Luis Fernando Astorga Gatjens
En estos días, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó la preocupante situación del empleo que actualmente enfrenta el país: La tasa de desempleo cerró al finalizar el año 2021, en 13,7 %. De acuerdo al INEC, el país tiene a 333 mil personas sin empleo y, por tanto, sin ingreso alguno. Mientras tanto el subempleo alcanza un 13, 1 % y hay casi un millón de personas dentro de la informalidad. Otro dato que también debe generar preocupación es que 217 mil personas tuvieron reducción de su salario o ingresos asociados a suspensión o reducción de jornada, o bien tuvieron que suspender la actividad propia o negocio durante la pandemia. Este sector afectado por esta situación alcanza el 10,3% de la fuerza laboral.
Como se puede apreciar, se trata de datos nada halagüeños en un contexto donde el gobierno hace malabares con las cifras para mostrarnos un crecimiento económico, que tiene como base de referencia la estrepitosa caída de la economía en 4,1 % que se dio en el pandémico 2020. Ese crecimiento económico relativo lo disfrutan, entonces, algunos sectores de la sociedad; no así los miles de personas que están desempleadas, subempleadas, tienen ingresos reducidos o padecen las limitaciones económicas y en derechos propios de la informalidad laboral.
Es muy probable que la cifra de desempleo sea un poco mayor, ya que hay un sector de la población en edad productiva que no está, debidamente, considerada en la investigación estadística, por la particularidad de ser personas con discapacidad. Se trata de un sector invisibilizado en muchos aspectos.
En sentido general, la metodología para determinar la Población Económica Activa (PEA), se hace indagando si la persona está trabajando en alguna actividad remunerada y, en caso que no lo esté, preguntando si ha realizado alguna gestión de empleo en las últimas cinco semanas. Si esa persona responde que afirmativamente, se considera que forma parte de la PEA pero está desempleada.
En caso de responder que no ha realizado gestiones de búsqueda de empleo en el lapso indicado, se coloca dentro de la Población Ecomómicamente Inactiva (PEI). Valga precisar que la PEI es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral; es decir, que no realizan ni buscan desarrollar alguna actividad económica.
Aquí habría que considerar a las personas económicamente desalentadas o desanimadas. Y ahí, en primerísimo lugar se deben colocar a las personas con discapacidad en edad productiva, que no han realizado una gestión de empleo en las últimas cinco (o cuatro semanas, como fija el INEC), no porque no aspiren a conseguir un empleo sino porque han realizado múltiples gestiones –o conocen gestiones de otras personas con discapacidad–, con resultados reiteradamente negativos. Obviamente que tal experiencia termina por desanimarlas para seguir realizando gestiones de búsqueda de empleo. El estar chocando contra una pared que les dice que “no”, las persuade a que no realicen más gestiones.
El desempleo asociado a discapacidad tiene varias causas a considerar, siendo la principal la subvaloración y los prejuicios existentes que la mayoría de empleadores asocian con discapacidad. Los modelos prevalecientes en nuestro entorno socio-cultural tienden a subvalorar a las personas con discapacidad, en general y, más aún, cuando se trata de su independencia, su autonomía y su capacidad productiva y laboral. Otro factor que limita o impide la contratación de personas con discapacidad son las múltiples barreras de acceso físico, informativo y comunicacional, que se presentan en la gran mayoría de centros de trabajo. Dentro de esta misma barrera se puede incluir las condiciones ergonómicas inapropiadas que presentan muebles y equipos, que complican su accesibilidad para personas con discapacidad. En la suma de limitaciones se debe incluir asimismo la accesibilidad en el transporte público. En este rubro aunque podemos reconocer algunos avances, es más lo que sigue pendiente.
Hay otro valladar que también complica el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Es la calidad de mano de obra que ofrece el sector. El limitado acceso a la educación y a la formación técnica que enfrentan las personas con discapacidad, les impide aprovechar las escasas oportunidades laborales que se han presentado en los últimos tiempos.
Se podría pensar que la otra opción laboral es a través del auto-empleo propio de pequeños emprendimientos productivos. Sin embargo, con tan escaso apoyo del Estado y con tantas obligaciones y requisitos, es una actividad casi vedada para las personas con discapacidad.
De esta manera, de ese 18, 2 % de personas con discapacidad en edad adulta dentro de la población nacional (ENADIS, 2018, INEC-CONAPDIS), un porcentaje reducido es el que tiene acceso al trabajo. Con ello, el desempleo es más la norma que la excepción.
Consecuentemente, el derecho al trabajo contemplado en la Ley 7600 (artículo 23) y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (artículo 27), por ahora son más expectativa que realidad concreta, para la inmensa mayoría de las personas con discapacidad del país.
Desafortunadamente, en esta campaña electoral que ya llegó a su fin (por lo menos, en su primera ronda), la situación de discriminación y exclusión social que padecen las personas con discapacidad, no ha estado presente, en la urgencia y profundidad necesaria, ni en el diagnóstico, ni en los programas, ni en las intervenciones de los candidatos presidenciales. Y este debería ser un tema importante, tanto por el peso del sector poblacional como por el agravamiento de su situación general como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
En un deteriorado Estado Social de Derecho como el nuestro, las esperanzas de mejora en inclusión laboral para las personas con discapacidad están marcadas por la incertidumbre. Para revertir tal situación habrá que apostar a la movilización y la lucha de las personas con discapacidad y sus aliados, guiados por la consigna inevitable: ¡Sin acción, no hay derechos!
