Ir al contenido principal

Confraternidad Guanacasteca: Sala Constitucional reabre expediente sobre arsénico votado con lugar en 2013

Comunicado:

La Sala Constitucional ha notificado al MINISTRO DE SALUD, al PRESIDENTE EJECUTIVO DE AyA, al GERENTE GENERAL  de AyA  y al PRESIDENTE de LA REPÚBLICA, sobre el adecuado cumplimiento de las sentencias que ordenaban atender la EMERGENCIA NACIONAL  generada por la contaminación de aguas con arsénico en 35 comunidades del país desde 2013.

La resolución firmada por el Magistrado Paul Rueda, le otorga 3 días para que se refieran al asunto. Y el documento finaliza diciendo ´´para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen. LO ANTERIOR, BAJO LA ADVERTENCIA QUE, DE ACREDITARSE LA DESOBEDIENCIA, SE PODRÁ ORDENAR AL SUPERIOR JERÁRQUICO LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRA EL FUNCIONARIO REMISO A CUMPLIR CON LO RESUELTO POR ESTA SALA Y, ADEMAS, QUE SE ORDENE TESTIMONIAR PIEZAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO POR LA EVENTUAL COMISIÓN DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA (ARTÍCULOS 53 Y 71 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL).´´

La Sala Constitucional en 2013, condenó al Estado y le ordenó solucionar el problema al Ministro de Salud y a los jerarcas del AyA.

Hoy en 2022 aún hay comunidades como BAGACES y otras que no tienen agua potable en sus casas.

También se reportan cientos de personas afectadas en su salud, sin que se hayan hecho los estudios y exámenes que prueben que los daños no sean causados por la ingesta durante 10 años de agua con arsénico.

Las consultas que se hicieron  al Daniel Salas ministro de salud, no han recibido respuesta apropiada y por eso fue condenado recientemente por los magistrados de SALA IV a dar respuesta y tiene plazo hasta el 2 de febrero.

Plásticos se acumulan en playas, también sus sustancias químicas tóxicas

Estudio a escala mundial que incluye a Costa Rica, determina que los desechos plásticos que llegan a las costas contienen algunas sustancias químicas tóxicas que podrían causar daños a los ecosistemas marinos y la salud humana.

Las botellas, envases y contenedores de plástico, viajan y se acumulan en las costas a nivel mundial, y con ellos, algunas sustancias químicas que pueden provocar daños tanto al ambiente como a la salud humana.

Durante el 2020 y el 2021, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN, por sus siglas en inglés), de la cual el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) forma parte, realizó una investigación sobre las sustancias químicas tóxicas adheridas e impregnadas en los plásticos y los efectos que tienen durante su producción, uso, reciclado y eliminación.

El estudio se realizó en 22 localidades a nivel mundial, incluyendo sitios en África, Norte y Sudamérica, Asia, Australia, el Caribe y Europa, donde participaron 23 Organizaciones no Gubernamentales. Para Costa Rica se muestreó playa Mantas en el Pacífico Central.

De acuerdo con Fernando Ramírez del Iret-UNA, los aditivos químicos tóxicos analizados fueron estabilizadores ultravioleta y bifenilos policlorados. “A los plásticos se les agregan intencionalmente sustancias estabilizadoras de radiación o luz ultravioleta denominados benzotriazoles (BUV por sus siglas en inglés) para evitar su degradación por la luz solar. En Estados Unidos se han regulado varios BUVs y se promueve que uno de ellos, el UV-128, usado en productos de consumo humano como cosméticos, revestimientos y embalajes de alimentos, se incluya en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) por su toxicidad”, explicó Ramírez.

Por su parte, los bifenilos policlorados (PCB) se prohibieron bajo el Convenio de Estocolmo desde el 2001 por su alta toxicidad, persistencia en el medio, capacidad de transportarse a largas distancias y propensión a producir cáncer en los humanos; ya Japón y Estados Unidos los habían dejado de producir en 1972 y 1977, respectivamente. Sin embargo, de acuerdo con el investigador, debido al uso generalizado que tuvieron en años anteriores, todavía se encuentran en el ambiente.

Además, en la producción de materiales plásticos, según explica Ramírez, frecuentemente se utilizan sustancias químicas tóxicas, como retardantes de llama que contienen compuestos bromados,  BUVs y bisfenoles. En anteriores estudios, el IPEN  demostró que muchas de estas sustancias químicas pueden perturbar el sistema endocrino y resultar dañinas para la salud humana y ambiental.

“Se sabe que los pellets de plástico, es decir, los materiales resinosos que se utilizan para producir elementos plásticos, se pierden o derraman durante la producción y el transporte, y se llegan a encontrar en las playas de todo el mundo. Las mediciones más recientes realizadas por IPEN a nivel global, revelan que estos pellets contienen PCB, es decir, contaminantes orgánicos persistentes que ya han sido prohibidos, así como BUVs, es decir, aditivos plásticos tóxicos”, detalló Ramírez.

El investigador también indica que, si bien el reciclado disminuye la contaminación por plásticos, el IPEN ya había mostrado que los aditivos tóxicos en los plásticos se mantienen en los nuevos productos.  

Estudio en playas

Los pellets plásticos, de resinas vírgenes o reciclados, son piezas pequeñas en forma de lenteja, que durante su almacenamiento, transporte o producción,  sufren pérdidas  por derrames, que inevitablemente llegan a los mares, lo que explica que se encuentren en todo el planeta.

Se escogieron pellets de color amarillento para su análisis; se tomaron 5 submuestras con 5 pellets cada una. Se prepararon los extractos y se midieron por medio de cromatografía de gases/ espectrometría de masas (GC-MS). Las muestras se analizaron en la Universidad de Química y Tecnología de Praga, en la República Checa.

Los investigadores hallaron que todas las muestras de todas las localidades contenían los diez BUV y los trece PCB incluidos en el estudio. La mitad de las localidades tenían muestras con niveles de PCB altos o extremadamente contaminados.

Asimismo, todas las muestras contenían, por lo menos, un tipo de aditivo químico tóxico y 21 muestras contenían aditivos de cada uno de los tres grupos sometidos a prueba. Solamente una muestra, proveniente de Vietnam, contenía un solo tipo de contaminante. Más de la mitad de las muestras contenían once o más de los 18 aditivos químicos tóxicos analizados.

En playa Mantas en Costa Rica, se encontraron concentraciones de PCBs entre 3,2 y 45,1 ng/g, que coloca a esos pellets plásticos en la categoría entre no contaminados y ligeramente contaminados, “si bien estas concentraciones no son altas, sí son resultados que indican que los residuos plásticos pueden estar trasladando y concentrando contaminación física y química en las playas”.

Los pellets encontrados en el país contenían todos los 10 BUVs analizados, con concentraciones de rango medio (entre 179 y 906 ng/g), comparadas con las de otros países.Esto confirma la contaminación y la toxicidad crónica a que pueden estar sujetos los organismos marinos por sustancias adsorbidas o añadidas a los plásticos.

Ante estos resultados, algunas de las recomendaciones de IPEN se enfocan en asegurar que las industrias establezcan procedimientos que eviten los derrames de pellets plásticos, así como el dejar de añadir sustancias químicas tóxicas a sus productos, incluir los ingredientes de los plásticos, junto con los aditivos, en las etiquetas para poder rastrear los contenidos químicos a lo largo de su vida útil y de las diferentes etapas de los desechos de plástico.

“La conclusión más importante de este estudio es que los gobiernos deben trabajar para reducir la producción de plásticos no esenciales a nivel mundial, pues se encontraron concentraciones de sustancias químicas especialmente altas en países africanos, aún sabiendo que no son los mayores productores de plásticos o químicos. Los acuerdos globales deberán evitar la liberación de plásticos al ambiente y prohibir el uso de sustancias químicas tóxicas en la elaboración de productos plásticos, tanto nuevos como reciclados”, concluyó Ramírez.

Piden compromiso a personas candidatas a la presidencia sobre mitigación y adaptación al cambio climático

SOLICITUD A LAS Y LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, PARA QUE FIRMEN SU COMPROMISO DE ADOPTAR ACCIONES CONCRETAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CASO DE LLEGAR A SER ELEGIDOS COMO PRESIDENTES.

Las agrupaciones: Proyecto de Gobernanza sobre Cambio Climático de CR, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, Fundación para el Desarrollo del Capital Ambiental, Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica ARTES-Justeco, Fridays for Future Costa Rica, miembros del Foro de Gobernanza y Derechos Climáticos y la agrupación de sociedad civil Madre Tierra, hacen un respetuoso llamado a estampar su firma, para contar con su compromiso de adoptar acciones concretas para la mitigación y adaptación al cambio climático, en caso de llegar a ser elegidos como presidentes de la República de Costa Rica.

Estas organizaciones tienen como objetivo principal, luchar por el desarrollo humano sostenible y sustentable con el ambiente y la Naturaleza, conscientes, de que las acciones del ser humano tienen un impacto importante sobre la vida en la tierra.

En una investigación, sobre los nueve sistemas o procesos fundamentales para evitar un cambio ambiental inaceptable en la Tierra, (Rockström et al. 2013), sus autores encontraron, que ya tres de estos sistemas han transgredido el “espacio de operación seguro”, en otras palabras, el límite planetario seguro para la vida como la conocemos. Estos tres sistemas o procesos son: el cambio climático, la tasa de pérdida de biodiversidad y la interferencia con el ciclo de nitrógeno, este último tiene que ver con la producción primaria realizada por las plantas y su respectiva descomposición.

En su Sexto Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático y sus Bases Físicas- Científicas, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (ONU) identifica, sin lugar a dudas, a las actividades humanas, y particularmente a las que emiten gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de carbono (CO2), como las principales responsables del cambio climático (IPCC 2021).


El informe es contundente al indicar que
el cambio climático es generalizado, rápido e intenso y enfatiza que el momento de actuar es ahora. Las consecuencias del cambio climático van mucho más allá del calentamiento global de 1,5° C a 2° C proyectados para las próximas décadas. El cambio climático traerá alteraciones en el ciclo del agua, los patrones de lluvia y eventos climáticos extremos como huracanes y tormentas, afectando poblaciones humanas, cultivos y animales de producción.

Habrá un aumento en el nivel del mar, lo que generará inundaciones más frecuentes en zonas costeras, con el consecuente desplazamiento de muchas personas que habitan en estas áreas. En el océano ya se están dando alteraciones en el nivel de acidez del agua y la concentración de oxígeno, lo que afecta la vida marina de la cual dependen muchos seres humanos. Asimismo, se amplificará el deshielo del permafrost y la pérdida de la capa de nieve estacional y el derretimiento de los glaciares.

Todos estos cambios tendrán efectos negativos directos en los seres humanos, afectando sus modos de vida y la economía en general, desplazando personas, aumentando la migración sin planificación y acrecentando los niveles de pobreza. Se suma a estos la afectación al resto de vida en la tierra, como la extinción de especies y la consecuente pérdida de biodiversidad y la disminución de la resiliencia de los ecosistemas en general.

Las consecuencias de ignorar esta situación y no tomar acciones urgentes y contundentes podrían ser devastadoras. El Informe indica que la intensidad de estos cambios y sus consecuencias dependen de nuestras acciones inmediatas.

Como seres humanos, somos la única especie que tiene la capacidad de cambiar su ambiente. Tenemos el compromiso social y moral de tomar acciones urgentes para procurar disminuir los efectos del cambio climático.

Preocupados por esta alarmante situación las organizaciones arriba consignadas, proponen una serie de acciones concretas para la mitigación y adaptación al cambio climático, que el candidato o candidata que asuma la Presidencia de la República (2022-2026) puede impulsar mediante políticas y proyectos dentro de su plan de gobierno:

  1. Alcanzar la Carbono neutralidad (cero emisiones netas de CO2) para el año 2050 siguiendo el Plan de Descarbonización 2018-2050.
  2. Limitar la emisión de otros gases efecto invernadero, principalmente el metano.
  3. Disminuir la pérdida de biodiversidad.
  4. Garantizar la protección de los bosques y procurar el aumento de la cobertura forestal, especialmente con proyectos que beneficien a las personas que conservan estos bosques fortaleciendo programas como el Pago por Servicios Ambientales.
  5. Disminuir el uso de pesticidas en la agricultura.
  6. Promover el desarrollo y uso de tecnologías que reduzcan o eliminen la emisión de gases de efecto invernadero.
  7. Promover la electrificación del transporte público y privado y trabajar para que el transporte público sea eficiente y moderno.
  8. Dado que muchos efectos del cambio climático han empezado ya y se acrecentarán en los próximos años, es importante prever y planear acciones de mitigación, en especial para los sectores de la población más vulnerables.
  9. Fortalecer un sistema de medición de los resultados de las acciones tomadas para disminuir los efectos del cambio climático.
  10. Garantizar que los ministerios y otras entidades públicas y privadas adopten el Plan de Descarbonización y lo usen como guía para su planificación estratégica.

En mi calidad de candidato (a) a la Presidencia de la República de Costa Rica, para las próximas elecciones a celebrarse en el mes de febrero de 2022,

Yo ,cédula representante del partido me comprometo a incorporar a mi plan de gobierno 2022-2026, las acciones citadas en esta carta abierta e impulsar políticas públicas, programas, proyectos y estrategias prospectivas, que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, disminuir los factores que lo causan y facilitar la adaptación de los costarricenses a los efectos de este reto mundial.

FIRMA




——————————————————-

Votar en contra del virus de la corrupción

El Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados (SIFUPCR), realizó un llamado vehemente para que la ciudadanía emita un voto responsable y honesto de cara a las elecciones presidenciales y de diputados del próximo domingo 6 de febrero. 

“Más allá de la silla de Zapote, la cual debe ser ocupada claro está por un ser humano que no tenga el virus de la corrupción,  ocupamos que los empleados públicos, sus familias y en general el pueblo en su conjunto y especialmente ese enorme ejército de indecisos e indecisas voten sin miedo para dar un primer paso hacia un NUEVO PACTO SOCIAL que apueste efectivamente a la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el trabajo decente, el cese de robo de impuestos y la pecaminosa concentración de la riqueza”, recalcó su representante Juan Carlos Duran Castro

“El electorado debe votar aspirando a neutralizar el virus de la corrupción y construir una fuerza política que equilibre el poder en la Asamblea Legislativa para empezar a dar los pasos necesarios hacia una mejor estabilidad social que evite confrontaciones sociales”, mencionó Duran Castro ante el proceso electoral en curso y de cara a la dinámica política de los próximos cuatro años.

Sala IV declara inconstitucional decreto sobre Conveniencia e Interés Público del Proyecto Hidroeléctrico Diquís

Mediante una resolución que otorga justicia ambiental, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo N°34312-MP-MINAE del 06 de febrero de 2008, denominado «Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los Estudios y las Obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad».

La resolución de la Sala señala que: “se declara parcialmente CON LUGAR la acción, en consecuencia, se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo”. Este fue firmado y promulgado durante la administración Arias Sánchez 2006-2010 en aras de facilitar el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Diquís. 

De haberse llevado a cabo, las implicaciones y consecuencias de este proyecto hidroeléctrico se habrían traducido en un daño ambiental sin precedentes a la cuenca, ya que en su momento se consideraba el más grande de Centroamérica. Adicionalmente, implicaba el traslado de comunidades indígenas Térraba por la inundación de una parte de su territorio, así como la afectación del patrimonio arqueológico que se hubiera quedado sepultado por el embalse.

La resolución de la Sala tiene efectos declarativos y retroactivos ya que en la misma se señala que: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el efecto retroactivo de la anulación no se aplica respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren materialmente o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe”.

Esto implica que la declaración se hace sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre el Instituto Costarricense de Electricidad y las asociaciones representativas de las comunidades indígenas, que tuvieron como resultado el desistimiento del proceso en la sede de la jurisdicción ordinaria.

Información compartida con SURCOS por Elides Rivera Navas.

Foto: Semanario Universidad (2018).

Recolecta de firmas, ¡no más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

¡Justicia para todas las víctimas de feminicidios en Honduras!

¡No más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

En Honduras, país que se encuentra entre los primeros de mayor índice de feminicidios de América, la joven integrante de los pueblos originarios Lenca Keyla Martínez Rodríguez fue víctima de feminicidio en las celdas de la Unidad Policial N°10 de La Esperanza, Intibucá.

Ella era estudiante universitaria del último año de la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa (UNAH). Después de ser detenida por agentes de la policía a las 11:30 pm del 6 de febrero, en menos de 3 horas después, el 7 de febrero a las 2:55 am fue llevada sin signos vitales por tres agentes policiales al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.

El 22 de febrero de 2021 el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, leyó los resultados preliminares de la autopsia donde se certifica que la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, la que es calificada como homicidio por estrangulamiento y sofocación respiratoria (nariz y boca). Su cuerpo presentaba golpes contundentes o traumas contusos provocados con objeto romo sin filo en la cabeza, cuello y boca; a la vez, había sido sometida por varias personas que, ante la fuerza con que, al parecer, la joven se defendió, la golpearon y la aplastaron contra el suelo. Durante el velatorio la familia de Keyla abrió el féretro y observaron que en las manos presentaba heridas como de arma corto punzante, los dedos amoratados y con evidencias de fracturas, además de marcas y lesiones alrededor de sus muñecas, como si hubiera sido esposada.
De la totalidad de los policías y oficiales que estaban de turno la noche del feminicidio, solo fueron suspendidos de sus cargos el Subinspector Bryan Isaac Bánegas López y el policía Jarol Perdomo (único acusado, primero de homicidio agravado y luego el delito fue recalificado como homicidio simple por la Corte de Justicia de Apelaciones de Comayagua). 

Hasta dos días después del homicidio, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC revisó la escena del crimen, luego de haber sido lavada por detenidos, borrando cualquier evidencia y sin haber sido asegurada por el fiscal de turno John César Mejía. Por lo tanto, en conformidad con el respeto de los Derechos Humanos, en general, y a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, en particular, las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos de manera respetuosa pero categórica a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, lo siguiente:

  • Que el Ministerio Público proporcione a familiares y abogadas que llevan el caso el Dictamen definitivo de la autopsia; ya que diez meses después, aún no ha sido entregado. 
  • Que se tome en cuenta las observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) donde recomienda que la investigación se realice bajo el Protocolo de Minessota, porque los hechos pueden ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y debe orientarse a identificar, no sólo a los autores directos, sino también a los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios cómplices en la cadena de mando.
  • Que se rectifique la recalificación del delito como Feminicidio Agravado.
  • Que haya una pronta resolución ante Recursos de Amparo presentados desde el 1° de noviembre de 2021, por Ministerio Público y por COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), con apoyo de otras organizaciones internacionales de Derechos Humanos, contra la recalificación del delito. 

La fecha límite para firmar la petición es el 20 de febrero, adjuntamos el link para firmar la petición: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPjn6RVqznuOjXLocuRvgunOs6yTwcHrqenUtb_3NnVSjFw/viewform

Denuncia a la opinión pública nacional e internacional

Los tentáculos del uribismo, el fallido narco-estado colombiano, las indecisiones de Iván Duque, la estructura paralela de los grupos paramilitares. Tienen un rasgo esencial. No cesan de asesinar al pueblo de nuestra hermana República de Colombia.

En los últimos días el asesinato de Mario, profesor de agricultura que adhería la filosofía rastafari; la prestigiosa médica LUZ ARTEAGA, que combinó su noble profesión con su papel de lideresa social. BREINER CUCUÑA, niño indígena Nasa, defensor de la tierra. Sí, los tres comparten un destino común, fueron asesinados en sus territorios, defendiendo las causas sociales más nobles.

Llamamos a los organismos de sociales nacionales de Colombia, a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, para que inicien una campaña sostenida, cuyo eje esencial sea el restablecimiento de relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, pero sin la injerencia del ejército de los Estados Unidos, en dichas negociaciones.

Está demostrado que las “Fuerzas del Orden”, tienen como objetivo básico el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, contra el movimiento social y la población disidente. Como lo dice el autor citado. La doctrina promovida por EEUU básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la “seguridad nacional”. (Pablo Ruiz, periodista, es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas. /… / el mismo autor citado agrega que, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, se conoció que entre los cursos que toman los policías de este en América Latina, lo hacen bajo la dirección de  la Escuela de las Américas, de tal suerte que, en los últimos años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso Operaciones información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia para Oficiales” y “Curso Analista de Información” (https://www.alainet.org/es/articulo/183982). La sostenida provocación del actual gobierno de Iván Duque y la escalada de acciones militares en la frontera de Venezuela, explican el trasfondo de lo que estamos denunciando.

Por eso compartimos como lo señalan el periódico digital El Clarín de Colombia y el noticiero de radio el Clarín, cuando señalan lo siguiente: La urgente desmilitarización de la frontera con Venezuela, que cese los asesinatos de líderes populares, que se evite el desplazamiento masivo en Catatumbo. (https://fb.watch/aGJ5wVJ1CW/).

No nos es extraño por eso que el embajador de Rusia en Venezuela, Serguei Melik-Bagdasárov, considere la posibilidad de que, entre Rusia y Venezuela, se intensifiquen los lazos de cooperación militar ante un eventual aumento de las presiones por parte de los Estados Unidos.

Podría parecernos no razonable. Pero, a decir verdad, la escalada militar en la frontera entre Colombia y Venezuela, responde a la naturaleza intervencionista de los Estados Unidos en nuestras soberanías nacionales. No olvidemos que el Departamento de Arauca, dirigido por un militar, es uno de los puntos de mayor fricción en este momento histórico entre ambos países.

En otro orden de cosas, también denunciamos, los ataques violentos con artefactos explosivos de las sedes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, las sedes del Pacto Histórico y de Comunes.

Citamos nuevamente los medios de comunicación masiva colombianos que al respecto señalan:

EXIGIMOS GARANTÍAS para el ejercicio político electoral ante explosivo, después de REUNIÓN PACTO HISTÓRICO en Teusaquillo.* SE LOS DICE: *CLARIN de Colombia* y *NOTICIERO RADIO CLARIN de Colombia* clarinesdecolombia@gmail.com *FAVOR COMPARTIR* https://www.clarindecolombia.info/index.php/noticia/66-destacadas/2537-exigimos-garantias-para-el-ejercicio-politico-electoral-ante-explosivo-despues-de-reunion-pacto-historico-en-teusaquillo

Finalmente, como partido elevamos este comunicado ante la opinión pública nacional e internacional y exigimos el respeto a los Derechos Humanos esenciales del pueblo de Colombia. Respeto a la vida de las lideresas y líderes populares, sindicales y partidistas.

Vendrá un momento, en que Uribe, Duque y los otros testaferros del imperialismo norteamericano, tendrán que ser sentados en el banquillo, para que dé cuenta de sus crímenes de lesa humanidad.

San José, lunes 24 de enero de 2022

HUMBERTO VARGAS CARBONELL. Secretario General.
TRINO BARRANTES ARAYA. Presidente.

LUIS ALFONSO PARDO MARTÍNEZ. Secretario de Relaciones Internacionales.
Partido Vanguardia Popular

UCR: Apoyo al proyecto de ley de etiquetado nutricional frontal

Dos escuelas y un instituto de la UCR apoyan el proyecto de ley de etiquetado nutricional frontal

  • Las unidades de la UCR consideran que el proyecto de ley favorece el cumplimiento del derecho del consumidor a acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos

Lunes 24 de enero del 2022. La Escuela de Salud Pública, el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) y la Escuela de Nutrición, todos de la Universidad de Costa Rica (UCR), muestran su apoyo al proyecto de ley expediente 22 065 que propone el etiquetado nutricional al frente de los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así lo manifestaron esas tres unidades en comunicado enviado en diciembre del 2021. De acuerdo con el documento, (mismo que puede ser consultado en su totalidad al hacer clic aquí) el proyecto de ley 22 065 favorece el cumplimiento del derecho del consumidor, pues permite acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos.
Lo anterior es especialmente relevante ante el panorama alimentario actual. Según se expresa en el documento, las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación en Costa Rica aumentan a un ritmo alarmante, lo que representa un grave problema para la salud pública. Las consecuencias de esto son cada vez más palpables.
La Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del 2018, dirigida a mayores de 19 años, puso sobre la mesa una prevalencia de hipertensión arterial de 37,2 % y una prevalencia de diabetes de 14,8 %.
Asimismo, con base en el Censo Escolar del Ministerio de Salud del 2016, hay un claro aumento de exceso de peso en niños y niñas escolares. Este censo retrata un aumento de 1,5 % de forma sostenida. En el 2008 la prevalencia de exceso de peso fue de 21 % y en 2016 de 34 %.
“La ley de etiquetado frontal viene a facilitar la lectura de etiquetas que actualmente requiere conocer tamaños de porción, así como entender las relaciones de nutrientes y cómo se aplican a cada persona. Este proyecto favorece la identificación de alimentos altos en calorías, grasa total, grasa saturada, azúcar o sodio; con un símbolo de entendimiento claro que es el octágono negro. Este proyecto facilita la toma de decisiones informadas, la protección de las personas menores de edad respecto a estrategias comerciales directas (desde los personajes, juguetes y vinculación con películas o deportistas del momento). Es decir, ver el alimento procesado con sus cualidades alimenticias y no porque traen simbolismos asociados”, comentó la Dra. Nadia Alvarado Molina, docente de la Escuela de Nutrición de la UCR.
La idea del proyecto de ley es incluir un sello en forma de octágono al frente del empaque cuando el producto se excede en azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio. Esto favorecería a que las personas puedan tomar decisiones más conscientes al seleccionar sus alimentos, afirman las especialistas de la UCR.
“En Costa Rica hay múltiples situaciones dentro del panorama nutricional.  A pesar de que el exceso de peso no es una patología en sí misma, esta tendencia creciente es un reflejo de múltiples factores ambientales, incluido el ambiente alimentario y de actividad física, en los cuales se evidencia que los alimentos frescos han sido reemplazados por alimentos procesados cada vez con más frecuencia y en mayor porcentaje de la alimentación. La información clara puede ser un motivador y una señal para la acción y el cambio”, enfatizó la Dra. Alvarado.
De igual forma, de aprobarse el proyecto se ayudaría a limitar las estrategias de mercadeo de los productos alimenticios que tienen exceso de algún nutriente crítico (azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio, entre otros).
Datos de la UNICEF (2021) exponen que uno de cada dos niños y niñas, atraídos por la publicidad, compran productos alimenticios poco saludables.
En cuanto al ámbito nacional, el comunicado menciona un estudio del 2019 titulado “Marketing televisivo de alimentos y bebidas dirigido a niños en Costa Rica: estado actual e implicaciones políticas”, el cual encontró que en el país más del 90 % de los productos publicitados en televisión no cumplió con los estándares de calidad nutricional.
Ese mismo estudio también identificó que los productos que utilizan dibujos animados, deportistas o promociones en los alimentos tienen un mayor contenido de nutrientes críticos en comparación con los productos que no los utilizan.
“Existen investigaciones que demuestran que el uso de este tipo de estrategias de mercadeo influyen en la decisión de compra y preferencias alimentarias de la población infantil y adolescente, animándolos y motivándolos a consumir alimentos con alto contenido de azúcares, sodio, grasa, calorías y, a su vez, prefiriendo estos alimentos en lugar de alimentos frescos como las frutas y los vegetales. Por lo tanto, es importante la aprobación de este proyecto de ley que, además de informar a los consumidores del contenido de nutrientes de los alimentos, busca proteger a la población infantil y adolescente de la exposición a estrategias de publicidad y promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas poco saludables”, explicó la M. Sc. Tatiana Gamboa Gamboa, docente de la Escuela de Salud Pública de la UCR.
Para las expertas, el proyecto de ley complementa las acciones que ha venido realizando el país y que están orientadas a revertir el perfil epidemiológico de la alta prevalencia de la obesidad y de otras enfermedades no transmisibles.
Por ejemplo, tan solo en la Encuesta Colegial de Vigilancia Nutricional y Actividad física (2018) se observó un 30.9 % de sobrepeso y obesidad en adolescentes, un hecho inquietante de salud pública, especialmente, en la adolescencia.
Dicho panorama, al ser una condición multifactorial, debe tener soluciones que respondan a las distintas necesidades identificadas. Una de ellas es la educación a los consumidores para que tomen decisiones informadas, fáciles y rápidas a la hora de seleccionar sus alimentos, reiteran las docentes.
“Ante nuestra realidad actual, en que la economía se ha visto impactada a raíz de la pandemia, un temor sumamente válido es la afectación de este proyecto de ley en el sector productivo de alimentos. Sin embargo, lo esperable es que las empresas desarrollen y amplíen su oferta de alimentos saludables. Así ha ocurrido en países como Chile, donde después de aprobada la ley no hubo un impacto en cuanto a empleos, salarios y producción del sector alimentario”, dijo la Dra. Carolina Santamaría Ulloa, directora del Inisa-UCR.

Lea la postura completa en
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2022/comunicado-proyecto-de-ley-etiquetado-frontal-1.pdf 

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista de la Oficina de Divulgación e Información, UCR

PIAM-UCR RENUEVA OFERTA PARA EL 2022

En el año 2022 el PIAM continuará ofreciendo cursos y opciones recreativas que mezclaran la presencialidad, la virtualidad y en otros casos la bimodalidad. Foto de archivo

Pese a la COVID-19, la UCR sigue llegando a las poblaciones adulta y adulta mayor de Costa Rica

Autoría: Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)

El 2021 fue un año de celebración para el Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM), ya que llegó a los 35 años de labores, ofreciendo oportunidades académicas y recreativas en aras de la inclusión y participación de uno de los sectores poblaciones con menos oportunidades de aprendizaje y esparcimiento en el país.

Sin embargo, la conmemoración estuvo marcada por los grandes retos que implicó la pandemia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19; entre ellos, la adecuación de los cursos a la virtualidad, la escasa preparación de las personas participantes a las tecnologías y la brecha digital que evidenció la pandemia.

Previo a la nueva realidad que vive el mundo, el PIAM tenía una matrícula que rondaba las 5000 personas por ciclo, pero la COVID-19 incidió en una rebaja importante de la población estudiantil del año 2021. Anteriormente, la población estudiantil del PIAM representaba el 8% de la matrícula total de la UCR.

Pese a los desafíos, este programa institucional los asumió pensando en que los derechos a la integración, la inclusión en las oportunidades educativas y la autorrealización de las personas adultas y adultas mayores, son prioridades sociales.

La COVID-19 “no significó un cese, ya que el aprendizaje no cesa, al contrario, significó un replanteamiento de cómo continuar aprendiendo en circunstancias diferentes. Por lo tanto, la respuesta fue trasladar la oferta educativa a la virtualidad. Fue un reto para la comunidad estudiantil, personas facilitadoras, equipo de voluntariado y personal administrativo, ya que fue necesario aprender sobre procesos educativos virtuales y, sobre todo, una reflexión de cómo estos procesos se podían aplicar en la gerontología, es decir, en la educación dirigida a mayores”, comentó la magister Sofía Segura Cano, coordinadora general del PIAM.

LOGROS DEL 2021

“El trabajo del PIAM representa décadas de arduo trabajo en el desarrollo de diversos proyectos relacionados con el derecho de las personas mayores a la educación a lo largo de la vida. El proyecto más conocido y sobresaliente es el que ofrece cursos específicos y regulares cada ciclo lectivo”, agregó la magister Karen Masís Fernández, asesora de investigación y divulgación del programa.

Masís indicó que durante el primer ciclo 2021 la matrícula sumó 1.050 personas, en 95 grupos específicos para mayores de 50 años de edad y 34 grupos regulares. En el segundo periodo lectivo se registraron 965 estudiantes en 89 grupos específicos y 46 grupos regulares.

Esta oferta educativa se brindó en modalidad virtual, con el apoyo de casi 100 personas facilitadoras, y 39 asistentes voluntarios, que facilitaron opciones formativas con participantes de todo el país, incluso algunas que habitan en Estados Unidos y Canadá.

“Queremos reconocer la constancia, la dedicación y el esfuerzo de todas esas personas, estudiantes, facilitadoras y asistentes, porque gracias a ellas tenemos una comunidad PIAM consolidada y aportamos un granito de arena a la construcción de una sociedad con más oportunidades educativas y de participación para esta población”, prosiguió Masís.

LO QUE VIENE PARA EL 2022

El año 2022 será otro donde el programa experimentará cambios, ya que se mantendrán algunos procesos y cursos virtuales.

En enero se publicarán las fechas del proceso de matrícula y en febrero la Guía de cursos y horarios con el detalle de los que serán presenciales, virtuales y bimodales. Sabemos que será un gran reto, pero confiamos en la madurez del programa y que la institución que nos respalda para seguir adelante, por muchos años más”, dijo Masís. Las fechas establecidas para el año 2022 se mantienen, con cursos que se extenderán desde el 28 de marzo al 27 de julio.

Aunque aún no existe certeza del comportamiento de la pandemia sanitaria y cómo incidirá en las directrices gubernamentales y universitarias, de momento se trabaja con las establecidas este año de reducir al mínimo la presencialidad; pero “lo que sí podríamos decir es que mantendremos la oferta de diversos cursos en los módulos de arte y cultura, idiomas, conocimientos generales, movimiento humano, estilos de vida saludables, tecnologías de la información, manualidades, y grupos culturales”, dijo la funcionaria.

Por su parte, la coordinadora general del PIAM afirmó que “la continuidad de este programa significa reflexión, compromiso y trabajo, pero también significa celebración, remembranzas y esperanza. Por todo esto, este año que celebramos con júbilo el 35 aniversario, reiteramos nuestro compromiso”, concluyó Segura.

El PIAM es un programa fundado en 1986 y adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Las personas interesadas en conocer las opciones formativas y recreativas del PIAM pueden visitar el sitio web del programa y ahondar sobre cómo vincularse a alguna de ellas en el año 2022.

Los supuestos beneficios del llamado “acuerdo” del gobierno PRD con Minera Panamá

La minería y las prácticas extractivistas se encuentran a la orden del día en muchos países de América Latina, esto genera una gran preocupación porque los más afectados resultan ser las pequeñas comunidades rurales, que a mediano o largo plazo presentan problemas ambientales, algunos de carácter irreversible, problemas en la salud pública debido a la contaminación de aguas o subsuelo y problemas socioeconómicos causado por los bajos salarios a los se ven obligados cientos y miles de trabajadores.

Este tipo de prácticas son permitidas por las autoridades gubernamentales, quienes generan políticas públicas en beneficio de grandes empresas transnacionales, mediante la creación de leyes, sin consultar previamente a las comunidades, con proyectos que poseen pocos o nulos estudios de viabilidad. Incluso con contratos acompañados de prórrogas con largos plazos, con pagos exorbitantes en caso de finiquitar un acuerdo o bien, con la permisibilidad de las instituciones para que las empresas operen al margen de la ley.

Siguiendo este tema, se encuentra la preocupante situación en Panamá, que en el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de ese país señaló que el contrato entre la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals) y el gobierno era inconstitucional; no fue hasta diciembre del 2021 que se publicó en la Gaceta Oficial dicha sentencia. Esta maniobra implica un futuro incierto para las comunidades y el medio ambiente que se señala en el siguiente comunicado realizado por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales que puede descargar a continuación.

 

Imagen ilustrativa.