Ir al contenido principal

UCR repudia orden de desalojo contra población indígena

Zaida Siles Rojas, Periodista

El Consejo Universitario hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a levantar la voz en defensa de los pueblos indígenas. (Fotos: www.surcosdigital.com)

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) repudia la orden de desalojo que emitió recientemente el Tribunal Agrario de San José contra varias familias indígenas cabécares de China Kichá de una finca dentro de su propio territorio, en la zona sur del país.

Las tierras estaban ocupadas por personas ajenas a la comunidad y fueron recuperadas hace más de un año por esas familias.

El Órgano Colegiado le reiteró al Gobierno de la República su deber de garantizar la protección y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica, de respetar la legislación nacional e internacional sobre la materia y asegurar que no exista impunidad ante los atropellos y la violencia a la cual se encuentran sometidas estas poblaciones.

Además, le exigió al Gobierno y al Ministerio de Seguridad Pública tomar las medidas necesarias para que la Fuerza Pública no se exceda en sus competencias y se asegure que no existan actos discriminatorios y persecutorios contra las personas indígenas.

El acuerdo del Consejo Universitario contiene también una solicitud al Ministerio Público para que continúe la investigación del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, al considerar que la desestimación y archivo de este caso genera un ambiente de impunidad en las comunidades indígenas.

Para el Órgano Colegiado, “tanto la desestimación y archivo del caso de Sergio Rojas, como la orden de desalojo contra la población indígena China Kichá representan el racismo, la discriminación, la violencia física y simbólica, el asedio y la intimidación que viven los pueblos indígenas en sus territorios”.

Miembros del Consejo expresaron que, por más de 40 años, el Estado costarricense ha sido negligente en su obligación legal de garantizar la territorialidad indígena, de acuerdo con la Ley N.° 6172, de noviembre de 1977, tras el incumplimiento de las promesas de solución que han realizado las últimas administraciones y la inexistencia de una política pública eficiente en la materia.

En reiteradas ocasiones, el Consejo Universitario se ha pronunciado sobre la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como a los homicidios de líderes indígenas y al papel que debe asumir el Estado costarricense, de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.

Este último acuerdo fue aprobado en la sesión N.º 6439, con base en una propuesta presentada por los miembros Valeria Rodríguez Quesada, Madeline Howard Mora, Teresita Cordero Cordero y Carlos Méndez Soto, la cual toma en consideración la solicitud que al respecto presentaron las escuelas de Antropología y Sociología.

Información del Consejo Universitario UCR.

UCR: Costarricenses priorizan los problemas cotidianos frente al COVID-19

Encuesta del CIEP

Las medidas sanitarias continúan con un amplio respaldo ciudadano y la democracia se mantiene firme pese al impacto de la pandemia

Investigadores del CIEP señalan la aceptación de la vida con pandemia por parte de la ciudadanía costarricense. Foto: Karla Richmond, UCR.

Costa Rica registró los primeros casos de COVID-19 el pasado 6 de marzo, y en abril la pandemia ya era considerada por la ciudadanía como el principal problema del país. Tras ocho meses de emergencia sanitaria, la población vuelve a priorizar temas cotidianos mientras lidia con la amenaza del virus.

Así lo revela la más reciente encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual se aplicó entre el 2 y 9 de noviembre a 969 personas mayores de edad localizadas en todo el territorio nacional.

Según la medición, el 26,7 % de las personas —al igual que en la consulta de agosto anterior— considera que el desempleo es el principal problema del país; seguido por la situación económica y la mala gestión del Gobierno, destacadas por el 21,4 % y 13,1 % de la muestra, respectivamente.

Por primera vez en las mediciones realizadas desde la presencia del coronavirus en el país, este se colocó fuera de la principal triada de preocupaciones ciudadanas y ahora figura como el cuarto problema más destacado. Según la investigadora, María José Cascante Matamoros, los datos evidencian una “aceptación de la vida con pandemia” por parte de los costarricenses.

“Ya se dejó de priorizar el encierro y la exclusividad que había tenido hasta ahora la pandemia en la vida y, de alguna manera, se está buscando el modo de volver a una forma de vida que también incluya esto”, explicó Cascante.

Según la experta, las preocupaciones cotidianas, que estaban nubladas en abril tras la llegada de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, vuelven a surgir en la población y aparecen radicalizadas como resultado del impacto económico y social de la crisis sanitaria.

“Empezamos a ver huracanes y otras cuestiones regulares de la dinámica social de nuestra vida, tensiones que nos obligan a priorizar. Todo esto genera mucho estrés en la ciudadanía, en los tomadores de decisiones y hasta en las medidas que se toman”, reconoció Cascante.

