“El 14 de diciembre la compañera Anita Rodríguez Brown, del Territorio Seguro Puerto Viejo de Talamanca, de ascendencia indígena de clan y Carlos Campos Rojas, coordinador nacional del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, presentamos ante la Fiscalía de Limón, la denuncia penal por las expresiones realizadas (por parte del alcalde de Matina) en conversación con un representante de MECO.
Confiamos en que el instituto de la justicia haga prevalecer el respeto a la persona ciudadana y especialmente a nuestros pueblos originarios”.
El documento presentado señala:
Provincia de Limón, 10 de diciembre de 2021
Señores
Fiscalía de Asuntos Sexuales Ministerio Público de Limón
Por este medio, los suscritos CARLOS CAMPOS ROJAS, cédula 10605 0202 y ANITA RODRÍGUEZ BROWN, cédula 7 0130 0513, ante usted con el debido respeto nos presentamos a formular una DENUNCIA en contra del señor WALTER CESPEDES SALAZAR, cédula 5 0147 1200 quien actualmente funge como Alcalde Municipal de Matina.
La denuncia se formula con la intención de que esa dependencia analice las publicaciones que se han realizado en los últimos días en los medios de comunicación, de las cuales le adjuntamos copias, en las que se acredita que en el marco de las investigaciones judiciales de los casos COCHINILLA y DIAMANTE, gracias a las intervenciones telefónicas que fueron autorizadas, se captó una conversación del señor Céspedes, aquí denunciado, con un Gerente de la empresa MECO, a quien, según dice la información, don Walter le ofreció que cuando viniera a Matina, «le iba a tener a su disposición a una indígena”.
Ante la gravedad de los hechos, nos parece indispensable que se profundice en una investigación por parte de esa Fiscalía y por eso formulamos la presente denuncia, ya que esas actuaciones, de resultar ciertas -como parece ser pues el mismo don Walter ofreció disculpas por haberlas realizado- podrían constituir algunos tipos penales que merecen investigarse y juzgarse, como podrían ser trata de personas, prostitución, proxenetismo, o cualquier otro que esa Fiscalía puede determinar.
Esperamos que la Fiscalía pueda analizar el caso denunciado y proceder conforme corresponde.
A la espera de su respuesta, quedamos a la orden para ampliar detalles o aclarar cualquier duda.
De usted atentamente, Carlos Campos Rojas, Coordinador Nacional; Anita Rodríguez Brown, Territorio Seguro Puerto Viejo.
Cuando un reputado investigador y especialista, como el Dr. Atul Gawande elogia los logros de Costa Rica en el campo de la salud pública, algo hemos hecho muy bien a lo largo de varios decenios. Pero tenemos que seguir haciéndolo para evitar que los avances que son motivo de orgullo, se conviertan en sombríos retrocesos.
El Dr. Gawande, profesor en la Facultad de Medicina y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, escribió un artículo en el que destaca que Costa Rica ha priorizado la salud pública, con lo que ha alcanzado una expectativa de vida dos años superior a la de Estados Unidos (casi 81 versus 79), con un ingreso per cápita seis veces menor que el estadounidense. «Y no solo superó la esperanza de vida de Estados Unidos, sino que consiguió la más alta en América del Sur y América del Norte, con excepción de Canadá», subrayó el Profesor Gawande en su análisis.
Esto lo consignó recientemente, BBC Mundo a través de un amplio reportaje en el que se resalta que el especialista estadounidense realizó una laboriosa investigación de seis meses sobre nuestro sistema de salud pública y a partir de un “viaje profundo”, que realizó al país en abril anterior. El investigador valora en forma significativa lo que ha hecho el país, a tal punto que estima que es un modelo referencial y aplicable en otros países, incluido Estados Unidos.
No obstante los logros que exalta el investigador estadounidense en un sistema en que se ha priorizado la medicina pública frente a la atención privada y donde antes que la atención de las personas en hospitales y clínicas, se desarrollan estrategias de promoción de la salud y prevención, las amenazas se han venido acumulando. En estas circunstancias, el sabor agridulce es inevitable.
Los logros que destaca el Profesor Gawande se empezaron a esculpir hace ochenta años cuando el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia impulsó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dando un paso decisivo en el desarrollo del Estado Social de Derecho, que ha singularizado la forja de la nación costarricense.
