Con mucha satisfacción recibimos la noticia de que la Junta Directiva de la Caja atendió las inquietudes de los sectores sociales y ha resuelto posponer la aprobación de la Reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.), esperando que se abran los espacios para el diálogo con los sectores laborales y sociales.
Las acciones conjuntas del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarun, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), la Iglesia Católica y del Foro Mario Devandas Brenes, -amparadas siempre en el derecho constitucional de intervenir e incidir en temas de gran relevancia para nuestra sociedad y en este caso, especialmente para los trabajadores y las trabajadoras-, resultaron estratégicas y medulares para la toma de esta decisión.
Reconocimiento especial merece el trabajo de nuestra compañera Martha Rodríguez, representante del sector laboral en la Junta Directiva, por el liderazgo y la claridad demostrada en este tema tan complejo y por estar informando y alertando sobre la inoportunidad de aprobar las reformas del I.V.M. en momentos de gran angustia y crispación de la sociedad costarricense por la pandemia y sus consecuencias.
La decisión de la Junta Directiva deberá ser aprovechada por todos los sectores laborales y sociales, con el fin de unificar el pensamiento que permita fortalecer el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte y garantizar una retribución justa por la pensión para todos y todas.
Estaremos atentas y atentos e informando de lo que este proceso se resuelva, en definitiva.
San José, 20 de mayo del 2021.
Enviado por Frente Nacional Para La Seguridad Social -FRENASS-.
En Debates sobre Feminismos se realizará la charla “Hablemos sobre la salud de las mujeres”. Se contará con la participación de Gabriela Arguedas, del Observatorio de Derechos Reproductivos del CIEM, UCR; Adriana Rodríguez Fernández, investigadora del CIEM; Ana María Acevedo, trabajadora social.
La moderadora será Sara Chaves Castillo, asesora y experta en acompañamiento especializado en educación menstrual
Día 26 de mayo del 2021
Hora 6:00 pm
Se podrá sintonizar el programa en YouTube y Facebook Live del CIEM.
UNDECA envió una nota mediante la cual informa que Junta Directiva de la CCSS, “en virtud de las solicitudes de sectores sindicales y sociales”, pospone decisiones en reforma de IVM, por un plazo de dos meses para que se realice un proceso de comunicación y consulta pública acerca de la reforma del régimen de IVM.
La Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud, en siglas FECTSALUD, solicita a través de una carta y de manera respetuosa y vehemente, la postergación de la toma de acuerdo que reforma pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Al ser un tema de gran relevancia para patronos y personas trabajadores (cotizantes), este movimiento considera que no ha sido sometido a conocimiento ni discusión profunda de sus interesados.
Se recuerda que por Legitimidad Jurídica (artículos constitucionales números 73 y 177), los seguros sociales que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tienen inherente vinculación de un tripartidismo contributivo, que son Gobierno, Patronos y Trabajadores, los que deben ser consultados y considerados en su opinión e intereses.
Esta nota está firmada en representación de FECTSALUD por Albino Vargas Barrantes (secretario general ANEP) y Carlos Alberto Gómez Ramos (secretario general SISSS).
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), solicitaron a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la postergación en la toma decisiones y acuerdos para reformar el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La posición de las organizaciones sindicales, plasmada en la carta enviada a la Junta Directiva de la CCSS, indica que al ser un tema de gran relevancia para patronos y personas trabajadores (cotizantes), consideran que no ha sido sometido a conocimiento ni discusión profunda de los interesados.
“Les recordamos que por Legitimidad Jurídica (artículos constitucionales números 73 y 177), los seguros sociales que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tienen inherente vinculación de un tripartidismo contributivo, que son Gobierno, Patronos y Trabajadores, los que deben ser consultados y considerados en su opinión e intereses”, indica el documento.
La solicitud de ANEP y FECTSALUD nace luego de conocer que, en el seno de la Junta Directiva de la CCSS, se discute modificaciones al régimen de IVM, aprovechando el estado de pandemia del país, modificaciones que incluirían el aumento de la edad de retiro hasta los 65 años, así como un aumento en la cotización y la reducción del monto a recibir por la jubilación.
“Consideramos que la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y cuerpo gerencial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sabiendo de las limitaciones y alejamientos causados por la pandemia del Covid-19, y acatando las disposiciones emitidas rígidamente como medidas sanitarias, son razonado impedimento al diálogo social; por lo que ustedes deben reflexionar y valorar un acuerdo prudente de postergación ante reformas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”, indica la misiva.
En ANEP y FECTSALUD, hemos venido por meses analizando la propuesta institucional, publicada en mayo de 2020. Contamos con un equipo profesional en materia y queremos hacer llegar nuestros planteamientos correspondientes ante esa Junta Directiva y la sociedad en general.
Niegan información
Otro de los cuestionamientos realizados por la ANEP y FECTSALUD, es que la Junta Directiva de la CCSS ha negado información respecto al régimen de IVM para su estudio y la generación de propuestas, por lo que tuvieron que acudir a la Sala Constitucional.
“Ante esa Junta Directiva, procedimos desde el 28 de septiembre de 2020, a solicitar información relacionada con la base de datos técnicos que nutren su propuesta de reforma que, ciertamente, hemos sido correspondidos en parte de la información solicitada, quedando a deber otras informaciones primordiales; por lo que nuestra solicitud aún tiene pendientes de entrega respecto de nuestro oficio de petición del pasado 28 de septiembre 2020, los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 13 b) a 13 e), 14,15, 19, 20, 21, 22, 29, 30 y 33, por lo cual se violenta el principio constitucional de respuesta cumplida y suministro de información de interés público”, indicaron.
Para las organizaciones sindicales, firmantes de la solicitud, es claro que el régimen de Invalidez Vejez y Muerte, requiere de modificación para su conservación en el tiempo, para lo cual se requiere un poco más de tiempo y la inclusión de otros actores sociales y no de la forma abrupta que pretende realizar la Junta Directiva de la CCSS.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP al 8839-7171 o con Carlos Gómez Ramos, Secretario General SISSS al 8830-2423
Desde la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y CTRN, se extiende una solicitud a Jose Alvaro Jenkis Rodriguez, presidente de UCCAEP para que en su representación ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social analice con cuidado los cambios pendientes a discusión, consideración y decisión para las reformas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
17 de mayo del 2021. El creciente aumento de casos de COVID-19 y la saturación de los servicios de salud que atraviesa el país, provoca un dilema entre la salud y la economía, y una población desgastada ante las medidas sanitarias del último año y ante una percepción de falta de claridad de las decisiones del gobierno. Esta disyuntiva motivó al Consejo Nacional de Rectores (Conare), a elaborar un criterio ético sobre la distribución de recursos y procesos de vacunación durante la pandemia del Sars-Cov-2 en Costa Rica en el 2021.
El análisis fue realizado por profesionales de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster Sara Mora Ugalde y el doctor Allan González Estrada. Mediante este criterio ético pretende ser una guía que permita un respiro al sistema de salud y a la recuperación económica.
Según los especialistas un primer criterio ético es el mayor beneficio para el mayor número de personas, en el sentido de proveer las condiciones para satisfacer las necesidades del mayor número de personas posibles, con la premisa de que debe hacerse en el menor tiempo posible. Una justicia distributiva adecuada debería permitir el uso de vacunas de más casas farmacéuticas -aprobadas por los entes reguladores competentes a nivel nacional e internacional. Considerando el hecho de que, de acuerdo a Pfizer, es posible que se requiera una tercera dosis de la vacuna. De igual manera, una justicia de distribución adecuada debería facilitar centros como farmacias y otros lugares a gran escala la posibilidad de ofrecer la vacuna, para acelerar el proceso.
La división por grupos puede ser una opción, pero para efectos de un principio de beneficencia y justicia debería pensarse en el grupo de los profesionales de la salud, un grupo de personas de 58+, y un tercer grupo que sea la población identificada con una mayor vulnerabilidad en este momento, son las personas que constituyen la fuerza laboral que no puede elegir trabajar virtualmente, y que por su condición, puede transmitir el virus más fácilmente; este grupo ahora debería ser considerado como prioritario.
Equilibrio entre las necesidades económicas y la salud
Previendo el peligro que supone a la vida de las personas, se sugiere evitar el contagio como medida primaria ante el brote de Covid-19 por medio de medidas restrictivas de movilidad y actividad económica, sin embargo, una alternativa que sea más beneficiosa y más justa es apelar a una justicia distributiva interpretando los datos que contamos en este momento en la pandemia, pero esos datos deben interpretarse a partir de criterios de dignidad humana, beneficio y justicia, ya que sin salud y sin economía el ciudadano ve comprometidas sus herramientas de subsistencia, de ahí la responsabilidad del Estado de asegurar por medio de políticas claras un nivel de tranquilidad tanto en la población como en los sectores económicos que son motores importantes del desarrollo social y económico del país.
Esto requiere un compromiso de las partes formadoras de un contrato social, lo que implica actuar por deber, y hay un deber de responsabilidad de parte de las personas de informarse adecuadamente y de actuar para minimizar el daño hacia los otros, pero también de que esta información se transmita de manera adecuada, solo con esta colaboración, se puede lograr un éxito para minimizar los impactos de la Covid-19 a corto plazo, pero a largo plazo las medidas se tendrán que tomar bajo una adecuada justicia distributiva, en otras palabras, en una sociedad injusta, sin instituciones redistributivas adecuadas, los costos individuales del encierro serán mucho más altos para los más desfavorecidos, por eso es necesario una justa distribución de las cargas y protección a los más vulnerables ya que están más limitados a protegerse de los riesgos.
Se requiere mayor transparencia en el uso de recursos, porque existe desconocimiento en cuanto a los acuerdos para las compras de las vacunas, cantidades por entregar, lo que imposibilita un cálculo acertado del momento en el que la población costarricense podría alcanzar la inmunidad de rebaño o un porcentaje que comience a minimizar la cantidad de contagios y por consiguiente la presión al sistema de salud. Esta incertidumbre tiene un impacto sobre el planeamiento de las actividades institucionales, pero también personales, teniendo como resultado una afectación sobre la salud mental, por lo que es imperativo un llamado a las instituciones relevantes a aumentar la velocidad de vacunación, a corto plazo, y velar por la transparencia en el proceso.
Riesgo del sistema sanitario
Una de las recomendaciones más importantes para hacer frente a la pandemia, era no poner en riesgo el sistema sanitario. Por lo que la protección y el cuidado de la salud mental y física del personal, así como la toma de decisiones anticipada para evitar la saturación, era necesaria desde las primeras fases. Sin embargo, el agotamiento del personal de salud y la sobrecarga en el sistema, reflejan que las decisiones de los últimos meses, no han tenido el efecto deseado, se recomienda realizar un estudio de los cambios que se han producido a partir de la aparición del COVID-19 en el país, con el fin de generar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud público, así como las herramientas legales necesarias para hacer frente a este tipo de emergencias, incluyendo desde protocolos de migración y consulares, hasta modificaciones normativas para situaciones extraordinarias, en concordancia con los principios de beneficencia y justicia.
Se propone la necesidad imperativa de hacer una revisión transparente de la capacidad del sistema sanitario, no en términos de espacios totales existentes, sino en capacidad real, generar proyecciones reales de la cantidad de personal y las posibilidades de atender a la población en diferentes horarios sin llegar al desgaste de los colaboradores, quienes son claves para la respuesta de la emergencia. Se recomienda, el análisis de medidas alternativa, tendientes a fortalecer la capacidad, por ejemplo: alquiler de estructuras existentes y acondicionarlas para cumplir con la función hospitalaria (como hoteles que actualmente presentan baja o nula ocupación), identificar las industrias nacionales que podrían proveer de insumos nacionales para la salud, incluir personal sanitario que no haya sido previamente considerado, como por ejemplo estudiantes de último año.
Apelamos al Gobierno de la República para recapacitar.
Hace 2 meses le solicitamos al Gerente de la CCSS, al Ministro de Salud Dr. Daniel Salas Peraza,
quien tiene adscrita a su Ministerio, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, solicitamos, que “se considere a los/as periodistas como trabajadores esenciales de primera línea durante la pandemia COVID 19 para que el Gobierno los incluya en el plan Nacional de Vacunación; les expresamos nuestra preocupación por la exclusión de los/as periodistas, fotoperiodistas y otros/as trabajadores/as de los medios de comunicación en los grupos prioritarios de vacunación contra el COVID-19.: Pedimos que se procediera a vacunar a los periodistas y a los trabajadores de la comunicación que están trabajando en la primera línea de contagios, pero, la respuesta fue negativa.
Hoy con mucho dolor, y profundamente conmovidos se anuncia el fallecimiento del Periodista Oswaldo Alvarado Umaña, debido complicaciones originadas al contraer COVID 19. Consideramos que si Oswaldo hubiese estado vacunado, hoy, el periodismo y el país no estaríamos sufriendo su partida. Hoy toda Costa Rica lamenta, esta baja en el gremio del periodismo costarricense: el fallecimiento de nuestro amigo, compañero, periodista Oswaldo Alvarado Umaña, comunicador excepcional,profesional de renombre, un gran ser humano, y extraordinario compañero.
No es un caso aislado; otros periodistas entre los que recordamos a José Andrés Soto, Cristian Sandoval, Karen Dondi, Douglas Sánchez, Jerry Alfaro, Laura Brenes, entre otros; así como varios camarógrafos. Se han contagiado del COVID 19 en cumplimiento de llevar información al país, se requiere que vacunen al resto de periodistas que se encuentran efectuando coberturas sobre esta pandemia.
Doctor Salas, Señor presidente de la República, es necesario que se retome nuestra solicitud, para no tener que seguir sufriendo fallecimientos de nuestros colegas, ya que cada día el contagio aumenta y los costarricenses necesitan información clara y oportuna. Reconsideren su posición.
Mgr. Gerardo Chavarría Vega Secretario General Adjunto SNP
El Frente Nacional por la Seguridad Social – FRENASS, llevo a cabo un foro donde se trató el tema de la Reforma Régimen IVM, el día 14 mayo, 2021 por medio de la plataforma Zoom, se contó con 120 participantes, y con la presentación por parte de la señora Martha Elena Rodríguez, con representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de CCSS.
En el documento se adjuntan las recomendaciones y acciones para la lucha, las cuales son:
Redacción de un manifiesto de oposición a la aprobación de la Reforma del IVM en estos momentos y en los términos que propone la Caja,
Unir a los trabajadores y a los diferentes sectores: sindicalismo, solidarismo, cooperativismo, asociaciones y otras organizaciones para un gran diálogo nacional.
Hacer una conferencia de prensa lo más pronto posible para exponer a la opinión pública la oposición a esta reforma por su repercusión en la calidad de vida del sector laboral en su jubilación y emplazando a los precandidatos y a las precandidatas.
Inundar las redes de mensajes sobre este tema para crear conciencia en todos los sectores de la población, entre ellos el sector privado pues la reforma va afectar a todos y a todas, mediante memes, videos cortos y similares.
Un campo pagado en los medios de comunicación, manifestando la inconformidad y haciendo conciencia de que paguen los deudores o solicitar un espacio en algún noticiero.
Realizar plantones en sitios públicos visibles y frente a las oficinas de la Caja.
Presionar al Presidente de la República y a Román Macaya para que no permitan que se apruebe esta nefasta reforma en estos momentos tan angustiantes cuando nos movemos entre el desempleo, la enfermedad y la muerte de todos los costarricenses.
Solicitar al Arzobispo Quirós un pronunciamiento de la Iglesia para posponer la aprobación de esta Reforma y para estudiar otras posibles soluciones a la liquidez del IVM, que no sean las propuestas por el gobierno.
Solicitar audiencias a las autoridades del Gobierno, de la Caja, a la O.I.T., sea a través de Bussco, las Centrales Sindicales, Cooperativas Solidaristas u otras instancias como la Asamblea de Trabajadores.
Definir acciones en lo político, lo comunicacional, lo legal, pedir estudios, lo jurídico, etc., movilizaciones, firmas, etc.
Apoyar a Martha Rodríguez como representante de los trabajadores y trabajadoras en la Directiva de la Caja, en su gestión y lucha contra la aprobación de esta Reforma tan perjudicial para todo el sector laboral.
Conservatorio (sic) para ayudar a descartar conciencias sobre la brutal Ley de Empleo Público.
