Se realizó una reunión de coordinación del Bloque de Vivienda con familias de Finca 2. Esto fue realizado en la localidad de Ticabán, Pococí, en la provincia de Limón. Se comparte fotografía del evento.
Compartido con Surcos por Orlando Barrantes Cartín.
Con el objetivo de promover una educación inclusiva y de calidad para todas las personas costarricenses, se conformó el Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva (ONEI).
Este próximo 24 de junio será el acto oficial de lanzamiento del Observatorio en el auditorio de la ULACIT, el cual será transmitido vía Facebook Live del ONEI y contará con ponentes internacionales invitadas de la Universidad de Salamanca, España.
Este espacio de articulación busca convertirse en un impulsor para generar conocimiento e información pertinente dentro de su ámbito, así como fomentar alianzas que apoyen la toma de decisiones, la innovación y la incidencia en políticas públicas.
Nace por la necesidad de garantizar un futuro social equitativo, para que todas las personas tengan la misma posibilidad de acceder a la educación de calidad, la salud, el trabajo y otras áreas del desarrollo humano. La educación inclusiva promueve oportunidades de aprendizaje para todo el estudiantado.
| Ejes de acción del Observatorio:
|
“ONEI promueve espacios en los cuales se puedan observar y compartir experiencias y prácticas educativas, en todos los ciclos del desarrollo humano, para la promoción de la educación inclusiva, desde la valoración de la pluralidad y la variabilidad”, puntualizó Rocío Deliyore Vega, coordinadora del Observatorio.
ONEI está integrado por un equipo interdisciplinario e interinstitucional de organizaciones vinculadas con la educación en el país, todas ellas promotoras de la calidad y la inclusión. Estos actores son:
Se espera que las coordinaciones interinstitucionales se materialicen en acciones o proyectos concretos, de gran impacto positivo para el país. “El acceso a la educación de calidad para todas las personas forma parte de las metas que Costa Rica ha suscrito dentro de sus compromisos de trabajo alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos internacionales. Trabajamos para que ONEI se convierta en un actor clave en el alcance de dichas metas”, finalizó Deliyore.
| Ejes de acción del Observatorio:
|
Si requiere ampliar información sobre el ONEI, comuníquese con la Dra. Rocío Deliyore Vega al correo oneicr.inie@ucr.ac.cr o al número telefónico 7076-7315.
Compartido con SURCOS por Dra. Rocío Deliyore Vega, Coordinación, Observatorio Nacional de la Educación Inclusiva.
SURCOS comparte una serie de infografías referentes a la jornada de 12 horas al día y 4 días a la semana, propuesta por Ana Lucía Delgado Orozco, partidaria del P.L.N. y presentada por Rodrigo Chaves, el actual presidente.
En estas imágenes se plantea una visión general de las características que abordaría el proyecto de ley en caso de ser aprobado, además de los impactos que pueden llegar a causar en las personas trabajadoras y la disponibilidad del tiempo incluso fuera de sus trabajos.
Los dibujos presentes en las infografías fueron elaborados por Olman Bolaños Vargas, mientras que los textos e investigación fueron realizados por Esteban Umaña Picado del medio Afiche.
Compartido con Surcos por Esteban Umaña Picado.
Lunes 20 de junio de 2022. Ante la ocupación ilegal de su territorio por parte de personas no indígenas y la omisión del Estado de Costa Rica al no garantizar su integridad territorial, el Pueblo Cabécar de China Kichá decidió iniciar el proceso de recuperación del terreno Yuwi Senaglö el 28 de setiembre de 2020 con acompañamiento y apoyo de otros Pueblos Originarios, ejerciendo su derecho humano colectivo a la tierra-territorio de acuerdo al bloque de constitucionalidad y legitimados por su cultura e historia.
