Se extiende la invitación a la actividad virtual conmemorativa del 77° aniversario de los lanzamientos de las bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, a realizar por el grupo de activistas latinoamericanos Mundo sin Guerras y sin Violencia, por medio de la plataforma Zoom el próximo sábado 6 de agosto a las 4:00 p.m. (hora de Centroamérica).
La entrega poética de Minor Arias Uva, rinde homenaje a la parte ancestral autóctona de América.
Las dos secciones en que el autor fracciona el volumen: Viaje lento hacia el origen y Decantación de nuestras memorias, son distintas maneras de abordar este reconocimiento a la esencia, la historia y que se manifiesta, en el proceder literario, lo dicho y lo sugerido, lo metafórico y la enunciación.
El autor acude al uso de la poesía testimonial con elementos narrativos ante la vivencia propia y colectiva. En la cimentación poética, logra sujetar lo mítico, el conocimiento primigenio y la ciencia, alcanzando a conjugar la vertiente narrativa con lo mágico y trastocando lo cotidiano. Empero, enriquece la obra con cambios en la narrativa pasando de primera persona singular al nosotros, esto en busca de la aceptación de nuestras raíces.
Este libro es un testimonio de orden poético y antropológico, un aprendizaje que prende el fuego del conocimiento en materia filosófica, con sus aportaciones sobre la cultura indígena, acompañado, además, de tres ilustraciones, (monotipia al trazo, monotipia y collage) de la artista plástica y compañera de vida Marcia Salas.
Se les invita a disfrutar de este libro, sin lugar a duda, será una nueva y gran experiencia.
Compartido con SURCOS por Ronald Bonilla Carvajal.
Como hemos conocido por algunas noticias en la radio, la televisión, la prensa y las redes sociales, en Panamá ha habido grandes protestas sociales encabezadas por el gremio de los maestros, los sindicatos de la construcción, grupos estudiantiles, indígenas y sectores de productores agrícolas nacionales.
Luego de décadas de políticas fiscales que favorecen a los grandes empresarios evasores, de la existencia de oligopolios que se benefician con el aumento de los productos agrícolas, de estancamiento de los salarios, de encarecimiento de la vida, y de las conocidas políticas neoliberales de los distintos gobiernos que se han alternado; el pueblo panameño se ha lanzado a la calle para defender su derecho a una vida digna, en un país en donde se ha venido dando una fuerte polarización social, y una creciente desigualdad entre la población.
Desde el Movimiento de Asambleas Populares queremos solidarizarnos con esta lucha justa y necesaria del pueblo panameño, y a su vez, creemos obligatorio resaltar que el camino de la lucha y la unidad del pueblo es lo que garantiza la defensa de los derechos básicos a la educación, la alimentación, la vivienda, el trabajo y salarios dignos.
El pasado 29 de julio, este grupo convocó a una manifestación frente a la Embajada de Panamá en Costa Rica, con el fin de acuerpar la lucha del pueblo panameño.
Se adjunta imagen de la convocatoria y reflexión por parte del Movimiento Asambleas Populares.
ACOJUPEMA significa “ASAMBLEA DE COTIZANTES DE LOS REGIMENES DE JUPEMA”, con la misión e interés central de fiscalizar los fondos para los que se ha cotizado durante toda nuestra vida. Como asociación civil nos cobija la Constitución Política en el artículo 25 sobre el derecho a la libre asociación y los artículos 9, 11, 27, 30 respecto al derecho y responsabilidad ciudadana de participar ejerciendo el control ciudadano sobre la administración de los dineros cotizados durante la vida laboral de las personas cotizantes para asegurar una pensión digna en el momento de la jubilación.
ACOJUPEMA no fue constituida con la finalidad de administrar los fondos que pertenecen a los cotizantes de JUPEMA. Además de la cotización se paga un importe adicional que cubre el salario del Director Ejecutivo y de todos los funcionarios que trabajan en la institución creada por ley para tal fin, así como las dietas de los miembros de la Junta Directiva.
El nombre ACOJUPEMA refleja que la asociación está conformada por personas que por ley cotizan a JUPEMA, pero no son afiliados, como se ha afirmado, ya que JUPEMA no es un sindicato, sino una Junta Administradora de las pensiones del Magisterio Nacional, según la ley 7531.
Si desea obtener mayor información puede dirigirse al correo electrónico magisteriopension.cr@gmail.com o a nuestras redes sociales con el nombre
La tarde del 2 de agosto de 2022 se apersonaron a las instalaciones de Radio Vos Matagalpa, una delegación de TELCOR y la Policía Nacional donde realizaron una revisión de los equipos de transmisión.
Después de la supervisión, se notificó la cancelación de la licencia a Radio Vos para transmitir en frecuencia modulada.
Esta radio de corte feminista poseía el compromiso de defender los derechos de la ciudadanía y a su vez daba espacio a voces de sectores menos escuchados. Lastimosamente, después de 18 años al aire se procede con su cierre bajo petulancias del TELCOR, acusando a Radio Vos de no cumplir con el artículo 41 de la Ley General de Telecomunicaciones.
¡Respeto a los derechos humanos de todas las personas!