Todos quienes habitamos Costa Rica le debemos mucho a la Caja, por los múltiples servicios prestados en el desarrollo general del país y no sólo en el campo de la salud y la seguridad social. Sin embargo, los que han acogido la doctrina neo-liberal como su credo, ahí donde la salud emerge como un derecho fundamental, ellos lo que han visto es un jugoso negocio. Con la consigna avasalladora “más mercado- menos Estado”, estos adalides del individualismo a ultranza, han querido privatizar muchos de los servicios que presta la CCSS y han avanzado en sus despropósitos y anhelos.
Algunos desde adentro (como topos) han venido afectando el desarrollo de la institución. Son aquellos que han debilitado las finanzas de la Caja, creando una cara y frondosa élite burocrática mientras la oferta de especialistas en distintas áreas es limitada y, con ello, se alargan las esperas de atención así como de algunas cirugías. No pocas familias con limitados recursos han sido empujados a utilizar los servicios de la medicina privada, desesperados ante tan prolongadas (y evitables) lista de espera. Este tópico ha sido motivo de tensión social y de cuestionamientos a la eficiencia y eficacia de la ochentera entidad.
Los detractores del Estado Social de Derecho y de la medicina pública han movido distintos hilos para convertir al robusto árbol de la CCCS en un debilitado bonsai. Si su desmedido afán privatizador hubiese ganado completamente la partida, en el 2020 y en el presente 2021, el país hubiera estado mal preparado para atender la desafiante pandemia de la Covid-19. Porque una pandemia de este demoledor alcance para afrontarla exitosamente, ha requerido del esfuerzo solidario de la medicina social. Todo indica que el mundo y el país, desde luego, habrá de afrontar en el futuro otras pandemias. Por ello, la apuesta certera e inevitable para el país debe ser el fortalecimiento de la Caja.
Como lo expresa el Informe de la Comisión Legislativa que investigó las –preocupantes—finanzas de la Caja: “No cabe duda de que las acciones llevadas a cabo por la CCSS … para universalizar la protección (cobertura horizontal) como para mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones (cobertura vertical), explican en buena medida el éxito alcanzado por nuestro sistema público de salud. Empero, de cara al futuro, su sostenibilidad financiera se encuentra seriamente amenazada.”
De acuerdo con las proyecciones actuariales –que se fijen en el citado informe—, el Seguro de Salud será solvente hasta el año 2026 o a lo sumo hasta el 2031. Mientras tanto el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tendrá solvencia hasta el año 2037 con lo que, “a partir de 2038, este seguro no podrá hacer frente al pago de las pensiones en sus diferentes acepciones.” Esta sombría situación financiera se ve significativamente agravada como consecuencia de la exorbitante deuda acumulada por el Estado, que supera ya los 5,9 billones de colones.
Es dentro de un contexto de grave incertidumbre y preocupación que corresponde colocar el manejo y administración de las finanzas institucionales, realizado por 18 exjerarcas de la CCSS (algunos integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario) que fueron acusados en marzo de 2019, por tres presuntos delitos de fraude financiero, a saber: i) Influencia contra la Hacienda Pública, ii) Administración Fraudulenta y iii) Fraude de Ley; tal y como consigna el citado informe legislativo. De acuerdo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, estas transgresiones habrían acontecido en el lapso 2006 y 2014, “cuando por medio de aparentes documentos falsos, se aprobaron cuantiosos incrementos en el beneficio de cesantía, salarios y plazas; mismos que al resultar impagables para el Régimen de Salud, habrían sido financiados parcialmente mediante subsidios ilegales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, así expresado también por el informe legislativo.
El valioso estudio del Profesor Gawande retrata la historia de éxito de la Caja y del modelo de salud pública costarricense. El que se nos valore con admiración desde fuera (bien cada vez más escaso), debe ser motivo de orgullo nacional. Pero algo de mayor valor, en el presente, es convertir este elogio de lo que ha sido la Caja en acicate para su defensa y el fortalecimiento de sus finanzas de cara al futuro. Bien vale la pena esta justa y necesaria causa.
SOBRE LA NECESIDAD DE ARTICULACIÓN ENTRE SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS
El fortalecer los procesos de diálogo nacional es hoy más que nunca un imperativo, necesario para construir confianzas en la diversidad, lo que se ha visto como un elemento fundamental a partir de los procesos desarrollados recientemente[1], con el fin de construir a partir del reconocimiento de las diferencias, siempre en los principios y valores que caracterizan la conformación de esta República; a saber, respeto, democracia, paz, libertad y solidaridad.
Al respecto, el transitar la crisis que vive el mundo en la actualidad, según OIT plantea en el 7mo informe “La COVID‑19 y el mundo del trabajo” de enero 2021 requiere del reconocimiento de que:
«Habida cuenta de una coyuntura de cambios estructurales y de déficit continuado, los encargados de la formulación de políticas deberán estar en medida de elaborar y aplicar estrategias de recuperación, sobre la base del diálogo social, con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con objeto de encontrar nuevas vías que faciliten el cumplimiento de los objetivos a largo plazo y la transición a una economía más inclusiva, justa y sostenible.»
Esta necesidad es aún más fundada a partir de la situación social y los elementos coyunturales que se identifican en el caso de Costa Rica.
Antes de marzo de 2020 situaciones estructurales ya venían afectando a Costa Rica en términos macroeconómicos, en cuanto a la situación fiscal del país y el aumento del desempleo, entre otros aspectos que han complicado la situación de las familias que habitan el territorio nacional. Estas situaciones se han agudizado producto de las medidas sanitarias y sus implicaciones económicas, necesarias para desacelerar el avance de los contagios por Covid-19 en el país.
A nivel mundial, la ONU ha identificado cinco pilares clave para el apoyo a los países en la respuesta al COVID-19[2]. Proteger el sistema de salud durante la crisis de la COVID-19 es la primera prioridad. Al mismo tiempo, e igualmente urgentes, son los siguientes pilares:
ayudar a proteger a las personas a través de la protección social y los servicios básicos;
proteger los empleos, las pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos con mayores personas en situación de vulnerabilidad mediante la recuperación económica;
ayudar a guiar el aumento necesario en el estímulo fiscal y financiero para hacer que el marco macroeconómico funcione para las personas con mayores factores de vulnerabilidad, que fomente el desarrollo sostenible, las economías verdes e inclusivas y fortalezca las respuestas multilaterales y regionales, y finalmente,
promover la cohesión social y generar confianza a través del diálogo social, e invertir en sistemas de respuesta y resiliencia liderados por la comunidad, con una mirada particular en las poblaciones y personas que se están quedando atrás.
Sobre la base de estos preceptos es que en el proceso que se desarrolla se busca la construcción de grandes acuerdos sociales que permitan transitar de manera conjunta en la formulación de propuestas concretas, que posibiliten incidir políticamente en la gestión de las personas que forman parte de la gestión pública en sus distintas dimensiones, para aportar a la gobernabilidad democrática a partir de la participación ciudadana responsable.
Es en esta línea, que dentro de los componentes estratégicos que guían el proceso de Diálogo Social Multisectorial, se considera que la educación es un aspecto central para enfrentar los retos actuales y futuros.
La educación pública ha sido un motor de movilidad social ascendente de suma importancia para el desarrollo social y productivo de Costa Rica, y debemos asegurar que continue siéndolo, mediante el impulso de la reducción de las brechas que amplían las desigualdades en el acceso a educación de calidad, tal y como lo ha expresado en diferentes informes el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE):
“…hay tareas complejas que requerirán la cooperación de todos los actores sociales y políticos interesados en sumarse a un gran acuerdo nacional por la educación. Este acuerdo es indispensable para crear la fuerza social y política necesaria para, en los próximos años, impulsar un marco de acción que trascienda intereses particulares y administraciones y se consolide como una política de Estado. (PEN, 2021, p. 55)
EDUCACIÓN COMO PILAR PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO COSTARRICENSE
A partir de los aportes del Estado de la Educación[3] (PEN, 2021) se establece la preocupación por lo que se ha denominado un “apagón educativo” debido a los rezagos importantes en la cobertura y calidad en educación preescolar, general básica y diversificada, como por ejemplo el aumento del 59% de estudiantes en pobreza extrema, que son solo algunas de las dificultades evidenciadas en el informe.
El informe del Estado de la Educación detectó también rezagos importantes en áreas como matemáticas y español, situación que pone en desventaja competitiva al país frente a otras naciones del globo y miembros de la OCDE que compromete el futuro de Costa Rica.
Ante esta situación:
“Los riesgos son varios: “volver a lo anterior”, improvisar políticas públicas sin sustento en la evidencia científica o recortar la inversión educativa por razones fiscales, lo que implicaría volver a cometer el grave error estratégico en el que el país incurrió durante la década de los ochenta del siglo pasado, solo que esta vez en un contexto demográfico mucho más adverso. La oportunidad es aprovechar los aprendizajes y lecciones generadas por la pandemia para hacer cambios sustantivos, postergados por largo tiempo, en el sistema.” (PEN, 2021, p. 55)
Ante el escenario brevemente esbozado, los sectores que conformamos el Diálogo Social Multisectorial, nos comprometemos en impulsar un gran acuerdo nacional por la educación, que permita:
Promover y fortalecer una Educación Pública de calidad, equidad e inclusiva para la cual deben gestarse acciones participativas y consensuadas para impulsar una Transformación Educativa que genere un ordenamiento estructural, curricular, filosófico, jurídico y administrativo que responda a las exigencias que la innovación de hoy nos demanda en la evidente revolución tecnológica y del conocimiento.
Declarar como una urgencia nacional la problemática que enfrenta la Educación Pública.
Avanzar en un Diálogo Social, transparente y respetuoso desde los sectores organizados representativos de la sociedad, que tengan incidencia y relación con la Educación Pública para analizar y plantear las reformas que requiere el Sistema Educativo.
Asegurar los procesos y mecanismos con tal que no se afecte el contenido presupuestario de los programas del Ministerio de Educación y de las Universidades Públicas en términos del acceso y calidad de la educación.
Reducir las brechas y desigualdades preexistentes entre educación pública y privada, siendo acciones estratégicas asegurar: la conectividad a todas las familias, fortalecer la educación técnica que desarrolle habilidades especiales, formalizar el bilingüismo, promover e incentivar estudios STEAM (ciencia, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas), sin menoscabo de la formación en cultural y humanista.
Asegurar el presupuesto nacional para que se pueda garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de presupuestar el 8% anualmente del P.I.B.
Eliminar el recargo de tareas administrativas a la población docente para que se dedique expresamente a la formación y enseñanza aprendizaje del estudiantado.
Definir el perfil de la persona educadora que se adecue a la reforma educativa planteada, que se modifique la malla curricular de educación superior de acuerdo con este perfil y que se mantengan procesos de capacitación constante para formar a las personas docentes que actualmente encuentran en las aulas.
Revisar los Programas de Equidad como el de becas, de transporte estudiantil y de alimentación, no sólo como mecanismo de retención, sino como un paso hacia la transformación de la mentalidad del o la estudiante como una persona con derecho a una vida digna.
Conectividad, acceso y alfabetización digital como insumos necesarios para fortalecer la accesibilidad a toda la comunidad educativa. Por lo que se hace urgente la interconectividad de banda ancha, equipos tecnológicos y materiales digitales de calidad.
Actualizar, estandarizar y equiparar los textos e hipertextos, multimedios y materiales educativos. Se sugiere que el MEP tenga un repositorio de materiales didácticos.
Fortalecer la educación técnica, esta representa una alternativa de educación integral para aquellas personas que desean incorporarse al campo laboral desarrollando habilidades especiales, sin dejar de aspirar a más conocimiento.
Valorar y desarrollar la infraestructura del sistema educativo, de acuerdo con las exigencias de la sociedad, la época y el ambiente.
Monitorear, apoyar y mejorar la gestión operativa de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
Revisar la estructura administrativa y la gestión operativa de las Direcciones Regionales con tal de que cumplan la función y objetivos con que fueron creadas.
Poner en marcha el Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación, entregado por el CONARE al Ministerio de Educación Pública.
De esta forma, los sectores sociales y productivos, nos comprometemos con la visión planteada por el CONARE a través del Programa Estado de la Nación, para potenciar a mediano plazo:
Con una mirada prospectiva, la educación “que viene” necesita que las aulas se conviertan en verdaderos laboratorios de innovación, donde lo más importante no sea transmitir la información, sino que los estudiantes desarrollen habilidades superiores del pensamiento crítico como la resolución de problemas, la comprensión lectora, la comunicación, la experimentación, la curiosidad, la creatividad, el trabajo colaborativo, y competencias digitales. Estas les permitirá actuar sobre los problemas cotidianos de una manera efectiva e implican cambios profundos en la pedagogía y no solo en los recursos didácticos. (PEN, 2021, p. 61)
Instamos a todos los sectores sociales y productivos del país a constituirnos en Mesa Nacional de Diálogo, para el impulso de un Gran Acuerdo Nacional por la Educación.
Este Acuerdo procurará facilitar y promover una transformación educativa que responda a la exigencia del nuevo contexto del empleo y el trabajo, la innovación del Estado y la atención de los retos de la sociedad actual, con el fin de construir con urgencia alternativas consensuadas que puedan ser presentadas al actual o próximo gobierno de Costa Rica.
Firmas (puede sumar la suya o la de su organización):
[1] Foro Multisectorial de Diálogo Nacional convocado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal (ATTBPDC) y la Mesa de Dialogo Multisectorial convocada por el Poder Ejecutivo y recientemente la Mesa Patriótica por la Vacunación.
[3] Programa Estado de la Nación Octavo Estado de la Educación 2021 / Programa Estado de la Nación. — San José, C.R.: CONARE – PEN, 2021. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf
La «Tragedia de los comunes» de Hardin (1968) ha dominado la interpretación de los bienes comunes en nuestras sociedades, procurando concebirlos como esos «bienes de libre acceso». Sin embargo, las experiencias en nuestros territorios dan cuenta de otro tipo de relaciones alejadas de esta visión.
Al mirar nuestras trayectorias y relaciones, lejos de reconocerse como espacios de «libre acceso», nuestros bienes comunes se perciben y piensan como experiencias colectivas en donde las personas y los diversos procesos organizativos en que participan construyen relaciones que permiten tejer las redes de la vida material y simbólica que sustenta estos bienes presentes en su territorio, y las sentimos a través de ideas, recuerdos, afectos y prácticas.
Esto nos presenta un desafío ¿Cómo nos organizamos?
Le invitamos a leer y compartir el Cuaderno de Estudio:
SURCOS comparte el siguiente comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur Sur:
Sólo en el 2020, 14 personas lideresas de Pueblos Originarios fueron amenazadas de muerte y la impunidad sobre los casos de los asesinatos por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera, del Pueblo Naso-Brörán, continúa presente. Ese mismo año, el 9 de febrero Minor Ortiz Delgado, Bribri del clan Tubolwak, recibió un disparo en una de sus piernas por Eliodoro Figueroa Uva quién sigue en libertad y vive en la misma comunidad que Minor.
8 de diciembre del 2021. Como Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), espacio de encuentro y solidaridad de distintas organizaciones de Pueblos Originarios y comunidades campesinas de la zona sur de Costa Rica, a propósito de la visita del Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, queremos reiterar una serie de denuncias sobre las faltas graves del Estado costarricense y la administración Alvarado Quesada que está pronto a terminar.
Las violaciones del Estado y el Gobierno saliente en nuestra contra son reiteradas, sistemáticas y estructurales. Las estrategias para violentarnos son numerosas:
Según el “Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios en la Zona Sur de Costa Rica, Enero – Diciembre 2020” elaborado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, en ese año fueron amenazadas de muerte 14 personas lideresas de los Pueblos Originarios de la Zona Sur del país, así como 2 defensores de los derechos humanos de estos Pueblos. También, este Informe da cuenta de 86 incidentes de seguridad contra estos Pueblos durante el 2020, que se expresan en 27 tipos de agresiones. De las cuáles, el principal actor en agredir y atentar contra los derechos humanos de los Pueblos Originarios es la Fuerza Pública.
La Fuerza Pública no es un actor imparcial y actúa de forma parcializada a favor de las personas no indígenas que usurpan ilegalmente nuestros territorios ancestrales. Ello a pesar de que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado costarricense, el bloque de constitucionalidad y la Ley Indígena de 1977 son claras y contundentes al establecer que los territorios son inalienables y pertenecen únicamente a los Pueblos Originarios. Todas estas agresiones así como las que han ocurrido tras 11 años de organización y lucha por la recuperación de tierras-territorios ancestrales están al día de hoy IMPUNES.
También están impunes los asesinatos de nuestros hermanos: Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Hermanos del Pueblo Bribri de Salitre y Naso-Brörán de Térraba que murieron defendiendo nuestros derechos como Pueblos y Territorios Indígenas. El acceso a la justicia es un derecho constantemente negado a nuestros Pueblos.
El Gobierno de Alvarado continúa con la herencia colonial, capitalista y patriarcal de los Gobiernos anteriores. Su Gobierno no avanzó en la expropiación de los terrenos usurpados por personas no indígenas ajenas a nuestros Territorios y Pueblos. Además, el mismo gobierno ha reconocido que el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI ) cuenta con un atraso de alrededor de 3 años; a pesar de que inició en 2017. Situación que evidencia la nula voluntad política del Gobierno de Alvarado por revertir la situación violatoria de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
El Estado de Costa Rica no ha sido capaz de devolver los terrenos priorizados por las organizaciones propias de varios Pueblos Originarios de la zona sur; en Salitre se priorizaron 8 terrenos desde el 2014, en Cabagra 13 desde el 2016 y en Térraba 17 desde el 2019. Esta situación aumenta la vulnerabilidad y riesgo de las personas de estos Pueblos, al forzarlas a vivir cerca de sus agresores.
Durante el 2020 y 2021 se han dado 4 resoluciones judiciales en las que se ordenaba el desalojo de personas del Pueblo Cabécar de China Kichá (3 resoluciones) y del Pueblo Naso Brörán de Térraba (1 resolución) de sus recuperaciones de tierras-territorio. Estos fallos fueron apelados en tiempo y forma pero, aún 3 de ellos representan un peligro y una amenaza de desalojo judicial para estos Pueblos.
Los Programa de Servicios Ambientales son gestionados y administrados por las Asociaciones de Desarrollo Indígenas, estructura que para las organizaciones propias de los Pueblos Originarios que participan en la CLSS, son consideradas como instancias estatales, impuestas e ilegítimas para nuestros Pueblos. A pesar de ello, el Gobierno continúa reconociendo la figura de la ADI en detrimento de nuestras organizaciones ancestrales. Así, el Estado establece diálogos con instituciones que no responden a nuestras necesidades ni tampoco a nuestra ancestralidad y espiritualidad.
Una prueba de la complicidad del Estado y las ADI se refleja en el hecho de que las únicas expropiaciones impulsadas por el Estado costarricense, en años pasados, fueron entregadas a la ADI de los Territorios más no a las personas que arriesgaron su vida por recuperar una tierra-territorio que siempre les perteneció. La administración Alvarado Quesada no se quedó atrás y durante su gestión ni un sólo terreno fue regresado a los Pueblos Originarios.
Recientemente, han surgido organizaciones racistas en el país que arremeten en nuestra contra. Estas organizaciones fueron evidentes durante la escalada de violencia de febrero-marzo del año pasado, cuando fueron capaces de movilizar recursos y muchas personas para atacarnos. Entre esas organizaciones, rescatamos a la Asociación Pluriétnica y Multicultural que constantemente incita al odio y a la violencia en nuestra contra.
Tras once años de organización y resistencia podríamos continuar enumerando las faltas graves del Estado costarricense así como al Gobierno de Alvarado Quesada y a una serie de actores poderosos que insisten en hacernos desaparecer. Aún así, a pesar del clima racista, violento e impune nosotras (os) las organizaciones que participamos en la CLSS continuamos resistiendo hasta que en nuestros Territorios y Pueblos se respire paz y tranquilidad.
“La violencia nos preocupa, pero no nos detiene. No nos detendremos en defender nuestros Territorios y Pueblos. La semilla de Sergio y Jerhy nos acompaña, nos fortalece y nos seguirán guiando hasta que nuestros Pueblos sean libres en sus tierras, hasta que nuestra cultura sea resguardada por la madre tierra”, declaró Lesner del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa de Salitre. Así, como organizaciones propias, como CLSS prometemos resistencia, tierra y libertad.
Para conocer más de las actividades y comunicados de Coordinadora de Lucha Sur Sur:
El pasado martes 07 de diciembre se dió la aprobación, en primer debate del Proyecto de Ley de Empleo Público, mismo que será llevado a la Sala Constitucional, debido a que tanto el Poder Judicial, como 10 diputados y diputadas, presentarán consultas de constitucionalidad.
Según los diputados Walter Muñoz y José María Villalta, se espera que la discusión del proyecto en segundo debate se realice a inicios de febrero, justo en época electoral.
Adjuntamos el enlace al video oficial de APSE informa:
El 25 de noviembre, en el marco de la marcha por la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres realizada en San José, oficiales de la Fuerza Pública y la GAO agredieron física y verbalmente a las participantes,con especial ensañamiento a las compañeras migrantes. En reiteradas ocasiones,contingentes de hasta 20 oficiales invadieron la marcha desde ambos costados de la calle, empujando y golpeando a decenas de mujeres que se manifestaban exigiendo un alto a la violencia.
La marcha avanzaba sobre la Av. Segunda. El primer momento de represión ocurrió alrededor de las 6:00 pm, a la altura del Paseo de los Estudiantes cuando la policía se ensañó contra una mujer nicaragüense, defensora de Derechos Humanos. Ella fue acorralada por 6 oficiales. Ante esto, una multitud de mujeres rodeó a la policía, gritando por su liberación. La presión y el acuerpamiento de las manifestantes logró la liberación de la compañera, y la manifestación continuó.
A las 6:10 aprox, frente a Caja de ANDE,un grupo de hombres y mujeres policías volvió a invadir la marcha con mucha violencia, lanzando golpes,patadas y empujones contra las manifestantes. En esta ocasión, tomaron por el cuello a una persona costarricense, y le arrastraron jalándole el pelo. Una vez más, las manifestantes y el equipo de seguridad de la marcha lograron contener la situación, arrebatarles a le compañere que estaba siendo retenida y expulsar a la policía de la manifestación.
Cerca del final de la marcha, un grupo de personas migrantes y costarricenses se refugiaron de la lluvia debajo de un techo, donde fueron abordadas por varios oficiales. dentro de los cuales reconocieron a uno de los agresores. Al cuestionarlo por qué abusaba de su autoridad y usaba la fuerza para violentar mujeres, el oficial respondió con más violencia, diciéndole a las mujeres migrantes que se callaran, que fueran a lavarse el culo bajo la lluvia», entre otros insultos. La situación escaló causando miedo e indignación a estas personas,dentro de las cuales se encontraban menores de edad. Una oficial comenzó a amenazar con arrestar a las feministas que les exigían respeto. Se acercó a una de las mujeres migrantes y le dijo: «Miré, y según su acento,¿usted tiene papeles? ¿Usted está legal en este país?Mire, usted puede tener problemas por irrespetar
a la autoridad». Entonces llamó a una patrulla, lo que representó una clara muestra de xenofobia. Otras compañeras nicaragüenses defensoras de derechos humanos y costarricenses le cuestionaron que le pidiera papeles solo a ella, a lo que la oficial afirmó que era por su acento. Al hacerle ver que se podía denunciar por muestras de xenofobia y pedirle sus datos negó, y solo así decidieron retirarse.
Los y las oficiales no portaban identificación alguna, y se negaron a dar sus nombres. Había oficiales en ejercicio sin uniforme y algunos incluso portaban armas. Continuaron hostigando a las manifestantes hasta el final, incluso cuando se retiraron de la marcha, tomando fotografías, señalando a determinadas compañeras e invadiendo reiteradamente el contingente de la movilización. Esta grave situación revive los traumas de la violenta represión policial que han sufrido las compañeras migrantes
en su país de origen,y constituye una forma de violencia psicológica que violenta la dignidad y los derechos de las mujeres.
Cabe recordar que el Reglamento de Ética de los Miembros de las Fuerzas de Policía Adscritas al Ministerio de Seguridad Pública en su artículo 2 establece que las fuerzas policiales deben «Actuar con total objetividad e imparcialidad. sin discriminar entre las personas en razón de su condición social,cultural o económica, de sus creencias religiosas o ideas políticas, o por los cargos que pudieran tener en la sociedad». Asimismo, la
Declaratoria de cero tolerancia a cualquier manifestac ión de violencia contra las mujeres en el Ministerio de Seguridad Pública indica que deben «Abstenerse todas las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, sus funcionarios y funcionarías, personal y agentes de todas sus dependenc ias, de practicar o tolerar cualquier forma de violencia contra las mujeres tanto en el ejercicio público de su función policial o administrativa, como en el marco ·de las relaciones interpersonales de trabajo y en su vida privada».
El Estado costarricense ha asumido compromisos internacionales que le otorgan la responsabilidad de velar por la seguridad y la integridad de las personas refugiadas y solicitantes de refugio. Lamentablemente, el pasado 25 de noviembre se vivió lo contrario: el hostigamiento y acoso policial,el abuso de autoridad,la violencia física y verbal,y la manifestación de la misoginia, la xenofobia y el racismo estructural.
La marcha era pacífica, la policía fue quien llevó la violencia,ensuciando la conmemoración de las luchas cotidianas de tantas mujeres por vivir en paz y libertad. Repudiamos estas agresiones xenofóbicas y misóginas. Nadie tiene derecho de mandar a callar a una mujer, mucho menos por el hecho de ser migrante.
Por lo anterior, exigimos que las autoridades policiales rindan cuentas de las agresiones cometidas. Exigimos que los y las oficiales que violentan física, verbal y psicológicamente a las manifestantes sean
Identificados y sancionados. Exigimos que el gobierno de Costa Rica siente las responsabilidades del
caso,y que el gobierno se pronuncie sobre estas graves violaciones a los derechos y las cuerpas de las mujeres migrantes.
Orden del día invita a sintonizar su programa de este próximo lunes 13 de diciembre a las 5:00 pm, con el tema: “La Constitución de la tierra”. Se contará con la participación de:
Luigui Ferrajoli
Walter Antillón
Conducen:
Giselle Boza
Rosaura Chinchilla
La transmisión será por medio de Facebook Live en las redes de Radio Universidad de Costa Rica 96.7 o bien, se puede escuchar por 96.7 Radio Universidad.
El pasado martes 7 de diciembre de 2021 se llevó a cabo el Foro sobre la situación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios del Sur Sur de Costa Rica.
La actividad se desarrolló en ocasión de la visita oficial a Costa Rica del Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En el foro se contó con la partición y guía del Awá Carlos Stiven Vargas Figueroa Uniwak como autoridad tradicional del Pueblo Bribri y con la voz, memoria y testimonios de representantes de organizaciones propias y autónomas de 4 Territorios de la zona sur de Costa Rica:
Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wákpa, Territorio Bribri de Salitre.
Consejo Iriria SätKök – Territorio Bribri de Yabamí Dí (Cabagra).
Personas voceras Naso Brörán de San Andrés y Crun Shurin en Térraba.
Personas voceras Cabécares de China Kichá.
Las y los participantes denunciaron que la Administración Alvarado Quesada, como todas las anteriores, continúa violentando los derechos humanos de los Pueblos Originarios de la zona sur.
Entre las denuncias y demandas expresadas en el Foro se destacan:
la ocupación ilegal de los Territorios por parte de personas no indígenas y el incumplimiento por parte del Estado de Costa Rica de su obligación de devolver las tierras a estos Pueblos.
la total impunidad ante las reiteradas y sistemáticas agresiones (asesinatos, tentativas de homicidio, amenazas de muerte, quema de casas y cosechas) que sufren estos pueblos. Siendo el caso del asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre un ejemplo clarísimo de impunidad.
la discriminación y racismo conque son tratados por la Fuerza Pública y las instancias judiciales de Pérez Zeledón y Buenos Aires.
la operación de grupos organizados que invitan al odio y la violencia contra los Pueblos Originarios y cometen diversos tipos de agresiones contra estos; uno de esos grupos violentos es la Asociación Multiétnica y Pluricultural; ante las denuncias sobre este grupo el Estado costarricense no ha actuado contra este actuar delictivo.
la falta de reconocimiento real por parte del Estado de las organizaciones propias y autónomas de estos Pueblos, mientras se continúa reconociendo a estructuras estatales e impuestas como la CONAI y las ADIs.
la violencia sistemática de los finqueros y grupos violentos y del Estado contra las mujeres de los Pueblos Originarios.
En resumen, la situación de los Pueblos Originarios en el sur de Costa Rica al finalizar el 2021 es más conflictiva y vulnerable.
Por eso las organizaciones presentes comunicaron que continuarán los procesos de recuperación de sus territorios, el fortalecimiento de sus organizaciones propias y su autonomía y la revitalización de sus culturas.
Felicitamos a Gabriela Matarrita Córdoba, regidora de la Municipalidad del cantón de Talamanca, por su valentía y compromiso de presentar moción de censura y mantener el único voto contra el alcalde de Matina Walter Céspedes.
Por defender la dignidad de las mujeres indígenas
¡Muchas gracias, Gabriela!
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