Acuerdo firme de la Sesión Ordinaria N.º 226 de la Junta Directiva, celebrada el 24 de marzo de 2022.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, CONSIDERANDO QUE:

1. Una de las finalidades del Colegio, es pronunciarse sobre los problemas de interés nacional e internacional relacionados con los objetivos y las actividades profesionales del Colegio, tal como lo indica el inciso f), Capítulo II sobre las Finalidades del Colegio en la Ley N.º 8974.
2. En los últimos 10 años el Colegio de Profesionales en Sociología, tiene conocimiento de hechos de violencia contra la población indígena, particularmente, contra representantes de diferentes pueblos que han protagonizado recuperaciones en sus territorios y han asumido una férrea oposición contra la ocupación ilegal de personas no indígenas y en defensa de la recuperación incluso por la vía de hecho. El Colegio ha conocido tales hechos a través de algunas personas colegiadas, que laboran con comunidades en territorios indígenas, por denuncias y testimonios de personas indígenas, por investigaciones académicas y pronunciamientos de las universidades públicas y otros organismos nacionales e internacionales y por algunos medios de comunicación.
3. Esta situación se viene agravando en los últimos cuatro años, con una espiral de agresiones y de manifestaciones contra los pueblos indígenas que ya han cobrado la vida de dos dirigentes: Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019 y Jehry Rivera Rivera el 24 de febrero de 2020. Esta realidad ensancha la desigualdad sociocultural y reforzada, entre otras causas, por un racismo a veces explícito y otras veces solapado contra esta población costarricense, reforzado por cuestionables resoluciones y sentencias judiciales.
4. El 23 de marzo del 2019, la Asamblea General del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, consciente de la gravedad de esta situación, emitió un pronunciamiento condenando estos hechos de violencia, particularmente el asesinato atroz del líder y dirigente, Sergio Rojas Ortiz, de la etnia Bribri de Salitre, Buenos Aires de Puntarenas.
5. La normativa costarricense establece que las reservas indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan y que las personas no indígenas que por alguna razón ocupen esos territorios están impedidas de alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Si posteriormente hubiera invasión de personas no indígenas a las reservas, las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. Sobre el particular y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2000 la población no indígena residente en territorios indígenas era un 18% y en el 2011, aumentó a un 25.9%. Esto evidencia que se produjo un acelerado proceso de ocupación por parte de personas no indígenas en los territorios delimitados por el Estado como indígenas. Esta condición, además de ser ilegal, genera impactos negativos sobre el uso de la tierra, la preservación de los sistemas naturales y la cultura ancestral de estos pueblos originarios.
6. Las normas internacionales ratificadas por Costa Rica, particularmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1993) tutelan el derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas, reconocen la autodeterminación y la autonomía como principios para la administración de sus territorios, conforme a sus identidades étnicas y conforme a sus normas de derecho consuetudinario, el cual forma parte del ordenamiento jurídico costarricense.
7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante la resolución N.º 16/15: “Medida cautelar N.º 321-12 Pueblo Indígena de Teribe y Bribri de Salitre, respecto de Costa Rica” emitida el 30 de abril de 2015, señaló: “(…) los miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre, que se encontrarían en la región sureste de la provincia de Puntarenas, específicamente en la zona denominada Salitre, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”. Esa medida cautelar busca evitar daños irreparables, proteger la vida de las personas y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. A pesar de ello los dirigentes Rojas y Rivera fueron asesinados y se siguen produciendo agresiones en contra de la población indígena y sus territorios.
8. Frente a esta escalada de violencia sistemática, el Estado costarricense no ha mostrado la voluntad política que requiere la gravedad de los hechos, ni la capacidad institucional suficiente para desarrollar acciones concretas, dirigidas por un lado a velar por la vida de las personas indígenas y por otro lado, a resolver los conflictos de tenencia, ocupación y recuperación de los territorios indígenas del país. Muestra de esta incapacidad institucional, se observa con el poco avance del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (PLAN- RTI), impulsado por Instituto de Desarrollo Agrario (INDER), desde el 2016.
9. Se constata que el “Mecanismo de Consulta” elaborado conjuntamente por las autoridades estatales y las comunidades indígenas en el año 2018 y que contiene instrumentos y mecanismos de participación indígena, basados en el diálogo entre el Estado y los pueblos y en el cual un sector importante de sus representantes tenían altas expectativas para el desarrollo de proyectos con pertinencia cultural en los territorios, lamentablemente adolece, cuatro años después, de su creación, de recurso humano y de dirección político institucional. Por otro lado, al cierre del Gobierno de Carlos Alvarado, el Colegio de Profesionales en Sociología constata las escasas acciones que se han dado desde el 2018, para atender las causas de violencia en los territorios indígenas de Kéköldi (2019), China Kichá territorios Cabécar (2020), y las más recientes agresiones contra personas indígenas en el territorio Cabécar de Bajo Chirripó en diciembre de 2021. Misma suerte parece tener la iniciativa para crear la política pública para pueblos indígenas, cuya propuesta final carecerá de una efectiva participación y por tanto de legitimidad de las comunidades indígenas.
10. Después de una revisión de los planes de gobierno de los dos candidatos, por parte del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, se concluye que estos carecen de una estrategia integral y no le dan a la situación actual de injusticia y de violencia, la relevancia que merece. De lo que se señala en ellos no se deducen planes que, de manera articulada, establezcan un proceso de acciones y metas a corto y mediano plazo que lleven a resolver la grave situación existente con los territorios de los pueblos indígenas, con respeto a sus derechos humanos.
11. El próximo domingo 3 de abril del presente año, se elegirá en segunda ronda al nuevo presidente de la república, al cual y desde ya, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, le hace un llamado URGENTE para que asuma acciones, de una vez por todas, ante el serio problema que están viviendo nuestros hermanos indígenas en muchos de sus territorios y el cual, no es solo un problema jurídico o de actualización de la normativa. El verdadero problema se encuentra en el logro de una concepción del tema indígena que apunte a valorar a los pueblos indígenas como costarricenses con plenitud de derechos. Un presidente que lo logre será recordado como el mandatario que asumió de manera seria y valiente una deuda histórica con los pueblos indígenas.

POR TANTO:

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica

1. Condena los hechos de violencia en las comunidades indígenas y los asesinatos en sus territorios, sucedidos en los últimos años contra dirigentes indígenas: Sergio Rojas Ortiz, el 18 de marzo de 2019 y Jehry Rivera Rivera, el 24 de febrero de 2020. Igualmente expresa su preocupación por los altos niveles de impunidad ante estos crímenes.
2. Manifiesta su profunda preocupación por la inseguridad, el sufrimiento y los traumas de familias indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, Kéköldi, China Kicha y más recientemente, de Bajo Chirripó.
3. Exige al nuevo Gobierno de la República:
   1. Declarar estado de emergencia nacional la situación que se viven en los territorios indígenas, particularmente en las comunidades de Salitre, Térraba, Cabagra, Kéköldi, China Kichá y Bajo Chirripó, con el fin de que se destinen los recursos necesarios para su atención y solución.
   2. Concluir las investigaciones judiciales pertinentes que lleguen a identificar a las personas autoras intelectuales y materiales de los asesinatos del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz y del líder indígena Brörán Jhery Rivera Rivera, con el fin de juzgarlas y sancionarlas, así como a las personas que, concertadamente, propician la violencia en contra de las comunidades indígenas, de manera que tan graves hechos no queden en la impunidad.
   3. Tomar medidas y acciones serias y contundentes para que se respeten y reconozcan los derechos que asisten a las personas y pueblos indígenas, de conformidad con la Ley Indígena de 1977 y, particularmente, con las medidas cautelares N.º 321-12, de los Pueblos Indígenas de Térraba y Salitre, emitidas el 30 de abril de 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales garantizan la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
   4. Que en la elaboración e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, contemple una estrategia integral para la atención de la problemática de las comunidades indígenas en el corto, mediano y largo plazo. Particularmente la definición de un proceso de acciones y metas para resolver en los próximos cuatro años la grave situación con las tierras de los pueblos indígenas.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, fiel a su misión y a sus principios, seguirá vigilante de la protección de los derechos y del acceso del territorio a los pueblos indígenas de Costa Rica. Y divulgará en diferentes medios de comunicación y redes sociales el presente pronunciamiento con el fin de darle la mayor difusión posible.

Dado en San José, a los 24 días de marzo del año 2022.

ACUERDO FIRME.

MSc. Mariano Sáenz Vega Presidente de la Junta Directiva

Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica

Compartido con SURCOS por MSc. Luis Mariano Sáenz Vega, presidente Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica.

Imagen de portada: incendio provocado en pueblo indígena de China Kichá.