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Foro: La nueva normalidad post COVID-19 una visión sindical

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

El pasado 11 de junio del 2020 la Escuela de Planificación y Promoción Social invitó a representantes del sector sindical costarricense, para realizar un foro sobre la Nueva Normalidad en Costa Rica-post Covid-19 para con el fin de conocer sus perspectivas sobre los posibles futuros.

Este foro se realizó mediante la plataforma Zoom en donde se evidenció la participación de representantes de la Central General de Trabajadores, Sindicato de Empleados del PANI-SEPI-Sindicato del AYA, Sindicato 7 de agosto, Sindicato Sin Trazas, Mesa Sindical de Mujeres, Sindicato UTRA-UTN, ANATRANS (Asociación Nacional de Transportista) Sinpae, Sintrasas, Sitraa.

Juan Carlos Mora, académico de la EPPS explicó que este foro es parte de un proyecto realizado por la Escuela de Planificación y Promoción Social sobre la construcción de escenarios a futuro para la Costa Rica del 2030, para el cual han contado con la participación de muchas personas de distintos sectores de la población, esto les han permitido definir cuáles son los temas más relevantes que podrían presentar cambios en el futuro.

En el foro, los participantes seleccionaron según las prioridades para el país, aspectos sociales, tecnológicos, culturales, económicos y de dimensión institucional que presentarán mayores cambios a futuro y vertieron su criterio al respecto.

La metodología del foro fue mediante preguntas generadoras, en donde los participantes deberían de señalar las opciones más acercadas a su opinión con respecto al tema planteado.

Para iniciar el foro se presentó la siguiente pregunta:

¿Cuál área del ámbito social costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

Los resultados de esta elección mostraron que la mayoría de las personas (86%) piensan que, en el área de brechas sociales, desigualdad y pobreza se presentará más cambios. Como segundo lugar (57%) en la votación se señala el área de educación inclusiva, flexibilidad laboral y pensiones. Con el mismo porcentaje, en tercer lugar, (29%) quedaron las áreas de protección social, pensiones, seguros, seguridad ciudadana, convivencia social, redes de apoyo mutuo, migraciones, desplazados, adultos mayores, salud preventiva, derechos humanos y equidad.

Giovanni Beluche Velásquez, Secretario General Adjunto del Sindicato UTRA-UTN, dijo que se podrían tener serios problemas principalmente en la educación inclusiva, flexibilización laboral y pensiones. Y esto se debe a la desconfianza que se le tiene a los encargados de coordinar las pensiones. Además, cuando la preocupación de la educación es la afectación del FEES que está porvenir, pero también la pandemia, esto ha hecho que se evidencie la falta de equidad en el acceso a la educación a distancia.

El camino por el que se está yendo actualmente, según Beluche, va incrementando la brecha social lo cual no es nuevo, porque desde hace mucho tiempo esto se viene agravando por consecuencia del poder capitalista. A este modelo es inherente ensanchar la brecha social, porque sus objetivos no están enfocados en las necesidades de población, además que se caracteriza por provocar la pobreza material. Esta situación no es nada nuevo, sin embargo, la pandemia ha provocado que la agenda neoliberal profundice estas consecuencias.

Carlos José Cabezas, del Sindicato del PANI. agregó al análisis que el aumento de estas desigualdades es real, por ejemplo, es más del 40% de la población económicamente activa que pertenece al sector informal y no hay políticas que se enfoque en la resolución de este fenómeno.

Además, también está sucediendo que se da la informalidad en la formalidad, esto porque existen trabajadores que están contratados por patronos, pero no se le están respetando sus derechos, lo que genera que el escenario puede llegar a ser catastrófico.” Este problema no solo ocurre en Costa Rica, sino también en América Latina, lo cual se ha dado para seguir favoreciendo a unos pocos y concentrando la riqueza en una minoría”.

La segunda pregunta generadora fue:

¿Cuál área del ámbito tecnológico costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

En primer lugar, hubo un empate (88%) entre las opciones que hablaban sobre la comunicación virtual, redes sociales, conectividad y virtualización de la educación, telemedicina, teletrabajo.

Seguidamente se consideraron los temas de inversión en investigación y desarrollo (25%), luego la opción de ciudades inteligentes, accesibilidad, innovación (13%). Por último, con cero votos quedó la robotización, Big Data y genoma humano.

Mario Rodríguez, del Sindicato de AyA, dijo que en relación con la realidad en la que se está viviendo se tiene un proyecto en ley sobre el teletrabajo, esto porque el tema de la pandemia se prestó para que muchas instituciones públicas consideren la implementación del teletrabajo. Sin embargo, el tema del teletrabajo y de la jurisprudencia laboral no solo beneficia el trabajador, sino, también al patrón, ya que ahora las empresas se ahorran gastos de electricidad, internet, impuestos, entre otros. Por esta razón, el teletrabajo se convierte en otro tipo de trabajo a nivel mundial y esto se evidencia en el cambio de luchas que se darán, ya que ahora se demandará el tiempo de ocio con sus familias, sino va a ser, al contrario, ya que va a haber muchísimo más trabajo y explotación.

Cynthia Crespo Campos, Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE) comentó, que en el caso del Ministerio de Educación Pública existen grandes cambios, los docentes trabajan tres veces más de lo que laboran generalmente en las aulas, y por el mismo salario. Ante el MEP se planteó por parte de la agrupación de sindicatos del Magisterio “Magisterio en Acción” la conectividad gratuita a internet para estudiantes y docentes.

 Crespo, indicó que, además, los empresarios y patrones cuando se aprobó esta ley de teletrabajo pensaron que eran beneficios para ellos, cargándole al trabajador, los gastos de luz, agua, internet, y alquileres, sin aumentar salarios: “El excesivo trabajo hoy del docente, junto con quehaceres del hogar, y las necesidades de salubridad que pide el Estado, hace que la mujer, sea empleada pública o privada, sea objeto un abuso laboral por parte del MEP. Mientras, sin que la opinión pública sepa que no hay docentes nombrados y están despidiendo a docentes interinos, de esta manera, el ambiente se recarga de estrés constante, pues trabajamos hasta 15 horas al día como docentes y en lo demás. Y esto producirá más enfermedades y enfermos que el COVID-19”, manifestó, la representante del SINPAE.

Carlos José Cabezas, mencionó que esta virtualidad nos va a obligar a generar nuevas formas de comunicación, porque la educación de primaria y segundaria no están adaptadas a las nuevas tecnologías. Esto porque se deben definir metodologías apropiadas a la nueva tecnología y capacitar a las personas para sacar un mayor provecho didáctico y pedagógico de la enseñanza-aprendizaje: “El movimiento sindical se está empezando a valorar sobre cómo se utilizarán las redes sociales para protestar, el cual piensa que es algo muy fantasioso ya que no se piensa que mediante estas se pueda dar la suficiente presión que permita modificar las posiciones gubernamentales o empresariales. Se deben aprovechar las redes sociales con fines de propaganda, sin embargo, no es viable generar un verdadero cambio y movimiento mediante estas plataformas”, acotó el sindicalista, quien agregó que indudablemente la implementación de la tecnología va a ensanchar las brechas sociales ya que ahora para disfrutar de los servicios y beneficios de estas se tiene que pagar por lo que mediante la obligación de utilizar este tipo de plataformas se va a ver varios sectores de la población excluidos.

Efraín Cavallini, académico de la EPPS se refirió a que el tema de las redes sociales, tecnología y conectividad es complicado, porque aún en Costa Rica no existe una ley que organice y plantee claramente el tema de gobierno abierto y de las redes sociales. Esto tiene que ver con la comunicación y transparencia: “lo que pasa es que la ley de radio, televisión es obsoleta. El problema con esta situación es que el gobierno no les ha dado la oportunidad a las comunidades, gobiernos locales, fundaciones, asociaciones, ONG e instituciones públicas de explotar más estos servicios, y si no te tiene esta oportunidad, será casi que imposible lograr que todos los sectores de la población lleguen a tener al alcance a medios de servicio público para la enfrentar de la mejor manera la virtualización en beneficio de la educación y el trabajo”.

Carlos José Cabezas, añade que este tipo de ley ha inculcado que las emisoras y empresas de televisión se crean los dueños de estos servicios, porque tienen el mercado acaparado, y cuando se hacen iniciativas que promuevan la creación de espacios de comunicación comunal y cultural los califican de proyectos comunistas para minimizarlos. “Esto es de esperar que se agrave con el tiempo si no se hacen las reformas necesarias en las leyes actuales que tienen que ver con este tipo de servicios”.

La tercera consulta planteada correspondió a:

¿Cuál área de la cultura (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

Nuevamente hay un empate entre las opciones más votadas (90%), las cuales son las áreas que consideran la convivencia entre las personas, autocuidado, espacios públicos y vida familiar/laboral, roles en el hogar. En segunda posición (40%) están las redes de solidaridad comunal y territorial, seguidamente (30%) están la relación con la naturaleza y el medio ambiente y la espiritualidad, comunicación interpersonal y hogar. En penúltima posición (20%) se encuentra el ejercicio físico, ocio y sedentarismo, y en último lugar (10%) se encuentra la educación cívica, ahorro y educación vial.

Con respecto a esta pregunta, se considera que las medidas de salud y autocuidado existen en el papel, pero no en la práctica, por lo menos, en temas laborales en los que él autocuidado se es necesario que todos los trabajadores que todavía no han adoptado estas medidas las adopten lo más antes posible, para promover la salud y la unidad de los trabajadores, en los centros de trabajo. “El uso de espacios públicos para la recreación, por ejemplo, los parques, cuando se llegue a permitir más apertura, estos serán con restricciones muy estrictas a menos que se tenga la vacuna contra el Covid-19.

Según lo obtenido en la consulta y desde la percepción de los representantes sindicales, la vida familiar, va a cambiar, porque se deben empezar a adoptar nuevos hábitos, para poder separar el tiempo de trabajo del tiempo de ocio. Esta situación viene a explotador más necesidad de terapia y servicios de psicología por la cantidad de estrés laboral que ha estado generando el teletrabajo y los casos de violencia intrafamiliar: “Por estas situaciones el movimiento sindical debe reinventarse y empezar a desarrollar acciones, que logren el cambio de las realidades que están viviendo los costarricenses en tiempos de pandemia” acotó Cabezas.

Carlos José Cabezas, agregó que en el tema de convivencia de las personas el país tiene un gran reto presente que se va a proyectar en el futuro: “ Esta pandemia ha despertado a muchos para darse cuenta de que la xenofobia y el racismo es algo muy presente en la cultura costarricense, aunque muchos pensaban que no, esto no debería de ser así porque la migración nicaragüense aporta muchísimo al sector productivo del país y sería fantasioso pensar que si se eliminan estas migraciones la mayoría de los problemas se resolverán. Esto no solo afecta en términos de ideologías sino también, que gracias a las migraciones en un futuro nuestra cultura será aún más pluricultural. Y esto debería de verse como una ventaja, pero la visión de las personas nacionales es otra y esta debería de cambiar porque las migraciones no se van a detener a menos que los otros países empiecen a realizar reformas para que las personas no tengan la necesidad de migrar. Por esta situación, que requiere que estemos en la casa, se ha empezado a valorar más el tiempo familiar lo cual podría ser una bandera a futuro, para generar motivos de luchas y demandar una regulación en el trabajo y eliminar la explotación laboral que traer consigo el teletrabajo”.

Como última pregunta generadora se expuso:

¿Cuál área de la dimensión institucional costarricense presentará los mayores cambios a futuro (2023-2030) convirtiéndose en parte de la Nueva Normalidad?

La mayoría de las personas coincidieron con la respuesta: “Pensiones, seguros, subsidios” (89%). Seguidamente, se encuentran las opciones: “Innovación de procesos, simplificación de trámites, creatividad” y “Familia (56%), derechos humanos, religión” (56%). Como penúltima (33%) y última opción (22%) se encuentran respectivamente: “planificación de largo plazo, gestión de riesgos, resiliencia” y “Enfoque territorial, descentralización, desconcentración”.

Giovanni Beluche comentó que el tema de pensiones y subsidios está en el presente y va a estar en el futuro. En cuanto a innovación de procesos y facilitación de trámites aparece en el análisis dado las presiones que hace el sector empresarial. Sin embargo, reitera que lo que está sucediendo no es nuevo, ya que todo es producto de una agenda neoliberal que no se venía aplicando a fondo y se aprovechó la pandemia para empezar a profundizarse más. También que para realizar el análisis del futuro debe mirarse de manera retrospectiva, ya que desde el movimiento sindical se tiene que señalar el papel del presidente de la Asamblea Legislativa, que encabezó toda la reforma de la legislación para regular el derecho a la protesta social y a la huelga de parte de la clase trabajadora: “todo lo que estaban haciendo en ese momento, era para preparar las condiciones de reprimir a la población, porque saben que la agenda que se está aplicando con mayor profundidad necesariamente iba generar protesta social. Esto quiere decir que todas estas acciones han profundizado el marco del ensanchamiento de la brecha social y van a seguir en eso, esto sucede justamente cuando el sector sindical está encerrado en las casas y sin muchas posibilidades de protestaren las calles, por ello, se tendría que salir a protestar sin importar las condiciones de la actualidad.

Cabezas, dijo que a la Costa Rica del futuro le hace falta entender que el derecho a la sindicalización es un derecho sagrado y humano de primer nivel. Si esto se llega a entender bien, el país en el futuro se debe llegar a establecer una creciente unión de los trabajadores, sin embargo, la proyección que se está visualizando pareciera buscar la desaparición del sector sindical.

Se mencionó en el foro que será necesario la implementación del Estado Laico en Costa Rica, porque actualmente se están viendo aún más la necesidad de separar la religión de las decisiones que se toman con respecto a los derechos humanos. Se dijo, que las luchas sociales están siendo entre personas religiosas y otras no tan religiosas y no debería de ser así, dado que cuando se habla de derechos humanos deberíamos de ver el mundo como ciudadanos y no como personas pertenecientes a una religión específica.

Edly Halt, explicó que, con respecto a la realidad del país, la situación es bastante complicada, ya que en la mayoría de los temas hay divisiones muy marcadas y nunca se va a llegar al punto en el que la mayoría de la población este de acuerdo con las decisiones tomadas. Además, que las personas involucradas en el sindicalismo normalmente no están involucradas en la toma de decisiones, por lo que es necesario recapacitar la estructura de la población, ya que esta es extremadamente diversa y esta diversidad se debe convertir en un principio del quehacer político y económico del país, sin embargo, la realidad es que se busca tener a la gente dentro de un mismo molde.

Para concluir, se mencionó que, si no se empieza a ver la globalización desde otra perspectiva, no se lograría entender, la razón por la cual, se realizó un esfuerzo extraordinario, para que se cambiara el artículo primero de la constitución política, para incluir que somos un país muy diverso y pluricultural, así como también libre e independiente. Este principio obliga a repensar el Estado costarricense y a empezar a cambiar la orientación de las decisiones tomadas, para que se consideren la diversidad de la población y no se ignore como está pasando actualmente, agregó el sindicalista Edly Halt.

M.Sc Efraín Cavallini Acuña
Académico EPPS-UNA
María Laura Jiménez Villalobos-Estudiante EPPS

Declaración de la Alianza Progresista para luchar contra las consecuencias del Covid-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Los desafíos sin fronteras requieren una solidaridad sin fronteras

La pandemia de Covid-19 se ha convertido en un azote para la humanidad. Cientos de miles ya la han contraído y muchos miles han muerto y morirán de ella. El virus causa un enorme sufrimiento, crea inseguridad individual y colectiva en todo el mundo al amenazar a través de las fronteras y desestabilizar países y regiones enteras.

Las consecuencias fatales de esta pandemia afectan en particular a las personas más vulnerables: los que ya están muriendo de hambre y que no pueden esperar apoyo financiero ni protección médica de sus gobiernos y autoridades públicas, los que sufren guerras y expulsiones. Son las mujeres que están lo más expuestas.

El Covid-19 es un enorme desafío para todos. Tanto el sistema médico y sanitario, como los sistemas económicos, ya están llegando a sus límites de máxima tensión. Se necesitan respuestas progresistas en estos desafíos, hoy y para el futuro.

Los socialdemócratas, los socialistas y los progresistas están a la vanguardia en la lucha contra los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta crisis sin precedentes. Lo que necesitamos a nivel nacional y mundial es más cohesión social y más solidaridad.

En las próximas semanas se sentarán las bases de un nuevo orden mundial. Los progresistas tienen que alzar su voz ahora para poder opinar sobre su configuración. El traspaso del control de los servicios públicos vitales al mercado privado se ha mostrado que es el camino equivocado. Ahora podemos ver claramente que la seguridad social y la atención sanitaria no son costos que se deban recortar, sino que son pilares esenciales del buen funcionamiento de las sociedades que necesitan inversiones sostenibles.

La ignorancia y la arrogancia de los nacionalistas y populistas dividen a las sociedades y nos ponen en peligro a todos. Su camino es equivocado y pone en peligro vidas humanas lo que ahora es más evidente que nunca al carecer de toda referencia ética o humanista y al socavar nuestras democracias.

Ya ha comenzado la lucha sobre quién tendrá que asumir los costos de los paquetes de rescate necesarios. A diferencia de la respuesta a la crisis financiera de 2008, nuestras democracias, sociedades, economías y simplemente el planeta no pueden permitirse otra década de austeridad o de mercados incontrolados.

La solidaridad significa que los fuertes utilizan su fuerza para sostener a los débiles. La respuesta a esta crisis es la solidaridad mundial. Por ello, los partidos y organizaciones de la Alianza Progresista exigimos y promovemos una agenda multilateral y global, inmediata y audaz:

Exigimos que se tomen medidas agudas:

  • Un cese del fuego humanitario mundial, tal como lo exige urgentemente el Secretario General de las Naciones Unidas a fin de crear el espacio necesario para hacer frente a la pandemia de Covid-19, incluso en zonas de guerra y de crisis. También el fin inmediato de los embargos por motivos políticos para permitir el acceso a comida, medicamentos y implementos de salud. Ahora se trata de salvar vidas y mitigar la propagación del virus.
  • La cooperación y la coordinación mundial son el requisito previo para una lucha exitosa contra los efectos causados por Covid-19. Exigimos que todos los gobiernos apliquen sin tardar las recomendaciones de la OMS. Quienes se aíslan y no apoyan a los demás con todas sus posibilidades muestran una falta de solidaridad y son responsables de una gran catástrofe. Es necesario que los políticos, los institutos de investigación y las empresas se apoyen mutuamente a nivel mundial para sostener a esos Estados y a las personas de las zonas vulnerables a través de las fronteras en su búsqueda de soluciones políticas y médicas.
  • Apoyo médico inmediato para los campamentos de refugiados para prevenir la propagación de la enfermedad viral. Los refugiados y las personas desplazadas son los más vulnerables y no deben ser olvidados. Las instituciones internacionales y los Estados deben continuar e incluso aumentar su ayuda y asistencia.

A mediano plazo, llamamos:

  • Que las Naciones Unidas creen un Fondo internacional para apoyar el tratamiento de los pacientes con coronavirus en todo el mundo y hacer frente a las consecuencias a largo plazo. Este Fondo no sólo debe permitir la adopción de medidas agudas, sino también inversiones orientadas al futuro en el interés general. Pedimos que se intensifique la cooperación para el desarrollo, ya que debemos asumir juntos los costos de la pandemia, dado que las repercusiones y los costos de la crisis del coronavirus serán enormes y supondrán una carga excesiva para muchos Estados, que se verán abocados a una grave crisis financiera, económica y social.
  • El G20 deberá trabajar en estrecha colaboración con las Naciones Unidas para coordinar las políticas fiscales y monetarias, así como la reanudación del comercio y los paquetes de ayuda conjunta con el fin de permitir financiar el plan mundial para afrontar los desafíos globales comunes. La política de crisis nacional es necesaria y justificada, no se puede dejar de lado a los países pobres y débiles para hacer frente a esta situación. Se exige a los países del G20 y a otras economías fuertes que den un paso adelante.
  • Proponemos que se genere una coordinación para prevenir el riesgo de una nueva crisis de la deuda y para combatir eficazmente la evasión fiscal. Esta coordinación debería crear un nuevo espacio y capacidad. Las estrategias selectivas de alivio de la deuda y los procedimientos ordenados de insolvencia de los Estados podrían aliviar en cierta medida la presión de la burbuja de la deuda.
  • Considerar la inversión en servicios de salud y atención médica como una inversión esencial de interés general. La crisis de Covid-19 no es una crisis social menor. Los sistemas de salud a nivel nacional y mundial están llegando a su límite de tensión o ya lo han superado. Si fuera necesario una prueba, la pandemia muestra claramente que el mantra neoliberal de maximizar los beneficios a expensas de los servicios sanitarios, sociales y públicos ha debilitado la capacidad de respuesta de los Estados y ha dejado a la gente sin acceso a la atención médica.
  • Acordar a corto plazo el control de los precios de los bienes médicos importantes; la cooperación internacional en la investigación de vacunas y los ensayos clínicos; el desmantelamiento de la protección de patentes; la ayuda a los países más afectados para estabilizar sus sistemas de salud y el aseguramiento de las cadenas de suministro de los bienes médicos.
  • Revisar las reformas neoliberales de los bienes y servicios comunes que han fracasado. Necesitamos pisos de protección social en todos los países como lo solicita la OIT. Proponemos en este marco el desarrollo de los sistemas de salud pública locales así como una inversión social sostenible.
  • A los gobiernos de los estados nacionales a que aumenten significativamente los respectivos salarios mínimos y de subsistencia en el sector de la salud, la atención y los servicios. La presión de los costes en las últimas décadas ha conducido al resultado que los trabajadores y trabajadoras, que aseguran nuestra atención y servicios sanitarios hoy en día, están al final de la escala de sueldos y salarios y además no están adecuadamente protegidos contra el virus que ellos y ellas combaten hoy en día.
  • Por un acuerdo internacional sobre programas de inversión sostenible en infraestructuras sociales. A diferencia de lo que ocurrió después de la crisis financiera de 2008, es importante que la nueva liquidez en los mercados de capital fluya hacia inversiones sostenibles reales y socialmente significativas, por ejemplo, infraestructuras sociales, paquetes de acuerdos verdes y similar con el interés general y alrededor de la agenda 2030 visando la transición socio-ecológica.
  • Por un multilateralismo renovado en el que los progresistas estén a la cabeza de las políticas alternativas y la promoción del interés público. Pedimos que se fortalezca el multilateralismo y se otorgue a las instituciones internacionales más poder de decisión. Los fundamentos legales y financieros deben ahora ser ampliados. Este virus no reconoce fronteras. Mientras que la lista de desafíos que sólo podemos abordar de manera global y colectiva es cada vez más larga, el multilateralismo está en declive. Muchas instituciones internacionales, como las Naciones Unidas y la OMC, carecen de fondos suficientes y están en crisis hoy en día, incapaces de cumplir sus funciones previstas para la gobernanza mundial.

En tiempos de crisis más que nunca se necesita una buena gobernanza legitimada democráticamente

El avance en gran medida incontrolado de esta pandemia sin precedentes es utilizado actualmente por regímenes autoritarios y antidemocráticos para reducir aún más el espacio democrático y cívico, los derechos fundamentales y las instituciones democráticas. Los socialdemócratas, los socialistas y los progresistas deben coordinarse en las instituciones regionales e internacionales para garantizar que esos intentos no queden sin consecuencias. Es necesario apoyar a la sociedad civil progresista y democrática.

  • Nos comprometemos a defender el estado de derecho democrático, los derechos fundamentales individuales y colectivos y las libertades civiles;
  • Promovemos el fortalecimiento de la solidaridad a nivel nacional y mundial;
  • Defendemos y promovemos la transparencia y la participación democrática en el buen gobierno;
  • Nos oponemos a cualquier intento de estigmatización de refugiados o minorías;

La lucha contra los efectos de la crisis del Covid-19 requiere un control y una gobernanza democrática a través de los parlamentos, incluido el uso de nuevas formas de comunicación a fin de asegurar un espacio de debate político sobre las opciones de políticas, programas y proyectos.

El virus no conoce fronteras. ¡La respuesta al virus tampoco conoce fronteras!

Como socialdemócratas, socialistas y progresistas nos comprometemos a mejorar la coordinación, adoptar enfoques comunes y establecer un nuevo paradigma progresista a través de nuestra red mundial: Alianza Progresista

Reafirmamos el compromiso de defensa de la institución y de las y los habitantes

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Las y los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) que suscribimos el presente pronunciamiento, reiteramos que nos debemos a las y los habitantes. Nos mantenemos en la lucha constante por promover la buena prestación de los servicios públicos, el respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos, en estricto apego al ordenamiento jurídico.

Los recientes acontecimientos, en el marco de la gestión de la actual Defensora de los Habitantes, socavan la institucionalidad, la integridad, la mística y el espíritu de servicio que nos ha caracterizado durante más de 25 años, lo que impacta en el cabal desempeño de las funciones propias de la Institución. Algunos de los hechos ocurridos en las últimas semanas, quedan plasmados en las actas de la Asamblea Legislativa y en las declaraciones brindadas por la señora Defensora, que evidencian un estilo de gestión distante de los conceptos y principios contenidos en el Manual Interno de Macroprocesos.

Como personal técnico y administrativo de la Institución, nos sentimos en la obligación de expresarnos frente al debilitamiento de la imagen y credibilidad de la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH). El espíritu esencial del Ombudsman radica en la figura de la magistratura de influencia como herramienta para la protección y defensa de los derechos e intereses de todas las personas y de la cual carece la actual titular.

Observamos con preocupación que no existe dirección estratégica desde el Despacho de la Defensora para restaurar el rumbo de la Institución; lo cual, además de debilitar la mencionada magistratura de influencia, genera desconfianza y falta de credibilidad de la población en la Defensoría de los Habitantes.

Por lo tanto, quienes formamos parte de la Institución y conocemos su realidad cotidiana, consideramos que su permanencia torna muy difícil encauzar la gestión con la confianza y credibilidad que se requiere.

Las y los funcionarios de esta Defensoría, seguiremos redoblando esfuerzos en nuestro compromiso diario y objetivo por la defensa y la promoción de los derechos de todas las personas.

Defensoría de los Habitantes de la República, San José, 29 de junio de 2020

SUSCRIBEN EL PRONUNCIAMIENTO “POR LA DEFENSORÍA 2906”

Alejandra Gamboa Arias
Marvin Alpízar Blanco
Alejandra Vega Hidalgo
Inti Ardón Morera
Alexander Chacón Valverde
Jean Paul San Lee
Ana Beatriz Segura Flores
Johanna Porras Alfaro
Ana Laura López Pérez
José Fulvio Sandoval Vásquez
Andrea Hidalgo Saborío
Juan Carlos Pereira Jiménez
Carlos León Ureña
Juan José Arroyo Sánchez
Carlos Valerio Monge
Kristel Campos Chacón
Carolina Ramírez Ramírez
Laura Garita Barquero
Eloisa Muñoz León
Marvin Fernández Ramírez
Federico Monge Aguilar
Mauricio Medrano Goebel
Franklin Ríos Vindas
Milagro Mora Guzmán
Francisco Vega Badilla
Nathalie Araya Jácome
Gabriela Bolaños Sanabria
Nazareth Correa Rodríguez
Gabriela Mora Montenegro
Olga Espinoza Villalobos
Gustavo Matarrita Patiño
Patricia Montero Villalobos
Heidy Oviedo Quesada
Paula Mora Umaña
Ingrid Berrocal Paniagua
Rodolfo Calderón Zamora
Laura Odio Salas
Rossy Zúñiga Villegas
Ligia Rivera Picado
Shelley Flores Zúñiga
Lorena Montero Badilla
Susana Calvo Sánchez
Luis Richmond Solís
Virginia Marín Arias
María Fernanda Álvarez Navarro
Vivian Medina Jiménez
Mariana Arand Ureña
Wendy Durán Mora
Mariela Matarrita Villalobos
Yolanda Chamberlain Gallegos
Marjorie Herrera Castro
Yorleny María Salas Murillo
Martha Gamboa García
Zaida Quesada Barrantes

La UCR no aplicará aumento salarial en el 2020 y trasladará esos recursos al sistema de becas estudiantiles

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Esta medida es producto de las acciones dirigidas a mitigar el impacto económico en áreas sensibles de las finanzas de la institución

La Universidad de Costa Rica continúa elaborando y aplicando estrategias para paliar el impacto económico derivado de la pandemia por el COVID-19. Foto Laura Rodríguez.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió este martes 30 de junio la resolución R-171-2020 en la que anuncia que no se otorgará el ajuste salarial por incremento del costo de vida a las funcionarias y funcionarios de la institución.

Asimismo, dictaminó que los recursos destinados para dicho concepto ahora serán inyectados al sistema de becas de atención socioeconómica y así fortalecer ese apartado dentro de las finanzas de la Universidad.

En la Sede Rodrigo Facio un total de 23 295 estudiantes reciben alguna de las cinco categorías en que se divide el sistema de becas de la UCR, o sea, un 53,8 % de su población estudiantil en el primer semestre del 2019, y de esa cifra el 80 % (19 000 estudiantes) reciben una beca 4 o 5. En las sedes regionales, más del 80 % de los estudiantes tienen beca.

La decisión emitida por la Rectoría responde a las decisiones que han tenido que tomar las autoridades universitarias para garantizar la subsistencia económica de la UCR, en medio del impacto negativo que tiene sobre las finanzas de las instituciones estatales la pandemia por el COVID-19.

Dentro de los considerandos que apuntó la Rectoría para tomar esta decisión se citan que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) definió que la inflación acumulada para el mes de mayo del 2020 es negativa (-0,22 %) y que los pronósticos de ese mismo indicador se mantendrán a la baja; inclusive, el BCCR vaticina que los próximos dos años la inflación se ubicará por debajo de la meta trazada por su Junta Directiva.

Sin embargo, si el BCCR determina que al concluir el 2020 se da un porcentaje de inflación acumulada positivo, la UCR reconocerá ese monto como un aumento salarial debido al costo de vida para el 2021.

Finalmente, esta resolución firmada por el rector Dr. Carlos Araya Leandro, declara que esta administración considera fundamental que la UCR disponga de los recursos económicos necesarios para garantizar la atención de la población más vulnerable de la comunidad universitaria.

 

Otto Salas Murillo
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Comunidad de Bajo Tejares sufre situación que amenaza la salud en plena pandemia

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Salud.

SURCOS recibió el siguiente ese comunicado del señor Vladimir Salazar. En las fotos y videos se muestra la grave situación que nos comenta a continuación.

“Mi nombre es Vladimir Salazar, presidente de la Asociación Integral de Desarrollo de Bajo Tejares en San Ramón de Alajuela C.R.

En la comunidad tenemos un problema muy serio con saturación en las alcantarillas, al punto que las aguas fecales se salen a la vía pública en donde hay niños y el olor es muy terrible.

Nos hemos comunicado con el Ministerio de Salud, Municipalidad, entidades del proyecto y no hay respuesta de nadie.

En plena pandemia estamos sufriendo este problema de salud. Por un lado, la Municipalidad dicen que ellos no son responsables (pero nos cobran estos servicios) por otro lado salud también. Ocupamos ayuda inmediata. Necesitamos nos ayuden por favor”.

Presidente ADI de Bajo Tejares denuncia problema con alcantarillado en su comunidad.
Agua contaminada afecta la salud de la comunidad.
A pesar se las denuncias, ninguna institución da solución al problema.

La obsesión por el dinero

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Preguntarse por lo que quieren los empresarios, parece una pregunta ociosa, pero no se trata de buscar una respuesta simple y alienada al deseo empresarial por una riqueza sin límites, se trata de comprender los medios empleados para conseguirla califican la pertinencia social, económica, política, moral y cultural de esa ambición.

El enriquecimiento por los actos de saqueo en las invasiones y ocupaciones colonialistas que esclavizaban y diezmaban pueblos, no es una riqueza deseable ni posible para todos; los militares, mercenarios y sicarios, lo hacían posible en nombre y amparados por las potencias militares o por gamonales y caciques en las distintas épocas del pasado y el presente latinoamericano. Tampoco es admisible la riqueza obtenida por otros actos delincuenciales, sea por venta de drogas, asaltos, estafas, asesinatos, secuestros, robos, corrupción etc., como también es censurable que empresarios se enriquezcan apropiándose del bienestar colectivo y vendiendo mercancías y servicios que afectan la salud, la vida, el medio ambiente y la naturaleza, como también es cuestionable que  incumplan con sus obligaciones tributarias y como consecuencia los ingresos fiscales del Estado sean sostenidos por los sectores sociales vulnerables y medios de la sociedad. Las prácticas ilegales de los empresarios son conocidas, sin embargo, se incumplen por la complicidad estatal que afectan a la sociedad en su conjunto.

No se cuestiona a los propietarios del capital y sus representantes, por su riqueza, por su condición de vida, por sus éxitos o fracasos. No, se les cuestiona cuando transgreden el orden constituido, establecido para la convivencia y la interdependencia colectiva, porque los favores y concesiones que reciben y las ilegalidades que se les permite, violentan la condición y formalidad jurídica de igualdad ciudadana que perjudica al resto de la sociedad, así como condicionan la parcialidad de la actuación estatal.

Esto es, no se censura a los empresarios ni a los ricos por serlos, como especulan algunos de sus representantes. De ningún modo se critica a los negociantes que ofrecen mercancías y servicios de modo honesto, en razón del esfuerzo, dedicación y trabajo que realizan sin especular, ni apropiándose indebidamente de los recursos de los demandantes, tampoco se critica a quienes respetan el trabajo digno y no explotan a sus trabajadores más allá de lo establecido por el orden jurídico laboral y derechos establecidos, ni hacen elusión y evasión de sus obligaciones tributarias y cumplen con las disposiciones del Estado Social. Ellos serán respetados, no obstante, merecerán ser repudiados, censurados, demandados y sentenciados, quienes valiéndose de sus influencias y poder económico, político, legislativo y judicial atentan contra la naturaleza, el medio ambiente, la sociedad, la salud y la vida de trabajadores, así como de los consumidores y los ingresos fiscales.

Sin embargo, el presente revela la vulnerabilidad de la economía y su dependencia de los trabajadores, consumidores y del Estado, así como de quienes sustentaron las bases democráticas y sociales de nuestra nación: los campesinos. Sin ellos, los empresarios no habrían surgido ni enriquecido, como tampoco tendrían viabilidad alguna de existencia. 

La incesante invocación a los negocios, por parte de ricos y pobres, es el prejuicio de la época, que imagina ser el único modo posible, para vivir confortablemente sin penurias ni angustias de supervivencia y reproducción social. Derivado de este afán de promoción de los negocios, se ha generado una preocupante tendencia por la creación de micro empresas o “empresas” de autoexplotación, que frustran las ilusiones y esperanzas de pobres y desempleados que, sin lograr liberarlos de la voracidad financiera, se empobrecen rápidamente por las deudas crediticias que deben hacer frente.

El fetiche del dinero ha ponderado su magnitud como unidad de medida del crecimiento e inclusive del desarrollo, todo busca ser medido y comparado con las cantidades acaparadas y disponibles de dinero. Así, el Producto Interno Bruto (PIB), o el valor estimado de la producción anual nacional, la medida con que se juzga y califica a los países, como se evalúa a las empresas públicas, privadas e incluso las solidarias, del mismo modo como se segrega y excluyen a las personas. Por cantidades de dinero las instituciones públicas son satanizadas, porque “gastan” y no generan ganancias, no obstante, crean valor público para la vida social y las condiciones necesarias para la reproducción privada y nacional. Las visiones economicistas -cuantitativistas y fetichizadas-  distorsionan, simplifican y absolutizan las realidades, ignorando la historia, la cultura, las relaciones sociales y la propia humanidad.

En las diversas situaciones descritas, el dinero se ha convertido en un fetiche más allá de ser un medio para el intercambio mercantil, para otorgarle una significación de suficiencia, bienestar y poder, sin serlo, porque la capacidad adquisitiva se modifica cotidianamente, porque el bienestar trasciende a las magnitudes dinerarias y porque el poder es una relación social. La representación simbólica del dinero como capital, es el sustento ideológico del poder, como prejuicio popular y clasista de la sociedad capitalista.

La riqueza o el exceso de medios y recursos para una vida digna, no es una creación mágica, es una creación colectiva producto de la desigualdad de los términos del intercambio entre los actores económicos, que distorsionan el fundamento de la existencia del dinero. Así, la práctica bancaria especula y multiplica ficticiamente muchas veces el valor de cada bien, para formalizar valores inexistentes que terminan confiscando recursos y riquezas ajenos para beneficio exclusivo de algunos “inversionistas”. Sin embargo, ese dinero paradójicamente no representa riqueza, no generan bienes ni constituyen centros de empleo, la labor fraudulenta financiera se encubre con papeles y registros para apropiarse de las riquezas existentes. Así, entre papeles y cuentas han desaparecido miles de millones de los salarios de los trabajadores en las operadoras bancarias de pensiones obligatorias en América Latina que, con el pretexto de invertir y proteger los recursos y los futuros ingresos de los trabajadores, son sustraídos de modo premeditado e intencional de los medios de vida de los pensionados. Los dineros se pierden para parar en cuentas privadas de las redes financieras, sin ser recuperados, sin sancionar ni condenar a los funcionarios corruptos que parasitan dichos recursos, ni de los cómplices estatales que autorizan actos delincuenciales encubiertos de legalidad.

El dinero especulativo predominante o la apropiación de la riquezas, propiedades y recursos con dinero, es un estilo feudal de las relaciones económicas, que aun acompaña al capitalismo, fagocitándolo desde su propio seno hasta el fin de sus días.

Así, el afán por el dinero en una sociedad y mundo desigual y con crecientes niveles de miseria, hambre, insalubridad y muerte, es un medio ansiado no solo por los propietarios del capital, también necesario y deseado por los pobres, aunque con valoraciones profundamente diferenciadas, para unos es un medio para conseguir más dinero, mientras que para millones de personas es el medio para la subsistencia, la educación, la salud o la vida misma.

El uso consistente, pertinente y primigenio del dinero, a decir de Aristóteles y muchos otros, es efectuado por las inmensas poblaciones del mundo, al ser el medio para intercambio mercancías; mientras que el dinero empleado para hacer dinero o, dicho de otro modo, para enriquecerse y empobrecer infinitamente a otros, es una falsificación de su creación originaria efectuada por los ricos y entes financieros. Los 28 bancos que controlan las finanzas del planeta, la hydra mundial, como los califica Francois Morin, son la concreción de la regresión capitalista, que ha convertido a una institución de origen y funcionalidad feudal en el factor dominante del empobrecimiento y descomposición de la globalidad contemporánea.

La ponderación del dinero como unidad de medida del valor de las mercancías, ha sido transformado en un objeto de manipulación política internacional en por gran parte de las monedas del mundo. Las determinaciones políticas de los organismos financieros de Bretton Woods, creados en 1944, en momentos previos a la terminación de la II Guerra Mundial y en plena hegemonía norteamericana, y que ocho décadas después aún siguen definiendo la política monetaria y financiera internacional, así como los entes privados de la Reserva Federal y los conglomerados bancarios, son los entes que determinan el valor del dólar y la imposición de los precios de muchas monedas nacionales. Asimismo, la condición privilegiada de la moneda mundial de un solo país, posibilita la transferencia y apropiación de las riquezas a una economía frágil, pero prepotente y agresiva militarmente. Así, creer que las capacidades adquisitivas de las monedas se mantienen, en plena contracción económica mundial, es un error, como es la ilusión imperial norteamericana, de considerar al dólar como una moneda libre de las fluctuaciones económicas y de su crisis hegemónica.

La ponderación de mucho o poco dinero, es la magnificación de esos objetos incesantemente creados, recreados o inventados por los bancos que deciden su producción y definen privadamente su capacidad adquisitiva. La ponderación del dinero por el dinero mismo, es un contrasentido, pues es el medio de intermediación mercantil por excelencia para la satisfacción de necesidades, alcanzar el bienestar, la salud, la educación, el arte, la ciencia, de los medios de vida para las personas y las condiciones naturales para la sobrevivencia.

La inequidad, desigualdad y arbitrariedad en la asignación del valor de las mercancías, así como del valor de la fuerza de trabajo y del propio dinero, reproduce de modo ampliado la diferenciación social, la explotación y la apropiación de los recursos colectivos por la vía mercantil. Asimismo, el empleo del dinero para hacer más dinero esclavizando a individuos, organizaciones y países a pagar por deudas, muchas veces pagadas, es el modo dominante para transferir valores a los usureros y empobrecedores de los organismos financieros, de la banca y las potencias económicas mundiales.

Los dineros excedentes privados son inútiles para la adquisición y satisfacción de las necesidades para quienes no necesitan nada y todo lo tienen, es una contradicción, como lo es también, la imposibilidad de materializar o concretar las inmensas cantidades de dinero existente, ficticios o solo formalmente registrados. Las magnitudes excedentes de dinero para el intercambio deben ser redistribuidas a la sociedad, como una necesaria devolución a quienes los generaron y en los espacios sociales que son requeridos. En los años setenta del siglo pasado James Tobín (1918-2002), proponía tímidamente un impuesto conocido como tasa Tobín, del 0.1 ó 0.2% a las transacciones especulativas en la banca y las bolsas de valores, las cuales exceden los 2 billones de dólares diarios y cuya recaudación podría rondar entre los 200, 000 y 400,000 millones de dólares anuales, que serían empleados para paliar la pobreza y los desequilibrios causados por la desigualdad del intercambio internacional entre los países. Dicho impuesto ha sido rechazado en muchos países y aun se discute en otros, incluso el propio James Tobín (laureado con el premio Nobel en 1981) llegó a criticarlo por el apoyo recibido de los movimientos antiglobalización europeos.

La alienación del dinero por parte de los propietarios del capital en Costa Rica, se expresa presionando al gobierno con el apoyo de muchos legisladores, para eliminar las restricciones sanitarias, quebrar la institucionalidad pública, despedir y empobrecer a los funcionarios públicos, liquidar las universidades públicas y la Universidad de Costa Rica en particular, así como, eliminar las políticas sociales e inclusive vender los activos del Estado. Esto es, se repite la añeja cantaleta liberal del Consenso de Washington, de los programas de tres Ajustes Estructurales y los tratados de libre comercio. La eliminación de las restricciones sanitarias, es un pretexto para imponer la colonialidad del poder y del saber, destruyendo los vestigios de democracia, libertad y futuro de nuestro pueblo.

¿Qué pretende la liberación de las restricciones sanitarias? ¿dar trabajo? ¿continuar con el enriquecimiento privado con afectación pública? La agresividad del empresariado turístico, que dice ser el más afectado, quiere clientes y ojalá muchos, pero que puedan pagar, los pobres e incluso los sectores medios, no tendrán cabida porque han perdido sus trabajos, han reducido sus salarios, o los porque muchos están esclavizados por largas jornadas e intensas labores, como tampoco expondrán sus recursos, salud ni supervivencia por visitas de esparcimiento. ¿Entonces a quienes quieren como clientes? Los pudientes del país prefieren hacer turismo en otros países y los extranjeros que ven atractivo conocer nuestra tierra, aun no pueden hacerlo. ¿No será que aprovechando la pandemia se busque quebrar a los competidores locales de las empresas trasnacionales del turismo? ¿no será que se quiere que los riesgos e incrementos de infección pandémica y posibles fallecimientos, se pretenda deslegitimizar no solo las medidas sanitarias, sino también la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho?

Algunos empresarios reclaman que no existe plan gubernamental, que se imponen y suprimen medidas sin previsión alguna, que se carece de decisiones y acciones estatales que resuelvan el desempleo e incluso les parece indebido que no se enuncien las medidas sanitarias que se adoptarán contra la pandemia. Reclamos absurdos e irracionales que muestran la ignorancia de lo que es un plan, de la imposibilidad gubernamental de resolver el desempleo cuando precisamente han sido los negociantes privados quienes lo han agudizado por la sobreexplotación y la sustitución de trabajadores con software robóticos, así como, tampoco se pueden adoptar nuevas y permanentes medidas sanitarias, cuando no son previsibles los niveles y las tendencias de la infección pandémica. Estos empresarios del sistema están dispuestos a sacrificar la existencia de poblaciones por los negocios que generan riqueza para quienes no necesitan nada y millones de pobres que carecen de todo.

La actual pandemia está revelando de cuerpo entero a empresarios y sus representantes que, en razón de sus intereses y ambiciones individuales pretenden disponer de la salud y vida de las personas, que por subsistencia y necesidad deben trabajar y concurrir al mercado para vivir. Pero, esos propietarios del capital no satisfechos con ello, estrangulan las finanzas para el apoyo de los que despidieron y cercenaron salarios, así como con sus amigos legisladores, restringen recursos para la salud, la educación superior pública y la institucionalidad estatal. Asimismo, en su insaciable voracidad, exigen retribuciones estatales, condonar y prolongar deudas, amnistías tributarias, así como reclaman subsidios y financiamiento para sus negocios. Esas personas que desfalcan el bienestar y la riqueza colectiva para beneficio privado, que defraudan la moralidad y lo público, cometen delitos de lesa humanidad.

Creer que la democracia es complacer a los empresarios transgresores del bienestar colectivo, dispuestos a condenar al pueblo a miseria hambre y enfermedad en aras del crecimiento económico, que se imaginan ser aristócratas que deben ser servidos por la sociedad y el Estado, están equivocados, eso no es democracia, es totalitarismo.

[1] Catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Imagen: www.infopalancia.com

Ante el Coronavirus, ¿la bolsa o la vida?, o ¿la sedición política?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Vladimir de la Cruz

Cuando la Revolución Rusa, recién triunfada en noviembre de 1917, puso fin a su participación en la I Guerra Mundial, inició un proceso de negociaciones para logar la Paz, desde noviembre de 1917 hasta que firmó, el 3 de marzo de 1918, el Tratado Brest Litovsk, con el Imperio Austro Húngaro, con el Imperio Otomano y con Bulgaria, en la ciudad hoy bielorusa de Brest Litovsk, con el cual perdió muchos territorios que le pertenecían, o sobre los que ejercía dominio.

Lenin, el gran dirigente soviético, entendía que la Paz era esencial para la consolidación de la Revolución. Esta Paz lograda empezó Lenin a negociarla a los pocos días de triunfada la Revolución, ofreciendo la paz a los alemanes el 26 de noviembre de 1917.

Rusia perdió, principalmente, con la firma del Tratado el control de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia y los territorios de Ardahan, Kars y Batumi.

Entre los dirigentes soviéticos que estuvieron a cargo de la negociación del Tratado de Brest Litovsk estaba León Trotski, que en ese momento era el Comisario de Relaciones Exteriores de la joven Revolución Rusa, y uno de sus grandes dirigentes, que estaba de acuerdo, y seguía las instrucciones de Lenin, de que era necesario esa firma para asegurar el triunfo de la Revolución.

La estabilidad lograda era lo que iba a ser la base para la preparación de los primeros años de la Revolución, de su consolidación inicial, de la gestación de la Unión Soviética poco tiempo después, y de la preparación para la dura guerra civil interna que le siguió.

Los primeros tres decretos de Lenin fueron el de la Paz, el del Pan y el de la Tierra. Eran tres elementos estratégicos que habían contribuido al triunfo revolucionario bolchevique.

Lenin fue enfrentado por algunos dirigentes y críticos por el acuerdo logrado. Su respuesta fue sencilla. Dijo: si uno va por una calle y le aparece un ladrón que, asaltándolo, a mano armada, le dice “la bolsa o la vida”, ¿qué se debe hacer? Y, él mismo respondió: entregar la bolsa, porque con la vida se puede volver a recuperar la bolsa.

Hago esta rememoración de este evento tan crucial para la entonces Revolución Rusa, como para la nueva época que surgía, a partir de entonces, para valorar la situación que tenemos de enfrentamiento de la pandemia del Coronavirus, o COVID-19, que ha socavado las bases económicas de las relaciones internacionales y que ha provocado inmensos daños en la economía mundial, y local de las diferentes naciones, de las cuales no escapamos en Costa Rica.

Esta Pandemia ha obligado a tomar medidas extremas de cuidar la población, al menos en países como el nuestro, asediada sigilosamente por el Coronavirus, que amenaza con expandirse de una manera exponencial, e impredecible, con el impacto que eso tiene en la estructura productiva de cada país, que ha paralizado muchas ramas de la economía, la producción, el comercio y los transportes…

Semanas enfrentamos de esta situación. Muchos países no están preparados en sus instalaciones sanitarias, hospitalarias, y de seguridad social, para atender enfermos y realizar exámenes masivos a la población, otros con alguna, pero deficiente infraestructura de esta naturaleza y, pocos, como Costa Rica, que si lo estamos, con un sistema de seguridad social, hospitalario, y de políticas de salud pública, que ha permitido hasta hoy un buen control de la expansión del virus sobre la población nacional, pero que no ha logrado activar los niveles de la producción y de la actividad económica al momento antes de la pandemia, como quisieran los empresarios, los comerciantes y diversos productores, y como quisiéramos todos los costarricenses.

Hasta hoy no ha habido carencia grave de productos agrícolas ni de primera necesidad para los ciudadanos, que genere una hambruna nacional. Procesos básicos productivos se han mantenido, especialmente en área de alimentos. Ciertamente hay limitaciones impuestas por la reducción de jornadas de trabajo y la reducción de salarios e ingresos por ellas ocasionados, por el despido de trabajadores de empresas, por el subempleo y el empleo informal a que se ha sometido una parte de la población. Tal vez todavía no tengamos conocimiento con mayor certeza del impacto social hasta ahora provocado por la pandemia en el país, pero pareciera que hasta hoy se ha impedido que esta situación explote en todos los sentidos.

Las políticas públicas, hasta hoy en ejecución, han logrado poner de relieve la vida de los ciudadanos costarricenses, y de los habitantes del territorio nacional, y de los extranjeros que viven y trabajan con nosotros.

Es cierto también que los empresarios, comerciantes y algunos productores pegan gritos en los cielos por los cierres impuestos a última hora, por las medidas tomadas con motivo de la explosión del crecimiento de enfermos detectados, que no bajan del promedio de 60 personas diarias en la última semana, con una amenaza de que ellos repercutan a razón de 10 por cada enfermo si no se toman las precauciones del caso.

Lo más violento de esta situación se ha dado en estos últimos días, cuando en las regiones agrícolas del norte, especialmente, se ha detectado más de 30 empresas que violando sistemas de contratación laboral emplean personas ilegales en el país, con un estatus migratorio irregular, sin pago y cubrimiento del Seguro Social, haciéndolos vivir en condiciones muy precarias, que los pone en alto riesgo de enfermarse, o de multiplicar más fácilmente su condición de trasmisores del coronavirus, si han llegado enfermos a esos trabajos, o han adquirido la enfermedad en el país.

La violencia de los empresarios irresponsables ha llegado casi al límite de la sedición política, al anunciar públicamente que no aceptarán ni acatarán las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Salud, en las medidas restrictivas que se han vuelto a poner o establecer.

En Costa Rica la Ley se respeta. Este pronunciamiento es inaceptable desde todo punto de vista. Hasta ahora ningún partido político, ni los diputados en la Asamblea Legislativa, ha levantado la voz sobre este llamamiento sedicioso y peligroso para la salud pública, la salud de todos los ciudadanos y la propia estabilidad democrática.

Lo que tenemos que tener claro es que el Gobierno de la República, sus autoridades de Salud, de Seguridad Social, de Seguridad Pública, de Migración y Extranjería, de la Comisión Nacional de Emergencias y de Comercio Exterior, que han estado al frente de la conducción de esta situación, han hecho, y hacen, lo posible por normalizar la situación económica, comercial y productiva del país, pero sobre todo han puesto en primer lugar la vida de los costarricenses, en medio de las dificultades económicas que afrontamos como país.

El dilema de ¿la bolsa o la vida? se ha ido resolviendo a favor de la vida de los costarricenses, porque sin la vida de los costarricenses, sin la buena salud de los costarricenses, sin las buenas condiciones de vida y de salud de los trabajadores no va a ser posible activar la producción ni la economía.

Habrá empresarios que no les importará la vida de un trabajador si pueden contratar a otro por hambre, a bajos salarios, al margen de la seguridad social y de la protección social existente en el país, fácilmente sustituible por otro, en iguales o peores condiciones, cuyo círculo de la muerte solo terminará con la muerte misma de esos empresarios, por la enfermedad que les pueda alcanzar o por rebeliones sociales que no puedan evitar…

Las fuerzas patrióticas, las fuerzas sociales ciudadanas, las fuerzas populares conscientes de esta situación deben apoyar las políticas públicas que se impulsan para frenar la pandemia, para asegurar en el plazo más breve posible poder volver a la normalidad, llámese “nueva normalidad”, “normalidad anterior al coronavirus”, o como la queramos llamar, cuyo eje fundamental descanse en lograr el menor número de enfermos y contagiados del coronavirus, la mayor y mejor salud posible de todos los costarricenses y habitantes de la República, la que garantiza la mejor incorporación de la fuerza de trabajo para poder activar de nuevo la economía nacional, y recuperar, hasta donde sea posible, el “tiempo perdido” en las empresas y actividades económicas que más han sufrido esta situación, y para poder salir adelante como nación, como pueblo, como país, bajo el manto protector de la Gran Bandera Nacional.

Y, en este esfuerzo, hay que estar atentos a los intentos debilitadores, desestabilizadores y sediciosos, de quienes anteponiendo sus intereses económicos particulares, en esta pandemia, amenazan, en el fondo, a todo el sistema democrático nacional, y hay que impedir, ante estas posturas casi golpistas, que populistas de cualquier signo, aprovechando el natural malestar que causa el encierro obligado y la paralización de actividades sociales, puedan poner en peligro la estabilidad política nacional, las libertades públicas y el propio régimen democrático.

Festival en Línea Sin Fronteras

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

RET Internacional la cual trabaja principalmente en el acompañamiento para la integración de personas solicitantes de refugio y refugiadas en Costa Rica realizó el pasado 25 de junio el Festival en Línea Sin Fronteras en conmemoración del Día Internacional de las Personas Refugiadas y Solicitantes de Refugio.

En la actividad se llevó a cabo un conversatorio en el que participaron personas solicitantes de refugio y contaron algunas de sus experiencias, así como actividades artísticas. Se realizó de forma virtual a través de Facebook Live y Zoom.

Territorios Seguros acciona de manera preventiva ante COVID-19

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Salud.

Reunión del Territorio Seguro Alfabetización Ciudadana y Comité de Ornato y Aseo con Ministerio de Salud, Participación Ciudadana de la MSJ, Policía Municipal y PANI para planear acciones preventivas respecto a COVID-19. Basándonos en el artículo 9 de la Constitución Política respecto a la Participación Ciudadana como derecho y responsabilidad constitucional, en el artículo 11 el cual establece la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y el artículo 50 sobre la obligatoriedad del Estado de velar por el bienestar de toda la población, convocamos a las instituciones a realizar inspecciones en la comunidad como medida preventiva y preparatoria ante el riesgo latente de contagio por COVID-19.

 

Información de Alfabetización Ciudadana.