Walter Antillón

Dedicado a los jueces costarricenses: en sus manos está la salvación de este País.

En relación con los nombramientos para y dentro de la Corte Suprema de Justicia, es hoy imperativo reflexionar sobre la constatación y la profética advertencia que hizo a los ticos, hace más de cien años, el Magistrado de Casación don Antonio Zambrana:

“…Tenemos en los pueblos nuestros justicia a veces docta, pero nunca independiente de veras. En Costa Rica se nombran los Magistrados por el Congreso Legislativo, lo cual ata indispensablemente los primeros a las pasiones de la política, por más que en la teoría se mantenga el principio de que los jueces no deben dejarse perturbar por ellas, como si se dijera que una persona a quien se priva de alimentos no debe sentir hambre…” (las negritas y el subrayado no son del original).

Desde el año 1952 en que ingresé al Poder Judicial como meritorio en la Inspección y en el Juzgado Segundo Civil de San José, siendo don Jorge Guardia Carazo Presidente de la Corte, he seguido con atención constante la evolución de dicho órgano; y tengo que decir que, dolorosamente, nunca como ahora la predicción de Zambrana se ha cumplido tan al pie de la letra: la influencia de las cúpulas políticas, con sus deletéreos efectos, ha crecido hasta llegar a ser aplastante en nuestros días.

Siendo así las cosas, no tiene nada de extraño que algunos jueces ambiciosos se hayan valido de la situación para hacer carrera, comprometiéndose poco o mucho con los políticos para asegurarse el acceso a y la permanencia en la magistratura. Hemos visto cómo algunos de ellos han hecho cínica ostentación de sus relaciones con la élite política en fiestas y reuniones; y en alguna reciente ocasión hemos tenido que presenciar cómo han prevaricado para favorecer a funcionarios o a conocidos politicastros.

A mi juicio, una persona que ha adoptado la táctica de las influencias políticas para saltar sin méritos a la Magistratura y mantenerse allí, es el doctor Luis Fernando Salazar Alvarado, actual aspirante a la Presidencia de la Corte. Y este juicio se apoya en la simple lectura de los datos incontrovertidos que ha publicado el colega don Mario Rucavado en “Delfino” del 26 de agosto último, los cuales me permito citar in extenso:

“…Es el curioso juez laboral que concursó para ser magistrado suplente y resultó electo como magistrado propietario de la Sala Constitucional. Se desconoce oficialmente el nombre del poderoso político que lo apadrinó aunque a veces sea un secreto a voces. Pareciera que va a ser como el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero del que nadie supo quién autorizó su ingreso al país sin pasar un sólo control migratorio y que al final la Comisión Legislativa que investigó el caso se limitó a decir que quien lo autorizó fue una “autoridad política superior”.

Como Juez Superior de Trabajo su currículum es vergonzoso. El Tribunal de la Inspección Judicial dictó sentencias sancionatorias en 3 ocasiones por graves incumplimientos a sus deberes como Juez. Veamos:

1. Mediante Voto No. 1118-2007 de 9:20 horas de 14 de diciembre de 2007 se le impuso una sanción escrita. ¿Cuáles fueron los hechos denunciados? Un caso a su cargo que fue votado en noviembre de 2004 y que se le pasó en esa fecha para que redactara la sentencia lo pasó al prosecretario hasta el mes marzo de 2007, es decir, un asunto del que ya tenía un borrador de sentencia y que sus compañeros de Tribunal aprobaron, no fue capaz de alistarlo, sino casi 3 años después. Señaló en ese fallo el Tribunal de la Inspección Judicial: “…se concluye que existió falta de diligencia por parte del servidor acusado”;
2. Por Voto No. 298 de 14:20 horas de 18 de abril de 2018 el Tribunal de la Inspección Judicial le impuso 2 meses de suspensión sin goce de salario. ¿Por qué una sanción tan grave? Los cargos que se le imputaron fueron los siguientes: “Incorrecciones en el ejercicio del cargo mismas que afectan el buen servicio y la imagen del Poder Judicial… asimismo se le acusa del atraso injustificado en la tramitación del citado proceso…posteriormente se ampliaron los cargos, acusándosele de: “Incorrecciones o fallas en el ejercicio de su cargo, mismas que afectan el buen servicio y la imagen del Poder Judicial, al seguirse en su contra causa penal por el delito de incumplimiento de deberes, ante el Ministerio Público, Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José”. En resumen, se trata de un asunto en el que un expediente que ya había sido votado y que el Juez Salazar no redactó, varios años después lo volvió a llevar a votación del Tribunal como si nunca antes hubiera sido resuelto, para lo que reabrió la carpeta digital que había sido cerrada por haber sido ya resuelto el caso. En consideraciones del fallo el Tribunal fue más que elocuente: “Dentro de las explicaciones rendidas, no indicó don Luis Fernando el porqué si llevó el expediente para consulta, hizo abandono de éste, desaprovechando la inmediatez de lo discutido, a los fines de una más fácil redacción y salir de un asunto ya estudiado; esto resulta simplemente ilógico, alejado del sentido común y de la experiencia de quien ha laborado en órganos colegiados… de lo expuesto se colige un abuso del encausado dada su condición de coordinador, al quebrantar tanto sus instrucciones al personal subalterno respecto a las condiciones exigidas para la asignación del número voto a los asuntos, como el procedimiento rutinario de las labores, conforme a las labores …la irregular maniobra pretendida no sólo comprometió la información registrada en el Sistema de Gestión, sino además dio paso a un injustificado retardo en la administración de justicia…calificándose de gravísima la falta cometida por este ...sanción suficiente para que don Luis Fernando reflexione sobre la importancia de respetar la información que se suministre al sistema Costarricense de Gestión de Despachos y de no constituirse en un agente del cual sus acciones y omisiones, tienen como resultado una denegación de justicia a los usuarios que concurren a este Poder de la República, afectando así gravemente un servicio público esencial para el sostenimiento de nuestro Estado de Derecho”. Esta sentencia fue motivo de un proceso judicial del Juez Salazar que terminó en la Sala Segunda de la Corte, cuando ya él era magistrado. Curiosamente nadie se excusó y la sentencia quedó sin efecto.
3. Por Voto No. 399 de 15:45 horas de 15 de mayo de 2008, el Tribunal de la Inspección Judicial le impuso 3 días sin goce de salario. El caso es sobre el atraso injustificado (retardo de justicia) en 12 expedientes. La causa también se tramitó contra dos de sus compañeros de Tribunal (órgano del que el Juez Salazar era coordinador). Señaló el Tribunal: “...acreditado el atraso injustificado, al exceder la comunicación a los usuarios más del tiempo razonable desde que los asuntos a cargo del doctor Salazar Alvarado fueron votados; se estima que dicha conducta es constitutiva de falta disciplinaria calificada de grave… En la apreciación de la situación vista, no se puede soslayar el papel de Coordinador ostentado por don Luis Fernando, el cual le exige ejercer supervisión del trabajo ejecutado por los subalternos, no siendo justificante tampoco, en general, que el Juez pierda contacto con los asuntos a su cargo, despreocupándose del momento en que le son pasados para firmar y que a pesar de detectar atraso en dicha labor, no tome medidas para la aplicación del régimen disciplinario”

