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Encuentro: Masculinidades y Educación Popular

El próximo jueves 9 de diciembre del 2021, a las 3:00 pm Costa Rica / 6:00 pm argentina se realizará el encuentro: “Masculinidades y Educación Popular. Encendiendo el fuego del encuentro”. 

En este segundo encuentro seguimos tejiendo un espacio para reflexionar y profundizar en la crítica a la Masculinidad Hegemónica y buscar juntes las herramientas necesarias para este tiempo de las masculinidades del CEAAL, en América Latina y el Caribe. En esta oportunidad compartiremos las experiencias de los compañeres: 

  • Nicolás Vargas. Asociación Ecuménica de Cuyo -FEC- Mendoza/Argentina.
  • Javier Omar Ruiz. Colectivo Hombres y Masculinidades. Colombia 

Podrán ingresar por medio del enlace: https://meet.jit.si/moderated/d9304c72add3e73675ba22b2d697a5cb964a5055943f77d228a4c94bfe75ee63

El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica

Ya se encuentra a la venta y para descarga gratuita el libro: “El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica”, de Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias. 

El ejemplar electrónico es gratuito, lo puede descargar en: https://ciliac.fcs.ucr.ac.cr/e-books/ (a partir del 8 de diciembre).  El ejemplar impreso tiene un costo de 5.000 colones, y está a la venta en el CIHAC (10:00 am a 2:00 pm). 

En ese libro se menciona como en el 2018, las oligarquías empresariales costarricenses alcanzaron una posición de poder sin precedente desde el período anterior a la dictadura de Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882). Su intervención directa en las políticas públicas se materializó en una regresiva reforma tributaria, una estratégica legislación antisindical y otros cambios institucionales que debilitan o desmantelan la institucionalidad democrática, profundizan las desigualdades y acrecientan el descontento social. Todavía en curso, esta contrarrevolución neoliberal distancia a Costa Rica de los estilos de desarrollo que en el pasado la diferenciaron del resto de Centroamérica y la aproximan a la experiencia de Chile, antes de la revuelta popular de 2019.

Los derechos humanos de quienes defienden el ambiente: una reciente publicación de la Cepal

Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho

El libro ‘El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ nos ofrece las contribuciones de renombrados/as especialistas de diferentes países de América

El pasado 25 de noviembre del 2021, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal) dio a conocer una nueva publicación sobre el Acuerdo de Escazú, elaborada en colaboración con la Universidad del Rosario, Colombia (véase el enlace a presentación virtual realizada desde la misma Cepal, así como el video de la actividad, colgado por la Universidad del Rosario).   

Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016. Foto extraída de la nota del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe). Este es un equipo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, la cual el mismo Estado hondureño intentó encubrir y maquillar en un primer momento (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»). 

Una obra de lectura muy recomendada 

Esta obra se titula El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano. El texto completo del documento (298 páginas) está desde ya disponible en este enlace oficial de la Cepal.  

Cabe destacar que el prefacio de este libro es autoría de John H. Knox, antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente. 

Como bien se recordará, el título oficial del Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018 (véase el texto completo de su versión oficial en español) es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.  

Las negociaciones que culminaron en el 2018 duraron cinco años, siete meses y siete días. Si lograron concluir exitosamente, fue gracias a la habilidad de las gestiones diplomáticas desplegadas tanto por Chile como por Costa Rica, que lideraron el proceso de negociación. 

En su presentación, las tres editoras de este libro indican que «Con el fin de dar paso al lector para que pueda sumergirse en el contenido de esta obra, es preciso enfatizar que para la CEPAL y la Universidad del Rosario el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad muy valiosa y sin precedentes para América Latina y el Caribe no solo para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección ambiental, sino también para el cumplimiento de la agenda global más importante de nuestro tiempo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (p. xxiv). 

El lector encontrará en esta obra artículos de gran valor escritos por la pluma de destacados/ as especialistas de América Latina y del Caribe, y es de esperar que sea ampliamente difundido en cuanto a su contenido.

Una contribución más que necesaria ante la desinformación existente

Pese a su entrada en vigor el pasado 22 de abril, el Acuerdo de Escazú persiste en polarizar como raramente observado a las opiniones públicas en varios Estados de América Latina y del Caribe, cuyos decisores políticos siguen indecisos en aprobar este innovador acuerdo regional.  

Ello se debe en gran parte a una verdadera campaña de desinformación orquestada por algunos sectores económicos y políticos opuestos a ver consolidados y afianzados los derechos de quienes defienden el ambiente. Entre muchos, destaca el caso de Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú.   

Estos «argumentos» en contra de Escazú se asemejan más a mitos promovidos por algunos sectores políticos cercanos a influyentes cúpulas empresariales que a argumentos sensatos y razonables: desde la fantasiosa idea según la cual al aprobar Chile este tratado, una demanda boliviana en su contra sería inminente, hasta la supuesta pérdida de soberanía peruana en la región amazónica, pasando por la intención de favorecer el aborto que encontró la iglesia paraguaya en el Acuerdo de Escazú, sin hablar de la inversión de la carga de la prueba (que vendría a amenazar la presunción de inocencia en materia penal) o bien, el hecho de que se ahuyentaría la inversión extranjera de aprobarse el Acuerdo de Escazú. Estos y muchos otros supuestos «argumentos» han sido sólidamente refutados en varias latitudes, desde la academia y desde organizaciones de la sociedad civil (Nota 1).  

Ante la intensidad de esta campaña de desinformación y la de sus relevos encontrados en influyentes medios de prensa, algunos muy valiosos esfuerzos en materia de comunicación han intentado contrarrestarla (Nota 2). No obstante, el desequilibrio existente explica, al menos en parte, que de los 24 Estados que han firmado el Acuerdo de Escazú, solamente 12 lo hayan ratificado (véase tabla oficial de firmas y ratificaciones). Este desequilibrio puede también explicar en parte que varios Estados ni siquiera hayan optado por firmarlo (entre los cuales, en América Latina, figura el atípico caso de Chile, así como Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela).  

Considerando el actual panorama del Acuerdo de Escazú en la región, esta nueva contribución de la Cepal en este mes de noviembre del 2021 permite una mejor comprensión del Acuerdo de Escazú y de sus alcances, en particular de cara a los desafíos que enfrenta América Latina en materia social y en materia ambiental. 

Defensores del ambiente y asesinatos: un angustiante panorama

En relación con uno de los Estados que persiste en no firmar este tratado, Honduras, son muchos los activistas de América Latina en recordar que la fecha de adopción del Acuerdo de Escazú (4 de marzo) acordado por parte de las 33 delegaciones oficiales se escogió en homenaje al natalicio de Berta Cáceres, lideresa lenca asesinada en marzo del 2016 en Honduras (véase informe de un grupo de expertos internacionales (el Gaipe) que investigó sobre su muerte).  

Por su parte, cabe indicar, en el caso de otro Estado ausente entre los firmantes, que Chile inició estremecido este último mes del 2021 al conocerse el asesinato de una gran activista ambiental como lo fue Javiera Rojas (véase nota de prensa del 1/12/2021). Pocos días después de lo ocurrido en Chile, es en Perú (que sí ha firmado mas no ratificado Escazú) donde se asesinó a un reconocido líder indígena en la región amazónica: Lucio Pascual Yumanga (véase nota de prensa de la DW del 6/12/2021). 

Finalmente, entre los Estados como Perú que han firmado pero que no han aún ratificado este tratado, resulta de interés recordar que dos líderes indígenas en Costa Rica fueron asesinados en la región de Salitre en menos de un año (marzo del 2019 – febrero del 2020).  

Es posible que la impunidad campante, que pareciera mantenerse en ambos asesinatos, sea parte de las inquietudes del relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita a Costa Rica prevista en el mes de diciembre del 2021 (véase comunicado oficial).  

En este mes de diciembre, se conmemora en Costa Rica la muerte de los cuatro integrantes de AECO, acaecida hace 27 años, un doloroso caso que se mantiene en una indignante impunidad (véase artículo de opinión titulado «Sembrando memoria contra la impunidad y el olvido» publicado en el Semanario Universidad). 

Foto extraída de la nota de prensa de la BBC “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, del 30 de julio del 2019.

La realidad del Acuerdo de Escazú y la puesta a prueba de los supuestos «argumentos» en su contra

Es de notar desde ya que en los Estados que ya han firmado y ratificado este novedoso instrumento regional (como Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá o Uruguay), sus economías no han sufrido ninguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según estas mismas cámaras empresariales, la aprobación del Acuerdo de Escazú. Tampoco se ha observado que el principio de la inversión de la carga en materia ambiental haya en lo más mínimo erosionado, en materia penal, la presunción de inocencia en estos Estados: se trata de un principio moderno del derecho ambiental que ya aplica desde hace muchos años y que de ninguna manera amenaza otras esferas del ordenamiento jurídico. 

En relación con los temores de los altos mandos militares peruanos, los respectivos ejércitos de los Estados antes señalados no han cedido un solo ápice de soberanía territorial desde que se aprobó.  

Finalmente, en el caso de Costa Rica, destaca el hecho de que una de las principales cámaras empresariales opuesta al Acuerdo de Escazú haya rehuido el debate público con especialistas en derecho ambiental y derechos humanos (Nota 3). 

Durante la reciente COP26 celebrada en Glasgow, las autoridades colombianas se sintieron obligadas a hacer un anuncio oficial en favor del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa de El Tiempo), evidenciando su profundo malestar, dada la dramática situación que enfrentan en Colombia los defensores del ambiente (véase nota de prensa de El País).  

Recientemente en Costa Rica, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (Acodi) un valioso artículo que refuta nuevamente las leyendas creadas por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus siempre muy hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento (véase artículo titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica», cuya lectura también recomendamos).  

Es de resaltar que, en el caso de Costa Rica, las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) han sido particularmente activas (véase comunicado oficial de mayo del 2021), seguidas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) (véase pronunciamiento de junio del 2021), al tiempo que las autoridades de las demás universidades estatales, por razones que se desconocen, se han mantenido mudas.

A modo de conclusión: a propósito de dos Estados en deuda con toda una región y sus defensores ambientales

En junio del 2018, se pudo leer por parte de Chile y de Costa Rica en una declaración oficial conjunta (véase texto completo aún colgado por la diplomacia chilena) que: 

«Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«. 

En el marco de una visita realizada un mes después por el presidente de Chile a Costa Rica, se leyó en su discurso (véase texto completo), que: 

«Quisiera destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica, el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países de nuestro continente en la Asamblea General de Naciones Unidas». 

Más de tres años después, si bien ambos Estados siguen encabezados por los mismos dos mandatarios de junio del 2018, el tono ha sustancialmente cambiado. 

El caso de Costa Rica (que persiste en no ratificar este instrumento) y de Chile (que ni tan siquiera lo ha firmado) son particularmente llamativos (Nota 4). En efecto, se trata de los dos Estados que lideraron las negociaciones que concluyeron con la adopción del Acuerdo de Escazú.  

Cabe indicar que, al revisar el texto de sus respectivos discursos oficiales durante la reciente Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en setiembre del 2021 (véase texto de uno y otro), ambos jefes de Estado omitieron toda referencia al Acuerdo de Escazú (el cual entró en vigor unos meses antes, el 22 de abril del 2021): ni una sola mención, ni congratulación o alguna frase saludando de alguna u otra manera su entrada en vigor. Se trata de una omisión (en nuestra modesta opinión, grosera) que amerita ser señalada. 

Es probablemente la primera vez en la historia del derecho internacional público que dos Estados que lideraron la negociación de un instrumento internacional no logran formar parte del primer grupo de Estados que permite su entrada en vigor, evidenciando así ante el resto de la comunidad internacional su inconsistencia; y contribuyendo a minar la credibilidad de sus autoridades en materia ambiental y en materia de derechos humanos.  

En este mes de diciembre en el que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, un anuncio oficial medianamente decoroso de ambos Estados en favor de los derechos de todas las personas que defienden el ambiente en América Latina y en el Caribe sería muy deseable, así como otras iniciativas en favor de la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, en particular en Estados en los que las muertes de estas personas siguen ocurriendo (así como las diversas formas de intimidar a sus compañeros/as de lucha). Aprobar este instrumento regional tan necesario para consolidar una verdadera democracia ambiental sería la mejor manera de rendirles un justo tributo y honrar la memoria de quienes perdieron la vida en defensa del ambiente. 

Notas 

Nota 1: Por ejemplo, en Costa Rica el equipo de periodistas de Doble check publicó en abril del 2021 esta muy completa guía titulada «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales». En Paraguay, el sitio El Surti explicó en un texto titulado «Cinco puntos para que entiendas cómo te afecta el Acuerdo de Escazú» que el aborto no está de ninguna manera contemplado en el Acuerdo de Escazú, entre muchas otras leyendas que se originaron en la sociedad paraguaya en relación con el Acuerdo de Escazú.  

Nota 2: En Colombia, el talentoso equipo de comunicadores de La Pulla realizó un video de gran calidad que busca responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» (disponible aquí). En Costa Rica, ante la falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú, recientemente fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elaboró dos cortos videos, que, en lo personal, se recomiendan: El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente, disponible en YouTube aquí, y otro video titulado UCCAEP y el Acuerdo de Escazú, disponible aquí. 

Nota 3: En efecto, tan pronto conocido el comunicado de una influyente cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. En mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase foro en este enlace oficial de la UCR). En junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate es para algunos la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase foro). 

Nota 4: Sobre el peculiar caso de Costa Rica, remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N.: «¿Escazú sin Costa Rica? Así como se oye, por más extraño que suene», sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 8 de mayo del 2021, disponible aquí; así como a PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú», Derecho al día, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí. En el caso de Chile, véase DURAN V. & NALEGACH C., «¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?», Perspectivas del Centro de Derecho Ambiental, número 2, noviembre 2020, disponible aquí.  

 

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica

Publicado en: https://www.ucr.ac.cr/

«Urge acuerdo nacional por la educación», afirman sectores sociales, productivos y académicos

9 de diciembre 2021

“Apagón educativo” compromete futuro de Costa Rica

Urge acuerdo nacional por la educación, afirman sectores sociales, productivos y académicos

Diversos sectores sociales, productivos y académicos preocupados por lo que el CONARE, desde el informe del Programa Estado de la Educación (PEN, 2021) denominó como “apagón educativo” que contempla los rezagos en la cobertura y la calidad de la educación en educación preescolar, general básica y diversificada consideran fundamental impulsar un gran acuerdo nacional por la educación en el marco del Diálogo Social Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria.

Dicho acuerdo debe contemplar, entre otras cosas, una declaratoria de urgencia nacional ante la problemática que enfrenta la Educación Pública, como, por ejemplo, el incremento del 59% de estudiantes en condición de pobreza extrema.

