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Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho

El espacio unitario Movimiento Sindical y Social firme en La Lucha convoca a organizaciones sociales, sindicales e institucionales del país al Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho el martes 03 de agosto del 2021 de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Centro Internacional de Convenciones ANDE (CICANDE), en Belén, con el propósito de articular una respuesta del movimiento social costarricense ante las propuestas regresivas de reforma del IVM, del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público y la Agenda Complementaria del Convenio con el FMI.

Alerta roja en Limón

Graves inundaciones y la fuerte lluvia han afectado cientos de familias en la provincia de Limón. Se requiere de su apoyo para atender las necesidades humanitarias más urgentes de las comunidades vulnerables en las zonas mayormente afectadas por la lluvia. Esta campaña es por Sixaola, Talamanca. Las familias que se encuentran en los albergues, pronto volverán a sus hogares y deben reinsertarse en viviendas donde muchas han pedido casi todo, enfrentando además una realidad y una cotidianidad con escasos recursos alimenticios, ropa, financieros, salud entre otros.

Podemos dar el “empujón” para que el proceso sea más seguro, brindando alimentos y ropa. 

Todas las personas son invitadas a colaborar. En Limón, segundo piso de los Caribeños se estará colectando por los próximos días víveres y ropa. Más información en las imágenes adjuntas.

“Muchas gracias a todos quienes con amor, unimos esfuerzos para esta acción solidaria.

Punta Mona Dress your Rights Instituto Socialab para América Latina y el Caribe Adentro The Golf Champions Asociación Estudiantil de Psicología Unibe – AEP Psicología UNIBE”.

Para más información puede ingresar en el siguiente enlace https://www.facebook.com/103091205262309/posts/150405620530867/?d=n

 

Compartido con SURCOS por Maikol Hernández.

Abogada Rosaura Chinchilla: Resoluciones le dificultarían a la Sala IV contradecirse ante consulta sobre Empleo Público

Por Fabiola Pomareda García / Semanario Universidad

Sala Constitucional tiene hasta el 2 de agosto para resolver consultas de constitucionalidad a ley de Empleo Público.

La jueza, investigadora y docente de la UCR, Rosaura Chinchilla Calderón explicó que existen numerosas resoluciones de la Sala Constitucional relacionadas con lo que se cuestiona el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, como la autonomía universitaria y la independencia del Poder Judicial, y que por eso sería difícil que la Sala emita una resolución que contradiga sus propios pronunciamientos jurídicos.

UNIVERSIDAD entrevistó a Chinchilla sobre la futura resolución de la Sala Constitucional de calas consultas de constitucionalidad presentadas por diputados y por la Corte Suprema de Justicia al proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

En su más reciente artículo “Una reforma estatal encubierta”, la jurista señaló que “el citado proyecto de ley representa el riesgo más profundo que ha tenido nuestra maltrecha institucionalidad democrática en lo que va de su longeva existencia”.

En el cierre de dicho texto, Chinchilla escribió que “un estricto análisis técnico, siguiendo la jerarquía de fuentes del ordenamiento jurídico e, inclusive, partiendo de los mismos antecedentes jurisprudenciales del órgano encargado de ello, implicará, a no dudarlo, una declaratoria de inconstitucionalidad.

En entrevista con UNIVERSIDAD, la jurista analizó este tema.

-¿Está en riesgo la legitimidad de la Sala Constitucional ante la decisión que tiene que emitir con respecto a las consultas de constitucionalidad de la Ley Marco de Empleo Público?

“Sí, en realidad el tema es muy obvio, en la medida en que existen normas constitucionales expresas y han habido pronunciamientos de diferentes integraciones de la Sala Constitucional sobre temas, como por ejemplo, la autonomía universitaria y la independencia judicial, que son dos de los cuales se ven afectados y que han tenido pronunciamientos de diferentes integraciones de la Sala Constitucional en tiempos anteriores. Entonces la decisión es muy obvia, me parece a mí, por las implicaciones que tiene el proyecto en estas instituciones”.

-Las consultas de constitucionalidad que se presentaron argumentan que le corresponde a la Sala garantizar la continuidad del Estado social y democrático y la supremacía de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política y en convenios internacionales. ¿Qué otro camino le quedaría a quienes presentaron estas consultas si la Sala no se pronuncia en contra de esos vicios del proyecto?

“Bueno, a nivel interno se agotaría prácticamente, por lo menos a nivel constitucional, cualquier litigio. Específicamente las personas que resulten perjudicadas, de instituciones afectadas, podrían recurrir a la vía contencioso administrativa. Pero a nivel externo se abre un abanico de posibilidades, pero es un camino largo. Tampoco vamos a decir que es un camino ni fácil, ni corto, ni rápido; es un camino largo, difícil y bastante empinado, de acudir a organismos internacionales, sobre todo en el caso de la independencia del Poder Judicial, en que sí hay pronunciamientos de instituciones extranjeras, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y que se han referido en el caso del Poder Judicial, por los alcances de la independencia judicial. En el caso de las otras autonomías, como la municipal, la de las instituciones autónomas y la universitaria, es muchísimo más difícil la situación, a falta de ese tipo de convenios internacionales”.

-Entonces en el caso de la Corte Suprema de Justicia, que alertó que el proyecto es una regresión en la independencia de poderes, ¿podría tener más posibilidades?

“Podría tener más posibilidades de hacer litigios estratégicos a nivel internacional, establecer qué actos en particular de la Asamblea Legislativa violentan tratados internacionales; en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las disposiciones que tienen referencia a la independencia judicial sí es posible hacerlo en tribunales internacionales. No es un recurso adicional a lo que resuelva la Sala; es un medio totalmente diferente, pero puede dejar sin efecto lo que indique la Sala Constitucional, como ocurriera por ejemplo en la fecundación in vitro, que la Sala dijo una cosa y la Corte Interamericana le enmienda la página. Pero uno esperaría que realmente ese no sea el escenario. Primero, los vicios son muy obvios; segundo, los antecedentes jurisprudenciales de diferentes integraciones del tribunal Constitucional también han sido reiterados, lo cual le va a dificultar más a la integración actual apartarse de sus propios precedentes; y en tercer lugar, existen estos argumentos efectistas como el tema de la crisis fiscal, de la protección de ciertos principios económicos abstractos. En algún momento la Sala Constitucional hizo eco de ellos al votar el tema del plan fiscal; pero vio que los límites que ella misma impuso a lo interno de su resolución, el poder estatal no los quiso acatar y se vieron las pugnas; por ejemplo, entre Contraloría y Poder Judicial, entre Contraloría y universidades y está eso todavía en discusión en sede constitucional. Entonces creo, o quisiera pensar así, que ese antecedente va a implicar que la Sala va a ser más cauta en no comprarse argumentos efectistas y darse cuenta de las implicaciones que tiene el no hacer un estricto análisis jurídico en ese caso”.

La profesora y abogada Rosaura Chinchilla Calderón es licenciada en derecho y notaria pública, Máster en Ciencias Penales y egresada del doctorado en Estudios Latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano, Universidad Nacional. Es jueza en materia penal desde 1992, consultora internacional, y ha recibido los Premios Alberto Brenes Córdoba del Colegio de Abogados y Abogadas 2002; Ulises Odio Santos del Poder Judicial 2008; y Emilia Solera 2016 de la Asociación Costarricense de la Judicatura por su trayectoria académica.

El proyecto de Ley Marco de Empleo Público fue aprobado en primer debate el 17 de junio, con 32 votos.

La Sala Constitucional tiene hasta el 2 de agosto para definir si las consultas de constitucionalidad presentadas cumplen o no con los requisitos para ser evacuadas, lo que se resolverá junto con la sentencia sobre las consultas -opinión consultiva-.

En total se presentaron cuatro consultas de constitucionalidad sobre el proyecto de ley. El Tribunal acumuló las consultas tramitadas bajos los expedientes 21-011915-0007-CO (Diputado Pablo Heriberto Abarca y otros), 21-012118-0007-CO (Diputado Roberto Thompson y otros) y 21-012714-0007-CO (Corte Suprema de Justicia), a la consulta 21-011713-0007-CO (Diputado José María Villalta y otros), en vista de que esta fue la primera en ser presentada, se informó.

 

Foto: La abogada Rosaura Chinchilla. (Foto: Archivo/Semanario Universidad).

Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/abogada-explico-que-jurisprudencia-le-dificultaria-a-la-sala-iv-contradecirse-en-su-resolucion-sobre-empleo-publico/

La persistente insensibilidad de Dole

Cándido Amador Espinoza tiene años trabajando en chapia en Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, subsidiaria de Standard Fruit Company | Dole. El pasado fin de semana fue internado en el hospital, después de que la empresa se rehusara a aplicar las medidas médicas señaladas por el seguro social para preservar su salud.

Giorgio Trucchi / Con Obeth Morales

Don Cándido viene padeciendo de problemas del corazón y solicitamos a la empresa su traslado a otra área de trabajo. Lamentablemente el procedimiento es muy largo y engorroso y la empresa no hace nada para agilizarlo, más si eres del sindicato”, dijo Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa).

Agroindustrial Piñas del Bosque (Dole) acostumbra solicitar una certificación médica del especialista que está atendiendo al trabajador en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se indique cuáles son las restricciones médicas, por cuanto tiempo y qué tipo de labores puede desempeñar.

“Obviamente el especialista sólo puede indicar los padecimientos del trabajador y pide que sea el doctor de la empresa a decidir qué labores puede hacer. De hecho lo que ocurre es que todo se vuelve muy engorroso y pasan meses antes de la reubicación”, manifestó Morales.

En el caso de Cándido Amador, su padecimiento cardíaco está relacionado con una intoxicación con agrotóxicos sufrida en los piñales de Dole.

Tuvo que ser internado en varias oportunidades, sin embargo la empresa nunca hizo efectiva su reubicación, y Cándido sigue expuesto a los efectos de las fumigaciones y a recaídas.

Además, chapear (desmalezar) es una labor muy pesada y esto empeora su condición.

El directivo sindical explicó a La Rel que hay varios compañeros que sufren situaciones muy similares.

Javier Zúniga, con graves problemas de la columna, tiene dos meses esperando que lo reubiquen. También tenemos a Oscar, Hilda y muchos más que sufren de desgaste en las articulaciones y la empresa no actúa

Mientras tanto los tienen haciendo cualquier tipo de labor, desatendiendo las restricciones médicas. Esto es vergonzoso”, dijo Morales.

Hostigamiento, acoso y represión laboral

Una situación que por un lado evidencia la persistente insensibilidad de Dole y la crueldad de su sistema de relaciones laborales y, por el otro, demuestra la absoluta ineficiencia y complicidad de las autoridades costarricenses.

“El año pasado realizamos una reunión tripartita a la que también participó la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentrag) y la Rel-UITA.

Presentamos una lista de los padecimientos y enfermedades que sufren trabajadores y trabajadoras, pero al final la empresa no quiso establecer un procedimiento expedito para atender los asuntos de salud.

Las autoridades se quedaron calladas y lo poco que acordamos no sirvió para nada. Los problemas siguieron iguales o hasta peores”, aseveró el secretario general del Sinatraa.

Para él, tanto el caso de Cándido Amador como el de muchos otros compañeros enfermos tienen también profundos rasgos antisindicales.

“Todos son afiliados al sindicato y les ‘cobran’ las luchas que han emprendido en estos años en defensa de los derechos laborales y sindicales.

Recientemente, por haber exigido que se les brindara el transporte para llegar a los lugares de trabajo, la empresa ha desencadenado una fuerte represalia.

Hostigamiento, acoso y represión laboral sólo son algunas de las formas sistematizadas de persecución antisindical “, concluyó Morales.

 

Foto: Cándido Amador (archivo personal).

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/la-persistente-insensibilidad-dole/

UCR, Voz experta: Los nuevos muros de la pandemia son las brechas de la inmunización

Por: Jenyel Contreras Guzmán, Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. Docente en la Escuela de Sociología, e investigadora en el PROSIC-UCR.

Deseo dedicar este breve espacio a puntualizar algunos de los principales dilemas éticos y políticos que se presentan de cara a las recientes estrategias de “reactivación económica” y de “retorno a la normalidad pre-covid”, en particular el “turismo de vacunas” y el “pasaporte de vacuna”.

La idea del establecimiento de un pasaporte de vacunas (Certificado Verde Digital de Vacunación o CVD) surgió como una propuesta de los países miembros de la Unión Europea (UE)1 a inicios de este año, previo a la temporada de verano en dicha región, como una forma de garantizar que las personas ciudadanas de la UE y sus familias puedan viajar con seguridad y el mínimo de restricciones2. El mismo ya fue aprobado por la Comisión Europea y se encuentra en proceso de trámite legislativo, y de la puesta en marcha de un mecanismo informático para que sea posible su emisión y lectura en todos los países de la UE antes de entrar en vigor en junio próximo.

Israel desde el pasado mes de febrero ha empezado a implementar el Green Pass, un documento que se puede descargar y llevar en el celular y que indica que la persona ya está inmunizada y puede acceder a distintos comercios y actividades3. En Estados Unidos se analizan 17 propuestas para la confección de su propio pasaporte, siendo que el estado de Nueva York ya cuenta con el suyo (Excelsior Pass)4 desde el pasado mes de marzo, y es utilizado para poder acceder a eventos en establecimientos de gran capacidad como estadios o conciertos. Fue desarrollado en conjunto con IBM y combina una aplicación de billetera de Smartphone con un escáner de códigos QR5.

Chile por su parte, se convirtió en el primer país latinoamericano en implementar el pasaporte, el pasado mes de junio y Costa Rica a su vez, analiza la posibilidad de desarrollar un pasaporte sanitario en esta misma línea, propuesta que se discutió en el marco de una reunión de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica6. Poco a poco se van incorporan más países en la discusión y en el establecimiento de dicha medida.

Igualmente, el turismo de vacunas se ha popularizado en lugares como Maldivas, Rusia, Serbia, Cuba, Alaska, Dubái y Estados Unidos7, que ofrecen la posibilidad de vacunarse y vacacionar al mismo tiempo. Para el caso de Costa Rica, Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de la “vacunación flexible”, ya más de mil costarricenses han comprado paquetes de viaje que van desde los $800 a los $1.200 y cubren hospedaje, cita y traslado, entre otros. Se estima, que mediante los operadores de viaje saldrán entre 5 mil y 10 mil costarricense más en los próximos meses8.

Pero ¿Cuáles son los dilemas éticos y políticos que estas dos estrategias plantean? Acá, algunas breves reflexiones al respecto:

El turismo de salud o el turismo médico, no es un fenómeno nuevo, es una actividad altamente lucrativa en la que Costa Rica se posiciona como destino, y que para el año 2017 se estimó una ganancia aproximada de $437 millones9, orientada mayormente al sector privado de la salud. Esta práctica es a su vez la manifestación de las desigualdades en el acceso al derecho fundamental de la salud, y por ende al resguardo de la vida, en donde quienes cuentan con los recursos económicos pueden acceder a ella más allá de las fronteras nacionales. Esta lógica de monetización de la salud refuerza barreras de exclusión hacia poblaciones históricamente relegadas del acceso a servicios básicos y de atención primaria, así como al tratamiento de enfermedades crónicas y demás padecimientos. Situación que vimos agravada con las primeras fases de la pandemia en donde en países como Estados Unidos la mortalidad de personas afroestadounidenses y migrantes (particularmente hispanas) en estados como Nueva York representaron hasta el 35% de los fallecimientos debido entre otros aspectos, al nulo acceso a los servicios de salud.

Esta privatización del acceso a la salud, en el contexto de la pandemia, plantea una discusión ética sobre el acceso global a los mecanismos de inmunización, que resulten eficaces y de calidad. No se trata ya sólo de preguntar quiénes tienen acceso a la vacuna, sino además a cuál vacuna tienen acceso y quiénes. El tema de la eficacia no es cosa menor, ya que en las 9 vacunas (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Jonhson&Jonhson, Sputnik V, CoronaVac-Sinovac, Novavax, Sinopharm, Cansino Biologics) listas o en fase de ensayo clínico existe una variación de efectividad del 66% al 91%. Así por ejemplo en la UE, y para efectos del CVD las vacunas rusas y chinas no son aceptadas como mecanismo eficaces de inmunización, por lo que las personas que hayan accedido a ellas aún deberán cumplir con la cuarentena obligatoria.

La situación se complejiza aún más si analizamos la distribución de las vacunas a nivel global, en donde lo que domina es una distribución desigual de las vacunas entre países pobres y ricos, ya que estos últimos acaparan el 99% de las dosis11, muchas de ellas compradas previo al inicio de su producción. En este sentido, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha indicado que el país ha hecho 21 intentos por adquirir nuevas dosis de la vacuna con diferentes farmacéuticas, y que muchas han señalado tener toda su producción comprometida hasta el 202212. Situación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como un “fracaso moral catastrófico” 13.

Frente a este panorama diversos sectores han planteado la necesidad de establecer al menos dos acciones puntuales: 1. La creación de un fondo solidario de vacunas efectivo para el acceso de las regiones, países y poblaciones más vulnerables (en este sentido COVAX no ha logrado cumplir su cometido, particularmente debido a la falta de voluntad política y económica de farmacéuticas y de países ricos), y 2. La liberación de las patentes de las vacunas, que posibilite una mayor producción de las mismas (proceso que ha sido entorpecido por las mismas razones que en la acción 1).

Nos encontramos de esta forma frente a una lógica perversa y necropolítica, en donde por un lado sabemos que el acceso a la vacuna es limitado y desigual, pero a su vez es posible ir a comprar “los excesos” o “reservas” de vacunas a los países que las han acaparado, e independientemente de si esas “reservas” existen debido a la negativa o falta de confianza de algunos sectores de la población para vacunarse14, el problema de fondo continua siendo que indiscutiblemente, en esos mismos países, existen importantes sectores de la población que no han sido contemplados en los esquemas de inmunización, tal es el caso de las personas migrantes irregulares. Los datos sobre la vacunación de este tipo de poblaciones son difíciles de rastrear. De modo que nos enfrentamos a la paradoja de la escasez para unos y de los “excesos” para otros sectores de la sociedad.

Nos encontramos de esta forma frente a una polarización social de larga data, “nosotros los turistas” y “los otros los migrantes”. No de casualidad las fronteras que han sido abiertas en mayor medida son las aéreas. Contradictoriamente, el virus alcanzó su condición de pandemia gracias a los vuelos de turismo internacional. Este tipo de situación ha significado un recrudecimiento de prácticas y discursos discriminatorios, xenofóbicos y excluyentes, ya no solo son migrantes sino además migrantes enfermos. Recordemos, por ejemplo, la donación de vacunas del gobierno de Joe Biden a México, como parte de un acuerdo15 para frenar la migración en la frontera sur de los Estados Unidos.

Esta polarización nos habla también de quiénes son “aptos” para la inmunización y quiénes no, y más aún quiénes tiene posibilidad de retomar su vida de movilidad y sociabilidad pre-pandémica y quiénes deberán continuar relegados al confinamiento, y ahora a adicionales formas de exclusión.

Finalmente, dos elementos poco discutidos dentro de esta lógica de habilitación del turismo vía pasaporte de vacuna, tienen que ver con: 1. El control de la información y las ganancias de las empresas que desarrollen las plataformas para el funcionamiento de los pasaportes, Cambridge Analytica, Facebook y sus plataformas asociadas son un breve recordatorio, y 2. La necesidad de estudiar las posibles implicaciones de delegar en los sistemas sanitarios, farmacéuticas y empresas privadas una suerte del control de las movilidades de las personas en la vida cotidiana y en el traslado internacional.

1 Se busca incluir en dicha propuesta a países como Noruega, Islandia y Suiza, países que no se encuentran dentro de la UE.
2 www.bbc.com/mundo/noticias
3 www.nytimes.com/es/2021/04/06/
4 www.hosteltur.com/lat/143341
5www.larepublica.net/noticia1
6www.larepublica.net/noticia2
7hosteltur.com/143654
8 www.larepublica.net/noticia3
9www.nacion.com/economia/negocios/turismo-medico-genero-ingresos
11 www.msf.es/actualidad/los-paises-ricos-acaparan-mas-99-
12delfino.cr/2021/05/salud-registra-21-acercamientos-para-
13 https://www.bbc.com/mundo/noticias-55911364
14 www.ngenespanol.com/traveler/turismo-de-vacunas
15 www.washingtonpost.com/es/national-security/2021/03/19/

 

M.Sc. Jenyel Contreras Guzmán
Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. Docente en la Escuela de Sociología, e investigadora en el PROSIC-UCR.

Serie: Mujeres indígenas recuperadoras de tierra 3

La ley 6172, ley indígena, se refiere a la creación de los Territorios y su reglamentación definiendo en su artículo 3 que: 

“Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso (…)”.

Pese a ello, continúan dándose usurpaciones de tierra por parte de grandes terratenientes, pequeños propietarios o inclusive empresas que llevan a las personas indígenas a tener enfrentamientos por la defensa de sus territorios.

Esta es la tercera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Mujeres indígenas recuperadoras de tierra. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Imagen de portada: UCR.

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Sala Constitucional acoge Recurso de Amparo contra el Paraquat y el Diquat

  • Ministerio de Salud y Ambiente esconden información que demuestra que el Paraquat debe ser sacado del mercado nacional

  • Ecologistas abogan por la prohibición total de plaguicidas de la “docena sucia”

(San José, 26/07/2021) La Red de Coordinación en Biodiversidad ha interpuesto un Recurso de Amparo para proteger la salud humana, animal y ambiental en contra de la contaminación con Paraquat (comercialmente conocido como Gramuxone) y el Diquat. Ambos herbicidas altamente tóxicos y persistentes en suelos, agua y bioacumulador. Para el ser humano el paraquat afecta seriamente los pulmones con efectos agudos y crónicos irreversibles, además de ser uno de los agrotóxicos perteneciente a la Docena Sucia según la Pesticide Acción Network Internacional (PAN).

Es contradictorio que desde al menos hace tres años funcionarios técnicos del MAG, MS, Minae y MTSS advirtieron sobre el grave peligro que representa el herbicida paraquat, pero a la fecha los altos jerarcas se han negado a sacarlo del mercado. En julio de 2018 estas entidades publicaron el exhaustivo y detallado informe técnico-científico “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”. El informe de los cuatro ministerios concluye que:

“De acuerdo con la información compilada sobre las propiedades del paraquat, reflejan preocupaciones sobre los efectos que se generan sobre el ambiente por el uso de este producto como herbicida. Por ejemplo, la contaminación de aguas subterráneas y del suelo, así como la muerte de organismos que son la base de la cadena trófica, lo cual desestabiliza el equilibrio natural de los ecosistemas. A esto se suma la preocupación por el uso que se da del herbicida en el campo como desecante con lo que es muy probable que se produzcan dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas tanto para humanos como para otros seres vivos. … Por su parte, por la alta incidencia y gravedad de las intoxicaciones reportadas al Ministerio de Salud y al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (CCSS), se recomienda la prohibición del plaguicida paraquat en sus distintas formulaciones. Asimismo, se considera de importancia eliminar de raíz la posibilidad de éxito de las intoxicaciones por intento de suicidio, las que representan entre los años 2012-2016 más de un 50% del total. Dicho impacto sólo puede ser logrado mediante la prohibición absoluta, eliminando la disponibilidad de este producto, que a pesar de ser regulado por receta profesional, se abre camino para presentar dichos riesgos.”

Por su parte el otro herbicida cuestionado, el Diquat, fue registrado de forma irregular por el MAG. Así lo confirmó el Departamento de Gestión de la Calidad Ambiental. Debido a que MAG complació a la Cámara de Productores Piñeros (CANAPEP) para que le dieran permiso de sus empresas de importar y al aplicar de forma desmedida DIQUAT como desecante en sus campos, en dosis 4 veces lo recomendado. Este herbicida es altamente tóxico y afecta de manera agresiva a seres humanos abejas y animales acuáticos. MAG emitió permiso sin el visto bueno del Ministerio de Salud ni el Ministerio de Ambiente y Energía. Pero además el permiso del Diquat se otorgó sin mediar criterio técnico.

En este momento son los magistrados y las magistradas de la Sala Constitucional quienes evaluarán si la inacción por parte del Ministerio de Salud violenta su mandato básico de proteger la salud pública. Mientras no se haga efectivo este decreto de prohibición, se continuarán incumpliendo la Constitución Política en los artículos 21 (“La vida humana es inviolable”), el artículo 46 (“… Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad…”) y el artículo 50 (Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.), así como el Principio Indubio ProNatura, también conocido como Principio Precautorio.

Desde la Red de Coordinación en Biodiversidad hacemos nuestras las palabras del científico argentino el Dr. Andrés Carrasco (1946-2014) “Cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva… No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública.”

Se encuentra adjunto el Recurso de Amparo interpuesto por la presidenta de la Red de coordinación en biodiversidad (RCB) contra la/os jerarcas de los ministerios de salud, agricultura y ganadería y trabajo y seguridad social.

 

Compartido con SURCOS por Henry Picado.

Programa Alternativas: Bolivia ¿plan Cóndor 2.0?

El programa radial Alternativas transmitió el pasado viernes 23 de julio la segunda parte de su programa enfocado en Bolivia. El espacio se tituló: Bolivia ¿plan Cóndor 2.0?y abarcó temas como la descripción de la población boliviana, su gobierno y la vulneración de Derechos Humanos en el país, entre otros.

El programa contó con la participación de: 

-Teresa Subieta, activista y ex presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.

-Jaime Quiróga, encargado de negocios a.i Embajada de Bolivia en Costa Rica.

Puede ver el programa completo haciendo click aquí

Invitación a ser parte del Mapeo de Agroecologías en Puerto Jiménez

Escuelitas Agroecológicas Itinerantes SUR-SUR extiende la invitación a ser parte del mapeo colectivo de agroecologías en Puerto Jiménez.  

El objetivo es generar un encuentro y tejer redes que fortalezcan las prácticas agroecológicas. Así como el deseo de transicionar a prácticas más solidarias y amigables con el medio ambiente y la comunidad desde el trabajo colectivo.

La primera reunión será este miércoles 28 de julio 2021 a las 2 p.m. en el Salón Comunal de Puerto Jiménez.

 

Imagen de portada ilustrativa.

Colegio Indígena Yímba Cájc celebró los 197 años de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica

Por Uriel Rojas

Este viernes 23 de julio el Colegio Indígena Yímba Cájc, situado en Rey Curré de Buenos Aires, celebró con mucha alegría el 197 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a nuestro país.

Los docentes de esta institución se las ingeniaron para ofrecer un menú repleto de actividades muy acordes a esta importante y valiosa fecha histórica.

Actos cívicos, reseñas conmemorativas, ricos sabores de la diversa gastronomía pampera, música al ritmo de marimba, retahílas y guipipías, formaron parte de esta linda actividad que resaltó el invaluable aporte de la guanacastequidad a la identidad pluricultural de Costa Rica.

 

Fotografías: Colegio Indígena Yímba Cájc.

Esta información fue compartida a SURCOS por Uriel Rojas