La ciudadanía señala malestar con el Gobierno y con la situación económica

En medio de la diversidad de temas que vuelven a surgir en la dinámica social costarricense, el apoyo de la ciudadanía a las medidas sanitarias se mantiene en un 69 %. También se registra una mejor valoración de las acciones económicas que, tras un incremento de 16 puntos porcentuales, reciben el respaldo del 43 % de las personas.

En contraposición con las mejoras descritas, la gestión del presidente Carlos Alvarado recibe el apoyo más bajo que ha tenido su gobierno desde noviembre del 2018, al registrar solo un 15 % de opiniones positivas frente a 66 % de valoraciones negativas.

En cuanto a la situación económica, el pesimismo se mantiene como tendencia en esta encuesta. El 87 % de personas considera que el panorama nacional es malo o muy malo, en contraposición con apenas un 4,2 % que lo valora de manera favorable.

Según el investigador Ronald Alfaro Redondo, el resurgimiento de otras preocupaciones en la ciudadanía, relacionadas con el desempleo y su situación económica, genera un “castigo” al trabajo del Gobierno y a su reciente actuación en el manejo de las tensiones con diversos grupos sociales.

Además del desempleo, las personas destacan la situación económica y la mala gestión del Gobierno como los principales problemas del país. Foto: Karla Richmond, UCR.

La democracia se mantiene sólida pese al impacto de la pandemia

Pese a los enfrentamientos y manifestaciones violentas que vivió el país durante octubre, esta nueva encuesta del CIEP señala que la democracia costarricense se mantiene sólida en medio de los múltiples desafíos que ha planteado la pandemia.

Los resultados de la encuesta reconfirman, una vez más, el respaldo social a principios como la libertad, la democracia, la paz y la protección de la naturaleza, los cuales forman parte importante del imaginario del ser costarricense.

Al mismo tiempo, aunque se reconoce la existencia de diversos perfiles identitarios dentro de la población, existe un rechazo generalizado a las acciones antidemocráticas como los bloqueos de carreteras o la paralización del país.

Según Alfaro, los resultados de la encuesta evidencian que la ciudadanía sigue apostando por el diálogo y por la negociación para resolver sus diferencias. Esto es parte de una respuesta positiva a la vigencia de mecanismos democráticos.

“A veces la democracia es lenta, pero tiene mecanismos diseñados para procesar los conflictos y entregar resultados. Aun en sus horas más difíciles, la democracia costarricense está demostrando que tiene una reserva de confianza en la gente para procesar todas estas presiones y tempestades”, concluyó el experto.

El panorama más reciente del desempleo

Según la nueva encuesta del CIEP, el 48 % de las personas encuestadas reconoció una afectación propia o en su núcleo familiar por la pérdida de empleo durante el último mes.
El 19 % de la muestra consultada señaló una afectación directa y el 29 % restante atribuyó esta circunstancia a algún miembro de su hogar. El mayor impacto directo lo experimentaron hombres entre los 35 y 54 años de edad, mientras que las mujeres mayores de 55 años son quienes reportan el mayor impacto en sus familias.
Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón agrupan la mayor cantidad de personas que perdieron el trabajo durante las últimas semanas.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Conferencia internacional «Centroamérica: La crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19»

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, le invita este jueves 19 de noviembre a la 1:30 p.m. a la conferencia de clausura del III Seminario CICDE: “Centroamérica: La crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”.

Ponentes: Luis Paulino Vargas Solís, Ana Lucía Álvarez Vijil, Álvaro Artiga González, Ricardo Sáenz Tejeda.

Modera: Eva Carazo.

La transmisión se llevará a cabo mediante redes sociales.

Pandemia al Sur

Compartimos el libro Pandemia al Sur compilado por Olver Quijano y Carlos Corredor Jiménez en cuya presentación se lee:

“Una espontánea conversación, mientras transcurre el desayuno en una mañana de confinamiento, ha confrontado una vez más, amable y fraternalmente, a dos generaciones y, por tanto, a distintas visiones sobre la existencia y el presente-futuro de la humanidad. Mientras en casa destacábamos la importancia y necesidad de que los jóvenes se familiaricen con la tradición oral y con algunos saberes tradicionales, afirmé: “¡qué bueno que las nuevas generaciones puedan escuchar hasta cómo curar una gallina sin necesidad de ir al veterinario!”. Nuestro hijo Juan respondió de manera desafiante: “¡sí!, y ustedes ¿por qué no escucharon cómo cuidar la naturaleza y la economía?”. Un largo, intimidante y hasta escandaloso silencio acompañó el final del desayuno, interrumpiendo la transitoria tranquilidad matutina de otro martes de mayo.

Reclamos y protestas de este tipo son ya comunes en cualquier espacio y escenario socioeconómico y político/cultural con protagonistas de diverso tipo. Todos y todas, y de singulares maneras, dan cuenta de los hechos inéditos más lapidarios de nuestros tiempos: la crisis civilizatoria, el pandémico y hegemónico mundo actual, la devastación ecológica/social, y claro, el creciente desprecio por la vida. La actual coyuntura pone una vez más este debate en el centro de la agenda política como de las necesarias transformaciones sustantivas, en medio del colapso y del paro generalizado como de un extraño reclamo por la normalidad, es decir, por la crisis.

En el estrecho marco de una institución universitaria moderna, colonial e imperial de la provincia colombiana, ya hace más de una década se intensifica el debate, la comprensión y la conversación sobre estos temas y problemas. Se trata de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad del Cauca, Colombia, programa instalado en una de las grietas de la institucionalidad letrada poco practicante de la justicia cognitiva y epistémica. Empero, en medio de la ola desarrollista y neodesarrollista que recorre el mundo, del capitalocentrismo, el estadocentrismo y las representaciones naturalizadas del desarrollo y la ecoNOmía, este programa de posgrado, movido desde una analítica transdisciplinaria y posdesarrollista, representa una apuesta para seguir pensando a contrapelo, tal como sucede con las reflexiones que integran el presente libro. Inspirados en la necesidad de profundizar el diálogo entre prácticas académicas y prácticas intelectuales desde una perspectiva pluriversal, este esfuerzo, cuyo sustrato son las visiones y prácticas de diferencia económica, política, ecológico-cultural y epistémica en contextos de heterogeneidad, discute el papel de los bienes comunitarios, el territorio y los procesos autonómicos en la concreción y movilización de proyectos y pensamientos singulares y sociohistóricos como fuentes de inteligibilidad y posibilidad.

Esta aventura, inspirada también en el valor político del acto de incomodar, ha sido posible gracias a la generosidad y solidaridad de varios amigos y amigas, académicos, intelectuales, comuneros y comuneras, dirigentes, etc., quienes han compartido sus proyectos, apuestas políticas, pensamientos, preocupaciones, prácticas, sueños, experimentos, voces, análisis y, sobre todo, su cariño y sus esperanzas por un(os) mundo(s) mejor(es). Con algunos y algunas de ellos y de ellas se ha configurado el presente libro, muestra de que también en tiempos de confinamiento, a pesar de estar lejos, es posible seguir juntos.

Expandido el COVID-19 “gracias” a la arquitectura social y económica del mundo contemporáneo, y una vez declarada la nueva pandemia, no tardaron en circular numerosos análisis de influyentes pensadores globales, como es el caso de Žižek, Chul Han, Agamben, Houellebecq, entre otros, quienes se han movido entre utopía y distopía, guerra con un enemigo invisible o una guerra civil, y la idea de que el mundo después de la pandemia será el mismo, solo que un poco peor.

Otras posturas, ya numerosas y hasta innumerables, también tienen anclaje en otras locaciones y con otros actores, esta vez en el sur global, como proyecto societal, principio de inteligibilidad y lugar de la esperanza. Algunos de estos análisis integran el presente libro, compilación posible gracias al auspicio del programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo en la Universidad del Cauca, Colombia, y a la energía y generosidad del maestro Arturo Escobar, quien, sin dudarlo, apoyó la idea, consolidó su reflexión y sacrificó mucho de su tiempo para compartir e impulsar la iniciativa con amigas y amigos, y colectivos de distintas latitudes. Reconocemos la misma dosis de entusiasmo y generosidad en la maestra Rita Segato, quien nos animó, ejerció su capacidad para crear vínculos e imprimió fuerza y otra sensibilidad a esta obra.

Esta conversación –no tanto sobre la actual pandemia global, sino, en particular, acerca del carácter pandémico del capitalismo neoliberal, la crisis de los cuidados y la necesidad de “ensayar otras formas de estar en la sociedad” (Segato, en este volumen)– se extendió desde nuestro escenario local a varios países en donde amigos y amigas se sumaron rápidamente con sus aportes, inquietudes, preguntas y respuestas.

Si publicar en el horizonte de la justicia cognitiva significa “poner en público”, el pintor colombiano Adolfo Albán, desde el Valle del Patía en el Cauca y con su serie #40rentenagrafica, nos ayuda de otra manera a comprender lo que está pasando en esta etapa de aislamiento transitorio para unos y de acostumbrado aislamiento para significativos segmentos de la población. De esto también versan las ilustraciones del libro. Con una enorme gentileza, los maestros Ailton Krenak (Brasil), Boaventura de Sousa Santos (Portugal), Enrique Leff (México), Arturo Escobar (Colombia/EE. UU.), Gustavo Esteva (México), Raúl Zibechi (Uruguay), Walter Mignolo (Argentina/EE. UU.) y la maestra Rita Segato (Argentina/Brasil) nutren y cualifican esta obra con sus análisis de emergencia, el compromiso con un pensamiento crítico no vanguardista y las salidas transicionales ante el colapso civilizatorio y la ausencia de inmunidad humana.

Como parte de una iniciativa del colectivo francés Écran Total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2) y como apartado singular para esta obra, Jorge Reichmann/Adrián Almazán y 300 firmas –entre colectivos y personas de distintos lugares del planeta– generosamente contribuyen con un trascendental manifiesto respecto a la necesidad de luchar contra un mundo “virtual”. Se trata de un documento trascendental para esta época de posible “inocente” fascinación de grandes sectores de la población mundial con la tecnología y la dependencia total de ella. Del análisis y las advertencias sobre sus peligros como de actuales y eventuales colapsos ecológicos, políticos, económicos, sanitarios y ontológicos se ocupa este trabajo colectivo.

El aislamiento obligatorio nos ha ayudado a intensificar el proceso de comprensión de la sociedad en su complejidad y de esta singular coyuntura. En tal esfuerzo, con elementos comunes pero con especificidades propias de sus lugares, trayectorias e historias, Olver Quijano Valencian(Colombia), Tulio Clavijo Gallego (Colombia), Yuri F. Tórrez (Bolivia), Carlos Corredor Jiménez (Colombia), Catalina Toro Pérez (Colombia) y Hackeo Cultural (Guatemala y México) –colectivo de narradores, cuentacuentos, artistas, comunicadores, radialistas, periodistas y hackers culturales–, así como el grupo conformado por Cynthia Angulo Jara, William A. Cisneros Ordoñez, Alex L. Dagua Mosquera, Rocío Hernández Romero, Gloria Ángela Niebles Gutiérrez y Víctor A. Yarza de los Ríos, contribuyen todos y todas, con sus inquietudes, preocupaciones y apuestas, a poner el acento en la necesidad de juntarnos para diseñar las ideas, pensar disruptivamente y seguir haciendo de las calles el epicentro de la protesta, la propuesta y la fiesta.

En un ambiente de desconcierto, arbitrariedad y autoritarismo gubernamental como de procesos neo panópticos de control y de cinismo corporativo empresarial, no deja de sorprender el cúmulo de manifestaciones solidarias y de desprendimiento de hombres y mujeres, claro está, de parte de los más humildes y “jodidos”, aquellos para quienes la vida es más importante que los negocios, y los abrazos, una necesidad comunal. Son quienes nos recuerdan que “no podemos construir lo nuestro con lo mismo”. El libro Pandemia al sur también es producto de un acto de generosidad de los autores y autoras, con la esperanza de contribuir a una mejor lectura del actual momento histórico, de “proteger la vida, cuidar de ella en un aquí y ahora y a como dé lugar” (Segato, en este volumen).

Entre miedos, peligros, amenazas y esperanzas, los autores y autoras de esta obra colectiva nunca renunciamos a la posibilidad de volver a vernos, a mirarnos de cerca, a estrechar las manos y a abrazarnos, pero, sobre todo, a sentir la maravilla de saber que no falta nadie, o, por lo menos, que no faltan muchos”.

Olver Quijano Valencia
Universidad del Cauca, Colombia

Compartimos el documento para descargar.

II Encuentro: Experiencias de Intercambios Solidarios

El Programa de Economía Social Solidaria de la UCR le invita este miércoles 11 de noviembre a las 2 p.m. al el II Encuentro sobre Intercambios Solidarios.
El Encuentro se realizará mediante Zoom. Se conversará sobre formas de intercambios solidarios y se podrá hacer preguntas para ampliar los saberes y experiencias. En el afiche encontrará datos para confirmar su participación.

 

Imagen ilustrativa UCR.

Voz Experta UCR: Desarrollo regional y la contribución de la UCR frente a una crisis social sin precedentes

El diálogo territorial ha demostrado la capacidad de gestión de la Sede del Sur en la Región Brunca y el aporte que puede ofrecer la UCR para fomentar el diálogo entre el gobierno y los sectores sociales, económicos y políticos.

Dr. Carlos Murillo Zamora. Director del Observatorio del Desarrollo (OdD) y catedrático de Escuela de Administración Pública (EAP).

El desarrollo entendido desde una perspectiva amplia, no se limita a una cuestión de simple crecimiento en términos económicos. Así se concibe a partir de la superación del enfoque malthusiano y las ideas de A. Sen en su libro Desarrollo como libertad, pero sobre todo a partir del Reporte de la Comisión Brundtland, “Nuestro futuro común”, de 1987 -que sirve de referente a la tesis de la sostenibilidad para cerrar la brecha entre desarrollo y ambiente-.

Por eso, J. Sachs en su libro “The Age of Sustainable Development” de 2015, alude a que el desarrollo sostenible es el concepto central de nuestro tiempo y un método para resolver los problemas globales, teniendo como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo cual no significa hablar solo de desarrollo como crecimiento, sino desde un visión holística e integral que abarca, tanto a los gobernados como a los gobernantes. De ello se deriva la necesidad de reconocer las particularidades que tiene el desarrollo en cada país, región y comunidad.

Por otra parte, en los últimos años se ha incrementado la conveniencia de implementar la estrategia de gobierno abierto, fundamentada en tres pilares: participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas; con lo cual se fortalece la democracia y la democratización. Pero no se trata solo de que la ciudadanía vote cada cierto tiempo para escoger a sus gobernantes; sino que aquella asuma la responsabilidad de intervenir en los procesos de formulación de políticas públicas en todas sus fases. Al mismo tiempo, que el gobierno genere los espacios permanentes de diálogo y participación, y rinda cuentas de las acciones que realiza en procura del bien común.

A partir de ello, se debe reconocer que las situaciones críticas que enfrentan las sociedades, gobiernos y en general los países constituyen un momento propicio para que se generen los espacios necesarios para atender los problemas en forma conjunta. Aunque suene redundante, los problemas hay que problematizarlos para incorporarlos a la agenda pública y de ahí a la agenda gubernamental.

Con motivo de la pandemia de la Covid-19, de los problemas fiscales que por años se han acumulado en el país, de la largamente postergada reforma del Estado y de las dificultades que ha tenido la administración Alvarado Quesada para tomar decisiones y comunicarlas a la ciudadanía; así como considerando las protestas prolongadas en los meses anteriores, el gobierno convocó a los procesos de diálogo nacional y en las regiones del país. En el caso de la Región Brunca, la ministra de Economía, Victoria Hernández, pidió la colaboración de la Universidad de Costa Rica (UCR), particularmente la participación de la Sede del Sur. Desde el primer momento el rector, Dr. Carlos Araya, respaldó la solicitud.

Así se inició una serie de trabajos para facilitar el diálogo entre los diversos sectores de la zona Brunca y las autoridades gubernamentales. El propósito: construir una propuesta consensuada que identifique los problemas en los seis cantones (Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito, Osa y Pérez Zeledón) y señale las causas y las posibles soluciones, así como los actores responsables.

Esta zona tiene particularidades, además de ser una de las áreas de menor desarrollo en el país. Lo señalo con conocimiento de causa, pues trabajé en distintos proyectos durante varios años. A cada cantón, y dentro de estos a cada distrito, hay que reconocerles las diferencias. Esto es clave cuando se quieren atender las necesidades; de ahí la referencia inicial que hice a los enfoques sobre el desarrollo. Los cuales, en el sur del país, deberían conducir a convertir esa región en un polo de desarrollo.

El papel de la UCR, Sede del Sur

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el prestigio y credibilidad que tiene la Sede del Sur, así como la capacidad de trabajo de la directora, Georgina Morera Quesada y su equipo de personas colaboradoras, cuando me integré como asesor, enfaticé dos aspectos medulares. En primer lugar, la necesidad de que la UCR fuera la instancia que facilitara el diálogo. La Universidad no podría ni debería actuar como mediadora ni ser vista como representante del sector gubernamental. En segundo lugar, que quienes representan a los sectores -interesados en participar, sin condiciones previas- aceptaran esa facilitación y llegaran con un espíritu constructivo, lo cual no quita el cuestionamiento y la crítica a las políticas públicas de la actual y anteriores administraciones adoptaron para la Región Brunca.

Mientras no existiera una propuesta consensuada entre los sectores, las autoridades gubernamentales atenderían consultas y no establecerían ningún esquema de negociación. Hay que reconocer la disposición y colaboración de la ministra de Economía, el ministro a.i. de Comercio Exterior y el presidente del CNP, quienes asistieron a las sesiones de trabajo.

De los primeros encuentros se obtuvo un primer borrador, que debe ser validado por los sectores, para luego ser entregado por las y los representantes al gobierno, con la presencia de los alcaldes y otras autoridades de los gobiernos locales. Esto está por concretarse este fin de semana.

En mi criterio, esta experiencia ha demostrado la capacidad de gestión de la Sede del Sur en la Región Brunca y el aporte que puede ofrecer la UCR para fomentar el diálogo entre el gobierno y los sectores sociales, económicos y políticos. Esta vía ha de ser la que se constituya en la norma para la formulación de políticas públicas vinculadas con el desarrollo sostenible, no solo en la actual coyuntura, sino como un mecanismo institucionalizado. Esto es más significativo cuando se trata de grupos con diversos grados de vulnerabilidad en una zona que requiere la atención urgente y permanente de los gobiernos central y locales.

La Sede del Sur de la UCR demostró cómo la universidad debe proyectarse a la comunidad y contribuir a facilitar el diálogo entre los distintos actores -gracias al expertise que poseen los y las especialistas en diversos campos-. Por supuesto, ahora resta ver si el esfuerzo realizado da los frutos esperados y si el gobierno reconoce las necesidades de los sectores y adopta las acciones necesarias para contribuir al desarrollo sostenible en un momento de crisis social sin precedentes.

 

Dr. Carlos Murillo Zamora. Director del Observatorio del Desarrollo (OdD) y catedrático de Escuela de Administración Pública (EAP).

Imagen ilustrativa, Región Brunca, UCR.

La importancia de hacer visible el Acuerdo de Escazú

10/11/2020. La Red por el Acuerdo de Escazú en Costa Rica busca visibilizar la importancia y la trascendencia del Acuerdo de Escazú mediante una campaña informativa en redes sociales.

El 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe hizo historia al adoptar, en Escazú (Costa Rica), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es: Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Festival contra las Violencias Patriarcales, Racistas y Capitalistas

México. El Tercer Festival Contra las Violencias Patriarcales, Racistas y Capitalistas, invita a la comunidad a acompañarnos de manera virtual del 9 al 11 de noviembre.

Se reflexionará sobre las violencias, cómo nos atraviesan para pensar entre todas y todos cómo las enfrentamos.

Inscríbase a las actividades, aquí: https://forms.gle/bS65koYm8y96c9ny9
Consulte el programa digital aquí
https://4a31c397-0f18-4676-91be-bfb3ae8daadd.filesusr.com/ugd/5ea7e8_1c1153d617824852933d55f439271a9c.pdf

Movimiento feminista y de mujeres condena detención contra Stella Chinchilla

Movimiento feminista y de mujeres: Condenamos la detención arbitraria y violenta contra Stella Chinchilla Mora, compañera comunicadora popular y defensora de los Derechos Humanos

Las organizaciones, mujeres y personas que suscribimos el presente posicionamiento, rechazamos y repudiamos con vehemencia la violencia y el abuso policial contra las mujeres y las niñas en el marco de las protestas y manifestaciones contra el FMI y las medidas de impuestos regresivos por parte del gobierno contra la clase trabajadora.

Denunciamos que el pasado 29 de octubre fue detenida en Ochomogo, Cartago, junto a otros compañeros, de manera arbitraria y violenta Stella Chinchilla Mora destacada comunicadora popular y defensora de los Derechos Humanos, quien enfrenta ahora un proceso de judicialización.

Enfatizamos nuestro repudio contra la detención abusiva, arbitraria e ilegal de Stella, mientras ella se encontraba reportando un abuso de poder por parte de la policía contra una persona con una condición de discapacidad, antes de iniciar una manifestación pacífica.

Condenamos que la violencia policial obstruya el derecho a la comunicación, información y a la libre expresión de todas las personas en Costa Rica. Exigimos el cese inmediato de los abusos de autoridad y la violencia policial contra las mujeres y niñas, o cualquier otra persona que haga uso de su legítimo derecho a la protesta social. Le recordamos a la policía que su principal labor es proteger a la sociedad civil, no perpetuar la violencia ni la masculinidad tóxica que ha manifestado como institución desde la base de su matonismo policial.

Este atropello a la integridad física y emocional de Stella se da en el marco de la violación sistemática a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, bajo las órdenes del Ministro de Seguridad Michael Soto y el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, contra el movimiento social en resistencia desde las calles.

Puntualizamos:

Es inaceptable la violencia sufrida por la compañera Stella Chinchilla Mora, siendo ésta abuso sistemático de poder por parte de la policía, antimotines y diferentes órganos de seguridad nacional bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial.

Este atropello a los Derechos Humanos se suma a un conjunto de hechos registrados contra el ejercicio a la libre comunicación, periodistas y comunicadores sociales en el país, demostrando que el gobierno irrespeta acuerdos internacionales como el contemplado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que establece el Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Que en la detención de Stella el Ministerio Público aduce “obstrucción de la labor policial” y “resistencia agravada”, lo cual además de no tener fundamentación, es la justificación bajo la cual el gobierno pretende legitimar el uso de armas químicas de forma indiscriminada con los gases lacrimógenos a la población, las cuales han dejado personas afectadas incluyendo niñez y adultas mayores, que se encontraban en sus casas. También, se han registrado agresiones físicas, verbales y con arma de fuego, envío de infiltrados para ocasionar disturbios con el fin de deslegitimar la protesta social, desapariciones y detenciones arbitrarias como la descrita aquí contra la compañera Stella, sumando al día de hoy más de 141 detenciones de esta naturaleza inconstitucional.

El gobierno de Costa Rica no respeta la libertad de prensa y comunicación popular, y a su vez, es cómplice de la campaña mediática basada en falacias emitidas desde medios de comunicación como La Nación cuyas publicaciones intentan denigrar la labor profesional y comprometida de Stella Chinchilla Mora.

Consideramos que no es posible ni congruente la disposición de un gobierno que convoca al diálogo multisectorial mientras persista un escenario donde se dé la represión, intimidación, persecución, y desapariciones contra sus habitantes, pues caracterizan un estado reproductor de la indefensión, impunidad, cuando acciones como la criminalización y judicialización de la protesta social, son propias de gobiernos antidemocráticos.

Es por esto que en medio de esta crisis política, económica y social donde la pandemia se ha convertido en la cortina de humo para intentar invisibilizar la desigualdad y violencia contra las mujeres, exigimos al gobierno de Carlos Alvarado Quesada ser consecuente con la voluntad manifestada de abrirse al dialogo con el pueblo mediante la priorización del respeto y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, comunicadores, defensores y todos los habitantes de Costa Rica por medio del alto definitivo a la represión del legítimo derecho a la protesta social.

Le recordamos al Gobierno que el disenso es clave para la democracia, y no puede ser acallada con armas químicas, golpes y aprisionamientos. La democracia es un proyecto continuo y debemos protegerlo, reducir nuestros derechos humanos a partir de la represión policial o políticas públicas para criminalizar y judicializar el disenso es una alerta en cuanto el proyecto país que deseamos y que merecemos.

Por último, invitamos a medios locales, nacionales e internacionales a que se sumen a esta denuncia porque comunicar, informar y expresarse libremente ¡Son Derechos Humanos! Un Estado que limite el ejercicio libre de estos no es una democracia. ¡Libertad para Stella! ¡Libertad para protestar! ¡Justicia para las personas en procesos por ejercer su derecho humano a la Protesta Social!

Para apoyar esta iniciativa, ingrese en el siguiente enlace: https://forms.gle/VtC3VUJgSpDWeEEW9

UCR Voz experta: Publicidad oficial y electoral: un negocio con pocos actores

Por Johanna Rodríguez López

¿Cómo se distribuye y se concentra la publicidad oficial y electoral en los medios de comunicación del país?

En el capítulo 4 del II Informe del Estado de la Libertad de Expresión se presenta la distribución del presupuesto estatal en publicidad a los medios de comunicación del país, durante los años 2017 y 2018. Igualmente, se encuentra un análisis en torno al comportamiento de la pauta mediática pagada por los partidos políticos, como parte de la deuda política, durante las campañas electorales 2010, 2014, y 2018.

Los cuatro grupos empresariales que más pago recibieron por pauta oficial fueron Televisora de Costa Rica (Teletica), Grupo Repretel, Grupo Nación y Sociedad Periodística Extra. Solo en el 2017, los dos primeros concesionarios cobraron más de mil millones de colones cada uno, seguido del Grupo Nación con más de 800 millones de colones y Sociedad Periodística Extra con una suma superior a los 700 millones.

El comportamiento en el 2018 no varió significativamente, pero sí aparecen otras empresas de comunicación y personas físicas participando de la distribución. En esta oportunidad, los tres grupos mediáticos que dominaron la pauta publicitaria estatal fueron el Grupo Nación GN Sociedad Anónima, CRHoy Sociedad Anónima, y Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima, que recibieron montos superiores a los mil millones de colones cada uno. Por su parte, Representaciones Televisivas Repretel obtuvo más de novecientos millones de colones y al Grupo Extra se le pagó más de quinientos millones de colones.

Con respecto a la concentración de la pauta oficial —según la plataforma de emisión—, se observa que, en televisión, Repretel y Televisora de Costa Rica están en primer lugar; mientras que, en Radio, se encuentra Central de Radio CDR Sociedad Anónima, seguido de Canara y de la Cadena de Emisoras Columbia. En cuanto a la plataforma impresa, Grupo Nación, Pro-Periódicos Limitada y Sociedad Periodística Extra son los que más pauta recibieron. Finalmente, en la plataforma digital, CRHoy encabeza la lista.

En cuanto a la pauta electoral, es importante mencionar que el uso de las diferentes plataformas de comunicación ha cambiado de manera importante. Por ejemplo, el pago por pauta en periódicos y revistas para las elecciones de 2010 era de ¢563 210 770,95; mientras que para el 2014 fue de ¢301 893 508,69. Es decir, de una campaña a otra, disminuyó alrededor de doscientos cincuenta millones de colones. Sin embargo, la reducción más significativa se evidenció en la última campaña, ya para el 2018, solo se pagó ¢42 186 590,00.

Con respecto a la pauta en televisión, si bien es cierto, el pago ha disminuido, este no ha sido tan drástico como con los periódicos, pues de la campaña de 2010 a la de 2014 el monto disminuyó en menos de mil millones de colones, y de la campaña 2014 a la de 2018 disminuyó un poco más de cien millones.

El pago por pauta en radio tuvo un pico en la campaña de 2014, al pasar de ¢475 487 118,68 en el 2010 a ¢954 070 293,80. No obstante, el monto disminuyó en más de doscientos millones de colones en la campaña 2018. Finalmente, con el uso de internet se presentan dos picos: en la campaña 2010 y en la campaña 2018. En esta última, se presentó un aumento en el pago de más de doscientos millones de colones entre ambas campañas. Internet ha sido la plataforma que más aumento ha presentado con respecto a los pagos.

Evidentemente, la publicidad oficial es un mecanismo indispensable en la relación entre el Estado y la sociedad, pues es una forma de crear estrategias para la rendición de cuentas de los diferentes entes estatales, y también es una forma de informar y promocionar sobre las acciones que realizan. Sin embargo, la publicidad debe ser vista como el lazo entre el Estado y la sociedad, y no como una forma de premiar o castigar a los diferentes medios de comunicación.

En este capítulo, y siguiendo el comportamiento de los datos presentados en el Primer Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica, la concentración mediática también implica una concentración en la asignación de la pauta oficial, ya que pocos adjudicatarios obtienen altos montos por pauta.

Es así como es necesario retomar las recomendaciones que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2012) plantea en los Principios sobre regulación de la publicidad oficial. Específicamente en regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión en Costa Rica es necesario:

  • Establecer un marco legal y transparente que permita la asignación de la pauta oficial igualitaria, lejos de decisiones arbitrarias. Dicho marco debe aplicar para todos los niveles de los entes públicos.
  • Establecer una definición clara de lo que realmente es publicidad oficial.
  • Crear los procedimientos para la asignación de la pauta oficial abiertos, transparentes y no discriminatorios. La contratación directa debe ser un caso excepcional, de emergencia o imprevisto justificado, y no la norma para dicha asignación.
  • Promover la transparencia de todos los datos relacionados con la publicidad oficial.

En cuanto a la concentración mediática, como se mencionó anteriormente, hace referencia al acaparamiento en pocas empresas de emisoras de radio, canales de televisión y medios escritos, medios multimedia y otras actividades del mercado de los medios. Esta concentración también se refleja en el acaparamiento de la pauta, tanto oficial como electoral, en grandes grupos mediáticos.

A partir del análisis de los resultados, se concluye que la publicidad oficial y la publicidad electoral se concentra, según las diferentes plataformas, de la siguiente forma. En televisión: Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima y Representaciones Televisivas Repretel Sociedad Anónima; en radio: Radio Central de Radios CDR Sociedad Anónima, Cadena Radial Costarricense Sociedad Anónima y Cadena de Emisoras Columbia Sociedad Anónima; en periódicos: Grupo Nación GN Sociedad Anónima, Sociedad Periodística Extra Limitada y Properiódicos Limitada; y en internet: CRHoy Sociedad Anónima.

 

Johanna Rodríguez López
Docente de la Escuela de Sociología e investigadora y encargada de proyectos en el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), UCR