Compartimos la siguiente petición enviada al presidente de la República, a la Junta Directiva del ICE, de FONATEL y al Ministerio de Hacienda para solicitar Internet como derecho humano fundamental.
Señores Dr. Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República Señores Junta Directiva del ICE Señores Junta directiva FONATEL Señores Ministerio Ciencia y Tecnología San José
Estimados señores(as):
Mediante vía digital y uso de medio tecnológico nos sumamos a esta solicitud ante ustedes, de la manera más respetuosa pero vehemente, solicitamos, para su consideración y ejecución el establecimiento de lo siguiente:
1.- Internet universal.
2.- Internet gratuito.
3.- Internet de alta calidad.
4.- Internet como Derecho Humano Fundamental.
Nuestra solicitud tiene como objetivo fundamental, contribuir a fortalecer el principio de la Educación Costarricense en todos sus niveles y paliar así, los efectos de exclusión a la que se han visto afectados miles de alumnas y estudiantes.
Construyamos juntos una ciudadanía participativa.
Atentamente,
Trino Barrantes Araya Secretario General – SINDEU
Lic. Alfonso Pardo Martínez Grupo Pedagógico Lápiz Sin Permiso
Santuario Los Gigantes. Una experiencia de encuentro para avanzar en la construcción de Buen Vivir. Enero 2020.
Santuario Los Gigantes, en honor a los enormes árboles que cuidan esta tierra cargada de vida, viento y de aguas. Rivas, Pérez Zeledón, San José, Costa Rica.
El pasado 10 de setiembre dentro de la agenda Esperanzar Latinoamérica, Rumbo al Centenario de Paulo Freire, como parte de las acciones de la Campaña Latinoamericana y Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire fue organizada «Roda na Rede com Paulo Freire».
Compartimos el programa de la actividad para descargar:
6 de Setiembre 2020. Las mujeres salen a las calles en todo el país a exigir justicia. Justicia por Allison, Justina, Luany, María Trinidad, María Luisa, por todas las compañeras que el sistema patriarcal ha asesinado o desaparecido.
Para desafiar el miedo, para honrar a las madres, para sabernos compañeras: ¡Ni una menos!
Puntarenas, Liberia, Guápiles, San Ramón, Cartago, Golfito, Alajuela, San José, Ciudad Quesada.
El Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del IDESPO, el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) del Departamento de Física de la Universidad Nacional, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y Editorial Letra MAYA realizaron el día de hoy lapresentación virtual del: Manual de formación en gestióncomunitaria del riesgo por tsunami.
Participantes:
Silvia Rojas, coordinadora del PIC-IDESPO
Silvia Chacón, coordinadora del SINAMOT
Isis Orozco, coordinadora Nacional en Costa Rica del Programa Regional sobre Migración: Mesoamérica-Caribe
Nelly López, directora del IDESPO
Comentarista: Christa von Hillebrandt-Andrade, directora Programa de Tsunamis del Caribe (CTWP) de la NOAA, Puerto Rico
Moderadora: Lindsay Ryan Valerio.
El Manual de formación en gestión comunitaria del riesgo por tsunami es una guía para que las personas en las comunidades costeras puedan impulsar acciones colectivas que contribuyan a disminuir el grado de afectación al que se pueden ver expuestas frente a una amenaza natural de esta índole.
Es un instrumento pedagógico para transmitir información científica relacionada con este tipo de fenómenos naturales, que contiene módulos de capacitación acerca de aspectos relativos a la prevención, respuesta y atención de efectos integrales frente a un tsunami.
La presentación de este manual forma parte del compromiso de las instituciones participantes con las comunidades costeras ante cualquier amenaza por tsunami.
***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.
Consideramos, de suma urgencia, pronunciarnos ante el mundo sobre nuestro total repudio a la condena judicial que recae sobre tres ex líderes estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por representar una flagrante violación a los Derechos Humanos de la población hondureña y una escalonada en el detrimento de la ya golpeada democracia de este país. Ante esta situación, manifestamos:
Sobre el contexto político de Honduras
El 28 de junio del 2009, la derecha hondureña, orquestada por el Partido Nacional en complicidad con las élites económicas, el Ejército, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso Nacional y el crimen organizado, rompieron el orden constitucional y democrático hondureño al ejecutar un golpe de estado para instaurar, desde ese momento a la actualidad, una narco dictadura que se ha caracterizado por escandalosos actos de corrupción, fraudes electorales, narcotráfico, lavado de dinero, procesos de criminalización, desapariciones y asesinatos contra activistas de derechos humanos y la población en general.
Durante estos once años de dictadura se han incrementado todos los índices referentes a la exclusión social, producto de los actos de corrupción y las políticas implementadas por las oligarquías neoliberales que benefician a los grupos hegemónicos en perjuicio del pueblo hondureño.
Violación sistemática de Derechos Humanos
Ante los delitos cometidos por la dictadura de Juan Orlando Hernández (JOH), es de vital importancia la labor de comunidades, organizaciones y diversos sectores en la defensa de los Derechos Humanos y de la Tierra; sin embargo, la defensa de estos derechos es perseguida sistemáticamente por élites de poder que buscan el exterminio de medios de comunicación, organizaciones y de personas que con valentía alzan su voz contra las injusticias del sistema hegemónico, queriendo atacar la libertad, la autonomía y las luchas populares que defienden la vida. Esto mediante procesos de criminalización y judicialización de la protesta social, secuestros, torturas, exilios forzados y hasta múltiples asesinatos políticos, aún en impunidad.
Organizaciones de derechos humanos como la londinense “Global Witness”, ubica a Honduras desde el 2010, como uno de los países más peligrosos y violentos para las personas defensoras de derechos humanos y sus investigaciones demuestran el nexo entre las muertes de activistas con la corrupción estatal.
A su vez, denunciamos el secuestro de cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Miltón Joel Martínez Alvarez y Junior Rafael Juarez Mejía que se encuentran desaparecidos desde el 18 de julio del 2020, por su labor política en defensa de los derechos humanos.
También denunciamos la muerte del activista de derechos humanos, el abogado Julio Andrés Pineda Díaz, quien pertenecía a la organización Mundo sin Guerras y sin Violencia. Su cuerpo fue hallado sin vida y con señales de tortura el 4 de septiembre del 2020, en Honduras. Esta violación institucional que se expresa en Honduras es parte de la violencia del sistema neoliberal presente en toda Latinoamérica.
Sobre Julieta Castellanos Ruíz
La narco dictadura se ha encargado de que los puestos de jerarquías, a nivel institucional, sean asumidos por personas corruptas, dispuestas a mantener, a cualquier precio, el control de JOH sobre el estado. Una de estas personas es Julieta Castellanos Ruíz quien ocupó la Rectoría de la UNAH durante los años 2009 – 2017; posicionándose como enemiga de la educación pública y de la comunidad estudiantil; cómplice de la dictadura e impulsora de la apertura de expedientes administrativos y judiciales en contra de estudiantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión; entre ellos, los tres jóvenes condenados ilegalmente.
Sobre la criminalización de los tres estudiantes de la UNAH
La sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia conformado por Enilda Geraldina, Indiana Castellanos y José Roberto Mejía que condena a tres años de prisión a los jóvenes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, es totalmente ilegítima e inconstitucional, por vicios a las garantías procesales que tienen carácter de nulidad absoluta.
Dichas trazas de inconstitucional se manifiestan en la violación al principio de legalidad penal, que indica expresamente que únicamente se pueden penalizar las conductas debidamente tipificadas en la legislación. A estos ex líderes estudiantiles se les está penando por los delitos de usurpación y detentación de espacios públicos; los cuales son inexistentes en el nuevo Código Penal hondureño; por lo que, entran a operar principios procesales como la irretroactividad de la norma penal, que estipula que en materia penal no se le debe aplicar una ley penal con efectos hacia el pasado cuando es perjudicial para el acusado; pero, cuando resulta beneficiosa para el acusado, debe aplicarse aunque sea con efectos retroactivos. Es decir, al no existir un delito tipificado al momento del juzgamiento, no se puede aplicar una norma que ya no existe, porque no constituye delito alguno. Esto sigue demostrando que el cuestionado sistema judicial de Honduras ha politizado la justicia.
En el marco jurídico internacional, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, en su artículo 9, se fija el principio de irretroactividad de la norma penal. Honduras ha suscrito y ratificado ambos convenios internacionales; aun así, violentan permanentemente la normativa aplicable en perjuicio de personas defensoras de la educación como derecho humano.
POR TANTO
Repudiamos el accionar inconvencional, inconstitucional e ilegal del Tribunal de Sentencia al condenar a Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa por ejercer sus derechos y garantías democráticas.
Denunciamos la corrupción del sistema judicial de Honduras que resuelve sus sentencias por presiones políticas, politizando la justicia; por lo que ocasiona que esta no exista más que para someter al pueblo y perpetuar el poder de la dictadura hondureña.
Denunciamos internacionalmente la criminalización y judicialización de la protesta social y el impedimento al libre pensamiento y libertad de expresión en la narco-corrupta dictadura de JOH.
Reprochamos la sistemática violación de derechos humanos de la población hondureña y todos los tratos crueles ejecutados por la viciada institucionalidad hondureña.
Exigimos a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el ordenamiento jurídico y dicte un sobreseimiento definitivo en el expediente en el que figuran como acusados Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.
Exigimos el cumplimiento de los convenios internacionales de derechos humanos y se respeten las garantías procesales de los acusados.
Hacemos un llamado de solidaridad a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos y a todo el pueblo hondureño a fiscalizar este proceso y a pronunciarse en contra de la criminalización de la protesta social.
Exigimos a la rectoría de la UNAH que desistan del proceso judicial contra estos tres ex líderes estudiantiles.
¡JUSTICIA PARA CESARIO PADILLA, MOISÉS CÁCERES Y SERGIO ULLOA! A de Libertad * Acción Animal Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica (ADS) Asociación de Estudiantes Sede de Occidente / UCR Casa El Emigrante (Human Rights) * Centro de Amigos para la Paz (CAP) Círculo Bolivariano Yamileth López / CR * Colectivo Handmaids Costa Rica Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) * Familia Franciscana/JPIC Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica Femiamor Colectiva * Frente de Resistencia Animal y de la Tierra (FRAT) Frente Ecologista Universitario (FECOU) Justicia, Paz e Integridad de la Creación. JPIC/CLARET/CR. Juventud Vanguardista Costarricense (JVC) Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDH) Organización Política “Carmen Lyra” * Partido Vanguardia Popular Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) Radio Machete * Red de Solidaridad con Palestina /Costa Rica Sembrando Libertad * Semilla Ramonense Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) * Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (SINPAE) “Yo no apoyo las corridas de Toros” * “Yo no voy al Zoo”
Responsables: Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras / CR Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
En modalidad virtual como parte de la quinta sesión del Taller Socio-Teológico integrado por 50 personas de 17 países de Latinoamérica/Abya Yala
Este miércoles 09 de septiembre se transmitió en vivo por Facebook Live el diálogo «Esperanza y resistencias comunitarias» con Sofía Chipana Quispe, teóloga aymara.
Esta fue la quinta de seis sesiones que componen el Taller Socio-Teológico «Crisis sistémica y rearticulación de las resistencias en un mundo post-pandémico».
Siguiendo el trabajo realizado en las Sede Pacífico de la UCR y Liberia de regionalización, el Programa Interinstitucional Violencia y Sociedad (PIIVS) estará trabajando en esta ocasión, en la SEDE SUR, Golfito, las violencias contra las mujeres, femicidios y las diversas manifestaciones que toma la segregación con el conversatorio: “Cartografías de las violencias: voces, cuerpos, relieves. Región Brunca en tiempos de COVID 19”.
Serán dos encuentros bajo la modalidad virtual, que pretenden potenciar la reflexión, voces, resistencias, posicionamientos y denuncias ante las situaciones de violencia que afectan el tejido social.
Participarán académicas/os, investigadoras/es, líderes y lideresas, encargados de proyectos comunitarios de la Región Brunca.
Compartimos la solicitud ciudadana al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Don Fernando Cruz, para que se postule a la reelección en el cargo de magistrado.
CARTA ABIERTA A DON FERNANDO CRUZ CASTRO MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Nuestro país y nuestra institución atraviesan un período de crisis profunda, sobre la que usted ha tenido el coraje de afrontar y ha sabido dirigir, pese a las dificultades, el proceso de cambio y reforma institucional, acometido para rescatar al Poder Judicial de la profunda crisis que tuvo su punto de inflexión a finales del 2017 y parte del 2018.
Usted como juez de amplísima trayectoria, integridad demostrada en cada resolución y acto por casi cuarenta años, hoy goza de la credibilidad y confianza de la ciudadanía para seguir al frente de la institución y continuar impulsando el proceso de reforma del Poder Judicial, bajo su liderazgo, proceso que aún no culmina.
La defensa de la institucionalidad de nuestro país y la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho, pasa por mantener y fortalecer al Poder Judicial, labor que usted ha sabido realizar con el talante que desde la presidencia de la Corte ha sabido irradiar a todos los estamentos de la institución y que le legitima para seguir siendo el Presidente del Poder Judicial.
En estos tiempos el coraje de defender valores fundamentales como la Independencia Judicial, en su verdadero sentido, sea el brindarle a todas las personas la posibilidad de que sus conflictos serán resueltos conforme a la Constitución, la ley y libres de toda intromisión o presión de poderes formales o fácticos, tal cual usted lo ha hecho toda la vida, es garantía de que la Administración de Justicia costarricense seguirá por la senda correcta.
Sabemos que usted en próximas fechas cumplirá su período constitucional como magistrado de la Sala Constitucional, no obstante, estimamos necesario, que proponga su nombre para la reelección en el cargo, que con tanta dignidad y rectitud ha ejercido. Ya que de esta manera podrá dársele continuidad y seguimiento al proceso de reforma institucional y podremos seguir construyendo como colectivo judicial una mejor y más transparente institución para el servicio de nuestro país.
En momentos de crisis es cuando más debe fortalecerse el Poder Judicial, pues es el sostén de la democracia que impide que la salida de toda crisis se haga pisoteando los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En el año 2012 se marchó para exigir la restitución de su magistratura ante un intento politiquero de subordinar nuestra institución a la influencia del poder político-económico, hoy día las amenaza persisten y la continuidad de su presidencia es indispensable para seguir manteniendo el proceso de reforma y profundizar la solidez institucional que nuestra democracia deposita en el Poder Judicial.
Con el respeto y aprecio de siempre, le pedimos Don Fernando que se postule nuevamente para seguir ejerciendo el cargo de magistrado constitucional y con ello continuar su presidencia y consolidando la reforma institucional.
