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Campaña de recolección de víveres y donaciones para personas vulnerabilizadas

La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDHCR) está organizando una campaña de recolección de víveres y donaciones para personas vulnerabilizadas.

Puede llevar su donación al local de OIDHCR ubicado en San José, Barrio Amón. Del Automercado 250 metros al norte, portón gris, contiguo al Bar Malibú, en horario de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm.

Para donaciones en efectivo puede ser al Sinpe Móvil 8395-1338, o a la cuenta IBAN CR 87015202001080614727 a nombre de Marco Castillo Rojas, cédula 301620262.

Compartido con SURCOS por Marco Castillo Rojas.

Iniciativa Compus: FEUCR brinda equipo tecnológico a estudiantes universitarios de todo el país

El estudiante Andrés Roberto Badilla Hernández es parte de la población estudiantil beneficiada con el proyecto Compus FEUCR. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) apoya a estudiantes de zonas alejadas, que no cuentan con equipo tecnológico para continuar sus estudios de manera virtual, a través de la iniciativa Compus FEUCR.

El proyecto Compus FEUCR se lleva a cabo desde el mes de junio del 2020, con el objetivo de “minimizar los limitantes de acceso a la tecnología para que la población estudiantil pueda continuar con los estudios en la modalidad virtual y permanezca dentro de la universidad” afirmó Ana Catalina Chaves, presidenta de la FEUCR.

Se trata de una iniciativa de préstamo de equipo mediante el cual se beneficia a los y las estudiantes que residen fuera del Gran Área Metropolitana, que forman parte de la población con beca 5, y que hasta este momento no habían recibido apoyo en materia de recurso tecnológico.

Karol Guzmán Araya también recibió apoyo por parte de la FEUCR mediante el prestámo de equipo tecnólogico para continuar con sus estudios en modalidad. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Gracias a este proyecto se han beneficiado a más de 100 estudiantes de varias zonas del país, incluyendo lugares como: San Ramón, Zarcero, Palmares, Ciudad Quesada, Grecia, Venecia de Alajuela, La Fortuna, Río Cuarto, Juan Viñas, Turrialba Centro, Grano de Oro, La Suiza, Jiménez, Cot, Paraíso, Oreamuno, Siquirres, Guápiles, Pococí, Limón Centro, Cocal, Liberia, Santa Cruz, Belén de Carrillo, Pérez Zeledón, San Pablo de León Cortés, San Antonio de Térraba, Buenos Aires, Río Claro de Golfito y Laurel de Corredores.

La iniciativa también cuenta con el apoyo del Centro de Informática, de la sección de Transportes de la Oficina de Servicios Generales, y de la Oficina de Administración Financiera.

Oscar Montoya, funcionario de la Sección de Transportes de la UCR fue el encargado de distribuir las computadoras a los y las estudiantes Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

 

Tatiana Carmona Rizo
Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil

CONARE: Expertos critican errores en proyecto de Ley de Empleo Público

Actividad del Consejo Nacional de Rectores

El Estado destina la mitad de sus ingresos al pago de salarios y existe justificación para organizar los sueldos del sector público. No obstante el proyecto tiene yerros importantes que deben corregirse.

M.Sc. Francisco González Alvarado, presidente del Conare y Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Un grupo de profesionales convocados por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) criticó las inconsistencias y las omisiones estructurales del proyecto de Ley de Empleo Público, el cual se discute en este momento en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

El análisis se realizó como parte del “Foro virtual sobre empleo público”, que reunió a cinco representantes de las universidades públicas congregadas en Conare. El evento se transmitió este viernes 29 de enero en horas de la mañana, vía Facebook Live en https://www.facebook.com/ConsejoNacionaldeRectores.

La ley cifra ocho “familias” o categorías de trabajadores estatales, agrupadas según el tipo de puesto. De aprobarse la ley, los funcionarios públicos tendrían la opción de adherirse al salario global de su categoría (en caso de percibir un monto menor) o de permanecer con el sueldo actual. No obstante, si la persona prefiere mantener su salario actual – mayor al del su categoría -, este se congelaría hasta que quede nivelado y su único aumento sería el que se fije por costo de vida, una vez que sea alcanzado por el monto global.

Los expertos además argumentaron que la iniciativa desincentiva la competitividad académica, se establece una injerencia inconstitucional de entes políticos en la planificación de los recursos humanos de instituciones autónomas y que aún no sabe aún cuál sería el monto al que aspirarían los trabajadores estatales en este escenario, entre otros cuestionamientos más.

El actual presidente de Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, señaló que la iniciativa tiene “debilidades internas, contradicciones propias y ausencias centrales”. Lo anterior, debido a que envuelve a todos los académicos en un salario global único. Con ello se afecta la competitividad educativa y expone a las universidades públicas a una eventual “fuga de cerebros” hacia otras universidades internacionales o empresas privadas.

En cuanto a los aspectos legales, la directora de la Oficina Jurídica de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Ana Lucía Valencia, señaló que el texto desconocería las muchas particularidades del sector docente, como lo son la preparación académica y el tipo de labor anexa que realizan (investigación o acción social).

Además, si los empleados públicos que ganan menos se pasan a salario global, esto significará una erogación mayor por parte del Estado”, expresó Valencia, aduciendo que se trataba de un contrasentido en un contexto de crisis económica como el actual.

Dr. José Antonio Cordero, MAE Nelson Ortega Jiménez, Lic. Ana Lucía Valencia González, Dr. Giovanni Beluche Velásquez y Dra. Shirley Benavides Vindas. Formaron parte del foro sobre Empleo Público.

https://www.facebook.com/1b4f44a2-fe92-4da3-9ee0-01436c1dc83e

Otro aspecto señalado por Valencia es que, por orden constitucional, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no decrecerá, por lo que el dinero no destinado a los aumentos salariales tampoco pasará al presupuesto nacional, quedando de todos modos en las arcas de las universidades públicas.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, José Antonio Cordero, aceptó que el Estado destina la mitad de sus ingresos al pago de salarios y que existe alguna justificación para organizar los sueldos del sector público. No obstante, aseguró que el proyecto tiene yerros importantes que deben corregirse.

“El sistema de pluses ha generado un aumento escalonado y el crecimiento de la planilla se ha vuelto descontrolado, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero se parte del supuesto de que todos los incentivos son automáticos y hay muchos de estos beneficios que se basan en la productividad, como el sistema de régimen académico, que toma en cuenta aspectos como publicaciones o servicio a la institución”, manifestó Cordero.

El director del IICE-UCR además criticó que el proyecto no tiene una metodología lo suficientemente clara. Insistió en que tampoco dice cuáles son los criterios jurídicos para fundamentar varios de sus artículos y aumenta el riesgo de que sean solo las personas menos calificadas las que quieran trabajar con el Estado, debido a un esquema salarial poco atractivo.

Por su parte, la directora de la Escuela de Economía de la UNA, Shirley Benavides, advirtió que la inexperiencia de la Dirección General del Servicio Civil, nueva rectora del empleo público, en temas de administración universitaria haría que no se tomen en cuenta la estrategia ni la dirección de política pública propias de un centro académico superior.

“Con este proyecto no se han discutido los cambios estructurales profundos para generar el bienestar que la Constitución Política solicita”, manifestó Benavides.

Según los cálculos hechos por Ana Lucía Valencia de la UNED, en Costa Rica existen alrededor de 270 000 empleados públicos que se verían afectados por esta ley, en caso de aprobarse.

 

Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría

La UCR rechaza acciones que lesionan autonomía universitaria

En sus 80 años de existencia, la UCR ha contribuido en las transformaciones que la sociedad necesita, formando profesionales de excelencia, con perspectivas humanistas, quienes aportan conocimiento para el desarrollo del país. Foto: Karla Richmond, UCR.

La Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó, categóricamente, cualquier intento de menoscabar la autonomía universitaria consagrada en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, ya que atenta contra la independencia de organización y gobierno que poseen las universidades públicas.

Así lo hizo saber, el Consejo Universitario mediante un Pronunciamiento aprobado este jueves 28 de enero, en el cual también instó al Gobierno de la República de Costa Rica a ser respetuoso de este principio constitucional.

La preocupación de la Universidad surge debido a que, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2020, el Gobierno tomó la decisión, de manera unilateral, de depositar los recursos destinados a financiar a las universidades públicas en la Caja Única del Estado, la cual es administrada por la Tesorería Nacional.

Dicha situación se dio pese a que el artículo 85 de la Constitución Política determina que el Banco Central de Costa Rica será el encargado de administrar ese fondo, para ponerlo a la orden de las universidades cada mes, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior estatal.

En este sentido, la Universidad reconoce que el mecanismo de transferencia del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), a través del Banco Central ha funcionado de manera idónea y ha permitido que las instituciones hagan uso de esos fondos en concordancia con lo que determina la Carta Magna.

Ante esta situación, la UCR reiteró su compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y el uso óptimo de los recursos, en atención a la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, y en aras de seguir retribuyendo a la sociedad costarricense la inversión y los esfuerzos dedicados a la educación universitaria.

Los recursos percibidos por medio del FEES permiten democratizar el acceso a la educación superior estatal al convertirse en un medio de movilidad social para los estratos bajos y medios de la población costarricense; así como fortalecer la justicia social y distributiva, y promover una Costa Rica más equitativa.

 

Alejandra Amador Salazar
Periodista, Consejo Universitario

Red Nacional de Autosostenimiento trabaja con sector pesquero del Pacífico Sur en materia de alfabetización ciudadana

La Red Nacional de Autosostenimiento (miembro del Movimiento de Ciudadanía que construye Territorios Seguros) realizó una gira por el Pacífico Sur para educar en materia de alfabetización ciudadana.

Durante los primeros días de gira han trabajado con la Asociación de Pescadores del Pilón, Golfito, Asociaciones de Pescadores de Playa Colibrí y la Palma, y Asociaciones de Pescadores y molusqueros de las comunidades de Ventanas y Cortés. La Red Nacional de Autosostenimiento trabaja con el sector pesquero del Pacífico Sur en materia de alfabetización ciudadana en coordinación con la Federación de pescadores y molusqueros del Pacífico Sur.

De acuerdo con la Red, están procurando conocer de manera real sus necesidades, para procurar la reconstrucción de la economía nacional, desde la perspectiva ciudadana y acorde a las necesidades de la población.

Programa Voces y Política: “Mirada al 2021: situación fiscal, FMI, elecciones y más”

El próximo miércoles 03 de febrero a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) abordará el tema “Mirada al 2021: situación fiscal, FMI, elecciones y más”, con la participación de Patricia Mora, profesora universitaria y ex ministra del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y Laura Martínez, periodista y directora del Semanario Universidad.

Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM y participar por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Informe: Vulnerabilidad y Exposición al Riesgo de los Flujos Financieros Ilícitos en América Latina

Tax Justice Network en asociación con la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social comparte el informe “Vulnerabilidad y Exposición al Riesgo de los Flujos Financieros Ilícitos en América Latina”. El documento presenta los perfiles de riesgo resultantes para cada país latinoamericano, los mismos que permiten una comparación más detallada de la vulnerabilidad a los flujos financieros ilícitos entre países y por canal. Se destaca a su vez aquellas jurisdicciones que suministran la mayor parte de los riesgos.

SURCOS comparte el documento para su análisis:

BUSSCO: ¿Tráfico de influencias del gobierno en aplicación de vacuna covid-19?

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

¿Tráfico de influencias del gobierno en       aplicación de vacuna covid-19?

El Presidente de la República y el gobierno no debe tener la potestad de resolver si se vacuna o no a los diputados. Esta decisión les compete a las instituciones especializadas en la materia, como son el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, podrían existir intentos de violar las autonomías, permitir el tráfico de influencias o favorecimientos debido a vínculos políticos en ambas instituciones. Todo puede pasar en el nombre de la «democracia neoliberal».

En la Caja, el Ministerio de Salud y otras entidades hay miles de trabajadores que no han sido vacunados, a pesar de estar en la primera línea de atención de los enfermos por COVID-19.

«Ha fallecido personal especialista y calificado en la Caja y miles de contagiados e incapacidades por coronavirus, con la subsiguiente perdida de salarios y vacaciones de los trabajadores», detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Lamentablemente hemos perdido a más de 2.000 ciudadanos a causa de la enfermedad, pero estos valerosos trabajadores del sector salud han salvado miles de vidas humanas y han evitado una mayor catástrofe, como se ha dado en otras naciones del inundo.

Vacunar a la clase política empresarial, antes que a los trabajadores de la primera línea es un acto siniestro, debería n tratar de arreglar las acciones que han llevado a nuestro país al borde de una debacle económica. Es hora de pasarles la factura.

Para más detalle comunicarse con Luis Chavarría, secretario general de UNDECA al 8367-2737.

Tomado del sitio web de UNDECA.

 

Imagen destacada tomada del Blog de Salmon.

ANEP solicita al Banco Central y al Ministerio de Hacienda explicaciones sobre el pago abusivo de los intereses de la deuda pública

SURCOS comparte el comunicado de prensa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):

  • El pueblo costarricense debe conocer a quiénes se les debe tanto dinero, quiénes son los que se han hecho “ricos” con el pago de intereses.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó, esta mañana, a las máximas autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda información detallada sobre el pago de los intereses de la deuda pública, la cual en los últimos años ha crecido considerablemente.

La ANEP, desde hace mucho tiempo, ha insistido en la necesidad de atacar el abusivo pago de intereses de la deuda pública ya que desde el 2016, este rubro ha pasado a ser el agravante del déficit fiscal. De acuerdo con datos obtenidos en el sitio web del Ministerio de Hacienda, el pago de intereses representó en el año 2020 un 4,8% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el déficit primario, que fue de un 3,5% del PIB.

Una de las críticas más fuerte contemplada en el documento enviado por la ANEP, tiene que ver con la pasividad con la que las autoridades han manejado el tema de los intereses de la deuda pública costarricense, así como la poca contención o acciones presentadas para evitar estas cifras tan alarmantes.

Las cifras involucradas en los pagos por intereses en el año pasado 2020, el año 1 de la pandemia, son absolutamente escandalosas: estamos hablando de un pago de prácticamente de 195.000.000 millones de colones, ¡por hora!; y de un pago, más que abusivo, de 4 680 millones de colones ¡al día! (4.680.000.000 cada 24 horas). Es desconcertante observar cómo este monto creció a ritmos por encima del 19 % anual, y hasta del 28 %, durante el trienio 2017-2019. Y, entre tanto, ¿qué hacían las autoridades económicas? ¡No movieron un dedo para frenar semejante desborde de irracionalidad!

Para nuestra organización, las tasas de interés sobre la deuda pública interna, son, desde todo punto de vista, abusivas. Según los datos que se ofrecen en la página web del Ministerio de Hacienda, durante todo el segundo semestre de 2020, mientras golpeaban la crisis sanitaria y la recesión económica, y el desempleo volaba a niveles sin precedentes; en promedio se pagaban tasas de interés en los alrededores del 7 %, las cuales hacia finales de año rozaban el 8%.

En esos mismos momentos, al finalizar 2020, la Tasa Básica Pasiva se encontraba en 3,5 %, y la Tasa de Política Monetaria en 0,75 % ¿Cómo entender que haya diferencias tan grandes entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las principales tasas de referencia de los mercados financieros? Sobre todo, ¿cómo explicar la pasividad de las autoridades económicas ante un atropello tan brutal a las finanzas públicas?

Se hace obligatorio reiterar la pregunta ¿qué han hecho las autoridades económicas para frenar este intolerable abuso? En particular, ¿qué ha hecho el Banco Central -como autoridad monetaria del Estado costarricense-, para detener esa terrible hemorragia de recursos públicos? Son preguntas que se agigantan cuando, al mismo tiempo, y de forma paradójica y contradictoria, esas autoridades económicas insisten en políticas que cortan la inversión pública, restringen los servicios sociales y decretan el congelamiento indefinido, aparentemente a perpetuidad, de los salarios públicos. Detrás de esto no hay ninguna racionalidad económica ni social respetable, sino tan solo un dogma ideológico realmente dañino.

Múltiples indicios permiten pensar que ha habido comportamientos especulativos, que afectan la colocación de bonos de deuda pública en los mercados financieros. Es posible que esto haya sido de alguna forma liderado por los propios bancos públicos, así como por alguno o algunos bancos privados relativamente grandes; pero es claro que es algo de lo que los demás actores participantes en los mercados financieros se aprovechan, a fin de obtener jugosas ganancias ¿Qué ha hecho el Banco Central y qué han hecho las diversas entidades a cargo de la regulación y supervisión del sistema financiero, por frenar y poner bajo control esos comportamientos anómalos y antisociales?

Para la ANEP, es urgente que el Banco Central intervenga los mercados financieros para frenar, en seco, los juegos especulativos contra la deuda pública y hacer bajar sustancialmente las tasas de interés; como es igualmente urgente que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, defina un plan que garantice que se podrá avanzar en una estrategia de reactivación económica, recuperación del empleo y restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, sin que ese esfuerzo se vea perturbado por presiones financieras especulativas sobre el propio sector público.

Ante el escenario descrito anteriormente la ANEP ha solicitado a las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Hacienda la siguiente información respecto a la deuda pública

a) Cantidad total de la deuda pública nacional al 31 de enero de 2021.

b) Cantidad total de la deuda pública, en colones; y, cantidad total de la deuda pública en moneda extranjera, particularmente en dólares y en euros.

c) Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen nacional.

d) Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen extranjero.

e) Listado de las entidades/personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de esa deuda pública del país, detallando en cada caso el monto adeudado.

f) Fecha de formalización de cada una de esas operaciones crediticias catalogadas como deuda pública.

g) Finalidades de cada uno de esos créditos y entidad, público-privada, receptora en cada caso.

h) Tasa de interés pactada en cada una de esas operaciones crediticias con cargo a la deuda pública.

i) Porcentajes/cantidades pagadas por concepto de comisión en cada caso, tanto a personas/como entidades públicas y privadas.

j) Fechas de concreción de cada crédito con cargo a la deuda pública del país.

k) Listado de las entidades (bancario-financieras y jurídico-legales) que han intermediado en las operaciones crediticias del Estado con sus acreedores; así como en proceso de concreción de nuevos préstamos.

l) Listado de vencimientos de pago del principal de créditos de la deuda pública al término del presente año 2021.

m) Listado de vencimientos de pago a partir del año 2022.

n) Respuesta a cada una de las interrogantes que quedaron planteadas en el documento enviado.

Compartimos el documento completo enviado a los jerarcas del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica.