La Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), Sindicato de Médicos Veterinarios (Simevet), Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social (Siprocimeca-CCSS), Sindicato Médicos Especialistas, (Siname) y la Unión Médica Nacional hicieron un llamado al Ministerio de Salud y al pueblo costarricense para tomar medidas ante la pandemia por COVID-19 durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo ante saturación del sistema de salud.
“La hora oscura de la pandemia ha llegado, nuestros hospitales están colapsando”, expone un video publicado por la ANPE y suscrito por los demás Sindicatos.
En el video se dirigen al Ministro de Salud, Daniel Salas, y exigen un aumento de las medidas restrictivas (entre ellas el confinamiento inmediato), el cierre de fronteras y la extensión de la restricción vehicular sanitaria.
“Usted como máxima autoridad de salud de Costa Rica, tiene la potestad para que toda la infraestructura sanitaria nacional sea puesta a disposición para toda la población costarricense, sin costo alguno para el Estado o la Caja”, indica el video.
También hacen un llamado a la población para tomar medidas aunque estas puedan ser dolorosas en plena época navideña.
El pronunciamiento cierra haciendo un llamado a adoptar políticas acertadas y corregir esquemas que no han funcionado, para no comprometer la vida y el futuro de los habitantes.
El Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (Sinassass) rindió homenaje al Dr. Mario Devandas Brenes y colocó una placa conmemorativa en el edificio nombrado en su honor “Casa Sindical Mario Devandas Brenes”.
“Por su inclaudicable lucha por el bienestar y los derechos de los trabajadores (as) y de las clases más desposeídas de nuestro país”, indica la placa.
El Teatro La Cambusina invita a participar de la sesión holística virtual “Reír para sanar” el próximo 31 de diciembre a las 4:00 pm.
La duración de la sesión será de 40 minutos (vía Zoom) y el costo es de ₡2000. Es apto para todo público pero no recomendado para personas con cirugías recientes o en estado de embarazo.
Puede comprar el acceso por SINPE al número 85930384, posteriormente envía la captura al mismo número y le enviarán el acceso por WhatsApp.
SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento de la Universidad Estatal a Distancia:
La Universidad Estatal a Distancia fiel a sus Fines, Principios y Lineamientos de Política Institucional, concebidos en el marco de los derechos humanos y la vocación democrática del Estado costarricense, expresa por este medio, una vez más y con vehemencia, la profunda preocupación por la situación de violencia que sufren de manera sostenida, desde hace una década, líderes y lideresas indígenas, defensores de los derechos y territorios indígenas costarricenses, algunos de los cuales forman parte como funcionarios o como estudiantes de nuestra institución.
Más de 1000 estudiantes indígenas son parte de nuestra comunidad estudiantil, la mayoría de ellos matriculados en los Centros Universitarios de Talamanca y Buenos Aires, aunque contamos con estudiantes indígenas en por los menos 26 de nuestros Centros Universitarios. También tenemos participantes indígenas en programas de extensión y proyectos de investigación que responden al esfuerzo institucional de reconocimiento de los derechos educativos y al compromiso de acompañamiento y de trabajo que asumió la UNED con estos pueblos desde su Segundo Congreso Universitario.
La UNED ha procurado el reconocimiento de los derechos indígenas mediante acciones afirmativas en nuestros servicios estudiantiles y mediante contrataciones de personas indígenas en programas y proyectos que se ejecutan en sus territorios, permitiéndonos como institución, tener una vinculación directa con las realidades que cotidianamente vivencian sus familias y comunidades, lo que nos compromete también, a favorecer espacios de diálogo intercultural, de denuncia ante injusticias, inseguridades y violaciones de sus derechos y a ofrecer los aportes que puedan formularse desde nuestras competencias institucionales, para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pueblos.
Por las razones anteriores, este Consejo Universitario desea insistir ante las autoridades nacionales, en la necesidad de atender de manera inmediata y eficaz el conflicto territorial y la violencia derivada que sufren actualmente varios territorios y personas indígenas, debido a los irresueltos problemas de usurpación de tierras que suman más de 40 años de espera y que debido a la decisión de recuperar sus tierras por parte de algunas familias, éstas son víctimas de una reacción violenta desmedida y sin control por parte de personas no indígenas con posesiones de tierras dentro de los territorios indígenas.
