación de la cultura, favorecen el arraigo y evitan el despoblamiento en las zonas rurales, al favorecer la estancia de las personas garantizando el acceso al servicio educativo en la propia comunidad.
Desde la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica hemos realizado esfuerzos por atender necesidades de formación inicial y permanente del profesorado de las escuelas unidocentes. Actualmente, dentro de la malla curricular de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria, se ofrecen los cursos de Educación Rural y Escuela Unidocente, Educación Intercultural y Principios de la Gestión Administrativa, los cuales aportan al estudiantado en formación conocimientos y habilidades necesarias para su posible desempeño en esta tipología escolar.
Desde el 2011 y hasta el 2020, se desarrollaron tres proyectos desde el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, en los cuales participaron la UCR, la UNA y la UNED. Tales proyectos han desarrollado acciones de investigación y capacitación del personal unidocente, además, organización, divulgación y ejecución de eventos (congresos, simposios y capacitaciones), así como material didáctico: planeación correlacionada, guías de trabajo cooperativo y material informativo sobre la tipología y el quehacer docente en las escuelas unidocentes. Sumado a ello, se ha apoyado al MEP para capacitar personal docente en servicio sobre la metodología para estas instituciones.
Es evidente que las escuelas unidocentes nacieron para quedarse, pues no existe otra alternativa para atender las zonas rurales del país. Su presencia, a lo largo y ancho del territorio continental e insular, sigue representando hoy la primera puerta para que las poblaciones rurales y sus territorios cuenten con oportunidades educativas y de desarrollo. Su importancia no debe medirse, por consiguiente, según los costos económicos que representa para el Estado, ya sea por cada una de las personas estudiantes o por cuántos centros educativos hay por kilómetro cuadrado, sino que, deben valorarse, precisamente, porque Costa Rica ha visto en la educación un derecho humano transcendental que, junto a otros derechos comprime la iniquidad y la desigualdad social.
En suma, valorar el aporte de las escuelas unidocentes es defender años de progreso educativo, forjado gracias a una sociedad que ve en el Estado costarricense, un medio para construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Derivado de la trascendencia de estas instituciones, entonces, el MEP, así como las universidades, principales centros de formación inicial docente, y todas aquellas personas u organizaciones vinculadas con los procesos educativos del país, tienen la responsabilidad compartida de atenderlas y apoyar sus funciones, de manera que continúen brindando una atención de calidad para cada una de las personas y las comunidades donde se sitúan, reduciendo, a su vez, las barreras tradicionales que existen entre lo urbano y lo rural.
El acceso es gratuito y virtual para todas las personas interesadas en fortalecer sus conocimientos y mejorar su calidad de vida
U Abierta es la nueva plataforma educativa con la que la Universidad Estatal a Distancia (UNED) ofrece actividades, cursos y recursos gratuitos y virtuales, para apoyar a la población en sus procesos de autoaprendizaje, sin restricción de tiempo y al ritmo de cada persona.
El nuevo entorno está disponible aquí (https://uabierta.uned.ac.cr/). Las personas que esperan recorrer la oferta educativa deben registrarse y matricular una a una las actividades, cursos o recursos de su interés y cumplir con los procesos correspondientes para adquirir nuevos conocimientos o, incluso, en algunos casos, poder certificarse con la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED.
Con esta plataforma, la UNED atiende “las necesidades de formación que tiene las poblaciones en el territorio nacional e internacional, en un avance significativo en la historia de la UNED. Estamos incorporando activamente de forma oficial y formal, la posibilidad de capacitación y formación abierta haciendo uso intensivo, inteligente y eficiente de lo que la tecnología pone al servicio de una institución como la nuestra, especializada en educación a distancia”, indicó el rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho.
Esta iniciativa está dirigida a personas en condición de desempleo, subempleo, inmersas en la economía informal y aquellas que desean tener una actualización profesional, pero no cuenten con los recursos económicos para cumplir con sus metas educativas.
Para el rector de la UNED, “en este tiempo post pandemia, lo más necesario en todas las sociedades es multiplicar las formas en que las personas puedan adquirir conocimientos, llevar a todos los rincones a nivel nacional las oportunidades de aprendizaje y aquí lo estamos haciendo, incorporando el conocimiento de las personas, el desarrollo de toda nuestra modalidad educativa, las experiencias y buenas lecciones que tiene la UNED a lo largo de su historia”.
Cursos en oferta. En esta primera etapa se tienen disponibles 11 actividades y recursos, los cuales irán en aumento en las próximas semanas. Actualmente, están en oferta cursos como Principios de Word; Principios de Power Point; Leyes de Newton en lenguaje sencillo (secundaria); Manejo de crisis en tiempos de crisis; y ¿Cómo enseñar lectoescritura en casa?
Asimismo, ¡Yo tengo una idea! Herramientas de incidencia política desde las juventudes; Trastorno del Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH); Liderazgo desde nuevos modelos pedagógicos para transformar la comunidad y el centro educativo; La incidencia política en la gestión local del desarrollo; Sistematización de experiencias de desarrollo territorial y MOOC Introductorio sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“U Abierta puede servirles a los más de 30 mil estudiantes de carreras de la UNED y a las muchas personas que no tienen estudios universitarios y con acceso a este tipo de herramientas digitales, pero, sobre todo, esperamos que U abierta sea la universidad de los sectores que hoy se encuentren en la economía informal”, indicó por su parte, Javier Ureña Picado, director de la Dirección de Extensión Universitaria.
De esta forma, la UNED se propone poner al alcance de la población la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades para aplicarlos en emprendimientos o labores cotidianas, además de las competenciaspara el uso de plataformas con Recursos Educativos Abiertos.
El 08 de noviembre del 2012, la policía golpea y encarcela a personas que se manifestaban defendiendo a la Caja Costarricense del Seguro Social; han pasado 10 años de ese suceso, sin embargo, este 08 de noviembre del 2022 todavía se mantienen luchando.
Se adjunta video de las manifestaciones llevadas a cabo.
El 08 de noviembre del 2012, el Estado en conjunto con la policía golpeó, detuvo y envió a juicio (que duró años) a varias personas de organizaciones populares y comunidades rurales que defendían la CCSS y la salud pública.
El viernes 4 de noviembre del 2022 se estableció un espacio para hablar sobre los “Recortes presupuestarios al MCYJ y su impacto en el sector cultural y el país”.
De parte de los panelistas: Katia Ortega (gestora sociocultural y directora ejecutiva de la Fundación Carmen Naranjo), Rebeca Bolaños (gestora sociocultural y poeta), Claudio Monge (profesor jubilado de la UCR), Martha Rojas (educadora, filóloga, poeta y gestora cultural miembro del buen vivir de desamparados) abrieron un espacio de reflexión sobre los asuntos que afectan a la comunidad costarricense, que generan obstáculos para el desarrollo de dinámicas culturales que atraigan y se proyecten a la poblaciones a este espacio.
Desde esta perspectiva, se da rostro a estos subsidios brindados para lograr cambios significativos en la sociedad y que se ponen en peligro debido a los recortes establecidos por los distintos gobiernos. Este programa toca la importancia de fomentar la educación, la cultura, el desarrollo de las sociedades, para no establecer dinámicas ideológicas que limiten la potencialidad de las poblaciones.
La discusión sobre los presupuestos brindados a la cultura no deben ser negociados o negados sino fomentados, ya que esta es generadora, formadora y educativa, que incide en el ser, al ser sensibilizada, que genera espacios de desarrollo y de creatividad, en las comunidades fuera y dentro de la GAM, impulsadas por el Ministerio de Cultura y por las universidades públicas.
PRONUNCIAMIENTO: EL CODIAW, AUTOGOBIERNO DEL TERRITORIO BRIBRI DE SALITRE, RECHAZA LAS DECLARACIONES DEL GOBIERNO
El pasado 4 de noviembre, una familia Bribri del Clan Duriwak (apellidada Sandi Morales) completó un proceso de recuperación al desalojar al ex ocupante ilegal, Luis Ángel Pérez Jiménez, del terreno. Esta medida completó el proceso que inició en 2021 y también significa una disminución del riesgo que corría la familia al convivir con el ex ocupante ilegal que continuaba utilizando, ilegalmente, una parte del terreno recuperado. La peligrosidad de Pérez fue todavía más evidente cuando respondió con numerosos disparos en el momento del desalojo.
Sobre este último hecho, una comitiva del Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa (CODIAW) fue testigo de la violencia recibida por parte del usurpador Luis Pérez. El CODIAW fue testigo de que Pérez disparó directamente con arma de fuego hacia las y los recuperadores. Una muestra más de lo violento que han sido las personas no indígenas usurpadores que por muchos años han perpetrado agresiones físicas a los recuperadores en los distintos territorios.
En ese contexto, el Gobierno emitió un comunicado de prensa donde se refiere a los procesos de recuperación de tierra-territorio. El texto menciona, reiteradas veces, que las recuperaciones son las responsables de generar violencia en los Territorios. También el texto menciona el Plan RTI, como una supuesta vía legal que debemos seguir los Pueblos Originarios para recuperar nuestros Territorios. Finalmente, el texto hace un llamado a la paz y al diálogo, recordando que hemos sido los Pueblos Originarios quienes hemos insistido sobre ello.
Así, nosotros (as) como Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa (CODIAW), Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre, rechazamos cada una de las palabras y declaraciones del Gobierno. Declaraciones que no sólo difunden información falsa, sino que también nos señala como responsables de la violencia racista y de odio en nuestra contra. Así, el Gobierno actual señala a los Pueblos Originarios como victimarios. Señalamiento que es en sí mismo una forma de violencia institucional.
Al Gobierno, encabezado por Chaves Robles, le informamos:
– Los Pueblos Originarios nos vimos sin ninguna otra opción. La inoperancia y la falta de voluntad política del Estado, nos arrojó a recuperar nuestras tierras-territorios. Por lo tanto, si hay un responsable de las recuperaciones de tierra-territorio es el Estado.
– Ninguna política pública, ni el Plan RTI ha sido tan efectivo y contundente como las recuperaciones de tierra-territorio. Como Concejo sabemos y tenemos pruebas de que las recuperaciones de tierra-territorio han transformado la vida de las familias recuperadoras: acceden a la tierra, la trabajan, cosechan alimentos saludables y, como si esto fuera poco, el terreno recuperado poco a poco regenera su equilibrio ecológico. Hoy, con las recuperaciones de tierra-territorio, no sólo los niños, niñas crecen, sino que también lo hace la vegetación y los animales.
– Lejos de generar violencia, las recuperaciones de tierra-territorio han incidido en dignificar la vida de los Pueblos Originarios. Pues, sin la tierra-territorio los Pueblos Originarios no podemos multiplicar nuestra cultura y cosmovisión ancestral.
– Las recuperaciones de tierra-territorio son acciones pacíficas y se encuentran íntimamente relacionadas con nuestra cultura, cosmogonía y cosmovisión. La violencia no es por parte de nosotros, los Pueblos Originarios.
– La violencia que se vive el día de hoy en los Territorios Indígenas nace de la ocupación ilegal de personas no indígenas, promovida por el Estado costarricense.
– La violencia nace de los ocupantes ilegales y su respuesta ante la dignidad de los Pueblos Originarios que decidieron hacer valer sus Derechos Humanos y colectivos, así como su derecho a la tierra-territorio que les pertenece ancestralmente.
– Es falso afirmar que las recuperaciones de tierra-territorio son únicamente una vía de hecho. Su legalidad se encuentra en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -ratificado por el Estado en 1992-, en la Ley Indígena de 1977 y también en el marco constitucional del país.
