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Acompañemos a Orlando en la última audiencia del juicio

Campaña Absolutoria difinitiva para Orlando Barrantes Cartín

Este miércoles 26 será la última audiencia en el Tribunal Penal de Guápiles. La cita para acompañar a Orlando Barrantes Cartín es a la 8 de la mañana.

Porque Orlando es inocente:

Conversatorio. “Los retos de la investigación social crítica en tiempos inciertos”

La Gestión y Evaluación de Programas, Proyectos y Actividades Académicas (PPAA), la Escuela de Sociología, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad Nacional (UNA) y La Facultad de Ciencias Sociales le invita al conversatorio: “Los retos de la investigación social crítica en tiempos inciertos”.

La facilitadora de este conversatorio que se está dando en el marco del curso El Pensamiento Social Crítico y Feminista Centroamericano, será la Doctora Ana Silvia Monzón.

La conferencia está dirigida al público en general con modalidad mixta. Esto significa que será presencial en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA y también se impartirá virtual vía Zoom.  Este conversatorio tendrá lugar el miércoles 26 de octubre del 2022 a las 2:00 p.m.

Cuentos entre pasillos

“Cuentos entre pasillos” es un proyecto ganador de una de las becas PROARTES, del Ministerio de Cultura y Juventud, este fue presentado por la artista escénica Mirella Espinoza Lama.

Este es un espectáculo que combina cuentacuentos y música, que ha trazado una ruta de gira por ocho comunidades fuera de la GAM, seleccionadas por el flujo migratorio que hay en ellas. Dicho proyecto fue definido para la convocatoria PROARTES 2022 de la siguiente forma:

«Cuentos entre pasillos» opera según la premisa de que cuando alguien viaja, no solo migra esa persona, físicamente sí, pero alrededor ocurren otras cosas y estas cosas involucran al colectivo. Se dirige a todo tipo de públicos por la importancia de hablar de este tema entre todas las edades, ya que no es un fenómeno solo de los adultos, migran niños y jóvenes, también. Es un espectáculo que no solo apela a las personas que han migrado, sino a la sensibilización de las personas locales también, porque de una manera u otra, las personas de las diferentes localidades tienen una relación simbólica con el lugar donde nacieron y con su historia familiar. 

Conversatorio. Neoliberalismo y el populismo del actual gobierno: una afrenta contra la Constitución Política

La Universidad Nacional (UNA), Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) le invita al conversatorio: “Neoliberalismo y el populismo del actual gobierno: una afrenta contra la Constitución Política”.

Será impartido por el Doctor en Gobierno y Políticas Públicas, UCR Académico de UNED  Luis Paulino Vargas Solís.

La conferencia esta dirigida al público en general, de manera presencial en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, en la Sala de videoconferencia FCS UNA, y en modalidad virtual, en vivo por medio de Facebook en: Facebook/situn universidad nacional, este miércoles 26 de octubre de 2022 a las 10 a.m.

Un fallo que honra la vida de Sergio Rojas Ortiz

Por Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo ITCR-ecologista FECON

El fallo No. 2022024725 de la Sala Constitucional del 19 de octubre de 2022 reafirma lo que la Sala Primera había reconocido con total claridad en al menos catorce sentencias: que dentro de los territorios indígenas desde la entrada en vigencia de la Ley Indígena N° 6172, publicada en La Gaceta N° 89 del 10 de mayo de 1978, cualquier “venta o compraventa de propiedades es absolutamente nula», como dijo el magistrado Fernando Castillo. La Sala IV reconoce el derecho de los pueblos originarios al rechazar un recurso contra algunas resoluciones de la Sala Primera, mediante las cuales esta Sala había rechazado la pretensión de ocupantes ilegales de consolidar esos negocios de “mala fe”.

La violencia generada por la usurpación de los territorios originarios y el no reconocimiento de la Ley indígena y de otras leyes nacionales, lo mismo que de convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, han impedido poner en práctica lo que con toda claridad señala el artículo 3 de la Ley indígena: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.

El fallo de la Sala IV limpia la dignidad de Sergio Rojas Ortiz, pisoteada y vilipendiada en razón de su lucha. Reconfirma que Sergio en esta materia siempre tuvo la razón, que ninguno de sus argumentos estaba errado, que tenía total conocimiento de la legislación nacional e internacional en la que respaldaba cada una de sus acciones, que el derecho consuetudinario y cultural de los pueblos originarios también era y sigue siendo válido, y que su muerte no fue más que una expresión de todas las formas de violencia que han soportado los pueblos originarios.