El “Diálogo Social Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y Solidaria” integrado por representantes del sector sindical, cooperativo, empresarial, comunalista, académico, entre otros; considera que la educación pública ha sido un motor de movilidad ascendente de suma importancia para el desarrollo social y productivo de Costa Rica, y debe continuar siéndolo, mediante el impulso de la reducción de las brechas que amplían las desigualdades en el acceso a educación de calidad.

Lo que se busca es la construcción de grandes acuerdos sociales que permitan transitar de manera conjunta en la formulación de propuestas concretas, que posibiliten incidir políticamente en la gestión pública en sus distintas dimensiones, para aportar a la gobernabilidad democrática, a partir de la participación ciudadana responsable.

Por lo anterior los sectores suscribientes se comprometen e instan a todos los sectores sociales y productivos del país a constituir juntos la “Mesa Nacional de Diálogo para el impulso de un gran Acuerdo Nacional por la Educación”. 

Este Acuerdo procurará facilitar y promover una transformación educativa que responda a la exigencia del nuevo contexto del empleo y el trabajo, la innovación del Estado y la atención de los retos de la sociedad actual, con el fin de construir con urgencia alternativas consensuadas que puedan ser presentadas al actual o próximo gobierno de Costa Rica.  

Las acciones que busca promover esta iniciativa implican garantizar y fortalecer una Educación Pública de calidad, equitativa e inclusiva para la cual deben gestarse acciones participativas y consensuadas para impulsar una transformación educativa que genere un ordenamiento estructural, curricular, filosófico, jurídico y administrativo que responda a las exigencias que la modernidad demanda, ante la evidente revolución tecnológica y del conocimiento.

La Comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compartió con el relator de la ONU, Francisco Cali Tzay

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado lunes 06 de diciembre de 2021, una comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compartió con el Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En este encuentro se entregó el “Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios en la zona sur de Costa Rica; enero – diciembre 2020”, además de un documento actualizando la situación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica.

El Sr. Cali Tzay se encuentra de visita oficial en Costa Rica y estuvo compartiendo con más organizaciones de la sociedad civil previo a su visita a territorios.

Encuentro entre Comisión Participativa para la Gestión del Recurso Hídrico de Argentina de Pocora y las fuerzas vivas de la comunidad

SURCOS comparte la siguiente información: 

Se compartió con las fuerzas vivas de la comunidad de Argentina de Pocora la presentación del proyecto “Reactivación económica local de la comunidad de Argentina de Pocora, basada en la conservación y uso sostenible de los recursos de la biodiversidad”. Esta propuesta se hizo a la Junta Directiva de JAPDEVA.

En esta iniciativa se encuentran inmersas organizaciones comunales e instituciones públicas, como el Ministerio de Cultura, la Asada de la Argentina, la Asociación de Desarrollo Integral de la Argentina, el SINAC, ACto, Colagua, UNED, ICE ASOAETA, UCR y Escuela de Trabajo Social. 

En esta comunidad, parte de los logros que se han obtenido son la elaboración y ejecución de un plan de gestión, difusión y uso de tecnología como redes sociales y plataformas virtuales, eventos y celebraciones como la del  Festival del Agua durante 5 años consecutivos, los últimos dos: 2020 y 2021 en formato virtual. Además, se realizó la presentación del proyecto ante el Concejo Municipal de Guácimo y se hizo la declaratoria de interés cantonal de la propuesta de proyecto de la Comisión Participativa para la Gestión del Recurso Hídrico de Argentina de Pocora.

Le invitamos a ver la galería de fotos:

 

Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.

Pobreza, desigualdad y discriminación entre los principales retos del país, según encuesta de la UCR y PNUD

El 77% de la población encuestada reconoce que la manera en cómo ejercen su voto puede mejorar las acciones en el futuro. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Estudio pretende orientar el diseño de políticas públicas viables basadas en evidencia con enfoque de economía verde y perspectiva de género.

Con el objetivo de elevar el debate democrático en Costa Rica mediante evidencia sólida y verificable, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentaron este miércoles los resultados de la Encuesta Nacional “Construyendo una Ruta Común hacia el 2030” (ENCORU 2021).

ENCORU 2021 expone la valoración que tienen las personas del sistema democrático, las instituciones, el rol del Estado, la igualdad, la discriminación e imaginarios políticos entorno a lo ambiental. Por ejemplo, 77 % de la población encuestada reconoce que la manera en cómo ejercen su voto puede mejorar las acciones en el futuro, incluyendo la forma en la que se aborda el desempleo, la desigualdad y la discriminación, sin embargo 56,5 % tienen poco o nada de interés en la política y 70 % señalan que los partidos políticos actuales no representan sus intereses y aspiraciones.