Así, le informamos al Gobierno costarricense que las recuperaciones de tierra-territorio no se detendrán hasta que exista alguna acción contundente por la recuperación de nuestras tierras. La espera a la que alude el Gobierno en su comunicado es algo a los que nosotros y nosotras, como Pueblos Originarios, no podemos aceptar. Tras más de 12 años de resistencia en relación a las recuperaciones reafirmamos que ha sido ésta la única vía que ha garantizado nuestros derechos y acceso a la tierra. Por tanto, éstas no se detendrán y si en algún momento se detienen será por decisión de los Pueblos Originarios y no por lo demandado por un Gobierno que lejos de buscar una solución nos amedrenta.
Seguiremos apoyando todas las acciones que llenan de dignidad los pueblos originarios ante un Estado costarricense opresor y que al día de hoy no ha mostrado buena voluntad empezando los procesos de devolución de tierras como lo establece la ley.
Nuestra lucha por la recuperación de nuestras tierras-territorios continúa viva y fuerte, y no se detendrá.
La Universidad de Costa Rica, el Sistema de Estudios de Posgrado, el Programa de Posgrado en Sociología, la Facultad de Ciencias Sociales y CLACSO le invita este próximo 17 de noviembre a las 05:00 p.m. a sintonizar la transmisión en la cual se abordará el tema de las prácticas y representaciones de los cuidados y las relaciones de género.
Panel invitado:
Dra. Ana Sojo Martínez, consultora independiente. Los cuidados en América Latina.
M.A. Ana Leonor Ramírez, consultora independiente. Los cuidados y los efectos de la pandemia en las mujeres.
MSc. Álvaro Campos Guadamuz, psicólogo, sociólogo, docente UCR y fundador del Instituto WEM. Los cuidados y las representaciones sociales de las masculinidades.
La presentadora del evento será
Dra. Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología y profesora de la Escuela de Sociología, UCR.
Se podrá acceder a la transmisión mediante Facebook Live en las siguientes cuentas:
Web TV de la Facultad de Ciencias Sociales.
Maestría Centroamericana en Sociología.
Asociación Centroamericana de Sociología, ACAS.
Colegio de Profesionales en Sociología Costa Rica.
El pueblo cabécar de China Kichá tiene una nueva recuperación de tierra-territorio, su nombre es Köe Diglé, que en español es quebrada tortuga
SURCOS comparte la siguiente información:
Miércoles 9 de noviembre del 2022. La familia Ríos del Clan Julabluwak, que pertenece al Pueblo Cabécar, alrededor de las 5:30 de la mañana recuperó un terreno ocupado ilegalmente por José Naranjo, no indígena que obtenía ganancias de ese terreno a través de la empresa Inversiones Agrícolas Navas desde 2011.
El terreno se encuentra ubicado a 2.5 kilómetros al este del salón comunal del Territorio, mide 12 hectáreas y limita con: Sa Ka Keglö Kaska al norte y al este, y con calle pública al sur.
Esta recuperación de tierra-territorio es legítima y de acuerdo a la cultura e historia del Pueblo Cabécar, fundamentada en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), la Ley Indígena de 1977 y el marco constitucional del país. Además, la Sala Constitucional recientemente declaró la nulidad de todas las compraventas de tierras por parte de personas no indígenas realizadas después de la entrada en vigencia de la Ley Indígena de 1977. El fallo es el No 20222024725, del miércoles 19 de octubre del 2022.
El terreno recuperado el día de hoy, en un primer momento fue del Cabécar Ramón Ríos Calderón, luego pasa a ser ocupado por Alfredo Ureña, no indígena, quien lo vende a Cacho Porras, también no indígena.
Este último lo hereda a su hijo, Antonio Porras, quien finalmente lo vende a la empresa Inversiones Agrícolas Navas, cuyo socio mayoritario es José Naranjo.
Llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones, colectivos y personas solidarias con nuestra lucha y la de otros Pueblos Originarios en el país.
Exigimos la presencia de la Fuerza Pública en el lugar de los hechos y hacemos responsable al Estado costarricense de cualquier agresión en nuestra contra.
Recuperadores y recuperadoras cabécares de Köe Diglé.
