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Organizaciones canadienses llaman al gobierno de Canadá a actuar ante ataques ilegales de EE. UU. en América Latina y el Caribe

Dos importantes redes de la sociedad civil canadiense —el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) y la Coalición Common Frontiers— remitieron una carta oficial a tres altas autoridades del Gobierno de Canadá:

  • Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores

  • Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional

  • David J. McGuinty, ministro de Defensa Nacional

La comunicación, fechada 13 de noviembre de 2025, expresa una grave alarma ante lo que describen como una escalada de ataques aéreos ilegales y letales realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles en Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, República Dominicana y México.

Señalan ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional

Las organizaciones destacan que, entre septiembre y principios de noviembre de 2025, se han documentado al menos 19 bombardeos, con decenas de víctimas civiles. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otros expertos coinciden en que estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales y contravienen normas esenciales del derecho internacional.

Además, subrayan su preocupación por la ampliación de facultades del Gobierno de EE. UU. para el uso de fuerza letal contra supuestos “narcoterroristas”, sin pruebas ni controles, lo cual incrementa el riesgo de abusos y de un trato militarizado de la región.

¿Puede Canadá estar siendo cómplice?

El comunicado cuestiona el rol canadiense en la Operación CARIBBE, mediante la cual buques y aeronaves de Canadá suministran información de vigilancia a EE. UU. para sus operaciones marítimas. Argumentan que, dada la conducta actual del Gobierno estadounidense, esta colaboración podría implicar complicidad involuntaria en acciones ilegales.

Asimismo, advierten que tecnología militar canadiense pudo haber sido utilizada en al menos dos ataques recientes, según investigaciones de Project Ploughshares. Se señala también una laguna normativa que permite transferir equipo militar a EE. UU. sin los controles de exportación requeridos por el Tratado sobre el Comercio de Armas.

La región se pronuncia: la paz está en riesgo

El documento recoge reacciones de jefas y jefes de Estado de México, Brasil y Colombia, quienes han manifestado públicamente su rechazo a la posibilidad de una intervención militar estadounidense directa en la región. También recuerdan la vigencia de la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por CELAC en 2014.

Las solicitudes concretas

GOPA y Common Frontiers piden al Gobierno de Canadá:

  1. Condenar públicamente los ataques ilegales de EE. UU. y exigir su cese inmediato.

  2. Promover la paz y la seguridad regional, apoyando esfuerzos internacionales que presionen por respeto a la soberanía y al estado de derecho.

  3. Suspender la participación de Canadá en la Operación CARIBBE, para evitar riesgo de complicidad en ejecuciones extrajudiciales.

  4. Cerrar lagunas regulatorias que permiten exportar armas a EE. UU. sin controles de derechos humanos, en cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La carta concluye expresando disposición a dialogar directamente con las autoridades canadienses.

Descargue el documento original

El texto íntegro del pronunciamiento, con todas sus fuentes y referencias, puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Organizaciones-canadienses-llamada-a-accion.pdf

Candidaturas legislativas firmaron el Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026

Comunicado

*Cientos de personas disfrutaron del concierto “¡Qué lindo vivir en demoCRacia!” con artistas reconocidos en primer evento regional del Pacto.

*Eventos para sumarse y firmar los compromisos del Pacto Ético Interpartidario se estarán realizando en las 7 provincias del país.

Noviembre, San José. Este sábado 15 de noviembre, en el Parque La Libertad en Desamparados, se dio el primer evento regional para presentar a la ciudadanía el Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026 y para convocar a personas candidatas a la Asamblea Legislativa a firmarlo a título individual.

Este es el primero de siete eventos regionales que impulsa la asociación cívica Costa Rica Íntegra junto a los y las jóvenes de 19 partidos políticos que redactaron el Pacto. Se trata de un documento con 25 compromisos éticos para la campaña electoral, mismo que ya fue firmado por personas candidatas a la Presidencia de la República y líderes de 20 partidos políticos.

“Estamos ya en la Ruta del Pacto que lleva nuestro proceso electoral a las 7 provincias y a todo el territorio nacional. Jóvenes de diferentes agrupaciones políticas están convocando a los partidos a asumir estos compromisos y aspiraciones, como también a organizaciones de la sociedad civil y votantes en general, a informarse y estar atentos para que dichos compromisos se cumplan” señaló Juany Guzmán, presidenta Costa Rica Íntegra.

En esta ocasión, con una asistencia de 150 personas entre sociedad civil y personas candidatas a diputaciones por la provincia de San José, firmaron el Pacto el siguiente número de personas candidatas:

Agrupación Política

Personas candidatas

Partido Alianza Costa Rica Primero

2

Partido Centro Democrático y Social

2

Partido Esperanza Nacional

4

Partido Frente Amplio

1

Partido Progreso Social Democrático

9

Partido Pueblo Soberano

6

Partido Unidad Social Cristiana

3

Partido Unidos Podemos

6

Partido Unión Costarricense Democrática

5

En el marco de la actividad también se realizó un concierto como parte de la campaña ¡Qué lindo vivir en demoCRacia! que reunió a lo largo de la jornada a cientos de personas, quienes disfrutaron y celebraron la convivencia, la paz, la diversidad y los valores democráticos con reconocidos artistas nacionales como Malpaís, Sonidero Barrio Fátima, Ojo de Buey, Tamela Hedström y Edín Solís.

“Para nosotros en Malpaís fue un enorme gusto participar en este concierto. La música, como la democracia, nace del diálogo: del equilibrio entre la voz individual y la escucha del otro. En este concierto pudimos celebrar esa misma armonía: la de un país que elige escucharse, respetarse y construir juntos.”, señaló David Coto, integrante del grupo Malpaís.

Además de las presentaciones musicales, se presentaron distintos videos sobre temas relacionados con la democracia y el llamado al voto, incluyendo videos de los jóvenes embajadores del Pacto, de la organización +Costa Rica, y de la campaña “Voto por mí” de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

“Fue muy conmovedor ver tantas familias disfrutando de una tarde de música y reflexionando sobre nuestros valores democráticos, sobre la importancia de salir a votar, y sobre lo lindo que es vivir en Costa Rica y vivir en democracia,” comentó Mauricio Artiñano, coordinador de la iniciativa del Pacto Ético Interpartidario.

Estos eventos buscan informar a las comunidades de la importancia del Pacto para impulsar una campaña electoral que cumpla con altos estándares de integridad, respeto y transparencia.

El documento está abierto para ser firmado tanto por quienes se postulan a una diputación en las distintas provincias, como para las personas candidatas a la presidencia o líderes de partidos que todavía no se han sumado.

Los próximos eventos se realizarán en las siguientes fechas: Limón el 22 de noviembre, Guanacaste el 29 de noviembre, Heredia el 04 de diciembre, Alajuela el 06 diciembre, Cartago el 11 diciembre y Puntarenas el 13 de diciembre de 2025.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de las Embajadas de Suiza, Canadá, Países Bajos, Luxemburgo, el Reino Unido y la Unión Europea en Costa Rica, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Fundación Friedrich Ebert, y el Fondo Ryoichi Sasakawa para Líderes Jóvenes (Sylff) de Japón.

La Resistencia Palestina rechaza de forma contundente el plan de “paz” de Donald Trump

La Resistencia Palestina rechaza de forma contundente el plan de “paz” de Donald Trump aprobado por el Consejo de Seguridad, considerándolo una imposición que favorece la ocupación israelí y desarma a la resistencia.

Postura de Hamás y otras facciones de la Resistencia

Las principales organizaciones de la resistencia palestina —incluyendo Hamás, Yihad Islámica y Al-Muyahidin— han expresado su rechazo frontal a la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que respalda el plan de Trump para Gaza:

Hamás denuncia que el plan impone una tutela internacional sobre Gaza, despoja a la resistencia de su función defensiva y favorece los intereses de Israel. Considera que la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) propuesta en el plan no es neutral, sino parte activa del conflicto, al tener como mandato el desarme de los grupos armados palestinos.

Afirma que el armamento de la resistencia está vinculado a la presencia de la ocupación, y que cualquier proceso de desarme solo sería legítimo dentro de un acuerdo político que garantice la autodeterminación y el fin de la ocupación.

Critica que el plan separa Gaza del resto de los territorios palestinos, introduciendo una nueva arquitectura política sin conexión con los principios nacionales.

Rechaza que la ayuda humanitaria esté condicionada por mecanismos políticos o chantajes, y advierte que la misión internacional podría convertirse en una herramienta de presión.

Argumentos jurídicos y políticos

Las facciones de la Resistencia sostienen que el plan viola principios básicos del Derecho Internacional Humanitario, al imponer una autoridad administrativa extranjera sin consentimiento popular. Reivindican el derecho a la resistencia armada como legítimo y reconocido por convenciones internacionales.

Denuncian que el plan busca legitimar objetivos que Israel no logró por la fuerza, como el desarme total y la desradicalización de Gaza.

Contraste con la Autoridad Palestina (AP)

Mientras la Resistencia rechaza el plan, la Autoridad Palestina lo respalda, considerándolo un paso hacia la retirada israelí y la creación de un Estado palestino.

Esta diferencia refleja una fractura interna en el campo político palestino entre quienes apuestan por la vía diplomática y quienes sostienen la lucha armada como forma de resistencia.

Redactado por Juan Carlos Cruz a partir de cables de agencias de prensa.

Encuentro internacional de juristas concluye con llamado a defender el derecho internacional y la paz en el Caribe

SURCOS – Más de cien juristas provenientes de 35 países se reunieron en Caracas los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en el Encuentro Internacional de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, un espacio convocado para analizar la creciente escalada militar en el Caribe y las amenazas a la soberanía de los pueblos de América Latina.

El programa de trabajo incluyó conferencias magistrales, actos culturales, paneles internacionales y sesiones plenarias, con la participación de figuras del ámbito jurídico, académico y diplomático. La agenda se centró en el estudio de la legalidad internacional, las operaciones militares unilaterales en la región, la defensa de la soberanía y la necesidad del multilateralismo para preservar la paz.

Al cierre de la actividad, las personas participantes aprobaron la siguiente Declaración Internacional, cuyo texto íntegro se presenta a continuación.


Declaración Internacional – Conclusiones del Encuentro

(Transcripción textual del documento oficial)

Las y los más de cien juristas reunidos en Caracas, los días 13 y 14 de noviembre del 2025, pertenecientes a 35 países del mundo, luego de un fructífero debate e intercambio, expresamos la siguientes conclusiones y propuestas:

  1. Condenar de manera categórica toda forma de injerencia, coerción, medidas coercitivas unilaterales o agresión que vulnere la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

  2. Exigir el respeto irrestricto del Derecho Internacional, los tratados bilaterales y multilaterales, y las Cartas de Naciones Unidas como única vía para la resolución pacífica de las controversias.

  3. Convocar a la comunidad de juristas de nuestros países y de todos los que integran las Naciones Unidas a vigilar y denunciar ante las instancias correspondientes las violaciones al Derecho Internacional que pongan en peligro la estabilidad del Caribe y del mundo.

  4. Expresar la debida preocupación y rechazo frente a las recientes ejecuciones extrajudiciales fuera de todo ámbito de derechos que han ocurrido en el mar Caribe por acción unilateral de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, que resultan, en todo sentido y en todas sus partes, violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional.

  5. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a cesar sus operaciones militares en el mar Caribe y las amenazas contra la región de América Latina.

  6. Conformar una liga amplia de juristas en defensa del Derecho Internacional, con la finalidad de evaluar los medios necesarios para presentar formalmente una denuncia ante instancias internacionales competentes por la amenaza de los Estados Unidos de América en el Caribe.

  7. Reactivar con fuerza el multilateralismo regional por las graves amenazas en el Caribe por parte de los Estados Unidos, así como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que cumpla con la proclama de enero de 2014, en la que se declara la región como zona de paz.

  8. Exigir a los gobiernos del mundo asumir una posición clara y de condena ante la violación del Derecho Internacional y la escalada de violencia imperial contra la República Bolivariana de Venezuela y la región.

  9. Organizar actividades de sensibilización y debates públicos sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe.

  10. Ratificar ante el mundo que la paz duradera solo puede construirse sobre cimientos de justicia social, equidad y respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.

14 de noviembre de 2025, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

Defendamos la CCSS del saqueo y la corrupción institucional

9 de diciembre – Día Internacional contra la Corrupción

Al acercarnos al Día Internacional contra la Corrupción, desde UNDECA alzamos la voz en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, patrimonio del pueblo trabajador y columna vertebral del Estado Social de Derecho.

Mientras en Costa Rica se habla de austeridad, “eficiencia” y recortes, lo que realmente está destruyendo la CCSS es la corrupción impune, las decisiones políticas irresponsables del gobierno de Rodrigo Chaves y los negocios amarrados desde las más altas esferas de poder económico empresarial para quebrar la Caja.

En el marco del Día Internacional contra la corrupción denunciamos:

• El caos del ERP-SAP, un proyecto impuesto sin transparencia ni planificación, convertido en uno de los peores escándalos administrativos de la historia institucional con un costo inicial de más de ¢27.443 millones. Inversión adicional para extender el proyecto: variable según el escenario. Escenario 1 (con acompañamiento técnico de QINTES y soporte del Plan de Innovación): ¢867.338.375,24. Escenario 2 (continuidad con apoyo del Plan de Innovación y PwC): ¢609.838.376,24. Escenario 3 (Plan de Innovación asume tareas): ¢304.914.086,24.

• El desastre del “Barrenador” Tercerización de Ebais con sobreprecios por más de 12.400 mil millones de colones. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron el expediente por presunto tráfico de influencias y gestiones irregulares en dichas adjudicaciones, estando en la presidencia de la CCSS Marta Esquivel, la hoy candidata a diputada por una provincia que NO conoce, Heredia.

• Deuda multimillonaria del Gobierno a la CCSS, que con el actual gobierno de Chaves aumentó a casi ¢5 BILLONES (Cinco mil millones de millones de colones)

• El saqueo continuo contra la CCSS, mediante la intromisión política de Chaves en su autonomía, imponiendo miembros, debilitando de sus servicios y el desmantelamiento progresivo de sus capacidades.

• La utilización de “la crisis”, creada por ellos, es para justificar nuevos recortes, despidos encubiertos y privatizaciones disfrazadas de “modernización”.

La corrupción no solo es “recompensas”: es dejar a la Caja sin medicamentos, sin especialistas, sin infraestructura, sin recursos para atender al pueblo. Es poner en riesgo la vida de miles de personas para beneficiar a unos pocos.

Desde UNDECA ratificamos con firmeza:

La CCSS se defiende con transparencia, con inversión pública, con respeto a su autonomía, con control ciudadano y con el trabajo honesto de sus trabajadores y trabajadoras.

Camino al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, llamamos a la vigilancia activa, a la denuncia y a la organización y movilización social para impedir que destruyan la Caja que ha sostenido la salud y la vida de Costa Rica durante más de ocho décadas.

¡No a la corrupción!
¡No al saqueo!
Sí a la defensa de la CCSS, los derechos laborales y sociales.
UNDECA

UNDECA: ¡Autonomía no es impunidad!

UNDECA lamenta y expresa su profunda preocupación y rechazo a la decisión unánime adoptada por la Junta Directiva de la CCSS, de impugnar la orden N.º DFOE-BIS-ORD-00003-2025 de la Contraloría General de la República, que justamente exige medidas urgentes para detener el millonario desastre provocado por la salida forzada del sistema ERP-SAP.

Mientras la CGR actúa en defensa del interés público, la Junta Directiva, en un insólito acuerdo político, decide recurrir la orden del ente contralor y hasta solicitar medidas cautelares para suspender sus efectos.

Desde nuestra perspectiva esta acción representa un intento de blindar a la presidenta ejecutiva, como patrocinadora y al director del proyecto, responsables del caos del ERP, antes que asumir con transparencia las graves consecuencias del proyecto: cirugías suspendidas, desabastecimiento de medicamentos, pagos atrasados a proveedores, pérdida de control sobre activos públicos y riesgo para la salud y la vida de las personas.

El acuerdo aprobado -invocando la “autonomía”- distorsiona ese principio constitucional, pues la autonomía no justifica el abuso, la negligencia manifiesta, ni mucho menos, la evasión de la responsabilidad administrativa.

La Contraloría cumplió con su deber constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos y de advertir que el ERP-SAP fue un fracaso operativo, logístico y financiero que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud costarricense.

La defensa de la autonomía no puede ser el escudo de quienes, ignorando advertencias técnicas, impusieron una “salida en vivo” que hundió los sistemas logísticos, financieros y de los centros de salud de toda la institución.

La Caja no es un botín político y la autonomía se defiende con honor y transparencia, no con impunidad.

¡UNDECA firme y vigilante!

¿Qué pasa hoy en Cuba? En Alternativas

Panel especializado analiza la coyuntura cubana

El programa Alternativas dedicará su transmisión del 21 de noviembre de 2025, a partir de las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica, -6 UTC), a un tema de relevancia regional: la situación actual de Cuba, desde perspectivas políticas, geopolíticas, comunicacionales y diplomáticas.

El espacio contará con un panel de especialistas con amplia experiencia en análisis internacional, comunicación social y relaciones exteriores, quienes compartirán interpretaciones y claves para comprender el momento que vive la isla.

Panel invitado

Martín Chinchilla Castro
Periodista y comunicador social. Conferencista. Expresidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

Rafael Ángel Ugalde Quirós
Licenciado en Derecho y notario público. Comunicólogo y periodista (UCR).
Con 45 años de experiencia profesional.
Analista de la Red Mundial Antimperialista. Estudia Filosofía, Música y Geopolítica del Petróleo.

Alejandro Arguedas Sibaja
Comunicólogo, periodista y productor audiovisual.
Miembro de la Comisión Política del Partido Vanguardia Popular y del Movimiento de Solidaridad de Amor por Cuba.

Eric Valdés Martínez
Licenciado en Derecho y Máster en Relaciones Internacionales.
Más de 50 años en el servicio exterior de la República de Cuba, cumpliendo misiones en diversos países. Jefe de Misión de Cuba en Costa Rica.

Transmisión en vivo

El programa podrá seguirse en las plataformas habituales de Alternativas:
Facebook Live, YouTube y Spotify.

Emisoras amigas

  • Guanacaste 106.1 FM

  • Radio Soberanía

  • Radio Revolución

  • 506 Ondas Alajuela Radio

  • 97.3 FM Voces Libertarias

CGR alerta sobre profundas desigualdades en el acceso ciudadano a créditos financiados con recursos públicos

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un análisis que revela fallas estructurales en el sistema de créditos para el desarrollo administrado por 17 entes y órganos públicos, entre ellos Conape, Inder, Infocoop, Fonafifo, Fonade, Fodemipyme, Conarroz, Corbana, Judesur, Fideicomisos N.°955 y fondos especiales del Banco Popular, entre otros.

Este sistema, cuya cartera total supera los ₡908 mil millones y que atiende a cerca de 77 mil personas, fue diseñado para ampliar la inclusión financiera y llevar recursos a sectores tradicionalmente excluidos de la banca. Sin embargo, los hallazgos de la CGR muestran que en la práctica opera como un sistema fragmentado, desigual y con importantes riesgos financieros.


Principales problemas detectados por la CGR

1. Recursos no llegan a quienes más los necesitan

El estudio muestra una profunda desigualdad en la distribución de estos créditos:

  • El 10% de los beneficiarios con más altos ingresos concentra 19,6% del dinero prestado.

  • Mientras tanto, el 40% de quienes tienen menores ingresos recibe apenas 21,3% del total.

La propia CGR resume esta contradicción con una “pirámide invertida”: las personas con ingresos bajos reciben proporcionalmente menos recursos que sectores con capacidad de acceder al sistema bancario tradicional.

2. Debilidad en los controles y alto nivel de informalidad

Los datos muestran una ausencia de mecanismos de debida diligencia:

  • El 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no está inscrito en la CCSS.

  • El 28,8% no aparece registrado en Hacienda.

Esto compromete la trazabilidad, fomenta la informalidad y genera riesgo de legitimación de capitales.

3. Créditos duplicados y concentración extrema

El sistema carece de una plataforma unificada de información crediticia, lo que favorece prácticas indebidas:

  • 693 personas recibieron dos o más créditos para el mismo fin, sumando ₡183.972 millones.

  • Solo 10 beneficiarios acumularon 684 operaciones crediticias, por ₡6.434 millones, en un patrón que la CGR califica como una severa distorsión del propósito social del sistema.

4. Morosidad elevada y riesgo financiero

La morosidad general del sistema es del 5,53%, casi el doble del estándar bancario (≈3%).

Pero la situación es mucho más grave en varios entes:

  • Judesur: morosidad de 56,9%.

  • Fideicomiso Palma Aceitera N.° 955: 34,66%.

  • Fonafifo: 16,33%.

  • Corbana: 15,29%.

  • Conarroz: 12,77%.

La CGR señala que esta condición se agrava con condonaciones de deuda recurrentes, que afectan la sostenibilidad financiera y distorsionan la verdadera situación del sistema.


Un sistema desarticulado que limita la inclusión financiera

El informe subraya que la estructura actual —un “archipiélago” de 17 entes que operan en silos— impide la eficiencia, genera duplicidad, promueve filtraciones y obstaculiza la llegada del crédito a quienes más lo necesitan: personas de bajos ingresos, mujeres jefas de hogar, agricultores pequeños, emprendedores informales y población adulta mayor.

Incluso se documentan casos de créditos agrícolas otorgados a productores cuya actividad principal registrada no corresponde con el fin del préstamo, lo cual evidencia fallos en la verificación básica de elegibilidad.


Recomendaciones estructurales de la CGR

La Contraloría concluye que el sistema requiere una transformación profunda, basada en tres pilares:

1. Integración

  • Crear una Política Nacional de Inclusión Financiera.

  • Establecer una instancia rectora que articule a todas las instituciones.

2. Eficiencia

  • Implementar un sistema único de información crediticia para evitar duplicidades y filtraciones.

  • Reducir la fragmentación y reestructurar entes que duplican funciones.

3. Sostenibilidad

  • Incorporar supervisión financiera no prudencial a cargo de SUGEF.

  • Regular y limitar las condonaciones de deuda.

  • Fortalecer la gestión de riesgos y el seguimiento de cartera.

La CGR calcula un costo de oportunidad mínimo de ₡31.949 millones en 2024 derivado de filtraciones, morosidad y condonaciones, recursos que pudieron beneficiar a más de 1.390 personas adicionales.


Descargue el informe completo

SURCOS pone a disposición el documento íntegro publicado por la Contraloría General de la República para quienes deseen profundizar en los hallazgos y recomendaciones:

🔗 Descargar informe completo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Desigualdad-acceso-credito.pdf

A 36 años del martirio de la UCA: memoria para un presente que exige justicia

Observatorio de Bienes Comunes

Este 16 de noviembre recordamos a los mártires de la UCA: ocho vidas que eligieron la verdad, la justicia y a los pobres en tiempos de miedo.

Su legado nos sigue alumbrando: una universidad que no se vende, que incomoda al poder, que dialoga con todas las tradiciones —creyentes y no creyentes— y que pone a las víctimas en el centro.

En un momento donde la criminalización y el silencio cómodo avanzan, su martirio nos recuerda algo esencial:

La ética no es discurso; es un compromiso real con quienes cargan la desigualdad, la violencia y el despojo.

Honrar su memoria es seguir defendiendo la vida donde está amenazada.

Lea la nota completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/a-36-anos-del-martirio-de-la-uca-memoria-para-un-presente-que-exige-justicia/

Un dorado “negocio oscuro”

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El proyecto sobre el oro del yacimiento en Crucitas avalado por diputados alajuelenses no es más que otro «negocio oscuro» de Zapote. ¡Veamos!

Primero. ¿Usted estaría de acuerdo en entregarle a una empresa privada el 95 % del valor bruto del oro extraído? Antes de responder recuerde que ese oro que se regalaría es suyo, de todos los costarricenses, de nadie más.

Segundo. Como no se conoce siquiera la supuesta empresa que saldría premiada, tampoco se podría conocer la cantidad del oro que se explotaría por año, y, por ende, nadie podría afirmar de cuánto dinero se estaría hablando. Como eso es así, el 5 % en dólares que se recaudaría como pago de impuesto, como «royalty minero», no existe ni en el papel, pues es imposible estimarlo según el procedimiento de “subasta» irrealizable que se inventaron.

Por tanto, frente al 95 % que pasaría a cuentas bancarias en el extranjero, solo el 3,6 % pasaría al Ministerio de Hacienda para cubrir gastos corrientes del Estado. Cifra que, en dólares o colones, no la conoce ni la adivina del barrio.

Tercero. Igualmente, el señor alcalde de San Carlos, aunque repite alguna cifra que le habrán “soplado”, no puede tener idea de cuánto significa en colones el 1,25 % que recaudaría como impuesto, que, al compararlo con el 95 % que se entregaría a los mineros extranjeros, nos percatamos del mal negocio que estaría haciendo Costa Rica, al no valorar el interés patriótico por encima de los intereses de un cantón.

Cuarto. Interés patriótico que sustenta la propuesta del Hospital del Oro, sistema hospitalario orientado específicamente hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro por parte de la CCSS, donde el 100 % del oro explotado en un área menor al parque de La Sabana, sería para los costarricenses que más lo merecen. Hablamos de unos ¢200.000 millones anuales, gracias al aprovechamiento de 3 toneladas de oro anualmente, que no es correcto decir, convertiría a Costa Rica en un país minero, pues de los 51.100 km2 del suelo patrio, menos de uno, altamente degradado ambientalmente, sería usado para una misión tan noble.