Hoy son 7 familias que trabajan la tierra de Yuwi Senaglö (Tierra de Cangrejos) y que ejercen su derecho a la soberanía alimentaria con producción de maíz, yuca, plátano, banano, frijol, frijolillo, ñampi, frijol de palo y ayote, entre otros.
Para más detalles y un documento centrado tanto en los impactos y amenazas que sufren dichas familias como en las acciones que se quieren tomar al respecto se puede revisar el siguiente enlace de Facebook: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/pfbid0JLuCKbCv1q3a81d6v9X6fAnoXMzNfB5JujWHH7qqqjKrHNkk7ndjBSw2qh3isp6Tl/
Compartido con Surcos por Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS.
SURCOS comparte la siguiente información:
Este miércoles 22 de junio a las 5:00 pm, en el programa Voces y Política se conversará sobre el tema: “Las elecciones del 19 de marzo en Colombia. Más allá de las votaciones”. Se contará con la participación de:
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233. Escúchenos por la 96.7 FM en Radio Universidad, 5pm y véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales.
Este miércoles 22 de junio a las 6:00 p.m., la Alianza por una Vida Digna llevará a cabo el conversatorio “Jornada laboral de 12 horas: ¿A quiénes beneficia, a quienes perjudica?”. Se contará con la participación de:
Puede seguir la transmisión en el Facebook Live de SURCOS Digital.
SURCOS comparte el siguiente documento con firmas de apoyo nacionale e internacional:
COSTA RICA: JUNTO AL RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA A CONDENA CONTRA CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ Y SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO HUMANO
En Costa Rica, a partir del 11 de setiembre, 2018, el joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, se convierte en una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos. Así, sufre prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar, que sigue vigente.
Este joven obrero es brutalmente agredido y arrestado en las instalaciones de RECOPE, Limón, en el marco de la Huelga Nacional contra el Combo Fiscal – Proyecto 20.580 Ley de Modernización de las Finanzas Públicas)- convocada por el movimiento social, popular, sindical y campesino.
Después de 3 años y 9 meses, continúa el proceso de criminalización y judicialización, donde el pasado 22 de marzo es condenado por el Tribunal Penal de Limón. Ante esta injusta condena, el abogado defensor José Miguel Villalobos Umaña interpuso un recurso de apelación de sentencia , al cual el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal , Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea cita a Vista Oral el ESTEMIÉRCOLES 22 DE JUNIO, A LAS 2 PM.
Es por ello, que nos adherimos, como organizaciones y comunidad internacional, al llamado que hacen al Estado costarricense la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina, el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) por la CESACIÓN DE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN CONTRA DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, COMO CARLOS ANDRÉS Y POR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.
A la vez, manifestamos nuestra preocupación de que en Costa Rica se violente el derecho humano fundamental a la manifestación pacífica, incluso reconocido en diversos instrumentos internacionales suscritos y debidamente aprobados por el Estado Costarricense, al condenarlo de manera arbitraria por causar daños a bienes propiedad de RECOPE, cuando lo que hizo fue un acto heroico al acudir a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, función inherente a su cargo.
Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que se da en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social.
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO PARA CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ
con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal.
PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firma responsable:
Orlando Barrantes Cartín
MTC, Costa Rica
22 de junio, 2022
DESCARGUE EL ADJUNTO PARA VER LAS ADHESIONES PERSONALES Y POR ORGANIZACIÓN
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos compartió con SURCOS el siguiente documento en el cual expresa su solidaridad con Carlos Andrés Pérez Sánchez.
San José, miércoles 22 de junio de 2022
Buenos días Pueblo de Costa Rica.
Buenos días, madres y padres de familia, jóvenes, luchadores sociales, activistas de Derechos Humanos, sindicalistas y demás trabajadores de Costa Rica.
Hoy es un día especial en este país, porque está en juego la nulidad de una Sentencia y una Condena infames, contra un joven trabajador, sindicalista y amante de los grandes valores que representa a un País, cuyos habitantes luchan todos los días, para ganarse la vida honradamente.
Carlos Andrés Pérez Sánchez, estará en una AUDIENCIA ORAL, en un Tribunal de Apelación, porque su defensa, los Sindicatos, su familia y desde los Derechos Humanos, solicitamos la anulación de la CONDENA, de 5 meses de prisión y 18 millones de colones por el pago de unos daños a la EMPRESA RECOPE, que se inventaron para acusarlo de un delito del cual él se declara INOCENTE.
A este proceso, desde los Derechos Humanos y algunas autoridades legales, le llamamos Criminalización de la Protesta Social, en Costa Rica y en muchos países cuyos pueblos luchan y se lanzan a las calles, para defender la democracia y manifestar la inconformidad de los habitantes, cuando los políticos y gobiernos de turno, imponen proyectos de ley, LEYES o toman acuerdos que afectan las conquistas y derechos humanos propios de un Pueblo en DEMOCRACIA.
Nuestro apoyo a Carlos Andrés, desde nuestras conciencias, desde la reflexión, desde nuestros hogares, es una acción de civismo que la población costarricense debe de ejercitar.
Apoyar de corazón a un joven, trabajador, sindicalista, con conciencia social y luchador social, es lo que le permite a un pueblo que vive en DEMOCRACIA, participar y capacitarse, en la defensa de los Derechos Humanos y en las luchas que todos los pueblos del mundo sostenemos históricamente.
Desde este mensaje, la ACODEHU, Sindicatos públicos-privados y luchadores (as) sociales, hacemos un llamado para estar atentos de los resultado de la audiencia en este proceso penal de Carlos Andrés.
La cita es hoy miércoles 22 de junio 2 pm. en los Tribunales de GOICOECHEA.
Se agradece la presencia en las afueras del edificio.
La ACODEHU agradece al movimiento Sindical, a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados-ANEP, al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO, a SITRAPEQUIA, al SINDEU y organizaciones sociales nacionales e Internacionales, por el decidido APOYO y SOLIDARIDAD a Carlos Andrés Pérez Sánchez.
Solicitamos la nulidad de la Sentencia y la Condena injustas que lo criminalizan y lo llevarían a perder su libertad uy otros derechos humanos fundamentales.
“La PROTESTA SOCIAL, es un DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL”
Fraternal y solidariamente,
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta – ACODEHU
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org
Constantemente se plantea en la discusión pública que los medicamentos en Costa Rica son muy costosos. En los medios de prensa y discursos políticos se argumenta que es necesario disminuir el precio de los medicamentos en el país.
Ante esta situación, en la última década, se han planteado gran cantidad de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para controlar el mercado de medicamentos en el país. Se han propuesto medidas de control de precios de los productos y limitaciones de márgenes de ganancia de los establecimientos participantes del mercado.
Hasta el año 1994 la Ley de Protección al Consumidor,1 otorgaba al Ministerio de Economía, Industria y Comercio la facultad de fijar, modificar y controlar los porcentajes de utilidad sobre la producción y comercialización de los bienes y servicios; además, fijar, modificar y controlar los precios máximos para los bienes y servicios. Se consideraban como bienes necesarios o de consumo básico los alimentos básicos, vestuario popular y los medicamentos incluidos en el cuadro básico de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros.
Esta regulación de precios por parte del Poder Ejecutivo se eliminó mediante la aprobación de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor,2 la cual derogó totalmente la Ley de Protección al Consumidor. Se planteaba que la fijación de precios generaba distorsión en el mercado y afectación de las personas consumidoras. Por ende, cada farmacia puede vender los medicamentos al público al precio que lo considere adecuado y de acuerdo con la realidad del mercado. Esta fijación de precios de manera discrecional por parte de cada farmacia ha producido que existan diferencias entre farmacias de las diferentes zonas del país.
La formación del precio de medicamentos es un tema complejo y depende de factores comerciales internacionales y dinámicas de mercado propias del país. En el país existen muchos actores comerciales en el mercado y las regulaciones vigentes tienden a fomentar la competencia.
Otro factor que se debe tomar en cuenta en la discusión respecto al precio de medicamentos es la percepción de la población sobre el costo de los productos que son suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social. La mayoría de la población recibe sus medicamentos sin tener conciencia del costo que tienen y lo reciben en la farmacia sin pagar ningún reembolso directo, situación que no ocurre en otros países, como España.
Es indudable que el mercado de medicamentos en el país requiere ser ordenado. Muchos aspectos del comercio de medicamentos no están regulados de manera adecuada, tal como la publicidad, la gestión de medicamentos para uso veterinario, el envío exprés de medicamentos por medio de plataformas digitales y la producción de medicamentos magistrales y oficinales. No existe normativa que regule establecimientos farmacéuticos especializados ni está regulado el uso de medicamentos sin registro o fuera de indicaciones oficiales.
El papel del Ministerio de Salud, como ente rector de salud en el país, debe ser actualizado y brindar más recursos para el ágil otorgamiento de registros sanitarios y la adecuada fiscalización de establecimientos farmacéuticos, acorde con las mejores prácticas internacionales.
A pesar de que el Reglamento del Formulario Terapéutico Nacional, decreto ejecutivo N° 19343-S está vigente desde el año 1989, y pretende racionalizar el uso de medicamentos, este formulario no es actualizado por el Ministerio de Salud desde hace más de 30 años.
Más allá del precio de medicamentos comunes, debe ser de preocupación el desafío que plantea el acceso a medicamentos de alto costo. Estos medicamentos son cada vez más frecuentes y son utilizados para tratar enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes o enfermedades raras o huérfanas.
Resolver los vacíos legales y actualizar la normativa requiere de una legislación integral adaptada a las condiciones modernas. La principal norma en temas farmacéuticos es la Ley General de Salud, que este año cumple 50 años de haberse promulgado. La realidad de hace medio siglo es muy diferente a la actual y es necesario actualizar la normativa.
El país carece de una política de medicamentos para el ámbito público y privado. La política pública de medicamentos está en manos del prestador del servicio y no es un proceso transparente y participativo, sino que se rige por procesos administrativos, sin posibilidad de discusión o análisis por parte de la sociedad civil.
La falta de una normativa adecuada y una política pública acorde con la realidad nacional se refleja en la gran cantidad de recursos de amparo que presentan las personas reclamando terapias para tratar su enfermedad. La judicialización de la salud es un síntoma de la falta de regulación adecuada del sistema. No es normal que un ciudadano tenga que recurrir a un tribunal constitucional de alto nivel para que le brinden una terapia para tratar su enfermedad.
Analizar estos problemas jurídicos con un alto componente sanitario es el objeto de estudio del bioderecho. La Universidad de Costa Rica ha trabajado en el desarrollo de este campo de estudio por medio de la participación en el proyecto Pro-Human Biolaw financiado por la Unión Europea, junto con otras universidades de Latinoamérica y Europa. Se considera que es fundamental el análisis inter, multi y transdisciplinar de estos temas complejos.
Abordajes simplistas como homologación de registros sanitarios o control de precios de medicamentos no resuelven los problemas estructurales que tiene el sistema. Es necesario que como sociedad se genere discusión y acuerdos que permitan brindar sostenibilidad al sistema para lograr una mejor calidad de los servicios de salud.
Freddy Arias Mora,
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador del proyecto Pro Human Biolaw en la UCR
Se le invita a escuchar la lectura dramatizada del poema “Esperando a los Bárbaros” de Constantino Cavafis, en versión de Ramón Irigoyen, realizada por el actor y director teatral José María Pou, en la sesión dedicada a dicho poeta y organizada por la Fundación Juan March el 29 de octubre del 2015.
Compartimos el vídeo completo: