Ir al contenido principal

APP a las comunidades de San Ramón y Occidente

A las comunidades de San Ramón y Occidente

28 de setiembre de 2020
(Comunicado público)

A comienzos de este año, una crisis sanitaria se gestó y la misma ha sido la excusa perfecta para que el gobierno apruebe leyes y dicte medidas económicas antidemocráticas y antipopulares.

La pandemia COVID-19 junto a las malintencionadas políticas del gobierno y su amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, agravó la crisis económica, política y social, que ya nos afectaba como fruto de 40 años de gobiernos neoliberales, aumentando el desempleo, la pobreza y el cierre de muchos pequeños emprendimientos, situación que ya hemos venido denunciando. POR ESTAS RAZONES EN SAN RAMÓN Y OCCIDENTE LAS APP YA NOS MOVILIZAMOS EL 23 DE JULIO Y EL 9 DE SETIEMBRE 2020.

Ese fue el motivo por el cual nos sumamos a la Gran Caravana Nacional que recorrió el país haciendo eco del lema «Costa Rica no se vende, Costa Rica se defiende «, para denunciar la propuesta del gobierno de negociar un préstamo millonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual nos oponemos rotundamente porque la solución no está en seguir entregando nuestra soberanía con más deudas y más venta de instituciones públicas a la empresa privada.

Por esto, la Caravana de relevos en San Ramón y Occidente, el pasado 9 de setiembre, tuvo otro objetivo mayor que consistió en constituir una gran Coordinadora Popular de Occidente, donde confluyan grupos de productores agropecuarios y urbanos, organizaciones comunitarias, colectivos de estudiantes, sindicatos y personas dispuestas a enfrentarse a las nefastas políticas del gobierno. Una organización mayor para los Cantones de Occidente donde se logre la articulación social de diversos sectores, con profunda base popular para lograr un verdadero músculo social capaz de sostener sus posiciones de rechazo ante cualquier intento por acabar con nuestro Estado Social de Derecho, pero a la vez siendo capaces de proponer cambios con incidencia nacional hasta lograr una sociedad participativa donde el Soberano asuma todas las potestades que le reconoce la Constitución Política como Primer Poder de la República. También hacemos un llamado a los diferentes grupos y sectores organizados de Occidente a unirse a la Coordinadora Popular de Occidente y a los diferentes Comités Patrióticos Populares ya existentes en algunas comunidades de San Ramón.

Esta Coordinadora Popular de Occidente, de la cual formamos parte, hace suya la invitación de BUSSCO de crear un Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el modelo capitalista neoliberal (FNLR).

Asimismo, la conmemoración de los 199 años de vida independiente por el gobierno de Carlos Alvarado y la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (UCCAEP) con el apoyo de la mayoría de diputados a la Asamblea Legislativa, se dio en un ambiente de cautela, porque ya se visualizaban los posibles términos con los cuales se negociaría ese préstamo, un préstamo que vendría a reducir aún más la poca independencia, paz y libertad de la que aún gozamos.

Así, como Asambleas Patrióticas Populares (APP) nos oponemos a que se negocie un préstamo con el FMI y respaldamos propuestas económicas que han hecho colectivos como Economía Pluralista, Mujeres en Acción y Mayoría Solidaria cuya visión se centra en atacar los verdaderos problemas de la crisis fiscal como son la evasión y la elusión de impuestos, los fraudes aduaneros, a lo que también se suma la corrupción.

No apoyamos a quienes sólo gritan «no más impuestos», porque entre esos están personas como Otto Guevara, Eli Feinzaig, Álvaro Jenkins nuevo presidente de UCCAEP, y otros que representan al gran capital y son dueños de las empresas beneficiadas por el gobierno con amnistías tributarias y además, no pagan impuestos porque fraudulentamente declaran cero ganancias durante años a pesar de que importan y exportan miles de millones de dólares en sus operaciones.

Y aunque creemos que la manifestación social y el reclamo popular en la calles es justo y necesario, así como un instrumento válido de expresión popular, desistimos de apoyar el llamado que se ha hecho a nivel nacional para el 30 de setiembre, pues quienes lo lideran carecen de legitimidad, no mostraron igual fuerza ni interés ante la lucha con el Combo Fiscal ni contra la Ley Anti huelgas; pero además son oportunistas políticos que están aprovechando el momento para engañosamente cerrar filas hacia su estrategia electoral. Lo que terminará siendo un difusor, distractor y calmante del descontento social, para desvirtuar y debilitar los verdaderos objetivos de nuestra lucha.

ESTAREMOS ATENTOS/AS A LAS NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA COORDINADORA POPULAR DE OCCIDENTE (CPO)

Desde las Asambleas Patrióticas Populares (APP) continuamos firmes en la lucha por Justicia Tributaria y Desarrollo Social.
Nosotros seguimos gritando,
¡Que paguen los ricos su crisis fiscal!
¡Que el pobre golpeado ya no puede más!

Rechazamos la inacción estatal para dar Justicia a Sergio Rojas

  • El sistema judicial costarricense ha fallado a su deber de garantizar justicia a los pueblos indígenas
  • Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impedir el archivo del caso de Sergio Rojas
  • Llamamos a la solidaridad nacional e internacional mediante pronunciamientos

FECON. 25/09/2020. El Ministerio Público de Costa Rica solicitará desestimar y archivar la causa penal por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan Uniwak del Territorio Bribri de Salitre. Sergio fue asesinado a balazos el 18 de marzo del 2019 en su casa de habitación.  Esto es una burla total y muestra de negligencia del Ministerio Público, ya que alega que esta causa se desestima por la “imposibilidad de localizar a los testigos” y porque “el entorno, la forma de vida en la zona” imposibilito la investigación, lo que demuestra incapacidad, desinterés o racismo en el trato de caso.

La complicidad histórica y constante del Estado costarricense se expresa con el incumplimiento de los derechos indígenas, entre los que destaca el no reconocimiento efectivo sus territorios. La inacción del Estado ha generado que los Pueblos Indígenas en Costa Rica sean perseguidos, criminalizados, agredidos y sus líderes asesinados, siempre bajo una violencia que no es incidental, sino sistemática. Estas acciones criminales han quedado en total impunidad a pesar de las denuncias a las autoridades respectivas.

Por estos hechos:

► Desde la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), con indignación denunciamos que el sistema judicial costarricense ha fallado en su deber de garantizar la justicia para las personas indígenas del pueblo bribri y de los diferentes territorios. Este gobierno ha demostrado ser negligente, racista y neocolonial.

► Hacemos un llamado urgente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asuma con todas sus competencias la investigación de este caso para que el Estado costarricense en la figura de la Fiscalía General de la República, desista del archivo del caso de Sergio Rojas, realice los allanamientos que correspondan en la investigación de su caso, analice los vínculos del contexto social del conflicto con el asesinato y determine las responsabilidades, para sancionar como corresponde y a quienes corresponda.

► Solicitamos la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales, para que por medio de pronunciamientos y/o cartas apoyen la causa indígena en Costa Rica y denuncien la violencia sistemática que está operando de parte del Estado costarricense en relación a los derechos indígenas.

En contexto:

Sergio era miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Lideró las recuperaciones de tierras en su territorio en Salitre de Buenos Aires, haciendo velar la jurisdicción nacional como lo es la Ley indígena de 1977, convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del trabajo, la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e internacionales.

Sergio se encontraba bajo protección de Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. La falta de aplicación efectiva de estas Medidas por parte del Estado costarricense, se manifestó en la incapacidad de salvaguardar la vida de Sergio.

El asesinato de Sergio Rojas sumó a Costa Rica en el informe del Global Witness 2020 sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Él fue una de las 212 personas asesinadas por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas. Lamentablemente para el 2021 apareceremos de nuevo en el informe, tras el asesinato de Jehry Rivera Bröran del territorio Indígena de Térraba, también de la Zona Sur del país, el 24 de febrero del presente año.

Texto e imagen: FECON

ONU solicita continuar investigación y esclarecer homicidio de Sergio Rojas Ortiz

San José, 25 de setiembre de 2020 – El Sistema de las Naciones Unidas pidió al Estado costarricense continuar con la investigación del homicidio del líder indígena Sergio Rojas, ocurrido en marzo de 2019 en el Territorio Indígena de Salitre y evitar que este crimen quede en la impunidad.

La ONU destacó que Costa Rica ha sido un país respetuoso de los derechos humanos y tiene plena confianza en que las autoridades judiciales esclarecerán el caso y llevarán ante los tribunales a las personas responsables.