Otros de los principales resultados del estudio, destacan:

  • 53,4% de las personas indicó que tiene mucho orgullo u orgullo de vivir en el sistema político de Costa Rica, aspecto que se refuerza con el 83,7% que indicó que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, y del 53% que indican que están satisfechas o muy satisfechas con la forma en que funciona la democracia en Costa Rica.
  • La mayoría de las personas entrevistadas cree mucho en la validez de establecer procesos pacíficos para encontrar soluciones y expresarse como el diálogo (58,5%), formar comisiones con representantes de diversos sectores (56,6%), así como buscar una persona mediadora (48%); porcentajes que pueden aumentar a más del 80% si se considera también las respuestas que consideran “algo” válido estos mecanismos.
  • El 86% de las personas considera estar muy de acuerdo y de acuerdo que, en igualdad de condiciones, votarían de igual forma por un hombre o por una mujer para ser presidente o presidenta, diputado o diputada y alcalde o alcaldesa.
  • La mayoría de las personas consideran que la igualdad entre hombres y mujeres debe estar presente en los diferentes ámbitos de la vida, como el educativo y laboral.
  • Las personas consideran, en más del 95%, que las empresas privadas, municipalidades, el Estado y los vecinos tienen la responsabilidad de proteger el ambiente / los recursos naturales.

Los principales retos expuestos son:

  • El 95% de las personas entrevistadas indicaron que en Costa Rica no todas las personas viven bien. Al consultar por quiénes son esas personas que no viven bien, el 41% identificó principalmente a las personas de bajos recursos económicos o en pobreza extrema, así como las personas desempleadas (17,2%).
  • Destaca también la responsabilidad que asignan las personas al Estado costarricense para alcanzar objetivos asociados a protección de grupos de población en situación de vulnerabilidad (niñez, personas adultas mayores, condición de pobreza), derechos de las mujeres, acceso a educación y salud, derechos laborales y protección de víctimas de violencia.
  • El 45% de las personas indicaron no tener ninguna disposición para el pago de impuestos, aunque estos sean para mejorar servicios públicos. Pero en contraposición un 41% indicó estar muy de acuerdo o de acuerdo con pagar más impuestos para mejorar programas públicos de educación y salud dirigidos a las personas más pobres del país, hecho que nos dice que las personas tienen disposición siempre y cuando se conozca el uso de dichos recursos.
  • 6 de cada 10 personas afirmaron haber sido discriminadas en al menos una oportunidad, lo cual señala que este es un tema que merece mucha atención. Las razones más comunes para ser víctima de discriminación corresponden a la condición económica o social (35,6%), edad (32,4%) y sexo (20,7%).
  • Al evaluar que tan difícil es la vida para las personas en Costa Rica, se encontró que el 77% identifica que son las personas con discapacidad las que presentan mayores dificultades, seguido por ser nicaragüense o indígena (57%), LGBTI (41%), mujer (34,5%), afrodescendiente (29,5%) y joven (21,5%).

​​“El derecho al voto, que no es la única forma de participación, pero sí un componente fundamental del sistema democrático, debe ejercerse lejos de la desinformación y las noticias falsas, del dogmatismo y el populismo, de la intolerancia y la discriminación. Es necesario que la reflexión que anticipa la asistencia a las urnas se sustente en un conocimiento claro de los problemas nacionales y comunitarios y la valoración de las mejores propuestas para atenderlos”, puntualizó José Vicente Troya, Representante Residente del PNUD.

Por su parte, Johnny Madrigal, Director de la Escuela de Estadística destacó que “es de vital importancia contar con la aplicación de estudios de opinión que permitan mantener el pulso de la percepción y creencias de tienen las personas sobre la realidad nacional, ya que este tipo de insumos apoyan a identificar los retos que deben atenderse como país”.

Sobre la metodología

La encuesta se realizó a una muestra de 703 entrevistas, entre el 18 de agosto y el 22 de octubre del 2021, considerando un nivel de confianza del 95% y un error del 3,7%. La población de estudio fue todas las personas mayores de 18 años, costarricenses o residentes con más de un año de estar en el país, al momento de aplicar la entrevista, con teléfono celular activo.

Comunicación PNUD

PREMIO A LA ÉTICA 2021 OTORGADO A RADIOEMISORAS UCR

El Bicentenario de la Independencia de la República de Costa Rica, fue el marco propicio, para reconocer la labor que por 72 años han realizado la Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.

El galardón del 2021 otorgado por la “Catedra Alberto Cañas” del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER) a las Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica (96.7 FM, Radio U (101.9 FM, Radio 870 UCR-AM), reconoció que este sistema de comunicación ha llevado a cabo una carrera interminable, encaminada a fomentar la vida democrática, cívica, la independencia de criterios, las libertades públicas, el principio de legalidad, la defensa de los derechos fundamentales, el derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso a los medios, las garantías sociales en sentido amplio, por la excelente labor que desarrollan y que han demostrado a lo largo de más de 7 décadas de practicar la ética, transparencia, formación y servicio público, constituyéndose en un canal óptimo, para el desarrollo de una comunicación responsable, crítica e independiente al servicio del bien común. Por constituirse en un ejemplo de defensa de una práctica profesional ética e independiente, al servicio de los valores fundamentales de la sociedad, que encajan muy bien con el modelo del estado de bienestar social, establecido en la Constitución Política de Costa Rica.

