Según datos del Censo 2011, elaborado por el INEC, en la comunidad de Térraba vivían 2665 personas para ese año.
Además, según la Asociación Cultural Indígena Teribe, la comunidad de Térraba se caracteriza por ser matriarcal. Las mujeres son las que más saben sobre la agricultura, plantas medicinales y como proporcionar comida a sus familias. También, son responsables de transmitir esa información de generación en generación.
Esta es la sétima infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Mujeres indígenas recuperadoras de tierra. Le invitamos a compartirlo en sus redes.
Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.
¡Prepare su acervo frente a la próxima campaña electoral!
Aunque no todas las personas tengan interés en la política, es inevitable haber escuchado, así sea en noticiarios o en discusiones sobre política con los entornos más cercanos, las críticas contra cualquier congresista o presidente, al catalogarlas de populistas, de neoliberales, capitalistas, comunistas, entre otros.
¿Pero alguna vez se ha preguntado usted qué significan estos términos?
Como parte de un plan para ir más allá de las campañas electorales presidenciales, legislativas y municipales, así como de los estudios de opinión que realizan cuatro veces por año sobre la percepción que le generan las autoridades políticas, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) realizó una campaña de vídeos didácticos llamados “En Síntesis”.
En ella, se brindan una serie de definiciones de conceptos políticos, y están dirigidas a la formación política de personas jóvenes.
Para esta serie de vídeos, hubo colaboración de varios y varias estudiantes universitarios de diferentes carreras universitarias de la institución; quienes se encargaron de presentar los vídeos, y del Doctor Alonso Ramírez Cover, quien aportó las definiciones por tratar en cada vídeo.
De acuerdo con la encargada de comunicación del CIEP-UCR, Katheryn Salazar Zeledón, la experiencia fue enriquecedora, ya que el estudiantado se mostró interesado desde el principio. «Los muchachos mostraron interés en salir, hicimos un casting, el doctor Alonso Ramírez Cover me mandaba los conceptos, yo los guionizaba, les mandaba a los muchachos los guiones por zoom o correo y les decía ‘póngale más énfasis al concepto tal’ ‘léalo así, asá’, y ellos muy contentos porque se sentían parte, e incluso más bien hasta proponían ideas; incluso una estudiante nos sugirió que abriéramos un Instagram para tener más alcance».
Salazar Zeledón agregó que, si bien es cierto la carrera predominante del estudiantado fue Ciencias Políticas, también hubo quienes estudiaban Ciencias de la Comunicación Colectiva, Filología e Ingeniería
Se centraron en aspectos relacionados al estado social de derecho
Con el objetivo de abrir un proceso de reflexión, la Rectoría y el área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), están organizando las jornadas de análisis del dictamen de la Sala Constitucional del proyecto de Ley Marco del Empleo Público.
La primera sesión se dedicó a conocer los alcances del dictamen en relación con el empleo público y al estado social de derecho. Se contó con la participación de la Dra. Rosaura Chinchilla Calderón, docente de la Facultad de Derecho y del Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho. El espacio fue moderado por el Dr. Constantino Urcuyo.
Para la Dra. Chinchilla el primer aspecto que se debe analizar profundamente es si el proyecto de ley es una iniciativa relativa exclusivamente al empleo público o si lo que pretendía, sin decirlo abiertamente, era un rediseño del marco estatal que establecieron los constituyentes. Ya que esto último no se hace mediante una ley, si no a través de una reforma constitucional, que tiene un trámite distinto.
Además señaló las 4 grandes líneas a través de las cuales el proyecto buscaba regular las relaciones en todo el sector público. El salario global, un sistema único de definición de perfiles de puestos y gestión del desempeño, la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplan) y la objeción de conciencia.
También explicó que parte de la discusión en la Asamblea Legislativa partió de la interpretación que se le quiso dar a los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, pues se asumió que se podía unificar en un solo régimen todo el sistema de empleo público.
No obstante, hay que considerar que estos artículos se introducen en un sistema normativo en donde se consagran una serie de principios, que en consecuencia, desde el mismo texto constitucional se genera un choque con la posibilidad de que haya un solo régimen para todo el aparato estatal.
En primera instancia, el país se denomina como una República, lo que significa que existe una división de poderes, los cuales son independientes y no pueden delegar sus funciones.
En contexto en el que surge la Constitución Política de 1949, hace que los constituyentes se planteen una serie de autonomías que incorporan en el texto para evitar la concentración del poder.
Además, el sistema constitucional, tiene que convivir con una serie de normas relacionadas con derechos humanos que Costa Rica ha asumido voluntariamente, como por ejemplo los tratados con la Organización Internacional del Trabajo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respaldan garantías relacionadas a la independencia judicial, la negociación colectiva y los derechos adquiridos.
En relación al dictamen de la Sala Constitucional, la jurista explicó que las consultas que se hicieron fueron por temas de fondo, por lo que el pronunciamiento no es vinculante, sin embargo si va a ser una grave advertencia de que si el texto se aprueba así como está y alguien alega inconstitucionalidad, en alguno de los artículos que la Sala encontró inconstitucionales, la acción se va a dictaminar positiva.
También aclaró que el fallo que se emitió no significa que el proyecto sea constitucional, pues la Sala Constitucional solo se está pronunciando sobre lo que se le consultó.
Sobre los temas que sí se le consultaron encontró 35 inconstitucionalidades de fondo, la mayoría relacionadas a la rectoría del Mideplan.
“Considera que en efecto, tal y como lo dijeron las universidades, los rectores, el Poder Judicial, el proyecto tiene la virtud, entre comillas, de ser una reforma estatal encubierta, que rompe las autonomías y las independencias establecidas por los constituyentes y que solo podía requerir una reforma constitucional que no se hizo”, recalcó Chinchilla.
Para la abogada, en este momento, buena parte de la autonomía universitaria queda a resguardo, aunque todavía hay temas delicados que se mantienen dentro del proyecto de ley a los que hay que prestarles atención, que van a tener impacto en las distintas instituciones autónomas si oportunamente no se hacen las consultas constitucionales respectivas.
Inconstitucionalidades encontradas no son poca cosa
Por su parte, el Dr. Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho, expresó que éste es uno de los proyectos que en las últimas décadas, de manera directa, pretendía impactar el sistema de división de poderes y a instituciones muy importantes en la estructura constitucional.
“Describir los alcances de un fallo constitucional a veces obliga a interpretar los signos que una sentencia de esta naturaleza e importancia nos revela. Esos signos nos permiten intuir que el máximo interprete de la Constitución se vio en aprietos para analizar ese texto legal, porque ha estado rodeado de intríngulis políticos, económicos, pero las mas de aquellas que llegaron al contexto de esta sentencia, son las que tienen que ver con el diseño del estado de derecho y por supuesto de órganos e instituciones que son importantes para la República”, destacó Chirino.
Según el Decano, hay un discurso que se ha divulgado en algunos medios de comunicación y por algunas otras personas de que las 35 inconstitucionalidades señaladas por la Sala Constitucional son poca cosa. Sin embargo, para él, la Asamblea Legislativa tendrá que hacer un análisis profundo para determinar qué aspectos están realmente afectados por esas inconstitucionalidades, labor que no será fácil.
De esta manera, la primera lectura que hay que hacer del por tanto, es contraria a esas perspectivas, pues la Sala ha decidido sostener los pilares fundamentales del Estado de Derecho, como son las autonomías municipales, la universitaria, la del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Lo que es importante, ya que durante el proceso de debate del proyecto de ley, hubo instantes en los que parecía que todo lo que forma parte esencial de la República estaba disponible para el mejor postor y era elemento de negociación.
Señaló además, que en el fallo se reconocen las intromisiones que hubo en las esferas de los poderes de la República,tal como lo planteó la Corte Suprema de Justicia.
Recordó que aunque el fallo no es vinculante, si la Asamblea Legislativa tratara de aprobar el proyecto tal y como está, esto tendría consecuencias importantes para el país, incluso se podrían sumar a la discusión jurisdiccional órganos internacionales.