Naciones Unidas recordó el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Michel Forst, en su momento Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Victoria Tauli Corpuz, en su momento Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el que urgieron a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley”.

La organización además ha hecho llamados a sus Estados miembros para seguir impulsando las acciones necesarias con el fin de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas, garantizando también el derecho a la posesión de sus tierras.

Naciones Unidas indicó adicionalmente que ha dado seguimiento a la medida cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los territorios indígenas de Térraba y Salitre en la zona sur del país. En este marco, y en procura de prevenir la violencia en más territorios, instó al Estado a procurar que, en el desalojo anunciado para los próximos días en el territorio indígena de China Kichá, tenga en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda y desalojos forzosos, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado en los distintos tratados internacionales ratificados en la materia.

La ONU reiteró su compromiso de continuar apoyando al país para impulsar el cumplimiento de los Derechos Humanos y asegurar el derecho colectivo de los pueblos indígenas a seguir libremente su desarrollo económico social y cultural, a determinar sus prioridades y establecer sus estrategias para lograr el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.

Fuente: https://costarica.un.org/es/92701-onu-solicita-continuar-investigacion-y-esclarecer-homicidio-del-lider-indigena-sergio-rojas

Información compartida con SURCOS por SERPÄJ.

Carta abierta: preocupación por la situación económica y social que vive nuestra sociedad

Unión de Productores Independientes y Actividades Varias -UPIAV-

San Isidro de El General

21 de setiembre del 2020

SG-044-2020

Señor

Carlos Alvarado

Presidente

República de Costa Rica

S.O.

Señor Presidente

Hemos conocido la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciada por el Gobierno que Usted preside.

Desde la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), compartimos la preocupación por la situación económica y social que vive nuestra sociedad. Hemos sido estudiosos de las medidas adoptadas y ahora, de la propuesta anunciada.

En virtud de lo anterior, y vistas las acciones propuestas para negociar con el FMI, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) manifiesta su rechazo a dicha propuesta y su oposición a que la misma se llegue a concretar en la Asamblea Legislativa.

Las razones para oponernos son, entre otras, las siguientes:

1) No coincidimos en que la negociación con el FMI sea la única opción que como país tenemos. Existen otros mecanismos que pueden implementarse y en donde el Banco Central debe jugar un rol de liderazgo.

2) El propósito de un Gobierno en Democracia es velar por el bienestar de su población. Por consiguiente para lograr ese propósito, debe definir Objetivos e instrumentos para lograr el bienestar deseado. La propuesta para negociar con el FMI no contribuye con el logro del Objetivo de bienestar de la población y prioriza en favorecer el equilibrio fiscal (muy necesario pero es un medio y no un fin) como propósito único y con ello golpea a los sectores medios y en especial a los más vulnerables como lo son nuestros asociados y sus familias.

3) Las propuestas planteadas recaen sobre las espaldas de quienes menos tienen y por consiguiente son regresivas. Un aumento triplicando el impuesto a bienes inmuebles, o gravar sin distingo todas las transacciones bancarias o aumentar las contribuciones de renta al primer segmento de 800 mil a 1.2 millones son medidas absolutamente regresivas.

4) La propuesta de venta de activos, entre ellos FANAL, además de no contribuir con la situación fiscal por su pírrico aporte, pareciera obedecer a una postura ideológica interesada. En este punto en específico, una venta tendría un efecto negativo inmediato para la vida de los productores agropecuarios por la afectación al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y al propio CNP.

Señor Presidente, es hora de recurrir a gravar las grandes riquezas y en particular la riqueza del sector financiero.

Es necesario e imperativo reestructurar la deuda pública y auditarla para crear condiciones para una renegociación razonable y transparente.

No es digno ni aceptable que sean los pequeños y medianos trabajadores del campo, los trabajadores y trabajadoras privadas y públicas los que sostengan la carga tributaria.

Es una lástima que Usted señor Presidente, no haya comprendido que la Democracia se fortalece con el Diálogo Social, hoy con esa propuesta nuestro único camino es de lucha por la defensa de la Democracia, la equidad social y de un Estado que dé respuesta real a las demandas de una sociedad inclusiva, justa y solidaria.

Señor Presidente, se requiere un cambio radical en su hoja de ruta económica y social. Su propuesta de negociación con el FMI, y su decisión de cargar sobre los más necesitados el costo de la crisis es para nuestra organización inaceptable. De persistir en su iniciativa, tendremos que alentar un movimiento social que defienda en las calles nuestros derechos de vivir y reconstruir el bienestar social que deriva de una sociedad más justa y equitativa.

Agradeciendo su atención a la presente, se despide atentamente Junta Directiva UPIAV, dirigencias y afiliados.

Luis Román Chacón Cerdas, cédula 1-0823-0870, Secretario General UPIAV

Jaime Rojas Mena, cedula 1-0665-0154, Secretario Adjunto

Luis Ángel Garro Godínez, cedula 1-0697-0558, Secretario de Actas y Correspondencia.

Olger Fonseca Salazar, cédula 1-0681-0380, Secretario de Finanzas.

Xinia Rojas Vargas, cedula 9-0084-0842, Secretario de Organización y Formación.

Roger Vargas Bonilla, cédula 1-0859-0277, Secretario Vocal #1.

Jesús Bonilla Sánchez, cedula 1-0321-0095, Secretario Vocal #2.

Ana Luisa Corrales Castro, cedula 1-0828-0532, Suplente #1.

Pablo Céspedes Jiménez, cedula 3-0417-0827, Suplente #2.

Omar Valverde Martínez, cédula 1-0697-0392, Fiscal.

Texto completo, personas y organizaciones firmantes aquí

Comunicado: traslado del local de SERPAJ- COSTA RICA e implementación de la modalidad de trabajo virtual

La coyuntura social actual nos afecta de muchas maneras. Por ello, situaciones como el confinamiento, que nos impone la pandemia de COVID-19, unidas a otras realidades, nos han llevado a tomar la decisión como movimiento de trasladar nuestras oficinas del centro San José y empezar a construir otras formas de acompañamiento mediadas por la virtualidad.

Se trata de una decisión difícil, puesto que este local ha sido nuestra casa durante muchos años. En ella hemos podido dar sostén a distintos Ciclos de Talleres Anuales sobre Derechos Humanos y No Violencia Activa. También hemos tejido alianzas con variadas organizaciones, para construir acciones conjuntas en pro del bienestar de poblaciones. Así mismo, hemos podido brindar acompañamiento a movimientos emergentes para que puedan seguir adelante con sus propios procesos. No obstante, mantener el pago del alquiler y el costo de los servicios básicos, en este momento de completa imposibilidad de utilización del espacio por causa del COVID-19, es lo que nos lleva a trasladarnos a la modalidad virtual sin mantener una oficina física en San José.

La coyuntura, las consultas y un intenso proceso de reflexión interno, nos lleva tomar esta decisión. Esto no implica abandono de nuestro trabajo ni de nuestro compromiso con todas las personas, grupos y comunidades con las que nos relacionamos. Por el contrario, seguimos siendo un movimiento vigente. Nuestro deseo es continuar en estas luchas por el reconocimiento, promoción, ampliación y la defensa de Derechos Humanos, aportando nuestra visión y experiencia desde la No Violencia Activa. Seguimos adelante con los procesos en los que participamos, con la misma fuerza, articulación y compromiso con todas y todos ustedes.

Mantendremos nuestros horarios de atención lunes, miércoles y jueves de 8:00am a 12:00md y de 1:00 a 4:00pm a través de nuestro teléfono y correo electrónico. Asimismo, REALIZAREMOS EL CICLO DE TALLERES 2020 EN MODALIDAD VIRTUAL, para lo que brindaremos la información respectiva de manera oportuna.

Finalmente, queremos manifestar nuestro más profundo agradecimiento a la dueña del edificio por su comprensión y su respaldo al trabajo de SERPAJ — Costa Rica durante los últimos años.

Saludos de paz y bien.

Coordinación Nacional Miércoles 23 de septiembre de 2020

Sergio Rojas Ortiz y la confirmación del racismo y la negligencia

Osvaldo Durán Castro (Sociólogo/Profesor ITCR-FECON)

El día del anuncio de la desestimación y archivo de la causa por asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan U ni wak, es tan nefasto e indignante como el propio 18 de marzo de 2019 cuando fue asesinado, y como el 24 de febrero de 2020 cuando Jerhy Rivera Rivera fue asesinado.

Esa decisión del Ministerio Público confirma el racismo en todas sus expresiones contra la gente indígena. Esa violencia es física, hasta los asesinatos, pasando por la negación de su existencia como culturas, el desconocimiento de sus derechos humanos como personas y como etnias, el no reconocimiento e incumplimiento de acuedos, leyes y convenios como la Ley indígena de 1977, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos internacionales. En fin: violencia material e inmaterial contra la cultura indígena desde hace siglos, que surgió y se reproducde en la institucionalidad del Estado y también por parte de empresas transnacionales y nacionales. Jerhy, Sergio, Antonio Saldaña y Pabru Presberu, entre muchos, han sido víctimas mortales de esa violencia, pero son apenas los casos más conocidos.

Esos asesinatos no son aislados. Son parte de un patrón histórico de colonialismo que se ejecuta por medio de usurpaciones y violaciones de los derechos básicos de las personas y los pueblos indígenas. Costa Rica no escapa, si no que reafirma, la violencia del sistema económico contra los pueblos originarios, basada en la explotación de la gente y de los territorios indígenas en los cuales yacen muchas de las reservas de materias primas que los negocios persiguen. No por casualidad muchas de las luchas pasadas y actuales de los pueblos indígenass han sido y son contras explotaciones mineras, de petróleo, de monocultivos extensivos, de ganadería, de saqueo de madera, de “investigación prospectiva” de la biodiversidad, que no es más que bio-pirataería, contra represas hidreléctricas y un extenso listado de agresiones contra la Tierra, que para los pueblos indígenas no es una mercancía o cantera de materias primas por explotar.

Costa Rica no es excepcional, aunque se busque ocultar la violencia sistemática y estructural contra los pueblos indígenas. El Informe de Gloabl witness de julio 2020, “Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, inclye a Costa Rica por el asesinato de Segio Rojas, que fue una de las 212 personas asesinadas en el planeta por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas.

El informe señala que “En muchos países, el derecho de las personas a su tierra y a sus recursos naturales carece de protección, de documentación legal que lo respalde o de reconocimiento” (p. 35). Señala además que “Para abordar las causas estructurales, los gobiernos deberían: Resolver los reclamos pendientes sobre tenencia de tierras y asegurar formalmente, incluso a través de medios legales, el derecho a la tierra de las comunidades y los pueblos indígenas” (p.36).

Lejos de resolver esos conflictos estructurales arrastrados por siglos, en Costa Rica la negligencia y la impunidad estimularán más usurpaciones. Habrá más violencia. Los pueblos indígenas han matenido una calma y silencio que los hacen héroes y heroínas de la no violencia, de la paciencia y de la humildad que los Gobiernos y usurpadores erróneamente han tachado de ignorancia y sumisión. Pero los ataques permanentes, las amenazas, el miedo infundido contra indígenas de todas las edades en sus propios territorios podrían empezar a tener respuestas contundentes de los pueblos originarios, hasta el punto en que la sangre que corra deje de ser sólo de indígenas. Y el Gobierno será el primer responsable. Si el mensaje de la institucionalidad es que la vida de Sergio no vale nada y si el Estado por medio del Ministerio Público aduce que «por la forma de vida en la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos”, se desestima la causa, estamos la manifestación más absurda, negligente y odiosa. Eso es una burla en la cara de la familia de Sergio, una afrenta para cada persona indígena, para todos los pueblos indígenas y para cualquier persona honesta y cuerda de este país y del mundo. Ahora el país no sólo será “famoso” por los asesinatos contra los indígenas, si no también por la incompetenia de sus autoridades judiciales.

El Gobierno debe aceptar que la voluntad de alguno.as de sus funcionarios no es suficiente. Debe pedir mediación internacional especializada. Debe acudir ya mismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para eclarecer de manera urgente e imparcial este asesinato, y el Jerhy Rivera Rivera. El caso no debe archivarse así de fácil. La demanda y exigencia elemental es que se reabra de inmediato y se llegue a la justicia. El informe de Glonbal Witness señala: “COSTA RICA El 18 de marzo, Sergio Rojas Ortiz concurrió a la oficina del fiscal en la localidad de Yeri, en el suroeste de Costa Rica, para informar sobre las amenazas que había recibido. Esa misma noche lo asesinaron tiros en su casa” (p.15). Su asesinato confirmó que la vida de los indígenas no es de importancia para la institucionalidad de Costa Rica. No fue protegido. A nadie le importó. Pero ahora, el archivo de su caso reafirma un descomunal irrespeto por todos los pueblos indígenas.

Cada persona defensora de los derechos humanos y que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, debería iniciar actos de desobediencia civil, para demostrar que la vida de Sergio, la de Jerhy, y la de cualquier indígena es igual que la de cualquier otro ser humano. Desconocer la resolución del Ministerio Público es un acto de dignidad humana.

Explotación petrolera: La actualidad del filme “Caribe”

Gabriel González-Vega*

La explotación petrolera acecha de nuevo. Pese a que el mundo se mueve en dirección opuesta, poderosos intereses locales e internacionales presionan para que Costa Rica vuelva a intentar la explotación de hidrocarburos. Hace un par de décadas trabajé adhonorem en un filme que testimonió la oposición de muchos, especialmente limonenses, a un proyecto que llevó al gobierno prohibir esta economía extractivista. A raíz del cumpleaños de Diana Mc Lean, hija de mi apreciado amigo el actor Roberto Mc Lean, q.e.p.d., el filme pasó a primer plano y pensé que me gustaría compartir con ustedes este ensayo sobre esa película “Caribe”, en la que trabajamos juntos, Roberto como uno de los protagonistas y yo como coproductor y a cargo de varias tareas más; en especial, se que aporté mucho al largo proceso de edición. La versión original del texto la publiqué en Forja del Semanario Universidad años ha. Con Roberto hice buena amistad luego de nuestra valiosa experiencia en Limón y disfrutamos de agradables tertulias con amigos comunes en mi casa y en otros espacios como La casita azul, saboreando comida tica.

“CARIBE”, la película

En su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón llegó a una costa exuberante llamada Cariari. Ahora se denomina Limón, provincia atlántica del estado centroamericano al que, cuentan leyendas bienintencionadas, el mismo Almirante bautizó como Costa Rica, extasiado con su esplendor. Allí donde más que el metal precioso que hiere con su fulgor plateado o dorado, envuelve al que penetra el verde húmedo de la selva espesa y el azul profundo del mar inmenso.

Cinco siglos después, en el litoral sur, pequeños pueblos como Cahuita, Puerto Viejo, Cocles, Uvita y Manzanillo preservan parte de esa flora y fauna maravillosa, de sus lechos de arena y colinas caprichosas. Pescadores y campesinos humildes, artesanos variopintos, empleados de grandes plantaciones -especialmente bananeras- y de una floreciente industria turística –por demás, la principal de este país- conviven en la más diversa mezcla, que incluye indígenas de las reservas en la cordillera de Talamanca, afrodescendientes venidos en su mayoría de Jamaica, con su araña pícara Anancy, su gastronomía y su memoria del Black Star Line, chinos emigrantes del otro lado del mundo, europeos de antes y de ahora, estadounidenses que también huyen de las urbes asfixiantes y cartagos que salieron del Valle Central.

Una de las tantas empresa transnacionales -subsidiaria de, matriz de- obtiene permiso de las autoridades para explorar la zona y buscar petróleo, vieja quimera que alimenta la codicia propia y extraña. Pretensión vinculada esa, parece, a los intereses saudíes (incluso a la familia Bin Laden) y a gobernantes de los Estados Unidos, según muestra Michael Moore en “Fahrenheit 911”. Esta empresa extranjera divide al pueblo. Algunos se dejan cautivar por sus cantos de sirena y otras organizan la resistencia. El síndrome de Venezuela y el de Irak como enclaves petroleros asediados por intereses transnacionales acechan la zona.

Entretanto, un joven realizador, Esteban Ramírez, que sueña con su ópera prima, recorre la zona junto a sus colaboradores en busca de locaciones y se topa con ese conflicto. Plantado en árboles y cercas el No a la Petrolera lo impresiona. Ya él había elegido el cuento “El Solitario” de Carlos Salazar Herrera para desarrollar su guion. Maestro del relato corto, Premio Magón, Salazar Herrera (“El matoneado”) había recorrido a mediados del siglo pasado los bananales y los sembradíos de subsistencia para trazar a sus recios pobladores. Ramírez luchó pacientemente durante varios años para abrirse paso en un país donde aún hoy no hay verdadera industria de cine, solo quijotadas; donde el Centro de Cine se ve cada vez más limitado por dentro y por fuera y el empeño aislado de algunos por hacerlo eficiente siempre ha sido aplastado (de éste empeño inconcluso fui protagonista como Director General en dos gobiernos), y donde el mismo sector audiovisual con frecuencia se desangra en intrigas intestinas. Por cierto, uno de sus documentales (se interesó por la delincuencia, el SIDA, Cuba), fue descalificado de la VI Muestra de Cine, esa ventana que durante diez años creció constantemente en beneficio del sector, para luego decaer. Mucho después se reinventó como Festival Internacional de Cine.

A Esteban lo conocí cuando, siendo yo el nuevo Director General de esa institución; él pidió al Centro de Cine un pequeño apoyo para su siguiente corto, “Rehabilitación concluida”, basado en un cuento de la esmerada escritora Myriam Bustos. Así, en la VII Muestra de Cine y Vídeo Costarricense, punto de giro de la producción local, fue una de las tres mejores ficciones (junto a las notables “La calera” de Percy Angress y “Las máscaras” de Rafa Chinchilla). Notable narración fantástica, que mantiene el interés y reveló ya el talento de su autor. Las actuaciones son especialmente buenas, Sara Astica –la legendaria actriz de “Valparaíso mi amor”– ganó el premio respectivo, y José Trejos, veterano caballero de las tablas, a quien los directivos de la Unión de Teatros Independientes (UTI) premiamos el año 2004 por su trayectoria, coprotagoniza con igual tino. Sara hace una breve y decisiva intervención en “Caribe”. Esa habilidad de Ramírez, quizá la mayor suya, para sumar a su propósito la gente más capaz fue de nuevo evidente en “Once rosas”, un relato sencillo, ingenuo si se quiere, sobre la ilusión del amor. Coproducido con el Centro de Cine que a la sazón el suscrito dirigía, logró buenos patrocinios públicos y privados para financiar sus casi cien mil dólares de costo. Allí ya se unió al diestro fotógrafo Mario Cardona y al ubicuo sonidista Nano Fernández, con los que luego rodaría eficazmente Caribe. También sumó productores muy capaces como Karl Heidenreich, Tobías Ovares y Gina Ortega. El actor Fabricio Gómez fue una selección oportuna y el objeto de su amor como personaje, la bella e inteligente peruana Mónica Sánchez (“La carnada”) un acierto. Recuerdo como, durante el Festival de Cartagena, adonde viajamos juntos, Esteban me comentaba su interés en que el corto tuviese una destacada actriz extranjera y cómo allí descubrió a Mónica en “Pantaleón y las visitadoras” de Francisco Lombardi.

“Once rosas” ganó la IX Muestra, que ya ostentaba un jurado internacional y logró un recorrido hasta la fecha inigualado en festivales internacionales. Fue el único corto latinoamericano en Moscú, y el único en Lima. Uno de los doce en Viña del Mar y de los mejores en Huesca. Compitió en Sao Paulo y Los Ángeles. En Cartagena fui testigo de que estuvo cerca de ser premiado –Esteban y yo soñábamos ansiosos con un galardón en los balcones del Hotel Caribe-, y en La Habana me impresionó que entre más de una docena fue uno de los dos únicos aplaudidos.

Ya Esteban sabía que los cortos solo eran pasos indispensables para su anhelado largometraje. El nicaragüense formado en San Antonio de los Baños, Humberto Jiménez, que lo había asistido en “Once rosas”, hizo una primera versión. Luego, Esteban se alió a una mujer brillante, cuya poesía y dramaturgia han sido ampliamente reconocidas, Ana Istarú. Un largo proceso, con el aporte puntual de muchos otros, llevó a un guión depurado. Cinco semanas de rodaje bastaron para cristalizar el proyecto. Asimismo, medió la buena suerte; en Limón decíamos que había tres climas: invierno, verano y Ramírez. La experiencia de la mexicana Lourdes Elizarrarás y la chilena Carolina Giorgio, asistentes de dirección, fue crucial para la eficacia del rodaje.

Con una audacia que le ha rendido frutos, Esteban se atrevió a soñar con un protagonista de primera. Al final, lo obtuvo: el cubano Jorge Perugorría, consagrado desde “Fresa y chocolate” (nominada al Óscar), curtido en tres docenas de filmes (“Lista de espera” me parece maravilloso), carismático y galán, se ve convencido y convincente. Él hace de un empresario extranjero que atiende una plantación bananera y cuida de su amada esposa, hasta que la irrupción de una media hermana de ésta, problemas financieros con la finca y la llegada de la petrolera desarticulan su vida. Cómo enfrenta estos retos, qué decisiones toma y cuáles son las consecuencias constituyen el meollo del filme, cuyo final poético y abierto tiene atractivos e inesperados giros. Perugorría es un protagonista sobrio pero intenso y muestra con propiedad la amplia gama de emociones que lo van definiendo. También, nos dimos cuenta después, que seguimos compartiendo con él, es un ser humano excepcional. Para las dos mujeres, Esteban optó, asimismo, por dos extranjeras ya reconocidas. Cuca Escribano (“Poniente”), española, es la esposa, llena de energía bondadosa, la que conforme descubre la trama que la amenaza revela fuerzas inéditas. Maya Zapata, mexicana (la niña de “Gringo Viejo”, premiada por “De la Calle”), contrasta por su edad y sus rasgos físicos, aunque ambas son muy hermosas. Ella revela con gran madurez –la que fue evidente cuando la entrevistamos- justamente la inmadurez de su personaje, su sensualidad confundida, su imperiosa necesidad de afecto. Los tres interactúan con vigor y realismo. El filme no se vuelve caricatura ni cae en la tentación de los extremismos. Las formas de violencia son las adecuadas; el erotismo, tan vehemente a veces, es el justificado; indispensable en la trama, propio del trópico donde ésta ocurre. Ésta es una película de seres humanos de carne y hueso, en la que nos podemos ver fácilmente reflejados, donde los dilemas morales que los consumen son vistos con gran rigor ético.

Además de encarnar la arrogante antipatía del ejecutivo petrolero con ese sarcasmo tan propio, el polifacético mexicano Gabriel Retes (“El bulto”, “Un dulce olor a muerte”) -q.e.p.d.- aportó al conjunto de la obra con su genio singular y amplio bagaje. Lo invité hace dos décadas para una retrospectiva durante la Muestra; reapareció luego como peculiar diplomático, y finalmente se quedó a vivir con su Semáforo (insólito espacio para el cine, el teatro y la tertulia que albergó la magnífica obra de teatro “El ornitorrinco”, proyecto cultural con el que colaboré con entusiasmo. Mas el lugar cerró luego por problemas financieros. Mérito de Esteban es que supo aprovechar al famoso residente en tanto otros prefirieron trenzarse en riñas inútiles con el tocayo Gabriel (así le gustaba llamarme).

Jackson es un negro ermitaño que da nombre al cuento original “El solitario”. En el filme, el enigmático pescador pobre se vuelve símbolo y conciencia. Un observador presto a intervenir. Hallazgo formidable fue el de Roberto Mc Lean -q.e.p.d.-en su debut cinematográfico como ese Jackson más bien mulato, mestizo como en definitiva somos todos. Su propia vida de abogado y universitario, antaño campeón latinoamericano de artes marciales, ayer adulto mayor al borde de la muerte, han hecho de éste un viejo sabio que inspira confianza y revela una extraña y contagiosa pasión por la vida, lo que Mc Lean en el filme manifiesta como una corriente misteriosa, subterránea y bravía, a punto de brotar.

Otros actores nacionales se superan a sí mismos. Poco a poco, con la práctica del teatro, la televisión y los vídeos, cada nuevo largometraje va depurando el histrionismo local. Arnoldo Ramos ya no hace de Jimmy, el bribón autosuficiente premiado en la Muestra por “Password/Una mirada en la oscuridad” (dirigida por Andrés Heidenreich y coproducida por Ingo Niehaus y el suscrito), sino que dibuja a ese tico mediocre pero aprovechado (el que desdichadamente es legión), que vive agachada medrando a la sombra de los poderosos. Fácilmente corrompible, no ve más allá de su modesta codicia. Y Vinicio Rojas, formado rigurosamente en Rusia, protagonista de “Marasmo” (de Mauricio Mendiola), perfila un afanoso ecologista que le sienta bien; su casting es idóneo y no se excede emocionalmente. Otros, como Leonardo Perucci –con su solidez característica, como en “Apego”-, Thelma Darkins –con la potencia expresiva apegada al libreto-, Bismarck Méndez –un pachuco mujeriego muy creíble que crece como actor-, la china Michelle Jones, la veterana Xinia Rubí y el esmerado Melvin Méndez, junto a más de uno que hace de sí mismo y al que la productora convenció de interpretar(se) y a los que enfoca –sea cuál sea su postura sobre el conflicto petrolero- con prudencia y respeto, se suman para redondear un reparto amplio, sugerente y bien dirigido, que sostiene la confluencia de relatos sin problemas. No se trata de actuaciones extraordinarias, como la de una Charlize Theron en “Monstruo” o Imelda Staunton en “Vera Drake”-, sino de un conjunto afinado y convincente como no se había visto antes, como propio, en el país.

La música, compuesta por el joven y galardonado especialista Walter Flores, evita lo folklórico y las melodías fáciles de relleno. Esa música y los numerosos sonidos del ambiente vuelan con la acción dramática, centrada en la incertidumbre de los personajes, en sus temores y deseos, en sus fracasos y esperanzas. Próximo al melodrama, sin la connotación peyorativa que de este género muy popular (v.g. “Lo que el viento se llevó”, “Tess” de Roman Polansky) hacen algunos, el filme explora un tema central de la vida humana, el encuentro y desencuentro amoroso. ¿Trillado, acaso? Esencial, mas bien. Todo depende de cómo se trate, y en “Caribe” se percibe auténtico; interesa; sin que por ello alcance la profundidad de los maestros del cine. Creo que como ópera prima “Carieb” es más que notable. Por su parte, el popular grupo Mekatelyu (Make I Tell You) matiza las escenas en la discoteca con dos nuevas canciones.

Agrega densidad al relato el uso simbólico de objetos, animales y plantas que revelan las pasiones humanas (la mujer/araña desde los créditos y cuando Abigail despide a Irene, los dos buchones que se arrojan a la presa justo luego de que irrumpe Irene, así como la tercera oruga que cae entre las otras dos, el mono que parece cavilar, et al). Y esta naturaleza no aparece oscurecida para expresar ese testimonio no verbal, sino espléndida en su belleza de vida y muerte. También, se expresan en varios planos los objetos como el botecillo con una bandera costarricense junto a los créditos del pescador y el ecologista, y el barco negro –una mancha negra- sobre el mar celeste y brillante, que remite a la petrolera. La fotografía oscila entre los cánones clásicos y rupturas dramáticas, a veces oportunas a veces discutibles. Así, coincido con el experto cubano Manuel Francisco Jorge (continuista) en que la imagen temblorosa algunas veces no fue la adecuada a la escena. Pero este filme no tiene la apariencia sucia y desagradable tan de moda y tan útil para disimular ineptitudes, pienso. Para el que no se ha sumergido en Puerto Viejo (en el follaje, en las olas, en los bares y discotecas, también) parecerá sólo pintoresca. Pero ese subrayado de la belleza y de lo bonito que detesta el postmodernismo en boga resulta un subtexto apropiado para la amenaza petrolera. Así como en “Once rosas”, se quiso y consiguió mostrar un atractivo San José como nunca antes en el cine local, así en “Caribe” destaca esa riqueza natural y rústica del país, la que se entiende como su sello de identidad. Para Ramírez una película hecha en Costa Rica –como dice la publicidad del filme-, es un paisaje que muestra sin complejos eso tan lindo que hasta incomoda, con una ingenuidad, diría, paralela a la de “Once rosas”. Es necesario entender, además, que un corto (vídeo-creación) como “San ofe de la Suiza”, de Marco Chía, por ejemplo, que des-monta una capital horror-osa, es igualmente válido como propuesta estética y crítica, es más, que de hecho es complementario a “Once rosas”, porque ambos puntos de vista contribuyen a trazar el mapa de nuestra comprensión global y múltiple de una realidad siempre cambiante y sujeta a innumerables visiones. Lo contrario es el fundamentalismo -siempre al acecho- que impone una perspectiva como verdad revelada, aún cuando aparece vestido de vanguardia. El arte debe apreciarse considerando intenciones y contexto. Por eso, como explica Tom Ryall, hay que validar los tres momentos del producto artístico: el acto creador, la obra consumada y la lectura de cada espectador, en los marcos tanto del contexto industrial como de la formación social.

Para la edición Esteban confió en su hermano menor Pablo, cuyo bajo perfil en el medio local disimula su sagacidad y pericia. Lástima que finalmente no se dedicó al cine. También, Esteban me dio la oportunidad de participar intensamente en ese proceso minucioso que llevó casi diez meses donde, a veces con el aporte de otras opiniones, pensábamos cada plano y cada escena y cada secuencia reiteradamente, día a día. CINETEL se tomó todo el tiempo necesario para afinar el montaje, gracias a la paciencia de los que lo hicimos y a la tecnología que facilita manejar todo el filme en una computadora. Frank Padrón, respetado crítico cubano, que vio “Caribe” en su estreno mundial durante el Festival de Bogotá, escribió en Noticine “el novel director arma una historia ágil con notable montaje”. Para mí, confieso, que esta parte fue la experiencia más fecunda que había vivido hasta esa fecha en mis arrestos cinematográficos. Y reconozco que Esteban supo, como en el rodaje, ponderar las numerosas posibilidades desplegadas a su alrededor para decidir y lograr un resultado muy satisfactorio. Aunque, claro, hay soluciones con las que mantengo la discrepancia original.

En síntesis, un drama apasionante sobre amores y desamores. Un docudrama que recrea parte de un conflicto decisivo para Costa Rica, que alteraría su desarrollo sostenible y la podría convertir en objetivo político/militar. Sin olvidar que facilitaría la corrupción en gran escala la que en esos días la nación enfrentaba con probidad. Su perspectiva ética cobra mayor trascendencia ahora que el país ha descubierto que sí puede combatir la corrupción. Y, además, un personaje, Jackson, que se pierde en la memoria colectiva; que observa, juzga y consuela, como el espectador al que el filme reta a repensar su papel y su futuro.

“Caribe” se mantuvo 15 semanas en cartelera, se exhibió en 18 salas de cine y más de 70.000 personas la vieron en su propio país –un año después se reestrenó durante una semana-; la crítica local la reconoció como la mejor realización costarricense de la historia a esa fecha y ha participado en cuatro decenas de festivales internacionales como Bogotá, Viña del Mar, Trieste, Huelva, La Habana, Santo Domingo, Cartagena, San Diego, Mar de Plata, Chicago, Miami, Lleida, Copenhague, Oslo, Cataluña, Nueva York, Utrecht, Troia, Río de Janeiro, Palm Springs, Dallas San Francisco, Guatemala, Londres, Washington D.C. Santa Cruz, Quito, y más. Ostenta nueve premios (Mejor Director en Trieste; Colón de Oro del Público, Llave de la libertad, del Colegio de Arquitectos y de la Mesa de la Rúa, los cuatro en Huelva; Mejor Actriz en Cartagena de Murcia, y tres locales (La República, El Financiero y Ancora de La Nación) y fue la primera candidata de Costa Rica al Óscar al Mejor filme en lengua extranjera.

FICHA TÉCNICA

Dirección y Producción: Esteban Ramírez Producción Ejecutiva: Víctor Ramírez

Productores Asociados: Rodolfo Montes de Oca, Gabriel Retes, Lourdes Elizarrarás, Gabriel González-Vega

Guión: Ana Istarú y Esteban Ramírez

Fotografía: Mario Cardona Edición: Pablo Ramírez

Música: Walter Flores Sonido: Nano Fernández

Asistencia de Dirección: Lourdes Elizarrarás y Carolina Giorgio

Producción de Campo: Víctor Barriga Supervisión de Producción: Peter Avilés

Dirección de Arte: Eric Víquez Maquillaje: Carmen Salguero

Asesor, Traductor al inglés, Prensa,: Gabriel González-Vega

Diseño de página web: Francisco Hernández Ascencio: www.caribelapelicula.com

Formato: 35 m.m., colores, 90 minutos Estreno: 4 de noviembre del 2004.

* Académico jubilado de la UNA gabriel.gonzalez.vega@una.cr

Acerca del acuerdo arrocero y la permanencia de los productores de arroz

German Masís

Un grupo de 66 personas integrado por especialistas en economía y políticas públicas, pidieron el jueves anterior al presidente de la República, Carlos Alvarado, reconsiderar el acuerdo al que llegó el Gobierno con los arroceros.

Una primera percepción del comunicado de los especialistas, es que se utilizan argumentos de liberalización y eficiencia económica similares a los que utilizaban en el lejano 1986 las autoridades del Gobierno de aquel momento, para exponer sus razonamientos acerca del imperativo de eliminar los precios subsidiados de los granos, restringir la participación del Estado y recomendar a los productores reconvertirse hacia cultivos no tradicionales de exportación.

Al final las políticas de cambio se impusieron, porque era más barato importar el maíz y más de 40 mil productores de la zona Atlántica dejaron de producirlo, incursionaron sin apoyo primero en cacao y después en raíces y tubérculos y finalmente se constituyeron en mano de obra de las empresas piñeras, que hoy ocupan las tierras antes dedicadas a la producción de maíz.

Pese a que la petición indicada está referida plenamente a la actividad arrocera, el documento no profundiza en la evolución de la producción nacional de arroz y sobre cuáles son las razones para que en la actualidad ésta actividad esté dominada por los consorcios arroceros quienes reciben los mayores beneficios y que en la fase de producción permanezcan los pequeños productores de recursos limitados que obtienen una baja productividad.

Al respecto es bueno mencionar que la estructura productiva de la actividad arrocera se modificó en las últimas décadas, en buena medida como resultado de las políticas establecidas en las décadas de los 80 y 90 dirigidas a desestimular la producción de granos, desmantelar el esquema estatal de apoyo a esa actividad y eliminar las licencias de importación.

Como resultado de esas políticas, los productores han venido desapareciendo progresivamente, sobre todo los medianos y grandes productores que se han trasladado a actividades más rentables como la producción de caña, melón y sandía, permaneciendo un grupo de alrededor de 500 pequeños productores que han decidido permanecer en la producción de arroz por su compromiso con la producción alimentaria del país.

Otros actores en la actividad han sido las empresas agro-industrializadoras del arroz, que con la salida de las plantas procesadoras de granos del CNP, asumieron plenamente el procesamiento del grano que es la fase que más valor genera, se han retirado de la fase de producción y han tendido a concentrar en unas pocas empresas el proceso agroindustrial de acopio, la transformación y distribución del producto terminado con diversas marcas y calidades.  De más de 12 empresas arroceras que había en la década de los 90, por la tendencia del capital hacia la concentración de las actividades, el negocio arrocero se encuentra hoy en manos de 3 o 4 consorcios agroindustriales(arroceras).

Mientras el otro gran actor de la actividad arrocera, son las empresas importadoras surgidas en la década de los 90, que por lo general importan alrededor de un 60% del arroz a precios más bajos al producido a nivel local y lo hacen según las restricciones del abastecimiento nacional, pero sabemos cuánto influyen las importaciones baratas en los precios finales al consumidor?

Finalmente, surge el actor adicional en la actividad, la Corporación Arrocera Nacional, surgido en la década de los 90 con el propósito de apoyar a los productores nacionales, regular la relación con las arroceras y con los importadores del producto.  CONARROZ ha debido cumplir su labor de apoyo a los productores, en medio del proceso de concentración de la actividad arrocera en grandes procesadoras e importadores, pero se podrían haber mantenido los productores agrícolas de arroz pilado, si ésta no organización no hubiera existido?, seguramente que no, pero ese fue el espíritu de la ley de creación de la corporación apoyar al productor nacional.

En esa perspectiva se ubica el acuerdo a que llegaron recientemente las Autoridades gubernamentales y los diferentes actores de la actividad arrocera, cuyos aspectos específicos son los siguientes:

1.mantener el mecanismo de regulación del precio porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, un precio del arroz relativamente estable.

2.mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que el productor pueda continuar en la actividad, ya que de efectuarse la liberalización del precio se desmantelaría la estructura productiva existente.

3.mantener la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo y las importaciones necesarias.

4.mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, es esencial para mantener la producción nacional, muchos países tienen aranceles para proteger su producción más sensible y estratégica (como Estados Unidos con su millonario programa de subsidios Farm Bill y China con su programa de protección de la producción de arroz).

5.el impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera. (Alterdescr.com, agosto-2020)

Un aspecto adicional al acuerdo, es que se fijó un plazo de tres meses para establecer una ruta para proteger y fortalecer al sector, con el fin de afrontar la desgravación del precio del arroz que ocurrirá en 2024 en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

No obstante, según el mencionado documento, todos los elementos señalados son prácticas anticompetitivas, por lo que proponen “eliminar la fijación de precios mínimos y el arancel a las importaciones y abrir el mercado arrocero” (CrHoy.com,11-9-2020), con lo que consecuentemente deben desaparecer CONARROZ, los productores y presuntamente las arroceras, quienes si podrían trasladarse a otra actividad.

Frente a la perspectiva de liberalización, sabemos que los mercados agrícolas en el mundo, no son abiertos y de libre competencia, son fundamentalmente de excedentes y en ellos operan una serie de mediaciones comerciales, políticas y hasta culturales, que definen el mercado de productos agroalimentarios y también conocemos los riesgos de la dependencia de las importaciones, debido a la volatilidad de los precios agrícolas como ocurrió durante la crisis alimentaria del 2007-8.

Al respecto, el Ministro de Agricultura ha manifestado que “aquí no es un concepto de precio para favorecer al consumidor. También es un análisis de factores estructurales que tiene que ver con políticas públicas en términos de lo que queremos como país: si queremos producir alimentos agrícolas; o si queremos ser como Singapur, donde todo se importa, lo único que tenemos que hacer es importarlo todo sin tener una respuesta hoy a los productores agrícolas que tienen que hacer una transformación sustantiva para ser más eficientes”.

«Si hay que importarlo todo, no solo pasaría con el arroz, sino que iríamos caminando en la desaparición de todos los sectores agrícolas. Podríamos pensar en eliminar productores de frijol que quedan pocos y solo el 20% del frijol que se consume se produce en el país…, sectores de papa y cebolla porque en Holanda la producen más barata”, añadió.(ElPaís.cr,12-9-2020)

Entre los elementos que sustentan la petición de los especialistas, se encuentra la recomendación del informe de la OCDE, que dice que “el 70% de los costarricenses consume arroz y que la regulación estatal sobre el producto tiene un efecto regresivo, en el cual salen perjudicadas las familias de menos ingresos. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre este argumento, es oportuno valorar que una pretendida liberalización del precio no garantizaría que la población de menores recursos pueda acceder a las presentaciones de arroz de mayor precio y que el arroz de consumo popular (calidad 70-30) es el que se incluye regularmente en la canasta básica alimentaria al igual que el que se utiliza en los comedores escolares.

De ahí que, coincidimos con la posición de CONARROZ que “la regulación del precio ha sido beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado el cual ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable”.

Otro aspecto presente en el comunicado es el que afirma que “no se justifica atrasar las reformas al sectorporque con ello ganan losoligopolios grandes”, pero ¿existe una real preocupación sobre el papel de las grandes empresas agroindustriales e importadoras?

La presencia y predominio de éstas parece consustancial al desarrollo del capital en las actividades agrícolas, así en actividades como la producción y comercio de frijol prevalecen 4 o 5 empacadoras grandes que controlan la producción, las importaciones y definen el precio de todas las presentaciones del producto final que llega a los consumidores.

Este poder concentrador y oligopólico de unas pocas empresas, se manifiesta hasta en el comercio interno de frutas y hortalizas, pues se ha mencionado que el CENADA es manejado por unos pocos grandes comerciantes que controlan el comercio y el precio de los diferentes productos.

Al respecto el diputado Welmer Ramos ha dicho que la “mayor desgracia” está en la producción y comercialización de hortalizas y frutas que están dominadas por unos pocos “tagarotes”, y que la diferencia con actividades como leche, café o caña de azúcar, es porque en ellas ha habido un acuerdo de producción y comercialización y una entidad que garantiza la participación justa de todos los actores. (alterdescr.com, agosto 2020)

Finalmente, el otro elemento mencionado en el documento es que “para apoyar a los pequeños y medianos productores, es necesario transformar los programas establecidos en un programa de reconversión agrícola, que incluya la posibilidad de ser más eficientes en arroz o de moverse a otras actividades”. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre un posible programa de reconversión agrícola, el Ministro de Agricultura respondió “que no es sencillo. Para emigrar a otros cultivos agrícolas, afirma que se deben tomar en cuenta factores de conocimiento, suelos y microclimas”.

Además, es oportuno mencionar que en los años 2009 y 2010, las unidades de producción arrocera lograron mejorar su productividad como resultado del apoyo del Plan Nacional de Alimentos, que impulsó el Gobierno Arias Sánchez debido al aumento de los precios y el desabastecimiento mundial de alimentos.   En esa ocasión los productores de arroz y frijol lograron elevar sus rendimientos mediante la incorporación de semillas mejoradas, insumos y tecnología apropiada y prácticas postcosecha, como lo pretende efectuar ahora CONARROZ con este acuerdo.

Adicionalmente el documento agrega que “es probable que sea necesario subsidiar de manera temporala algunos productores de bajos ingresos. Debería ser un programa de asistencia social, para el cual existen los recursos”.   Contrariamente desde hace muchos años, se ha afirmado que el apoyo a los productores debe ser objeto de la política productiva para que se integren a la producción y al mercado en mejores condiciones y no de la política social, como parte de la población pobre excluida de la actividad productiva.

En ese sentido el Ministro de Agricultura ha expresado que “nos compete garantizar la productividad, producción, empleo, mano de obra y repartición de la riqueza en las zonas rurales que es donde más deprimida está” y añadió que se trabaja en que los agricultores participen más de la venta de sus productos en mercados digitales y espacios territoriales, con el fin de que eviten transitar largas distancias para comercializar el grano. (ElPaís.cr, 12-9-2020)

El desarrollo de actividad arrocera, no responde nada más al factor precio, la participación de los pequeños productores y de las organizaciones que los apoyan también importan, así como la producción nacional y la soberanía alimentaria.  El Estado ha venido apoyando la actividad con semillas mejoradas, riego y sistemas productivas más sostenibles para que la producción nacional de arroz, las semillas mejoradas de arroz y el sistema productivo se mantenga y no desaparezca. 

El Ministro de Agricultura ha dicho, “hay muchos productores que por vocación se quedan en la producción. La producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”.

En las circunstancias actuales de pandemia, es fundamental apoyar la producción nacional de alimentos y evitar que los productores desaparezcan, queden desempleados, pierdan sus recursos y pasen a formar parte de la población en pobreza y desigualdad.

Foto de Fondo creado por lifeforstock – www.freepik.es

Hablemos de IVM. Sala Primera de la Corte consideró desvío de fondos en la CCSS – Parte III

M.Sc. Rodrigo Arias López

Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós

El Tribunal Contencioso, Administrativo y Hacienda de Goicoechea encontró que la Caja no acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente. Ante recurso de casación del Estado, la Sala Primera de la Corte consideró como desvío de fondos aquellos dineros que por norma están destinados a un fin especifico y se utilizan para otro.

En la parte II de esta serie (https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-megas-huecos-presupuestarios-contra-la-ccss-parte-ii/) planteamos a los costarricenses preguntarse:  ¿Por qué los burócratas de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS), en la sentencia contra Hacienda por deudas acumuladas a la seguridad social, la Fiscalía General de la República (FGR), no hicieron nada para responsabilizar civil, penal o administrativamente  a aquellos funcionarios que pasaron maquillando números y jugaron con la misma existencia de la Caja?¿Cuántos de estos políticos y burócratas son examinados por la FGR en relación con el cumplimiento de sus deberes?

Algunos pensarán que ya los políticos de la CCSS merecen ser los héroes de la seguridad social y que ahora sí tienen puesta la camiseta de defensores de la institución y sus asegurados. Pero no olvidemos que hay un maquillaje de ₡413.384,79 millones, con corte a 2014, presentado desde 2015, según consta ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II circuito Judicial Goicoechea, donde se tramita la Ejecución de la sentencia contra Hacienda (Expediente N° 13-006261-1027-CA). Se presentó una liquidación de sentencia semejante a un conejo gigantesco por casi ₡6 Billones. Si los jueces conceden solamente el gatillo pulgoso (₡413.384,79 millones), pero gato al fin y al cabo, aún, permitiéndole que llene el bolso con los recursos faltantes de 2015 a 2019, entonces, adivinen cuál será la excusa de los burócratas colocados por los partidos políticos en el corazón de la Caja: no nos permitieron recobrar todos los dineros que le fueron escamoteados a la CCSS, palabras menos, palabras más, ustedes escucharán. No sería raro que, así como pasaron maquillando números hayan olvidado que los jueces se rigen por los principios de “ultra petita” y “extra petita” (las partes marcan la cancha a los jueces conforme a los extremos petitorios). Máxime que en la sentencia el Tribunal tuvo como hechos no probados, que: No se acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro que realizó La Caja Costarricense de Seguro Social, ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente.” Las negrillas no son del original; tiene como fin resaltar la diligencia respecto a la Seguridad Social.

Los partidos políticos que tienen su gente dentro de la CCSS y el Ministerio de Hacienda sabían que, de conformidad con la sentencia del Tribunal, ambas partes tenían que presentar una metodología “consensuada” para determinar el monto que se debía trasladar mensualmente a la Caja; sin embargo, lo que se presentó fue el conejo gigantesco y vitaminado que los burócratas de la CCSS tenían escondido, quién sabe en que madriguera, sin que el animalote lo reconocieran los representantes del Ministerio de Hacienda, porque ya estaban encariñados con el gatillo pulgoso y artrítico.

De esta manera los políticos de la CCSS se percataron que, ante la declaración de sus propios funcionarios, en el sentido de que en ausencia de los ingresos del artículo 9 de la Ley 7374 a cargo del Estado, “Los recursos se ha tomado del esquema contributivo de los aportes de las primas, esto financia los tres niveles de atención.”. Esto facilitó el argumento de los representantes del Estado para decir que entonces la CCSS no se había visto afectada, porque siguió operando y los recursos invertidos por ella en atención primaria “provienen del mismo seguro de enfermedad” (Negrillas suplidas).

Pero el tiro les salió por la culata, porque ni el Tribunal ni la Sala de Casación se tragaron la carnada, argumentando lo siguiente:

“Así, en resumen, los preceptos referidos transfirieron los programas de atención preventiva de salud y el personal a cargo de ellos, del Ministerio de Salud a la CCSS, y dispusieron, con claridad meridiana, fuera de cualquier atisbo de duda, que el Estado debería trasladar, mensualmente y sin límite de tiempo (pues no hubo disposición en tal sentido) los recursos financieros para cubrir su continuidad, a efecto de lo cual el Ministerio de Hacienda debía tomar las previsiones presupuestarias. La tesis de que el servicio debía ser absorbido, a nivel de costos, por el seguro de enfermedad y maternidad, contraviene de manera abierta disposiciones del constituyente. Cabe recordar que conforme a lo señalado por el canon 73 de la Constitución Política, los seguros sociales, dentro de los que se encuentran, entre otros, los de enfermedad y maternidad, “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, (…).” (El destacado es suplido), de modo que incorporarle un programa que no se consideró, en un origen, como parte del seguro de enfermedad y maternidad, carece de asidero constitucional y legal. Todo este análisis lleva a colegir que, contrario a la tesis del Estado, de las normas examinadas se extrae, de manera absolutamente diáfana, su deber legal de reservar y trasladar los fondos necesarios para la continuidad del programa. En suma, su reparo al respecto debe denegarse.” (Lo destacado es del original, lo aclaramos para destacar lo que no vio la Fiscalía Anticorrupción).

Continuó diciendo la Sala Primera: “Por otra parte, si la CCSS hizo uso de los recursos del seguro de enfermedad y maternidad para cubrir los costos de los programas trasladados, ello no implica una inversión legítima, tal y como sugiere, sino un desvío de recursos de un fondo con destino específico constitucional, que expresamente lo prohíbe (artículo 73 de la Constitución Política). Dicho de otro modo, su tesis de que los gastos del programa debían ser absorbidos por el fondo de maternidad y enfermedad, carece de cualquier asidero constitucional o legal y, por el contrario, contraviene el numeral referido de la carta magna.” (Subrayado y negrilla es nuestro y tiene como fin destacar que la inversión fue ilegítima y que los fondos tienen fuerza constitucional y no legal).

Es decir, los políticos de la CCSS estarían notando que su propio pellejo podría estar en riesgo ante confesión de parte de desvío de fondos. Más aún, cuando existen abundantes documentos oficiales de la CCSS que así lo indican, como el oficio DAPE-479 del 29/10/2004, dirigido al Presidente Ejecutivo de la CCSS Dr. Alberto Sáenz Pacheco y al Gerente de la División de Pensiones Lic. José Alberto Acuña Ulate (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiFbLlIrW_vwDvld1), con el cual el Director de la Dirección Actuarial Lic. Roger Aguilar Gutiérrez, les informó lo siguiente:

a) Los ingresos para financiar los regímenes de protección que incluyen a las personas aseguradas mediante convenios, cuenta propia y régimen no contributivo a cargo del Estado son insuficientes. (El subrayado es nuestro)

b) EL 50% de la prima establecida para financiar la cobertura de los trabajadores asalariados, es suficiente para financiar las prestaciones y beneficios de este grupo y sus dependientes. El restante 50% se utiliza para financiar el déficit indicado en el punto anterior.” (Subrayado es nuestro).

O como en el estudio actuarial del seguro de salud realizado por la CCSS con corte al 31/12/2013, en el cual se proyectan para el año 2018 faltantes de cientos de millones de colones (Cuadro N° 17), no facturados por la CCSS o facturados parcialmente al Estado, por lo cual los jerarcas de la Caja presuntamente estarían desviando aportes de los trabajadores asalariados para cubrir esos megas huecos presupuestarios. Habría que oír la defensa de estos fondos hecha por la representación laboral en la Junta Directiva de la Caja.

Todo lo anterior fue  advertido a la CCSS desde muchos años atrás, reiterado ante su Presidencia Ejecutiva en el año 2018 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGC9CeqNwcuwcyP1), recurrido ante su Junta Directiva en diciembre de 2019 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGriPdm1JQuowjyv). No se sabe del resultado de la atención al acuerdo que tomó esa Junta el 19/12/2019 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGsQFSmUJgfBvS_4), o si estará en la madriguera del conejo.

Nota: Montos en millones de colones.

Fuente: https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiHXHX_c1ZiGt3p2d

Por otro lado, la jerarquía política de la CCSS y del Gobierno se sienten fortalecidas y estimuladas con el apoyo contundente de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, en la causa penal N° 18-000119-1218-PE. Ni la fiscala general Emilia Navas Aparicio y mucho menos las fiscalas designadas Diana Hernández Gamboa y Johanna Carpio, encontraron algo que les resultara raro en todo ese juego de números. Más bien, acogieron como válido el dictamen jurídico de los abogados de la CCSS, que interpreta que esos regímenes de asalariados, independientes, voluntarios, pensionados, asegurados por el Estado, son solo la forma en que la CCSS ha logrado “conceptualizar a los que son beneficiarios de las protecciones y servicios que brinda ya sea el régimen de salud o el de Invalidez, Vejez y Muerte”. Es decir, como cualquier abogado de garaje, ahora en Costa Rica no es la Constitución, ni las leyes 17, 7374, 5905, 5349, 7983, entre otras, las que crearon esos regímenes y/o le prohíben a la CCSS realizar desvío de fondos -como lo advirtió la Sala Primera- sino que es un mero arreglo interno que hace la CCSS. Así de jodido estamos en cuanto a cultura jurídica. La fiscalía anticorrupción solicitó al juez “se proceda a DESESTIMAR la presente denuncia”, lo que efectivamente fue acogido “POR ATÍPICO y FALTA DE PRUEBA” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQq-sE-BmCTkD_8b ). Incluso, ante la apelación realizada por el denunciante con la férrea oposición ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José resolvió archivar el caso, argumentando: “(…) De la referencia que ha hecho el Ministerio Público se observa que el señor Arias López no ostenta esta condición de víctima en el presente proceso, sino que figura como denunciante ante un delito de acción pública… (…) el señor Arias López no ostenta la condición de víctima se observa que no pasa este filtro de admisibilidad por que el señor Arias López no cuenta con esa autorización legal establecida en el C.P.P para presentar el recurso de Apelación.” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQvXcG-UM-uACtGe) (Negrillas suplidas). Ni usted sería víctima, aunque al final sea perjudicado como contribuyente y le quiebren el IVM.

Interesante resulta la encuesta realizada por la Contraloría General de la República (https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpc/prevencion.html), que en los últimos meses tiene ojos de Halcón, en cuanto al fenómeno de la corrupción detectó, entre otras cosas: “El 75% de las personas no conoce alguna acción llevada a cabo por el sector público para evitar que se dé la corrupción. El 28% de las personas consultadas admiten que ellos o un conocido han sido testigos de algún acto de corrupción en el sector público. De las personas que admiten que ellos o un conocido fue testigo de un acto de corrupción en el sector público, el 79% de las personas no realizaron la denuncia. La principal razón por no denunciar un acto de corrupción se debe al miedo a represalias (28%), el no ver algún cambio (22%), y por desconocimiento del trámite de denuncia (16%).” (Negrilla suplida).

En este sentido el fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción. Sr. Carlos Meléndez declaró recientemente: “El fenómeno de la corrupción constantemente muta y evoluciona constantemente. Por ejemplo, históricamente, donde se ha invertido más recursos en una fiscalía anticorrupción fue abordar el fenómeno de la corrupción pública; básicamente cometidos por funcionarios públicos abusando de sus funciones.” (Negrilla no es del original) (https://www.crhoy.com/nacionales/fiscalia-de-probidad-la-corrupcion-ya-no-es-un-fenomeno-solo-de-funcionarios-publicos/).

El tema resulta sumamente interesante a juzgar por la sentencia que condenó al Ministerio de Hacienda a pagar a la Caja, pues si existe una norma, en este tipo de orden constitucional, cambiar de destino los fondos establecidos significa un “desvío” que no encuentra asidero en la costumbre administrativa, pero para la Fiscalía Anticorrupción estas conductas censuradas por el Tribunal Administrativo, que podrían poner en peligro el IVM y SEM, no encuentra sustento en la normativa penal.

Por el momento esperemos si es cierta la percepción delfiscal adjunto Carlos Meléndez, en cuanto, según dice, hay evolución y mutaciones en la corrupción.

Lea también la parte uno: Hablemos de IVM – Parte I y la parte dos: Hablemos de IVM. Mega huecos presupuestarios contra la CCSS – Parte II

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

«La política no debe someterse a la economía»
Papa Francisco, Laudato Si’, 189

La presentación de lo que sería un nuevo Ajuste Fiscal por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, trae consigo diferentes posiciones y preocupaciones sobre el rumbo de las finanzas públicas que terminan por afectar la calidad de vida de todos.

No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la Pandemia provocada por el COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos treinta años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias.

Así lo vemos con los indicadores socioeconómicos que, para nadie son un secreto, pues representan dolor en gran parte de nuestras familias. Desigualdad, pobreza y desempleo son tan solo consecuencias de un modelo económico que no pone en el centro de su desarrollo al ser humano.

El Informe Estado de la Nación, en su versión 2019, explicaba: «la desaceleración económica continúa y está golpeando especialmente a ciertas regiones y sectores. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el dinamismo seguirá siendo muy bajo en 2020. Frente a ese escenario, el Estado tiene poco margen de maniobra para reactivar la economía, pues el desequilibrio crónico de sus finanzas limita su capacidad para estimular la demanda agregada por la vía de un mayor gasto e inversión. Ese desbalance no deja más opción que el endeudamiento y, además, impone limitaciones a la gestión de la deuda pública, que encarecen el costo del financiamiento y generan riesgos adicionales”.

Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y fomentar la producción. Si de sacrificios se trata, ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del año 2018. En décadas pasadas, el país se ha sometido a distintos arreglos, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otro tipo de ajustes estructurales.

Como pastores de la Iglesia costarricense, pedimos encarecidamente que se proteja a los más vulnerables y a los sectores productivos; solicitamos particularmente que se mejore la recaudación fiscal, con mecanismos eficientes y transparentes; que se combata la evasión y elusión fiscal, evitando así la corrupción y la irresponsabilidad.

Es fundamental una reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos, que estos sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables. Que quienes tienen más riqueza y gozan de altísimos salarios y pensiones de lujo, aporten más. Asimismo, clamamos para que no se hagan recortes en los programas sociales destinados a los más pobres y necesitados.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (numeral 355) nos ilumina: «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía». Se requiere «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», afirma el mismo numeral.

La clase media de nuestro país, con el paso de los años, ha quedado con poquísimas oportunidades de un mayor progreso, de tener mejor acceso a vivienda o de posibilidades de crecimiento, precisamente porque se han cargado sobre esta clase media algunos de los impuestos creados en los últimos años, y según los nuevos planes de ajuste, este sector sufrirá de nuevo un duro golpe.

Alentamos a que se genere un real y verdadero diálogo, a que se tomen en cuenta los diferentes aportes de grupos sociales, para suscitar una sana discusión con el único fin de buscar el bien común, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.

Como lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (numeral 189): «La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana».

Nuestro llamado es a hacer una pausa, a no acelerar decisiones que hipotecarán el futuro del país por algunas décadas. Dios nos ilumine a fin de tomar el mejor camino para esta y las futuras generaciones.

En la sede de la Conferencia Episcopal, San José, a los 21 días del mes de setiembre del año del Señor 2020, fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.

JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA
Obispo de Ciudad Quesada
Presidente

DANIEL FRANCISCO BLANCO MÉNDEZ
Obispo Auxiliar de San José
Secretario General