Este fallo reivindica la lucha que Sergio mantuvo por décadas con cientos de personas indígenas en medio de descalificaciones de los gobiernos y de la institucionalidad. Y tal vez, uno de los aspectos al que más hay que poner atención, es que cuando Sergio fue encarcelado por 7 meses sin que nunca se le hiciera una acusación formal, estaba enfrentando clara y directamente el racismo, el odio y la persecución que alguno.as funcionario.as del Poder Judicial descargaban contra él y contra los pueblos originarios. Es por racismo que se siguen negando los derechos de la gente indígena y se juzgan las usurpaciones como disputas ordinarias de derecho agrario.

La inteligencia de Sergio se fundía con su sabiduría y su paciencia segura y silenciosa ante las agresiones, y esto resultada desconcertante para sus enemigos abogados, jueces, carceleros y terratenientes usurpadores; y hasta para la gente indígena que no compartía su trabajo. Sin embargo, esas fueron las cualidades que le dieron arrojo hasta el último minuto de vida en las montañas de Yeri donde lo acribillaron. De alguna manera el odio con que lo mataron se empequeñece con este fallo de la Sala Constitucional. Sergio y la gente indígena que sigue defendiendo sus derechos siempre han tenido la razón, y su muerte, y la de Jerhy Rivera Rivera, sólo se explican por el racismo que con distintas expresiones persiste en una parte de la sociedad costarricense y, desgraciadamente, en alguna parte de la institucionalidad insensible e deliberadamente negligente.

Otra de las hazañas de Sergio Rojas Ortiz fue trabajar por los derechos legítimos de sus pueblos desde la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre. Llegar a presidir esa ADI fue por sí sólo un reto que siempre había sido impensable para la mayoría de la gente indígena, aun cuando querían desprenderse de los controles “sikuas”/no indígenas. Esos eran tiempos en que, sin tapujos, las ADIs de los territorios indígenas eran manipuladas, controladas y dirigidas sin el menor cuidado por entidades como la Comisión nacional de asuntos indígenas (CONAI), DINADECO, ministerios, partidos políticos y hasta terratenientes ocupantes ilegales de tierras indígenas. “Hubo muchos casos en que los mismísimos finqueros eran presidentes de las ADIS dentro de nuestros propios territorios, y nosotros estábamos por debajo de ellos, como aplastados, la mayoría de la nuestra gente estaba con miedo y sin fuerzas para hacer alguna resistencia”; así lo reconocen Pablos Sivas Sivas y otras personas que estuvieron con Sergio por décadas pero mucho más luego del 2010, cuando las recuperaciones se convirtieron en la acción directa de hacer valer derechos jurídicos y culturales en su propia tierra.

Romper con el dominio sikua de las ADIs era romper con un cimiento del colonialismo viejo y moderno. Eso supuso enfrentamientos con todo en “andamiaje” del Estado, y también con mucha gente de los propios pueblos. De hecho, hasta hoy persisten las confrontaciones entre ADIs y Consejos de Mayores que son la forma cultural de organización indígena, sobre si son o no legales las recuperaciones. En esa disputa está quedando claro que los Consejos de mayores que siguen la línea de trabajo de Sergio Rojas tienen la razón.

Cuando Sergio estuvo al frente de la ADI de Salitre se inició una fase histórica para los pueblos originarios. Su presidencia en la ADI le permitió a la gente indígena comprender que a pesar de que esas organizaciones se implantaron para sustituir sus organizaciones culturales, se podían usar para recuperar y defender sus derechos. Eso fue algo que jamás le perdonaron. Efectivamente, Sergio actuó con una determinación descomunal y una inspiración que estimuló a su pueblo. Desde esos años Sergio tuvo la claridad que hoy reafirman las instancias jurídicas de mayor rango en el país. Su ausencia de miedo y su certeza se podrían resumir en la pregunta que él mismo le hacía a la gente que quería sumarse a las recuperaciones: “¿Están dispuestos a morir?”. Esa misma pregunta se la siguen haciendo hombres y mujeres recuperadoras que hoy viven en vilo, “con un ojo cerrado y el otro abierto”, porque las agresiones no han terminado. Pero a pesar de la inseguridad, lo que sí se reconoce en los territorios recuperados es que hay muchas semillas de Sergio germinando.

Sergio no se esperó a resoluciones para ejercer sus derechos y estaría celebrando este fallo sin dejar de afilar las herramientas para recuperar más tierras. Con la sentencia de la Sala IV se reafirma que es correcta la acción de los pueblos que están ejerciendo justicia por su propia mano, recuperando su tierra en Saka Duwë Senaglo, Seglö Kaskä, Kono Jú, San Andrés, Crun Shurin, Yuwi Senaglo y Kelpego. Aunque el fallo no es el fin de este proceso, sí es una señal concreta de que se pueden recuperar la tierra y los derechos de los pueblos originarios que fueron negados por siglos.

Este fallo contribuye a limpiar la ultrajada vida de Serio Rojas Ortiz y ojalá sea un refuerzo para que la sociedad costarricense supere todas las formas de discriminación y racismos contra los pueblos originarios. Eso implica conocer los derechos de estas personas, como los establecidos en la Ley indígena. Ya no hay pretexto para que todas las tierras usurpadas desde que entró en vigencia la Ley indígena no sean devueltas a los pueblos originarios que son sus legítimos dueños. De nuevo se ponen a prueba la voluntad y la capacidad de la institucionalidad de Costa Rica, y especialmente de quienes deben actuar para hacer valer esos derechos. ¿Con qué fundamento un tribunal de menor rango podría juzgar en sentido contrario de lo sentenciado tantas veces por la Sala Primera y ahora por la Sala IV?

El fallo es un avance muy importante pero no elimina las dificultades, como se comprueba con el rechazo y las controversias que ya se exponen, por ejemplo, en un audio que circula en Buenos Aires de Osa, cuyo emisor desconocemos: “Si ese artículo (el 3) de la ley estuvo malo , la gente no tiene la culpa porque la mayoría de la gente no conoce las leyes y los abogados desconocen un montón de normas que no se deben aplicar…”

“…aquí no existe ningún poseedor de mala fe todos son de buene fe…,…entraron a ejercer derechos…todos comprados…”.

“…ya están llenando las arcas los Arburola y otro grupo ahí para pedirle plata a la gente para hacer otro juicio y perderlo”.

UCR, Voz experta: Sobre la solvencia de la CCSS y el desfinanciamiento del Seguro IVM

M. Sc. Rodrigo Arias López, actuario matemático y docente pensionado de la UCR.

Especial: El envejecimiento en Costa Rica

El mal manejo de fondos y reservas del Seguro Social amenaza el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Y el excedente de casi un billón de colones del Seguro Social es usado por la CCSS para financiar programas de salud que son responsabilidad del Estado

Si las juntas directivas de la Caja Costarricense de Seguro Social (gerentes y mandos medios), los gobiernos de turno y los ministros de Hacienda hubiesen respetado el ordenamiento constitucional y legal en la gestión de los seguros y programas de seguridad social que dirigen y administran, la Caja tendría hoy una enorme solidez financiera. Para ser exactos, más de ₡58 billones en reservas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y una holgada postura financiera en el Seguro de Salud (SEM). Solo como ejemplo:

  1. La Ley 7374 de 1993 trasladó del Ministerio de Salud a la Caja diez programas de atención primaria que le cuestan a la CCSS ₡400 000 millones por año. Sin embargo, la CCSS solo le cobra al Estado una quinceava parte de ese monto. A esto se suma que los Gobiernos se han negado a pagar tal deuda, a pesar de que la misma ley ordena su pago total mensualmente.
  2. La Ley 5905 de 1976 le ordenó a la Caja brindar atención médica (prestación de servicios de salud) a todos los pensionados del país, que hoy son más de 500 000. Esta normativa disponía que, si faltaba dinero para esta atención, este debía ser aportado por el Estado. Hasta la fecha, los políticos de la CCSS se han negado a facturarle al Estado un monto anual de ₡200 000 millones de déficit que tiene dicho régimen de salud. Si alguien tiene dudas, puede preguntarle a su gerente financiero, Gustavo Picado Chacón, si eso se le cobra al Estado.
  3. La Ley 5349 de 1973 (entre otras) obligó a la CCSS a atender a todas las personas sin seguro (cobertura médica). Para esto, trasladó también las fuentes de financiamiento para que no se tocaran los fondos y reservas del Seguro Social (seguro de salud y pensiones de los trabajadores asalariados asegurados y sus familias), tal y como lo ordena el artículo 73 de la Constitución Política. Sin embargo, la CCSS invierte un monto anual de ₡500 000 millones en este programa de salud (Ley 5349), aunque solo recibe del Gobierno ₡240 000 millones de ingresos anuales, que no son ni la mitad.

El camino cómodo e irresponsable que encontraron los políticos de la Caja y de los Gobiernos fue tomar los fondos y reservas del Seguro Social, lo cual viola el artículo 73 de la Carta Magna y los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS. No les importó que eso llevara a la quiebra al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya reserva actual es de apenas ₡3 billones, y que esto afectara a tres millones de afiliados y pensionados del IVM.

Estos ruines, en su afán de equilibrar a toda costa los gastos de IVM con los ingresos sin detener el desvío de fondos, se confiaron en que podrían seguir mintiendo, culpando a las personas por vivir unos años más. Por eso, planearon las siguientes acciones:

  1. Aumentar las edades de retiro —como ya lo hicieron— con vigencia a partir del año 2024 y con la advertencia de que lo tendrán que repetir en el mediano plazo.
  2. Bajar los poquitos beneficios que les quedaban a los cotizantes de IVM, algo que también hicieron recientemente y lo volverán a hacer.
  3. Permitir que las pensiones pierdan su valor adquisitivo, como lo vienen haciendo desde el 2019 (más de 150 000 personas beneficiadas con el IVM reciben una pequeña pensión de ₡142 000, ya devaluada un 12 %).
  4. Seguir aumentando las tasas de cotización, principalmente de trabajadores asalariados, como lo hicieron en el 2017 y lo repetirán en los próximos años.

Todo lo anterior permitió que el Estado se diera el lujo de acumular una deuda con la CCSS de casi ₡3 billones, sin contar los ₡6 billones en disputa de la Ley 7374. Con esto, se sacrifica a los pensionados, a los que están próximos a pensionarse y hasta a las nuevas generaciones de cotizantes.

En el siguiente cuadro, elaborado con cifras del último estudio actuarial oficialmente conocido del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) hecho por la Caja, el monto de ₡1 767 724 millones de ingresos corresponde a un 15 % sobre la masa salarial de los trabajadores asalariados (del total de sueldos reportados por patronos públicos y privados) que cobra la CCSS. Empero, para este fin solo se requieren ₡842 877 millones, el excedente de ₡924 987 millones lo debieron ingresar a la reserva de IVM. Pero no lo hicieron, sino que lo utilizaron para cubrir obligaciones del Estado antes anotadas, acción con la cual vulneran la Constitución y la Ley Constitutiva de la Caja.

Cuadro 1. Balance del SEM, año 2018, en millones de colones

Modalidad de aseguramiento

Ingresos

Gastos

Excedente

Asalariados

1 767 724

842 877

924 847

Pensionados

273 873

452 275

178 403

Estado y no asegurados

248 975

513 949

264 974

Independientes y voluntarios

199 180

246 696

47 515

Total

2 489 752

2 055 797

433 955

Reitero, en el 2018, el excedente de ₡924 847 millones debió corresponder al Seguro IVM y representó ni más ni menos que un 7,89 % sobre los salarios, según la estimación oficial de la CCSS. Como es conocido, la Caja recauda para el Seguro Social de patronos, trabajadores y Estado un 25,66 % sobre la planilla de salarios, que según la Ley N°17 debe dividirse con criterio actuarial en 7,11 % para el SEM y 18,55 % para el IVM. Sin embargo, la CCSS traslada solo un 15 % al SEM y un 10,66 % al IVM, lo que explica la crisis de este seguro.

El gerente de Pensiones Jaime Barrantes Espinoza y los nueve directores de la Junta Directiva de la CCSS, presuntamente, no se enteraron de que ese excedente debió reforzar la raquítica reserva de IVM. Los abogados de la Dirección Jurídica de la CCSS, entre ellos Mariana Ovares Aguilar, Luis Guillermo Mata Campos y Gilbert Alfaro Morales, niegan conocer ese «elefante», a pesar de que “la Dirección Jurídica de la CCSS es el órgano superior consultivo responsable de la atención de asuntos en materia legal”. Entonces, cuando “en país de ciegos, el tuerto es rey”, es muy probable que solo Gustavo Picado Chacón y Luis Guillermo López Vargas, gurúes de las finanzas de la Caja, sean los únicos que conocen al paquidermo; pero también se hacen los «zorros» o los «rusos», como decimos los ticos.

El desvío histórico promedio de fondos del IVM equivale a un 7,5 % sobre los salarios y ocurre desde hace más de 50 años. En la década de 1970 no solo desviaban los ingresos de las cuotas del IVM hacia el Seguro de Salud, sino también las reservas ya constituidas, y se terminaba prestando al Estado los saldos sin intereses o a tasas reales negativas (empeorando el cuadro). Todas estas acciones, entre otras, ocasionaron que el IVM no disponga hoy de casi ₡59 billones en su reserva.

Cuadro 2. Monto de reservas que no pudo obtener el IVM

Concepto o rubro

Millones

Desvío de fondos del seguro IVM

₡ 43 344 772

Malas inversiones realizadas en el período 1975-1991

₡ 5 207 730

Artículo 9 de la Ley 7374 (el costo en salud sería inferior al 7,11 %)

₡ 5 211 351

Incumplimiento y reducción de la base mínima contributiva

₡ 3 595 584

Artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador

₡ 973 713

Deuda del Estado con IVM (oficio GF-DFC-0901-2021)

₡ 420 586

Total

₡ 58 753 736

No faltará quienes argumenten que ese gigantesco monto no ingresado al IVM era necesario para ayudar a la debilitada situación fiscal del Estado. Sin embargo, se puede observar que la deuda pública estatal es cancelada puntualmente, incluyendo cada centavo del monto principal e intereses.

Asimismo, vimos la fiesta que se ha creado con dineros públicos, lo cual ha generado regímenes de pensiones de lujo, con retiro juvenil desde la edad de 40 años y con el 100 % del salario más alto como pensión.

También observamos cómo establecieron subsidios y beneficios a grandes cafetaleros, arroceros, exportadores y otros grupos, así como les permiten o facilitan a empresarios y a trabajadores independientes evadir más de ₡2 billones de impuestos por año, mientras reducen cada vez más los fondos de los programas sociales que ayudan a la población más vulnerable de nuestro país.

 

M. Sc. Rodrigo Arias López
Actuario matemático y docente pensionado de la UCR

Biblioteca Nacional de Costa Rica vibró con magia de cultura cubana

Fotos: Prensa Latina. Alejandro Gómez.

San José, 20 oct (Prensa Latina) Expresiones de la música, la danza, el canto y la poesía de Cuba hicieron vibrar hoy la Biblioteca Nacional de Costa Rica en la celebración central del Día de la Cultura Cubana.

Dedicado este año al aniversario 50 del Movimiento de la Nueva Trova y al 60 de la enseñanza artística en Cuba, la efemérides recuerda la primera vez que se entonó el himno nacional cubano, un día como hoy de 1868, y marca definitivamente el nacimiento de una nación rebelde y con identidad propia.

A la actividad, primera realizada tras dos años de confinamiento por la pandemia de Covid-19, asistieron representantes de la cancillería tica, y miembros del Cuerpo Diplomático, de la Asociación Cultural de Cubanos Residentes en Costa Rica Antonio Maceo, y del movimiento de solidaridad con Cuba en este país, así como cubanos en misión estatal.

Fotos: Prensa Latina. Alejandro Gómez.

Integrantes del coro estudiantil de la Escuela José Martí, de San Isidro de Heredia, interpretaron los himnos de Costa Rica y Cuba a viva voz y en lenguaje Lesco (Lengua de Señas Costarricense) en lo que sería el inicio de una hora de manifestaciones culturales de la isla caribeña.

El afamado y multilaureado guitarrista, compositor y pedagogo cubano Aldo Rodríguez elevó la muestra con sus brillantes ejecuciones de La Comparsa (Ernesto Lecuona), Mamá Inés y Drume Negrita (Eliseo Grenet) y Cachita (Rafael Hernández).

Fotos: Prensa Latina. Alejandro Gómez.

En esta última presentación, Rodríguez fue acompañado por la profesora de danza del Conservatorio de Castella Mónica Sánchez y su estudiante Sthephanie Michelle Calero.

La actriz costarricense y presentadora de televisión Thelma Drakings incorporó al público a su hermosa declamación del poema Negra Soy, de la peruana Victoria Santa Cruz.

Como colofón, el cantautor cubano Martín González, graduado en la Escuela Nacional de Arte, puso a tararear y a bailar a los presentes con el Chan chan Voy pa’ Mayarí, de Compay Segundo.

Antes cantó Son al Son (César Portillo de la Luz), Yolanda (Pablo Milanés), Si me comprendieras (José Antonio Méndez) y de su autoría Auanile.

Al dar la bienvenida a los asistentes, la directora de la Biblioteca Nacional, Laura Rodríguez destacó la estrecha relación de su entidad, durante sus dos siglos de existencia, con el hermano pueblo cubano.

Con Cuba, exaltó, nos unen lazos muy entrañables. Inclusive una de la publicaciones del siglo XIX, Pabellón cubano, fue publicada por los cubanos que fundaron la colonia agrícola en La Mansión de Nicoya, en la provincia de Guanacaste, señaló y recordó las dos visitas que realizara a Costa Rica el Héroe Nacional cubano, José Martí.

Agradeció a la embajada de Cuba por haber distinguido a la Biblioteca Nacional para realizar esta importante actividad, y subrayó que siempre es gusto ser la casa donde se comparte la cultura de los países, en esta ocasión la riqueza de la cultura cubana, con los ciudadanos costarricenses.

Por su parte, el embajador de Cuba en Costa Rica, Jorge Rodríguez, agradeció la gran acogida que tuvo esta actividad.

Resaltó que de la lectura de los acontecimientos históricos surge la comprensión correcta de cómo van estructurándose los hitos que señalan la vocación y los sentimientos de un pueblo, esos que guían su presente y lo hacen avanzar hacia el futuro.

Rodríguez destacó el ejemplo del compositor de la letra del himno nacional de Cuba, Pedro Felipe ‘Perucho’ Figueredo, quien tras ser condenado a muerte, declinó una propuesta de clemencia, al venir acompañada con la condición de abandonar las armas.

Perucho Figueredo fue consecuente con las estrofas de nuestro Himno Nacional “Morir por la Patria es vivir”, aseguró el diplomático cubano.

«Por eso a 154 años de ser entonado por primera vez, no podemos hacer menos que, como pueblo, proclamar una vez más, nuestra firme voluntad de honrar la memoria de aquellos que nos precedieron en el camino por construir una Patria libre, independiente, soberana, inclusiva, participativa, con todos y para el bien de todos», exaltó.

 

Fotos: PL, Alejandro Gómez.

6 razones para no vender el BCR

Carta pública a la Asamblea Legislativa*

Los abajo firmantes, apoyamos la posición de muchos profesionales y expertos que, desde muy diversas posiciones ideológicas y políticas, manifiestan oposición a la venta del Banco de Costa Rica (BCR).

Consideramos que la competencia entre la banca privada y la banca pública siempre es beneficiosa. La banca es mucho más que un tema financiero: tiene que ver con el bienestar de las personas y la ciudadanía, propósito último de toda política pública.

1.- LA COMPETENCIA BANCARIA SIEMPRE ES BUENA. De acuerdo con la SUGEF, Costa Rica tiene 11 bancos privados, 5 financieras privadas y 21 cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas. Es decir, 37 entidades privadas y solo 3 bancos públicos (ver información detallada en la página web de la Sugef). En simple teoría de la competencia, base de la sociedad de mercado, es muy sano que esa enorme cantidad de entidades bancarias privadas tengan competencia de algunos pocos bancos públicos con funciones diferenciadas. Esto ayuda al mercado, ayuda a la ciudadanía y a transparentar el negocio bancario.

Pretender lo contrario es favorecer oligopolios. Es estar en contra de la competencia misma. El BCR es la institución financiera pública con menor margen de intermediación del país (6,46%). El margen de intermediación financiera del BCR se redujo en casi un 3% entre 2019 y 2020, pasando de 171 mil millones de colones en 2019 a 167 mil millones de colones en 2020.

Eso es eficiencia operativa. Justamente, entre 2017 y 2019 dicho indicador pasó de 67,55% a 78,12%, es decir un aumento de más de 10 puntos porcentuales en menos de 2 años. Los principales expertos en banca nos indican que, a pesar de tantos bancos privados, el mercado bancario costarricense es oligopólico, con tasas de interés muy altas (y una diferencia muy aguda entra la tasa activa y pasiva). Dos importantes estudios lo demuestran: “Intermediación Financiera y Poder de Mercado: el caso Costa Rica” de Castro y Serrano (2013); y el estudio de Salas, Mora y Agüero, del año 2015, “Una mirada a la competitividad del Sistema Bancario Nacional Costarricense a través del Indicador de Boone”, publicado en la Revista de Ciencias Económicas, lo cuales concluyen claramente que el mercado bancario privado en Costa Rica es muy cerrado y no favorece al consumidor. Necesita competencia.

2.- LA VENTA DEL BCR NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE LA DEUDA: La venta del BCR en la suma que ha mencionado el propio presidente, de USD 1.800 millones, no es una solución al problema de la deuda en el corto plazo.

Tampoco en el largo plazo, pues es más lo que pierde el país por los rendimientos dejados de percibir por el BCR que el dinero que ahorraría en pago de intereses. Veamos los números duros:

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el año pasado, la deuda del Gobierno Central fue de USD 43.015 millones de dólares, los cuales corresponden a un 68,34% del PIB. Así que, USD 1.800 millones sería un aporte de solo el 4,1% en reducción a la deuda que ni siquiera nos libera de la situación más gravosa de la Regla Fiscal.

Veamos los números detallados: solo el año pasado 2021, el pago de intereses de la deuda del Gobierno fue de USD 2.989 millones (4,91% del PIB), de los cuales USD 2.593 millones (4,26 % del PIB) correspondieron a intereses de deuda interna, y USD 396 millones (0,65 % del PIB) a intereses de deuda externa. Literalmente, esos USD 1.800 millones se esfumarían en 6 o 12 meses, apenas en el pago de intereses.

En un año o dos, nos quedaríamos sin BCR y con la deuda igual o creciendo. Lo mismo que tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. Las medidas para reducir la deuda tendrán que ser mucho más estructurales, como indicamos al final de este artículo.

3.- ¿Y SI NOS QUEDAMOS SOLO CON EL BANCO NACIONAL? Sería un grave error.

Serían 37 entidades privadas compitiendo contra un solo banco público.

Las tendencias oligopolistas se verían acentuadas. Además, se trata de dos bancos muy distintos. El BN es un banco más abierto y tradicional, con una gran masa de ahorrantes en cuentas de ahorro y créditos, extendido por todo el país. El BCR ejerce otra función: es una plataforma de servicios moderna, dinámica, que ofrece servicios mediante miles de negocios que apoyan la vida cotidiana de millones de personas al año.

4.- EL BCR Y EL BENEFICIO A LAS PYMES Y LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS. Con 162 oficinas, el BCR logra atender más de un 1 millón de transacciones mensuales entre clientes y usuarios, impulsando la autogestión bancaria y el uso de canales digitales. Adicionalmente, a través de 95 plataformas distribuidas en 67 oficinas BCR dentro de instituciones públicas, se beneficia con servicios bancarios a la población, con más de 9.815.000 servicios al año.

El BCR ha logrado colocar una serie de créditos y apoyos para las pymes del país a través de “PUNTOS TUCÁN”, el programa de microbanca más exitoso en la historia de Costa Rica, con 4.676 puntos y cobertura del 41% en comercios fuera de la GAM.

La clave es una red de pequeños comercios (sodas, pulperías, farmacias, etc.) que contribuyen al impulso social y a los procesos de bancarización. Como dijimos, el PROGRAMA TUCÁN del BCR es una red de 4.676 pequeños negocios afiliados que dinamizan económicamente a la sociedad.

Lo anterior convierte al BCR en la institución financiera que tiene mayor cobertura a nivel nacional, una tercera parte del alcance genérico está dedicado a sectores fuera de la GAM, superando en razón 4:1 la cantidad de oficinas que tiene el banco privado que más oficinas tiene.

El tercer rubro más importante en las colocaciones del BCR el año anterior fue a pymes, pasando de 25.959 millones de colones en 2020 a 36.491 millones en 2021. Aparte de su ser una gran Plataforma de Negocios para pequeños empresarios, el BCR tiene un impacto importantísimo para instituciones de bien social. Solamente en los último cinco años (período 2017-2021), las aportaciones a estas instituciones han sido las siguientes:

− CONAPE: 10.651.536.687 colones

− CNE: 6.390.922.155 colones

− IVM: 34.415.944.483 colones

− Infocoop: 11.564.438.799 colones

No solo se perderían esas cargas parafiscales sino, además, una serie de herramientas de carácter estratégico como el pago a pensiones de invalidez, las plataformas de depósitos judiciales, becas universitarias, alianzas público-público, la migración digital y educación financiera, fideicomisos de obra pública y las donaciones directas a emergencias nacional.

5.- EL BCR Y SU IMPORTANCIA PARA EL MUNDO RURAL. El BCR cuenta con 162 oficinas distribuidas en 15 regiones, zonas como Pérez Zeledón cuenta con 13 oficinas, la Zona Sur, con 6, el Caribe con 15, Guanacaste con 17 y la Zona Occidental y Puntarenas con 7 y 10 respectivamente. ¿Ha visto usted banca privada en las zonas más rurales y alejadas del país, como es el caso de Guayabo de Bagaces o Aguas Claras de Upala? No. Allí solo existen el BCR y el BN. La razón es muy sencilla: la vida rural no es generalmente rentable para la banca privada, cuyo eje son las tarjetas de crédito y crédito de consumo.

El mundo rural se mueve con créditos a pequeña escala para los productores, ofreciendo servicios financieros, acompañamiento empresarial y manejando el ahorro de miles de familias. Eso solo lo hace la banca estatal, pues son actividades que no generan mucha rentabilidad financiera. Por eso, sólo el BN y el BCR atienden a nuestro mundo rural y campesino. El acceso al mercado bancario de las poblaciones más vulnerables debe ser una prioridad democrática.

6.- ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN INTEGRAL AL PROBLEMA DE LA DEUDA? La corrección de nuestra deuda debe ser mucho más estructural. Por un lado, generar reducción de gasto burocrático ineficiente. Pero, además, correcciones tributarias modernas y justas. Cobrar impuestos (no a la mayoría de los empresarios y ciudadanos que ya pagan muchos tributos) sino, a la gran cantidad de evasores, y a los muchos sectores y grupos que están metidos en odiosos y privilegiados sistemas de exención y exoneración. El propio Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó, desde el año 2018, que la evasión de impuestos en CR era casi el 5,4% del PIB anual y que los sectores exonerados dejaban de pagar casi un 4,15% anual del PIB adicional, según estudios del Ministerio de Hacienda del año 2021. Ambas sumas son más del 9% del PIB anual. Con eso bastaría para eliminar nuestra deuda es menos de 10 años.

Hay que eliminar los odiosos privilegios de las grandes empresas que reportan 0 ganancias en impuesto de renta; y también de aquellas que se esconden en paraísos fiscales mediante mecanismos como los denunciados en Panama Papers. Son malas prácticas tercermundistas. Todo el mundo tiene que pagar impuestos en una democracia moderna.

Ya el G-20, impulsado por el propio gobierno de los EE.UU. anunció que hay que implantar un impuesto corporativo mundial de, al menos, el 15%.

Y ni qué decir del sobrepago de los intereses de la deuda pública interna que, injustamente, absorbe otros puntos del PIB en sobreprecios.

La corrección de nuestra deuda debe ser mucho más estructural que dilapidar los activos estratégicos.

Insistimos en lo que se dijo al inicio: regalar el Banco en 1.800 millones de dólares, como si fuera un plato de lentejas, no puede ser visto más que como una “curita” a corto plazo sin reformas estructurales y de largo plazo. Está claro que no solucionará la deuda del Gobierno Central. Un activo como el Banco de Costa Rica es mucho más que su valor financiero, es un motor de desarrollo que le genera gran cantidad de beneficios al país.

*FIRMANTES

  • Alpízar Otoya, Claudio. Politólogo.
  • Arguedas, Gabriela. Experta en bioética.
  • Araujo, Ana Margarita. Experta en mediación.
  • Arrunátegui Madrigal, Karla. Psicóloga.
  • Botey, Montserrat. Economista.
  • Bustos, José Manuel. Empresario.
  • Cabezas Moya, Rodrigo. Médico.
  • Carranza Villalobos, Carlos. Investigador.
  • Castellón Rodríguez, Leonardo, director Instituto de Investigaciones Económicas (UCR)
  • Castro Calvo, Ricardo. Asesor Legislativo.
  • Chan Mora, Gustavo. Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica.
  • Cuevas Cordero, Felisa. Socióloga.
  • Céspedes Vargas, Renzo, Economista.
  • De Sárraga, Alejandro. Economista, experto en desarrollo local.
  • Díaz Jiménez, Luis Fernando.
  • Dubois Cisneros, Vanessa. Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA).
  • Fonseca Rodríguez, Ariel. Periodista.
  • Garrón Figuls, Ricardo.
  • Hernández González, Greivin. Economista.
  • Leiva, Jorge. Economista y empresario.
  • Lopes, Gilberto. Periodista y escritor.
  • Moreno Buján, Marcela. Decana de la Facultad de Derecho UCR.
  • Muñoz Villalobos, Alejandro.
  • Mora Portuguez, Jorge. Vicepresidente del Concejo Municipal, Municipalidad de Montes de Oca.
  • Nuñez Artiles, Adriana., Periodista.
  • Nuñez Vargas, Eduardo. Politólogo.
  • Olivares Martínez, Luis Carlos. Abogado, economista, especialista en Políticas Públicas.
  • Ordóñez Chacón, Jaime. Abogado.
  • Quirós, Javier. Ex secretario del Tribunal Electoral del PLN.
  • Ramos González, Welmer. Economista.
  • Rosales, Rotsay. Politólogo.
  • Solís, Sonia Montejo, Economista.
  • Succar Guzmán, Habib. Escritor.
  • Trejos Benavides, Eugenio. Exrector TEC.
  • Ulate, Enrique. Coordinador del Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)
  • Varela Erasheva, Marcelo. Experto en desarrollo.
  • Vargas Zeledón, Olman. Exsecretario Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y arquitectos (CFIA).
  • Vartanian, Daniel. Economista.
  • Vásquez Drexler, Juan Carlos. Abogado especialista en tecnología.

FETRAL convoca a reunión urgente este lunes 24

SURCOS comparte la siguiente convocatoria:

«Compañeros (as): bendiciones. Convocatoria urgente a todos los líderes de todas las organizaciones civiles, comunales, sindicales, estudiantes, religiosos.

Este lunes 24 de octubre a las 5 pm en el edificio de Sintrajap.
Es urgente unirnos por la defensa de la institucionalidad de Costa Rica, dado el rumbo injusto y equivocado que marcan para Limón.

Este lunes 24 entonces 5 pm en SINTRAJAP.
FETRAL».

Qué hay que cambiar en el sistema educativo

El próximo lunes 24 de octubre del 2022 a las 10:00 a.m. en el programa Macros, se llevará a cabo una entrevista, la cual contará con la participación de Isabel Román, directora del Estado de la Educación y el Ing. Arnoldo Mora Vaglio, educador de sistemas y ecología; hablarán sobre las decisiones impostergables en nuestro sistema educativo.

En el siguiente link se podrá visualizar el video con la invitación a participar de la entrevista: https://fb.watch/giAm9Xfy_5/