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Sala Constitucional declara nulidad de todas las compraventa de tierras por parte de personas no indígenas

Comunicado público

Sala Constitucional declara nulidad de todas las compraventa de tierras por parte de personas no indígenas dentro de los Territorios realizadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley Indígena de 1977.

Jueves 20 de octubre de 2022. El 31 de agosto de 2021 Rodrigo Arauz Figueroa interpuso acción de Inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia en relación al artículo 3 de la Ley Indígena; expediente 21-017138-0007-CO.

El día de ayer miércoles 19 de octubre de 2022, mediante el fallo No 2022024725, la Sala Constitucional, por mayoría, declaró sin lugar esa acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de dicha jurisprudencia en relación con el artículo 3 de la Ley Indígena, el cual establece «Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso».

El Por Tanto del fallo constitucional indica “Por mayoría se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad. La magistrada Garro Vargas y el magistrado Garita Navarro salvan el voto y declaran inconstitucional la línea jurisprudencial impugnada en cuanto asume, de manera genérica, la existencia de mala fe en la causa adquisitiva del negocio traslativo de dominio a partir, exclusivamente, de la vigencia del artículo 5 de la Ley Indígena y, por ello, de la nulidad originaria del negocio de traspaso, derivada de lo dispuesto en el citado artículo. La magistrada Garro Vargas consigna nota.”; la totalidad del fallo se conocerá en un mes y medio aproximadamente, de acuerdo a los tiempos del ente judicial.

El magistrado de la Sala Constitucional Fernando Castillo, se refirió al fallo por medio de unos audios dirigidos a la prensa, en los cuales indica:

“La jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia establece una regla de derecho en el sentido de que todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación de la citada Ley, se considera que no han actuado de buena fe, consecuentemente, se llega a la conclusión de que esa venta o compraventa de propiedades es absolutamente nula».

«Dicha regla de derecho es conforme al derecho de la Constitución, es decir conforme a los valores, principios y normas constitucionales, de ahí que la Sala por mayoría decidió declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad y sostener la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y consecuentemente, hacer estas ventas nulas al considerarse de que no hay buena fe el Estado no está en la obligación de indemnizar a los compradores, no indígenas ni mucho menos ejercer la potestad expropiatoria».

Sobre este caso, el 22 de setiembre de 2021 la Sala Constitucional resolvió acoger la acción planteada para resolver y ordenó publicar por 3 veces en el Boletín Judicial 192 del 6 de octubre de 2021, pág. 9 y 10, lo siguiente:

«Para que en los procesos o procedimientos en los que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso…lo único que no puede hacerse es dictar sentencia.

Lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procesos tenientes a agotar esta vía” por lo que una vez resuelta la acción planteada, deberán dictarse las sentencias y resoluciones correspondientes.

Esta resolución de la Sala Constitucional viene a reafirmar lo expresado y sostenido por varias organizaciones, principalmente las organizaciones propias de Pueblos Originarios, y desmiente lo externado por los grandes terratenientes que ocupan ilegalmente estos Territorios, sus representantes legales y organizaciones como la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires.

Las organizaciones firmantes, celebramos este fallo y solicitamos vehementemente que el Estado de Costa Rica cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la tierra- territorio a los Pueblos Originarios; por lo que el Poder Ejecutivo deberá realizar sin dilaciones los desahucios administrativos priorizados por estos Pueblos en cada Territorio y el Poder Judicial deberá resolver con celeridad conforme a derecho, el bloque de constitucionalidad, la normativa nacional e internacional, los derechos humanos de Los Pueblos Originarios y la resolución de la Sala Constitucional aquí indicada.

– Concejo Ditsö Iriria Ajkönu Wakpa de Salitre.

– Consejo Iriria Sat Kök de Yäbamï Dí (Cabagra).

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.

– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.

– Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä.

– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.

– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.

– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.

– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.

– Cootraosa.

– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Ministerio de Salud clausura fuentes de agua contaminadas por los metabolitos del plaguicida Clorotalonil en Cipreses de Cartago

Agua no es apta ni siquiera para lavar alimentos o bañarse, por lo que se suministra en Cisterna

Comunicado

La ministra de Salud Dra. Yoselyn M. Chacón Madrigal, giró órdenes sanitarias para: “Proceder a la clausura inmediata de las fuentes de agua para consumo humano que utiliza la ASADA de Cipreses de Oreamuno, en específico las fuentes Plantón y Carlos Calvo. Ante la ausencia de información que caracterice e identifique riesgos asociados a la salud por el consumo, ingesta o cualquier otro tipo de contacto de los metabolitos el agua de estas fuentes no podrá ser utilizada para consumo humano, preparación de alimentos y actividades de higiene corporal como parte de un principio precautorio. Se puede considerar el uso del agua de estas fuentes para el funcionamiento de inodoros y otras actividades de limpieza y desinfección intradomiciliaria” (MS-DRRSCE-DARSO-OS-0087-2022).

Esta orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-0096-2022 fue girada el día de ayer a la ASADA de Cipreses de Oreamuno en base lo que establece, Ley General de la Salud, N° 5395, artículos 1-2-4-7-37-264-265-267-268-269-273-275-337-338-340-341-343-344-346-349 y 355, Decreto N° 38924-S, Reglamento para la Calidad del Agua Potable y sus Reformas.

Otra de las órdenes giradas a la ASADA indica: proceder a comunicar urgentemente a la comunidad de Cipreses de manera correcta y asertiva, así como por la mayor cantidad de canales posibles la situación que presenta la ASADA de Cipreses, sobre los metabolitos del plaguicida Clorotalonil y la aplicación del principio precautorio, con la finalidad de prevenir problemas de salud en la población, así como el suministro del agua por medio de cisternas” (MS-DRRSCE-DARSO-OS-0091-2022).

Hay dos órdenes también para la Jefatura Oficina Regional Central Este del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados donde ordena: “Presentar ante el Área Rectora de Salud de Oreamuno, un Plan de Acciones correctivas indicando el responsable de realizar las actividades y el cronograma donde se detallen las fechas de la realización de las actividades, con acciones a corto, mediano y largo plazo, en un plazo considerable de ley donde se indique los pasos a seguir para solucionar la situación de contaminación de la ASADA de Cipreses, ya sea mediante interconexiones con otras ASADAS, búsqueda de nuevas fuentes, aplicación de sistemas de tratamiento entre otras, según sea determinado por su rectoría técnica en el agua potable” (MS-DRRSCE-DARSO-OS-0096-2022)

Mientras la última ordena al AyA: “Brindar agua a la comunidad de Cipreses de Oreamuno, de manera inmediata, por medio de camiones cisterna o cualquier otro mecanismo, que asegure disponibilidad de agua segura para consumo humano.”( MS-DRRSCE-DARSO-OS-0089-2022).

Ante estos hechos Ecocipreses asegura:

  • Que los camiones cisternas deberían ser pagados por las empresas vendedoras de agrovenenos que distribuyen y lucran con la venta de clorotalonil ,
  • Que es urgente una auditoría con participación ciudadana de las fuentes de agua de la parte Norte y altas de Cartago donde es muy posible que exista el mismo problema de contaminación
  • Que se prohíba el clorotaonil como lo hizo Europa al descubrir lo mismo que hoy se está dando a conocer en nuestra comunidad.
  • Que solo se puedan autorizar agroquímicos que puedan ser monitoreados en las aguas por el ente oficial del AYA. Es importante señalar que sin la presión cuidada seguiríamos de por vida tomando esa agua pues el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad de monitorear la mayoría de agroquímicos que hay en el país.
  • Que no se flexibilice una vez más la venta de agroquímicos para el beneficio de los vendedores de agrotóxicos que usan de excusa a las personas productoras. El Ministerio de Salud y el MINAE deben ser parte activa de la evaluación integral de un plaguicida antes de emitir un registro pare su uso y venta en Costa Rica.

Se debe destacar que lo que empezó como una lucha local para proteger el agua de casi 5000 personas hoy ha tomado giros muy interesantes a raíz del descubrimiento de los contaminantes de origen agroquímico. Precisamente se ha consolidado un movimiento nacional que solicita al gobierno de la república la prohibición del Clorotalonil debido a que este agrotóxico es un agente contaminador de agua subterránea y fue prohibido en la Unión Europea y otros países más por lo mismo que sucede en Cipreses de Oreamuno de Cartago.

Por la libertad de prensa

Freddy Pacheco León, biólogo

Dice en un audio un señor abogado (no identificado) que la Sala IV no tenía que haber emitido el fallo sobre el cierre del Parque Viva, porque eso correspondía a un tribunal de menor jerarquía. Sentimos que el caballero desdeña la gran importancia que encierra el derecho a la libertad de prensa y de expresión, al expresar que, por verse limitado indirectamente no debe ser visto por la Sala Constitucional.

Para nosotros es esencial el papel que juega la libertad de expresión (y de prensa) en el mantenimiento de nuestra sociedad democrática. Sin el debido respeto, directo e indirecto, a esas libertades, cuan amplias son, la democracia se erosiona, y de ese suelo degradado podrían brotar hierbas que peligrosamente limitarían el crecimiento del respeto al pluralismo y la tolerancia, y por ende, los medios de denuncia y control ciudadanos llegarían a ser inoperantes. Se avanzaría así, hacia sistemas políticos autoritarios, como ha sucedido en países hermanos del continente.  Por ello, la Sala Constitucional nos reafirma responsablemente, su disposición a proteger la libertad de prensa y de expresión, aún ante amenazas indirectas como en el presente caso.

Razonablemente, no se puede dudar que el cierre de actividades del Parque Viva, reconocido públicamente como un elemento estructural de la empresa que publica el diario La Nación, tendría y seguramente tuvo, un efecto económico que eventualmente amenazaría con restringir por esa vía indirecta, la libre circulación de las ideas. Con el fallo de los señores magistrados de la Sala Constitucional, se sanciona un peligroso paso que pone obstáculos en el camino por el que habrá de avanzarse hacia el fortalecimiento de la libertad de prensa, vital como el de libertad de expresión, para la consolidación de la democracia. Somos testigos como en otros países se ha restringido la libre expresión por vías indirectas, por ejemplo obstaculizando el acceso al papel y otros materiales y equipos, o, muy evidente en nuestro país, discriminando a diversos medios de prensa con la contratación de espacios para la divulgación de comunicados oficiales. O por otros medios como el que motivó el presente caso.

UCR: Casi tres de cada cuatro mujeres aseguran tener miedo de ser víctimas de un delito

El 56 % de las personas consideran que los cuerpos policiales hacen todo lo posible por ayudar y servir a las personas. No obstante, el 62 % está «en desacuerdo o muy en desacuerdo» en que capturen rápido a quienes delinquen. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, Costa Rica 2022, de la Escuela de Estadística y el PNUD

Además, dos terceras partes de la población afirman que Costa Rica es un lugar inseguro, aunque el 63,5 % piensa lo contrario de su barrio.

La última Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSCR), Costa Rica 2022, elaborada por la Escuela de Estadística (EEs) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer un importante y preocupante dato, que era tristemente previsible: las mujeres en el país se sienten más vulnerables que los hombres a ser víctimas de un delito.

Mientras el 72,7% de las féminas consultadas teme sufrir algún tipo de agresión a su seguridad, este porcentaje baja al 57,6% en el caso de los hombres. Si se consulta sobre la seguridad en el barrio, estos datos bajan a 41,6 % entre las mujeres y a 30,5 % en el caso de los masculinos. En términos generales, el 63,5 % de las personas afirma sentirse seguro o muy seguro con su entorno cercano.

Además, el estudio señala que el 65,5 % de las personas que habitan en Costa Rica la consideran como «poco o nada segura» y ubican a la inseguridad ciudadana como el cuarto problema más grave que afronta el país (según el 13,3 % de la muestra), aunque por debajo de otros temas como el alto costo de la vida (23,9%), el mal estado de la economía (22%), y el desempleo (19,2%).

En otro enfoque de este mismo tema, el 58,3 % considera que el país tiene mucha o alguna posibilidad de resolver el problema de inseguridad ciudadana y el 54,7% afirma que puede contribuir «algo o mucho» en esa solución. No obstante, si se desagregan los datos por género, se evidencia que los hombres confían más que las mujeres en la capacidad de Costa Rica para eliminar la inseguridad (63,5 % versus 53,6 %, respectivamente).

Las personas consultadas indican que están «muy de acuerdo y de acuerdo» (56 %) con que la Fuerza Pública hace todo lo posible por ayudar y servir a la población. Sin embargo, están «en desacuerdo o muy en desacuerdo» con la afirmación de que la policía captura rápido a la gente que delinque (62 %), que se esté ganado la lucha contra la delincuencia (71 %) o con que se trate de personal bien capacitado (48 %).

Sobre la capacidad de obtener justicia sin importar la condición económica, el 76 % afirmó estar «muy desacuerdo o desacuerdo» con la frase “El Ministerio Público persigue por igual a las personas que delinquen, sin importar si son ricos o pobres”, y el 60,7 % en cuanto dijo lo mismo sobre lo óptimas que son las penas que imponen a quienes delinquen, o que se aplique una justicia pronta y cumplida (59,2 %).

Con respecto a la tenencia de armas de fuego en el país, el 95,4% están «muy de acuerdo y de acuerdo» con que se debería hacer un examen de manejo de armas como requisito para obtener una. El 88,8 % está «de acuerdo» con que el uso de las armas de fuego aumenta la posibilidad de muertes por violencia doméstica y el 85,3 % dijo concordar con que las armas causan accidentes de personas inocentes o familiares.

En cuanto a la percepción de la democracia, el 79 % de las personas indicó que esta es preferible a cualquier forma de gobierno. Siete de cada 10 indicaron sentirse orgullosos del sistema político de Costa Rica y el 56 % de las personas indicó que están satisfechas o muy satisfechas con la forma en que funciona la democracia en el país.

Importancia de la percepción de la seguridad ciudadana

Con respecto a todos estos resultados, el representante residente del PNUD, José Vicente Troya Rodríguez, señaló que es imposible construir una sociedad próspera, libre e igualitaria bajo la amenaza de la violencia y el despojo.

Para el representante del PNUD, las encuestas de percepción, junto con los registros administrativos, y la medición y el análisis de la victimización delictiva, son tres recursos fundamentales para comprender de una manera más integral un problema complejo y multidimensional como lo es la criminalidad y la violencia interpersonal.

“Esta encuesta nos permite además conocer la confianza hacia las instituciones y las personas. Además, afecta el ejercicio de derechos y libertades, la capacidad de construir redes y espacios colaborativos, la afiliación a la institucionalidad democrática e, incluso, la propensión a tomar decisiones sobre educación, empleo e inversión, por mencionar solo algunos”, sentenció.

Para la directora de la EEs, Ericka Méndez Chacón, estas estadísticas son fundamentales para conocer el estado de la seguridad en el país, además de algunos detalles particulares sobre este tema.

Ericka Méndez, directora de la Escuela de Estadística, sobre la importancia de colaborar en la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana.

Para realizar este estudio se entrevistaron a 1222 personas mayores de 18 años, costarricenses o residentes con más de un año de estar en el país y con teléfono celular activo. Presenta un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 2,8 %.

Esta encuesta forma parte del proyecto Gestión de información basado en la evidencia para la seguridad ciudadana en América Central (INFOSEGURA), y cuenta con con el apoyo de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Tiene como objetivo fortalecer la formulación de políticas mediante la mejora de la calidad y la comparabilidad de las estadísticas regionales de seguridad ciudadana, así como el aumento de la coordinación y colaboración regional en las estrategias de seguridad ciudadana efectivas.

 

Pablo Mora Vargas
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Ingrid Hernández Sánchez
Comunicadora del PNUD

Estudio UCR indaga sobre la persistencia de afectaciones en la salud mental de la ciudadanía tras la pandemia

Según una primera investigación del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP), la salud mental de la población costarricense se vió gravemente afectada por la pandemia en el 2020. Ahora, esta instancia especializada indagará sobre la persistencia de estas afectacciones en la personas, en la busqueda de acciones efectivas y la generación de políticas públicas. Foto: Karla Richmond, UCR.

Por medio de una encuesta la UCR busca determinar las afectaciones en la salud mental de las y los costarricenses que persisten luego de dos años de la emergencia sanitaria por COVID-19.

El Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con la Cooperación Francesa de la Embajada de la República de Franciaaplicará un estudio para conocer las afecciones que aún persisten en la salud mental de la población, luego de dos años del inicio de la pandemia.

El estudio corresponde a la segunda etapa de una investigación realizada en el año 2020, en la cual se estableció que la pandemia por COVID-19 afectó en sobremanera la salud mental de la población costarricense, y que era de urgencia fortalecer los servicios públicos de atención en salud mental, particularmente para los grupos más afectados y vulnerables. La iniciativa de investigación es liderada por los investigadores del IIP, Ana María Jurado y Benjamín Reyes. 

La primera fase constó de 20 meses de estudio, 23 personas investigadoras de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED); con la cooperación de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valencia, la Universidad de Davis, de los Estados Unidos; así como del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y la Fundación Friedrich Ebert.

Según el estudio multidisciplinar realizado en el 2020, las mujeres jóvenes (entre 18 y 25 años) de las zonas costeras del país, con ingresos económicos limitados y bajo nivel educativo fueron las más afectadas. Además, del total de la muestra, 2 163 personas consultadas; el 70% expresó tener tristeza, ansiedad o enojo; 65% cansancio y fatiga; 62% trastornos del sueño; 58% reportó problemas de concentración; 55% miedo al futuro; 51 % mucha inquietud; y 45 % se sentían solas.

Para la experta del IIP, Ana María Jurado Solórzano, “los resultados de este primer estudio eran esperables”, y ahora con esta segunda fase, se quiere detectar cuáles efectos permanecen latentes en la salud mental de la población costarricense después de dos años.

“Queremos saber si la población y, en este caso la muestra que vamos a consultar, sigue presentando y en qué medida, los problemas en salud mental que tenían claramente establecidos en el 2020. Es decir, queremos conocer qué aspectos la población consultada ha superado y logrado afrontar y cuál ha sido el impacto que tuvo al final la pandemia y cuántas de las personas consultadas quedaron con afectaciones en su salud mental de manera crónica”, declaró la académica.

De acuerdo con el experto del IIP, Benjamín Reyes, esta segunda etapa del proyecto se propone conocer las respuestas de la población sobre afectaciones como el estrés agudo y de afrontamiento resiliente, aunado a detectar la persistencia en la población consultada de indicadores de estrés postraumático y otros aspectos como satisfacción de vida y gratitud, por mencionar algunos.

“La información que vamos a obtener nos va a permitir ver cómo esto varía en función de variables sociodemográficas. Por ejemplo, en el estudio anterior se había visto que más impacto en salud mental en mujeres, en zonas costeras y en los estratos socioeconómicos más bajos. Entonces, este seguimiento nos va a permitir conocer los cambios con base en el estudio anterior”, agregó el investigador.

El experto enfatiza en que los resultados de este segundo estudio, eventualmente puedan ser tomados en cuenta por los tomadores de decisiones, para la generación de políticas públicas, y que no se trate exclusivamente de un ejercicio académico, sino que sea de utilidad para la sociedad en general.

El estudio está dirigido a población costarricense mayor de 18 años, sin exclusión, y se realizará a través de una encuesta telefónica.

 

Gustavo Martínez Solís
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR

La cuarta transformación en México: Justicia ambiental, seguridad y derechos humanos

Este próximo sábado 22 de octubre en el programa Alternativas se conversará sobre el tema “La cuarta transformación en México: justicia ambiental, seguridad y derechos humanos”. Como panelistas del conversatorio se tendrán a: 

  • Ana Laura González; ambiente. 
  • Domingo Albarrán; seguridad. 
  • Natalia Pérez; derechos humanos. 

Si desea sintonizar este Programa siga la transmisión por medio de Radio 16, 1590 AM, o por medio del Facebook y YouTube Live de Alternativas. 

Plantón: ya basta de torturas

Este jueves 20 de octubre a la 1:00 p.m. se realizará en el plantón de la Asamblea Legislativa, una protesta pacífica en coordinación con diferentes grupos colectivos, organizaciones y personas de la comunidad sexualmente diversa en demostración y apoyo al proyecto de Ley que sanciona las mal llamadas “terapias de conversión”. 

Esta protesta pacífica es para señalar a las fuerzas ultraconservadoras y religiosas que se sitúan en las curules de la Asamblea Legislativa, que los grupos colectivos y sociales no dejarán que un proyecto que tendrá gran impacto en la vida de muchos jóvenes costarricenses sexualmente diversos sea frenado y bloqueado. 

Únase este próximo jueves frente a la Asamblea Legislativa en apoyo a dicho proyecto de Ley y sea parte de esta lucha social, inclusiva y colectiva.

 

Compartido a SURCOS por Marco Castillo.

Convocamos a manifestación por el fin del proyecto ecocida del AyA: ¡El proyecto de ampliación de la producción de la GAM no tiene posibilidades de ser viable!

IV Declaración pública del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua

El Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, reunido el sábado 15 de octubre del 2022 en las instalaciones del Balneario de Ojo de Agua, comunicamos a la opinión pública lo siguiente:

Considerando que:

  1. El pasado 4 de agosto se emitió la tercer declaratoria del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua[1] en las instalaciones de la Asamblea Legislativa donde nuestra justa causa recibió el apoyo de diputados y diputadas de varias fracciones legislativas. Los puntos 4, 5 y 6 de dicha declaratoria exigían:

4) Solicitar al AyA que descarte formalmente el proyecto Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, por ser inviable ecológica y financieramente.

5) En caso de que, para setiembre, el AyA no desista oficialmente del ecocida e insostenible proyecto Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, convocar a una nueva manifestación pacífica frente a las instalaciones centrales del AyA en una fecha por convenir.

6) Pedir a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, investigar y llamar a compadecer al AyA por el evidente desperdicio de fondos públicos que está significando el proyecto Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia.

  1. A raíz de las exigencias anteriores, y a la luz de las declaraciones emitidas por el AyA al Semanario Universidad en la noticia titulada ‘’AyA espera tener en 2023 viabilidad ambiental para el proyecto que captaría caudal de Ojo de Agua y Río La Fuente’’[2] , el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua entiende y toma nota de que la actual administración de AyA no piensa dar marcha atrás al proyecto, pese a que oficialmente se les han entregado los estudios de aforamientos realizadas por varios expertos liderados por el ingeniero Francisco Castillo carnet del colegio deferado de ingenieros Ico-8141, el cual demostró que el caudal diario utilizado por los agricultores que utilizan las aguas del río La Fuente es de aproximadamente 54.26 L/S, lo cual significa que si se concretara el proyecto Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia se generaría un déficit para el sector agrícola usuario del río La Fuente de -18.26 L/S, lo anterior sin contar con el caudal ecológico para asegurar la sobrevivencia del ecosistema del río La Fuente.
  2. Durante las últimas semanas hemos aumentado nuestros contactos con las señores y señoras diputadas con el ánimo de retomar el compromiso de que desde la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa se investigue a cabalidad el proyecto Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua.

Por tanto:

El Comité Pro Defensa del Ojo de Agua declara

  1. Llamar al pueblo belemita, San Rafaeleño y costarricense a una nueva jornada cívica de lucha por el Ojo de Agua y el Río La Fuente, mediante una caravana de vehículos el próximo lunes 21 de noviembre a las 8 am saliendo de San Rafael, pasando por Belén, y de ahí rumbo a las instalaciones del AyA en Pavas, donde pacíficamente exigiremos el fin del proyecto Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua por ser inviable desde todo punto de vista.
  2. Pedir al pueblo costarricense amante del Ojo de Agua y muy especialmente a los sectores que defienden al sector agrícola y al ambientalismo de nuestro país que nos acompañen en esta jornada de lucha.
  3. Llamar a las y los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa a firmar una moción para abrir cuanto antes un expediente investigativo sobre el proyecto Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua en razón de todas las anomalías que hemos denunciando durante el último año y medio y por los graves peligros y zozobra que este nefasto proyecto ha causado en nuestras comunidades.

15 de octubre del 2022

[1] Ver III Declaración del Comité Pro Defensa de Ojo de Agua en: https://drive.google.com/file/d/1hYQVKYzJPDOhKjeW3COJ-tq4Ekp4D-UZ/view?usp=sharing

[2] Fabiola Pomareda Garcia, ‘’ ’AyA espera tener en 2023 viabilidad ambiental para el proyecto que captaría caudal de Ojo de Agua y Río La Fuente’. Semanario Universidad. 14 de setiembre del 2022. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/aya-espera-tener-en-2023-viabilidad-ambiental-para-proyecto-que-captaria-caudal-de-ojo-de-agua-y-rio-la-fuente/

Informe del canciller de Cuba sobre el bloqueo dado el acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas

SURCOS comparte la transcripción de las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la presentación a la prensa nacional y extranjera, de la actualización del informe nacional en virtud de la resolución 75/289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. (Período agosto 2021- febrero 2022).

Agradezco su presencia.

El 2 y 3 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará por trigésima ocasión el tema de la agenda titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Esto ocurrirá en un contexto especial, marcado por los efectos devastadores del huracán Ian, por los efectos de una crisis global multidimensional que incluye una crisis económica internacional y una amenaza inminente de recesión global, crisis alimentaria, crisis energética, crisis de salud, y otras. En un contexto también de recrudecimiento, sin precedentes del bloqueo contra Cuba, que viene de la segunda mitad del 2019, a partir de una política del Gobierno Republicano precedente de los Estados Unidos, de asfixia económica, de guerra económica, de buscar deliberadamente el colapso de la economía cubana y del país, sin medir las graves consecuencias humanitarias ni los impactos de ese objetivo, que nunca se cumplirá, pero que provocaría, sin lugar a dudas, consecuencias impredecibles.

El Informe, del cual disponen ya ustedes en línea, on-line, y dispone nuestro pueblo, nuestro país, y el Cuerpo Diplomático acreditado en La Habana, revela estos impactos.

No es un diseño nuevo el del bloqueo, pero si ha sido quirúrgicamente mejor diseñado, tomando como blanco cada uno de los principales ingresos del país, buscando con saña incrementar el impacto en la vida cotidiana de nuestra población, sobre la base de la mejor expresión de esa política que es el Memorandum del Subsecretario Lester Mallory de abril de 1960, que reconoce que el objetivo del bloqueo es deprimir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación, sufrimiento y el derrocamiento del Gobierno. La Ley Helms Burton de 1996 codifica esa misma política. Y en las medidas de máxima presión contra Cuba, las más de 200 sanciones adicionales de bloqueo aplicadas por el presidente Donald Trump, se buscan esos mismos y crueles objetivos.

Voy a dar un dato nuevo. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3 mil 806 millones de dólares. Es un monto récord histórico para un período reducido como el de estos siete meses. El Producto Interno Bruto de Cuba, según datos muy conservadores, pudo haber crecido, pese a las circunstancias adversas que enfrenta la economía cubana, en 4,5% en ese periodo, de no haberse aplicado esas medidas.

Durante los 14 primeros meses del gobierno de Biden los perjuicios ocasionados por el bloqueo ascienden a la cifra de 6 mil 364 millones de dólares, también récord histórico. Esto significa más de 454 millones de dólares mensuales y más de 15 millones de dólares diarios, en daños y perjuicios.

En seis décadas, a precios corrientes, los daños acumulados suman 154 mil 217 millones de dólares. Cifra exorbitante para una economía pequeña, sin grandes recursos naturales, insular, subdesarrollada, como la cubana. Pero al valor del oro, es decir a la onza de oro, tomando en cuenta las depreciaciones, los perjuicios acumulados alcanzan la cifra enorme de 1 billón 391 mil 111 millones de dólares. Es decir, un millón de millones más 391 mil millones de dólares. Imaginen ustedes, imagine nuestro pueblo, lo que habría podido hacer Cuba disponiendo de esos recursos. Cómo sería Cuba hoy si el país habría dispuesto de esos recursos.

El bloqueo económico es el elemento central que define la naturaleza de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Fue fortalecido a niveles sin precedentes bajo el gobierno del presidente Trump.

Hoy la política del presidente Joseph Biden contra Cuba es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política.

Se mantiene, y es tema de cada día, el diseño quirúrgico que persigue cada ingreso, cada fuente de financiamiento y de suministro del país. Son las regulaciones vigentes y es la conducta práctica actual de las autoridades estadounidenses.

El impacto tiene por tanto una dimensión mayor y desde el punto de vista humanitario más perversa y dañina.

El bloqueo ha pasado a una calidad agresiva que no había tenido en el pasado.

Pese a los anuncios positivos, en la dimensión correcta, pero extremadamente limitados, y prácticamente inaplicables, de mayo de 2016 por parte de las autoridades estadounidenses, el bloqueo no ha modificado en lo absoluto ni su alcance ni su profundidad.

El desempeño de la economía cubana en los últimos dos años ha estado marcado de una manera inevitable por la coincidencia de esos impactos con los de la propia pandemia de Covid-19, los gastos exorbitantes a los que obligó a nuestro país, y las consecuencias de las crisis internacionales incluyendo la escalada de precios de alimentos y combustibles más recientes.

Es una realidad inocultable la existencia del bloqueo. Nadie podría seria o sanamente afirmar que el bloqueo no existe o es un mero pretexto.

Es totalmente tangible y alcanza y daña a cada familia cubana, a los cubanos que residen en Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses y a las personas y empresas de todo el planeta.

Está dirigido a provocar la incapacidad del país para atender las necesidades fundamentales de la población.

El bloqueo provoca daños directos extremos por el engranaje integral de sus medidas, pero al mismo tiempo tiene el propósito cruel y práctico de privar al país de los ingresos financieros que resultan indispensables para adquirir suministros, equipamientos, partes y piezas, tecnología, software, y provoca entonces daños también en ese sentido. Es el caso por ejemplo de los alimentos, en medio de la situación de carencias, desabastecimiento, largas colas, ansiedad, en la población ante las dificultades incluso para asegurar la canasta básica, que requiere un esfuerzo de gran eficacia del Gobierno y las entidades, o para asegurar la vida cotidiana de las personas.

Es cierto que Cuba puede adquirir alimentos en otros mercados, y es cierto que adquiere alimentos incluso en los Estados Unidos. Pero el bloqueo priva a Cuba de los recursos financieros indispensables para hacer esas compras en los Estados Unidos o para hacer compras similares en terceros mercados. Volveré a ese tema.

El sistema electro-energético nacional atraviesa una situación extremadamente grave, que es resultado de serias limitaciones, de falta de combustible en algún caso y medida, pero sobre todo de obstáculos para adquirir piezas de repuesto y otros recursos, al privar al país de los financiamientos indispensables para hacerlo, más allá de que el bloqueo impide utilizar tecnologías estadounidenses, comprar en el mercado estadounidense. Es decir, es un efecto dual el del bloqueo, que hay necesariamente que tomar en cuenta.

No es solo bilateral, es extraterritorial. Es directo y al mismo tiempo priva al país de los recursos financieros en áreas en las que no hay prohibiciones específicas de compras en terceros mercados.

Cuba no puede adquirir, en ningún lugar, de ninguna manera, tecnologías, equipos, partes, piezas, tecnologías digitales o software, que tengan un 10% de componentes estadounidenses, lo cual es un impacto directo, tan grave como el de la carencia de divisas para garantizar suministros.

Las medidas de persecución directa, financiera, física, de extorsión, el efecto de intimidación, el efecto del elevado riesgo país resultado de esas acciones, persigue cada una de nuestras transacciones comerciales, de inversión o financiera, a partir de que coloca en graves dilemas a las compañías suministradoras.

Es el caso de las relaciones bancario-financieras. Decenas y decenas de bancos niegan servicios a Cuba ante el miedo a multas estadounidenses. Otras se ven obligadas a llegar a acuerdos a partir de acciones ilegales, extraterritoriales del gobierno de los Estados Unidos, para evitar esas multas. Y provoca un daño a una presencia natural del sistema financiero cubano en el similar internacional.

La persecución directa a productores, a transportadores, transportistas, a las navieras, a las aseguradoras y compañías reaseguradoras, dificulta gravemente y encarece en más de un tercio, y a veces hasta la mitad, nuestras compras de combustible.

Claro que esta situación ha habido que enfrentarla con medidas de emergencia, y nuestro pueblo comprende y acompaña las dificultades cotidianas que todos sufrimos, y al mismo tiempo asiste, contribuye a las inversiones y medidas paleativos que el Gobierno, en condiciones de atención de emergencia al sistema electro-energético y otras necesidades, cumple rigurosa y eficientemente. Es el caso, por ejemplo, de los apagones.

Entre enero de 2021, un dato nuevo, y febrero de 2022, se reportaron un total de 642 acciones directas por parte de bancos extranjeros que, ante la amenaza del sistema financiero estadounidense, se negaron a prestar servicios al país. En ese lapso reducido, 642 acciones contra bancos extranjeros. Acciones unilaterales, coercitivas, e ilegales, desde el punto de vista del derecho internacional de la ley nacional que rige la conducta de estos bancos, desde el punto de vista de las normas universalmente aceptadas del sistema financiero internacional.

Decenas de misiones diplomáticas, de embajadas cubanas hoy carecen de servicios bancarios.

En diversas latitudes, un ciudadano cubano particular, una persona jurídica natural, es privada de abrir cuentas personales por solo el hecho de ser un nacional cubano, lo que es profundamente discriminatorio.

La capacidad de producción de medicamentos del país se ha afectado gravemente por estos conceptos, como ya mencioné. Cuba produce el 60% de los medicamentos que necesita en lo fundamental. Pero para producir esos medicamentos necesita no solo algunas materias primas, partes y piezas, algunos componentes, sino necesita obviamente financiamiento, que la aplicación opresiva e integral del bloqueo impide llegar a nuestro país.

Frente a estas adversidades, frente a la hostilidad del gobierno de los EEUU, nuestro país no se detiene ni deja de renovarse.

Cuba cambia todos los días, y seguirá cambiando. Cuba se renueva todo el tiempo. Lo que no cambia, lo que no se renueva, lo que está anclado en el pasado, es la política de bloqueo.

Superamos la Covid con nuestras propias vacunas. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos, en el pico de la pandemia, aplicó exenciones, es decir, aplicó a decenas de países bajo medidas coercitivas o unilaterales, que estas fueran condonadas, flexibilizadas temporalmente, por razones humanitarias. Y se permitió a esos países bajo regímenes de sanciones, adquirir vacunas, adquirir oxígeno medicinal, adquirir ventiladores pulmonares.

¿Por qué no se incluyó a Cuba entre los países a los que se aplicaron esas exenciones temporales? Fue un acto deliberadamente cruel. Es el reconocimiento de que el bloqueo también asfixia y mata.

El gobierno de los Estados Unidos obstaculizó la adquisición de oxígeno medicinal en terceros países, cuando se produjo el fallo de nuestra planta principal que ocasionó una crisis en el país; que no produjo pérdidas de vidas gracias a un extraordinario y eficaz esfuerzo de nuestro pueblo, de las instituciones armadas, del sistema de salud y del Gobierno.

El bloqueo impidió la adquisición de ventiladores pulmonares. No nos detuvimos. Produjimos nuestros propios ventiladores pulmonares con prototipos cubanos.

La economía cubana atraviesa momentos de gran dificultad. No se han detenido las transformaciones, la creciente autonomía y desarrollo de la empresa estatal socialista. La expansión y el registro de miles de nuevas micro, pequeñas y medianas compañías, tanto estatales como privadas, fundamentalmente privadas. El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilar de la gestión de gobierno y de las transformaciones que aseguran los progresos de nuestro modelo socialista.

El referendo del Código de las Familias, recientemente concluido en medio de las dificultades que muestra un consenso mayoritario. Las transformaciones que aplica el país en todos sus ámbitos, sobre la base del principio de cambiar todo lo que deba ser cambiado y de avanzar hacia un socialismo más justo, más humano, más democrático para todo nuestro pueblo.

Realizamos un esfuerzo sobrehumano hoy todos para rescatar los niveles de actividad económica que han sido gravemente afectados por las circunstancias que expliqué.

Se trabaja muy activamente para diversificando la matriz productiva. Hay una creciente participación de emprendimiento, como se les llama, de empresas estatales y no estatales en estos empeños y han aumentado las oportunidades para la inversión extranjera dentro de nuestras políticas de desarrollo.

El bloqueo sigue limitando estos esfuerzos, no renunciaremos nunca a nuestro proyecto de justicia social.

El rechazo al bloqueo fue uno de los temas más abordados en los discursos de los Jefes de Estado y Gobierno en el reciente período de sesiones de Alto Nivel de la Asamblea General a fines de septiembre. Cuarenta de ellos reclamaron de viva voz el cese de esta política. Algunos reclamaron la salida de Cuba de la lista arbitraria, e injusta, caprichosa, inmoral e ilegal del gobierno de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. Otros agradecieron la cooperación, sobre todo la cooperación médica internacional, que Cuba brinda de manera modesta y callada.

Este debate general mostró fehacientemente que la política de bloqueo solo causa aislamiento y descrédito al gobierno de los Estados Unidos, que tiene la oposición de la mayoría de estadounidenses, la mayoría de los cubanos que residen en los EEUU y en otros países, que recibe el rechazo prácticamente unánime de la comunidad internacional y que ha de ser levantado a partir de que el mundo ha cambiado y algún gobierno de los Estados Unidos tendrá que hacerlo.

Es universal el repudio a una política criminal que ni ha derrotado, ni ha alcanzado los objetivos que se propuso aunque provoca mucho daño humano, provoca sufrimiento todos los días en cada comida cuando la familia cubana se reúne en la noche en apagón, cuando hay dificultades para garantizar medicamentos para un enfermo, nuestro pueblo sufre.

Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo, tiene derecho a vivir en paz. Cuba estaría mejor sin Bloqueo, mejor sin Bloqueo. Todos estarían mejor sin Bloqueo. Estados Unidos sería un mejor país sin Bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin el Bloqueo a Cuba.

Muchas gracias.

Urgente: Cinco mil personas en Cartago estamos tomando agua contaminada con plaguicidas y sus moléculas

  • Estudios están engavetados y vecinos exigen que se active protocolo de emergencia para recibir agua potable

  • Piden a las magistradas y magistrados y al AyA que se hagan públicos dichos estudios

  • Se prepara conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para dar a conocer detalles sobre dicha contaminación

Desde diciembre del 2021 se sabe que hay moléculas de degradación del agro veneno clorotalonil, gracias a un estudio del IRET. El AyA puso en duda estos estudios por la excusa de que este instituto no estaba certificado. Es decir, importa más una certificación que la salud y el derecho humano al agua. Desde ese momento ECOCIPRESES presiona para que el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA haga dicho estudio. En agosto se pudo iniciar con dicha investigación pero desde hace días en la comunidad, es un secreto a voces, los resultados dicen que el agua está contaminada más allá del límite permitido. Hoy ECOCIPRECES solicita a la Sala Cuarta y al Gerente General Acueductos y Alcantarillados los resultados oficiales de dichos estudios para poder cumplir con el derecho humano al agua.

ECOCIPRESES: No se sabe si es peor para la gente la inoperancia de las instituciones o los efectos adversos para la salud de los contaminantes del agrotóxico clorotalonil en el agua de Cipreses.

Los resultados del más reciente monitoreo de los contaminantes, producto de la degradación del agro veneno clorotalonil en las fuentes de agua de la comunidad Cipreses Oreamuno Cartago están engavetados. “Parecen gallina con huevo y no saben dónde poner los resultados de contaminación sobre el agua de Cipreses”, señalan los miembros del Frente Ecologista por las redes sociales.

Las muestras ya han sido analizadas de forma mancomunada por el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Laboratorio del IRET de la Universidad Nacional (UNA). El IRET ha sido clave en esta investigación ante la falta de capacidad y equipo del LNA. Las primeras alertas académicas de esta nueva contaminación en Costa Rica fueron presentadas desde el IRET el año pasado y dadas a conocer por diversos medios y conferencias desde el Frente ECOCIPRESES.

Las recientes muestras de agua en cuestión ya han sido analizadas por el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA y han sido discutidas con funcionarios de otras instituciones.  Dichas muestras fueron tomadas el 23 de agosto del presente 2022, según lo señala en el documento MS-DRRSCE-DARSO-0656-2022, firmado por el Doctor Oscar Rodríguez del Área Rectora de Salud Oreamuno Cartago (adjunto evidencia del documento).

Por diversas vías informales se ha comunicado al Frente ECOCIPRESES que los resultados están sobre el límite permitido para consumo humano, tanto en la naciente de Carlos Calvo como en la Naciente Plantón, que abastecen a casi 5000 personas.

Ha pasado todo este tiempo, sin que activen protocolos que protejan la salud de las personas. Pareciera que la salud pública es lo último que les importara” indica Karla Coto del Frente ECOCIPRESES, indignada por la lenta respuesta de las instituciones en materia de protección de la salud pública.

Estos resultados son determinantes para resguardar nuestra salud y tomar medidas con prontitud, amén de que van de acuerdo a lo señalado por los artículos 21 y 50 constitucionales y el in duvio pro aqua. Deseo enfatizar la importancia de abordar este tema con celeridad y pronta respuesta, es la salud de casi 5000 usuarios de esta ASADA de CIPRESES que está en juego. Ya ha pasado mucho tiempo desde que se tomaron las muestras y no nos han informado de los resultados y menos tomar alguna medida de protección” señaló el agro biólogo y vecino de Cipreses Fabián Pacheco R.

Este tipo de contaminación es grave según lo expuesto en el MEMORANDO No.GSD-UEN-GAR-2022-02798 el AyA:

En relación con la solicitud de ampliación de criterio sobre el caso del pesticida Clorotalonil y sus metabolitos, la referencia B2 EPA-Estados unidos, citada sobre el potencial de producir cáncer en seres humanos, viene de la determinación de esta sustancia como tal por parte de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA por su nombre en inglés) en su clasificación B2 como probable carcinógeno en humanos, se ha basado esta definición en estudios animales que se consideran suficientes, ya que para propósitos prácticos es razonable considerar un agente para el cual existe suficiente evidencia de carcinogenicidad en animales como si este presentase un riesgo para humanos.” (MEMORANDO No.GSD-UEN-GAR-2022-02798)

En estos momentos los Magistrados del Poder Judicial analizan un recurso de amparo sobre este mismo caso y los vecinos de Cipreses que han venido luchando por tener agua libre de agroquímicos. Le están señalando a los magistrados medir los resultados en cuestión al LNA del AyA antes de resolver el emblemático recurso de amparo que podría ser histórico, sobre todo considerando que la Constitución de la República fue modificada recientemente, estableciendo el AGUA como un Derecho Humano.

El Frente Ecologista de Cipreses ECOCIPRESES solicita puntualmente a las autoridades del Ministerio de Salud y del AyA:

  • Los resultados señalados por escrito y que los mismos sean expuestos por funcionarios del AyA en nuestra comunidad con prontitud.
  • Se implemente un plan de contingencia a ejecutarse para resguardar la salud de la gente.
  • Solicitar agua libre de los contaminantes de forma inmediata y urgente.
  • Se amplíe esta investigación a otras zonas que están bajo este mismo riesgo, mediante una auditoria urgente sobre las fuentes de agua del norte de Cartago, que incluya en los estudios todos los agroquímicos usados intensivamente en la producción.
  • Sea prohibido el Clorotalonil en Costa Rica por sus riesgos inadmisibles como contaminante de aguas captadas para consumo humano. Cabe mencionar que ya ha sido presentada el mes anterior una solicitud firmada por casi 3000 personas para la prohibición del Clorotalonil en Costa Rica

La lucha por el agua libre de agroquímicos en Cipreses se contextualiza en uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en el mundo entero, según lo dio a conocer el PNUD en un informe reciente. Asímismo se contextualiza en un país, donde tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo parecieran ceder antes las presiones de los sectores de la agroindustria, que producen y venden agroquímicos para flexibilizar y facilitar el registro de plaguicidas de forma laxa, y con escasa nula participación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía.

Que alguien nos salve del oscurantismo y la inoperancia de las instituciones, no sabemos si es peor la falta de acciones y decisiones para proteger nuestra salud o el agro veneno que llega a nuestras casas con el agua todos los días mientras pasa el tiempo sin que hagan nada por solucionarlo” Indicó Jordán Vargas del Frente ECOCIPRESES.

Ecologistas y vecinas de la comunidad están preparando conferencia de prensa, a definir en estos días, con la Diputada Rosaura Méndez Gamboa de Cartago, para dar a conocer información sensible sobre este tema.