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Instancias de la UCR y el INA-Región Chorotega divulgan datos del diagnóstico comunitario en el marco de la pandemia

El Decanato de Ciencias Sociales, el Programa de Kioscos Socioambientales, la Escuela de Ciencias Políticas y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica y en vinculación con el Instituto Nacional de Aprendizaje de la Región Chorotega, desde marzo de 2020 han iniciado un proceso de diagnóstico comunitario con la finalidad de conocer los impactos e implicaciones que la pandemia ha tenido en diversos territorios del país y en organizaciones de comunales.

Las docentes coordinadoras de dicho proyecto, Dylanna Rodríguez y Rebeca Gu de los proyectos TC-590 Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio-ambientales específicos en el territorio nacional y TC-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas y respectivamente, señalan que el contexto de pandemia en el que se encuentra el país desde hace ya 5 meses, ha presentado diversos desafíos para la sociedad y como Universidad Pública, de ahí la importancia de esta iniciativa de diagnóstico comunitario, el cual tiene con fin “el conocer cómo distintos territorios costeros, indígenas, transfronterizos y campesinos, enfrentan la pandemia, así como las diversas implicaciones a nivel familiar, laboral, comunitario, organizativo, educativo que esta situación ha generado”, enfatizó Gu.

Desde que esta iniciativa dio sus primeros pasos, se le ha externado la invitación de participar a diversos proyectos de Acción Social, lo que ha dado como resultado la vinculación de 11 Proyectos de esta índole, 2 Programas y 1 práctica profesional de la carrera de Trabajo Social así como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de la Región Chorotega, “hacen que sea posible abarcar una mayoritaria parte de territorios y generar insumos, propuestas y líneas de acción que respondan a las realidades y necesidades de esos territorios diversos, cultural, socioeconómica y organizativamente” señaló Rodríguez.

“Los medios de comunicación se han encargado de mantenernos al instante, minuto a minuto, en relación con aquello que acontece sobre todo en el valle central, pero poco se habla de los territorios campesinos, transfronterizos, indígenas y costeros, a menos que sea para criminalizar, revictimizar y vulnerabilizar a sus poblaciones, principalmente si se trata de personas migrantes” señalan las coordinadoras del proyecto.

Para Rodríguez y Gu, este proyecto representa una alternativa para posicionar reflexiones que se tejen desde los territorios y permitan visibilizar las realidades negadas y, a la vez, responder al gran desafío que implica para la Acción Social, la Investigación y la docencia el vínculo que se genera desde su quehacer con esos territorios. Asimismo, este diagnóstico permite visibilizar y concientizar sobre las violencias que se siguen gestando en los territorios, y que se hacen más evidentes en este contexto.

Algunos de los primeros resultados del diagnóstico, se dan a conocer a través de un video https://www.youtube.com/watch?v=UOK9IHbJj50&feature=youtu.be

Para mayor información, comunicarse al correo electrónico: tcukioscossocioambientales@gmail.com

Apoyo al Instituto de Investigaciones Sociales

Isabel Ducca D.

Con motivo de la polémica y acusación a la Universidad de Costa Rica de estar incentivando una guerra entre lo público y lo privado por la difusión de dos videos producidos por la Oficina de Divulgación e Información (ODI), con base en una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), en los cuales se alude a grandes empresas que se beneficiaron de la amnistía tributaria, a algunas que declararon cero impuestos durante un periodo y a tres empresarios de renombre citados en la revista FORBES, es preciso expresar un reconocimiento a una labor difícil y, por lo visto, riesgosa pues como lo señala dicha revista, fuente de la que surge parte de la problemática:

Para el equipo de investigación de FORBES, cada año representa un reto documentar y estimar las más cuantiosas fortunas de nuestra geografía, debido a que los principales obstáculos son la falta de transparencia y la poca disponibilidad de las corporaciones para compartir la información de primera mano…”[i]

Lo afirma una revista que está mil leguas de ser analítica y crítica.

Nuestra solidaridad se basa, como debe ser, en los principios que rigen y deben reinar siempre en la institucionalidad pública. Tal y como lo estipula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en el artículo 3: “…contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

Si hubiera que hablar de una guerra entre lo público y lo privado, tendríamos que invertir los términos pues esa confrontación la inauguran en nuestros país los sectores neoliberales desde hace más de treinta años pues las universidades públicas, al ser cuna del pensamiento crítico y analítico, han sido acosadas con el fin de recortar sus presupuestos para reducir la investigación y el aporte que realizan para un desarrollo integral de nuestro país y de protección a los sectores más vulnerables. ¡Las acusaciones no son nuevas! Desgraciadamente, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y con el beneplácito de un gobierno que se preocupa más por proteger a quienes más atesoran en lugar de hacerlo con quien menos tienen, ciertas voces han adquirido fuerza y prepotencia que raya, en ocasiones, en lo inhumano.

Como bien sabemos, el déficit fiscal es un problema que adquiere dimensiones gravísimas antes del Covid 19 y que debido a este llegó a proporciones catastróficas. Desde el 2018, los temas fiscales han tomado relevancia en la discusión pública y hoy, precisamente en una crisis histórica, deben ser discutidos más que nunca. La evasión, elusión y mora son problemas que perjudican la construcción del Estado social de derecho y por tanto deben ser problematizados, así como señalados sus responsables.

Las campañas de desprestigio hacia las instituciones o personas que se atreven a plantear el tema de la reforma fiscal progresiva no son nuevas. Ya a inicios del siglo XX, Alfredo González Flores fue víctima de una campaña feroz primero y, posteriormente, un golpe de estado por establecer su proyecto.

