EXIGIMOS AUMENTAR INVERSIÓN EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DEDICADOS A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

1. La violencia sexual contra mujeres y niñas es grave, endémica y peligrosamente naturalizada en nuestra sociedad. El backslash patriarcal se ensaña con nuestros cuerpos para cobrarnos cada avance, cada conquista, que arrancamos con las uñas de nuestras luchas históricas, queriendo arrastrarnos al pasado de sometimiento, control y cautiverio. Pero nuestras conquistas son irreversibles. El camino de la igualdad es el único posible para que Costa Rica pueda avanzar en democracia y desarrollo humano, social y económico. Sin las mujeres, el futuro no existe. No permitiremos ningún retroceso en nuestros derechos.
   
   
2. La violencia machista no es ni nunca puede ser responsabilidad de las mujeres. Es obligación del Estado y responsabilidad de la sociedad responder con la debida diligencia y contundencia frente a cualquier acto de violencia y actuar sobre las causas estructurales que la perpetúan. Particularmente sobre la cultura machista que se reproduce de manera cotidiana. Erradicar la violencia machista es responsabilidad de las instituciones, la empresa privada, los medios de comunicación, las comunidades, las organizaciones sociales, todos y cada uno de nosotros y nosotras.
   
   
3. En el caso de la llamada Guía para operadores turísticos es evidente que todas las entidades involucradas cometieron un grave error que debe corregirse de inmediato, tal y como ha reconocido la Presidencia de la República. Más allá de ello, entendemos que esta es una entre otras acciones que el Estado ha propuesto para combatir la violencia sexual, específicamente en las zonas turísticas. El plan existente para combatir la violencia sexual en las zonas turísticas debe retomarse, reforzarse y ejecutarse con enfoque de derechos humanos, feminista y con perspectiva de género, de manera urgente en todas las regiones identificadas de alto riesgo que demandan, con razón, mayor celeridad y urgencia.
   
   
4. Manifestamos nuestro apoyo y sororidad con las organizaciones de mujeres de las costas y de todos los territorios que valientemente mantienen viva esta lucha, dedicando a ello sus energías y tiempos.
   
   
5. Repudiamos la instrumentalización electoral que ha tenido lugar a partir de este incidente por parte de partidos políticos y medios de comunicación. Tratar de acarrear agua a los molinos electorales con el dolor de las mujeres no solo es perverso, sino también letal.

La única referencia electoral que aceptamos es aquella donde nos digan con claridad los señores y señoras candidatas a la presidencia y diputaciones: ¿cuál es el compromiso con la erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones hacia las mujeres y las niñas? ¿cuánto presupuesto más van a dedicar para atender esta problemática? ¿Cuántas nuevas plazas están dispuestos a aprobar para fortalecer servicios específicos? ¿Cuántas nuevas delegaciones policiales se comprometen a abrir en zonas turísticas? ¿Cuánto dinero están dispuestos a invertir para financiar programas de prevención y fomento de nuevas masculinidades con niños y jóvenes?

6. Repudiamos igualmente el ataque generalizado, indiscriminado y destructivo contra el Instituto Nacional de las Mujeres. El INAMU ha sido y sigue siendo el principal instrumento con que contamos las mujeres para defender y adelantar nuestros derechos. Es el único espacio institucional gratuito, permanente y especializado, donde las mujeres podemos acudir para que nos acompañen y representen frente a las diferentes formas de violencia machista que a diario sufrimos. ¡Exigimos que se respete su rol rector en materia de igualdad y equidad de género!
   Al INAMU y a las demás instituciones les exigimos reconocer y enmendar sus errores. Pero al mismo tiempo nos manifestamos clara y contundentemente en su defensa. El INAMU es de las mujeres y para las mujeres y, aunque señalemos sus fallos, nunca haremos coro de quienes quisieran ver al INAMU destruido, cerrado o convertido en un ministerio de la familia. Erradicar la violencia contra las mujeres requiere inversión. No podemos perder el foco estructural. Es necesario ir más allá de la coyuntura para atacar los problemas desde la raíz.
   
   
7. Los programas y servicios de atención y prevención de la violencia contra mujeres y niñas están desfinanciados. Desde hace muchos años la demanda de servicios sobrepasó la capacidad de una institucionalidad cuyos presupuestos y recursos humanos no ha crecido al ritmo necesario para brindar una cobertura nacional de atención. Mucho menos ha crecido la inversión en prevención primaria y secundaria o en recursos para que las mujeres puedan efectivamente construir vidas libres de la violencia: vivienda, generación de ingresos, etc.

Como ha señalado la prensa nacional: la falta de presupuesto socava programas de apoyo a víctimas…

La enorme desventaja que reconocen jerarcas de las dos instituciones (INAMU-PANI) es la falta de fondos para financiar estos programas en medio del preocupante aumento en la cantidad y complejidad de los casos. Pasa lo mismo con su limitada capacidad para ampliar la cobertura de protección a quienes están en alto riesgo de sufrir diferentes tipos de violencia. (La Nación, 16/01/22, p. 5).

Con base en lo señalado, requerimos:

 A las señoras y señores diputados de la actual legislatura

⦁ Promover y aprobar una ley que exima al Instituto Nacional de las Mujeres de la aplicación de la regla fiscal y se etiqueten los presupuestos institucionales destinados de manera específica a fortalecer servicios de atención y prevención primaria de la violencia contra las mujeres, incluyendo la creación de nuevas plazas.

⦁ Redactar y aprobar una ley para declarar como esenciales y que se eximan de la aplicación de la regla fiscal los servicios y programas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas de la CCSS, Ministerio de Seguridad Pública, PANI, IMAS, entre otros.

Al Instituto Nacional de las Mujeres:

⦁ Promover un protocolo especifico de actuaciones en casos de violencia sexual contra mujeres y niñas para los operadores institucionales en zonas turísticas y ejecutar un plan de intervención urgente en las regiones identificadas como de alto riesgo.

⦁ Priorizar la continuidad de los servicios, programas y compromisos institucionales en el marco de la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, garantizando su adecuado financiamiento.

⦁ Apoyar con recursos las actividades de las organizaciones autónomas de mujeres en los territorios.

 Al Poder Judicial y Ministerio Público:

⦁ Constituir un equipo de respuesta inmediata, nacional (no territorial), adjunto a la Fiscalía General de la República e integrado por agentes del OIJ, fiscales y fiscalas y equipo psicosocial especializado, destinado de manera exclusiva a la investigación y persecución de delitos sexuales contra mujeres y niñas de alto riesgo para garantizar efectivo y diligente acceso a la justicia.

⦁ Garantizar la puesta en práctica del Protocolo de las 72 horas en todos los hospitales nacionales y regionales de la CCSS, así como en clínicas o EBAIS de zonas turísticas.

 Al Ministerio de Seguridad Pública:

⦁ Sancionar de manera efectiva a los funcionarios denunciados por conductas misóginas e irrespetuosas contra las mujeres víctimas de violencia sexual y realizar una investigación independiente de los hechos.

⦁ Duplicar el recurso humano del Programa Preventivo de Violencia Doméstica y contra las Mujeres destacando oficiales de este programa en las zonas de alto riesgo de violencia sexual.

EXIGIMOS LA ACCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL

 

Compartido con SURCOS por Red Feminista contra el Maltrato hacia las Mujeres Costa Rica.