Martha Elena Rodríguez González
Miembro de la Junta Directiva CCSS
San José,29 de agosto 2022

Para complacer las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y favorecer al sector patronal que paga los salarios más bajos, la Junta Directiva de la CCSS sometió a consulta pública un proyecto de reforma reglamentaria, cuyo objetivo es reducir las contribuciones de los patronos.

La Caja dejará de percibir, por la reducción de las contribuciones patronales, la exorbitante cantidad de ₵ 20.000 millones anuales, lo que afectará la prestación de los servicios de salud y las pensiones.

La justificación que se arguye para modificar el reglamento es que las personas trabajadoras que devengan los salarios más bajos puedan afiliarse a la CCSS; pero la realidad es que solo se disminuye el aporte patronal, y no así el de los trabajadores.

Además, el costo de reducir las contribuciones patronales será asumida por los trabajadores. El requisito mínimo para pensionarse son 300 cuotas mensuales (25 años cotizados), con la reforma los trabajadores con ingresos inferiores al Salario Mínimo mensual, se les aplicará solo un ¼ de cuota (4 meses laborados son 1 cuota). Es decir que el trabajador necesitaría 100 años para jubilarse.

Como si fuera poco, este nuevo esquema aplicará en una primera etapa solo para trabajadores menores de 35 años, resultando evidente la discriminación etaria, profundizando los obstáculos para que los patronos contraten personas mayores de esta edad.

Esta reforma resulta insostenible y salvaje. Por esto, en mi condición de representante de la clase trabajadora, por el sector sindical, he manifestado mi rotunda oposición, de manera reiterada, por las graves implicaciones que tendrá en las personas trabajadoras.

Asimismo, informo y advierto que este asunto estará nuevamente en debate el próximo jueves 2 de setiembre.

En lugar de una consulta de mero trámite, en cumplimiento del artículo 9 constitucional, la Junta Directiva debería establecer espacios reales y democráticos de diálogo social, de forma que las políticas en materia de seguridad social no vayan en detrimento de los trabajadores y las familias del país.