Para Chirino, queda ahora esperar la justificación de por tanto, pues este fallo va a sentar elementos muy importantes que van a orientar el desarrollo del pensamiento constitucional costarricense de los próximos años.
Puede ver la sesión completa en el siguiente enlace.
Andrea Marín Castro Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Imagen: La Asamblea Legislativa está ahora a la espera de que la Sala Constitucional entregue el fallo completo. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Las dirigencias SINAE AFINES envían un mensaje a las señoras y señores diputados, sus partidos políticos y sus candidatos presidenciales donde les indican que los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social y sus familias estarán pendientes de lo que se haga con el Proyecto de Ley Marco del Empleo Público.
Compartimos el mensaje completo en el siguiente enlace video:
Según la Ley Indígena N.6172 en su artículo 5: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el I.T.C.O., deberá reubicarlas en otras tierras similares si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiación. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el I.T.C.O., en coordinación con la CONAI. Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna”.
Esta es la sexta infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Mujeres indígenas recuperadoras de tierra. Le invitamos a compartirlo en sus redes.
Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.
El programa Desde la otra Acera invita al conversatorio: “Ley de empleo público: entre la espada y la pared” este próximo 12 de agosto a las 7 p.m. Se contará con la participación de:
Mauricio Castro
Walter Muñoz
Rosaura Chinchilla
La transmisión será por medio de Facebook y YouTube de APSE Informa.
Definición de democracia de la segunda mitad del siglo XX
Por Comunicación SITRAINA
A partir de la década de 1970, en Occidente una democracia es entendida como una forma de gobierno que garantiza: a. ciertos derechos naturales; b. ciertos derechos civiles; c. derecho del pueblo a la resistencia legítima; d. un sistema electoral legítimo; d. independencia de los tres poderes de la república (ejecutivo, legislativo y judicial).
Al respecto de los derechos naturales, encontramos el derecho a la vida, a la alimentación, a la libertad, entre otros. Entre los derechos civiles encontramos la ciudadanía, el derecho a la educación, libertad de tránsito, libertad de prensa, etc.
El sistema electoral legítimo deriva de la concepción de un contrato social, de acuerdo con el cual, las y los seres humanos nos encontrábamos viviendo en un estado natural, donde no había más ley que la ley natural y gozábamos de total libertad de hacer y disponer para sobrevivir, pero como esto era peligroso para todos, entonces, haciendo ejercicio pleno de su libertad, decidieron formar contrato social que estipula las reglas de convivencia, cediendo la libertad natural, para obtener una libertad civil, resguardada por una autoridad, reconocida por todas y todos como tal, la cual tiene como límite y función, velar por el bien común de la población. Por lo tanto, los estados modernos, de acuerdo con esta concepción, son el resultado de un pacto social y en las elecciones, las y los seres humanos de cada presente, renuevan el pacto social y eligen a los magistrados que ostentarán la autoridad, por un lapso limitado de tiempo. Esto constituye lo que se conoce como “democracia representativa”, porque yo, en tanto que individuo, cedo mi poder político a otro para que me represente en el estado.
De esta mista teoría deriva el derecho a la resistencia legítima, el cual no es otra cosa que la “democracia participativa” o el mecanismo mediante el cual el pueblo asume su poder político para manifestarse de distintas maneras en contra de decisiones que tome la autoridad o el gobierno, las cuales afecten los intereses del pueblo mismo. De ahí que el derecho a huelga y a otros tipos de manifestación son un índice claro de una democracia.
Finalmente, la división de poderes es algo que fue planteado desde la Ilustración que motivó la Revolución Francesa del siglo XVIII. Más específicamente fue propuesta por Montesquieu y garantiza el equilibrio del poder en el seno del gobierno de una nación.
Dos concepciones sobre los derechos naturales y civiles
Como lo hemos explicado en entregas anteriores, existen contradicciones ideológicas muy grandes entre el neoliberalismo y la social-democracia. Estas contradicciones también se reflejan en el modo mediante el cual se contemplan los derechos naturales y civiles.
Desde la social-democracia, la libertad del individuo tiene como límite la justicia social, donde la justicia social es entendida en términos de igualdad. Por tanto, la social-democracia considera que los derechos naturales y civiles deben encaminarse a garantizar acceso a condiciones mínimas de calidad de vida para todas las personas, como acceso al agua, la alimentación, el trabajo, la salud, la educación, las telecomunicaciones, etc.
Contrariamente, el neoliberalismo considera que la libertad del individuo no puede ser limitada por el Estado y si el Estado la limita, comete una injusticia que atenta en contra de los derechos naturales de las personas. Por lo tanto, el Estado no puede imponerles impuestos a los grandes capitales, porque es una injusticia en contra de los individuos y es la libertad de mercado la única capaz de garantizar la libertad y determinar quién tiene acceso al agua, al alimento, a la salud, la educación, las telecomunicaciones, etc. Es por este motivo que el neoliberalismo es una ideología político-económica que favorece a las y los ricos y cuando las personas de las clases medias y bajas apoyamos estas políticas, actuamos en contra de nuestros propios intereses.
Contexto de la política nacional
En Costa Rica, la visión neoliberal de los derechos naturales y civiles, que podemos llamar en conjunto “derechos humanos”, ha impregnado las altas esferas del gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial. Esto va de la mano con el hecho de que Costa Rica sea uno de los países donde aumenta más la riqueza y paralelamente también aumenta más la desigualdad. Esto se debe a que los principales grupos de poder le apuestan al neoliberalismo como una política económica que les permite actuar en contra del bien común.
Con esto, la teoría del pacto social y del contrato social se ven seriamente debilitadas. En 2019, con la aprobación de la Ley Anti-Huelgas, en Costa Rica se culminó con un proceso de ideologización neoliberal que llevaba años: la criminalización de la protesta social, promovida por la telebasura y sus noticieros neoliberales. No obstante, con la criminalización de la protesta social se le da un duro golpe a la constitución de una democracia costarricense, ya que se imposibilita el derecho legítimo a la resistencia del pueblo, el cual es uno de los cinco aspectos básicos de una democracia occidental. Uno de los principales argumentos mediáticos en contra de este derecho ha sido “la obstrucción de la libertad de tránsito”. O sea, una visión neoliberal que se impone a una visión social-democrática, donde la democracia participativa es ilegal, ya que atenta en contra de la liberta del individuo y la libertad de mercado.
Además, con el actual Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el cual posee 35 inconstitucionalidades, se violenta otro de los aspectos fundamentales de una democracia: la división de poderes, ya que es el MIDEPLAN, una entidad dependiente del Poder Ejecutivo, la que determina el régimen de empleo no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y del Judicial, por no mencionar las corporaciones municipales y las instituciones autónomas.
En síntesis, el neoliberalismo ha venido promoviendo una violación constante de los derechos humanos que garantizas en bien común, mediante la corrupción, el debilitamiento institucional, la tercerización de servicios, el entrabamiento administrativo y la privatización de instituciones públicas que buscan satisfacer las necesidades básicas de la población costarricense. Sin embargo, los grupos de poder, no contentos con esto, han arremetido durante este gobierno contra dos aspectos fundamentales de lo que es una democracia, como lo son: la democracia participativa y la división y el equilibrio de los poderes de la república.
El Sindicato Nacional de Periodistas invita al Foro “Desafíos de la cobertura periodística, en los casos de corrupción de Costa Rica” el día jueves 12 de agosto de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. en modalidad virtual, se contará con la participación de:
Licda. Vilma Ibarra Mata
Licda. Hulda Miranda Picado
M.Sc. Guillermo Acuña González
Dr. Gustavo Róman Jacobo
M.Sc. Luis Sáenz Zumbado
Modera: Dra. Beatriz Pérez Sánchez
Se podrá sintonizar por medio de Facebook Live @sindicato.nacionaldeperiodistas
El pasado 29 de julio diferentes representantes del Consejo Nacional de Producción se reunieron en defensa del Sector Agropecuario.
Según José Oviedo, representante del CNP , este ente se encuentra bajo amenaza de un cierre técnico. Para él, esta situación se debe a que desde 2010 han impulsado la compra de alimentos a favor del sector campesino. Entre sus aportes señala que para este mismo año solo 37 empresas le vendían instituciones del Estado y al día de hoy son 263 las que realizan esto mediante el CNP, siendo principalmente organizaciones de pequeños productores agroalimentarios.
Además, Oviedo considera que los sectores poderosos, transnacionales y empresas grandes como Walmart ,Mayca, entre otras; ven un mercado y tienen una campaña sostenida para quitar a los pequeños productores y vender a precios altos. Asimismo, expresó que esta campaña solo señala aspectos negativos y no destaca producciones de cooperativas, como por ejemplo donde mas de 100 productores venden al país o el caso del Centro Agrícola de Pacayas donde 2000 productores agropecuario tienen la oportunidad de vender al país.
El representante destacó la importancia de otras instituciones como la CCSS y La Fanal y los aportes de la CNP en la construcción de edificaciones de valor agregado. De esta manera, hacen un llamado al Poder Ejecutivo y a Asamblea Legislativa donde expresan que la única oportunidad que poseen es acudir la Comisión Nacional de Emergencias para que no cierren el CNP y dar a conocer la magnitud del desempleo que ser va a generar ante un cierre de la institución.
Por su parte, Célimo Guido, dirigente del Movimiento Rescate Nacional, denuncia que el candidato presidencial José María Figueres ha promovido a Kiko Alfaro como posible Ministro de Agricultura y Ganadería, Alfaro manifestó que rescataría la CNP. Sin embargo, para Guido, fue la fracción del candidato la que aprobó el “Combo fiscal” y la Ley de Regla Fiscal que cerraría al CNP y vendería a un precio bajo La Fanal. De esta forma, considera que son demagogos, charlatanes que han amenazado a ambas instituciones. “No vamos a permitir que terminen con el CNP o La Fanal porque es lo poco que queda de la agricultura en este país”, expresó Guido.
El Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricense del Banano y Afines (SINTRACOBAL) se manifestó ante la transnacional Chiquita Brands por los reiterados atropellos a sus trabajadores indígenas Ngabe Buglé.
Gerardo Iglesias
Muchos de esos trabajadores, empleados de la finca Superamigos, de la región de Sixaola, y afiliados al sindicato, han sido amenazados de despido aduciendo el vencimiento de sus contratos de trabajo.
“Como es bien sabido por la administración de Chiquita Brands, el pasado 19 de enero se firmó en Costa Rica un decreto que reglamenta la Ley 9710 de Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”, apunta el gremio en un comunicado.
En aplicación de ese decreto, desde el 7 de septiembre próximo, oficiales de Migración y Extranjería estarán en Sixaola y zonas vecinas para regularizar la situación de los indígenas transfronterizos y “darle continuidad al proceso de nacionalización de esta población”, dice el texto, dirigido al director de Recursos Humanos de la transnacional, Raúl Gigena Pazos.
Sin embargo, “un número importante de trabajadores bananeros transfronterizos de las fincas ubicadas en Sixaola (…) afiliados a nuestra organización” han recibido cartas de la empresa con “amenazas de despido”, apunta el secretario general del sindicato, Maikol Hernández.
SINTRACOBAL recuerda que desde hace siglos los indígenas que residen en esas zonas del país “se desplazaban en un territorio que no tenía fronteras”.
El decreto gubernamental de enero “les reconoce este derecho histórico y lo institucionaliza, con apego a las normas internacionales y respeto a su cultura y cosmovisión”, pero una compañía privada en los hechos se los niega.
“Resulta un acto inaceptable para nuestra organización sindical que estando a punto estos trabajadores de formalizar su nacionalidad costarricense se les venga ahora a imponer plazos para que presenten un permiso de trabajo porque de lo contrario serán despedidos”, subraya el sindicato.
Y le pide en concreto a Chiquita Brands que deje sin efecto los plazos definidos para los despidos y tome en consideración los esfuerzos institucionales que se realizan en la zona de Sixaola.