Ese es el caso de Mariana Delgado Morales, bribri de Salitre y Pablo Sibar Sibar brörán de Térraba, ambos coinvestigadores comunitarios del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de nuestra universidad, amenazados de muerte en repetidas ocasiones, debido a su participación en los procesos de recuperación, quienes junto con decenas de personas y familias cabécares, bribris y brörán han sido agredidas y amenazadas constantemente dentro de sus propios territorios. En el caso de doña Mariana, también un hijo suyo, Minor Ortiz Delgado, ha sido víctima de dos atentados con arma de fuego por lo que mantiene dos balas alojadas en sus piernas, que hoy lo limitan para moverse y le impiden trabajar como podría haberlo hecho en el campo y cuyos responsables se mantienen en libertad y sin sanción alguna.
En una investigación realizada por nuestro Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)1 fueron documentados más de 150 eventos de violencia -quemas de cultivos y de viviendas, balaceras, amenazas, agresiones directas – entre el 2012 y el 2017 solo en Salitre, de los cuales al menos 61 fueron presentados formalmente como denuncias ante el Poder Judicial, todas archivadas o desestimadas, generando una impunidad que ha sido denunciada repetidamente por los líderes comunitarios y que continúa sumando incidentes hasta el momento.
Esta problemática se ha extendido a otros territorios en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón en la zona sur– Térraba desde el 2013, Cabagra desde el 2016, China Kichá desde el 2019 y Guatuso en la zona norte – Maleku 2020-.
El conflicto también se ha agudizado incluyendo nuevas formas de agresión hasta el asesinato, como ocurrió con Sergio Rojas Ortiz (2019) y Yerhry Rivera Rivera (2020), defensores de derechos indígenas y recuperadores de Salitre y Térraba, respectivamente, cuyos crímenes se encuentran impunes.
El caso de Sergio Rojas Ortiz es un claro ejemplo de la criminalización de las luchas indígenas, pues estuvo encarcelado sin que se lograra nunca establecer una causa judicial en su contra; lo cual además muestra la estigmatización de los liderazgos indígenas al ser responsabilizado individualmente por decisiones y procesos colectivos de recuperación, y evidencia la impunidad existente en este conflicto territorial, puesto que este crimen se encuentra en estos momentos, a punto de ser archivado por parte de las autoridades judiciales, alegando falta de pruebas.
A lo largo de estos diez años, nuestra institución ha denunciado estos hechos una y otra vez, aportando investigaciones, datos útiles para el análisis de las causas estructurales de este conflicto, para la comprensión de la pérdida de confianza de los pueblos indígenas en la institucionalidad pública y en las autoridades de los diferentes poderes de la República.
Numerosas son las denuncias realizadas por los Consejos de Mayores de los propios territorios indígenas acerca de estas situaciones y abundantes son los pronunciamientos– tanto de la UNED como de otras universidades y ONGs – acerca del marco de derechos indígenas que continúa siendo violentado sistemáticamente desde que se promulgó la Ley Indígena (1977), de los repetidos incumplimientos de las Medidas Cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 321-12 CIDH) al Estado costarricense desde el 2015, o de los señalamientos realizados en diferentes informes y notas a las autoridades respectivas por parte de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica desde el 2014 hasta la fecha, así como de los llamados de atención que constan en los informes de los Defensores de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas (2011 y 2020).
Estos llamados de atención sobre la sistemática violencia de la que están siendo víctimas los recuperadores indígenas y sus familias, así como de la inoperancia de nuestro sistema de justicia -cuando se trata de derechos indígenas-, se han ido conjuntando como un clamor que suma cada vez más organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales comprometidas con el respeto de los Derechos Humanos.
Es lamentable que nuestro país, considerado baluarte por sus instituciones civilistas y trayectoria democrática, que ha decidido declarar constitucionalmente su composición multiétnica y pluricultural, muestre en la práctica, inaceptables vacíos e inconsistencias a la hora de aplicar los derechos indígenas en la resolución de causas judiciales, y en la toma de decisiones políticas y administrativas, lo cual lleva a incumplimientos injustificados de nuestros compromisos internacionales y a una reducida capacidad para resolver como corresponde –a la luz de los derechos de estos pueblos- esta situación que se prolonga injusta y peligrosamente, no solo para las poblaciones indígenas sino para nuestra sociedad en su conjunto.
Ante la persistencia de esta grave situación, la Universidad Estatal a Distancia hace un nuevo y enfático llamado a las autoridades de los diferentes Poderes de la República y a la ciudadanía en general para que:
Se adopten las medidas políticas, técnicas, administrativas y presupuestarias, necesarias para garantizar el real ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus derechos reconocidos a nivel internacional mediante el Convenio N 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Costa Rica es firmante desde 1993; las Declaraciones de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2007) y de la OEA (2016) y demás instrumentos jurídicos, de los cuales Costa Rica es firmante, así como de la Ley Indígena (1977), la Ley de Acceso a la Justicia( 2019), y toda normativa nacional específica relacionada con los derechos indígenas.
Se dé cumplimiento a cabalidad de las Medidas Cautelares (MC 321-12 CIDH), se ejecuten los acuerdos comunitarios y los protocolos de implementación establecidos con tal propósito, entre las instituciones y los peticionarios.
Se realicen con urgencia y agilidad los procedimientos judiciales y administrativos de saneamiento territorial y desalojos correspondientes, para la devolución de las tierras a sus legítimos propietarios indígenas.
En las resoluciones del Poder Judicial se aplique como corresponde el derecho específico indígena, de manera que estos pueblos y territorios no continúen siendo violentados en sus derechos debido a la aplicación en su contra, del derecho general no indígena.
Se tomen las decisiones y medidas necesarias para prevenir y atender oportuna y eficazmente las situaciones de violencia que se ejercen actualmente contra líderes, lideresas y familias indígenas recuperadoras de los diferentes territorios, otorgándoles la protección y el seguimiento necesarios para garantizar su vida e integridad física.
Desde los tres poderes de la República se dé seguimiento y respuesta a los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera y se encuentre a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.
Se garantice la seguridad y resguardo de la vida e integridad física de nuestro funcionario Pablo Sibar Sibar y nuestra funcionaria Mariana Delgado Morales y de todas las personas indígenas que corren peligro por defender sus derechos territoriales.
María Lorena Vargas Víquez de la Asociación Cultural El Guapinol comparte con SURCOS un comunicado de prensa publicado en el periódico El Guacho, acerca de la disculpa pública que las Asociaciones de Desarrollo exigen al Concejo Municipal de Belén:
Las Asociaciones de Desarrollo Integral de La Ribera y La Asunción y la Asociación Cultural El Guapinol exigen disculpas públicas del Concejo Municipal de Belén
Las Asociaciones de Desarrollo Integral de La Ribera y La Asunción y la Asociación Cultural El Guapinol piden al Concejo Municipal de Belén que se disculpe de forma pública, por las aseveraciones tan serias e infundadas sobre el mal manejo de los fondos públicos transferidos a nuestras organizaciones, para la ejecución de los programas artísticos culturales en el cantón de Belén proferidas el pasado 7 de diciembre en la Sesión No 71-2020.
Solicitamos disculpas públicas por cuanto han causado un daño irreparable a la honorabilidad y la transparencia de nuestras organizaciones, sus miembros directores y colaboradores, que, por el contrario, hemos demostrado con nuestro trabajo serio y responsable a lo largo de los años, ser aliados incondicionales del Gobierno Local en el desarrollo cultural belemita.
Importante señalar que nuestra gestión ha sido basada en la Política Cultural Municipal de Belén y apegada a los procedimientos de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República y el Reglamento de Transferencias de la Municipalidad de Belén los cuales a la fecha han resultado de conformidad con la normativa vigente.
Expresamos ante la opinión pública que, si el accionar de nuestra gestión hubiese mostrado irregularidades en cuanto al mal uso de los recursos como se ha indicado en dicha sesión municipal, más allá de errores subsanables en la presentación de informes, la administración municipal ya hubiese dejado de girar recursos a nuestras organizaciones y presentado las denuncias respectivas ante las instancias judiciales correspondientes, lo cual a la fecha no ha sucedido.
Por lo tanto, reiteramos la solicitud al Concejo Municipal de Belén de brindar una disculpa pública por mancillar el buen nombre, el esfuerzo y la honorabilidad de las Asociaciones de Desarrollo Integral de La Ribera y La Asunción y la Asociación Cultural el Guapinol, sus miembros directores y colaboradores.
Este lunes 21 de diciembre a las 3pm se realizó la graduación número 10 del Colegio Indígena Yímba Cájc, desde su fundación.
A pesar de haber sido un curso lectivo totalmente atípico, esta institución educativa lo culminó de una manera espectacular, decorando un entorno de graduación colorido, alegre y contextualmente armonioso.
El proceso de los preparativos implicó un despliegue logístico impresionante, en donde, el personal docente y administrativo del colegio, apoyados por los colaboradores locales de Pronae, hicieron del entorno natural, un espacio propicio para recibir y galardonar a sus 26 estudiantes que aprobaron el noveno año, así como los 9 graduandos de bachillerato.
Siguiendo al pie de la letra los protocolos y lineamientos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud ante la actual pandemia, los estudiantes desfilaron uno a uno, henchidos de orgullo a recibir su título que culmina de manera exitosa su curso lectivo 2020.
Aparte de la extraordinaria decoración que realizó la institución para este importante evento, es valioso resaltar las estrictas medidas sanitarias que se implementaron antes, durante y después de la actividad de graduación.
El Colegio Indígena Yímba Cájc, agradece de manera pública y atenta, todas las muestras de apoyo recibidas a nivel institucional para llevar adelante este curso lectivo que recién culmina.
Extiende su gratitud a los padres de familia y a la comunidad en general por su colaboración al personal docente que a lo largo del año trabajaron a distancia con sus estudiantes.
Les desea a todos (as), una feliz navidad responsable y un año nuevo 2021 lleno de positivismo, metas y un mejor porvenir.
El pasado 10 de diciembre de 2020 el rector de la Universidad Nacional, el ME.d. Francisco González Alvarado, realizó un nuevo programa de Diálogos Prospectivos, contando con la participación de la Vicepresidenta Regional de World Futures Studies Federation y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Dra. Guillermina María Eugenia Baena Paz y el académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA, Dr. Juan Carlos Mora Montero, para dialogar en torno a cómo la prospectiva puede jugar un papel importante para la construcción de futuros. También estuvo presente en el programa el Master Ángel Ortega Ortega, director de la EPPS-UNA y la Coordinadora General del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, P.h.D. Sylvia Arredondo Guevara.
El Rector comentó la importancia para la Universidad Nacional de incentivar una visión prospectiva en el quehacer sustantivo, por ello, se realizan esfuerzo para seguir esa ruta de una planificación a largo plazo y la construcción del futuro.
Por su parte la Dra. Guillermina Baena comentó que su incursión en la prospectiva empieza a partir del 2003, con la introducción de un seminario acerca de prospectiva impartido por la UNAM, que hasta la fecha se sigue impartiendo: “En el primer año simplemente nos dedicamos a estructurar el tema a través de reuniones con diferentes países latinoamericanos para conversar acerca de la prospectiva. En algunas de las reuniones, uno de los expositores invitados comentó que estos países eran como una mancha gris, ya que no sabían qué hacer exactamente. Esto generó una gran motivación para empezar a trabajar e indagar más la prospectiva, logrando que durante todos estos años que la UNAM generara gran cantidad de información disponible para todas las personas”.
El Dr. Juan Carlos Mora, expresó que su participación inicial en prospectiva se basó en seguir los pasos de lo actuado por Baena y de la UNAM, ya que Costa Rica no ha tenido grandes posibilidades en este campo: “Mi participación en los seminarios de prospectiva impartidos por la UNAM, me permitió conocer a varias personas expertas del tema y aprender metodologías para aplicar la prospectiva en el país. Todo este conocimiento generado, espero aplicarlo en la universidad ya que esta tiene la capacidad de formación para la toma de decisiones”.
El Rector de la UNA planteó varias preguntas generadoras sobre el tema: “UNA actitud proactiva para construir el futuro”.
¿Qué es lo que hoy hace que el enfoque prospectivo tenga la dinámica y el interés actual en las instituciones en general y las de educación superior?
Baena respondió que ante los grandes cambios de la realidad actual se vio la necesidad de reflexionar las situaciones, dando apertura de nuevo a la aplicación de la prospectiva en otras áreas como de seguridad y sociedad: “Por ello, con irrupción de la pandemia Covid 19 nos percatamos que el futuro es ahora y no estábamos preparados para enfrentarlo y es a partir de este momento que aumenta la motivación de las personas para conocer qué es el futuro y qué acciones podemos hacer para dar respuestas a las problemáticas generadas”. La académica, acotó que esta situación plantea a todos los sectores del país el reto de preparase para el futuro, incluyendo a la universidad, de tal manera, que la academia forme a profesionales que tengan las bases necesarias para afrontar el futuro, mediante una reforma del modelo educativo y la aplicación de nuevas tecnologías.
Mora agregó, que el cambio de realidad le genera el desafío a la población de aprender a pensar en el futuro, ya que así se pueden prevenir grandes consecuencias que pueden generarse a largo plazo: “La universidad puede dar grandes aportes para incentivar este cambio de mentalidad y generar profesionales analíticos y capaces de anticipar el futuro”.
¿Cómo se visualiza el futuro de la educación en América Latina?
Baena mencionó que el mayor reto es lograr la capacidad de anticipar, esto es fundamental para la construcción del futuro ya que el futuro no necesariamente está en el presente, pero la anticipación sí”. Por ello, se deben generar nuevos modelos educativos que permitan la imaginación y creatividad, para lograr la resolución de problemas y enfrentarse a nuevos tipos de preguntas: “ya que las bases del siglo pasado no nos funcionan para enfrentar la nueva realidad”.(Baena)
Para Mora, es pertinente tener claro que el futuro de la educación no es que esta se convierta en virtualizada, ya que la realidad es que se deben formar profesionales que no puedan ser sustituidos por máquinas, logrando un enfoque más humanitario en la educación. Así como también, preparar estudiantes más resilientes, es decir que estos tengan la capacidad de salir de su zona de confort y poder combinar su principal profesión con otras disciplinas, tener apertura a nuevas estrategias y metodologías, ya que la sobrevivencia del futuro no va a hacer de quien sea más fuerte, sino del que tenga más capacidad de adaptarse.
¿Cómo vemos que van a ser los perfiles profesionales y ocupacionales de las carreras actuales en los próximos diez años?
Para Baena, uno de los principales obstáculos son las estructuras actuales de las universidades, que no permiten la flexibilización de los planes de estudio y la introducción de nuevas carreras de manera rápida: “Gracias a un estudio realizado se determinó que actualmente hay más de cien carreras que se solicitan en el mercado que no se están preparando en las universidades, entre ellas se destacan, desarrolladores de autos voladores, auditores de sesgos algorítmicos, defensores de identidad virtual, consejeros de rehabilitación para jóvenes cibercriminales, agentes de ciberataques, consultores de granjas verticales, y muchos más”. Estas nuevas demandas en el mercado se deben tomar como una motivación para la creación de nuevas carreras y la reformulación de planes de estudios para las universidades, con el fin de incluir una visión prospectiva y de planeación estratégica, ya que es necesario en todas las carreras, acotó Baena Paz.
¿Cómo enfrenta la prospectiva el reto de legislación y normativa a nivel país, y más allá, que hace tan rígido el accionar de las instituciones públicas, y por ende lento de flexibilizar?
Según Baena los tomadores de decisiones deben cambiar su pensamiento por uno a mediano y largo plazo, ya que debido al cambio de realidad no se pueden seguir tomando decisiones con un pensamiento del Siglo XX. Ya no es viable seguir haciendo las cosas de manera reactiva, sino que es necesario tomar decisiones preventivas.
Para Mora, al principio de la pandemia (Covid19) las personas pensaban que la realidad no iba a ser como antes por lo que se debería de gestionar un cambio, sin embargo, con la creación de la vacuna escuchamos decir que todo vuelva a la normalidad, tal cual era antes a la pandemia, es decir ya no se quiere trabajar por un cambio: “ Es necesario que en Costa Rica se generen los cambios necesarios, ya que no se quiere llegar a un escenario catastrófico que nos obligue a cambiar en condiciones de gran vulnerabilidad”.
Baena y Mora, hicieron algunas recomendaciones para que las instituciones apliquen un enfoque prospectivo: la creación de nuevos modelos educativos, una dirección enfocada en la solución de problemas, preparación de personas para las organizaciones sociales, atender la salud mental de las personas, inculcar la capacidad anticipatoria, que la universidad tome un papel de liderazgo en prospectiva, entre otras.
El conversatorio realizado se encuentra disponible en la página de Facebook de la Rectoría de la Universidad Nacional, para quien guste profundizar más los temas compartidos en el Programa Diálogos Prospectivos que dirige el Rector de la Universidad Nacional.
Estudio pionero de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios aplicó herramientas informáticas para evaluar y mejorar el desempeño financiero y ambiental de las fincas ganaderas en el país
En Costa Rica existen cerca 1 millón cien mil hectáreas dedicadas a la ganadería y 1 millón 600 mil cabezas de ganado de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria, 2019. Esta actividad representa un aporte al producto Interno Bruto (PIB) del 20%, además genera empleos y encadenamientos muy importantes para la economía. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El sector ganadero es clave para lograr la descarbonización de la economía costarricense, ya que es el responsable de cerca del 23 % de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero del país. Por eso, se implementó desde el 2015 la estrategia de la NAMA Ganadería que propone hacer las fincas más productivas, más rentables y que al mismo tiempo emitan menos gases de efecto invernadero y secuestren más carbono.
La Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la Universidad de Costa Rica (UCR) se une a este esfuerzo para evaluar a nivel técnico y económico el impacto de las prácticas implementadas en los útimos 5 años en las fincas ganaderas. Con la utilización de herramientas informáticas los investigadores han logrado obtener información certera y veraz de lo que está sucediendo en algunas de estas fincas.
Este es el objetivo del proyecto: «Sistema de información unificado de ganadería. Propuesta de Costa Rica en el marco de la meta de descarbonización al 2030”, cuyos avances se presentaron durante el IV Congreso Virtual de Economía Agrícola y Agronegocios 2020, a cargo de los investigadores Licda. Yuliana Quesada Quesada y M.Sc. Gerardo Cortés Muñoz.
Radiografía técnica y contable
Durante el 2019 y el 2020 los investigadores de la UCR se dieron a la tarea de recopilar información técnica y económica mediante visitas a 21 fincas distribuidas a lo largo del territorio nacional, de las cuales el 70 % se dedican a la lechería especializada y el 30 % son de doble propósito.
Como parte del proyecto se desarrolló un sistema de información unificado que integra los datos recopilados en dos sistemas informáticos: uno técnico y otro contable. La información técnica de manejo de hato incluye variables como servicios, partos, nutrición, producción de leche y carne, y la información económica sobre composición del hato incluye proveedores, compras, insumos y ventas.
Dicha información fue recopilada de forma periódica (cada dos meses). A partir de ella, los expertos en economía agrícola han generado informes financieros, balances de comprobación y estados de resultados de cada finca. Con ello, los productores pueden contar con indicadores de rentabilidad y así tomar mejores decisiones para optimizar el funcionamiento de sus fincas.
“Dentro del proyecto queremos ir transformando la visión que tenemos de estas fincas de simples sistemas productivos a empresas” apuntó la investigadora Quesada.
Los datos actulizados sobre la composición del hato nacional que ofrece la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), son el punto de partida para las investigaciones que se realizan en el país sobre los efectos de la ganadería baja en carbono.
Estudio constata avances
A través de este proyecto se contató que los cambios aplicados en las fincas empiezan a producir efectos intermedios positivos como el aumento en la cobertura boscosa, aumento de la carga y productividad de las fincas y disminución en las emisiones de óxido nitroso, capturas de CO2 en el suelo, entre otros.
En cuanto al desempeño ambiental, se destaca que el 86 % de las fincas poseen áreas dedicadas a la conservación de los bosques, algunas de ellas inclusive participan de los beneficios por pago de servicios ambientales y la mayoría cuentan con cercas vivas.
«Este sistema de evaluación tan minuciosa y tan de cerca con el productor, con monitoreo de costos y evaluación técnica en finca es algo muy innovador. Con esto Costa Rica se convierte en pionera en el desarrollo de instrumentos que midan el desempeño de las fincas en cuestiones como las emisiones, las capturas de CO2 y la rentabilidad, en el marco de la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono» acotó Cortés.
Información para la toma de decisiones
En el aspecto económico, el estudio muestra que la mayoría han adquirido créditos a largo plazo para la compra de terrenos, animales e insumos. Al respecto, la investigadora Yuliana Quesada señala que para llevar un mejor control sobre su liquidez y nivel de endeudamiento, es muy importante que los productores utilicen cuentas separadas para efectos personales y del negocio.
Los expertos además recomiendan incorporar el uso de sistemas informáticos que orienten la toma de decisiones en las fincas incorporando variables técnicas y financieras. El investigador Gerardo Cortés, destacó que esto permite conocer en detalle el sistema de producción (ya sea doble propósito, lechería intensiva o cria y desarrollo) identificar sus virtudes y problemas reales y lo más importante; contar indicadores como la rentabilidad de la empresa, la liquidez, el endeudamiento, la producción de carne o leche, partos y nacimientos entre otros.
Los resultados de esta fase del estudio serán presentados a los productores que han participado en el proyecto, mediante talleres a distancia que se realizarán a finales del 2020 e inicios del 2021. Según adelantó el investigador Cortés, se planea continuar con este proyecto por un periodo de hasta cinco años con el fin de seguir constatando los resultados de la NAMA Ganadería en el país y brindando acompañamiento a los productores para que sean cada vez más eco-competitivos.
Avances hacia la descarbonización
En el 2013 el país hizo su primer inventario de emisiones, y en el 2015 inicia la estrategia NAMA Ganadería que representa uno de los mecanismos propuestos para implementar la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono en fincas de todo el país. Esta incluye prácticas como cosecha de agua, siembra de bancos forrajeros, la construcción de cercas vivas, el uso de pastos mejorados, sistemas de pastoreo racional y la implementación de fertirriego con purines, entre otras acciones.
“Todo esto debe ser debidamente documentado y nosotros somos parte de ese proceso de establecer las estrategias para la verificación del desempeño de las fincas que demuestre que Costa Rica está cumpliendo sus compromisos” explicó el investigador, M.Sc. Gerardo Cortés Muñoz.
Para ello, diversas organizaciones aportan al proyecto nacional de “Evaluación del impacto técnico, económico y financiero de las acciones y medidas de adaptación y mitigación de sistemas productivos ganaderos del cambio climático” del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), financiado através de Fundecooperación, en el que participa la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional (UNA), la Corporación Ganadera (Corfoga) y la Cámara Nacional de Productores de Leche. De acuerdo al plan nacional de escalamiento de ganadería baja en carbono, que se inició con 140 fincas, ya se han alcanzado unas 700. Antes de que finalice el 2021 se proyecta llegar a 1800 fincas y el siguiente escalamiento será llegar a las 27 mil. De ahí la importancia de medir, monitorear y evaluar cómo estas estrategias impactan el desempeño integral de los sistemas productivos.
Katzy O`neal Coto Periodista, Oficina de Divulgación e Información
La mañana del 20 de diciembre el Juzgado de Letras de Tocoa (Honduras) declaró sin lugar la revisión de medidas cautelares en el caso de los ocho defensores del agua de la comunidad de Guapinol.
“Los defensores de Guapinol” en Honduras, protestaron contra la empresa minera Inversiones Los Pinares por un proyecto riesgoso para las fuentes de agua de las comunidades, y desde hace 15 meses se encuentran en prisión.
“Rechazamos completamente la resolución de la jueza Zoé Guifarro, esa resolución no está apegada a derecho. Como dijimos en conferencias previas, no cabía otra decisión jurídica que no fuera la libertad de los ocho compañeros”, mencionó uno de los abogados defensores, Edy Tabora, durante la conferencia de prensa convocada este lunes.
El abogado defensor, Efraín Ramírez, argumentó que la resolución está completamente ausente de elementos jurídicos. “Se están violentando los derechos de una comunidad y esto por extensión va a generar que se violenten los derechos ciudadanos de todos los hondureños”, mencionó.
La defensa presentó un recurso de apelación por la resolución de la jueza Zoé Guifarro. “El primer hecho que debe ser tomado en cuenta es que los compañeros se presentaron voluntariamente al proceso, esto en cualquier país civilizado debería ser suficiente para que las personas nos defendamos en libertad”, agregó el abogado Ramírez.
Organismos internacionales, organizaciones de derecho internacional y derechos humanos, así como colectivos comunitarios, se han pronunciado en contra del proceso de criminalización y las medidas arbitrarias contrarias a los estándares de derechos humanos. En las afueras del Juzgado de Tocoa se han realizado plantones para exigir justicia.
SURCOS comparte el pronunciamiento que realizó la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras el 19 de diciembre, previo al reciente fallo del Juzgado:
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) Libertad Para Guapinol, Honduras
El Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras, en Costa Rica y la ACODEHU manifiesta su preocupación ante la agudización de la represión, persecución y muerte de ambientalistas en Honduras, y ciudadanía en general. Tal es el caso de ocho defensores ambientalistas de Guapinol que cumplen 15 meses en prisión por su defensa consecuente de la madre Tierra.
Nos sumamos a más organizaciones y voces reiterando que en Honduras la lucha ambientalista es un delito, mientras que los actos de la marcodictadura diariamente son sistemáticos y legitimados de manera infame. En este contexto, el 1 de setiembre del 2019 fueron detenidos los ambientalista y defensores de los Derechos Humanos Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, mientras que su compañero Jeremias Martinez está preso desde diciembre de 2018. Todos víctimas de procesos de criminalización y judicialización por defender los rios y el área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras de Guapinol y sector San Pedro, frente a la explotación que realiza la Minera Inversiones Pinares (Municipio de Tocoa, departamento de Colón) contaminando varios afluentes que nacen en el Parque Nacional Carlos Escaleras, incluido el río Guapinol.
«Es la lucha de siempre, defender el agua y la vida. La comunidad era de paz, no necesitábamos el “desarrollo” ese que nos decían… El desalojo de la acampada se produjo con bombas, balas y gas, pero sobrevivimos y sobreviviremos” (vecina de Guapinol). (Internacionalistas y anticapitalistas. Integrantes de la Delegación Política de la Plataforma por Honduras 02-03 2020.)
En un régimen de naturaleza dictatorial, así como Berta Cáceres con su pueblo defendieron la vida de cada elemento de la naturaleza, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por enfrentarse a los intereses de las élites económicas y la oposición, a su expropiación, destrucción y saqueo constante, hoy sufren prisión estos defensores ambientalistas.
Denunciamos que en la audiencia del día de ayer 18 de diciembre 2020, el Ministerio Público, se comportaron como verdugos de la defensa de la vida y de las luchas sociales, ensañado en que deben continuar presos.
A nivel internacional y nacional esperamos una decisión jurídica, que solo puede ser la libertad de los defensores. Quienes han sido reconocidos como defensores ambientalistas por varios organismos nacionales e internacionales. Respaldamos plenamente a cada compañera y cada compañero que se encuentran en el Campamento en las afueras de los juzgados en Tocoa.
¡La lucha de Guapinol es nuestra lucha! ¡Libertad para Guapinol!
Pronunciamiento compartido con SURCOS por María Trejos Montero.
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