Imagen ilustrativa tomada de: https://microfono.info/
Se extiende la invitación a participar del conjunto de actividades que se realizarán el próximo martes 13 de septiembre a partir de las 5:30 p.m., en el Parinfo Daniel Oduber de la UNED, Sabanilla, en memoria del señor Fernando Camacho Arce. La programación es la siguiente:
Bienvenida por parte del señor Germán Chacón Araya, coordinador de la Cátedra Manuel Mora.
Sembranza ¡NOOO digas!, por parte de la señora Guiselle Delgado.
Recordando a Fernando en la década de los 70, por el señor José Picado Lagos.
Documental: “Solidaridad con la Lucha en Nicaragua”, del señor Roberto Miranda.
Palabras de Manuel Mora Salas sobre el Camarada, el amigo, el hermano, Fernando.
Actividad cultural.
Ven y participa. Para más información, puede contactar a la UNED.
La UCR exhortó al Poder Legislativo a que archive el proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense. (Foto: Facebook Asamblea Legislativa).
Alejandra Amador Salazar, Periodista
Mediante un pronunciamiento aprobado el pasado viernes por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su preocupación por los términos en los que se fundamenta la propuesta de reforma al artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la cual se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa mediante el Expediente N.° 22.266.
La iniciativa tiene como propósito, según la exposición de motivos, fortalecer el principio de equilibrio financiero y evitar crear instituciones y programas en el sector público sin que se verifique su contenido presupuestario; sin embargo, también pretende que ese principio prevalezca sobre la autonomía constitucional otorgada a instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense del Seguro Sociales (CCSS), las municipalidades y las universidades públicas.
Ante esta situación, la UCR aseguró que las autoridades gubernamentales y legislativas harían mal en limitar, negar, retrasar o condicionar –bajo criterios estrictamente presupuestarios– los recursos financieros que debe proveer el Estado a dichas instituciones públicas.
Además, recordó que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 fue clara al establecer un régimen de autonomías constitucionales, con el fin de evitar la concentración de poder en el Ejecutivo.
Esta casa de estudios superiores considera que el proyecto legislativo contiene una modificación intrínseca a aspectos esenciales de la organización política y económica del Estado costarricense, ya que menoscaba y cercena principios constitucionales en favor de razones presupuestarias; lo anterior refleja una clara intencionalidad de concentrar la toma de decisiones financieras en el Poder Ejecutivo, en contraposición a la descentralización administrativa constitucional e incluso a la pregonada en las recomendaciones de política pública de los organismos internacionales.
Por estos motivos, la UCR exhortó de manera vehemente a las diputadas y a los diputados que archiven este proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense.
Asimismo, instó a los Poderes de la República, al TSE, a las municipalidades, a la CCSS y a las demás universidades públicas a debatir acerca de las repercusiones que tendría para el cumplimiento de sus fines constitucionales esta reforma.
La Pastoral Social Caritas, comisión de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, ha emitido un comunicado sobre el proyecto de ley 21.182, orientado a introducir algunas reformas al Código de Trabajo; entre ellas, las jornadas de trabajo de 12 horas durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días de descanso (jornadas 4-3; en algunos casos, 3-4), en ciertas labores y bajo ciertas condiciones.
La reflexión de la Comisión se fundamenta en la ética social, desde donde la Iglesia aborda temas como el trabajo y el desarrollo humano, que consiste en “el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas” (san Pablo VI, Populorum progressio 20).
Durante cuatro o tres días, las personas trabajadoras sujetas a estos horarios de trabajo estarían 12 horas fuera de su hogar, a las que habría que sumar las de desplazamiento entre sus lugares de habitación y sus centros de trabajo. Fácilmente, esto significaría 14 horas o más fuera del hogar. Explicando el comunicado, el vocero de la Pastoral Social, Pbro. Edwin Aguiluz Milla señaló que “este régimen de trabajo afectaría la convivencia familiar, debilitando los vínculos de la familia. Perjudicaría seriamente las tareas de cuido de las personas dependientes (menores de edad, adultos mayores y otras), lo que se comportaría, en muchos casos, la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral de muchas personas. Dado que comúnmente las mujeres son quienes cargan con el mayor peso de las tareas de cuido, estas estarían seriamente afectadas y, en muchos casos, verían cerradas las posibilidades de acceder al trabajo remunerado formal. Las jornadas 4-3 serían incompatibles con los horarios de estudio de una gran parte de trabajadores que estudian fuera de su jornada laboral. Además, está documentado que jornadas laborales tan extensas tienen un impacto en la salud física y mental de las personas trabajadoras”.
No existen garantías de que, en las actuales condiciones de la inspectoría del trabajo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se respete para todas las personas el principio de voluntariedad en la incorporación en el régimen de las jornadas 4.3, explica el comunicado.
El Pbro. Aguiluz expresó que el documento advierte que se debe respetar la identidad cultural de una gran parte de la población costarricense que es confesionalmente cristiana, por lo que el domingo es parte importante de su espiritualidad, como día de alegría, descanso y solidaridad. Las jornadas de 12 horas en día domingo son incompatibles con esta práctica de una gran parte los costarricenses.
Para la Pastoral Social Caritas, en definitiva, esta reforma de las jornadas laborales, lejos de favorecer el desarrollo humano integral, lo perjudicaría. El documento señala que existen vías para la reactivación económica y, por ende, de generación de empleo, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Legislativo, que no producen precarización del trabajo ni afecten la vida familiar, las tareas de cuido, el estudio y la salud de las personas trabajadoras.
Nuestro querido Walter Antillón Montealegre, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UCR es el Premio Rodrigo Facio 2022.
Merecidísimo reconocimiento que dignifica aún más, al grupo de prestigiosas personalidades que se han «destacado por su aporte al desarrollo político, social, económico y de la justicia social del país».
Conjunto selecto conformado por Manuel Mora Valverde, Isaac Felipe Azofeifa, Jorge Manuel Dengo, Rodrigo Carazo, Fernando Soto Harrison, Rodrigo Madrigal Nieto, María Eugenia Dengo, Hilda Chen-Apuy, Jorge Romero Pérez, Guido Miranda, Elizabeth Odio, Daniel Camacho, María Eugenia Bozzoli y José María Gutiérrez.
Con especial regocijo recibimos la fresca noticia y la compartimos para que igualmente la celebren nuestros amigos y los muchos amigos de ese gran compañero de patrióticas causas.
Desde el 2019 se comercializa en farmacias privadas el anticonceptivo oral de emergencia, Levonorgestrel. Foto: Karla Richmond, UCR.
La Institución realizará un sondeo con el objetivo de visibilizar obstáculos y limitaciones en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres
El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica realizará un sondeo dirigido a usuarias de anticoncepción oral de emergencia (AOE), conocida como “píldora del día después”, para identificar las dificultades de acceso que enfrentan en el país.
El estudio lo lidera la farmacéutica y experta en bioética, MSc. Gabriela Arguedas Ramírez, como parte de las investigaciones que se realizan en el Observatorio de los Derechos Reproductivos, iniciativa creada por el CIEM para analizar diversas problemáticas nacionales relacionadas con derechos reproductivos de la mujer y violencia obstétrica.
La iniciativa pondrá a disposición de las mujeres un formulario por medio del que las mujeres pueden compartir la experiencia y los obstáculos que han encontrado a la hora de adquirir anticoncepción oral de emergencia en farmacias privadas en el país.
“Con la investigación queremos tener un panorama o fotografía acerca de los obstáculos que enfrentan las mujeres que requieren anticoncepción oral de emergencia, para corregir esos obstáculos en la garantía de un derecho reproductivo”, enfatizó Arguedas.
Posterior a la fase de recolección de información, el CIEM realizará un análisis situacional, con la intención de presentar sugerencias de política pública al Ministerio de Salud, al Colegio de Farmacéuticos y al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Para la experta en bioética, la anticoncepción oral de emergencia se circunscribe en el campo de los derechos reproductivos y los derechos humanos, y es un tema que no sólo compete a los agentes litigantes, sino también a la academia.
Gabriela Arguedas Ramírez, farmaceútica y experta en bioética, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), Universidad de Costa Rica (UCR). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez,UCR
“Desde mi experiencia como investigadora en derechos humanos y en mi calidad de especialista en bioética, considero que una universidad estatal como la UCR tiene una obligación fundamental de generar investigación en derechos humanos y eso es lo que estamos haciendo a través del Observatorio y del CIEM”, manifestó Arguedas.
En el ámbito internacional, la anticoncepción oral de emergencia es un derecho reproductivo consolidado y no representa un tema de discusión. Países como Estados Unidos y el Reino Unido son pioneros en el campo y se caracterizan por la plena garantía de este derecho de las mujeres.
“En los países que tienen un mejor marco de derechos humanos, especialmente en lo referente a los derechos reproductivos, la anticoncepción oral de emergencia es algo que se encuentra normalizado y libre de prejuicios respecto a su uso”, expresó la académica.
La investigadora enfatiza en que la anticoncepción oral de emergencia (AOE) se debe dispensar con los criterios técnicos adecuados, pero supone que en Costa Rica no se están implementando de esta manera y se obstaculizan los avances en este ámbito de la salud.
Pese a que el Decreto Ejecutivo N° 41772-S, publicado en el año 2019, autorizó en Costa Rica la comercialización libre y sin receta en farmacias privadas del Levonorgestrel o anticonceptivo oral de emergencia, Arguedas aseguró que “hay una gran distancia entre el cumplimiento formal y el acceso a un derecho”.
“En el país algunos organismos de derechos humanos y varios informes especializados desde hace muchos años, ya habían hecho el llamado de atención al Estado costarricense, justamente porque no había acceso a la anticoncepción oral de emergencia”, externó la investigadora.
La investigación sobre la anticoncepción oral de emergencia se realizará durante el año 2022 y 2023, está dirigida a mujeres mayores de 18 años y se realizará de forma anónima para proteger las declaraciones de las participantes. El formulario estará disponible en la página web del CIEM y en el siguiente enlace: https://odr.ciem.ucr.ac.cr/pre-formulario/.
Gustavo Martínez Solís Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR
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