Queremos reiterar nuestro apoyo a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política y esperamos que, fiel a los principios con que la concibieron figuras como Rodrigo Facio Brenes, la reflexión rigurosa, académica y comprometida con el bien común continúe por los senderos que le marcan la ética y el compromiso con los Derechos Humanos.

[i] Puede referirse a: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_mayo_2019

Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal hace cinco propuestas concretas

SURCOS recibió un documento en el cual el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal propone cinco medidas, para hacer del Ministerio de Hacienda un espacio que opere con eficacia y bajo el control de la ciudadanía para evitar la evasión y la elusión fiscal.

El Observatorio surge como parte de los esfuerzos impulsados por el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, y específicamente, del Territorio Seguro de Goicoechea.

Compartimos los elementos que fueron expuestos por Amanda Ugalde en representación del Observatorio en Casa Presidencial este jueves 27:

5 propuestas: Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal

  1. Reorganización de las 3 direcciones (Aduana- Tributación-Hacienda) bajo un esquema de procesos integrados, articulados y coordinados. Se buscará el logro de una estructura aplanada.
  2. Sistema de monitoreo de Hacienda digital en conjunto con la ciudadanía: De acceso público, para controlar el uso óptimo del dinero.
  3. Establecer metas país a mediano y largo plazo: Debe hacerse desde los sistemas de planificación nacional y planificación estratégica del Ministerio de Hacienda, para disminuir la evasión y elusión fiscal.
  4. Índice de la participación ciudadana de la gestión tributaria: que se evalué la apertura de MINHAC hacia la persona ciudadana como primer poder de la república.
  5. Sistema ciudadano de seguimiento y rendición de cuentas al acuerdo FMI: control sobre el nivel de cumplimiento trimestral de las metas que se acuerden entre el gobierno y el FMI.

UCR: Ya está firmada la donación que recibirá el Instituto Clodomiro Picado para avanzar en sus investigaciones

El porte ayudará a la formulación terapéutica de anticuerpos contra el SARS-CoV-2

La cooperación no reembolsable por 500 000 dólares estadounidenses para el Instituto Clodomiro Picado de la UCR, que comunicó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el 13 de agosto de 2020, finalmente se concretó este viernes 28 de agosto con la firma oficial del documento.

Con la firma de esa cooperación, que se llevó a cabo durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial, se consolida la entrega del aporte económico que ayudará al avance de las investigaciones para producir una formulación terapéutica de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Con ese posible fármaco se pretende tratar a los pacientes con COVID-19.

En la firma participó el Oficial Jefe de País, Mauricio Chacón, y la delegada ejecutiva de la FundaciónUCR, la M.B.A. Isabel Martínez Fonseca.

Esta inyección económica significa un gran aporte tanto para los investigadores del ICP-UCR en la continuidad de sus labores, como para la comunidad costarricense en la búsqueda de soluciones para la salud pública frente a la pandemia COVID-19. Desde la FundaciónUCR extendemos un agradecimiento al apoyo brindado por la presidencia de la república de Costa Rica y por la representación del BCIE”, indicó la FundaciónUCR en su comunicado de prensa.

El logro de esta donación se da después de que el Gobierno de Costa Rica se dedicara a buscar fondos para fortalecer la producción de las formulaciones que el Instituto está realizando.

De acuerdo con el presidente de la República, Carlos Alvarado, el medio millón de dólares optimizará el proceso de producción para la formulación de anticuerpos equinos. Además, mencionó que se está gestionando un presupuesto adicional a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para llegar a producir 25 000 frascos.

“Queremos pasar de tener alrededor de seis caballos a tener unos 30; y pasar de una producción de 600 frascos a una cerca de 25 000”, detalló Alvarado.

El Dr. Adrián Pinto, vicerrector de Investigación, aprovechó el espacio otorgado en la conferencia de prensa para agradecer al Sr. Carlos Alvarado su visión de invertir íntegramente esta donación del BCIE en la producción de un posible medicamento con sello nacional.

También, agradeció al Micitt y al Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), por su apoyo continuo desde el arranque del proyecto.

Invertir en investigación es invertir en desarrollo y esperanza. En este contexto recogemos los frutos de esa inversión con múltiples iniciativas que desde las universidades se llevan a cabo para combatir la pandemia, y sus efectos, en todas las áreas del conocimiento”, afirmó el Dr. Pinto.

Desde inicios de la pandemia en marzo, el BCIE puso en marcha el “Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica” para los países socios. Este programa incluye desde donaciones económicas y de implementos médicos, hasta nuevos mecanismos de financiamiento adaptados a los sectores más golpeados por la crisis.

“Agradecemos profundamente al Gobierno de la República permitirnos contribuir en los esfuerzos para hacerle frente a esta difícil coyuntura, lo que nos permite ratificar nuestro compromiso de ser el brazo financiero de los países de la región”, recalcó Chacón.

Para el Dr. Alberto Alape Girón, investigador del ICP-UCR, este aporte permitirá optimizar los rendimientos a miras de lograr el escalamiento que el país necesita, indicó.

 

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Fallece luchador social de Concepción de Alajuelita y Barrios del Sur

El compañero luchador social Manuel Calderón Campos falleció

A SURCOS llegó esta nota escrita por Mario Cabrera Burgos en la cual refiere sobre la vida de este compañero.

«Hasta la victoria siempre, queridísimo compañero Manuel, seguirás en la memoria de nuestras luchas populares, siempre jovial, siempre alegre, siempre crítico y dispuesto a organizar y educar a tu clase.

Dirigente popular juvenil y comunitario en Concepción de Alajuelita y los Barrios del Sur a través de la Coordinadora de Barrios (CoBa), dirigente sindical en Anep – Municipalidad de San José, trabajador en APSE en los últimos años.

Sin duda un valioso compañero con gran disposición y habilidades para la educación popular participativa, la organización y movilización de familias empobrecidas en su lucha por el reasentamiento y la construcción de comunidades integrales atendiendo las mejoras en vivienda, atención en salud, educación pública, consumo popular e integración al trabajo comunitario de niños, niñas, jóvenes y mujeres, además de los varones. Una persona de gran calidad moral y política, así le seguiremos guardando en la memoria de nuestras luchas. Que descanses en paz: Manuel Calderón Campos».

El funeral fue este viernes 28 de agosto a las 10 a.m. en el cementerio Bosques de Paz, en Alajuelita.

Feria de la Salud de la Mujer-edición 2020 llegará a los hogares de forma virtual

En el marco de la tercera edición de la campaña: cambien el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las mujeres MUSADE organiza por primera vez de forma virtual este año 2020, la feria de la salud de la mujer

Ser mujer en una sociedad patriarcal es un factor de riesgo para su salud. Las mujeres enfrentan una serie de problemas de salud que tienen una base sociocultural que afecta su salud integral por la doble o triple jornada de trabajo, la violencia y el estar históricamente sometidas a presiones sociales y sobrecarga de las labores de cuido y del hogar.

Estas relaciones sociales de distribución sexual de las tareas, ha hecho que los cuerpos de las mujeres, su mente y todo su ser, estén en constante presión, situación que se agudiza cuando además deben enfrentar un sistema de salud, que carece de sensibilidad y de un enfoque de derechos que violenta y somatiza. Bajo esta óptica, es fundamental accionar para contribuir en poner en la agenda de las mujeres y de la sociedad en general la discusión sobre lo que pasa con la salud de las mujeres, pero desde la perspectiva de derechos y de género, -a veces olvidada- a la salud integral, física y mental de las mujeres de todas las edades.

Traer las voces y experiencias de las mujeres sobre la forma como están entendiendo y viviendo su salud física y mental es fundamental para reconocer sus derechos ganados y por conquistar en esta área de su vida, a veces olvidada o atendida de forma marginal.

La organización de Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE), en el marco de la Campaña “Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las mujeres” ha decidido incorporar en su agenda, una Feria de la Salud de la Mujer, que incorpora un conjunto de actividades a realizarse días 2,3,4, y 5 de septiembre del presente año.

¡Les invitamos a que nos acompañen, participen! ¡Compartan sus vivencias y propuestas!

Los detalles de la campaña puede consultarlos en la página: http://campanna2020.musade.org/

Melissa Cruz Cordero 8451 1510.

Estudiantes de la UCR asisten el diseño de protocolos para la eventual apertura del deporte en tiempos del COVID-19

Los protocolos se adecuaron a los más de 70 deportes y actividades recreativas que se realizan en el país

Los protocolos específicos realizados por estudiantes de la UCR, involucran los tres tipos de actividades: entrenamiento, recreación y competencia; y en tres momentos: el antes, el durante y el después. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

¿Qué medidas se deben seguir en las instalaciones deportivas y de actividades recreativas cuando abran al público?

Establecerlas, es una tarea que han asumido estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), debido al cierre de estos espacios en marzo por la pandemia del COVID-19.

En Costa Rica se realizan más de 70 deportes y actividades recreativas, para las cuales los alumnos del Trabajo Comunal Universitario de la Escuela de Ingeniería Industrial “TC-487 Estrategias interdisciplinarias para el fortalecimiento de la gestión de actores sociales” han colaborado en el diseño del Protocolo Específico para Actividades Deportivas y Recreativas, de acuerdo con los reglamentos del Ministerio de Salud.

El cierre de las instalaciones deportivas y de recreación en el país incluyó parques, polideportivos y centros municipales, entre otros. Sin embargo, ante su eventual apertura, las instalaciones deben contar con lineamientos que se ajusten al tipo de deporte, la cantidad de personas involucradas y la condición de la edificación. Por esta razón, los universitarios contribuyeron en la versión estándar del protocolo para cada una de las prácticas.

“Agradezco muchísimo la participación de la UCR, porque permite que nuestro trabajo sea cada vez mejor. Para nosotros estos protocolos son muy importantes,ya que no solo evaluamos la apertura de las actividades, sino que nos ayudan para las negociaciones respectivas y además, generan datos que nos van orientar en la toma de decisiones”.

Hernán Solano, Ministro de Deporte.

La participación de los estudiantes del TC-487 ha significado un aporte a la política pública de Costa Rica con procesos de sistematización, estructuración y trazabilidad adaptados a la nueva normalidad para la ejecución por parte del despacho del Ministro del Deporte (Midepor) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

Estas instituciones siguieron de cerca dicho proceso, brindando acompañamiento y retroalimentación constante a los estudiantes, a través de reuniones virtuales. En ellas, también participan la Comisión Técnica Asesora integrada por profesionales de la Escuela Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional (UNA), Asetec-ITCR y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

“Para nosotros ha sido un proceso muy enriquecedor. Hicimos un protocolo desde la perspectiva del usuario, en el que se integran a las personas, tomando en cuenta el rol de los diferentes actores involucrados desde el equipo técnico, los auxiliares, etc.”, señaló María Laura Arguedas, estudiante de Ingeniería Industrial de la Sede Interuniversitaria de Alajuela de la UCR.

Este trabajo se deriva del esfuerzo conjunto que han hecho docentes de la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Geografía y la Escuela de Ingeniería Industrial junto con Instituto Nacional de Normas Técnicas (Inteco) en la creación del Documento Normativo que contiene los requisitos para la creación de los Protocolos Sectoriales de Salud.

En dichos protocolos sectoriales, también participan miembros del TC-487, al que pertenecen estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, Contaduría Pública, Medicina, Ingeniería Eléctrica y Antropología de la UCR.

Deporte y prevención

Entre las características que se destacan del Protocolo Específico para Actividades Deportivas y Recreativas, está la inclusión de una Matriz de Riesgos, donde se valora qué tan seguro es que una actividad física se desarrolle en un espacio cerrado o abierto, dependiendo si tiene contacto físico o no.

“La matriz va a ser un insumo para que los Comités Cantonales, junto con el Midepor y el Icoder, decidan si aprobar la apertura de un deporte en esa instalación, según las etapas de evolución de la pandemia en el país. También, ayudará a definir si se puede pasar a un nivel de competencia o si quedarse en el entrenamiento”, comentó Georgina González, docente de Ingeniería Industrial y encargada del TC-487.

Asimismo, cuentan con la incorporación de la Big Data por medio de un Registro Electrónico para el control y la trazabilidad de las personas que practican deporte en caso de contraer COVID-19. De tal forma que, funcionará como un gran repositorio para el Icoder.

¿Cuál es la rutina de un deportista? Sale de su casa (zona que representa su descanso o recuperación física), se traslada al centro de entrenamiento, practica y regresa a su hogar. Este fue solo uno de los aspectos tomados en cuenta para la elaboración de los protocolos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Los estudiantes del TC-487 construyeron estos documentos al poner en práctica sus habilidades y conocimientos académicos. Además, realizaron una investigación profunda de los protocolos deportivos que se aplican en otros países, con el fin de analizar si habían lineamientos que podrían aplicarse en Costa Rica.

“Los alumnos desarrollan su pensamiento crítico, la capacidad de recibir retroalimentación y a la vez, se apropian del aprendizaje de la carrera, porque practican la desapropiación de su trabajo, sabiendo que hay que modificarlo si es necesario”, comentó González.

De acuerdo con la docente, una vez entregada la versión final de los protocolos específicos, el equipo del TC-487 tiene interés de crear una aplicación que consolide todos los protocolos del sector para el acceso de los posibles usuarios, y que le facilite al Icoder la trazabilidad y el seguimiento de su implementación en cada Comité Cantonal.

Además, de una campaña de comunicación pregrabada para que esté presente en los Comités Cantonales del país.

“El objetivo de la campaña será que toda persona que llegue a un polideportivo conozca estos protocolos, los cumpla y que se conviertan en parte de su ADN. También, estamos pensando en que los estudiantes hagan capacitaciones para que los funcionarios tengan clara toda la información y sepan cómo se ejecuta”, indicó González.

En setiembre, los estudiantes de este Trabajo Comunal Universitario asistiran la realización de protocolos para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y para la Unidad Estratégica de Negocios de Administración de Proyectos de la Unidad Técnica de Perforación de Pozos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de manera que se adapten a la coyuntura actual de pandemia y garanticen la seguridad sanitaria de los establecimientos en ambas instituciones.

 

Valeria García Bravo
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información

Caravana vehicular de relevos por la defensa de los derechos de los costarricenses

Del 7 al 11 y 15 de setiembre a partir de las 7 a.m. varias organizaciones del movimiento sindical y social invitan a unirse a la “Caravana vehicular de relevos” por la defensa de nuestro país.

Se exigirá:

  • Un impuesto al patrimonio, rentas y utilidades al 10% más rico del país
  • Eliminación del pago del IVA a la canasta básica, medicinas, servicios de agua y electricidad residencial
  • Defensa y no privatización de la CCSS
  • Defensa del INA
  • No a la agenda legislativa antilaboral
  • No al cese de los contratos laborales del sector público y privado
  • No al endeudamiento con el FMI

“La patria no se vende. La patria se defiende”

Palabras de José María Gutiérrez al recibir el Premio Rodrigo Facio Brenes, otorgado por la Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 2020

Mis primeras palabras son de gratitud para nuestra querida institución, la Universidad de Costa Rica, que celebra hoy su octogésimo aniversario, para el Consejo Universitario por otorgarme este reconocimiento y, muy especialmente, para las y los colegas de la Escuela de Filosofía, quienes generosamente postularon mi nombre para el premio Rodrigo Facio Brenes que mucho me honra por su significado. Agradezco también a mis compañeras y compañeros con quienes he compartido mi vida profesional, en el Instituto Clodomiro Picado, en la Facultad de Microbiología, y en otras unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, así como a colegas, estudiantes y muchas otras personas de nuestro país y de otras latitudes, con quienes he transitado por rutas académicas, sociales y políticas a lo largo de muchos años. Lo que yo haya podido construir ha sido siempre en estos entornos colectivos, con gente muy valiosa. Y, por supuesto, expreso una enorme gratitud a mi querida familia, a mi esposa Irma y mis hijos Mauricio y Alberto, a mi hermana y hermanos y, más allá, a mi madre y mi padre, ausentes físicamente hace tiempo, pero siempre presentes.

La ocasión, y las circunstancias de nuestro tiempo, invitan a la reflexión. Vivimos, sin duda, una crisis que va mucho más allá del trágico escenario sanitario, social y económico asociado con la pandemia de Covid-19. La pandemia se expandió por un mundo que ya de por sí cargaba enormes contradicciones de carácter sistémico; la Covid-19 no ha hecho sino evidenciar y agravar de manera dramática las aristas de esa realidad. Se trata de una crisis generada por las formas predominantes de relacionarnos entre las personas y con el ambiente, una crisis de un modelo hegemónico de concebir el desarrollo y el bienestar. Se nos abre una gran oportunidad de reflexionar a profundidad sobre los rumbos del presente y del futuro, y de construir un entorno que garantice la dignidad de las personas y el bienestar de la vida. Se trata de una coyuntura única que no debemos malograr. Es tiempo de emprender, en palabras de Erich Fromm, una revolución de la esperanza.

Las opciones que han prevalecido en la mayor parte del planeta, sobre todo a partir de la década de 1980, han estado marcadas por una alarmante inequidad entre las personas y los países. Se ha generado una enorme riqueza, pero la misma se distribuye de formas muy desiguales. Un porcentaje minúsculo de personas detenta ganancias que superan lo que reciben millones de seres humanos, y el tejido social, por lo consiguiente, se ha deshilachado drásticamente. Es evidente que un crecimiento económico continuo y acelerado es inviable ambientalmente. La desregulación desmedida del capital transnacional ha venido aparejada del debilitamiento de las instituciones públicas a cargo de las políticas sociales, con el consecuente impacto negativo en las condiciones de vida de millones de personas.

Se le ha conferido un papel protagónico al mercado en la regulación de las interacciones entre las personas y los países y se han consolidado patrones culturales centrados en el individualismo, el mercantilismo y la banalidad. Los bienes comunes han sido privatizados aceleradamente. Los espacios de participación democrática se han estrechado y se han afirmado en muchos países tendencias autoritarias de variado cuño. El entorno natural es degradado por políticas depredadoras, generándose alteraciones ecológicas sin precedentes que ponen en entredicho la misma viabilidad de la existencia humana tal como la conocemos, y la de muchas otras especies. Si seguimos por ese camino no encontraremos salidas que aseguren una vida digna para todas y todos de cara al futuro.

Al mismo tiempo, las fuerzas vivas de la humanidad, centradas sobre todo en las enormes reservas morales, culturales, sociales y políticas que se mueven en la base social, comunitaria e institucional en todo el planeta, disputan la hegemonía global, aunque en condiciones desiguales, con estas tendencias dominantes de carácter regresivo y excluyente. Son esas fuerzas vivas las que, gracias a un permanente espíritu de reflexión, creatividad y solidaridad, mantienen encendida la luz de esperanza de que otro mundo es posible.

 La pandemia de Covid-19, que ha agudizado la crisis planetaria y humanitaria que ya vivíamos, ha dado paso a profundos procesos de cuestionamiento, imaginación y génesis de propuestas alternativas de convivencia y existencia, surgidas de múltiples sectores y colectivos, desde ópticas diversas, como una enorme fuente de riqueza solidaria. A manera de ejemplo, en nuestra América Latina un proceso colectivo vigoroso ha dado lugar al llamado ‘pacto ecosocial del sur’, una propuesta para un nuevo consenso social, ecológico, económico e intercultural en nuestro continente. Esfuerzos similares se gestan también en Costa Rica, los cuales promueven la confluencia de amplios sectores para edificar un futuro mejor.

Estas propuestas plantean, entre muchas acciones, la transformación tributaria solidaria y progresiva, la construcción de una nueva arquitectura financiera global, la gestación de sistemas nacionales y locales de cuidado que ubiquen la sostenibilidad de la vida como un eje fundamental de nuestras sociedades, el fortalecimiento de las instituciones del estado social de derecho, el establecimiento de una renta básica universal, la priorización de la soberanía alimentaria, el tránsito hacia matrices energéticas renovadas, desmercantilizadas y democráticas, que pongan freno a las políticas extractivistas y de despojo de la tierra, la defensa de los bienes comunes, el fortalecimiento de dinámicas de comunicación que den voz a amplios colectivos de la sociedad, la procura de la autonomía y la sostenibilidad de las comunidades locales, y la búsqueda de relaciones internacionales centradas en la solidaridad, con formas de intercambio comercial más horizontales y multilaterales. Se trata de agendas centradas en el cuidado de la vida, de las personas y del ambiente en el más amplio sentido de la palabra. Es por esos senderos que debemos transitar.

En esta enorme tarea de hacer virar el rumbo que lleva la humanidad y, en nuestro caso, Costa Rica, tenemos cabida una infinidad de protagonistas, incluyendo las instituciones públicas de educación superior del continente. Desde la histórica Reforma de Córdoba, en 1918, las universidades latinoamericanas se han consolidado y enriquecido, y han asumido roles esenciales en nuestras sociedades. Por un lado, son vías de movilidad social que han nutrido a los sectores público y privado de amplios contingentes de profesionales. Además, constituyen los principales reservorios de generación de conocimiento en la región, mediante la investigación en todos los ámbitos del saber. También mantienen vínculos permanentes con muy diversos sectores de la sociedad, contribuyendo a la equidad y al bienestar colectivos, además de ser centros de análisis crítico de la realidad. Valga la ocasión del octogésimo aniversario de la Universidad de Costa Rica para aquilatar el valor enorme de nuestra institución en el país y la región. Por su misma naturaleza, por los pilares filosóficos y éticos que sustentan su accionar, por ser instituciones que procuran la excelencia y el bien común, las universidades públicas de la región están llamadas a jugar un importante papel en las agendas transformadoras que nos convocan.

Ello conlleva una enorme responsabilidad por parte de nuestras comunidades universitarias, ante lo cual debemos revisar críticamente nuestra labor y transformar diversos aspectos de nuestro quehacer. El conformismo y la autocomplacencia, el débil sentido autocrítico que muchas veces nos caracteriza, y el acomodo a tendencias de carácter mercantil y privatizante que se asoman aquí y allá en el horizonte institucional, nos obligan a repensarnos, a problematizarnos, y a depurarnos, para así a asumir mejor los grandes compromisos que tenemos con la sociedad.

Una tarea urgente en nuestra universidad es abandonar la indiferencia política e ideológica que prevalece en algunos sectores de la institución, indiferencia que con frecuencia desemboca en asumir tácitamente como válidos e inmutables los postulados que sostienen la inequidad. La Universidad de Costa Rica debe ser un nicho de reflexión crítica permanente sobre la sociedad y sobre sí misma. Debe preguntarse constantemente cómo puede contribuir a gestar una sociedad marcada por la equidad, el respeto a la diversidad y la procura del desarrollo de las potencialidades de todas las personas. Y esto implica acciones renovadas en docencia, investigación, acción social, administración y vida estudiantil.

Es imperativo defender la esencia misma de lo que es una universidad pública, que sufre embates aquí y en todo el planeta. Nuestra institución debe reafirmar, en el discurso y en los hechos, la visión de que la educación es un bien público y no una mercancía, lo que implica que su financiamiento debe ser principalmente estatal y tener ese carácter en su filosofía y funcionamiento, y en su proyección a la sociedad. Debe ser genuinamente autónoma y procurar el desarrollo académico integral y la búsqueda del bien común. Debe estar, en suma, al servicio de toda la sociedad y, muy especialmente, de los sectores más vulnerables. Aunque parezcan verdades de perogrullo, lo cierto es que estos valores esenciales están siendo cuestionados y requieren ser defendidos y fortalecidos.

Nos encontramos en medio de un acoso sin precedentes a la autonomía, un valor consustancial al sentido mismo de universidad. La autonomía nos permite establecer nuestra propia estructura y gobierno, así como marcar las pautas del desarrollo institucional. También garantiza la libertad de cátedra y de pensamiento y la potestad de decidir sobre el uso de los recursos que nos provee el estado. Algunos sectores políticos y económicos buscan debilitar este elemento esencial universitario, en asocio con una fuerte campaña mediática de desprestigio. Es imprescindible comprender que, sin autonomía, la misión de la universidad pública se desdibuja radicalmente. La defensa a ultranza de la autonomía universitaria y de lo que esta representa es un espacio de análisis y acción urgentes, no solo por parte de las comunidades universitarias, sino de la sociedad en su conjunto.

El aporte de la universidad a la gestación de un mundo mejor pasa por la reflexión permanente sobre la formación que estamos ofreciendo al estudiantado. La reforma universitaria de los años 50, liderada por Rodrigo Facio Brenes y sus colegas, promovió una enseñanza general amplia, que fomenta el interés por campos del conocimiento variados, lo cual abre las puertas a una visión de mundo más ancha e invita a la interacción productiva con personas de otras disciplinas. La formación humanista tiene también el objetivo de estimular el pensamiento creativo y crítico, un elemento clave en la forja de una ciudadanía reflexiva y participativa en procesos democráticos. El aprendizaje integral del estudiantado también vela por la adquisición de una visión socialmente crítica, comprometida con las necesidades de los sectores vulnerables de la sociedad. Cabe preguntarse si estos valores centrados en la visión humanista y el compromiso social se han mantenido y enriquecido o si, más bien, se han debilitado al calor de corrientes individualistas y mercantilistas. Somos testigos de tendencias globales que empujan hacia una visión universitaria centrada en la instrucción de profesionales técnica y académicamente competentes, pero con escasa impronta humanista y con un débil compromiso social. Esto constituye lo que Martha Nussbaum ha denominado la crisis silenciosa de la educación superior en el mundo.

Debemos asir con firmeza los principios del humanismo, para formar profesionales no solo bien preparados académicamente, sino también críticos, creativos y solidarios, capaces de gestar entornos generosos en su quehacer profesional y ciudadano. Para ello requerimos fortalecer no solo los espacios formales de educación humanista y solidaria, que incluyen actividades de acción social, sino extenderlos a los programas de estudios de las carreras particulares y, más aún, forjar nichos informales en la vida institucional que fomenten esa formación integral, en lo cual el estudiantado desempeña un papel central. En este punto quisiera enfatizar en la importancia de las ciencias sociales y las humanidades como elementos de nuestro universo académico. Estos ámbitos, que sufren embates de quienes consideran que las universidades únicamente deben formar profesionales para determinados sectores del mercado, requieren ser fortalecidos, pues alimentan esa integralidad institucional a la que nos referimos.

Por otra parte, debemos también centrar nuestra atención en la generación de nuevo conocimiento, mediante la investigación, pues este aspecto del quehacer universitario constituye un elemento clave en la comprensión de la realidad y en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de la vida. La crisis de Covid-19 nos ha mostrado cuán importante es contar con una base de conocimiento endógeno en nuestras universidades. Pese a que la Universidad de Costa Rica es el principal centro de investigación del país, es necesario ver las sombras y no solo las luces de esta faceta de nuestro trabajo. Existe una gran asimetría en el desarrollo de la investigación entre áreas y disciplinas, con una notoria debilidad en algunas de nuestras sedes institucionales. Buena parte del personal docente, sobre todo el interino, tiene pocas oportunidades de realizar investigación.

Con frecuencia predominan las visiones uni-disciplinares en el abordaje de los temas. La gestación de ideas novedosas alrededor de grandes tópicos y problemas invita al trabajo inter- y trans-disciplinario, en dinámicas de respeto epistémico y de mutuo aprendizaje, en los que prevalezca la generosidad y la cooperación por sobre el individualismo. En este sentido tiene especial valor el hecho de que la candidatura al premio Rodrigo Facio de una persona del ámbito de las ciencias biomédicas y naturales haya sido propuesta por la asamblea de la Escuela de Filosofía, pues refleja los puentes que hemos podido establecer a lo largo de los años. Debo decir que una faceta harto estimulante de mi trabajo universitario ha sido el contacto enriquecedor con colegas de disciplinas diversas, de quienes he aprendido muchísimo.

La universidad debe ver con criticidad las posturas que centran la atención únicamente en temas de investigación que tengan réditos económicos, para dar paso a visiones integrales que fomenten todos los campos del conocimiento, más allá de su impacto de rentabilidad inmediata. Aparejado a lo anterior, la generación de conocimiento pertinente y relevante debe acompañarse del fortalecimiento del posgrado, así como de políticas internacionales renovadas, que fomenten la cooperación con el norte, pero también con el sur global, en un marco filosófico y ético de solidaridad e interlocución horizontal.

Quisiera ilustrar algunos de estos principios con base en una experiencia en el colectivo del Instituto Clodomiro Picado. Recuerdo vívidamente cuando, a inicios de la década del 2000, se nos planteó, por parte del Ministerio de Salud de Nigeria y de colegas ingleses, la posibilidad de producir un antiveneno para dicho país africano, donde existe un serio desabastecimiento de ese producto, lo cual tiene hondas repercusiones en la salud pública. Nuestro instituto atravesaba por diversos problemas en esa época y había suficientes razones para no asumir este reto. Pero se comprendió lo relevante de esta posibilidad y el impacto humanitario que tendría. Mediante un enorme esfuerzo de grupo se asumió la tarea y se logró desarrollar un nuevo antiveneno que hoy día se distribuye a varios países del continente africano, salvando miles de vidas cada año. Al tomarse esta decisión se trascendió los estrechos criterios de rentabilidad económica, pues esta tarea se concibió desde una perspectiva integradora de racionalidad social y académica, en el marco de un ethos de solidaridad. Al cabo del tiempo, este proyecto también ha traído réditos económicos para la universidad, pero la decisión inicial se centró en una lógica humanitaria que dio pie a una cooperación sin precedentes con el África sub-Sahariana. Al recordar hoy este proceso, rindo un sentido tributo al colectivo del Instituto Clodomiro Picado, al cual me enorgullezco en pertenecer.

En su relación con el resto de la sociedad, la universidad debe comprometerse con una visión de país y de mundo que emerge de perspectivas centradas en la excelencia y la procura del bien común. En este contexto, la acción social constituye un eje central del trabajo universitario, al cual se le debe dar mayor atención de la que históricamente ha tenido; de los tres pilares académicos, la acción social es sin duda el menos reconocido en el imaginario institucional, algo que debe cuestionarse y transformarse. La respuesta universitaria ante la crisis de Covid-19 ha mostrado el enorme potencial de nuestra institución para responder a necesidades apremiantes del país, pero debemos ir más allá. La universidad requiere renovar y profundizar su relación con muy diversos ámbitos de la sociedad y de maneras muy variadas, y debe hacerlo con una filosofía dialógica, horizontal, de mutuo aprendizaje y en el contexto de lo que Boaventura de Sousa Santos llama la ecología de saberes. 

La construcción del conocimiento, y su aplicación al mejoramiento de la vida, es una tarea de carácter colectivo que trasciende el ámbito estrictamente académico. Requerimos forjar sistemas de vasos comunicantes multifacéticos, que nos permitan integrarnos profundamente al entorno colectivo que nos sostiene y al cual nos debemos. Tenemos mucho que aprender. Más allá de lo académico y lo técnico, acá tenemos un elemento ético de enorme significado. En este ámbito, la atención a la mayor accesibilidad de los sectores sociales más vulnerables del país a la educación superior pública es una tarea de primer orden. La institución ha dado pasos importantes en este campo, pero hay que avanzar mucho más.

En la actual coyuntura, y en la época post Covid-19, no podemos dejar pasar la oportunidad histórica de dar un viraje de timón a niveles global, nacional, institucional y personal. El mundo y nuestra universidad no serán los mismos después de la pandemia. La crisis civilizatoria a la que nos enfrentamos nos exige realizar cambios cualitativos y profundos en nuestro accionar, en procura de edificar un mundo donde priven la equidad y la dignidad de las personas.

Las universidades públicas de América Latina debemos, a un tiempo, mantener y fortalecer los valores esenciales de nuestra misión y propósito, a la vez que realizar transformaciones en todos los ámbitos de nuestro quehacer, con sentido autocrítico y con profundo compromiso con un medio social que nos conmina a dar mucho más. Es necesario mejorar nuestro trabajo hacia adentro y hacia afuera. A lo interno, cabe preguntarnos: ¿cómo lograr una verdadera integración entre docencia, investigación y acción social, de manera que estas operen como un todo integrado?, ¿cómo fortalecer cualitativamente los procesos de regionalización para impactar en todo el país?, ¿cómo generar esquemas administrativos que faciliten en lugar de entrabar las funciones académicas esenciales?, ¿cómo dinamizar los cambios curriculares y la creación de nuevas opciones de carreras, en permanente adaptación a los requerimientos de la sociedad?, ¿cómo reducir el interinazgo, a la vez que se ofrezcan condiciones laborales y políticas salariales de mayor equidad?, ¿cómo lograr que la universidad sea más accesible a los sectores sociales más vulnerables?, ¿cómo estimular entornos creativos  y no burocráticos en toda la institución?, ¿cómo desterrar prácticas que atentan contra la dignidad de las personas y el respeto a la diversidad?. Estas y muchas otras interrogantes convocan a procesos colectivos de reflexión y creación permanentes para que esta institución sea cada vez mejor.

De cara a la sociedad, entre muchos retos pendientes, es necesario fortalecer nuestro encuentro con el enorme abanico de necesidades, urgencias, angustias, procesos creativos e iniciativas cargadas de imaginación y solidaridad que existen en nuestra sociedad, y nos invitan a formar parte de esa energía transformadora, en el marco de una visión de cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. Ojalá sepamos sumarnos a esta efervescencia y continuemos aportando a la construcción de ese otro mundo posible. Se trata, parafraseando a Eduardo Galeano, de enriquecer el horizonte de la utopía, el cual, aunque se nos aleje cada vez que damos un paso, nos ayuda a continuar la marcha.

La minería amenaza el agua de pueblos costeros del cantón Central de Puntarenas

M. Sc. Orlando Amaris Cervantes y Dany Villalobos Villalobos

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED),* en conjunto con la Alianza de comunidades por la defensa del agua en Puntarenas, como parte de una investigación en curso, ha consultado la situación de las cuencas de los ríos Abangares, Lagarto y Guacimal en el Catastro Minero de la Dirección de Geología y Minas (DGM) ante el avance en la ampliación de la Carretera Interamericana en el tramo Limonal-Barranca.

Se elaboraron dos mapas que muestran la cantidad y la extensión de las concesiones de Cauce de Dominio Público (CDP)[1] vigentes y en trámite ante la Dirección de Geología y Minas (DGM). Este producto de investigación permite observar que en el río Abangares hay intereses por extraer materiales a lo largo de 10 kms continuos de su cauce, lo cual vendría a afectar aún más el caudal del que también dependen pequeños productores para obtener sus cosechas en la cuenca baja. En el río Lagarto, 12 proyectos pretenden explotar más de 20 kms y en el río Guacimal los intereses de explotación abarcan aproximadamente 12 kms. Estos proyectos mineros, en caso de obtener sus respectivas concesiones y ante la demanda de materiales para la construcción asociada a la ampliación de la carretera, afectarían el caudal de agua de estos ríos, así como sus ecosistemas. De aprobarse la extracción simultánea a lo largo de cada uno de estos cauces también podría provocarse un grave impacto ecológico acumulado. Este daño alteraría, más aún durante la estación seca, el régimen hídrico que abastece con agua subterránea a los pozos de siete comunidades de la zona.

Los acueductos rurales organizados por medio de las ASADAS[2] de Chomes, Judas, Malinche, Orocú, Cocorocas, Punta Morales y Costa de Pájaros dependen de pozos que aprovechan el nivel freático adyacente a los ríos Guacimal y Lagarto. Estos acueductos cuentan con más de 2500 abonados, por lo que estarían abasteciendo con agua potable aproximadamente a 10.000 personas. Preocupada por estas amenazas, la Junta Directiva de la ASADA de Judas, desde el año 2018 ha llevado a cabo oposiciones formales a los dos proyectos de la empresa Inversiones Pétreas Río Guacimal S.A. que se ubican aguas arriba, a pocos metros de su pozo comunal principal. Hasta ahora, la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) no ha resuelto los recursos presentados por la organización comunal.

Se hace necesaria una mayor discusión sobre los daños potenciales de las grandes secciones de estos ríos que podrían ser concesionadas por la DGM. Los riesgos para las fuentes de agua de uso múltiple de estas poblaciones y para los ecosistemas de estas cuencas son realidades que deben analizarse con mayor responsabilidad, más aún en el contexto de las actuales crisis sanitaria, económica y climática. Por esta razón es indispensable determinar a partir del criterio de estas comunidades, los beneficios y los perjuicios de estas actividades mineras a mediano y largo plazo para ellas y su entorno, sin que padezcan las externalidades negativas de las explotaciones comerciales.

Tabla 1

Cantidad de concesiones de cauce de dominio público según su estado

Estado de las concesionesRío AbangaresRío LagartoRío Guacimal
Otorgadas por DGM y vigentes311
En trámite para aprobación en DGM101
En trámite municipal o SETENA2115
Total6127

       Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro Minero. Dirección de Geología y Minas (DGM)

Mapa 1

Concesiones para la extracción de materiales en los ríos Lagarto y Guacimal

Mapa 2

Concesiones para la extracción de materiales en el río Abangares


*De acuerdo a la información del Catastro Minero obtenida el 15 de julio del 2020 como parte de los resultados del proyecto Diagnóstico hidrocomunitario para la protección del ambiente en las cuencas bajas de los ríos Guacimal, Lagarto y Abangares, cantón Central de Puntarenas. Estudio a cargo del investigador principal Orlando Amaris Cervantes, con el apoyo del investigador comunitario Dany Villalobos Villalobos.

[1] Permiso otorgado por la Dirección de Geología y Minas (DGM) para la explotación minera no metálica dentro de un cauce. Estas concesiones se otorgan en tramos no mayores de 2 kilómetros cada uno.

[2] Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS).