La pequeña producción en general y la agrícola es altamente vulnerable a los efectos de crisis económicas, de la pandemia, situaciones de impacto ambiental, pobreza.
No obstante, los diferentes esfuerzos que realizaron en los últimos años, las organizaciones gremiales y de la sociedad civil, los pequeños productores no son prioridad en las políticas públicas, ni el accionar de las instituciones.
La agricultura campesina, a pesar de arrastrar una situación crítica desde antes de la pandemia y la situación de temor general de la llegada del virus a las comunidades, se ha continuado con la producción de alimentos que consumen las familias en zonas rurales y en lo urbana acudiendo a pequeñas huertas, confirmando el papel vital que desempeña en la seguridad alimentaria en las comunidades.
La pandemia está generando serias dificultades para la producción, mercados afectados por las restricciones sanitarias, cierre temporal de espacios comercialización o desaparición de algunos, caída en el consumo, niveles de pobreza y desempleo en aumento, por ende, la comercialización de los productos de la agricultura, viéndose afectados de forma particular los circuitos cortos de comercio.
Para responder a esta situación y defender los sistemas alimentarios, la productividad local, las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y comunitaria están tratando de generar alternativas; estas iniciativas incluyen la elaboración de protocolos de sanitarios propios en los espacios de mercado, priorización del abastecimiento alimentario e incidencia en sus territorios para lograr que se mantengan las formas de producción y comercialización alternativas para llegar a los mercados territoriales y locales.
A toda esta situación se suma las políticas económicas que la actual administración ha tomado para superar las crisis económicas vivimos, ejemplo políticas fiscales que meten en mismo saco a grandes empresas y pequeñas donde estas últimas difícilmente pueden adaptarse dado los costos de implementar los requerimientos, normativas y no contar con políticas diferenciadas de atención, más bien los pocos programas que se tenían han sido suspendidos por las restricciones a raíz de la pandemia.
Concluimos en la urgente reflexión y reafirmación de lo que vivimos y entendemos como Economía Solidaria, de reforzar nuestras economías territoriales, obligados a defendernos, nos sentimos moral y políticamente responsables del futuro de nuestras familias.
Reflexión compartida con SURCOS por Carlos Hernández Porras.
Este lunes 07 de junio a las 5:00 pm se difundirá el programa “Orden del Día: El juzgamiento penal del poder en Costa Rica”. La transmisión será por Facebook Live en las redes de Radio Universidad de Costa Rica 96.7 o bien, se puede escuchar por 96.7 Radio Universidad.
Este foro analizará los proyectos en la corriente legislativa y sus implicaciones en el Estado Constitucional de Derecho y los Derechos Humanos.
Además, en este busca abordar la reforma al Código Procesal Penal de 1998 que trasladó el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes (diputadas/os, ministras/os, presidencia de la República y de las magistraturas de la Sala III.
Este diseño legislativo se hizo en un momento en que solo existía la casación (que se dispuso ante Corte Plena).
Luego de los ajustes realizados que introdujeron la apelación de sentencia, la arquitectura judicial en esta materia agudizó los problemas que presentaba pues:
a) por un lado, quienes detentan el poder serían juzgados penalmente por un número de jueces/ezas superior a cualquier persona pues para esta intervienen unos 11 jueces (considerando 3 de juicio, 3 de apelación y 5 de casación), pero para aquellos intervienen 47 (5 de juicio, 22 de apelación y 22 de casación).
b) por otro lado, diputados y diputadas son los únicos que pueden escoger a sus jueces/ezas mediante el nombramiento de las magistraturas, sistema de nombramiento que, se ha dicho ya, no cumple con estándares objetivos para las designaciones y propicia la puerta giratoria (es decir, el pasar de un puesto público a otro). Este sistema representa un grave riesgo y puede propiciar afectaciones a la objetividad y pureza del juzgamiento.
Para analizar el sistema actual y los proyectos de ley de reforma al Código Procesal Penal en materia de funcionarios protegidos se contará con la participación de los siguientes invitados:
Ronald Cortes Coto, exjuez y exmagistrado suplente de la Sala IV.
Jorge Alberto Obando Sancho, especialista en reforma judicial y fortalecimiento del Estado de Derecho. Profesor de derecho constitucional, UCR.
Moderan y conducen:
Giselle Boza Solano, Abogada, comunicadora y coordinadora del PROLEDI-UCR.
Rosaura Chinchilla Calderón, Abogada y docente de la Facultad de Derecho, UCR.
El Consejo Universitario de la UNA se pronunció en contra de toda forma de discriminación hacia las poblaciones trabajadoras migrantes. Dando importancia al papel de la población migrante en la economía costarricense y la necesidad de gestionar políticas públicas a favor de esta población.
Según los datos del pronunciamiento la población trabajadora migrante genera un impacto positivo en la economía nacional, el cual se estima en un 12%, según lo establece el documento Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018. Además, las relaciones poblacionales han generado un conjunto de experiencias familiares binacionales y un recurso social y cultural para el desarrollo del país.
Debido a la situación de la pandemia del COVID-19 el contexto económico y social que atraviesa el país ha generado un 18,5%1 de desempleo, lo que incluye tanto a nacionales como a migrantes, situación que debe ser un tema de especial atención por parte de la presidencia de la República.
El decreto n.° 42766-MGP-S-MAG, establece el procedimiento de ingreso, documentación y permanencia legal de las personas extranjeras bajo la categoría especial de personas trabajadoras temporales para laborar en el sector agrícola en el marco del estado de emergencia nacional por COVID-19.
Este documento destaca que los sectores agropecuario, agroindustrial y agroexportador han manifestado su preocupación por la carencia o insuficiencia de mano de obra nacional o residente en el país y en consecuencia, se ha dejado un vacío muy grande en ese sector de la economía del país. […]
Para atender la necesidad de mano de obra para la actividad productiva agrícola, se suscribió el Convenio Binacional entre los Estados de Costa Rica y Nicaragua, con el objetivo de regular los aspectos de contratación temporal de personas trabajadoras del país vecino para las actividades agrícolas en territorio nacional.
Entre los acuerdos de la sesión están:
-Destacar la importancia de la población trabajadora migrante en la sociedad costarricense y su contribución a la economía nacional.
-Rechazar toda forma de discriminación en contra de la población migrante específica.
Además, se solicita al gobierno:
-Generar acciones específicas y mecanismos efectivas para la formulación y ejecución de políticas públicas enfatizadas a la no discriminación y la deposición de discursos discriminatorios en contra de poblaciones migrantes trabajadoras.
-Formular políticas de reactivación económica que reconozcan a la población migrante trabajadora como parte intrínseca del modelo de crecimiento y desarrollo económico del país.
-Generar espacios de diálogo social con la participación plena de las organizaciones de empleadores y trabajadores para la definición de medidas integrales cuya finalidad sea combatir la crisis actual y que contemplen la participación de la población trabajadora migrante.
Cabe mencionar que en 2020 el Consejo Académico del Instituto de Estudios de la Población (Idespo), mediante el acuerdo UNA-CO-IDESPO-ACUE-133-2020, argumentaba sobre la reivindicación de las poblaciones trabajadoras migrantes en el país, al respecto destacaba la importancia de:
-Invitar a profundizar en el conocimiento de las causas de la migración que ingresa a Costa Rica con fines sociolaborales a través de la historia del país.
-Reconocer la característica de segmentación laboral de la sociedad costarricense que produce una inserción histórica específica y diferenciada de población trabajadora migrante en sectores acotados de la economía nacional.
-Invitar a las poblaciones que viven en Costa Rica a desarrollar acciones de solidaridad , empatía y compañía para contender de forma colectiva los efectos de la crisis sanitaria experimentada en la actualidad.
Información resumida del acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo VI, inciso I, de la sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2021, acta no 4017.
Información compartida con SURCOS por el Departamento de Comunicación UNA
Infinito Gold demandó a Costa Rica por US$400 millones. El tribunal internacional les rechazó la demanda.
Con la resolución arbitral (CIADI) Industrias Infinito queda fuera. Y además, como se prohibió el otorgamiento de nuevas concesiones para la minería metálica, ninguna empresa privada podría siquiera presentar una solicitud. Por otro lado, como es un bien demanial del Estado, el mismo NO requiere tramitar concesión alguna para sí mismo, y por tanto podría explotar ese oro que se están robando. Por ello, proponemos que se explote el oro de Crucitas, y que con él (unos US$133 millones anuales) se desarrolle un sistema hospitalario que hemos denominado HOSPITAL DEL ORO, orientado exclusivamente para la atención de los ciudadanos de oro. Hoy tenemos cerca de 700.000, y en menos de 30 años serán cerca de 1.200.000. Viejitos y viejitas que no son atendidos, por falta de recursos, como lo merecen en el sistema hospitalario de la Caja. Si antes de la pandemia ya ocupaban el 65% de los espacios en Ebais y hospitales, mañana será muy tarde si no acudimos en su auxilio hoy.
Finalmente, vacunado con la primera dosis se comienza uno a sentir medianamente más tranquilo, sin aflojar en ninguna de las medidas. Esto es de vida o muerte.
Pero la vacunación no solamente es ese momento de aplicación.
En los años 40 del siglo pasado, fruto de importantes movilizaciones sociales, nuestro país fue desarrollando un vigoroso modelo de seguridad social que nos cobija hasta el presente; así que mi agradecimiento a mis abuelos, a Manuel Mora, a Carmen Lyra, a Calufa, a Luisa González, a Calderón Guardia, a Monseñor Sanabria, a los miles de mujeres y hombres que materializaron la institucionalidad pública que hoy tenemos y que ha sido clave para atender a la población en esta compleja coyuntura. A casi 80 años de esas conquistas, aquella generación ni se imaginaba que la semilla que estaban sembrando, sería un día fundamental para atender esta pandemia.
Mi agradecimiento sincero también a personas como Mario Devandas o Marita Arce, entre otros miles de personas, que fueron claves para que la Caja Costarricense del Seguro Social no fuera privatizada por los intereses de la burguesía neoliberal costarricense.
Honrar la memoria de quienes no llegaron a esta etapa de vacunación, son casi 4 mil las personas muertas; mi solidaridad con los otros miles que padecen de COVID-19 largo y que posiblemente nunca lo superen.
Mi indignación absoluta para con aquellos políticos y cámaras empresariales que nunca pensaron en clave de solidaridad y si de voracidad; poco les importó el valor de la vida humana, prefirieron ver a empleados y clientes contagiarse, antes que perder la oportunidad de llevarse un colón a la bolsa. A ellos le debemos buena parte de esa tragedia que vive nuestra sociedad.
El pasado miércoles 02 de junio del 2021 la seccional de jubilados del SINDEU UCR llevo a cabo un conversatorio, en el cual se desarrolló el tema: Pensiones de la C.C.S.S. y del Magisterio Nacional
Se contó con la participación de:
Antonieta Fernández, Frente Nacional Seguridad Nacional (FRENASS).
Yamilette Jenkins, Asociación Jubilados en Acción.
Ana Cecilia Jiménez, Presidenta ACODEHU.
Israel Pacheco, Vicepresidente JUPEMA.
José Antonio Segura, Director Pensiones JUPEMA.
Jorge Coronado, Representante BUSSCO y Asesor LATTINDAD.
Colectivo de Solidaridad con el pueblo de Honduras exige castigo y juzgamiento a los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres, líder indigena, activista ambiental y social, defensora de los Derechos Humanos del pueblo lenca y de la Madre Tierra, fue asesinada el pasado 3 de marzo de 2016 en Intibuca, La Esperanza, Honduras. Este colectivo se une al llamado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras-CPINH.
Días anteriores en el Palacio de los Deportes, Heredia, se proyectó una serie de textos en la parte principal de dicho edificio, en donde se mencionaba frases como “APM Terminals es muerte”, “Jairo Mora Justicia”, “Estado y fiscalía complice”, “8 años sin Jairo Mora”, “Acuerdo de Escazú ya”.
Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) presentan un informe final sobre las condiciones sociolaborales de las personas docentes en el contexto de pandemia y las implicaciones que esta situación tiene en la salud integral de las personas.
Existe la necesidad de conocer cómo se encuentran las condiciones sociolaborales y la salud integral de las personas docentes de cara a la crisis causada por el COVID-19, ante este escenario, el presente estudio busca responder a la interrogante: ¿Cuáles son las condiciones socio laborales de las personas docentes del MEP y las implicaciones en su salud integral en el contexto de COVID-19?
Esta investigación, se aborda desde el enfoque de Derechos Humanos y Género y se entiende la salud integral desde los determinantes sociales de la salud y la complejidad; mediante una estrategia metodológica de enfoque mixto, donde se triangula información obtenida de un cuestionario y de entrevistas grupales e individuales, cuyos participantes fueron personas afiliadas a la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE).
Los resultados apuntan a un detrimento de las condiciones sociolaborales de la población a lo largo del periodo de educación a distancia, que contribuyen a un agotamiento laboral por parte de la población participante.
Así mismo, se identifica una insatisfacción con el proceso de mediación pedagógica a distancia y los cambios que ha significado para el vínculo docentes-estudiantes y docentes familia-comunidad, que ha repercutido en el impacto a la salud integral de las personas docentes, particularmente, en lo que refiere a la salud mental y emocional.
El estudio concluye que la salud integral de la población docente se ha visto afectada en relación con la pandemia y aún más con las condiciones sociolaborales, al considerar que se identifican una serie de factores estructurales que ponen en riesgo el acceso a la salud integral.
Adjuntamos el documento oficial e invitamos a difundir:
En la Semana de rendición de cuentas la UCR repasó los principales aspectos de la gestión del 2021
El Trabajo Comunal se reinventó para enfrentar la pandemia sanitaria. Por ejemplo, el proyecto Música en Acción produjo cápsulas de video dirigidas a niños de preescolar de la Dirección Regional de Aguirre en la provincia de Puntarenas. Foto TC-685
Un total de 410400 horas de trabajo comunal, 5880 certificados de educación continua y permanente otorgados, 157 entornos virtuales de aprendizaje y 724 proyectos de Acción Social en ejecución son parte de los logros de la Vicerrectoría de Acción Social para el primer cuatrimestre del año 2021.
Los datos son parte del informe presentado por la Dra. Marisol Gutiérrez Rojas, vicerrectora de Acción Social (VAS), durante su presentación el pasado miércoles 12 de mayo en el marco de la semana de la Rendición de Cuentas de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR),
“Este es un momento para abrir una ventana para dialogar y construir en conjunto. Esta es una de las tareas que la universidad propicia, y nos tenemos que sentir honrados de ser parte de esta institución, y parte de este nuevo formato virtual”, manifestó Gutiérrez.
Durante la presentación por el canal oficial de la UCR, en la plataforma Youtube, la vicerrectora hizo un resumen de los retos que representaron para la VAS la migración de los proyectos inscritos a la modalidad virtual, dadas las restricciones impuestas por las autoridades de salud para actividades presenciales.
No obstante, y pese a que la pandemia tomó por sorpresa a toda la ciudadanía, la vicerrectora destacó que a su llegada a la VAS en enero pasado se encontró con un personal altamente comprometido, empático y capacitado con altos grados académicos para enfrentar esta nueva realidad.
MULTIPLICIDAD DE ESFUERZOS
Actualmente, los 724 proyectos de Acción Social continúan en vigencia, adaptados a la realidad que impone la pandemia sanitaria.
“La plataforma tecnológica ha sido central en estos primeros meses de nuestro quehacer, sabemos que tenemos que maximizar esfuerzos y aquí lo tenemos claro. En este caso, el personal que trabaja con la plataforma virtual UCR Global ha permitido que el tránsito a la virtualidad sea provechoso y útil, que nos acerque a las personas, que se derriben las fronteras y las limitaciones que haya por espacio o tiempo”, explicó Gutiérrez.
Pese a las restricciones económicas impuestas a las universidades todas las tareas se han cumplido con el compromiso del personal. En total se han habilitado 157 entornos virtuales, de los cuales 31 están en proceso.
En este sentido, Gutiérrez destacó con satisfacción que el proyecto “Costa Rica Aprende con la U Pública”, iniciativa del Consejo Nacional de Rectores (Conare), demandó el diseño de una plataforma virtual para 64 cursos cursos en línea, que involucran el esfuerzo de 57 unidades académicas, centros e institutos de investigación para 1600 cupos. Esto es parte de las actividades enmarcadas en la declaratoria del Conare del 2021 como el “Año de las Universidades Públicas por la conectividad como derecho humano universal”.
De los 724 proyectos de Acción Social en vigencia, 375 corresponden a la modalidad de Educación Continua, Permanente y Servicios; 170 al Trabajo Comunal Universitario (TC), 158 de Cultura y Patrimonio y 21 a Iniciativas Estudiantiles.
De los 5880 certificados de la primera modalidad, se entregaron 1938 de aprovechamiento, 2669 de participación y 1012 de asistencia.
Los proyectos de Cultura y Patrimonio se articulan con un enfoque de derechos culturales y a la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, entre los que destacan la Red Institucional para Pueblos y Territorios Indígenas, Danza Universitaria y el Cine U, que ha presentado mediante plataformas virtuales cuatro ciclos temáticos y cine foros.
En el TC se ha logrado que concluyan el proceso 1385 estudiantes con el apoyo de 182 docentes. Esta es “una actividad medular que caracteriza a la UCR ya que la Acción Social le impregna ese sentido de solidaridad, de la construcción de saberes, del reconocimiento de otros distintos, donde nuestros saberes se ponen con relación a otros y permite que de forma conjunta podamos transformar esta sociedad en una cada día más inequitativa”, acotó la jerarca universitaria.
Para Daniela Carrillo Valverde, estudiante de Psicología, compartió durante la presentación del informe que “formó parte de la generación que tuvo que adaptarse al Trabajo Comunal de manera virtual. Esto generó en mí una marca en torno a la forma de pensar la Acción Social y la necesidad de ver el recurso tecnología como una herramienta más que nos permita pensar cómo generar lazo social”.
En lo referente a las Iniciativas Estudiantiles (IE), con 21 proyectos vigentes y que son propuestos y ejecutados por estudiantes con inquietudes sociales, se articulará un convenio marco entre la UCR y el Consejo de la Persona Joven, así como el Consejo Nacional de Capacitación Municipal, en el que la UCR tiene una representación. El objetivo es potenciar a las IE y otras vinculadas con la juventud universitaria.
A criterio de la vicerrectora Gutiérrez, “a lo mejor cuando nos volvamos a encontrar en las aulas o en los pasillos, vuelvan a surgir las preguntas qué es la Acción Social, porqué la hacemos en esta universidad. Podría pensarse que es algo inútil que demanda mucho tiempo, esfuerzo y dinero, pero eso es propio de gente que piensa que es inútil el conocimiento, que no lo valora. ¿Qué significa lo útil o inútil? ¿Qué significaría que desapareciera la Acción Social para esta universidad?”, cuestionó.
DESAFÍOS UNIVERSITARIOS
La vicerrectora comentó que al asumir el cargo se encontró con una importante reducción presupuestaria, y dada la crisis económica nacional se tomaron medidas para asumirlas con responsabilidad.
“Hemos empezado a tomar decisiones para redistribuir el presupuesto ordinario y obtener fondos de fuentes adicionales como el de Desarrollo institucional y Regionalización de Conare. Además, hemos hecho una reserva para el regreso a la presencialidad, que esperamos sea más pronto que tarde”.
Gutiérrez enfatizó que los desafíos no solo son financieros o tecnológicos. A su criterio hay que continuar trabajando en el trabajo coordinado entre las vicerrectorías, con Docencia para asignar cargas docentes para Acción Social. “Esto es prioritario, ya que nos singulariza, nos da ese espacio para construirnos y reconstruirnos como universidad pública, y que se abre a la diversidad de voces”.
Con Vida Estudiantil se están explorando mecanismos para exonerar a jóvenes de pueblos y territorios indígenas para la exoneración del canon establecido para la prueba de aptitud académica. Y esperamos hacer esfuerzos para emprender proyectos conjuntos entre Investigación y Acción Social, ya que ambas son parte de la triada que sustenta el quehacer institucional, explicó.
Al concluir su exposición, la vicerrectora hizo una exhortación a la comunidad universitaria: “Les invito a que trabajemos en conjunto porque la Acción Social no tiene sentido en la singularidad, sino que su definición está casualmente en la articulación vigorosa, robusta, equitativa de todas las voces, de todos los saberes, de todas las personas”.