Durante la época en que se fraguaba la trama del Cementazo el magistrado Salazar tuvo muchos contactos telefónicos con Celso Gamboa, aún y cuando eran de salas diferentes. Además, reconoció públicamente una amistad especial con el ultra cuestionado ex-presidente de la Corte Carlos Chinchilla, en una actividad en el Colegio de Abogados y Abogadas (“El honor que me hace la Junta Directiva del Colegio de Abogados hoy es doble, al dedicarme el Congreso Jurídico Nacional, porque es el primer acto oficial en que participa don Carlos Chinchilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mis inicios en el Poder Judicial coinciden con mi incorporación al Colegio de Abogados, allá por 1989. Desde entonces una amistad me une con don Carlos, le doy gracias a la divina providencia que me hiciera poderle dar el voto y que un hombre bueno, también, ahora que don Froylan habla de la parte espiritual de las personas, llegue a ocupar semejante cargo, la verdad es que nos debe honrar a todos. Don Carlos, aprovecho de nuevo para reiterarle que cuenta con un compañero en la Corte Suprema de Justicia que estará a su lado en las buenas y en las malas.”).

Como si todo esto fuera poco, durante su paso por la magistratura ha fomentado relaciones funestas. De él dijo Johnny Araya Monge (el alcalde josefino más cuestionado de la historia) en conversación con Adrián Araya:

‘Mirá, es muy amigo de nosotros, Luis Fernando Salazar, es un mae de la Sala Cuarta… Pero es un chavalazo ese carajo y es un mae que maneja muy bien todo el tema de la Corte, pero diay se ha hecho muy muy muy amigo de nosotros’ …”

Según el dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Nombramientos, vertido el 16 de setiembre de 2013, que forma el Expediente 18.788, las personas recomendadas por dicha Comisión fueron:

De acuerdo con las actas de dicho Expediente, don Luis Fernando Salazar ni siquiera había concursado; porque si lo hubiera hecho, habrían aparecido ante la Comisión sus pésimos antecedentes citados arriba. ¿Cómo logró ser nombrado?

En el Acta de la Sesión Plenaria de la Asamblea Legislativa Número 109, realizada el 3 de diciembre de 2013, relacionada con el Expediente 18.788 para el nombramiento de un magistrado de la Sala Constitucional quedó constando que, de previo a las votaciones, la diputada Carmen María Muñoz Quesada preguntó al Presidente de la Asamblea si se podía votar por un candidato que no hubiera pasado por el proceso de selección, en vista de que en el recinto se mencionaba el nombre de Luis Fernando Salazar, persona que, según un documento en su poder, aparece sancionado por faltas graves; y también preguntó si en tal caso no procedía advertir de ello al Plenario. Y en el acta consta que el Presidente (Luis Fernando Mendoza Jiménez) le contestó que el proceso de discusión ya se había dado; y agregó:

“…Quiero indicarle, señora Diputada, que cualquier persona, cualquier ciudadano, haya pasado o no por la Comisión de Nombramientos, puede perfectamente ser elegido por esta Asamblea Legislativa.

 Las condiciones para la elección las establece el artículo 159 de la Constitución Política. Están claramente establecidos los requisitos para ser magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

 En esas circunstancias, queda aclarada la duda y de inmediato vamos a entrar en el proceso de votación…”

El Presidente se expresó con claridad: ‘cualquier persona, cualquier ciudadano’ que llene los requisitos del citado artículo 159 puede ser nombrado, punto final. Y en efecto, el Plenario entró a votar pasando por alto la afirmación pública de la diputada Muñoz de poseer evidencia documental de que el rumoreado candidato (el Juez Salazar Alvarado), no incluido en la lista contenida en el dictamen de la Comisión de Nombramientos, había sido sancionado por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. No sólo ignoraron los diputados la importancia capital de la respectiva Ley Orgánica y del Código de Ética Judicial vigentes, sino que, al parecer, la evidencia de los antecedentes descalificadores del candidato fue más bien galardón para que resultara finalmente electo con 40 votos, pulverizando candidaturas mucho más consistentes como la de Rosita Abdelnour, Omar White y otras. La sinrazón y la componenda que produjeron esos 40 votos quedaron veladas por el secreto de la elección. ¿El Mundo al revés? No, recordemos que desde hace muchos años los intereses de los políticos como ley suprema, y la Asamblea Legislativa como dócil instrumento de esos intereses, vetaron la entrada a la Corte de personas tan cabales y funcionarios tan excelentes como Javier Llobet, Jorge Arce, Rosaura Chinchilla, Juan Marcos Rivero, Rosario Fernández, el propio Francisco Dall’Anese, entre otros.

Servir a los grandes intereses oligárquicos es el pathos normal de los parlamentos y los gobiernos neoliberales. Pero no es ni puede ser aceptable y normal que también la Justicia sea instrumento dócil de los intereses de las cúpulas políticas. En un ensayo reciente que circula en las Redes, titulado “Funciones de Garantía en el Estado Moderno. Teoría, historia y moraleja” he explicado la función de ‘garantía secundaria’ del sistema judicial, que es función de ‘contra-poder’ frente a los órganos legislativo y ejecutivo; y la básica necesidad de su total independencia para imponer los valores superiores de la Constitución y la Ley sobre las tentaciones del poder.

Los magistrados judiciales que hacen de sus relaciones con los políticos, los diputados y los altos funcionarios un ejercicio regular y normal de su actuación, traicionan radicalmente la esencia de sus funciones y, fomentan con ello la impunidad, el abuso, la ruina de las instituciones y la vanificación de los derechos fundamentales del pueblo que juraron tutelar. Los jueces no deben tener lazos o intereses comunes con los gobernantes o los políticos, porque al hacerlo comprometen la eficacia de su sagrado ministerio, que pasará un día por tener que juzgarlos y castigarlos con plena independencia e imparcialidad, si llegaren a cometer delitos o a incurrir en otras violaciones contra la Constitución o la Ley. Pero en esto no estamos solos: he visto recientemente la alegre y gozosa foto en que aparecen el fiscal y el juez que conocen de un caso penal contra Cristina Kirschner formando parte de un equipo veterano de futbol aficionado en la quinta del expresidente Macri, enemigo encarnizado de Cristina. ¿Les recuerda algo?

Pero la cuestión aquí es que el Magistrado Salazar ha empezado mal y ha continuado peor: su nombramiento fue irregular: fruto del favor político (¿alguien pretendería convencernos de que aquellos súbitos 40 votos para alguien que ni siquiera había participado, se debieron a su notorio prestigio como juez?); y al igual que los ex-magistrados Chinchilla y Gamboa, ha tomado el camino que lo conduce a contraer vínculos con figurones políticos, incompatibles con su condición de garante de la legitimidad constitucional.

La ironía de la situación consiste en que este Magistrado no ha hecho méritos para ser Presidente de la Corte (ni Costa Rica se merece castigo semejante): sus constantes coqueteos y componendas lo descalifican; sin embargo, es evidente que en Corte Plena ha venido contando con un apoyo numérico superior al de sus adversarios. Esto sería inexplicable para mí, si no fuera por el dato de los misteriosos 40 votos en el Plenario de la Asamblea Legislativa, que nos brinda la clave: igual que allí, también sobre la Corte Plena se cierne la fuerte presión de los políticos que ansían barrer con los restos de la institución y la función de garantía judicial que aún quedan en pie, sobre todo en la judicatura de primera instancia y apelación. Para esa tarea les sirve precisamente aquel Magistrado que es el ‘amigazo’ de expresidentes y altos funcionarios, seguramente dispuesto a hacer causa común, desde la Corte, con los verdugos de la Justicia.

Y de nuevo, también en esta ocasión el secretismo del voto nos impedirá conocer la hondura y la transparencia moral de los argumentos que tienen los partidarios del Magistrado Salazar para brindarle su constante apoyo. Pero es poco razonable esperar que entre esos argumentos, si existen, se encuentre el propósito de construir una institución judicial independiente e ilustrada que garantice la tutela de los derechos consagrados en la Constitución y en los Convenios Internacionales.

Ésta es, me parece, la verdad de la situación que afrontamos: entre los miembros de la Corte se destacan, como luz al final del túnel, algunas honrosas opciones entre las cuales escoger.