Programa de Inversión de US$ 200 millones en la Educación Superior Pública que concluyó su ejecución el 30 junio 2020. Información que muestra el mejoramiento de la Educación Superior Pública compartida con SURCOS por el máster Efraín Cavallini Acuña.
Convocatoria
“Somos mujeres de distintos territorios, mujeres que luchan, de México, Abya Yala y del mundo, que nos hemos ido articulando para entretejer nuestras luchas y esperanza en la defensa de los territorios y las aguas.
Nos posicionamos desde un ecofeminismo antiextractivista, y por lo mismo nos situamos como anticapitalistas, develando y criticando la violencia, desigualdades y la precarización estructural de nuestras vidas, anclajes de colonialismo y patriarcado.
(…)
Los convocamos a que activen sus redes para conectar la escucha y la palabra con múltiples miradas de mujeres que luchan en distintas geografías”.
Transmisión en vivo por Youtube y Facebook: Mujeres y la Sexta
Jerhy Rivera Rivera, del Pueblo Brörán de Térraba, fue uno de los líderes reconocidos en la defensa de los derechos, cosmogonía y formas de vida de los Pueblos Originarios que habitan Costa Rica. Jerhy fue asesinado el 24 de febrero del 2020, durante un ataque de una turba de alrededor de 150-200 personas contra el Pueblo Brörán que recuperaba terrenos en Térraba. Jerhy fue asesinado por defender los procesos de recuperación de tierras-territorios del Pueblo Brörán de Térraba.
Hoy, el asesinato de Jerhy sigue impune y el riesgo que corre la vida de otros líderes y líderesas sigue presente. Compartimos la infografía que relata su historia como luchador, su asesinato por razones políticas semantiene impune y el Estado costarricense es responsable por omisión.
Esta infografía forma parte de la campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.
¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
#JusticiaParaSergioYJerhy
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Lea también:
En Costa Rica, en menos de 1 año, 2 líderes de Pueblos Originarios de la Zona Sur fueron asesinados: Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak del Territorio Bribri de Salitre fue asesinado el 18 de marzo del 2019 y Jerhy Rivera Rivera, del Pueblo Brörán de Térraba fue asesinado el 24 de febrero del 2020.
A la fecha, los dos asesinatos siguen impunes. Mientras, tanto la vida de otros líderes y líderesas sigue en riesgo ante un Estado que es responsable por su omisión.
Compartimos este mensaje sobre la resistencia y fuerza de ambos luchadores. Este material forma parte de la campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.
¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
Quito, Sarayaku, 2 de julio: El 19 de junio de 2020, la Corte Constitucional del Ecuador publicó su decisión de admitir una queja presentada por los pueblos indígenas Kichwa de Sarayaku en relación con el incumplimiento de una decisión de 2012 emitida por la Corte Interamericana de Derechos humanos. Lenin Moreno, Presidente de la República, César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional, Cecilia Chacón, Secretaria Nacional de Derechos Humanos, y el Dr. Iñigo Salvador Crespo, Fiscal General del Estado, deben responder por el incumplimiento de tres órdenes de reparación en el caso Sarayaku.
El caso comenzó en 1996, cuando el Estado de Ecuador otorgó una concesión para la exploración y explotación de petróleo a la compañía petrolera argentina CGC (Compañía General de Combustibles) en el territorio ancestral de la comunidad Kichwa de Sarayaku. Después de presentar múltiples quejas ante las autoridades nacionales, la comunidad indígena logró retrasar las actividades extractivas durante varios años.
Sin embargo, en 2002, miembros de CGC ingresaron por la fuerza al territorio de Sarayaku, custodiados por las fuerzas de seguridad militares y privadas. La compañía abrió caminos, utilizó explosivos y deforestó tierras, destruyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. Cerca de 1.400 kilos de explosivos de pentolita fueron enterrados en su territorio, poniendo en grave peligro la vida del pueblo de Sarayaku y amenazando su acceso a una vida digna.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Ecuador por violar el derecho a la integridad física de la comunidad de Sarayaku y poner en grave peligro su derecho a la vida. El Tribunal también determinó que el Estado violó los derechos del pueblo de Sarayaku a la consulta previa e informada gratuita, la propiedad comunitaria y la identidad cultural.
Ecuador aún no ha cumplido con la decisión de la Corte Interamericana sobre tres puntos clave: (I) la eliminación de los explosivos enterrados por la compañía petrolera CGC en el territorio de Sarayaku; (II) la garantía de una consulta gratuita previa e informada de conformidad con las normas internacionales antes de cualquier nuevo proyecto en el territorio de Sarayaku; y (III) la implementación efectiva del derecho a una consulta libre, previa e informada con la participación de las comunidades en la legislación ecuatoriana. Ante este incumplimiento persistente, Sarayaku presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional ecuatoriano.
La decisión de admitir la queja llega en un momento en que Sarayaku y otros pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana sufren los efectos de las inundaciones devastadoras que comenzaron en abril de este año, así como la propagación del COVID-19 entre las comunidades indígenas en la ausencia de asistencia del Estado.
Tupak Viteri, Tayak Apu (presidente) de Sarayaku, afirmó que a pesar de esta situación crítica, no abandonarán su lucha para garantizar que se implemente la decisión de la Corte Interamericana. «El Estado solo nos recuerda durante las elecciones, cuando quiere eliminar el petróleo de nuestro territorio o cuando ganamos un juicio», dijo.
La Corte Constitucional ahora debe ordenar la regulación de la consulta previa de los pueblos indígenas de conformidad con la Constitución del Ecuador y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recientemente, el Ministerio de Minería anunció la adopción de un reglamento sobre consulta previa sobre minería que nuevamente no cumple con los estándares internacionales y los requisitos establecidos por la Corte Interamericana.
En los próximos días, según la ley ecuatoriana, la Corte notificará formalmente a los acusados sobre su decisión. Entonces, el Estado debe cumplir de inmediato o justificar su incumplimiento en una audiencia que se celebrará dentro de los dos días. Junto con sus representantes, el abogado Mario Melo y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), el pueblo de Sarayaku solicita que la Corte priorice este juicio, dado que ya han esperado ocho años para que se implemente la decisión interamericana. También reiteran que el Estado ecuatoriano tiene la obligación internacional de actuar de manera efectiva e inmediata para abordar la crisis de salud y las inundaciones dentro del territorio de Sarayaku, en consulta con la gente, para garantizar su derecho a la vida y la salud
Para más información: Túpak Viteri, (Tayak Apu) tupamaruv@hotmail.com ; Mario Melo (Abogado de Sarayaku) melo.napi@gmail.com ; Viviana Krsticevic (CEJIL) vkrsticevic@cejil.org, Elsa Meany (CEJIL) emeany@cejil.org;
Más sobre Sarayaku aquí: https://www.amazonteam.org/maps/sarayaku-es/
El costo económico para atender la pandemia, más las desacertadas decisiones de la jerarquía de la Caja, para «oxigenar» al empresariado evasor y moroso con la seguridad social y el fisco, que esclaviza y despide solapadamente a miles de trabajadores, está siendo pagada por los trabajadores sanitarios, con atrasos de salarios y escasez de Equipos de Protección y de recurso de humano.
Evidentemente el mayor riesgo por la pandemia lo corren los trabajadores de la salud.
Según los datos oficiales al 10 de junio la institución había enviado a 1631 trabajadores, de todas las disciplinas, a confinamiento domiciliario, por contacto con compañeros de trabajo o usuarios positivos por COVID-19, sin embargo, en los últimos días se han aislado cientos de funcionarios, que hacen presumir una cifra cercana a los 2.500 trabajadores.
Los trabajadores de la CCSS contagiados que en abril pasado representaban el 20% de los contagiados (133), un mes después eran 146, pero la semana pasada solo en tres hospitales se diagnosticaron 23 nuevos casos de trabajadores, por lo que podría superar los 300 según los informes que hemos recibido.
Considerando las cifras de personas contagiadas, particularmente en las zonas de mayor densidad poblacional, los datos se tornan alarmantes, porque si no priorizamos la protección de los trabajadores de la salud muchas personas pueden morir, porque los trabajadores están enfermos.
En los centros de salud escasean los kit de pruebas para el diagnóstico y los equipos de protección, las constantes quejas son por la cantidad y la mala calidad de los equipos, las mascarillas son insuficientes para las extenuantes jornadas, cuando se las suministran, con el riesgo de que el personal ni siquiera se percate de que están propagando el virus.
Hoy el mundo vive una guerra sanitaria con los países más ricos, por los recursos para atender las necesidades de la población, como respiradores y otros equipos de cuidados intensivos, pero el impacto para el país de no contar con suficiente personal de salud sería una verdadera catástrofe, ya que el único distanciamiento social de los trabajadores de la CCSS es el Equipo de Protección. UNDECA exige a las autoridades de la CCSS y del Ministerio de Salud garantizar el diagnóstico oportuno, el acceso inmediato a los equipos de protección, suministros y recurso humano necesarios para atender a la población afectada por esta enfermedad.
San José, 3 de julio de 2020.
Carta Abierta al Presidente de la República y la Ministra de Economía
Recientemente se emitió la ley contra la usura (número 9859). Urge ahora que, sin dilación, se emita el reglamento respectivo, y que este incorpore criterios técnicos y paramétricos que garanticen una protección efectiva de las personas consumidoras. Ello motiva esta carta abierta que, desde el grupo Economía Pluralista, enviamos al presidente Alvarado y a la ministra Hernández de Economía.
San José, viernes 3 de julio de 2020
Señor Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Señora Victoria Hernández Mora
Ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Excelentísimo señor Presidente y muy distinguida señora Ministra:
Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes mediante esta misiva abierta con el propósito de realizar un llamado o exhortativa pública, y al mismo tiempo hacerles llegar nuestra preocupación cívica e independiente con relación al cumplimiento pleno de la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969; específicamente en lo referente al artículo 21 y su párrafo tercero, el cual textualmente indica: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”. Lo anterior en concordancia con el artículo 243, de la Sección Segunda de la Ley N. 4573 o Código Penal. Esperamos, por lo tanto, que, en forma coherente con lo antes indicado, la Ley 9859 recientemente sancionada sea reglamentada, sin dilación alguna.
Con relación a la Ley 9859 o Ley de adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 36 quarter, 44 ter y de los incisos g) y h) al artículo 53 y reforma de los artículos 44 bis y 63 de la ley 7472 o Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de 20 de diciembre de 1994, coincidimos con quienes consideran urgente que se proceda a su pronta reglamentación. Ello de conformidad con los establecido en el artículo 140, incisos 3 y 18 de la Constitución Política, según el cual ése es un deber y una atribución que corresponde conjuntamente al Presidente de la República y al respectivo Ministro de Gobierno.
Entre los temas que requieren ser reglamentados se encuentra el concepto de Tasa de Interés Efectiva, sobre el cual ya existe camino andado. Mediante el Acuerdo SUGEF 10-07, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el término Tasa de Interés Efectiva se cita en el Artículo 9, del Acta de la Sesión 652-2007, celebrada el 11 de junio del 2007 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 123 del 27 de junio del 2007, que comenzara a regir desde esa fecha. De esa forma, el Reglamento sobre Divulgación de Información y Publicidad de Productos y Servicios Financieros, define claramente el instituto de la Tasa de Interés Efectiva como una variable de suma utilidad para comparar el costo efectivo de los créditos que ofrecen las diferentes entidades y es determinante para la certidumbre en la toma de decisiones de las personas usuarias de productos financieros.
El hecho de contar con una definición de Tasa de Interés Efectiva y los conceptos que deben incluirse en la misma es de suma importancia, no solo como remedio frente al agravio histórico y la deuda moral y normativa pendiente que es la usura, sino para la corrección de las asimetrías de información, lo cual afecta sobre todo a las personas usuarias más vulnerables. Esperamos que ese concepto quede formulado en forma claro y coherente, sin generar contradicción entre diferentes normas reglamentarias. De allí la importancia de utilizar la misma definición en el nuevo Reglamento.
Igualmente, y con todo respeto, deseamos hacer notar al señor Presidente y la señora Ministra, la urgencia de contar a la brevedad posible con un Reglamento que permita dar cumplimiento pleno a una obligación rezagada por más de 50 años, para castigar el flagelo de prácticas lesivas y usurarias, perpetuadas por la ausencia de una referencia paramétrica con rango legal. Es también menester poner en vigencia el reglamento a fin de que los diversos actores sociales y personas que tienen interés en la determinación de la tasa de interés máxima a cargo del Banco Central, puedan realizar una adecuada aplicación de la ley.
Exhortamos a ustedes, señor Presidente y señora Ministra, para que se ejecute la potestad reglamentaria y para que se indique a las entidades crediticias, el deber de acatamiento del principio de legalidad derivado de la Ley 9859, según el cual los oferentes y colocadores de crédito deberán inmediatamente adecuar todos aquellos contratos de crédito actuales y sucesivos. Esto implicará que se ajusten a los parámetros tope para los créditos en general, a partir del 20 de junio de 2020, en cumplimiento irrestricto de la ley.
Reiteramos a ustedes que el ejercicio que anima la presente comunicación, lo realizamos en un marco de profundo respeto, que estimamos fundamental para la vigencia del Estado de derecho. Agradecemos de antemano la receptividad característica de la institucionalidad, su anuencia y apertura ante las demandas que surgen de la preocupación de la población en general y en particular sobre este tema, de relevancia histórica.
Atentamente,
Por el Grupo Economía Pluralista
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Luis Carlos Olivares Martínez |
Luis Paulino Vargas Solís |
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Daniel Vartanián Alarcón |
Ana Rosa Ruiz Fernández |
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Fernando Rodríguez Garro |
Renzo Céspedes Vargas |
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Henry Mora Jiménez |
María Leonela Artavia Jiménez |
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Jeannette Cordero Gamboa |
Welmer Ramos González |
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Bernardo Aguilar González |
Rosberly Rojas Campos |
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Osvaldo Ureña Jiménez |
Pablo Abarca González |
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María Fernanda Vega Solano |
Hugo Cascante Mico |
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Greivin Salazar Álvarez |
Giovanni Beluche Velásquez |
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Mario Devandas Brenes |
Montserrat Ruiz Guevara |
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Edwin Zamora Bolaños |
Jorge Arturo Chaves Ortiz |
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Martín Gerardo Murillo Córdoba |
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Con el objetivo de velar por el bienestar de la población estudiantil, la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica de la Universidad de Costa Rica realizó una campaña de optometría y oftalmología en la Sede del Sur, entre el 17 y 18 de junio.
Gracias a esta iniciativa un total de 92 estudiantes se vieron favorecidos con el beneficio complementario de Optometría y Oftalmología que se le otorga, una vez por año lectivo, a los becarios 4 y 5; y que consiste en un descuento total para cubrir los costos de diagnóstico o compra de lentes del paquete básico contratado por la UCR a Asembis.
La MBA. Anabelle León Chinchilla manifestó que esta iniciativa se suma las múltiples acciones emprendidas desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para fortalecer los canales de comunicación y atención con la población estudiantil, en la coyuntura de la pandemia.
“El servicio que, desde sus centros de atención, brinda la empresa con la cual la Universidad mantiene el convenio, se ofrece en las distintas regiones del país, lo que ha favorecido la cercanía para que el estudiantado pueda acceder este beneficio que le otorga la beca. Para la sede del Sur no se contó con esta proximidad, por lo que la empresa, a través de sus profesionales, se hizo presente en las Instalaciones del centro de estudio para brindar la atención”dijo León.
Campaña de Optometría y Oftalmología en la Sede del Sur.
Además de los estudiantes de la Sede del Sur, un total de 3229 estudiantes de otras sede universitarias también fueron favorecidos con la asignación de este beneficio complementario.
A esta cifra se le sumarán aquellos y aquellas estudiantes que efectuaron la solicitud del beneficio con fecha cierre del 30 de junio y que realizarán la gestión del beneficio complementario durante esta semana (cierra el 04 de julio).
La asignación de este beneficio complementario está sujeta a la categoría de beca económica 4 y 5 de la población estudiantil.
Tatiana Carmona Rizo
Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Escribir la historia de los abuelos, realizar un viaje imaginario, dibujar, reflexionar en familia, son parte de las actividades que promueve la campaña “Aprendamos juntos todos los días un ratito”, orientada a motivar el aprendizaje de niños y niñas en edad escolar y fortalecer las buenas relaciones entre los menores y sus familias, a través del aprendizaje en conjunto.
Desarrollada en el marco del Núcleo de Trabajo en Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, en el cual participan diversas que protegen los derechos de las personas menores de edad, la campaña está dirigida a las poblaciones más vulnerables, las cuales se han visto más rezagadas y con mayor dificultad para mantenerse activas en este contexto de aislamiento ante la pandemia de la covid -19.
Aprendamos juntos todos los días un ratito brinda diferentes actividades para fortalecer la lectura, la escritura, el dibujo, la memoria, la imaginación, el pensamiento matemático en los niños y niñas, además de actividades para el desarrollo socioemocional de las niñas y los niños, ya que el desarrollo de la resiliencia es fundamental en esta emergencia mundial.
A través de la promoción de distintas actividades, la campaña viene a motivar el aprendizaje de los niños y niñas de edad escolar, convirtiéndose en un apoyo para que las familias puedan crear espacios de aprendizaje desde sus casas.
La población meta son niños y niñas de edad escolar, entre los 6 a 11 años, así como padres, madres y cuidadores de estos menores en edad escolar.
Por parte del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA), los académicos Miroslava Bonilla y Rodolfo Vicente, son los representantes en el Núcleo de Trabajo en Violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes.
También participan DNI Costa Rica, Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Fundación Ser y Crecer, Si Callas, Permites, NO al Maltrato Infantil CR., World Vision Costa Rica, Aldeas Infantiles SOS, Costa Rica, Afapac – Familia y Projusticia, PRIDENA – Universidad de Costa Rica y Cosecodeni.
Se insta a las familias a compartir las actividades que realicen como producto de esta campaña, en secretaria@dnicostarica.org
***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.
El periodista Manuel Delgado llama la atención acerca de que ya «tenemos mucha experiencia» como para confiarnos. Escuche sus palabras en este video de dos minutos:
Foto: UCR.