El acto contó con la participación de: colegiados, miembros del Tribunal de Honor y Ética, Junta Directiva, Fondo de Mutualidad, Tribunal Electoral y Sindicato Nacional de Periodistas de esta institución. Asimismo, autoridades de la Universidad de Costa Rica, funcionarios de las Radioemisoras UCR, estudiantes de comunicación social de las diversas universidades del país. El evento fue transmitido también por el canal de Facebook Live del COLPER y estuvo conducido por la Master Bresia Benel Yánez, Directora del Tribunal de Honor y Ética-COLPER.

En este acto celebrado desde el Auditorio Rogelio Fernández Güell del COLPER, el  Lic. Belisario Solano Solano, presidente de la Junta Directiva, expresó que el grupo de radioemisoras son el vivo ejemplo de respeto al código de conducta y la responsabilidad social que tienen los profesionales y los medios de comunicación costarricenses: “en nombre de la Junta Directiva, agradecemos el trabajo del Tribunal de Honor y Ética, y respaldamos la entrega de este Premio a la Ética 2021 a Radioemisoras UCR, que sirva esto de ejemplo a los demás medios y comunicadores, para que entendamos que es necesario actuar dentro de las regulaciones que nos establece el Código de Ética de nuestra institución, que rige y define los parámetros en los cuales los comunicadores debemos desarrollarnos en la sociedad”.

El Lic. Mario Solórzano Pérez, director académico de la Unidad de Cultura y Patrimonio de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, señaló el desafío que significa cumplir con la ética en medio de la llamada era de la información, donde se reciben desde múltiples direcciones más datos de los que somos capaces de procesar y analizar con conciencia, en donde, como usuarios y prosumidores estamos abiertamente expuestos todos los días a contenidos fuera de contexto, malversados, y que además a las puertas de un proceso electoral eminente, el ejercicio ético y responsable del profesional en comunicación se vuelve más relevante y pertinente:  

“en medio de todo este contexto reconocer el día de hoy la labor realizada por Radioemisoras de la UCR ; quienes a través de una oferta de contenido de calidad diverso e inclusivo, brindando además, espacios para la reflexión crítica, la promoción cultural  y la difusión artística, local e internacional, es un honor para esta Vicerrectoría, en calidad de instancia adscripta de las Radioemisoras UCR extender nuestras más gratas felicitaciones por este tan importante reconocimiento, que reafirma la labor humanista y en beneficio del bien común que realiza la Universidad”, expresó Solorzano.

La Radio Universitaria es una de las más antiguas emisoras de Costa Rica, de carácter, independiente y autónomo, que surge cuando Costa Rica vivía momentos de convulsión social que derivaron en la Guerra Civil del 48, no obstante, desde la fundación misma de la Universidad de Costa Rica, ya existía el interés de instaurar un medio de comunicación radial de carácter cultural.  Inicia así, a partir del 29 de noviembre de 1949 la Radio Universitaria, desde un enfoque dialógico, analítico-crítico en su experiencia diaria, para vincularse con las diferentes audiencias y posicionarse en el entorno institucional, comunal, territorial, regional y nacional, mediante acciones articuladas e integrales, de proyección, difusión y diálogo responsable.

El Dr. Roberto Guillén Pacheco, Rector a.i. de Universidad de Costa Rica, quien recibió el CERTIFICADO, que consigna el acuerdo tomado por este órgano, para la entrega de esta distinción a Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, expresó su felicitación a los miembros de las radioemisoras UCR, que a lo largo de más de siete décadas han llevado sonido, voz y música a muchos hogares costarricenses e incluso, que desde hace varios años han alcanzado a muchos hogares en el resto del mundo, gracias a las bondades de la transmisión en línea: “Desde sus cabinas, una innumerable cantidad de personas expertas han compartido las más acuciosas críticas y análisis sobre el acontecer inmediato, pero por sus frecuencias también han pasado los cuentos más extraordinarios, las narraciones orales más creativas, la música más atrevida y las entrevistas más cautivadoras”, comentó el Rector.

Guillén Pacheco señaló que, en las Radioemisoras UCR, se transmiten temas que van desde la nutrición y la salud integral, así como la inclusión y los derechos humanos: “hemos escuchado desde los micrófonos las más variadas consultas legales hasta textos literarios de Costa Rica y el mundo. Sin duda, el abanico de temas, géneros, propuestas y diversidad con que cuentan las Radioemisoras de la UCR, las convierten en un escenario ideal para aprender, conocer, informarse y disfrutar”.

El jerarca de la UCR aprovechó el espacio para señalar que, en vista de que los tiempos han cambiado  y las necesidades de los medios universitarios han variado también, se busca garantizar la independencia editorial que les han distinguido: “nos encontramos en proceso de realizar diversas modificaciones reglamentarias y administrativas, que nos permitan brindarles el apoyo que requieren para adecuarse a las necesidades y retos de la actualidad, sin dejar de lado la calidad de los contenidos que se ofrecen diariamente. Es un compromiso que manifestamos y reconocemos”, concluyó el Rector Roberto Guillén.

El Master Efraín Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de Honor y Ética-THE, compartió con los presentes la declaratoria del Premio de la Ética en el ámbito de la Responsabilidad Social de la Comunicación a Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y se hizo entrega a la Licda. Andrea Solano Benavides, Directora de Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, de la Estatuilla Conmemorativa del Premio a la Ética, que lleva impreso el acuerdo de este reconocimiento.

El acuerdo tomado por los integrantes del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, señala que se otorga el Premio a la Ética en Responsabilidad Social de la Comunicación 2021, a Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, por constituirse en: “medios de comunicación innovadores, comprometidos con la educación, la cultura, los derechos humanos, la libertad de expresión, por practicar una comunicación ética, independiente, dialógica, inclusiva, participativa, interactiva, veraz, respetuosa y objetiva, que promueve sistemáticamente el análisis, reflexión, la crítica activa, la investigación, la producción y difusión de contenidos e información, para la formación y la construcción de ciudadanía”.

Cavallini, mencionó que en el acuerdo tomado por el Tribunal de Honor (Acta N.º 8- 2021- -sesión extraordinaria-20 10 2021) se reafirma el reconocimiento de que en la visión y acción de las Emisoras de Radio Universidad de Costa Rica, se representan los ideales filosóficos, identitarios de la democracia costarricense, del Estado Social de Derecho, como de aquellos ideales históricos reconocidos y aún afianzados en el imaginario social, que aspiran a satisfacer las expectativas de los diversos sectores de la sociedad: “Reafirmamos que las Radioemisoras UCR, se constituyen en el único medio de comunicación social en su género, que goza del respeto, valor público y la legitimidad de la ciudadanía. Son medios de comunicación formadores de opinión pública, y visores de la realidad social, a través de ellos, se exponen las diversas visiones de mundo, y que tienen el propósito de exhibir los hechos sociales en sus diversas perspectivas, con absoluta objetividad, veracidad y equilibrio, respetando los puntos de vista de las fuerzas sociales que se generan en una sociedad libre, democrática, plural, inclusiva y diversa”, resaltó el Presidente del THE-COLPER.

El Presidente del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, indicó que, desde una visión integral, Radioemisoras UCR, por medio de sus programas, su personal y colaboradores, han jugado un papel fundamental en la responsabilidad de investigar, producir, informar y formar a los ciudadanos, de comprometerse como agente de cambio, como mediador social, capaz de articular el mundo de lo social entre los diversos sujetos y contextos.

La Licda. Andrea Solano Benavides, Directora de Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, al recibir el Premio en nombre de su institución, comentó que, la historia de lo que hoy se cómo Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, comenzó a escribirse un 29 de noviembre de 1949 cuando salió al aire Radio Universidad de Costa Rica, que en sus inicios se llamó simplemente “Radio Universitaria”: “Con instrumentos rudimentarios, hoy diríamos, “artesanales”, instalaciones muy modestas y un alcance tan limitado que le valió el sobrenombre de “la voz de la manzana” la primera emisora universitaria del país, tomó impulso gracias a un equipo de radioaficionados que creían en el poder de comunicación de la radio”, señaló Solano Benavidez, quien dijo que las condiciones adversas nunca minaron el entusiasmo del equipo precursor que echó mano del ingenio para solucionar las mil dificultades técnicas a las que se enfrentaban diariamente: “Eso sí, desde sus inicios la que hoy conocemos como Radio Universidad de Costa Rica siempre cuidó la calidad de sus contenidos”.

Tal y como indicó su directora, a lo largo de estos 72 años la emisora ha experimentado muchas transformaciones acordes con el contexto: “pero lo cierto es que Radio Universidad, es una emisora con un perfil único en nuestro país: programación continua de música académica, así como de producciones culturales, artísticas, educativas, divulgativas y periodísticas con enfoques analíticos, alternativos, inclusivos y diversos”.

Solano Benavides, hizo referencia a que con este premio también se celebra el acontecimiento del 22 de abril de 1996, cuando se realizó la primera transmisión de Radio U, que se constituye en una ventana para escuchar las voces de uno de los públicos más numerosos de la Universidad: sus estudiantes: “Quienes asistimos a las aulas universitarias a mediados de los noventa no podemos recordar aquellos tiempos sin pensar en Radio U, que no solo fue un laboratorio para nuestros cursos de producción radiofónica, sino que también nos acercó a géneros musicales que las emisoras comerciales no programaban por ser poco rentables o “censurables”, sus contenidos”… La programación musical de Radio U corre paralela a una programación de espacios en donde suenan voces contestatarias, atrevidas y disruptivas…Pero también, en la cobertura de importantes acontecimientos en la historia costarricense de los últimos 25 años.

En cuanto a la tercera de las emisoras creada en orden cronológico, bajo la figura de, emisora 870 en frecuencia A.M, cabe recordar que funcionó como repetidora de Radio Universidad por muchos años y pasó a dar cabida a una emisora con un perfil diferenciado de las otras dos. La 870 A.M realizó su primera transmisión en vivo el 4 de mayo del 2009 con el objetivo de consolidarse como una emisora didáctica y de servicio, para alcanzar segmentos de población que habitan en comunidades fuera de la GAM.

Para la Directora de este sistema de emisoras universitarias, la programación de la 870 A.M, está estructurada a partir de coproducciones con varias unidades dentro de la Universidad, incluso con otras universidades públicas, de modo que se ofrecen contenidos, que buscan mejorar la calidad de vida de los oyentes con temas como: salud física y mental, nutrición, bienestar, asesoría legal, economía familiar, cultura popular, entre otros y ofrece una programación musical centrada en música popular de Iberoamérica, seleccionada con rigurosos criterios para garantizar contenidos de calidad: “La 870 es una emisora con alto potencial de inscribirse dentro de las múltiples iniciativas de regionalización que promueve la Universidad desde hace varios años”.

Solano, hizo referencia al esfuerzo que se realiza desde la Universidad de Costa Rica, para incorporar eficientemente el componente de la tecnología digital (WEB- streaming, Redes Sociales) y publicar sistemática y articuladamente en diversas plataformas y formatos sus contenidos en cada una de las tres emisoras: “La radio del presente y la del futuro están muy lejos de parecerse a aquella nostálgica emisora nacida en 1949. Exige infraestructura tecnológica y perfiles profesionales más complejos que los tradicionales. Las radioemisoras necesitan productores, programadores, locutores, controlistas, periodistas, y personal administrativo, pero también diseñadores, estrategas de marketing digital, productores audiovisuales, archivistas digitales y abogados”.

La Directora de Radioemisoras de la UCR concluyó su participación indicando que la transición que estamos experimentando en la actualidad es difícil y compleja, pero que se puede renunciar a mantener la calidad de los contenidos de un medio de comunicación de servicio público, inscrito dentro de la Universidad de Costa Rica y que goza de independencia editorial: “Este reconocimiento que otorga hoy el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica a las Radioemisoras UCR, nos comprueba, que los esfuerzos de nuestros antecesores han ido en la dirección correcta, pero aún quedan muchos pendientes”: manifestó la Licda. Andrea Solano.

Como cierre de la entrega del Premio, se llevó a cabo una actividad cultural a la altura del evento organizado, a cargo de dos talentosas costarricenses, que han estudiado y se han formado en el campo cultural.

PIANISTA, Lic. Zarhay Arroyo García, autora del Programa de Formación Musical Note’s Peak, por la que ha recibido múltiples reconocimientos en el campo de la educación y la innovación.

SOPRANO, Stefany Vega López, licenciada en canto de la Universidad Nacional de Costa Rica, quien ha realizado múltiples conciertos y óperas en los principales auditorios del país.

Sus interpretaciones fueron: Luna Liberiana de Jesús Bonilla, Soy Tico de Carlos Guzmán, O Sole mío de Eduardo Di Capua y- Con te partiro-de Francesco Sartori.

No cabe duda, que el desarrollo y aporte de la Universidad Pública en nuestro país, ha dejado huella indeleble de su quehacer, al crear y poner a funcionar medios de comunicación de servicio público como las Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, que, a través de los años, han actuado bajo figuras colaborati­vas, de sana convivencia, de entendimiento mutuo y diálogo social, para alcanzar resultados sinérgicos de mayor importancia e impacto para el bienestar del país.

Enlace a la transmisión en Vivo de la entrega del Premio: https://www.facebook.com/colpercr/videos/587790572481101

 

Por: Msc. Sylvia Arredondo Guevara.
Msc. Bresia Benel Yanez.
Msc.Efrain Cavallini Acuña.

Corte Suprema de Justicia promueve consulta facultativa institucional de constitucionalidad sobre denominada Ley Marco de Empleo Público

«PETITORIA

1.- Expresamente solicitamos que la Sala Constitucional haga uso de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y si advierte otro motivo de inconstitucionalidad no invocado y consultado, así lo haga ver en la respectiva resolución. 

2.- Solicitamos se atienda y resuelva la consulta de Constitucionalidad planteada y se proceda a determinar si las normas consultadas y cualquier otra conexa o que la Sala Constitucional determine, resultan conformes al derecho de la Constitución o si por el contrario su contenido y efectos lesionan las competencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia en particular y del Poder Judicial en general, con abierta lesión a la independencia judicial y al régimen de derechos fundamentales de las personas habitantes de la República.  Rogamos hacer el análisis pormenorizado y exhaustivo respecto de todos y cada uno de los indicados puntos de consulta referentes a una eventual afectación a las competencias constitucionales de los órganos de este Poder.   

3.- Solicitamos se declare que las normas objeto de consulta podrían ser contrarias a las competencias exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia en materia de gobierno del Poder Judicial, en tutela de la independencia e imparcialidad de las personas servidoras judiciales, pudiendo ser el contenido y efectos de la normativa cuestionada incompatible con la independencia judicial».

SURCOS comparte el documento completo de la Consulta facultativa institucional de constitucionalidad sobre denominada Ley Marco de Empleo Público: